Jornadas de junio y revolución brasileña

 

 

En junio de 2013, Brasil asistió a las mayores manifestaciones de su historia moderna. La bronca de las calles interrumpió un largo ciclo de “paz social”, cuyo origen se remonta a la derrota de la lucha por reformas democráticas en 1989, determinada por la elección de Collor de Mello a la presidencia de la República. La inflexión del proceso de ascenso de las luchas populares dio inicio a una devastadora ofensiva neoliberal y a la integral subordinación de Brasil al orden global –proceso consolidado por el Plan Real a mediados de la década de 1990 y, por ironía de la historia, legitimado por Lula –el gran derrotado de 1989 – a partir de 2002. Al hacerse evidente la presencia de un descontento social gigantesco, las protestas multitudinarias desnudaron la extrema fragilidad de las instituciones, poniendo al orden del día la necesidad de cambios sustanciales en la forma de organización de la economía y de la sociedad.

Durante algunas semanas, los poderes establecidos quedaron suspendidos en el aire. La fuerza volcánica de las manifestaciones generó la impresión de que la sociedad brasileña asistía a las primeras llamaradas de un proceso social verdaderamente revolucionario. Los que soñaban con días mejores, vivieron momentos de gran esperanza; los que temían por sus privilegios, tiempos de aprehensión y miedo-pánico. Para quien estaba engañado por el mito del neo desarrollismo, la furia de las calles estalló como un relámpago en el cielo azul. La comprensión del significado e implicancias de la revuelta urbana que sacudió a Brasil pasa por entender las causas y las consecuencias de la ira del pueblo.

 

 

Las manifestaciones de junio fueron el resultado de una secuencia de acontecimientos que transformaron la fuerte insatisfacción latente en la población debido las pésimas condiciones de vida en una revuelta urbana de proporciones inusitadas. Las protestas comenzaron el San Pablo y se generalizaron a todo Brasil, en una respuesta de las masas a las desobediencias y arbitrariedades de los gobernantes.

El encadenamiento de los acontecimientos fue increscendo. El día 6 de junio, el Movimiento Pase Libre – MPL- convocó a una protesta en la ciudad de San Pablo contra el aumento en las tarifas del transporte público municipal. El hecho de que el reajuste, tradicionalmente anunciado durante las vacaciones escolares, se haya producido durante el año lectivo, llevó a seis mil jóvenes al acto – número más significativo que en años anteriores. Duramente reprimido por la policía militar, el movimiento respondió al día siguiente llevando el doble de personas a las calles. La policía reforzó la represión. El intendente de la ciudad, Fernando Haddad, del ala izquierda del PT, permaneció inflexible, negándose a abrir conversaciones con los manifestantes.

El día 11 de junio, los combates entre la tropa de choque y los manifestantes se repitieron. Desde París, donde el intendente defendía la candidatura de San Pablo a la Expo 2020, en compañía del gobernador del Estado de San Pablo Geraldo Alkmin, Haddad condenó las protestas y enalteció el comportamiento de la policía militar. Los gobernantes apostaban al vaciamiento natural de la protesta.

No fue lo que ocurrió. Las imágenes de la guerra campal entre la tropa de choque y los manifestantes circularon en las redes sociales y comenzaron a cambiar el estado de ánimo de la opinión pública. La truculencia de la tropa de choque funcionó como un detonador que hizo explotar la indignación popular. La intrepidez de los jóvenes que desafiaban bombas y balas de goma ponían en evidencia la cobardía de la policía y legitimaba los métodos de lucha del MPL. En el flujo de mensajes que circulaban en internet era ya posible identificar que las protestas se habían transformado en una revuelta de la juventud.

En el acto del día 13 de junio, más de veinte mil personas salieron a las calles de San Pablo a apoyar al MPL. Aparecieron carteles anunciando: “No es sólo por 20 centavos”. Sin percibir que las protestas habían adquirido un carácter de masas, siguiendo las instrucciones de Alkmin, la tropa de choque reaccionó con violencia redoblada. La repulsa de la opinión pública fue inmediata. Los métodos convencionales de represión estaban desacreditados. A esa altura de los acontecimientos, los grandes medios –que hasta el día anterior azuzaban a la policía e intrigaban a la opinión pública con los jóvenes -, sin ningún pudor, pasaron a defender la legitimidad de las manifestaciones. Las encuestas registraban que el 80% de los brasileños aprobaban las protestas.

El día 17 de junio, las marchas se generalizaron por las principales capitales del país y ganaron en solidez. La batalla por las tarifas estaba ganada. Gobernadores e intendentes, unos después que otros, se turnaron para anunciar reducciones en las tarifas de los transportes públicos. Haddad sólo reconoció la derrota el día 19 de junio, después de nuevas manifestaciones. La revuelta de la juventud se había transformado en una revuelta urbana de gran envergadura. Aprovechando la visibilidad generada por la Copa de las Confederaciones FIFA, las protestas continuaron con fuerza inaudita hasta el último día de junio. El programa de reivindicaciones se amplió y pasó a contemplar un gran abanico de problemas.

Finalmente, en julio, las grandes manifestaciones se enfriaron, pero las protestas no pararon. Desde entonces, la población siguió desbordando su profunda insatisfacción con las condiciones de vida en millares de movilizaciones menores y fragmentadas en las principales ciudades del país. En Río de Janeiro, corazón de los grandes eventos internacionales de la era Lula-Dilma, las jornadas de junio dejaron como resultado una aguerrida campaña por el alejamiento del gobernador Sérgio Cabral – una de las figuras simbólicas de las extravagancias, arbitrariedades y descalabros de los políticos.  

La composición social de la masa que salió a las calles fue heterogénea. De clase media no acomodada para abajo, prácticamente todos los segmentos de la sociedad aprovecharon la oportunidad para expresar su descontento con el statu quo, e incluso, de forma a veces expresiva, franjas de trabajadores pobres no organizados en sindicatos y de la masa proletaria y lumpen proletaria que vive en las favelas y barrios pobres. Así y todo, desde el principio, el núcleo duro de las manifestaciones –sus líderes y su vanguardia más aguerrida- fueron estudiantes que trabajan o trabajadores que estudian.[1]

Terminada la batalla de las tarifas, las protestas multiplicaron el abanico de reivindicaciones. En las pancartas improvisadas llevadas a las manifestaciones, se protestaba prácticamente contra todo. Los grandes medios hicieron alarde de la presencia de consignas nacionalistas – “El gigante despertó”, “Verás que un hijo tuyo no rehúye a la lucha”; moralistas – “Contra la corrupción”, “Contra la PEC-37”; e incluso autoritarias – “Contra los partidos” y “Contra la violencia”. En varias ciudades, las organizaciones empresariales aprovecharon la confusión para infiltrar personas contratadas para empuñar carteles impresos con consignas como “Menos impuestos” e “Impuesto Cero”, que desentonaban completamente de lo que venía siendo reivindicado.

Sin embargo, la abrumadora mayoría de los manifestantes portó consignas claramente radicales y anticapitalistas, con evidente carácter democrático y antiimperialista – “Pase Libre”, “Educación pública no mercantil”, “Salud no es mercancía”, “Vivienda: derecho de todos”, “Fuera FIFA”, “Contra la privatización del Maracaná”, “Fuera Eike”, “No a los despidos”, “Fuera Red Globo”, “A la Copa yo renuncio, no a la salud y la educación”, “La policía que reprime en la avenida, es la misma que mata en la favela”, “Contra la homofobia”. El deseo de una radical inflexión en la prioridades del Estado queda explícito en uno de los estribillos entonados por los manifestantes “Era un país muy gracioso, no tenía escuelas, sólo tenía estadios”.

La juventud atacó los símbolos del poder económico y político: edificios del gobierno, bancos, concesionarias de automóviles, zona de exclusión FIFA, grandes redes de televisión, espacios de peajes, empresas de ómnibus y, evidentemente, la tropa de choque de la policía militar. La violencia espontánea de las calles era una reacción a la violencia institucional del statu quo y expresaba la necesidad de abrir camino hacia un nuevo orden. La violencia desproporcionada –magnificada por los grandes medios- corrió por cuenta de agentes provocadores de los aparatos represivos del Estado, matones de partidos de extrema derecha y hasta patovicas infiltrados por empresarios del transporte interesados en ver arder el circo. Los saqueos a locales de electrodomésticos y supermercados –muchos de ellos inducidos por la inacción de la policía- resultaron del oportunismo de individuos desesperados en condiciones de extrema pobreza o de bandidos criminales que actuaban con la explícita condescendencia de las fuerzas del orden.

Aunque la ausencia de partidos y sindicatos en la convocatoria y organización de las manifestaciones de la impresión de que las mismas se dieron de forma totalmente espontánea, respondiendo al llamado difuso de las redes sociales, en realidad, no hubo protestas significativas que no hayan sido convocadas por organizaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales curtidos en las trincheras de la resistencia al neoliberalismo en las últimas décadas. Los militantes de los diversos partidos de la izquierda contra el orden –PSOL, PSTU, PCB, LER, PCO – y grupos anarquistas como los Black Blocs, Radicales Libres, Anarco-punks, Anonymous se distribuían, muchas veces mezclados, en los colectivos políticos que compusieron las vanguardias de las protestas. Con todos los méritos, el MPL es el que ganó mayor notoriedad.

La lista completa de las organizaciones que participaron de la convocatoria y organización de las protestas sería interminable. Ellas son millares, esparcidas por todos los rincones de Brasil[2]. En relación a las grandes manifestaciones contra la dictadura militar y contra Collor de Mello, la novedad subyacente a las Jornadas de Junio es que las manifestaciones no contaron con la presencia de partidos políticos tradicionales que centralizasen el comando de las operaciones. En comparación con las miles de protestas contra el avance del neoliberalismo en las dos últimas décadas, la novedad es que la convocatoria de colectivos políticos fragmentados fue sólidamente atendida por la población. La mecha encontró la pólvora. La atmósfera era propicia a las explosiones. Las escaramuzas de resistencia a la ofensiva del capital se transformaron en grandes manifestaciones de masas. Las clases subalternas rompieron dos décadas de marasmo político y letargo social.

Para la juventud que enfrentó la represión, el saldo de las Jornadas de Junio fue francamente positivo. La reducción de las tarifas significó una victoria objetiva y tangible que benefició al conjunto de la población. La reconquista del derecho a la manifestación representó un importante contrapunto al proceso de criminalización de las luchas sociales, en progresión hacía más de una década. El abatimiento de las prioridades que rigen el gasto público desnaturalizó la política económica, quedando patente el componente ideológico que oculta los intereses por detrás del lenguaje técnico y supuestamente neutro de la racionalidad económica.

No obstante, la mayor victoria de las calles fue haber superado el cretinismo parlamentario y creado una nueva cultura política. Las clases que dependen de su trabajo para sobrevivir aprendieron que para ser tenidas en cuenta necesitan ir a la lucha. Las experiencias vividas en los embates contra las fuerzas del orden – policiales, mediáticas, ideológicas e institucionales- provocaron un salto de calidad en la consciencia política del conjunto de la juventud rebelde y comenzaron a forjar una vanguardia más resuelta. En fin, el dislocamiento de la lucha de clases hacia las calles mostró la fuerza de la movilización social y de la acción directa como único medio del que dispone el pueblo trabajador para cambiar las estructuras fortalecidas del poder.

El cambio de calidad en la relación de la población con los poderes instituidos inauguró una nueva coyuntura histórica. Al ponerse en evidencia las violencias vividas por la población de las grandes ciudades, sobre todo el cotidiano sufrir de los trabajadores pobres de la periferia, el encadenamiento de los acontecimientos recolocó en el centro del debate nacional los problemas producidos por una modernización irracional que ata al capitalismo brasileño al círculo vicioso de la dependencia y del subdesarrollo.

 

 

A pesar de que las manifestaciones de Junio posean un componente espontáneo e imprevisible que a todos sorprendió, cuando se observa la realidad en perspectiva histórica, lo más sorprendente, frente a las terribles contradicciones de una sociedad en proceso de reversión colonial, es el hecho de que las protestas se hayan demorado tanto en salir a la luz.

La causa inmediata de las manifestaciones de junio fue la protesta indignada de la juventud trabajadora contra las pésimas condiciones de vida en las grandes ciudades. El problema se hace patente en las condiciones de la movilidad urbana – el detonante de la revuelta de la juventud. Inversamente proporcional a la cantidad de automóviles en las calles y a las inversiones públicas en transporte particular, el tiempo gastado por los ciudadanos en sus travesías urbanas consume una parte creciente de su tiempo libre. En algunas capitales, alcanza una dimensión verdaderamente absurda.

El caso de San Pablo es emblemático. Se calcula que el paulistano gasta en promedio casi tres horas por día en el tránsito. Los habitantes pobres de las regiones periféricas, mucho más. Están condenados a una vida de tiempo perdido, presos en congestionamientos interminables. Para llegar al trabajo y volver a sus casas, son transportados como animales, exprimidos en trenes, ómnibus o subtes que se arrastran lentamente en jornadas que duran de cuatro a cinco horas. Si se considera que necesitan ocho horas para dormir, y que quedan a disposición del patrón por lo menos nueve horas (una de descanso), les sobran apenas dos o tres horas para vivir. Incluso así, la política económica estimula la industria del automóvil, y el gasto público con transporte privado es once veces superior a los dispendios en el transporte público. Los planos maestros de la cuidad no piensan poner en cuestión la industria automovilística y la especulación urbana, obligando al trabajador a vivir cada vez más distante de sus empleos.

Los problemas económicos y sociales por detrás del inmenso malestar social que impulsó las protestas estaban inscriptos en las contradicciones del patrón de acumulación liberal periférico, iniciado por Collor de Mello en 1990, consolidado por Fernando Henrique Cardoso con la implantación del Plan Real en 1994 y legitimado por Lula en 2003. Las contradicciones de la modernidad frívola, impulsada por la sumisión de la economía brasileña a la lógica especulativa de los grandes negocios, eclosionaron en las manos de Dilma Rousseff.

El descompás entre el crecimiento de la economía y las condiciones de vida de la población queda evidente en la incapacidad de generalizar los padrones de consumo de las economías centrales al conjunto de la población, elevar los salarios reales, generar empleos de buena calidad y mejorar los servicios sociales. No es casualidad, que Brasil siga siendo una de las economías más desiguales del mundo.

El nuevo giro de modernización de los estándares de consumo alcanzó a penas a una restricta parcela de la población. Sería imposible que fuese diferente, pues, así como una persona pobre no dispone de condiciones materiales para reproducir el gasto de una persona rica, la diferencia de por lo menos cinco veces la renta per cápita brasileña en relación a la renta per cápita de las economías centrales no permite que el estilo de vida de las sociedades opulentas sea generalizado para el conjunto de la población. Hace mucho tiempo Celso Furtado mostró que la fiesta de consumo supone la reproducción del elitismo. Para las camadas populares quedarán los productos superfluos de bajísima calidad, comprados a un altísimo costo. La extravagancia será pagada con grandes sacrificios. El endeudamiento a intereses estratosféricos, en total asimetría con la evolución de los salarios, acarrea un creciente gasto con el servicio de la deuda en el presupuesto familiar.

El ciclo de crecimiento reciente no revirtió la violenta reducción salarial a que el trabajador fue sometido desde 1964 y que fue sustancialmente agravada en los años 1980 con la ofensiva neoliberal impuesta por los programas de ajuste del FMI. A pesar del esfuerzo de recuperación del valor del salario mínimo iniciado a mediados de la década de 1990, su poder adquisitivo permanece inferior al verificado en los inicios de los años 1980 y el salario medio real del trabajador continúa en los niveles del inicio del Plan Real. La tremenda distancia entre el salario mínimo estipulado por la Constitución y el salario mínimo efectivamente pagado deja patente la dependencia absoluta de la economía brasileña en relación a la súper explotación del trabajo – la verdadera gallina de los huevos de oro del capitalismo brasileño. En 2012, según el DIEESE, la diferencia entre el mínimo y el mínimo real fue superior a cuatro.

La expansión reciente de la economía tampoco revirtió el proceso de precarización y flexibilización de las relaciones de trabajo, ni fue capaz de generar empleos de calidad. En la era Lula-Dilma, la rotación en el trabajo continúo aumentando y la mitad de los ocupados permaneció en la informalidad. Se calcula que el 95% de los empleos generados en ese periodo estuvieron en la faja de hasta dos salarios mínimos, un tercio de ellos en actividades tercerizadas.[3]

En la política social la desatención fue total. El gasto social jamás gozó de alguna prioridad en Brasilia, sea bajo el gobierno del PSDB, sea bajo el gobierno del PT. No obstante el galopante deterioro de los servicios, en las últimas dos décadas los recursos públicos destinados al sector permanecieron estancados en proporción al PBI. Para los que alegan que el gasto social es suficiente, faltando solamente mejorar la gestión, la comparación con otros países es reveladora. El gasto per cápita del Estado brasileño en educación es: 2 veces inferior al de Grecia; menos de 4 veces que el de Francia; y más que 6 veces inferior al de Noruega. En la salud, la diferencia es todavía más escandalosa: 2 veces menor que en Corea; 3 veces inferior al de Grecia; y casi 8 veces menor que el de Estados Unidos.[4]

La misteriosa razón de la crónica escasez de recursos destinados a las políticas públicas se esclarece cuando se toma en consideración el abismo existente entre la carga tributaria bruta (CTB) – el total recaudado por el Estado- y la carga tributaria líquida (CTL) – los recursos fiscales efectivamente disponibles para financiar la inversión pública y el gasto social. La diferencia se explica por las transferencias de recursos para las empresas y familias. Según el IPEA, en 2008, la CTB y la CTL fueron del 30% y del 15% del PBI, respectivamente. Solamente los gastos en intereses de la deuda pública representaron más del 5,6% del PBI – el equivalente a casi todo el gasto del Estado – gobierno federal, provincias y municipios – en salud y educación.[5]

Las manifestaciones que se sucedieron en Brasil no están aisladas de las turbulencias sociales y políticas provocadas por la crisis económica mundial. Puestas en perspectiva global, ellas constituyen un nuevo frente de reacción de los que viven del trabajo a las embestidas del capital sobre los derechos de los trabajadores, sobre las políticas públicas, y sobre las soberanías de los Estados nacionales. En este sentido, las jornadas de Junio hacen parte del mismo proceso de revueltas y revoluciones populares que ponen en jaque las bases sociales y políticas del orden global en diferentes regiones del mundo. Incluso teniendo especificidades históricas propias, que condicionan la forma y el contenido asumido por la lucha de clases en cada formación social, las contradicciones que impulsaron las protestas, las revueltas y revoluciones del periodo reciente – Ocupy Wall Street, Revuelta de los Indignados, Primavera Árabe – poseen un denominador común: la necesidad histórica de una estrategia ofensiva del polo trabajador como único medio de superar la barbarie capitalista.[6]

Sin embargo, los móviles de las manifestaciones no pueden ser reducidos ni a sus determinaciones inmediatas ni a sus determinaciones generales. El profundo malestar de la población con las desigualdades sociales, la pobreza, la irracionalidad de la política económica, la ausencia de políticas públicas, las arbitrariedades del Estado, la violencia del día a día, la corrupción generalizada y la impunidad de los dueños del poder no constituyen un sentimiento nuevo en la sociedad brasileña. Como mostró Caio Prado Júnior en su clásico, Formaçao do Brasil contemporâneo, fue exactamente la necesidad de superar tales problemas lo que empujó no sólo la lucha por la emancipación de Portugal sino también el largo proceso de formación de Brasil.[7]

El sentimiento de que los problemas fundamentales del pueblo se agravan refleja la progresiva pérdida de la capacidad de la sociedad brasileña de controlar su destino, generada por la profundización del proceso de reversión neocolonial provocado por la inserción subalterna del país en el orden global. Transformado en una especie de factoría moderna –con un inmenso reservorio de mano de obra barata- e importante emporio comercial y financiero de la periferia de la economía mundial- objeto de grandes negocios del capital internacional -, Brasil queda a merced de la lógica especulativa y extorsiva que preside la relación de las economías desarrolladas como el eslabón débil del capitalismo en la etapa superior del imperialismo. Sin control sobre los fines y los medios de la política económica, el Estado se vuelve impotente para defender la economía popular y preservar los intereses estratégicos de la Nación de los ataques del gran capital. El proceso, iniciado hace por lo menos tres décadas, es determinado por la relación de condicionamiento recíproco entre ajuste a las exigencias del orden global, liberalización progresiva de la economía, especialización regresiva en la división internacional del trabajo, desnacionalización de la economía, naturalización de la desigualdad social, crisis federativa, desarticulación de los centros internos de decisión, crisis de identidad nacional y mimetismo cultural llevado al paroxismo.

En este sentido, las contradicciones que emergerán con el vigor de una erupción volcánica condensan determinaciones históricas profundas y complejas, que combinan condicionantes modernos, relacionados con el modo por el cual Brasil se integró, bajo los imperativos del capital internacional, en la revoluciones productivas y mercantiles del capitalismo contemporáneo, con condicionantes de un pasado remoto todavía no superado, asociados a la persistencia de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales típicas de sociedades que quedaron presas en el circuito cerrado del capitalismo dependiente.

La nuevas formas de explotación del trabajo y reproducción de la pobreza –que definen en última instancia las contradicciones subyacentes al modo de producir, vivir y ser de la sociedad brasileña contemporánea – se consustanciaron en la formación de relaciones de producción sui generis, marcadas por dos características fundamentales.

Por un lado, la relación capital-trabajo está condicionada por la presencia de una inmensa masa de trabajadores pauperizados, en el campo y en la ciudad, sin perspectiva de superar la miseria. La persistencia de la pobreza como un problema endémico, que alcanza aproximadamente a un tercio de las familias, provoca un desequilibrio estructural en la correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. La reproducción de las condiciones económicas, sociales y morales que mantienen en  un nivel mínimo las necesidades consideradas esenciales para la reproducción de la fuerza de trabajo permite que el desarrollo capitalista venga acompañado de nuevas formas de explotación del trabajo que degradan todavía más las condiciones de vida de la clase obrera, condenando a los trabajadores libres del siglo XXI a revivir eternamente las miserias del tiempo de la esclavitud.

Por otro lado, la relación capital-trabajo está determinada por la presencia dominante del capital internacional en la economía brasileña. Los nuevos mecanismos de conquista del capital financiero desarticularon los cimientos fundamentales del sistema económico nacional y solaparon las bases de los centros internos de decisión. La inserción subalterna a la división internacional del trabajo desencadenó un proceso de desindustrialización y revitalizó el latifundio – la base del agro-negocio.[8] La presencia dominante del capital financiero provocó una expansión exponencial del pasivo externo financiero – recursos de extranjeros en la economía brasileña. La altísima vulnerabilidad externa deja a la economía brasileña rehén del capital internacional. La dimensión del problema queda patente cuando se toma en cuenta que, en 2012, los recursos de extranjeros en el mercado financiero listos para dejar el país en caso de riesgo – capitales de altísima volatilidad aplicados en el mercado financiero, buena parte en títulos de la deuda pública – representaban casi tres veces del valor de las reservas cambiarias.[9]

Finalmente, la miseria humana que fermenta en la sociedad brasileña y contamina todos los poros de la vida nacional fue el resorte propulsor de las Jornadas de Junio. Es todo el edificio del capitalismo dependiente que comenzó a ser puesto en cuestión, de abajo para arriba, por la creciente resistencia de la población a continuar aceptando las condiciones de vida subhumanas. Los motivos que llevaron a la juventud a las calles revelan una voluntad difusa – todavía no condensada en un programa alternativo de organización de la sociedad, más fácilmente reconocible en las motivaciones de las protestas – de vencer las permanencias del colonialismo, las malezas del subdesarrollo, la prepotencia del imperialismo y, en el límite, las bases sociales y los valores de la propia civilización capitalista.

 

 

Al exigir una reversión radical en las prioridades que rigen las políticas de Estado, las protestas pusieron en jaque los pilares del patrón de acumulación liberal periférico y del patrón de dominación que le corresponde. El repudio a la penuria permanente de los recursos para políticas sociales y la crítica a la prioridad absoluta al transporte particular –la esencia de las reivindicaciones del MPL- cuestionaron toda la arquitectura del modelo económico brasileño. La descompostura de los gobernantes y el desacato a la autoridad de las fuerzas del orden expusieron las falencias del sistema de representación y la pérdida de eficacia de los mecanismos convencionales de represión de los conflictos sociales. La crisis política alimenta la crisis económica y la crisis económica estimula la crisis política. El agravamiento de la crisis internacional funciona como un catalizador de ambas.

 

 

El antagonismo entre las reivindicaciones de las calles y el patrón de acumulación liberal periférico queda caracterizado por la absoluta imposibilidad de compatibilizar las medidas prácticas que serían necesarias para atender el pleito de los manifestantes y la preservación de los principios básicos que sustentan el Plan Real.

Atender el clamor de la juventud por políticas públicas requeriría que los recursos del Estado destinados al área social fuesen en lo mínimo del 25% al 30% del PBI. Es lo que gastan los países con políticas sociales decentes. El esfuerzo exigiría prácticamente una duplicación del gasto social. Tales recursos podrían ser obtenidos, básicamente, de tres fuentes: reducción de los gastos con intereses de la deuda pública; disminución de subsidios e incentivos fiscales a las empresas; y aumento de la carga tributaria.

La inversión en la prioridad del gasto público implicaría una completa voltereta en la política fiscal. Para que el gasto social deje de ser una variable de ajuste del presupuesto público, sería necesario, en nombre de la responsabilidad social, revocar la Ley de Responsabilidad Fiscal y acabar con la prioridad dada a la generación de superávits primarios. Para que los dispendios financieros dejasen de asfixiar la capacidad de gasto del sector público, sería indispensable limitar los gastos del gobierno federal con el servicio de la deuda pública y renegociar las deudas de la Unión con Estados y Municipios. Para reforzar el poder efectivo del Estado brasileño de hacer políticas públicas, sería fundamental realizar una reforma tributaria que permitiese una substancial elevación de los impuestos sobre el lucro y las grandes fortunas – a contramano de lo que viene discutiéndose en el Congreso Nacional.

La subordinación del modelo de incorporación de progreso técnico a las necesidades del conjunto de la población, como reivindica la crítica del MPL al transporte particular y su lucha a favor del pase libre, exigiría mudanzas todavía más profundas. Sin romper con un modelo de acumulación que promueve la mercantilización de todas las esferas de la vida y el incentivo indiscriminado a la copia de los estilos de vida de las economías centrales es imposible imaginar la libre movilidad en las ciudades y el fin del reinado del automóvil.

La revuelta de la juventud comprometió la sustentabilidad social y política del modelo económico. Al refutar el principio de austeridad fiscal (que es, en verdad, un principio de la panacea financiera), las protestas solaparon uno de los pilares de la política económica del Plan Real. Al defender la primacía de lo colectivo sobre lo privado, repudiaron la creciente mercantilización de los servicios públicos. Al cuestionar los valores que presiden la modernización de los patrones de consumo, negaron la propia esencia del capitalismo dependiente, colocando al orden del día la necesidad de una verdadera revolución cultural que redefina los principios que deben nortear la propia noción de progreso.

La presión de la juventud por una radical reversión en las prioridades del Estado coincidió con la presión en dirección opuesta del capital internacional por el refuerzo de la ortodoxia económica. El antagonismo que condiciona la política económica no podría ser mayor. Las movilizaciones sociales exigen que las necesidades básicas de los brasileños sean puestas en primer lugar. El agravamiento de la crisis económica y el riesgo de una inflexión en los flujos de capital, provocado por el cambio en la política monetaria de los Estados Unidos, condicionan la estabilidad del Real y la intensificación del apriete fiscal, la promoción de nuevas ruedas de privatización y la absoluta obediencia a los imperativos del capital internacional.

 

 

Las manifestaciones de Junio exhibieron la grave crisis de representatividad que  sacude al sistema político. La bronca de las calles expuso la absoluta discordancia entre gobernantes y gobernados. La distancia entre uno y otro es proporcional al abismo existente entre el Brasil de fantasía, idealizado y estetizado en la propaganda oficial y en los programas electorales, y el Brasil real, de la vida miserable de la población en su cotidiano infierno.

El repudio a los políticos profesionales, el rechazo a los partidos y el enojo contra la política convencional derivan de la irrelevancia práctica de las elecciones como medio de resolver los problemas fundamentales del pueblo. Para la gran mayoría de los brasileños, los políticos legislan en beneficio propio, mancomunados con los verdaderos dueños del poder. La inocuidad de las elecciones alimenta el sentido común de que “todos los políticos son iguales” y de que “la política no resuelve nada”.

La crisis de la democracia como forma de resolución de los conflictos de intereses en la sociedad y la irrelevancia de los partidos como portavoces de las aspiraciones de la población resultan evidentes en la trayectoria que llevó al Partido de los Trabajadores desde la oposición hasta la llegada al poder. El PT conquistó su lugar al sol en la política nacional porque, en la década de 1980, encarnó la voluntad política de los que luchaban por reformas sociales. En la década de 1990, pavimentó su camino hacia el Planalto apostando todas las fichas en el juego electoral y en la institucionalidad. Para ganar la confianza del establishment, se adaptó a las exigencias del sistema político y usó toda su credibilidad junto a las masas para sacar al pueblo de las calles y neutralizar la acción reivindicativa de los sindicatos y movimientos sociales. Así, la conquista de la presidencia de la República en 2002 vino acompañada de la sistemática desmovilización de los militantes y del vaciamiento de su presencia en las calles. Sin haber construido una correlación de fuerzas que le permitiera cambiar el Estado, lo cual exigiría una fuerte presión popular, se convirtió en una víctima de su propia estrategia. Al adherir incondicionalmente a las exigencias del status quo, se metamorfoseó en un partido del orden. Ocupó el espectro a la izquierda de ese conjunto. En junio de 2013, las contradicciones que deberían haber sido resueltas volvieron a surgir, agravadas por una década de irresponsabilidades, dejando patente la falencia del PT como el partido de los cambios sociales.

El origen de la crisis que debilita al sistema de representación se encuentra en la impermeabilidad de la esfera política a las demandas de la gran mayoría de la población. La tiranía del capital financiero y la mezquindad de la plutocracia nacional no dejan espacio para la asimilación de las presiones de las clases que viven del trabajo. Sin mecanismos para absorber y enfrentar la insatisfacción creciente que se acumula en la base de la sociedad, la democracia se convierte en una mentira. El único medio de garantizar la paz social es mediante la criminalización creciente de la lucha política y social que se dirige contra el orden.

La crisis de legitimidad del sistema político es profunda y no será resuelta con medidas formales, decididas en las altas esferas del circuito político. De nada sirve alterar aspectos operacionales, de importancia secundaria, del sistema político-partidario. Es la incapacidad de dar solución al proceso de democratización impulsado por las clases subalternas lo que constituye, en última instancia, la verdadera causa de la crisis política. Cuando la población reconozca la relación de causa efecto entre la acción de los partidos y sus necesidades y aspiraciones, los mecanismos de representación política serán reconstituidos. Hasta entonces, el país vivirá un periodo de turbulencia política, siempre sujeto a las amenazas de soluciones autoritarias.

 

 

La reacción de los gobernantes a la desobediencia de las calles reveló la inconsecuencia de la “clase política” y su total falta de preparación para enfrentar la nueva situación de la lucha de clases.

Tomados por sorpresa por movilizaciones populares gigantescas, que escapaban totalmente a su control, en un primer momento los líderes entraron en estado catatónico. Durante casi dos semanas, la presidente de la República desapareció de escena y los parlamentarios abandonaron el Congreso Nacional. Lula, el gran líder del bloque del poder, nunca antes en toda su historia se había quedado tanto tiempo en silencio. Contempló callado cómo sus grandes obras se derrumbaban en efecto dominó – Haddad, Dilma, la Copa del Mundo, el neo-desarrollismo.

Ante el vacío de dirección, los grandes medios asumieron integralmente el papel de partido del orden. Sin condiciones de oponerse a las hordas de jóvenes airados, las redes de televisión y la gran prensa procuraron disputar la dirección de las manifestaciones y neutralizar su carácter subversivo. La principal preocupación fue impedir la presencia de las organizaciones de la izquierda en las marchas y garantizar a los propios medios el monopolio de la conducción de las protestas. Para diluir el componente de clase, bien visible en los primeros actos, los ventrílocuos del orden hicieron de todo para transformar la revuelta popular en una gran fiesta cívica, atrayendo a la clase media y a la derecha a los actos.

Con el objetivo de jugar a los jóvenes unos contra otros, las banderas rojas fueron vehementemente condenadas y los manifestantes fueron divididos entre “pacíficos” y “violentos”, “activistas del bien” y “vándalos del mal”. En sintonía con la tradición autoritaria brasileña, el enaltecimiento de la bandera blanca –de paz social- y la verde amarilla –de orden y progreso- como las únicas legítimas fue una tentativa de canalizar la revuelta popular hacia reivindicaciones moralistas, nacionalistas e institucionales.

En buena medida, la acción diversionista de los grandes medios tuvo éxito. La intimidación y confusión generados en los partidos de izquierda y la estigmatización de la propia noción de partido crearon barreras que dificultaron – aunque no impidieron totalmente – el diálogo de las vanguardias de los colectivos que convocaron a las manifestaciones con la juventud que pasaba por su primera experiencia de lucha de clases.

El día 24 de junio, finalmente, la presidente salió de su auto-ostracismo e hizo un pronunciamiento a la Nación. Al otro día, el Congreso Nacional, con la casa llena, procuró ponerse en servicio. Comenzaba la fase de la comedia compuesta de un festival de declaraciones de buenas intenciones, adulación a los jóvenes y juramentos de sinceras intenciones de escuchar las voces de las calles y redimirse de los errores del pasado. Sin embargo, al revés de medidas concretas, Brasilia respondió con evasivas, promesas vanas, astucias y transferencia de responsabilidades.

Del pronunciamiento de Dilma, en concreto y palpable, sólo quedó la reafirmación de los compromisos de mantener la austeridad fiscal – lo opuesto de lo que sería necesario para atender la demanda por mejoras en los servicios sociales. La propuesta de reforma política no duró un día. De las votaciones del Congreso Nacional, sacando algunos proyectos del programa moralista y comportamental, impuestos en buena medida por los grandes medios, solamente quedó el refuerzo del poder de chantaje de los diputados frente a un poder ejecutivo en harapos. Puestos contra la pared por la población, el gobierno de Dilma y el Congreso Nacional se esmeraron en tranquilizar al gran capital, al gran hermano del norte y a la plutocracia nacional de que aquí en las tierras de Brasil todo continuará como antes.

Mirando en retrospectiva, se constata que la estrategia del orden para enfrentar la rebelión popular se resumió en abrir las compuertas y dejar pasar el torrente, con la esperanza de que, sin dirección política, las protestas terminaran por aquietarse naturalmente. Bastó con que el ímpetu de las calles se enfriara para que la farsa quedase patente. Pocas semanas después del fin de las grandes manifestaciones, Brasilia retomó la rutina como si nada hubiese pasado. Quedó como rescaldo una presidente Zombi, cercada de subordinados obsecuentes, que asiste atónita al colapso de su autoridad; un Congreso Nacional desmoralizado, incapaz de quebrar el círculo vicioso de la desfachatez parlamentaria; y una burguesía, acechada por el avance de la crisis económica, en pánico de que el pueblo vuelva a las calles.

 

 

Al evidenciar la falencia del sistema de representación, los manifestantes de junio dislocaron la lucha de clases hacia las calles. La contraposición entre el Partido de las Calles, que defiende cambios, y el Partido del Orden, que no abandona al status quo, polarizó la lucha de clases entre revolución y contra-revolución.

Sofocada por la dictadura en 1964, prorrogada por el aborto de las “Directas Ya” en 1984, derrotada en 1989 por la vitoria del proyecto de modernización neoliberal, liderado por Collor y FHC, frustrada por la capitulación del PT al gran capital en 2002, la revolución brasileña emergió como necesidad histórica apremiante. Para convertirse en realidad, necesita transformar las fuerzas difusas de las calles en fuerzas organizadas, portadoras de un programa que condense la voluntad política de superación de los problemas que son causa de las miserias del pueblo.

Las fuertes contradicciones contenidas en las profundidades de la sociedad buscan medios para aflorar a la superficie. Sin dirección política que aglutine la avasalladora energía de las calles y le dé un sentido constructivo, la lucha por la transformación social no acumulará vigor suficiente para aprovechar las brechas históricas y vencer la resistencia de las gruesas placas tectónicas de la contra-revolución. Para los que luchan contra la barbarie de una vida infernal, la constitución del Partido de la Revolución Brasileña es una necesidad histórica.

 

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