¿Un éxodo venezolano?
Por Ávila Keymer
La migración Venezolana es hoy tema de debates políticos, relaciones bilaterales y trabajo de ONG. Y no menos importante, de propaganda ideológica. Pero, ¿cuáles son realmente sus magnitudes y quiénes migran? ¿Cuánto de propaganda y cuánto hay de realidad? ¿Cuáles son las funcionalidades políticas y económicas que subyacen detrás de estos eventos? El gobierno venezolano niega las dimensiones del éxodo e implementa un plan de retorno con finalidades publicitarias. Mientras tanto, la xenofobia crece en América Latina y se evidencia la necesidad de generar nuevas formas de abordar el problema.
Durante los últimos meses, los migrantes venezolanos han ocupado lugares importantes en los medios y en la agenda política internacional. Por tierra, mar y aire se desplazan en busca de mejores condiciones de vida. Algunos hacen riesgosas caminatas de 16 horas diarias, por rutas que pueden alcanzar 3.500 kilómetros, muchos de ellos duermen en las calles; otros arriesgan su vida en el mar o hasta como polizontes tratando de colarse en un avión. Colombia pide ayuda económica para atenderlos, Perú declara el estado de emergencia sanitaria en la frontera y Brasil moviliza sus tropas. El representante especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados venezolanos considera esta crisis migratoria de Venezuela como inédita en América Latina. Se ha especulado mucho sobre este fenómeno, pero ¿cuáles son realmente sus magnitudes y quiénes migran?, ¿cuánto de propaganda y cuánto de realidad hay en las noticias sobre este tema?, ¿cuáles son las funcionalidades políticas y económicas que subyacen detrás de estos eventos? En este ensayo se intentan responder algunas de estas preguntas.
Para 2017 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimaba que habían emigrado 1.426.336 venezolanos. En el periodo 2000-2017 se puede apreciar un incremento en el número de migrantes regulares de 41%. Las cifras de la OIM son mayores: para el primer semestre de 2018 ascendía a 2.328.949, lo que representaría al menos un aumento de 900% respecto al año 2015. Esta cifra representa aproximadamente 7% de la población venezolana. Cuando se analizan las cifras del ACNUR, queda claro que las solicitudes de asilo y refugio también han aumentado vertiginosamente entre 2014 y lo que va de 2018, al menos en 4.304%. Es de advertir que estas cifras solo consideran a los migrantes oficialmente registrados, es decir, subestiman la dimensión real del fenómeno, que se caracteriza por su informalidad y precariedad registral.
Un poco de historia
Hasta hace unas décadas Venezuela se caracterizaba por ser un país receptor de migrantes. En el imaginario colectivo aún se tiene presente la política promovida por Marcos Pérez Jiménez, quién en la década de 1950 incentivó la inmigración de campesinos y trabajadores provenientes de España, Italia y Portugal, que huían empobrecidos después de la Segunda Guerra Mundial, en un intento de «modernizar» y «blanquear» el país («mejorar la raza»). En contraste, se estigmatizaba a los inmigrantes provenientes de Colombia, Perú, Ecuador y las Antillas, que veían en Venezuela una tierra de oportunidades.
A partir del año 1973, con el boom petrolero, aunado a las dictaduras del Cono Sur, hubo otra gran oleada de migrantes hacia Venezuela. Esta situación cambia con las sucesivas devaluaciones de la moneda a partir del «viernes negro» (1983) y la crisis socioeconómica que devino en el Caracazo (1989), que marcan quiebres políticos e institucionales en el país. Luego de estos acontecimiento pueden detectarse las primeras oleadas de emigrantes venezolanos. El perfil de los migrantes en ese momento era profesional, muchos de ellos eran descendientes de los europeos llegados en la década de 1950.
Durante la era del chavismo en el poder se distinguen tres oleadas migratorias: la primera entre 2002 y 2003, luego del golpe de Estado fallido contra el presidente Hugo Chávez y el paro petrolero; la segunda entre 2006 y 2007, con la primera reelección del presidente Chávez; y la tercera, más grande, durante los últimos ocho años, que ha ido incrementándose con el tiempo, especialmente a partir de 2015. Las primeras dos mantenían el perfil del migrante de finales de los años 80: profesionales, empresarios, capas medias y altas de la sociedad. La tercera tiene un perfil más democratizado, que abarca a toda la estructura social venezolana, y por consiguiente una mayor cantidad de personas humildes.
El cese de la redistribución de la renta petrolera
Entre 2008 y 2012 el discurso oficial celebraba que Venezuela se encontraba entre los primeros lugares de los países más felices del mundo. Aquella caracterización ya no refleja la realidad. En efecto, las condiciones socioeconómicas de la Venezuela actual han empeorado y esto ha afectado el disfrute de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), así como de los civiles y políticos, que se constituyen en factores generadores de la migración actual.
La crisis institucional y política se intensifica a partir de 2013, confluye con problemas de diversa naturaleza, pero es principalmente económica. El país está atravesando una recesión y reducción sostenida de la producción petrolera, que se inicia al menos tres años antes de las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Donald Trump.
Esta situación trae como consecuencia la reducción del PIB, junto a otros fenómenos como hiperinflación, escasez general de productos, en especial de alimentos y medicinas, devaluación de la moneda, disminución de la capacidad de consumo, pobreza generalizada y un progresivo deterioro en la prestación de servicios públicos básicos.
En lo político-institucional, la muerte del presidente Chávez, ocurrida durante el primer trimestre de 2013, trajo como consecuencia crisis de liderazgos, así como la pérdida de legitimidad y hegemonía formal del partido de gobierno. En diciembre de 2015, la oposición consiguió el dominio formal del Poder Legislativo. Esta victoria opositora generó una cadena de desconocimientos recíprocos entre los distintos poderes públicos con una serie de consecuencias: una ola de protestas en el año 2017, que fueron duramente reprimidas; la imposición de una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente; la destitución de la Fiscal General de la República por parte de este ente, así como unas elecciones regionales y presidenciales que han sido cuestionadas y desconocidas por amplios sectores.
Finalmente, se afrontan graves problemas en materia de seguridad ciudadana, con altas tasas de homicidios (62 por cada 100.000 habitantes para 2017) y de violencia institucional (las muertes en manos de las fuerzas de seguridad abarcan 26% de los homicidios en el país), que solo reproducen e incrementan un continuo ciclo de violencia estructural. Según Human Rights Watch, la acumulación de estos factores basta para que una persona obtenga la condición de refugiada.
La procesión va por dentro
Como ya se ha señalado, en un primer momento la migración mayoritaria estaba compuesta de profesionales calificados. Este perfil parece haberse conservado al menos hasta 2014, lo que no significa que el éxodo de profesionales haya cesado en la actualidad. Para 2016, más de 883.000 profesionales se habían ido del país; 90% de estos emigrantes eran universitarios, 40% tenía una maestría, 12% doctorado y posdoctorado. Pero lo más importante es la experiencia que cada una de estas personas posee; el caso de los médicos es uno de los más emblemáticos. Las investigaciones sugieren que una tasa de emigración de recursos humanos calificados de entre 5% y 10% puede ser considerada normal o incluso beneficiosa para el crecimiento económico del país de origen, mientras que tasas mayores pueden actuar en detrimento del desarrollo del país. Lamentablemente, la emigración calificada venezolana excede en mucho ese límite.
En 2017 la deserción estudiantil fue de 29% en la Universidad Central de Venezuela, una de las mayores de la última década. Esta situación se replica en los posgrados. En el caso de las facultades de Medicina y Ciencias, 50% del alumnado ha abandonado la carrera. La carencia de insumos, reactivos, equipos médicos y profesores frustra la posibilidad de alcanzar el título universitario. La deserción de profesores llega al menos a 40% y en el caso de carreras científicas este porcentaje puede incrementarse a 80%. Las universidades apenas reciben entre 15% y 18% del presupuesto que realmente necesitan.
Según una encuesta de Datincorp de 2016, las tendencias partidistas de las personas con vocación de migrar indicaban una polarización: 71% de los opositores quieren irse del país, mientras que ese mismo porcentaje de seguidores del gobierno prefería quedarse. Para algunos analistas las tendencias partidistas de los migrantes, junto con los discursos oficiales y las funcionalidades políticas resultantes de estos procesos, podrían servir como indicios para pensar en la existencia de una política no oficial de emigraciones forzadas.
Más recientemente, el perfil de los migrantes se ha democratizado: ahora abarca todas las clases sociales, lo que afectará también su homogeneidad, procedimientos, vías y destinos. Inicialmente partían vía aérea hacia Estados Unidos, España, Panamá o Colombia, pero ahora las vías se han diversificado. Incluyen las fronteras terrestres con Colombia y Brasil con destino a esos países u otros como Ecuador, Perú, Chile o Argentina. Otros arriesgan sus vidas en el mar para intentar llegar a las islas del Caribe. Una encuesta de Consultores 21 difundida en enero de este año indicaba que al menos 33% de los sectores populares quiere ir a vivir al exterior. Esto debilita la fuerza de trabajo en el país. La migración de las clases medias bajas y los más humildes ha generado una ola de reacciones negativas en los países receptores, que otrora les tendían alfombras rojas cuando eran profesionales capacitados o turistas ávidos de pasar sus tarjetas de crédito con dólares preferenciales, que luego serían vendidos en el mercado negro. Pero ya se acabó la fiesta del «turismo cambiario».
Xenofobias y discriminaciones
La migración de la gente humilde es la que despierta estos sentimientos: personas que paradójicamente realizan los trabajos que no todos están dispuestos a aceptar y que coadyuvan a que el statu quo mantenga sus comodidades y privilegios. De esta manera los venezolanos en el exterior se proyectan como chivos expiatorios funcionales para distraer la atención de los problemas nacionales de los países receptores.
Los venezolanos no solo son señalados como la causa del incremento de la inseguridad de los países receptores, también se les acusa de ser focos de todo tipo de patologías, tanto físicas como sociales. En Colombia responsabilizan a las venezolanas de ser motivo del aumento de las infidelidades y hasta de la desintegración de las familias. Cualquier suceso negativo que pase en estos países ya tiene unos perfectos responsables: los venezolanos son presentados como la encarnación del mal.
Estos discursos tienen sus consecuencias: ya se han reportado protestas y agresiones contra los migrantes venezolanos en Panamá, Perú, Brasil y Ecuador. Se ha denunciado también la existencia de fosas comunes con restos de personas migrantes, se documentó el caso de un venezolano linchado en Brasil y en Colombia la muerte de venezolanos se ha incrementado 244%; al menos 18 venezolanas han sido asesinadas en el extranjero, entre 2017 y lo que va de 2018. Según Human Rights Watch y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de manera simultánea se dificultan los accesos, los permisos y el otorgamiento de asilos para los venezolanos.
Por su parte, el discurso oficial del gobierno venezolano niega la existencia del fenómeno migratorio, calificándolo como una «campaña contra el país», un «montaje» o «fake news». Señala que sus migrantes son parte de la burguesía apátrida, conformada por gente rica o clase media, hijos de migrantes europeos, que en ocasiones se van engañados por la oposición política y terminan «lavando pocetas»; en otras, se llevan cuantiosas cantidades de dinero. Nunca se reconocen las causas que motivan tal éxodo. Tampoco el gobierno asume que en la actualidad la base social que se pretende abrogar, los pobres y los excluidos, también se están marchando del país. De esta manera, buscan, por una parte, banalizar estos hechos; por la otra, descalificar a quienes han decidido emigrar. Tal como sucede con otros problemas nacionales, el discurso negacionista y justificador del gobierno sobre la situación de la emigración de venezolanos ha sido la regla durante los últimos años.
Más recientemente, ante el innegable problema internacional que esta situación ha ocasionado, el gobierno responde reivindicando viejos discursos xenófobos nacionales, esgrimiendo que ha gastado cuantiosas sumas de dinero en políticas sociales para inmigrantes colombianos, peruanos y ecuatorianos, por las cuales incluso reclama indemnización.
Como último recurso propagandístico ha creado el «Plan Vuelta a la Patria» para facilitar el retorno de venezolanos al país, cuyo detonante principal fueron los ataques sufridos por venezolanos en el estado de Roraima en Brasil a finales del mes de agosto. Sin embargo, este incipiente plan no tiene mayor capacidad para marcar una diferencia significativa ante este fenómeno, ya que no ataca los factores que lo provocan.
La rentabilidad de la diáspora
La explotación, la exclusión y las necesidades básicas son siempre rentables desde muchos puntos de vista. Con esta ola migratoria de venezolanos hay funcionalidades tanto políticas como económicas.
Desde el punto de vista político, los gobernantes de los países receptores cuentan con chivos expiatorios con los cuales desviar la atención de sus respectivas agendas y problemas nacionales. Para el gobierno venezolano también es rentable políticamente: con este éxodo de personas se disminuyen considerablemente los cuadros medios que pueden hacerle una oposición activa o que podrían renovar a estos sectores, así como su participación electoral. Además, la migración sirve como una válvula de escape a la tensión social que implica la crisis.
Por otra parte, se crean espacios para la captación de ingentes recursos internacionales para los gobiernos que sirven como anfitriones. La Unión Europea y Estados Unidos han proporcionado al menos unos 136 millones de dólares desde finales de 2016 a estos países. El gobierno de Venezuela también ha informado que le solicitará a la ONU 500 millones de dólares para la repatriación de venezolanos. Sin perder de vista la posibilidad de poder echarle mano a las remesas.
Claro está, que las oportunidades para los negocios también caen aguas abajo: burócratas de distintos niveles cobran cientos y miles de dólares por la formalización de cualquier documento necesario para los migrantes. Mientras más dificultades, trabas y dilaciones tengan estos procesos, más lucrativo se hace el negocio. También las redes de tráfico de personas ven en estas circunstancias un aumento para la captación de nuevas mercancías, que se encuentran cada vez más en las condiciones de mayor vulnerabilidad de los migrantes, expuestos a la explotación laboral y sexual y, en general, a la violencia, discriminación y xenofobia.
Finalmente, proliferan expertos, opinadores, grupos de estudio, fundaciones y ONG, que se abren camino sobre este fenómeno que promete dar de que hablar por un tiempo y facilita un posicionamiento en la agenda pública y, en consecuencia, posibilidades de financiamiento.
Si los países receptores no adoptan políticas de integración para esta oleada de migrantes, estarán condenando a estos grupos humanos a circuitos de exclusión e ilegalidad, lo que podría incrementar sus problemas políticos e institucionales internos. Sus gobiernos deben tomar en cuenta las recomendaciones emitidas recientemente por el ACNUR, la CIDH y HRW.
El gobierno venezolano, por su parte, debe reconocer la situación, es decir, bregar por la protección de los derechos de sus conciudadanos dentro y fuera del país, lo que pasa por otorgar los documentos de identidad fundamentales para su tránsito legal. Los migrantes venezolanos son doblemente invisibilizado por su gobierno: primero porque no reconoce la situación que los ha llevado a migrar y, más tarde, cuando no son reconocidos/atendidos en los países de destino.
Mientras tanto, hay que pensar creativamente cómo la sociedad venezolana podría actuar ante este éxodo. Las causas que motivan esta huida no tienen pronta ni una mágica solución. Hay que buscar las maneras para que el país y su gente se mantengan vinculados, tejer redes y construir puentes entre los que se han ido y los que se quedan. Más allá de lo económico o las remesas, es vital el flujo también de conocimiento, información, capacidades técnicas, creación de espacios para el encuentro y el trabajo conjunto. Hay que encontrar alternativas en estos duros tiempos que nos toca vivir. La unión de esta multiplicidad de experiencias es necesaria para la reconstrucción del país.
* Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales y Profesor de Criminología en Pre y Postgrado en la Universidad Central de Venezuela. Colaborador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Entre sus líneas de investigación se encuentran: sistemas penales, dimensión dinámica (seguridad, policía, investigación penal, legislación, medios de comunicación) y estática (teorías, ideologías y racionalidades punitivas).
Publicado por Nueva Sociedad, octubre 2018
