Rio de Janeiro, el Mundial de los desalojos

 

 

El estacionamiento de la Catedral Metropolitana de Rio de Janeiro hoy es el hogar de un grupo de personas, entre ellos mujeres embarazadas y niños, que fueron sucesivamente expulsados de diferentes lugares de la ciudad en esta última semana. Eran parte de los más de 5 mil habitantes que ocupaban un antiguo edificio de la TELERJ (compañía telefonía de Rio de Janeiro), abandonado casi 10 años atrás y localizado en el suburbio de la ciudad.

El terreno ocupado, de 50 mil metros cuadrados, era parte de un acuerdo firmado en julio de 2012 entre el gobierno de la ciudad y la empresa telefónica Oi, Telecom [empresa privada que compró la antigua TELERJ], para la construcción de un barrio popular, el Barrio Carioca [1]. En el discurso inaugural del Barrio Carioca [2], la presidenta Dilma Rousseff dijo: “Y ahora, yo me quedo todavía más feliz de saber que fue firmado un acuerdo con la Oi.  Hoy, la ciudad, a través de Eduardo Paes [Jefe de Gobierno de la Ciudad], obtuvo un terreno de la Oi,  que va a permitir que nosotros construyamos mas de 2.240 viviendas.” En la ocasión, el entonces gobernador Sergio Cabral también comentó la transacción: “Hoy el gobierno de la ciudad firmó la compra de una área de la Oi”.1

A finales de marzo de este año, un grupo de personas iniciaron la ocupación del edificio y en menos de 3 semanas se convirtió en una verdadera comunidad, con espacios divididos en función de las necesidades de cada familia o grupo, energía eléctrica y agua proveniente de las cisternas próximas. Era habitantes de las favelas de Manguinhos, Jacarezinho e Rato Molhado, de la Baixada Fluminense. Según relatos dados para Pavio por estas personas, algunos de ellos habían sido retirados de áreas de riesgo y otros se encontraron en una situación desesperadas cuando no pudieron más pagar el alquiler en las favelas que vivían. Vale resaltar que la especulación inmobiliaria está llegando a estas áreas, hoy ocupadas por la policía militar en el proceso que se denominó “pacificación de las favelas de Rio de Janeiro”.

El viernes 11 de abril a las 5 AM, 1.600 policías militares llegaron al lugar para desalojar a estas familias. Todos los relatos que escuchamos cuentan la truculencia y la falta de respeto de las fuerzas policiales que  despertaron a estas personas y las expulsaron del edificio.

“Ellos nos tratan como si fuésemos animales, violentamente. Había chicos, mujeres embarazadas, ancianos, deficientes.  Llegaron diciendo; ‘Vamos a desocupar. Son ordenes superiores. Si no salen con amor van a salir con dolor’. Hubo mucha gente que resistió, que dijo que no iba a salir porque no tenía para donde ir. Ellos comenzaron a invadir los ranchos, pegándole a todo el que estaba adentro, llamando a las mujeres de putas… Ellos llegan pensando ‘vamos a entrar y sacar a todo el mundo de aquí porque acá solo hay animales”.

Durante el desalojo, que la policía condujo con armas letales empuñadas, hubo heridos por balas de goma en el rostro y en la espalda, chicos sofocados por el gas lacrimógeno y ancianos que quedaron inconscientes y tuvieron que ser hospitalizados, además de aproximadamente 30 detenidos. El desalojo fue ordenado por la justicia para reintegrar el edificio a la empresa Oi. La explicación del Gobierno de la Ciudad es que en realidad la transacción de compra nunca fue efectivizada.

Después del desalojo, un grupo de 300 personas fueron hasta la sede del Gobierno de la Ciudad, en busca de una respuesta del poder público frente a esta situación. En la calle, los desabrigados recibieron donaciones y el apoyo de la población. Militantes, medios independientes de comunicación y abogados de derechos humanos llegaron al local y permanecieron durante 6 días alternándose en vigilia para evitar nuevas agresiones, como la que aconteció el día 12. En esta ocasión, cuando algunas personas, por causa de la lluvia, trataron de refugiarse en la estación del subte, fueron nuevamente retiradas a la fuerza.

“Había policías que le pegaban a las personas, tiraban bombas… Hoy ellos nos tiraron esa cosa que arde en el ojo. Entonces nosotros nos pusimos una cosa en la cara para que pare de arder. Ellos también le pegaron a un chico” (Relato de Arielle, 6 años).

Durante la semana permanecieron en la Sede de Gobierno, algunas personas fueron registradas en programas de asistencia social municipal. Abogados de organismos defensores de derechos humanos denunciaron que los datos de 400 personas registradas por el gobierno de la ciudad fueron entregados a la Policía Civil para ser procesados por la ocupación del edificio de la Oi. El comisario Leandro Ferreira admite que de hecho pidió los registros, pero aclara que eso no significa que todas las personas serán procesadas, la intención es “identificar a los lideres”.[3]

Finalmente, el viernes de Semana Santa, la Guardia Municipal con el apoyo del Batallón de Choque [de la policía militar, usado para confronto en manifestaciones], a las 3 AM expulsó nuevamente a las familias, utilizando palos y escudos. Cargando sus pocas cosas, como colchones, mantas y algunas donaciones de comida que todavía tenia, los expulsados fueron andando por la ciudad, ayudados por militantes y periodistas independientes, que minutos antes habían hecho una barrera humana para tratar de evitar la violencia. Caminando atravesaron todo el centro de la ciudad hasta la Catedral, motivados por la ilusión de que la Iglesia Católica se solidarizase con toda la situación. Hoy todavía esperan alguna posición. Hasta ahora la única respuesta del poder público fue la oferta de 34 lugares en un abrigo municipal. Como no contemplaba a todo el grupo y porque creen que esta seria una medida paliativa que no resolvería el problema, los desalojados no aceptaron.

Según el último censo del IBGE3, hoy en Brasil existen más de 11 millones de personas viviendo en “aglomerados subnormales”. Para este órgano del gobierno esta categoría está representada por conjuntos habitacionales cuyos habitantes no tienen titulo de propiedad y carecen de servicios públicos esenciales. Esto significa que el 6% de la población del país que representa la séptima economía mundial del mundo vive en favelas. En Rio de Janeiro, el IBGE estimó que, en 2010, existían 1.700.000 personas viviendo en favelas, 15% del total de habitantes de este municipio. Sin embargo, las asociaciones de vecinos de varias comunidades dicen que estos números están subestimados. En la Rocinha, por ejemplo, el órgano público apunto que existen 69.356 habitantes, mientras que los líderes comunitarios trabajan con un numero de 165.000. Entre las explicaciones para esta diferencia, esta la difusa delimitación urbanística de las favelas y las dificultades que los censores encuentran para llegar hasta algunas áreas de la favela. Otra critica es que algunos habitantes de favelas tienen un titulo de propiedad, pero esto no significa que los servicios públicos básico lleguen hasta ellos.

Si en las favelas encontramos ciudadanos viviendo en situaciones “subnormales”, que podemos decir de la población que vive en las calles de Rio de Janeiro? El derecho a la vivienda es un Derecho Fundamental, garantizado por la Constitución brasilera como un derecho social en su artículo 6. Sin embargo, estas personas son invisibles para el poder público, ya que ni el IBGE se ocupa de conocer su situación. El año pasado, la Secretaria Municipal de Desenvolvimiento Social realizó, por primera vez, un censo de la “población de calle”[4], e  informó que 5.580 personas viven en la calle en este municipio. Una vez  mas , estos numeros estan minimizados, principalmente si consideramos los datos del propio gobierno municipal de 2012, que muestran que en el albergue Rio Acolhedor, fueron acogidas 56.507 adultos [5]. Inclusive considerando que a una misma persona pueda haber sido conducida al abrigo en más de una oportunidad, la disparidad entre los datos es llamativa. Vale la pena comentar que en una visita al albergue, realizada en febrero de este año, el Ministerio Publico calificó a este lugar como “deposito infecto de seres humanos” y declaró que iniciará una acción civil pública contra el gobierno de la ciudad [6].

El Núcleo de Derechos Humanos de la Defensoría Publica del Estado de Rio de Janeiro realizó una investigación para trazar un perfil de las personas que viven en la calle y los resultados derriban mitos urbanos. Al contrario de lo que muchas personas piensan, solamente el 13% de las personas que viven en la calle son analfabetos, 65% no beben y 62% no usan drogas[7].

La situación dramática en que se encuentra gran parte de la población en Rio de Janeiro y otras ciudades de Brasil se agravó frente a los mega-eventos con sede  en el país, como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.  Según informa el Comité Popular Rio Copa y Olimpiadas, 5 mil familias en Rio de Janeiro serán retiradas de sus comunidades hasta el 2016, por habitar regiones donde serán construidos estadios, villas olímpicas, vías rápidas, estacionamientos, parques deportivos y  hoteles.[8]

El modelo de desarrollo económico, ambiental y social dominante produce la fragmentación de los territorios y la exclusión de la población pobre, de un numero cada vez mayo de regiones de la ciudad, con la intención de adecuar el espacio urbano para estimular el flujo de capitales extranjeros, el turismo e inversiones de grandes empresas del sector inmobiliario. En Rio de Janeiro está aconteciendo una verdadera “limpieza”  del espacio urbano, aliada a una creciente criminalización de los movimientos sociales de resistencia y a una fuerte propaganda mediática que insiste en repetir la ilusión de la “ciudad para todos”, “ciudad moderna”, “ciudad segura”. Falta saber hasta cuando las tensiones generadas en el espacio urbano, podrán ser resueltas por la fuerza, ya sea política o policial.

 

 

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