Reflexiones en torno a la lucha socioambiental en Argentina

El Espacio Chico Mendes se va conformando –no casualmente– desde fines del año 2007 y adquiere constitución formal, adoptando el nombre que lleva hasta hoy, durante el 2008.

Este período resulta clave en la lucha socioambiental en la Argentina, más aún si analizamos hoy las circunstancias que nos interpelaron y dieron origen a este intento particular de intervención en la problemática. Creemos que en un primer momento la respuesta es visceral, producto de las injusticias manifiestas que significa el daño infligido a un hermano, así se encuentre a cientos de kilómetros de distancia. Pasado ese momento primigenio, vale la pena echar una mirada sobre él para extraer conclusiones, valorar debilidades y fortalezas de las respuestas ensayadas, poner en cuestión la idea de ambientalista que surge del sentido común de la sociedad y que se pone en juego en esta lucha. El desafío apremia, teniendo en cuenta que desde los sectores de poder existe un consenso explícito en torno al discurso que reduce lo ambiental a una defensa de lo natural en tanto un complemento externo y exótico, que poco tendría que ver con la vida de los pueblos. Un imaginario que concluye en que el precio a pagar, el llamado costo ambiental, es menor frente al progreso y al desarrollo que redundarían automáticamente en beneficio del conjunto. Hace no mucho tiempo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, comenzó a apelar a este sentido común contra las diferentes manifestaciones de los vecinos de Famatina, Tinogasta, Andalgalá, Santa María y Belén, en el norte del país. En el mismo sentido, el gobernador de La Rioja Beder Herrera (que accedió a su cargo haciéndose eco de los reclamos de las asambleas antimineras, para luego traicionarlas), fue aun más específico en su caracterización, al acusar a los asambleístas que mantienen el corte en Famatina como “violentos hippies” que “viven gratis y tienen actividades non sanctas”.[1]  

Sostenemos que el imaginario del ambientalismo tradicional, hace años que no se corresponde con la realidad de las luchas socio-ambientales en América Latina. En nuestro país, los que enfrentan la ofensiva extractivista (como la denominan diversos autores), no son las Fundaciones u ONGs ecologistas. En realidad, estas luchas son llevadas a cabo por un sujeto plural y heterogéneo, entre los que podemos encontrar trabajadores rurales y urbanos, diversos productores de mediana o pequeña escala, sectores populares urbanos (desocupados, habitantes de villas/asentamientos), que se articulan bajo el formato de asambleas populares.

Una somera cronología ayuda a situar estos conflictos en su contexto, pudiéndose advertir que las resistencias populares son incluso anteriores a la instauración del nuevo modelo de acumulación, que algunos autores definen como neodesarrollista (Katz, 2006), poniendo énfasis en sus rasgos de continuidad:

1996:  El pueblo de Corpus en Misiones rechaza la instalación de una mega represa, por medio de una consulta popular. Pese a los intentos actuales por parte del gobierno nacional, esa represa no se ha podido instalar, dado el antecedente de la consulta. Ese mismo año, los pueblos de la Patagonia se alzan en lucha contra la aprobación de un basurero nuclear en la localidad de Gastre, Chubut. Impiden la instalación del mismo, a pesar de que la CNEA ya la había aprobado, con el aval de las autoridades nacionales.

2003: Rotundo triunfo del NO en el plebiscito de Esquel, que su pueblo tomó como norte e impuso para enfrentar a la empresa minera canadiense Meridiam Gold. En los conflictos contra la megaminería, el antecedente de este mecanismo de consulta popular fue la experiencia de Tambo Grande, en Perú en el año 2002.

2006: La discusión sobre el medio ambiente recorre toda la geografía del país, a partir de la repercusión de la lucha del pueblo de Gualeguaychú, organizado en la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú contra la instalación de las pasteras Botnia y ENCE. Los vecinos de González Catán, en la provincia de Buenos Aires, impiden la entrada a los camiones del CEAMSE en su localidad y son detenidos. Si bien no logran el cierre del relleno sanitario, ponen en la agenda pública la injusticia ambiental que resulta de la gestión privada de los residuos, instalando así las luchas socioambientales en las ciudades. El 21 de julio del 2006, se realiza en Colonia Caroya, provincia de Córdoba, un primer encuentro, a partir del cual se constituye la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que agrupa entonces más de sesenta asambleas que fueron surgiendo de la lucha contra la megaminería a cielo abierto.

 

Estos hechos cobran sentido teniendo como trasfondo los cambios en el modelo de acumulación ocurridos durante las últimas décadas. Si bien es posible retrotraer el origen de este proceso hasta la instauración a nivel global del capitalismo financiero, a mediados de los años setenta, creemos oportuno detenernos en ciertos aspectos relevantes establecidos durante el apogeo de las políticas neoliberales en los noventa. De este modo podremos resaltar las continuidades que trascienden el cambio de modelo a partir de la post-convertibilidad.

En el caso de Argentina, la salida de la convertibilidad y la consecuente devaluación de la moneda implican una abaratamiento de hecho, tanto de la fuerza de trabajo como de los bienes comunes de la naturaleza, generándose de esta manera condiciones atractivas para la inversión privada en sectores competitivos, es decir, donde la demanda del mercado global asegura altos márgenes de ganancia. Si en la década anterior el flujo de capitales estuvo relacionado particularmente con el sector de los servicios públicos privatizados, con la post-convertibilidad el flujo de capitales se reorienta hacia la obtención de los bienes naturales. La competitividad de la economía argentina, luego de la crisis de 2001, se sustenta así en estos dos pilares: el abaratamiento paralelo de la mano de obra y el de los recursos del suelo argentino.

En este sentido, el nuevo modelo implica la profundización y puesta en marcha con todo vigor de ciertas políticas implementadas incipientemente durante el período de reformas de mercado. En el ámbito institucional, destacamos la descentralización del control y explotación de los recursos naturales, que pasan a estar en manos de las provincias con el fin declarado de financiar los sistemas de salud, educación y administración pública locales, que a su vez se vieron también descentralizados. De esta forma, se fragmenta el poder de decisión sobre el uso de bienes naturales del suelo argentino. Las provincias pasan a negociar en forma independiente la gestión de sus recursos frente a capitales altamente concentrados, lo cual genera condiciones de negociación altamente desfavorables para el desarrollo del conjunto. La importancia de dicho fenómeno puede dimensionarse, por citar dos ejemplos, tanto en los conflictos suscitados alrededor de la instalación de las megamineras, como en los generados en torno a la explotación y gestión de los recursos hidrocarburíferos, donde las provincias petroleras jugaron un rol por demás clave.

Luego de la devaluación, se expanden notablemente aquellos sectores ligados a las prácticas extractivas, tanto el agropecuario como en el de minerales metalíferos, anteriormente insignificante, lo que da lugar a un reforzamiento de la reprimarización de la economía.[2] Por un lado, la expansión del monocultivo de soja (con todas sus técnicas asociadas) ha rebalsado los límites de la pampa húmeda. Aquellas tierras extra pampeanas que antes carecían de un valor significativo para los grandes productores agrícolas, son ahora susceptibles de ser explotadas con dicho monocultivo, lo cual implica la necesidad de expropiación de tierras en manos de campesinos y pequeños productores. Por otro lado, la práctica de la megaminería a cielo abierto implica procesos de extracción y separación de metales altamente nocivos que afectan no solo a los territorios aledaños, ya que extienden sus efectos nocivos a través de la contaminación del aire, ríos y aguas subterráneas.

Dentro de esta misma lógica se insertan los proyectos relacionados con la obtención de energía para sostener este modelo, que no sólo suponen la extracción de petróleo (incluyendo la extracción de gas no convencional, con altos impactos ambientales negativos), sino también la construcción de nuevas centrales nucleares y megarepresas.

Son estas necesidades de la acumulación capitalista las que mueven el renovado proceso extractivista.[3] Y es esta fuerza la que provoca el cercamiento de inmensas porciones de tierras que son presentadas como libres desde el punto de vista del capital, pero que constituyen el soporte material de poblaciones locales, que se valen de prácticas productivas organizadas en unidades menores en torno a las cuales reproducen formas particulares de vida, donde el trabajo está estrechamente ligado a los mercados locales y las necesidades populares.

En las grandes ciudades, se dan procesos similares con otros actores. Se producen cambios en los usos del suelo que benefician a los promotores inmobiliarios, los cuales traen como consecuencia la apropiación privada de espacios públicos[4], el encarecimiento de la vivienda y el colapso de la infraestructura existente[5], efectos todos que confluyen en un generalizado deterioro en la calidad de vida. Mientras tanto, miles de personas son condenadas a vivir en villas y asentamientos, sin acceso a las condiciones más básicas de bienestar (acceso a agua potable, cloaca, recolección de basura). Por otro lado, se invierten grandes sumas de dinero público en infraestructura para el transporte privado automotor, mientras el transporte público se desfinancia cada día más. El resultado más evidente es la congestión del tráfico, las contaminaciones asociadas a ello, y la aceptación de que la ciudad debe ser vivida de manera privada.

Ambos escenarios, o mejor dicho el correlato del nuevo modelo en el campo y la ciudad, dan cuenta de las luchas por ejercer la soberanía sobre los territorios, hoy bajo la potestad del capital. En estas luchas se disputan formas de apropiación de los recursos que implican lógicas diferentes. Por un lado, aquella que emerge de las poblaciones locales y suponen una relación con el territorio en tanto estructuración de una forma de vida y una relación con la naturaleza de largo plazo. Por otro lado, aquella apropiación que se relaciona meramente con la consecución de ganancias en el menor plazo de tiempo posible, lo cual conduce a una forma de apropiación de la naturaleza y del suelo fundamentalmente depredadora. Podemos decir, de este modo, que esta lucha de territorialidades es la que se expresa a partir de los diferentes conflictos presentes a lo largo país.

 

Es en este contexto, de luchas entre poblaciones locales e intereses transnacionales por el control de los bienes naturales, que van emergiendo nuevos sujetos. Entre estos, podemos nombrar en primer lugar a las asambleas contra la megaminería a cielo abierto, surgidas como reguero de pólvora luego del protagonismo popular demostrado por el pueblo de Esquel. Son estas organizaciones populares las que enfrentan día a día la represión y los abusos de parte del poder político y empresarial: no son ONGs ambientalistas, como sostienen confusionistamente desde el poder político. Son asambleas integradas por personas de diferentes extracciones sociales, profesiones y adhesiones políticas. Esta experiencia fue luego replicada en los diferentes conflictos socioambientales del país y, aunque han obtenido resultados dispares en términos organizativos, no cabe duda que hoy estas asambleas son un reconocido sujeto político del campo popular.

Reflexionando sobre el momento que atraviesa el movimiento socioambiental, identificamos tres elementos que, creemos, deben ocupar el centro del debate: un primer obstáculo es la fuerte impronta localista de muchos reclamos; en segundo lugar el carácter sectorial de las reivindicaciones; y, por último, la necesidad de visualizar una salida política a las demandas.

En torno al primer elemento muchos autores llaman a este fenómeno NIMBY, que por su sigla en inglés significa not in my back yard (no en mi patio trasero). La reacción frente a la instalación de cualquier emprendimiento que afecte la calidad de vida de una familia o de una persona, es en muchos casos imprescindible para que se puedan dar los procesos de organización y de cuestionamiento del orden social vigente. Sin embargo, vemos que en los argumentos que se utilizan en los conflictos, el efecto NIMBY se transforma en un eje aglutinador permanente, impidiendo la visualización de las causas. Un ejemplo surge de las continuas disputas por la la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. En los últimos tiempos, y a partir de la lucha de los vecinos, todos los actores (excepto los empresarios que gestionan el negocio de la basura) rechazan la instalación de los rellenos sanitarios del CEAMSE en sus localidades. Es decir que todos son parte del fenómeno NIMBY, pero en ningún momento se cuestiona la necesidad de detener la generación de residuos, cuya proliferación empalma con la lógica de toda empresa capitalista de buscar mayor ganancia, sea buscando bajar costos (materiales menos durables) o programando nueva demanda (obsolescencia programada). Planteos NIMBY también se pueden ver en diferentes casos, incluso con argumentos distintos a los que podemos sostener desde una ecología popular.[6] Afortunadamente, muchos planteos de este tipo no han sido más que iniciales, si bien en algunos casos pueden seguir sosteniéndose este tipo de posturas.

Otro elemento a considerar es el carácter sectorial del ecologismo que practica parte del movimiento ambiental. Esto creemos que no es una característica específica del movimiento ambiental argentino, sino que tiene raíces en los orígenes de las discusiones sobre el medio ambiente, en parte debido a la fuerte influencia del pensamiento malthusiano en los primeros planteos de las discusiones sobre los impactos ambientales globales.[7] Según muchos de estos planteos, era la acción del hombre (entendido en un sentido genérico) sobre la tierra la que estaba amenazando la reproducción de la naturaleza. Estas discusiones nutrieron el pensamiento ambiental durante mucho tiempo, impidiendo ver patrones comunes entre las problemáticas sociales del capitalismo en general, derivadas de la explotación de los trabajadores y la depredación de la naturaleza. Algunos de estos presupuestos llevan a muchos a caer en determinismos de tipo ambiental, y con ello se aproximan más al pensamiento conservacionista que a una ecología popular, impidiendo unificar demandas y proyectos políticos con otros sectores, como trabajadores (rurales y urbanos, ocupados y desocupados), feministas, organizaciones culturales, territoriales y políticas. Sin embargo, es válido rescatar los ejemplos contrarios: en el día del trabajador de este año, la Asamblea Popular por el Agua de la ciudad de Mendoza declaró que

 

En un mundo capitalista, un continente desigual, y un país periférico dominado por empresas que buscan acumular a más no poder, no hay discriminación sobre bienes comunes o seres humanos a explotar. Todo sirve para ganar más. Tanto los ríos, las montañas, la tierra, la naturaleza misma como el trabajo humano.[8]

 

La última cuestión a resaltar es de carácter político, y si bien no es exclusiva del movimiento ambiental, su combinación con elementos señalados anteriormente le dan un carácter más importante que en otros sectores del movimiento popular. Una de las consignas tradicionales del ecologismo es, o tal vez fue, pensar globalmente, actuar localmente. Creemos que dicha consigna ha sido muy útil para avanzar en la construcción de resistencias locales, y no perder de vista la globalidad del problema. Sin embargo, el énfasis en lo local, en desmedro de instancias más generales del quehacer político (tanto nacional como regional y global), hace caer muchas prácticas en la marginalidad política, quitándole la potencialidad que tienen estas luchas. En ese sentido, creemos que intentar construir una política universal en esos términos es caer en la trampa de intentar separar la lucha ambiental del terreno de la economía política, rechazando “el globalismo y la universalidad de ésta a favor del esencialismo, la especificidad y la particularidad de aquélla” (Harvey, 2007: 94).

Tal vez haya llegado el momento de dar saltos en las luchas abordando al mismo tiempo lo local y lo global. Como parte de ese movimiento ambiental, con la UAC hemos transitado un importante camino, donde definimos que la lucha contra el saqueo y la contaminación es una lucha anticapitalista. Pero sostenemos también que esa lucha no puede triunfar si no busca disputarle el horizonte de posibilidades al capital. Es preciso entonces pensarse como parte de la construcción de alternativas reales al actual modelo de acumulación. Y sólo podremos dar ese salto si intentamos disputar la hegemonía frente a los defensores de este modelo. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta de difícil respuesta, pero no podremos responderla si no comenzamos rechazando de plano los localismos y la sectorialización de las luchas ambientales.

Una forma de experimentar ese camino es con la formación de diferentes espacios articuladores, que sirvan para prefigurar nuevos bloques históricos que le disputen poder al capital. Esto solo puede realizarse plenamente en contacto con el conjunto de los oprimidos: con aquellos que sufren la falta de vivienda, con los trabajadores sobreexplotados (sosteniendo ritmos de trabajo que afectan su salud), con los agricultores, que cada vez son más mano de obra barata para la industria agroalimentaria, y con los sectores medios de las ciudades que cada día tienen menos espacio público para disfrutar de una vida sana y vivida de manera colectiva.

 

Recuperando lo dicho hasta aquí, reafirmamos nuestra elección de llevar el nombre de un luchador que intentó articular ciertas demandas de su tiempo. Chico Mendes, en tanto militante sindical de los seringueiros en la amazonia brasileña, ha entablado una lucha relacionada tanto con su condición de trabajador como en su condición de ambientalista, derivada naturalmente de la primera. La lucha histórica de los seringueiros en Brasil fue la defensa de la Amazonia, la cual constituía su fuente de trabajo, en contra de la deforestación llevada a cabo por los grandes terratenientes de la región. Su metodología de lucha fueron los empates (bloqueos), con los que evitaban que las máquinas deforestadotas de los grandes ganaderos pudieran destruir importantes regiones de la amazonia. El éxito de estas experiencias ha llevado a que los seringueiros se den una organización sindical y reciban el apoyo de gran parte del sector popular de Brasil, tanto del ámbito rural como urbano: el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), el Partido de Trabajadores (PT), de la Central sindical (CUT) y de la Pastoral de la Tierra.

De algún modo nuestro espacio busca reflejar esa experiencia de lucha. Como espacio político aportamos con nuestra militancia cotidiana a las luchas territoriales desarrolladas en el país apostando al desarrollo de una herramienta que permita avanzar desde las luchas locales y propias hacia una articulación que actúe en dos sentidos. Por un lado, para dar una respuesta contundente al avance de los capitales, que pretende subsumir a las poblaciones locales a prácticas de corto plazo que nada tiene que ver con el bienestar de la población sino mas bien con los intereses y las necesidades del mercado mundial. Nuestros territorios no pueden quedar liberados a la lógica de valorización de capital, que no podrá nunca dar cuenta de la diversidad de dimensiones que incluye el territorio en tanto espacio habitado donde los pueblos desarrollan sus vidas. La decisión acerca de cómo se debe hacer uso del mismo debe ser tomada en función de la satisfacción de las necesidades reales de la totalidad de la población, de manera pública y sin responder a intereses privados. Es decir, dicha decisión debe basarse en el poder y en la soberanía popular.

Por otro lado, pensamos que las luchas territoriales en las que estamos inmersos tienen múltiples significados. En primer lugar porque ponen en tela de juicio la naturaleza depredadora inherente a las actividades productivas del capitalismo. Inmersos en relaciones de competencia cuyo objetivo es la ganancia, difícilmente los intereses privados estén interesados en absorber los costos necesarios para hacer sustentables sus prácticas. En segundo lugar creemos que estas luchas promueven nuevas prácticas en relación a la naturaleza que implican valores que el capital no podrá nunca tomar en cuenta. La solidaridad de las diferentes poblaciones y el intento de pensar una alternativa posible a las relaciones sociales establecidas en el capitalismo es la potencialidad más importante que vemos en estas luchas. Para esto es necesario que las poblaciones que luchan por sus territorios reconozcan a los trabajadores del campo y de la ciudad como sujetos de la misma lucha.

Una sociedad que desarrolle prácticas no alienadas en relación a la naturaleza, respetando sus procesos de reproducción y valorándola en tanto fundamento de nuestra existencia, sólo puede lograrse si dicha sociedad se establece en base al reconocimiento mutuo de los seres humanos. Ambas dimensiones no pueden pensarse nunca por separado, sino integradas en una lógica de sociedad a construirse. Una sociedad por la cual luchamos desde el Espacio Chico Mendes, acompañados por otras organizaciones con las que compartimos el camino…

 

 

 

 

 

Carman, María, Las trampas de la naturaleza. Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires, 2011.

Harvey, David, El nuevo imperialismo. Ediciones Akal: Madrid, 2004.

–, Espacios de esperanza. Akal: Madrid, 2007.

Katz, Claudio, “Coyuntura, modelo y distribución”. En: Anuario EDI 2. Luxemburg: Buenos Aires, 2006.

Meadows, Donella et al., Los límites del crecimiento. Informe al Club de Roma sobre el Predicamento de la Humanidad. Fondo de Cultura Económica: México, 1972.

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