PRO.CRE.AR La polÃtica habitacional en discusión
Ayelen Correa y Silvio Schachter
El Programa Crédito Argentino para la Vivienda Única (Procrear Bicentenario) fue anunciado el 12 de Julio 2012 y significaría créditos personales para la construcción de 400 mil viviendas en los próximos cuatro años.
Al observar las definiciones del Programa, se puede concluir a primera vista que no es una iniciativa para los sectores populares organizados. Sus requisitos no contemplan las situaciones de informalidad en la tenencia de la tierra (tomas, Títulos y Actas de posesión, ausencia de escrituración, situación impositiva, entre los más relevados en el territorio), así como tampoco el trabajo precarizado o “en negro” (ilegal), que según datos del propio INDEC asciende a un 35 %.
Aunque para referirse al PRO.CRE.AR, los medios de comunicación y los/as funcionarios/as utilicen el término “plan” y en muchos casos se lo denomine como un Plan de Viviendas, se trata de una nueva línea de crédito para la construcción de viviendas destinado a particulares, que se diferencia de otros créditos solamente por un positivo mejoramiento del tipo tasas y plazos. Una vez aprobada la transacción, “el plan” se gestiona como cualquier otro crédito hipotecario personal, resolviendo los/as adjudicatarios las características del lote y la vivienda. En esta primera etapa, para quienes posean lote, se estiman créditos para la construcción de 100 mil soluciones habitacionales.
¿Tierra para quiénes?
Quizás las reflexiones más interesantes que pueden hacerse atañen a la 2da. etapa del PRO.CRE.AR, donde el Estado Nacional dispone 86 terrenos fiscales para la construcción de viviendas. 1826 hectáreas dispersas por todo el territorio federal.
Esta disposición representa una novedad ya que el Estado viene negando de forma sistemática el acceso al suelo urbano a las organizaciones sociales, criminalizando y desalojando la toma de tierras. La política habitacional privilegio a dejar en manos de las empresas constructoras la localización y compra de lotes para la vivienda social, eso explica complejos habitacionales ubicados en zonas periféricas, del estilo monoblock o “plancha de ravioles” y en general de mala calidad.
El volumen de las intervenciones desarrolladas por el Plan Federal de Construcción de Viviendas, entre 2004-2007, iguala las intervenciones habitacionales realizadas en los previos 27 años (1976-2003). Sin embargo, estas acciones resultan insuficientes, ya que el espacio urbano cristaliza múltiples complejidades: la segregación espacial, el colapso de los alquileres en villas e inquilinatos, los desalojos forzosos y el accionar de las fuerzas de seguridad, la conflictividad social, la creciente rentabilidad del suelo; procesos que explican acciones como la toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (2010) que tuvo una violenta desocupación como respuesta institucional.
Por un lado, podría celebrarse la intervención del Estado en el mercado del suelo -desregulado por la normativa vigente- al disponer de tierras fiscales para un uso social. Sin embargo, continúan sin poder ingresar aquellos sectores que no estén incluidos en el mercado formal de trabajo así como tampoco los sectores organizados que tienen proyectos colectivos de hábitat popular. Es decir, aquellos actores que vienen reclamando “Tierra para vivir” desde hace más de una década.
Además, hay que preguntarse y preguntar al Estado sobre las tierras afectadas que se encuentran ocupadas por asentamientos y organizaciones sociales, por cooperativas, centros comunitarios, bachilleratos populares, medios de comunicación alternativa, comedores barriales, entre otras experiencias. Mientras que esas tierras se mantuvieron en desuso y sin aportes públicos para su integración socio espacial, fueron las organizaciones sociales aquellas que ocuparon el territorio, produciendo una identidad colectiva que dio sustento a experiencias de solidaridad y organización comunitaria. La redistribución de tierras fiscales no puede convertirse en una guerra de pueblo contra pueblo. Habrá que seguir con atención las direcciones que tome esta 2º etapa del PRO.CRE.AR, y la capacidad de las organizaciones, para exigir que se consideren las experiencias territoriales que se vienen desarrollando desde el menemato y que sostuvieron las redes sociales durante las crisis.
La respuesta a la problemática habitacional no debería partir de ocupar cuanto terreno libre este disponible, tampoco de construir vivienda a mansalva. Es necesaria una política integral que considere a todo el producto urbano; una idea de ciudad distinta implica necesariamente una sociedad distinta.
Una pregunta fundamental surge aquí: en un contexto de fuerte mercantilización del suelo y luego de años de no disponer de tierra para política habitacional, ¿el Estado va a excluir a los sectores más desfavorecidos y a las organizaciones sociales territoriales del derecho a la ciudad y la vivienda?
Resulta evidente que en los temas que involucran el uso del territorio no hay interés en dar un debate amplio y participativo, enfrentando a las corporaciones inmobiliarias y financieras que diseñan y determinan la topografía urbana. Sí se observan peligrosos avances en la incorporación de normativas para los grandes proyectos inmobiliarios y las urbanizaciones cerradas, como las incorporadas en el Proyecto de Código Civil.
El PRO.CRE.AR no puede considerarse tampoco como parte de una política social de viviendas, pues el Banco Hipotecario S.A (ex Banco Hipotecario Nacional) designado encargado de su administración e implementación por medio de un fideicomiso, con fondos del Anses de 20.000 millones de pesos, es un vestigio de las privatizaciones y está en manos de una corporación inmobiliaria y urbanizadora privada que persigue la suprarentabilidad y lucra con la especulación financiera.
El grupo IRSA[2], una “empresa inmobiliaria líder en la Argentina” según su propio sitio, posee una participación del 29,77% en el Banco Hipotecario S.A. tiene mayoría en la integración de su directorio y varios de sus miembros son también propietarios de la empresa CRESUD[3], una empresa agropecuaria con capitales en varios países de América Latina.
Un bien común
Política habitacional no necesariamente significa política social. No hay una relación unívoca entre estas acciones. Como dijera David Harvey, cuando la ciudad es el lugar que encuentran para absorber sus excedentes las grandes corporaciones (Harvey 2003), la política habitacional se vuelve sectorial, oligopólica y de reactivación económica.
Si bien a partir del PRO.CRE.AR, el Estado interviene en el mercado del suelo y de crédito para sectores medios, es necesario destacar que lo hace continuando con los patrones utilizados desde la década del ´60: el destinatario/a individual, la producción de viviendas como bienes de cambio, la lógica empresarial y sin considerar dinámicas de interacción y de participación de los actores sociales en la definición de las políticas.
En la cultura capitalista, de neto corte patrimonialista, la relación de la vivienda con la propiedad ha sido y es muy fuerte. Por generaciones el sueño de la casa propia ha tenido un poderoso anclaje en el imaginario popular. El carácter especulativo y rentista de la tierra urbana, de los bienes inmuebles y de las viviendas en particular, empuja hacia la necesidad de acceder a la casa propia como única alternativa de salir de este cuadro de inestabilidad y precariedad. Sin embargo, las experiencias de organizaciones sociales, ancladas en sentidos colectivos, comienzan a pensar en otras formas de habitar, en la defensa del derecho a la ciudad y a la vivienda como un bien común. Habitar, dice Lefebvre, significa “…para el individuo o para el grupo, (…) apropiarse de algo. Apropiarse no es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner su sello propio…” (Lefebvre, 1968).
Este articulo forma parte de las reflexiones y discusiones que diversos colectivos vienen teniendo sobre la problemática urbana, el acceso al suelo y el reciente anuncio oficial de un plan de créditos para particulares denominado PROCREAR.
