Venezuela. Crisis y transformación del sistema político. Dos breves ensayos

 

 

El Estado venezolano fue producto de la alianza de castas cuya fragilidad recurrente se manifestó en las diversas guerras civiles[1] y revueltas, así como sus diversos caudillos regionales, durante todo el siglo XIX de la era republicana. La ruptura política exitosa en contra de la monarquía española trae cambios sociales y políticos en los que las castas empiezan a ser desplazadas por clases sociales. Así la conformación del Estado venezolano se erige en un marco de relaciones precapitalistas, con una mixtura de algunos elementos semi-feudales en conexión con agentes económicos que se articulan con el capitalismo mundial emergente. A partir de ello se generan unas relaciones de poder que van configurando las élites desde el Estado, constituyendo los diversos proyectos políticos y de gobierno que marcaron a Venezuela cultural, política, económica y socialmente como nación.

Dentro de las clases sociales resaltaron la burguesía financiera y comercial, los terratenientes y los campesinos, por el carácter eminentemente agrícola de la estructura económica venezolana de ese tiempo. Dada la realidad conflictiva y su polarización, la élite militar y la élite política se fusionan prácticamente, siendo divididas entre “oligarquía conservadora” y “oligarquía liberal”, la primera, defensora del Estado central, en alianza con la élite eclesiástica, y la segunda, de la Federación y del Estado laico. Ambos partidos mantuvieron el carácter censitario e indirecto de su sistema electoral, por lo que el ejercicio del poder estuvo centrado en caudillos que contaban con el respaldo económico de terratenientes, comerciantes, banqueros y el capital foráneo. Por otro lado, se cuenta como antecedente a la modernización del país al “guzmanato”, siendo un período de reformas sociales, económicas y construcción de obras de envergadura: teatros, ferrocarriles, carreteras, tranvías, escuelas, universidades, monumentos, entre otras. Una vez culminado el siglo XIX, con la derrota del liberalismo amarillo por la Revolución Restauradora, se inicia un proceso de consolidación institucional del Estado nacional.

El siglo XX se inicia con la denominada “hegemonía andina” asumida finalmente por Juan Vicente Gómez, al implantar un régimen dictatorial que reprimió toda oposición política y continuó con la construcción de carreteras, modernización de las Fuerzas Armadas e inició el reparto de concesiones petroleras, siendo esta actividad económica el motor de la modernización posterior[2]. El sistema político que se constituyó a partir de la modernización en el siglo XX será analizado con el fin de describir sus crisis e identificar los elementos que las constituyeron.

 

 

Una vez fallecido Juan Vicente Gómez (1935), se instala un proceso de transición encabezado por Eleazar López Contreras hasta el año de 1940. Posteriormente asume el gobierno, a través de elecciones indirectas, Isaías Medina Angarita, quien ejecuta una serie de obras públicas, políticas sociales y económicas que le califican como el iniciador de la modernización contemporánea. Durante el gobierno de Medina, el sistema político venezolano se torna tolerante a la existencia de partidos de izquierda (Acción Democrática y Partido Comunista de Venezuela, entre otros), bajo el reacomodo internacional de las potencias que participan en la II Guerra Mundial. La pugna política por el sufragio universal, secreto y directo, así como el descontento en algunos sectores de las Fuerzas Armadas son factores que desencadenan un golpe de Estado, conocido como la “Revolución de Octubre” de 1945. Esta acción permitió la conformación de una junta de gobierno y el surgimiento del llamado “Trienio Adeco”. Este lapso histórico consistió en un proceso político que incorporó el sufragio directo, secreto y universal, así como la inclusión de las mujeres y su derecho al sufragio, se masifica la educación gratuita y la alfabetización. Sin embargo, los conflictos con la élite eclesiástica, la élite empresarial y la élite militar, condujeron a una polarización política con COPEI y otros partidos políticos, desencadenándose un golpe de Estado el 18 de noviembre de 1948.[3]

A partir de la conformación de la junta de gobierno que se establece en 1948, el sistema político del país es regido por la élite militar en alianza con la élite empresarial, contando con la legitimación de la élite eclesiástica. Esta alianza de élites también evidencia una subordinación del Estado al gran capital, ya que se garantiza la represión frente a las luchas obreras y campesinas, así como la proscripción de sindicatos y partidos políticos, en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional (anticomunista) del gobierno de los EE.UU.. El General. Marcos Pérez Jiménez consigue liderar hasta el año de 1957 a la élite militar y mantener la alianza con la jerarquía de la Iglesia católica y el gran capital. Cabe destacar que, en el imaginario del venezolano, el conjunto de obras de envergadura construidas o iniciadas durante esta época quedarán plasmadas como el Proyecto de Modernización más ambicioso del siglo XX[4]. Sin embargo, ya en el año de 1957 empieza a resquebrajarse la solidez del régimen y el 23 de enero de 1958, el movimiento subversivo lo derroca en una alianza de factores de la izquierda, militares, Iglesia católica y empresarios.

Resurge en esta forma la democracia representativa, de la mano con el Pacto de Punto Fijo, como conciliación de los partidos políticos COPEI (socialcristiano), Acción Democrática (socialdemócrata) y Unión Republicana Democrática (liberal demócrata), estableciendo principios de convivencia pacífica y colaboración dentro de la élite política como estrategia para frenar el avance de las tendencias revolucionarias y del Partido Comunista de Venezuela[5]. Esta política de contención ideológica tiene su aplicación en el ejercicio del gobierno de “ancha base” de Rómulo Betancourt (1959-1964), incluyendo una práctica política policlasista que sustenta un populismo de conciliación, garantizando la estabilidad en el ejercicio del poder compartido. A pesar de que en los subsiguientes gobiernos este pacto no se aplica a través de la conformación de nuevos gobiernos de “ancha base”, se mantiene la cooperación tanto entre los partidos (a través del Congreso Nacional), como la inclusión de los representantes de la clase capitalista en las instancias del Estado, así como una relación amistosa con la cúpula sacerdotal, a los fines de garantizar la reproducción ideológica del sistema.

Este sistema populista de conciliación[6] se destaca por profundizar una cultura política sostenida en los siguientes aspectos:

1.- Relaciones clientelares entre dirigentes partidistas y sus bases partidarias.

2.- La toma de decisiones de alto gobierno se hacían bajo una especie de corporativismo que incluía a la élite sindical (por lo general, subordinada a la élite política), la dirigencia empresarial (con un peso decisivo en el momento de aprobación), la dirigencia católica (para garantizar el control social de las masas) y la élite tecnócrata (incrustada en la industria petrolera nacional). El papel de la élite militar era subordinarse a tales decisiones y hacerlas cumplir en caso de requerirse la aplicación de procedimientos represivos.

3.- A partir de la consolidación de cuadros técnicos en diversas instancias del Estado, se erige una élite de tecnócratas, quienes legitiman el discurso político desde el conocimiento técnico. Así se va profesionalizando progresivamente la burocracia estatal que operativiza a las instituciones estatales en la cotidianidad de la sociedad venezolana.

4.- El débil control de los partidos sobre el presidente de la República.

5.- El sistema tendió durante mucho tiempo al bipartidismo, jugando a la alternabilidad entre Acción Democrática y COPEI, así como el mantenimiento de una dialéctica negociación/competición por los espacios de poder sin alterar la “representatividad democrática”. Esto bajo una estrategia de “juego cooperativo”, autorregulándose el sistema político para evitar un “juego de suma cero” que ponga en riesgo la estabilidad en el control del poder por el bipartidismo.

6.- Las luchas de clase se neutralizaban por la vía de los conflictos (re)distributivos. A la vez que se reprimían a los grupos radicales.

7.- El sistema político fue derivando en una desideologización de los partidos políticos hegemónicos y la despolitización de la sociedad. Ello facilitó su control del aparato de poder, gracias a la reproducción de la cultura política rentista y opresora de los funcionarios públicos.

Estos aspectos fueron generando la contradicción entre mantener el poder y desgaste del liderazgo político en la sociedad. Siendo un fuerte detonante el endeudamiento externo excesivo, el despilfarro en la Hacienda pública y una política petrolera alejada de los compromisos con la OPEP. La caída de los precios petroleros en el año de 1982 y la disminución de las reservas internacionales motivó a declara una serie de medidas de ajuste estructural que disolvió la posibilidad de continuar con la “normalidad” dentro del sistema político venezolano[7]. Así la crisis dejó de ser una coyuntura puntual, para pasar a ser el estado permanente del país. El 27 de febrero de 1989 se da un estallido social con la aplicación de las medidas económicas neoliberales, fracturándose todo vínculo orgánico entre la élite política y el Pueblo. El impacto económico y social de las medidas fondomonetaristas del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez (1989-1993), desató una impopularidad manifestada por distintas posturas que iban desde sectores empresariales, políticos, sindicales y religiosos, hasta movimientos sociales. A partir de 1991, las movilizaciones populares y la rebelión de un sector de las Fuerzas Armadas logran aglutinar un incipiente movimiento de resistencia popular al “modelo neoliberal”[8], que tendrá que esperar hasta la segunda mitad de la década de los noventa, para convertirse en una alternativa político-electoral y tomar el control sobre el aparato de poder, mientras que culminaba el último gobierno neoliberal de la IV República: el segundo mandato de Rafael Caldera (1994-1999).

 

 

El sistema político venezolano surgido en la democracia representativa  puntofijista se configura en la búsqueda de garantizar su control del aparato de poder que es la maquinaria del Estado. Para ello constituye un populismo de conciliación con partidos políticos procapitalistas y las élites militar (subordinada a la élite politica), la élite empresarial (subordinando a la élite política) y la élite religiosa (subordinada a las élites empresarial y política). Todo lo anterior en el contexto de la Guerra Fría y subordinado el país a los intereses imperiales del gobierno estadounidense. En ese afán de garantizar la estabilidad del modelo político, el status quo -a pesar de sus contradicciones internas- asume el Pacto de Punto Fijo como base de legitimación política de conciliación y cooperación, dejando la puerta abierta a la “competencia” en las elecciones, pero sin proponerse grandes transformaciones en el funcionamiento del poder ni de su distribución más allá de los actores partidistas, quedando así las “reglas claras del juego político”.

Obviamente que el relacionamiento clientelar mantenido bajo la promesa del “voto por favores”, perjudicó el ejercicio protagónico de la ciudadanía, lo que afloró una vez que la base de la renta petrolera colapsó al no poder seguir conteniendo los conflictos sociales en un contexto de precios petroleros bajos, endeudamiento externo excesivo y caída de las reservas monetarias internacionales de la nación. Siendo el “viernes negro” (febrero de 1983) un preludio económico del estallido social que sería el “sacudón” del 27 y 28 de febrero de 1989, donde se presentaron las coyunturas económicas y sociales que pudieran considerarse como puntos de “no retorno”, donde la crisis toma un cariz distinto y se acelera el deterioro del aparato productivo nacional y el resquebrajamiento de la representatividad de la élite política, desideologizándose los partidos políticos y despolitizándose la sociedad. A partir de esa realidad, el movimiento de la política se descentró de las estructuras formales de poder, para germinarse desde el barrio, las luchas cotidianas y fragmentadas en “lo pequeño”, es decir, en el ámbito de las organizaciones populares de base y la denominada “sociedad civil” (ONG’s).

Encontramos que en los años 90’s el escenario político se encontraba seriamente cuestionado por la aplicación de políticas neoliberales, la crisis moral de las élites hegemónicas y el agravamiento de la pobreza. Esto impulsa a una agudización del conflicto sociopolítico que rebasó los mecanismos de conciliación que el sistema político había diseñado para su modelo de democracia representativa, surgiendo de esa contradicción la futura Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez Frías.

 

 

 

 

A partir de la crisis de liderazgo de la élite política del puntofijismo, en la década de los 90’s va configurándose un movimiento popular alrededor del bolivarianismo como proyecto político alternativo al neoliberalismo que se erigía entre la descentralización y la privatización, una serie de medidas que buscaban acentuar el protagonismo de la iniciativa privada y la reducción de las funciones del Estado. Estas medidas neoliberales se caracterizaron por su carácter impopular y regresivo, al aumentar los niveles de pobreza y desigualdad social, a la vez que afectaban negativamente a algunas variables macroeconómicas.[9]

En diciembre de 1998, Hugo Chávez Frías gana las elecciones presidenciales, constituyendo una ruptura con el sistema político establecido desde el año de 1958. Dicha coyuntura generó numerosas expectativas en diversos sectores sociales. Para la clase trabajadora -en general- se percibía una esperanza que podría reivindicar la honra de la deuda social que dejaba al país la aplicación de medidas neoliberales de ajuste estructural. Para la clase burguesa y la clase media, Chávez representaba una amenaza a los privilegios obtenidos en un régimen de distribución de la renta petrolera favorable al capital foráneo y a grupos de carácter oligárquico que combinaban el poder económico con el político.

¿Pero qué es lo que ha hecho Chávez como presidente?, es una pregunta que acá tratamos de responder, a riesgo de cometer algún reduccionismo, pero que pueda ofrecer una idea de la gestión y el liderazgo del presidente bolivariano contraria a las corrientes conservadoras de analistas políticos legitimadores de la economía de mercado y la democracia liberal formal.

 

 

Una vez asumido el poder en febrero de 1999, Chávez asume la convocatoria de un referendo para consultar al Pueblo acerca del inicio de un proceso constituyente como estrategia para refundar la República, llegándose posteriormente a la elección popular de los integrantes de una Asamblea Constituyente. Una vez aprobado el nuevo texto constitucional con el ejercicio directo de la soberanía popular, nace un nuevo marco jurídico que profundiza las garantías y derechos humanos. Este nuevo marco ofrece un Estado Democrático social de Derecho y de Justicia, sirviendo de base a la construcción de una Democracia Participativa y Protagónica, que de hecho se había practicado en el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente al involucrar la participación de todos los movimientos sociales, corrientes políticas, sindicatos, organizaciones gremiales y empresariales del país, en la redacción de la propuesta a ser aprobada por vía refrendaria. Lo cual marca una diferencia con el proceso de la Constitución de 1961, cuyo nacimiento fue orquestado por la élite política sin participación popular alguna.

La acción política del presidente Chávez fue catalogada por sus opositores como “populismo” como sinónimo de demagogia[10], debido a la aplicación de una serie de medidas como la promulgación y ejecución de la Ley de Tierras y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en el año 2001. Estas leyes favorecían la redistribución de las tierras, el aumento de la base impositiva y control de la industria petrolera, siendo detonantes de la agudización de las contradicciones políticas que terminaron por abrir paso a las contradicciones de clase. En el año de 2002, el conflicto político conllevó a un golpe de Estado, asumiendo brevemente el poder el líder del gremio patronal, quien disolvió todos los poderes y restituía la Constitución de 1961, provocando una auténtica desobediencia civil que en alianza con militares bolivarianos logran reponer en el gobierno a Chávez[11], en unas 47 horas. Nada será igual, entonces. Las contradicciones entre las fuerzas que se agrupan del lado revolucionario va asumiendo la movilización en defensa de un proceso que se asume “humanista”, mientras que del lado opositor se van definiendo posturas cada vez más mediatizadas por la ofensiva del Capital, tal y como se evidenció en el sabotaje total de PDVSA, a finales de 2002 y principios de 2003.

En el año 2004, por primera vez en la historia, la oposición convocaba a un referendo revocatorio en Venezuela, del cual resultó vencedor el presidente Hugo Chávez, a pesar de la inestabilidad causada por una serie de disturbios en meses previos, hechos con la intención de deslegitimar la figura presidencial de Chávez. En el desenvolvimiento del proceso que antecedió a este referendo, se visibilizó la injerencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Venezuela, por lo que la confrontación condujo a la definición de la Revolución Bolivariana en su carácter “antiimperialista” [12]y la profundización de los “compromisos” de la élite política, empresarial y gremial de la oposición con los órganos del poder estadounidense.

El antiimperialismo bolivariano fue simultáneo a la agudización de las contradicciones de clase que afloraron con la implementación de una serie de políticas sociales en materia de salud, educación, alimentación y de inclusión socioproductiva, las cuales tomaron la figura de “misiones sociales”. Esta redistribución de los recursos de la renta petrolera fortaleció la vinculación profunda existente entre Chávez como líder de un proceso de transformación social y la satisfacción de las necesidades populares, al mismo tiempo que se exaltan posturas neoliberales del lado opositor. Así, la contradicción de intereses y la pugna política contribuyeron a redefinir el pensamiento político de Chávez, proclamando la imposibilidad de hacer la Revolución sin ser socialista, en pocas palabras, asume el carácter no sólo antiimperialista, sino socialista de la Revolución Bolivariana.

La combinación de una confrontación permanente entre fuerzas populares del lado bolivariano y las fuerzas conservadoras en defensa de los intereses de la oligarquía capitalista, y de la estrecha relación del presidente Chávez con Fidel Castro, facilita la asunción del socialismo como proyecto histórico y oferta electoral en el 2006. En dicha elección presidencial Chávez asciende al 62,83% de los votos sufragados[13], legitimando la construcción de un nuevo sistema económico y social de largo aliento.

Para ejecutar esta tarea se constituye el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización que se sostiene gracias al liderazgo carismático del presidente bolivariano. Sin embargo, las contradicciones internas han fluctuado entre divisiones internas del partido y fuerzas aliadas, la pérdida de cargos de elección popular en circuitos regionales (2008 y 2010), la derrota política en un intento de reforma constitucional (2007) y la aprobación de una enmienda constitucional (2009). A pesar de que el PSUV funciona como maquinaria electoral y es el partido de masas que más adeptos inscritos posee en la actualidad, tiene el desafío de ser un partido capaz de construir un liderazgo colectivo orgánico formado para la transformación cultural que exige la transición al socialismo, combatiendo el burocratismo y la corrupción, y acompañando al Poder Popular en sus luchas[14]. Esta tarea debe ser asumida en función de garantizar la hegemonía socialista, a través del nuevo Estado Comunal[15] que incluso sobreviva a la existencia de Chávez como presidente de la República y líder fundamental del Socialismo Bolivariano.

 

 

La Revolución Bolivariana ha sido un proceso político cargado de polarización frente al poder fáctico de medios de comunicación, empresarios nacionales, sindicalistas puntofijistas, corporaciones transnacionales y gobiernos imperiales (principalmente, el de EE.UU.). En la defensa de una redistribución progresiva de la renta petrolera, el carisma de Chávez ha sido clave para el sostenimiento de la propuesta socialista como alternativa al capitalismo encarnado por políticos neoliberales.

Llegar al apoyo popular del socialismo fue resultado de la confrontación con los intereses de la oligarquía a través de movilizaciones a favor de la Revolución Bolivariana, como parte de la defensa de los intereses de la clase trabajadora y sectores sociales empobrecidos durante la democracia puntofijista. De allí el papel importante de las misiones sociales como estrategia de vinculación entre la satisfacción de las necesidades populares y el liderazgo carismático de Chávez, generándose una identificación entre el líder y sus seguidores.

Sin embargo, la transformación estructural de nuestro país exige la conformación de un liderazgo colectivo que contribuya transitar hacia el socialismo y releve el liderazgo de Chávez en el momento en que las circunstancias así lo ameriten. Para ello, la acción estratégica del PSUV es fundamental que sea acorde a las necesidades y luchas del Poder Popular, asumiendo un relevo con nuevos liderazgos carismáticos desde una perspectiva movilizadora de las masas para su liberación en un nuevo Estado Comunal.

 

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