Perú: Por una nueva Constitución que tenga color y sabor a pueblo

En medio de la crisis que atraviesa a la institucionalidad política peruana, y por ello mismo a los ejercicios de la política existentes en ese país, en la campaña electoral de 2021, antes que asumiera el gobierno el presidente Pedro Castillo, se propuso la necesidad de impulsar un debate nacional que coloque en el centro la necesidad de una nueva Constitución. Quien lo hizo y lo sustentó fue la candidata Verónika Mendoza (Movimiento Nuevo Perú), intentando instalar en la multiforme sociedad peruana el debate sobre la urgencia de esa necesidad. Su propuesta –que por cierto sigue vigente– se basaba en la crisis crónica de gobernabilidad visible en los últimos años, así como también en la desigualdad social y la extrema vulnerabilidad de amplios sectores populares que se puso en evidencia, de manera trágica, con la pandemia. Ambas cuestiones, aunque a simple vista no pareciera, tienen un su base el ordenamiento político, económico y jurídico que está garantizado por la Constitución de 1993 impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori. Luego de la primera vuelta electoral, en abril del año pasado, cuando Pedro Castillo alcanzó el primer lugar, se conformó un bloque de todas las fuerzas de izquierda en el que se incluyó la propuesta de convocar a un referéndum constituyente “con gran diálogo nacional y popular”. En ese momento, entre abril y junio de 2021, es decir entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones, este bloque propuso un plan de gobierno: “Perú al Bicentenario”, en el cual, junto con diferentes medidas para superar las consecuencias de la pandemia en cuanto a salud, educación y trabajo, se propuso “empezar a reconstruir nuestras instituciones sobre la base de nuevos valores, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad”, señalando la urgencia de “recuperar el verdadero sentido de la democracia: la soberanía del pueblo y el diálogo –no la imposición ni la violencia– como la principal herramienta para la construcción de consensos básicos que nos permitan avanzar como sociedad. Por ello, entre las medidas urgentes de los primeros días del gobierno del pueblo y atendiendo la demanda de cambio profundo que hemos recogido a lo largo y ancho del país, impulsaremos la convocatoria a un referéndum constituyente para que el pueblo peruano pueda decidir democráticamente si quiere o no una nueva Constitución y nosotros seremos muy respetuosos de la voluntad del pueblo peruano”.

Sin duda, la propuesta tuvo un carácter convocante, que a su vez requería de un sustento real en la sociedad que debía ser construido en los territorios, en las organizaciones populares urbanas y rurales, en los municipios, etc. Esa sustentación, más allá de lo ocurrido después, sigue siendo del todo válida: “Nuestra Patria no merece tener una Constitución viciada en su origen, fruto de un golpe de Estado, que se aprobó en medio de persecución contra movimientos sociales y sindicales”. Pero, además, señalando la subordinación del Estado al mercado, señaló: “No es casualidad que la élite empresarial que apoyó la dictadura haya sido la principal beneficiada de la consagración de sus privilegios a nivel constitucional”. “La Constitución actual prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad. En la actual Constitución debilitaron las garantías a los derechos laborales, borraron el derecho a la vivienda social y crearon un régimen privado de pensiones que compite deslealmente con el sistema público de seguridad social. La Constitución de la dictadura tiene, además, una matriz colonial y desconoce las instituciones políticas y culturales de pueblos originarios y comunidades campesinas”. Una nueva Constitución debe ser “elaborada por todas las voces y todas las sangres” en un país plurinacional y plurilingüe como efectivamente es el Perú. Esta idea, de por sí, propone el diseño de una Asamblea Constituyente realmente democrática y representativa de todos los sectores: movimientos sociales, sindicatos, organizaciones estudiantiles, gremios empresarios, expresiones de la sociedad civil, representaciones de las mujeres organizadas y de la diversidad de géneros, organizaciones territoriales y de los pueblos originarios, también a los partidos políticos, aunque en un lugar no determinante. De esta manera, la propuesta del plan “Perú al Bicentenario”, contenía una valorable superación del ejercicio político instalado históricamente en ese país. Por eso mismo se trata de pensar en una nueva Constitución con “color y sabor a pueblo”.

Junto con la novedosa propuesta de diseño señalada, se adelantaron los contenidos de una nueva Constitución realmente democrática: reconocimiento de los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda y el acceso a internet; reconocimiento de los pueblos originarios y de la diversidad cultural; reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir; rediseño del Estado garantizando transparencia en la toma de decisiones con participación activa de la ciudadanía, un Estado que practique la planificación estratégica, la regulación y la inversión, garantizando el interés público sobre los intereses privados, es decir un Estado que dejara de ser subsidiario del mercado. Teniendo como base todo lo señalado, se propuso la necesidad de la convocatoria a un referéndum constituyente, en el que la población definiera si aprobaba o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente para la elaboración de una nueva Constitución.

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Como está visto, el primer año de gobierno de Pedro Castillo atravesó múltiples dificultades y demostró una fragilidad que seguramente no era imaginada ante el embate de la derecha. El bloque de las fuerzas de izquierda que le garantizó el triunfo de la segunda vuelta electoral, en junio de 2021, nunca se consolidó realmente. Perú Libre, el partido que postuló a Castillo, es el principal responsable de que esto haya sucedido. Nunca asumió la necesidad de fortalecer ese bloque, ni mucho menos de avanzar en una construcción territorial para apoyar al gobierno y enfrentar a la derecha con la movilización social. Pedro Castillo ganó las elecciones por estrecho margen, derrotó a la representante de la derecha, Keiko Fujimori, pero no logró, y todo indica que no se propuso construir una fuerza social imprescindible para poder llevar adelante una agenda de cambio que incluyera la lucha por una nueva Constitución. La derecha y la ultraderecha controlan el Congreso, mientras las bancadas de izquierda se han dividido en medio de múltiples disputas y acusaciones de corrupción. En un año de gobierno, Castillo fue “invitado” a renunciar a Perú Libre por no darle a ese partido el manejo total del Poder Ejecutivo. Pero además, en medio de una ofensiva constante de esa derecha golpista que nunca lo reconoció –y que cuenta con la mayoría de los medios de comunicación– sorteó dos pedidos de “vacancia” por “incapacidad moral”, cambió cuatro gabinetes ministeriales, juramentó a 60 ministros/as por diversas renuncias a partir de cuestionamientos e interpelaciones, y actualmente enfrenta cinco denuncias por corrupción, planteadas con una mezcla de lawfare y hechos presuntamente delictivos de sus colaboradores más cercanos.

En este contexto, por cierto, lamentable, el gobierno de Castillo ha incluido a personajes nefastos en su gabinete, incluso a representantes del neoliberalismo, seguramente pensando que con esas concesiones podría lograr estabilizarse apostando a una convivencia de “ancha base”.

La agenda de cambio quedó muy atrás, prácticamente no existe. La propuesta del gobierno de incluir una consulta sobre un referéndum constitucional en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, presentada recién en el pasado mes de abril, fue rechazada por el Congreso en un trámite exprés, ya que la Constitución vigente no tiene una disposición o un artículo que contemple esa posibilidad, salvo que el Congreso lo determine por mayoría calificada. Mientras tanto, en una actitud descarada, el propio Congreso debatió reformas constitucionales en beneficio de sus propios componentes, una de ellas es el retorno a la bicameralidad y otra es habilitar la reelección de sus miembros, sin lograr tampoco la mayoría suficiente para que se hagan efectivas.

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El Perú necesita una refundación. La crisis da la institucionalidad política, la fragilidad de los partidos políticos, la utilización de la política como herramienta para negociar cuotas de poder en beneficio de tal o cual sector, en fin, todo este andamiaje que se descompone gobierno tras gobierno, requiere, efectivamente, refundar al país desde sus bases, con el pueblo multiforme como protagonista. Los argumentos contrarios a una nueva Constitución se basan en que con la actual crece la macroeconomía, lo cual es cierto: entre enero y mayo del presente año creció un 3,48% y entre junio-2021 y mayo-2022 se incrementó en un 6,87%, mientras la desigualdad social ha crecido en todos los niveles: ingresos, informalidad, educación, género, etc. Hay un ordenamiento jurídico que sostiene al capital extractivista, al agronegocio y al capital financiero, mientras se mantiene el “emprendedurismo”, es decir la informalidad en Lima y otras ciudades, junto con la expoliación y la pobreza en el campo. Una refundación implica cambiar este orden de cosas impuesto por el neoliberalismo de los últimos 30 años. Requiere de otra de otra concepción de país que rompa con la nefasta idea de que la institucionalidad política debe ser subsidiaria del mercado, es decir de la corrupción. Sin este cambio, que significa sacarse de encima el chaleco de fuerza impuesto por la dictadura fujimorista, y que fue mantenido por los gobiernos que la sucedieron, es imposible la vigencia de una democracia que garantice derechos para las mayorías populares. Para lograrlo es imprescindible la construcción de un sujeto social capaz de su emprendimiento.