El viernes 8 de febrero el gobierno de Venezuela devaluó la moneda un 46,5%, llevando el bolívar venezolano a BsF 6,3/US$ (BsF: bolívares fuertes); en el mercado paralelo, o negro, el dólar cotizaba a casi BsF 19. Cuando Chávez tomó el poder, el tipo de cambio estaba en BsF 0,56/US$, de manera que en términos nominales la devaluación fue superior al 1000%. Sin embargo, en términos reales, el bolívar se apreció, ya que la inflación acumulada entre diciembre de 1998 y diciembre de 2012 fue de casi el 1500%. Según Cepal, a fines de 2012 la moneda venezolana estaba apreciada un 44,5% con respecto al promedio 1999-2009. Sólo en 2012 la inflación fue del 21%, en tanto el tipo de cambio oficial se mantuvo estable en bs 4,3/US$.
Recordemos que desde febrero de 2003 en Venezuela rige el control de cambios, que se estableció principalmente para frenar la fuga de capitales. Lo cual no impidió que continuara el drenaje, a través de la compra de títulos públicos nominados en dólares, y la sobrefacturación de importaciones. Esta última representaría, de acuerdo a Ecoanalítica, el 20% del total de importaciones. Aclaremos también que no se trata solo del comportamiento de la burguesía opositora al chavismo. En las transacciones con los bonos, y en la sobrefacturación de importaciones, se han denunciado negociados de funcionarios y amigos del gobierno (burguesía chavista). Por ejemplo, la empresa estatal Alcasa (transformadora de alúmina en aluminio) estuvo comprando el metal a dólar controlado, para revenderlo a un precio determinado por el dólar libre (Prat, 2012). En el terreno de los bonos, un caso ejemplar es el de Víctor Vargas, dueño del Banco Occidental de Descuento (el quinto más grande del país), quien ha hecho una fortuna operando con bonos argentinos que había adquirido el gobierno venezolano. Esta cuestión conecta con el carácter rentístico de la economía venezolana, y su relación con las formas de acumulación propias de la burguesía estatal, que tratamos más abajo. En cualquier caso, la fuga de capitales, habría sido de US$ 144.900 millones, desde febrero de 2003 a fines de 2012 (Ecoanalítica en base a datos del Banco Central de Venezuela). Esto explica que Venezuela, que ha recibido y recibe una fuerte renta petrolera, y goza de superávit en la balanza de cuenta corriente, padece sin embargo una persistente presión hacia la depreciación de su moneda.
Qué tipo de crisis
Algunos analistas y medios han interpretado la devaluación como la admisión, por parte de las autoridades chavistas, de una crisis económica abierta en Venezuela. “Venezuela reconoció su crisis”, tituló La Nación (Argentina) al día siguiente de la devaluación. Existen, por supuesto, elementos de crisis. En las últimas semanas se aceleró la inflación (y la devaluación la seguirá impulsando). Hay desabastecimiento, en especial en alimentos (el índice de desabastecimiento que elabora el Banco Central fue del 16,3% en diciembre). La brecha entre el dólar oficial y el dólar en el mercado negro sigue alimentando la especulación y la fuga de capitales. Y la industria está estancada. Pero por otra parte, en 2012 la economía creció un 5,5%, y en 2011 se había expandido el 4% (remontando la caída del 1,5% en 2009). El superávit en la cuenta corriente equivale al 4,5% del PBI; si bien es menor que el 8,7% de 2011, de todas maneras está lejos de disparar una crisis cambiaria. Los pagos de la deuda externa representan apenas el 5% de las exportaciones. Además, si bien los índices de pobreza y miseria extrema no han mejorado desde 2008, tampoco se han deteriorado. Recordemos que la pobreza en 1998 alcanzaba al 50,4% de la población, a fines de 2011 el 31,9% ; en el mismo lapso, la pobreza extrema bajó del 23% al 8% (INE y Cepal). También han mejorado los indicadores de salud y educación. El consumo promedio de electricidad de los hogares aumentó el 166% entre 1999 y 2012 (según fuentes oficiales y Cepal). Estas mejoras son el fundamento del apoyo popular que goza el chavismo. Aunque la devaluación tendrá efectos negativos sobre los ingresos y el nivel de vida de las masas trabajadoras y el pueblo. En definitiva, la coyuntura parece ser de crecientes dificultades de la economía, pero no se estaría en vísperas de una crisis explosiva. Al menos, en tanto el precio del petróleo se mantenga en el mercado internacional.
Economía rentista
Sin embargo, y por encima del análisis de coyuntura, hay que señalar que la devaluación es la expresión de problemas estructurales. El tema central es que la economía venezolana no ha superado su carácter rentístico, y atrasado. En otras notas he planteado que la clave del desarrollo pasa por qué se hace con el excedente, si se destina principalmente a ampliar la matriz productiva; o se canaliza a gastos improductivos (en el sentido de Marx); o sale del país. Es un hecho que en la última década Venezuela recibió una cuantiosa renta petrolera, y que el gobierno la canalizó hacia el Estado. De acuerdo a datos que proporciona Pdvsa, desde 1999 a 2012 el Estado tuvo un ingreso de 383.233 millones de dólares provenientes del petróleo, debido no solo a la mejora de los precios, sino también al aumento de las regalías que pagan las transnacionales, a otros cambios impositivos, y al incremento de la participación de Pdvsa en el negocio. Solo el aumento de las regalías e impuestos representaron un incremento de casi 252.000 millones de dólares, siempre según las fuentes oficiales. Sin embargo, este ingreso no dio lugar a un proceso de industrialización sostenida, ni al desarrollo de sectores productivos de alto valor agregado. Una parte importante de la renta que captó el gobierno de Chávez se destinó a mejorar los niveles de vida de las masas más empobrecidas. Pero no hubo un proceso paralelo de acumulación productiva. Es una realidad que una porción significativa de la plusvalía se destinó al gasto suntuario; alimentó la especulación y el enriquecimiento de fracciones burguesas (o de lo que podríamos llamar burguesía estatal); o terminó en el exterior. Para explicarlo con un ejemplo: uno de los muy buenos negocios que hizo el Banco Occidental de Descuento fue comprarle al gobierno venezolano los bonos argentinos al dólar oficial, y revenderlos a una tasa cercana al dólar negro. Es claro que esta operatoria en sí misma no es generadora de valor. Simplemente habilita al enriquecimiento rentístico de una fracción de la clase dominante, y la fuga de capitales de los inversores en los bonos.
En otros términos, la acumulación rentística, apalancada en el capitalismo de Estado, estimuló el crecimiento de sectores del capital que se benefician de sus negocios con el gobierno. También benefició a los que logran escalar en la burocracia estatal. A su vez, la acumulación de activos financieros (en el exterior) y el gasto suntuario (incluidos aviones privados, yates y mansiones en Venezuela, Miami o Europa), aseguran objetivamente la reproducción de la lógica rentística. Es que un proceso de acumulación de capital productivo daría lugar a un fortalecimiento social de la clase obrera, que podría socavar, a mediano o largo plazo, el poder de la burguesía y la burocracia rentística.
Debilidad industrial
La ausencia de reproducción productiva ampliada explica que la recuperación económica a partir de 2010 se haya debido casi enteramente a la mejora de los precios del petróleo, y al aumento de la demanda derivada del gasto estatal que posibilitó la renta incrementada. Es un dato significativo que la participación de la industria en el producto interno, según datos del Banco Central de Venezuela, haya disminuido desde el 18% del PBI en 1998 al 14% en 2012. En el último año, el crecimiento industrial fue casi nulo, del 0,3%. Según la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), en 9 de los 16 sectores sobre los que lleva estadística estaban produciendo, en agosto de 2012, entre el 14% y el 44% menos que en el año base del indicador, 1997. Se trataba de textiles, metales comunes, productos de metal, minerales no metálicos, vehículos automotores, maquinarias y aparatos eléctricos, prendas de vestir, cueros y maquinarias y equipos. La utilización de capacidad de la industria, también en agosto del año pasado, era del 55%. Los empresarios también sostenían que los sectores que más crecían eran los vinculados a la producción de bienes no transables, en tanto se estancaba la producción de transables. Esto último también surge de los datos del Banco Central, y estudios privados como Ecoanalítica. El promedio anual de crecimiento entre 1999 y 2010 de Comunicaciones fue del 11,15%; Instituciones financieras y seguros 5,63%; Construcción 4,34%. En cambio los productores de bienes transables se estancaron: Manufactura 1,29%; Minería 0,2% y actividad petrolera 1,33% (Oliveros, 2012). Es interesante también que entre las 10 empresas más grandes del país, 5 son bancos y aseguradoras (ranking de Venamcham).
Este desarrollo desigual se vincula con efectos asociados a la apreciación de la moneda, y realización del valor. Vuelvo a enfatizar que la expansión de las instituciones financieras y seguros (al pasar, el sector seguros fue otra fuente importante de negociados y enriquecimiento) no implica la ampliación de la matriz productiva. Lo mismo puede decirse de una parte de lo destinado a construcciones residenciales; naturalmente, son necesarias, pero no mejoran sustancialmente la capacidad productiva. Es un hecho, sin embargo, que la formación de capital bruto fijo (incluye mejoras de la tierra, equipos y maquinaria, plantas, construcción de caminos y ferrocarriles, construcción residencial) se mantiene en niveles relativamente altos con respecto al resto de América Latina: entre 2003 y 2011 fue, en promedio, del 23,9% del PBI (Banco Mundial). Lo cual demuestra que existen sectores del capital privado que han invertido en los 2000, y lo hicieron porque encontraban oportunidades de ganancias. Pero esos niveles de inversión no alcanzan a modificar el carácter atrasado de la economía, ni revierten el crecimiento desarticulado y desigual de sectores. El problema se agrava porque en muchos sectores estatales las inversiones no han ido acompañadas de incrementos paralelos de productividad, derivados del avance tecnológico (véase más abajo). Por eso, la debilidad de la acumulación explica que se haya asistido a una reprimarización de las exportaciones: en 2012 el 96% de los ingresos por exportaciones provinieron de Pdvsa y sus asociadas. Esta forma de inserción del capitalismo venezolano en el mercado mundial es el reflejo del carácter atrasado, y deformado, de su estructura productiva. La economía de conjunto es entonces extremadamente vulnerable a los cambios en la situación del mercado petrolero mundial.
Capitalismo de Estado
El capitalismo de Estado no parece haber dado frutos notables en materia de productividad y producción. Tal vez el sector que exhibe mayores logros es el de producción eléctrica; Venezuela es el segundo país de América Latina con mayor capacidad instalada para generar kWh por habitante (Cepal). Según datos del gobierno, la inversión en producción de electricidad aumentó un 371% desde que Chávez tomó el poder. La crisis de 2010 se habría debido principalmente a factores climáticos, concretamente la sequía del Niño. Sin embargo, en otros sectores productivos, y en la industria estatizada, los resultados son muy modestos, por decirlo de forma suave.
Sidor, productora de acero, terminó 2012 con una producción de 1,7 millones de toneladas, un 30% menos que en 2011. En 2006 producía 4,3 millones; el nivel de 2012 es similar al de 1998, y Venezuela ha debido recurrir a las importaciones de laminados. Trabajadores agrupados en el Equipo de Alianza Sindical han planteado que la conducción de la empresa está llevando a ésta “a un desastre operativo y financiero comprometiendo el patrimonio de todos los venezolanos”. Denuncian también corrupción (como la asociada a la “mafia de las cabillas”) y otros manejos oscuros.
Tavsa, productora de tubos de acero, integrante del complejo de Sidor, ha estado paralizada desde hace 5 años debido a que la segunda no le entrega los tochos de acero, la materia prima para fabricar los tubos (Prat, 2012 y denuncias del sindicato). Pdvsa, que hasta 2007 compraba los tubos a Tavsa, ahora los está adquiriendo a China, y en menor medida a México. Los trabajadores de Tavsa han denunciado la situación; sostienen que es necesario pagar deudas con proveedores por unos 20 millones de dólares y reactivar la compra de herramientas que han quedado obsoletas. También reclaman por deudas salariales. En los últimos meses la empresa estuvo produciendo al 10% de su capacidad usual; y durante años estuvo sin producir.
Bauxilium proveía a Venezuela de bauxita, con una producción anual de 6 millones de toneladas. Actualmente produce 2,5 millones, y el país importa bauxita. Se denuncia que no ha habido inversiones, y los equipos se deterioraron (Prat, 2012).
En cuanto a Alcasa, la empresa tenía en principio una capacidad instalada para producir 210.000 toneladas métricas de aluminio primario anuales, pero actualmente produce algo menos de 70.000 toneladas. Según denuncias de trabajadores, muchas celdas (en las que se lleva a cabo la transformación de la alúmina) se han desactivado; también habría falta de mantenimiento, además de las maniobras especulativas ya mencionadas (Prat, 2012). En años recientes la empresa tuvo pérdidas, debido a los altos costos y cortes de electricidad, que se combinaron con la caída de los precios internacionales por la crisis, y la apreciación cambiaria. Venalum, otra empresa de aluminio, conformada por capital mixto estatal y privado, también ha bajado notablemente la producción. Esto ha repercutido en otras empresas que tienen al aluminio como insumo, como Sural, productora de conductores eléctricos, que está operando muy por debajo de su capacidad.
Incluso el sector petrolero no tuvo una expansión significativa. La producción se mantiene desde hace años en algo menos de 3 millones de barriles diarios (el informe más reciente de la OPEP dice que el promedio en 2012 fue de 2,8 millones b/d). La meta del Plan Estratégico de Pdvsa, anunciado por Chávez en 2005 preveía llegar en 2012 a los 5,4 millones b/d. Además, preveía llevar la capacidad de refinación, también en 2012, a 2 millones de b/d. Sin embargo, a fines de 2011 la capacidad era de 1,3 millones de b/d, y en 2012 cayó un 0,8% con respecto a ese nivel. Según la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, la compañía ha descuidado el mantenimiento e inversión en sus plantas. Y Pdvsa necesitaría construir más plantas para refinar el petróleo pesado. Dirigentes sindicales sostienen que las refinerías están trabajando a la mitad de su capacidad, y por esta razón se están importando combustibles. En este respecto, la experiencia venezolana de la última década se ha diferenciado de otras economías basadas en la renta petrolera, que en los años 1970 y 1980 intentaron desarrollar una fuerte industria pesada (por caso, Argelia). Aunque no salieron por ello del atraso (el problema es más complejo que simplemente transferir renta al capitalismo estatal), desplegaron una política bastante distinta de la chavista.
Precisemos también que la devaluación, según cálculos del gobierno venezolano, aportaría unos BsF 84.000 millones provenientes del petróleo, lo que representa el 21% del presupuesto. A fines de 2012 el déficit fiscal equivalía al 7,5% del PBI, según el Banco Mundial; aunque otras fuentes como The Economist lo elevan al 15%. En consecuencia, esos ingresos son esenciales para sostener el gasto del Estado (parte de las ganancias de la empresa se canalizan al Estado a través del Fonden), que es un componente clave de la demanda.
Capitalismo rentístico y conflicto social
La noción de moneda apreciada o depreciada en términos reales está en relación estructural con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de un espacio nacional, y más particularmente con la productividad de sus empresas. En los países con baja productividad relativa existe una tendencia que podríamos llamar “estructural”, al tipo de cambio real alto (moneda depreciada). Es la forma en que los capitales tecnológicamente atrasados intentan insertarse en el mercado mundial. Desde este punto de vista, la devaluación del bolívar mejorará la posición competitiva de un sector del capitalismo privado y estatal venezolano. Pero esto no significa una mejora en las condiciones de producción de valor (esto es, una mejora de productividad), sino a una redistribución regresiva del ingreso; la caída del salario en términos de dólar. Con el agregado que acentuará presiones inflacionarias; y no existe seguridad alguna de que se frene la presión sobre el mercado cambiario. El problema decisivo es que la devaluación no modifica el carácter rentístico del capitalismo venezolano. La solución no pasa por una cuestión “técnica” -tal o cual precio del dólar, tal o cual medida impositiva, etc.- porque el mal tiene una raíz social. Las contradicciones planteadas arraigan en relaciones de producción específicas, caracterizadas por la explotación del trabajo. Hay que decirlo con todas las letras: los trabajadores venezolanos no solo son explotados por el capital privado. También son explotados por el Estado capitalista, y las empresas estatales. Un trabajador de Pdvsa produce plusvalía; cuando los funcionarios se enriquecen desde las cumbres del Estado, están participando de la explotación de ese trabajador. Forman parte de la burocracia estatal capitalista. Esta es la razón de fondo de por qué no se pueden hermanar los intereses, aspiraciones y reivindicaciones de la clase trabajadora, y de los sectores populares, con los intereses del capitalismo de Estado (ni con las fracciones del capital “nacional y progresista”).
Por supuesto, existe un enfrentamiento profundo entre el gobierno y la oposición burguesa. Pero el mismo no debe ocultar que la contradicción capital – trabajo subyace a la relación burocracia del Estado capitalista – trabajadores de empresas estatales. Dado su carácter de clase,
la burocracia estatal no es “reformable”. No hay manera de ir al socialismo presionando al capitalismo de Estado. La razón ancla en las relaciones sociales antagónicas. La contradicción central es la que existe entre la clase trabajadora, por un lado, y los explotadores, sean estos altos funcionarios del Estado, burgueses enriqueciéndose a costa del Estado, o capitalistas de la oposición intentando sacar sus riquezas de Venezuela, por el otro. Gran parte de los datos que he registrado en esta nota acerca de corrupción, mal manejo, desatención de los bienes “públicos” (entre comillas porque en realidad no pertenecen “al público”) y arbitrariedades de los burócratas y funcionarios, provienen del seno de la misma clase trabajadora (ver, por ejemplo,
http://www.laclaseinfo; también testimonios en Prat, 2012).
Las tensiones y choques entre trabajadores y directivos de empresas y del Estado, constituyen manifestaciones de ese antagonismo de clase. Las agresiones y ataques que han padecido dirigentes obreros leales a sus bases, por parte de sicarios o grupos de sujetos armados, también serían expresión de lo mismo. Por ejemplo, en la zona industrial de Guayana muchos líderes sindicales que han denunciado lo que sucede en sus empresas han sido encarcelados, otros fueron muertos misteriosamente. No se trata de “confusión” o “errores” de parte de los burócratas; tampoco de grupos descarriados de violentos que atacan a trabajadores. De la misma manera, cuando Chávez declaró que “los sindicatos no deben ser autónomos” en Venezuela, está respondiendo a una visión de clase. Más precisamente, las acciones de la burocracia estatal están determinadas por la lógica de su reproducción social rentística. Obedecen a la necesidad de impedir cualquier cuestionamiento real al poder del Estado (de sus funcionarios) en los centros de la producción, o al manejo y apropiación del excedente. En tanto la apropiación de plusvalía (renta petrolera estatizada) dependa de la posición que ocupan en el Estado, los funcionarios (y la burguesía que crece a su amparo) no deberían estar interesados en el fortalecimiento social o político (capacidad de decisión propia) de la clase obrera. Por este motivo, la burocracia chavista no alteró de alguna manera esencial el patrón de acumulación rentístico tradicional de Venezuela. Utilizó parte de la renta incrementada para mejorar la situación social de los sectores más empobrecidos, lo que le permitió también tener una importante base de apoyo. Pero se cuidó de dar poder real a la clase social que podía cuestionar toda forma de explotación, privada o estatal, nacional o extranjera. El régimen político, por supuesto, está condicionado por esta base económica.
Por último, no hay que olvidar que Venezuela continúa siendo una economía capitalista. Estamos ante una combinación de capitalismo estatal y capitalismo privado. Las relaciones conflictivas entre el capital privado y el estatal no alteran su base común de ingresos, la plusvalía (el trabajo no pago). Más de 10 millones de trabajadores están bajo la relación asalariada del capital privado. Incluso las empresas privadas extranjeras siguen teniendo un peso importante en la economía. Según el ranking de las compañías más importantes, que elabora la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria (Venamcham), sobre 296 empresas encuestadas en 2012, el 32% eran de capital extranjero y otro 9% de capital mixto. La acción del Estado debe analizarse en este marco más general.
Fuentes
La mayoría de los datos los he tomado de las páginas web del Instituto Nacional de Estadística; del Banco Central de Venezuela; Cepal, Banco Mundial, Pdvsa, Ecoanalítica,
http://www.laclaseinfo. También he citado:
Oliveros, A. (2012): “Crecimiento, inflación y tipo de cambio en Venezuela: 1999-2012”, Encuentro de Organizaciones Sociales, www.eosvenezuela.info/wp-content/uploads/2012/02/oliveros.pdf,
Prat, D. (2012):
Guayana, el milagro al revés. El fin de la soberanía productiva, Caracas, Colección Hogueras.