Perú 2022: Un panorama complejo

Cuando el año pasado intentamos explicar cómo llegaba al gobierno el maestro rural Pedro Castillo, en medio de una profunda crisis de la política peruana, señalábamos que su gestión no sería nada fácil, aunque había alegría y esperanza en los sectores populares históricamente postergados.[1] Efectivamente, en los siete meses transcurridos desde el 28 de julio de 2021, Castillo renovó cuatro veces su gabinete ministerial, siempre enfrentando amenazas golpistas y todo tipo de cuestionamientos a sus ministros por parte de un Congreso en el que no tiene mayoría y que concentra a los sectores más reaccionarios y racistas de la derecha peruana, que a su vez tienen como caja de resonancia a casi todos los medios de comunicación. Una primera conclusión es muy fácil: con cuatro gabinetes en siete meses, es imposible desarrollar cualquier agenda de gobierno, menos aún si se trata de una agenda en beneficio de las mayorías que rompa con el neoliberalismo que impera desde hace al menos 30 años.

Singularidad constitucional e ingobernabilidad

En el Perú, de acuerdo con la Constitución impuesta de manera fraudulenta por el dictador Alberto Fujimori en los años 90, el gabinete ministerial está sujeto a un “voto de confianza” por parte del Congreso dentro de los 30 días de su nombramiento. Se necesita mayoría simple. Si tal confianza no se logra una primera vez, el gobierno debe designar un segundo gabinete, el cual nuevamente es sometido al voto del Congreso. Si este segundo gabinete tampoco recibe la confianza, el Presidente puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones legislativas. Este juego de poderes, pensado por Fujimori como un formal equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo, nunca generó tanta expectativa como viene sucediendo en los siete meses de mandato de Castillo.

Por otro lado, el Congreso puede interpelar a cualquier ministra/o, cuestionando tal o cual aspecto de su gestión o de su trayectoria, y puede destituirla/o si su argumentación no satisface a la mayoría de congresistas. En estos siete meses, prácticamente todos los ministros han sido cuestionados por los partidos de la derecha más dura: Fuerza Popular (fujimorismo), Avanza País y Renovación Popular, aunque también por otros sectores del fragmentado Congreso unicameral peruano que cuenta con 130 integrantes. Los cuestionamientos –además agitados por los medios y las fake news tan de moda– se basan en cualquier cosa, ya sea en supuestos de actos de corrupción anteriores, en supuestos vínculos con Sendero Luminoso, en tal o cual declaración, etc. El caso tal vez más emblemático fue el de Héctor Béjar, nombrado en el primer gabinete como ministro de Relaciones Exteriores. Béjar, un militante histórico de la izquierda peruana, era inaceptable para la derecha tanto por su pasado guerrillero en los años 60, como por su colaboración con el gobierno nacionalista de Velasco Alvarado. Fue acusado por haber hecho una declaración tiempo atrás señalando que la Marina fue la que inició el terrorismo en el Perú, antes que Sendero Luminoso, lo cual no deja de ser cierto y daría para un análisis más extenso. Y fue la propia Marina de Guerra, subordinada al Presidente de la República, la que pidió públicamente su renuncia. Lo lamentable fue que el propio primer presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le pidió su renuncia antes de acudir al Congreso para el “voto de confianza”. En medio de este asedio de la derecha, que en el Perú se llama “cargamontón”, en los primeros cuatro meses de gobierno un total de 10 ministros dejaron sus cargos por diversas acusaciones puntuales, en la mayoría de los casos evitando la interpelación parlamentaria.

Pero lo curioso de todo esto es que los dos primeros gabinetes, el presidido por Guido Bellido, del partido Perú Libre, que llevó como candidato a Castillo, y el presidido por Mirtha Vázquez, del Frente Amplio, que apoyó a Castillo en la segunda vuelta, recibieron el famoso “voto de confianza” por parte del Congreso. Es decir que el tan ruidoso y desestabilizador “cargamontón”, finalmente, sólo dio lugar al rechazo de las/los 43 congresistas de los tres partidos de ultraderecha que sumaron algunos aliados de “centro” sin lograr la mayoría.

Aun así, Guido Bellido fue titular del gabinete sólo por tres meses. Más allá del “voto de confianza” obtenido, fue permanentemente atacado por sus expresiones machistas y homofóbicas, además por presunta “apología del terrorismo”, por “lavado de dinero” y hasta porque hablaba en quechua. Castillo le pidió la renuncia y Bellido afirmó que lo hizo “en favor de la gobernabilidad”. El caso de Mirtha Vázquez es diferente, aunque también duró algo más de tres meses. Nunca fue aceptada como sucesora de Bellido por Perú Libre, cuyo vocero parlamentario, Waldemar Cerrón, calificó su nombramiento como “traición a todas las mayorías”, mientras en las redes se la calificaba como representante de la “izquierda caviar”. Vázquez renunció señalando la “imposibilidad de lograr consenso en beneficio del país”. Algo verdaderamente lamentable. Puso en evidencia que Perú Libre no acepta o no reconoce la necesidad de una articulación de fuerzas de izquierda y del campo popular en el gobierno.

Como expresión de esta crisis de gobernabilidad, Castillo y su núcleo de asesores, nombraron un tercer gabinete presidido por Héctor Valer, un congresista que proviene de la ultraderecha, algo insólito para un gobierno popular. Valer había sido elegido congresista por Renovación Popular, afín al Opus Dei, haciendo campaña “contra el comunismo”. En algo más de seis meses, mostrando su perfil oportunista, pasó de Renovación Popular a la bancada de Somos Perú y luego a la de Perú Democrático, una bancada recientemente constituida que rompió con la de Perú Libre. Valer no duró ni una semana, fue abiertamente cuestionado por izquierda y por derecha, no sólo por su reciente pasado sino por denuncias de violencia de género hechas por su esposa ya fallecida y por su propia hija. En este tercer gabinete fue excluido Nuevo Perú, la organización liderada por Verónika Mendoza que en los dos anteriores participaba con el ministro de Economía, Pedro Francke, y con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, ambos con una gestión muy destacada en medio de una situación tan difícil. Francke fue el impulsor de una necesaria reforma tributaria, además de mostrar un crecimiento del 13% del PBI luego de la segunda ola de la pandemia. Durand batalló por la agenda de género en términos concretos, trabajando con las mujeres de las ollas populares, recorriendo todo el país y logrando una ley de orfandad para las/los niños que perdieron a sus padres con la pandemia. Sin duda, el tercer gabinete fue un movimiento fallido de Castillo, un torpe intento de mostrar otro perfil ante una derecha desestabilizadora y golpista.

Al finalizar febrero, se ha conformado un cuarto gabinete presidido por Aníbal Torres, quien fue ministro de Justicia y Derechos Humanos en los tres anteriores. Cuando escribimos este artículo, todavía está pendiente el famoso “voto de confianza” por parte del Congreso. Se trata de un gabinete con luces y sombras, en el que Perú Libre tiene mayor influencia y está en la línea de la convivencia con la derecha. Uno de los nuevos nombramientos que destacan es el del ministro del Ambiente, Modesto Montoya, un científico peruano reconocido a nivel internacional, que asume en medio de la tragedia ecológica provocada por Repsol en las playas del norte de Lima. Por otro lado, ha causado rechazo el nombramiento del nuevo ministro de Salud, Hernán Condori, quien avala el uso de productos sin respaldo científico. Condori reemplaza a Hernando Cevallos, quien ejerció la cartera en defensa de la salud pública, logrando una vacunación récord del 85% de la población objetivo en los meses de su gestión. Se trata de otro reemplazo también lamentable como resultado de la disputa política en medio de la crisis de gobernabilidad.

Vacancia

En la Constitución impuesta por Fujimori hay otra figura también singular: se trata de la “vacancia del Presidente por incapacidad moral permanente”. En el derecho moderno, es decir en el derecho burgués, es difícil precisar qué conlleva semejante afirmación, pero tal figura existe en el Perú y hoy es blandida por la derecha reaccionaria, como una espada de Damocles amenazadora contra un gobierno que no toleran y al cual detestan. El pedido de “vacancia” se admite con el 20% del Congreso, es decir con la firma de 26 congresistas. En ese pedido deben precisarse los fundamentos “de hecho y de derecho” en los que se sustenta. Para ser admitida a debate requiere del 40%, es decir de 52 congresistas. Y finalmente, para “vacar” al Presidente de la República, requiere de 87 votos. Esto ya sucedió con el vicepresidente en ejercicio Martín Vizcarra, a fines de 2020, quien fue sucedido por el efímero Manuel Merino y luego por Francisco Sagasti, quien garantizó las elecciones de 2021 en las que ganó Pedro Castillo.

Si bien con el nombramiento del último gabinete estimamos que podría lograrse una tregua relativa o convivencia por conveniencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cierto es que la reiterada amenaza de “vacancia” se ha tornado más fuerte en lo que va del presente año. La propia presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), propició una reunión en un lujoso hotel de Miraflores con representantes de las diferentes bancadas opositoras para definir un plan que haga efectiva la “vacancia” presidencial. La reunión trascendió, no con rumores sino con imágenes que todo el país pudo ver. Fue auspiciada por la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, una institución de la derecha alemana que tiene una sede en el Perú y auspicia el liberalismo a nivel internacional. Fue una reunión golpista, cuyas conclusiones no se conocen, aunque sin embargo sólo logró una repercusión relativa.

Al finalizar febrero, una empresaria ligada al negocio de la construcción, que sostuvo diversas reuniones con Castillo y sus funcionarios, denunció que el gobierno habría favorecido con sumas millonarias a una empresa recientemente constituida para ejecutar obras públicas. Esta empresaria se presentó ante una fiscalía como “aspirante a colaboradora eficaz” para el desarrollo de la investigación, apuntando directamente al propio Presidente de la República. En un país en el que la corrupción está normalizada desde hace décadas, comprometiendo a funcionarios, ex gobernadores, ex presidentes y empresarios, esta denuncia, sin duda grave, no es un rayo en un cielo sereno. El imaginario social la percibe, efectivamente, como algo “normal” y la derecha la utiliza, la seguirá utilizando y agrandando todo lo posible, contra un gobierno que ganó las elecciones con un discurso en el que denunciaba la corrupción enquistada en el Estado. Más allá de la veracidad o no de los hechos, lo cierto es que en medio de la crisis política que hemos tratado de explicar líneas arriba, el gobierno de Pedro Castillo hoy se encuentra a la defensiva, acosado por esa derecha cavernaria y enredado en disputas que provienen del partido que lo postuló. Al cerrar este artículo, el gobierno peruano está viviendo momentos difíciles y parece alejado el cumplimiento de su agenda de cambio social. Debe quedar claro, sin embargo, que si se concretara la “vacancia”, o si se fuerza una renuncia del Presidente, estaríamos ante un retroceso del campo popular y de sus aspiraciones que buscan una transformación benéfica de la sociedad peruana y de sus instituciones.

Algunas conclusiones

1.- La política peruana está en una crisis crónica. Después de tres décadas de neoliberalismo salvaje, sólo un sector de la izquierda concibe a la política como una herramienta de transformación social. La mayoría de los partidos, muchos de ellos efímeros, concibe a la política como un instrumento para controlar una tajada de poder y hacer sus propios negocios. Han tomado al Estado como un botín y se aferran a sus cuotas de poder en contra de los intereses populares.

El fujimorismo, que irrumpió en la escena política peruana al comenzar los años 90, hizo política contra la política y luego corrompió a los propios políticos que cuestionó. No es un juego de palabras, es la constatación de una tragedia. El discurso del fujimorismo se basó en la crítica de los partidos tradicionales que habían administrado el país desde el retorno de la democracia, es decir desde 1980 hasta 1990. Los derrotó a todos carente de una estructura partidaria, con lo cual no faltaron, más bien sobraron, los arribistas de todo pelaje que se subieron oportunamente al carro. El gran “aporte” de Fujimori fue haber transformado la política en un negocio fácil, en un “emprendimiento” que busca cierta rentabilidad en el Estado.

Cabe señalar, además, y no como cuestión aleatoria, que la guerra interna librada por Sendero Luminoso contra el Estado y secundariamente por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru fue funcional a la política-antipolítica del fujimorismo.[2] Utilizó el conflicto armado que laceró a la sociedad peruana para disolver el Congreso en 1992 y pasar a cogobernar temporalmente con las Fuerzas Armadas. Posteriormente impuso de manera fraudulenta una Constitución neoliberal hasta ahora vigente. El resultado de todo esto es la visible degradación de la política, que demanda de manera urgente una refundación del Perú, una nueva Constitución democrática y plurinacional, es decir la lucha por cambiarlo todo.

2.- El triunfo de Pedro Castillo en las elecciones de 2021, considerado como un hecho sorpresivo e inédito en la historia del Perú, marcó un punto de inflexión y una esperanza de renovación. A su vez, habiendo sido un triunfo por estrecho margen, pero triunfo irrefutable al fin, venciendo a toda la derecha peruana y a sus sostenes internacionales, requería desde el primer momento el apoyo efectivo de todas las fuerzas del campo popular. Como dijimos en el artículo anterior citado, el pueblo peruano, con sus reivindicaciones y aspiraciones, “encontró una conexión real con la figura de Pedro Castillo, no tanto con el programa de su partido: Perú Libre, sino con lo que representa este candidato que ganó en la segunda vuelta de las elecciones el 6 de junio”. La comprensión de este hecho, de este dato mayúsculo de la realidad, que significó, insistimos, algo inédito en la historia política del Perú, requería –y sigue requiriendo– una mirada estratégica de todas las fuerzas de izquierda, progresistas y populares en general. Había y hay que sumar y no excluir. En este sentido, es necesario reivindicar la actitud política de Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, que avanzó en un pacto político con Perú Libre antes de la segunda vuelta con el fin de sumar fuerzas para el triunfo de Pedro Castillo. Ese pacto fue la base de una alianza de gobierno. Proponía vacunación universal gratuita, reactivar la economía cambiando el modelo neoliberal, priorizar la lucha contra la corrupción, segunda reforma agraria, cambiar la Constitución y refundar el Estado con el fin de garantizar derechos e igualdad para todas y todos. Mendoza, que había obtenido el 7,8% en la primera vuelta, declaró entonces: “No está en juego solamente la victoria del profesor Castillo, sino que tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno al autoritarismo, a la mafia y al pasado.” Fue un paso muy importante. Fue el punto inicial para construir un sujeto político plural que apuntale la agenda de cambio. Lamentablemente, seis meses después, pareciera no tener vigencia. Perú Libre, lejos de haberse puesto al frente de una convocatoria a todos los sectores afines, prefirió jugar por sus propios espacios de poder y hoy no existe esa articulación de fuerzas populares que es imprescindible para sostener al gobierno de la embestida de la derecha.

A propósito de lo dicho anteriormente, y sólo al pasar, queremos destacar el ejemplo de la izquierda chilena. Con el triunfo reciente de Gabriel Boric, que expresa una renovación generacional y de género de la política de ese país, así como también un reflejo de la rebelión popular que estalló en octubre de 2019, todas las fuerzas, tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, renunciaron a reclamar cuotas de poder en el gobierno. De esta manera, el nuevo gabinete expresa una singular pluralidad y una presencia mayoritaria de jóvenes mujeres. Es un buen ejemplo que está lejos de las mezquindades.

3.- Finalmente, aunque en realidad es el punto de partida, está el gran problema de la ausencia de una contundente movilización social. Pedro Castillo, como lo hemos dicho una y otra vez, ganó las elecciones como expresión del rechazo popular a la clase política existente, pero no lo hizo como resultado de una masiva movilización o de una rebelión transversal de la sociedad peruana que haya acorralado a la derecha reaccionaria, corrupta y racista. Esta ausencia también es un dato de la realidad que en gran medida se expresa, por un lado, en la debilidad del gobierno, y, por el otro, en la falta de unidad política del campo popular para sostenerlo. En esto hay una gran diferencia con Chile, pero también con Colombia donde en el mismo 2019 hubo una irrupción social que empujó a la unidad de las fuerzas políticas que plantean una agenda de transformación.

Si bien es cierto que en el Perú existieron y existen diferentes luchas regionales o sectoriales, contra la prepotencia de las mineras transnacionales, por los derechos de las comunidades campesinas, contra el abuso del agronegocio a las/los trabajadoras/es agrícolas, contra la violencia de género, etc., todas estas no superan sus propias reivindicaciones sectoriales. Tal vez el momento más fuerte haya sido el rechazo popular y sobre todo juvenil al golpe institucional del Congreso que entronizó por sólo cinco días a Manuel Merino en el gobierno en noviembre de 2020. En esa oportunidad la movilización que lo repudió en Lima y en diversas ciudades mostró un descontento generalizado con la clase política. Sin embargo, esa movilización fue sólo temporal y se desactivó luego de la caída de Merino. El escenario de los meses siguientes estuvo signado por una campaña electoral manejada por los medios, con brutales ataques de todo tipo contra Verónika Mendoza en la primera vuelta, a quien identificaban como un “peligro”, y luego con ataques racistas y discriminatorios contra Pedro Castillo. Por entonces sólo hubo manifestaciones electorales, algunas importantes, pero no existió una movilización contundente que tensara fuerzas para derrotar a la derecha. En la actualidad, cuando hay amenaza de “vacancia”, en realidad de golpe institucional, tampoco se ve esa movilización necesaria e imprescindible. Pueden argumentarse muchas cosas al respecto, por ejemplo que el neoliberalismo causó estragos en la conciencia del pueblo, lo cual es cierto, destruyendo el valor de la acción colectiva, sustituyéndola por el individualismo, el sálvese quien pueda o el “tú mismo eres”, como se dice en el Perú. Sin embargo, sólo la decisión colectiva en las calles puede hacer saltar por los aires a las mafias golpistas. Lamentablemente, debemos decirlo, no está presente en el propio gobierno la necesidad de movilizar, es decir de apelar a la fuerza del pueblo para reconstruir esa acción social colectiva y empujar al basurero de la historia a los sirvientes políticos del poder concentrado. Difícil y compleja la situación peruana, pero también es posible que en el subsuelo invisible, entre las nadies y los nadies, esté madurando una acumulación de fuerzas que desbroce el camino.

(Artículo enviado especialmente por el autor para la revista Herramienta Web 37, que compartimos como adelanto de la misma)

[1] Véase "Perú: Pedro Castillo el “invisible”, como Garabombo", publicado en Herramienta Web 34, de septiembre 2021.

[2] Es necesaria una reflexión más extensa, que excede a este artículo, sobre el carácter de la guerra interna y de la responsabilidad que le corresponde a las organizaciones armadas.