Referéndum en Uruguay: Una disputa política, sin “grieta” de clase   

La derecha volvió a ganar. Como en octubre-noviembre de 2019. Más de dos años después, esa manoseada “voluntad popular” que cada tanto emite su juicio a través de las urnas, lo acaba de certificar. Esta vez, mediante un referéndum, el pasado 27 de marzo.

En efecto, el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, apiñado en una coalición reaccionaria-empresarial, logró mantener vigente la totalidad de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Es decir, revalidó el programa de contrarreformas neoliberales, privatizador de los bienes públicos y la enseñanza, de ataque a los derechos laborales adquiridos, de confiscación salarial y jubilatoria, de tolerancia cero a la protesta social, de criminalización de la pobreza.

Lo consiguió sin prometer “consensos” ni “diálogos” para el día después, cualquiera fuera la decisión ciudadana. No ocultó su asociación con los dueños del dinero. Ni entibió el discurso. Por el contrario, se mostró beligerante. Tampoco disfrazó, ni por si acaso, su talante policíaco. Y resultó aprobado.

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Es verdad. La “aguja electoral” apenas se movió respecto al balotaje de 2019 que puso fin al “ciclo progresista” (Léase: https://correspondenciadeprensa.com/?p=9801). Los números ratifican que continúa habiendo “dos mitades políticas” de país.

Para la opción de No derogar, 49,86% (1.087.557 votos); para la de Sí derogar, 48,82% (1.065.001 votos). Una diferencia casi imperceptible. Por lo tanto engañosa, tóxica, en la medida que refuerza la imaginería de un “empate estratégico”, de “una era de paridad” que vendría a equilibrar en términos políticos, las relaciones de fuerza entre un bloque conservador y otro progresista. 

Pero no. Las consecuencias de esta “victoria pírrica” del gobierno, como la definen algunos comunicadores del progresismo, trascienden el mapa de adhesiones político-electorales que el referéndum dibujó y se instalan en el terreno político, económico, social y cultural.

La coalición derechista liderada por el Partido Nacional, obtuvo el necesario aire de “medio mandato” para acelerar la ofensiva antipopular en beneficio de los capitalistas y sus ganancias. En tal sentido, el resultado del 27 de marzo, es el peor escenario posible para la clase trabajadora, los desempleados y precarizados; para las capas sociales más empobrecidas, que verán reducirse todavía más, la miserable “asistencia” que reciben del Estado.

Si la “emergencia sanitaria” se levanta -como proyecta el gobierno, bajo el argumento que la pandemia ya no es una amenaza masiva-, los actuales subsidios monetarios y en canastas de alimentos se esfumarán. Dejando tras de sí un tendal de miles de “nuevos pobres”.

El miércoles 30 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), dio a conocer los últimos datos de estimación “sobre la población ubicada por debajo de la línea de pobreza en el segundo semestre de 2021”. Las personas bajo la línea de pobreza representan 11% de la población del país (350 mil aproximadamente), es decir, aquellas personas que no alcanzan un ingreso mensual de 9 mil pesos (230 dólares). Esa “incidencia de la pobreza” golpea mucho más a los menores de 6 años (18,6%), entre 6 y 12 años (19,4%), entre 13 y 17 años (18,8%). Afectando en mayor medida a los hogares con jefatura femenina, tanto en Montevideo como en el interior del país.

En ninguno de los “debates” televisivos y radiales pre-referéndum el tema fue puesto sobre la mesa por los ocasionales contrincantes.

Ni fue aludido el derrumbe del “salario real” que traduce la pérdida de “poder de compra” de los asalariados. Mientras que el “aumento nominal” de los salarios en 12 meses fue de 6.96%, la inflación se ubicó en 8,5% en igual período (El Observador, 31-3-2022. Fuente INE). O sea, la “recuperación salarial” que tanto reivindican las cúpulas sindicales, se parece cada vez más a una mascarada. No obstante la economía dar “señales de mejoría” (el PBI creció 4,4% y las exportaciones 37%) el “efecto derrame” ni se vislumbra.

La aplicación de la LUC y su cuerpo de 400 artículos (de los cuales el Frente Amplio votó más del 50% en el parlamento), agravará aún más la crisis social, el deterioro de las condiciones de vida de la “población vulnerable” y profundizará el saqueo de salarios y jubilaciones.

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Atrás quedaron las casi 797.261 firmas que hicieron posible el referéndum. Y el esfuerzo de miles de militantes políticos y sociales, activistas barriales, estudiantes, feministas y cooperativistas. Durante meses, en medio del peligro contagioso y las restricciones de movilidad que impuso la pandemia, consiguieron superar las 650 mil firmas requeridas por la Corte Electoral. Un indiscutible logro. Sin duda “hazañoso”.

Igual valor tienen las 26 mil firmas recolectadas por una modesta “Coordinadora por la derogación total de la LUC”, impulsada por agrupaciones sindicales combativas, de derechos humanos, feministas, luchadores barriales que, a diferencia de la campaña dirigida por el PIT-CNT y el Frente Amplio –que estaba solamente por la derogación parcial (135 artículos)– defendía la derogación del conjunto de la ley. Objetivo más que razonable, si se mira a la LUC como un paquete conexo de medidas neoliberales, donde la posibilidad de “mejorarle las facetas más nocivas” era simplemente una ficción.    

Finalmente, llegó “el día después”. Con su desfile de “interpretaciones”. Que distraen, aturden. Confunden. Una multiplicidad de lecturas artificiales vestidas de profesionalismo objetivista. Lo que facilita el montaje de una escenografía de “polarización” que, en la realidad, no existe. Mejor dicho: que principalmente se manifiesta a través del jolgorio en las redes sociales que exageran, distorsionan y falsean. Todo el tiempo.

Los “universos paralelos” que el referéndum mostró, coexisten ahora bajo el mote de “dos bloques ideológicos”. Una fórmula que tiene su origen en los años 1990, cuando Julio María Sanguinetti, el dos veces presidente de la República y jefe histórico del Partido Colorado, la patentó como “dos familias ideológicas”. Aunque el significado político fundamental es exactamente el mismo.

En el mapa de los “dos bloques ideológicos”, pueden coincidir pobres y ricos, patrones y trabajadores. Armonizados por una opción político-partidaria y una “mirada común” referida básicamente al “modelo de país”.

El Frente Amplio se sometió a esta tesis falaz donde el contenido de clase de las expresiones políticas, ideológicas y programáticas se diluye por completo.

Para el nuevo presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, un exsindicalista del ala “moderada” del PIT-CNT, la existencia de “dos mitades políticas” de país, solo hace más necesario el entendimiento y el diálogo. Porque a diferencia de Argentina, donde “tener dos modelos significó una grieta”, en Uruguay “conviven”. La LUC “no ayudó a convivir de mejor manera, pero no fracturó al país, no generó una grieta” (Montevideo Portal, 31-3-2022).

Y al no existir una “grieta”, las tentaciones de colaboración aumentan, “porque todos somos uruguayos”...más allá de las identidades sociales y los patrimonios económicos.

En la misma línea apuntó Danilo Astori, exministro de Economía de Tabaré Vázquez y ex vicepresidente de José Mujica: “la votación por el Sí fue absolutamente formidable y confirma la misma proporción de visiones del país” que se desprendió del balotaje de 2019 (...) el FA sigue siendo claramente el mayor partido político del país y eso le da una condición de aspirar a participar en acuerdos con el gobierno en la medida de lo posible, de modo de ir atacando temas fundamentales que están pendientes en Uruguay”. En este sentido, Astori consideró que cuando el FA pide participación con el presidente Luis Lacalle Pou “no es para ir a verlo, sino para acordar soluciones políticas para el país” (La Diaria, 29-3-2022).

Observando la geometría electoral, hasta parece razonable. Tanto, que Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de la calificadora Moody’ Investors Service, a cargo de monitorear a Uruguay, coincide con los dos dirigentes progresistas: tras un referéndum que confirma: “el país divido en dos bloques; se espera que el gobierno concrete reformas buscando consensos” (Búsqueda, 31-4-2022).

Y se empieza por la “reforma de la seguridad social”. Una malísima propuesta que tomó cuerpo durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). Las negociaciones están en curso en el parlamento y continuarán durante los siguientes meses. En todo caso, tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT, reclaman una participación “más amplia” en la mesa, que incluya a las organizaciones sociales. Aunque para el senador frenteamplista, Eduardo Brenta, la “responsabilidad (para avanzar en la reforma) claramente es del gobierno” (La Diaria, 2-4-2022).

Pero el gobierno no se desvía, sabe lo que busca y lo que quieren los empresarios: subir la edad de retiro (actualmente de 60 años), y reducir la tasa de remplazo (el monto sobre el sueldo base que recibe una persona al jubilarse). Dos medidas regresivas que los sindicatos y las asociaciones de jubilados de plano rechazan.  

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Los “bloques ideológicos” midieron fuerzas. La coalición refrendó su objetivo confiscatorio. Y eludió un “plebiscito negativo” sobre la gestión del gobierno. La “mayoría silenciosa” le extendió el crédito. El triunfo no es negociable. La aplicación de la LUC, con sus brutales consecuencias socio-económicas, tampoco.  

El progresismo, tras la “derrota dulce”, extrajo las conclusiones. Su maquinaria electoral continúa aceitada. Y vuelve apuntar las baterías hacia las elecciones del 2024. Es su meta excluyente. Tiene un plus respecto al otro bloque. Hay que reconocerlo. Ya cuenta con la fórmula presidencial para competir con chance, aunque no todavía el orden en que irán: Carolina Cosse (intendenta de Montevideo, aliada del Partido Comunista y otros grupos del Frente Amplio) y Yamandú Orsi (intendente de Canelones, delfín de Mujica y miembro del Movimiento de Participación Popular). A los dos les fue bien en sus territorios políticos el 27 de marzo. Tienen experiencia ejecutiva. La edición Fin de Semana, de La Diaria (2-4-2022), medio que jugó un destacado papel en la campaña por el Sí, publicó un extenso reportaje con los dos juntos. Tal cual un afiche electoral. Nítido mensaje para propios y extraños (https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2022/4/)   

De aquí en más, la disputa política se focalizará en el relato. Cada uno de los bloques con sus propias narrativas de mercadeo en la llamada “opinión pública”. Sin “grietas” clasistas de por medio. La gobernabilidad continúa asegurada por ambos lados y el régimen político de dominación permanece inalterado. La “voluntad popular” así lo decidió, no importa por cuantos poquísimos votos. El orden del capital vuelve a celebrar. Su ventaja estratégica es incuestionable.

Se verán huelgas, ocupaciones, innumerables movilizaciones callejeras, protestas juveniles y demandas feministas, claro que sí. Y también al PIT-CNT simulándose clasista y combativo, y convocando a paros generales o parciales, donde más del 65% de los asalariados concurren a sus respectivos trabajos. Un dato estadístico casi irrelevante para los intereses y privilegios del funcionalismo sindical. Igual, se saben una pieza clave en la “acumulación de fuerzas” electorales del progresismo.

Evidente. Habrá resistencia social contra el programa confiscador del gobierno patronal, Pero aún si organizada y sindicalizada, cargará una pesada mochila: los 15 años de “ciclo progresista”, durante el cual las capas dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT concretaron una sistemática demolición de la conciencia de clase, anticapitalista y antiburocrática. Al no existir un espacio seriamente organizado a su izquierda, la “hegemonía progresista” en el campo popular continuará prevaleciendo.

Mientras, el desastre de la educación pública continuará haciendo estragos en el “tejido social”: más de 5.000 deserciones por año y el egreso de liceos más bajo de América Latina. Al tiempo que las cárceles no dejan de llenarse con miles de jóvenes. Ya son 14 mil presos y presas. Con la LUC plenamente vigente, muchos otros miles verán su futuro cancelado. 

Montevideo, 2 de abril 2022