24/02/2024

Perú: momento de definiciones

En medio de masivas movilizaciones, Perú vive el colapso del régimen político impuesto por el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y renovado en la transición del 2001. La descomposición del régimen se evidenció con más fuerza desde el 2016 cuando el fujimorismo perdió la presidencia, pero ganó hiper mayoría en el Congreso que le permitió maniobrar la legalidad y virar cada vez más al parlamentarismo. La seguidilla de seis presidentes en seis años, sólo dos elegidos en elecciones libres, es representativo de este deterioro de la democracia, el desequilibrio de poderes y el irrespeto por la voluntad popular.

La elección del maestro rural Pedro Castillo con el voto de los sectores más excluidos fue una respuesta a esta crisis, pero no la resolvió. Por el contrario, debió enfrentar la permanente obstrucción de los grupos de poder atrincherados en el Parlamento en contubernio con la Fiscalía y los grandes medios de comunicación. Su objetivo siempre fue impedir que un mandato a favor del pueblo liderado por uno de ellos culminara y tuviera éxito. Tras dieciséis meses de asedio, en una acción desesperada, Castillo intentó cerrar el Parlamento y convocar una Asamblea Constituyente. Apenas terminó el discurso, la policía lo detuvo aún siendo Presidente.

La rápida destitución de Castillo por parte del Congreso y la inmediata juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta, además de estar cargadas de vicios procesales, encendieron la indignación ciudadana. El mismo día 7 de diciembre de 2022, las movilizaciones exigiendo el cierre del Congreso, una nueva Constitución y libertad a Castillo se multiplicaron en todo el país. La respuesta de Boluarte ha sido represión y criminalización; estado de emergencia que ya deja 50 peruanos asesinados pero la protesta no decae y, especialmente en el sur del país, el pueblo no ha dejado de movilizarse. La disputa por definir la salida a la crisis sigue abierta y es importante analizar dos vectores decisivos en la correlación de fuerzas. De un lado la derecha busca cerrar la crisis de régimen autoritariamente, de otro lado, la movilización popular que podría concretar una salida democrática sostenida en una nueva constitución. 

La derecha en el gobierno y al ataque

Hoy queda claro que Dina Boluarte es apenas la cara legal del régimen cívico-militar que gobierna. Ella hace el trabajo sucio junto al premier Otarola y es quien tendrá que responder a la justicia por crímenes de lesa humanidad apenas termine su mandato. Ya cada vez más gobierna con la derecha, al punto de llevar en su gabinete a tres fujimoristas como es el caso de los ministros del Interior y de Justicia, así como la ministra de la Mujer. Keiko perdió la elección presidencial pero nuevamente consiguió hacerse del poder y llevar la batuta en un bloque de gobierno claramente derechista.

En este bloque, es fundamental el poder que tiene el Congreso y más concretamente los partidos de derecha que perdieron las elecciones. El Fujimorismo, Renovación Popular y Avanza País han llevado la batuta en toda la crisis diluyendo al centro político al punto de someter a Acción Popular y Alianza para el Progreso. Fueron los que inventaron el fraude electoral y los que presentaron las tres mociones de vacancia contra Castillo.Desde el Parlamento, estos partidos impulsan una peligrosa “reforma política” manipulando la legalidad y violentando la Constitución con el fin de perpetuarse en el poder y asegurarse no perder otra vez la presidencia. Para ello, pretenden cambiar a los jefes de los organismos electorales: Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Jurado Nacional de Elecciones. No se esmeran en guardar las formas y no es seguro todavía que confirmen en segunda votación el adelanto de elecciones para abril del 2024.

Otro actor fundamental en esta coalición son los grupos de poder económico que asoman luego del susto. Si bien durante el gobierno de Castillo no tuvieron grandes pérdidas, la relación fue tensa, signada por la profunda desconfianza y un explícito clasismo y racismo. Hoy la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Minería, el Gremio de Agroexportadores, entre otros, retoman el canal con el Ejecutivo y despachan directamente con Boluarte. La oligarquía limeña tradicional junto a los aspiracionales emergentes como Cesar Acuña, creen tener nuevamente el control del Estado para sus negocios y no están dispuestos a perderlo fácilmente.

Es importante también resaltar el papel de las fuerzas armadas y policiales en esta coyuntura. Hoy vemos a generales del ejército y la policía con una vocería política inusitada, justificando la cruenta represión bajo el argumento de que en las protestas participan delincuentes y terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Finalmente, se cuenta a la Fiscalía y al Poder Judicial muy activos para la destitución de Castillo y cercanos a Boluarte al punto que el primer gabinete estuvo presidido por Pedro Angulo, cercano a la fiscal Benavides. La fiscalía ha sido rápida para judicializar y criminalizar la protesta abriendo fiscalías especializadas en delitos de terrorismo con el claro fin de encausar a líderes y autoridades opositoras.

En suma, gobierna el país una coalición de derecha que se ha puesto el objetivo de retomar el poder que sintieron perder por dieciséis meses y asegurarse de no soltarlo. El régimen de Boluarte es una ofensiva restauradora orientada a cerrar la crisis de forma autoritaria y mafiosa, disparando contra la población y amañando poderes electorales para perpetuarse y mantener sus privilegios. No es seguro todavía que se realicen elecciones el 2024 y si las hay tampoco es seguro que existan garantías de participación para las fuerzas populares, de izquierda o progresistas. La arremetida dictatorial está en marcha y quiere definir una salida a la crisis favorable a sus intereses con la fuerza de las balas.

Movilización popular y salida democrática

Desde el campo popular, apenas destituido Pedro Castillo y juramentada Dina Boluarte, estalló una movilización social masiva y contundente abarcando prácticamente todo el país, aunque el epicentro es el sur andino desde la sierra de Ayabaca en Piura hasta Juliaca en Puno, pasando por Pucalpa, Ayacucho y todo el sur, cientos de miles tomaron calles y plazas con una plataforma unificada: renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso, nueva constitución y libertad a Castillo. El grupo que inició las protestas fue este núcleo duro que votó y respaldó a Castillo, pero rápidamente se expandió y lo sobrepasó. La respuesta del Ejecutivo llevando a cabo una masacre no vista en las últimas décadas con 58 asesinados y más de 700 heridos, genera solidaridades y expanden el radio de la protesta. A un mes de instalado el nuevo régimen, salvo la tregua navideña las protestas no se han detenido un solo día.

Vale señalar que desde el 2001 en adelante, las protestas en Perú giraban en torno a demandas vinculadas al modelo económico extractivo, gremiales o de infraestructura. Se trataba de protestas caracterizadas por la dispersión de agendas y desconexión territorial. Por ejemplo, las protestas contra la expansión minera en Tía María Arequipa no generaban una ola de movilización en otras zonas como Conga en Cajamarca y eran resueltas tras una negociación con el Ministerio correspondiente. Estas luchas tampoco se encontraban conectadas a una plataforma política antineoliberal pues, aunque cuestionaban ejes claves del modelo, no se enunciaban en dicho sentido.

Por otro lado, estos conflictos sociales encontraban un cauce político en los procesos electorales. Sostenidamente estos sectores votaron a opciones de cambio que una vez en el gobierno traicionaron sus promesas. La pandemia reforzó estas expectativas y en 2021 el Perú excluido, informal y precarizado de maestros, mototaxistas, cocaleros, mineros informales votó por uno de los suyos. Los abiertos ataques de la derecha al gobierno de Castillo, cargados de clasismo y racismo, contribuyeron a la politización de estos sectores afirmando un nosotros colectivo antagónico a la clase política limeña y tradicional. 

Pero también la acción del gobierno abonó a la mayor conciencia política de los sectores excluidos especialmente en el Perú rural, potenciando el componente deliberativo de la democracia.  Tanto en Palacio de gobierno como en los gabinetes descentralizados, Pedro Castillo y sus ministros se reunían con maestros, pueblos indígenas, sindicatos, mineros informales, cocaleros y toda la diversidad de ese Perú precarizado, informal y excluido. Rendían cuentas y tomaban nota, prometían mucho pero también sellaban compromisos. Sería sencillo catalogar esto como populismo, pero no alcanza. Esta dinámica política redistribuía el poder, lo sacaba de los espacios vetados al pueblo y a la vez metía al pueblo en esos lugares vetados. Esta redistribución incluyó la disputa por el aparato público; profesionales chotanos, chiclayanos o cusqueños entraron al Estado desplazando a las clases medias limeñas. 

Esta politización del Perú rural y excluido es algo inédito y está cambiando decisivamente la dinámica política nacional, abriendo un momento de deliberación colectiva en torno a los principales problemas políticos. Hoy en las plazas de distritos y comunidades la gente se reúne en Asamblea, discute sobre las acciones a tomar en la protesta y también sobre temas de exclusión histórica “No es el 7 de diciembre, son 200 años” se escucha repetir en Andahuaylas o Juliaca y se abordan salidas de fondo. Una nueva Constitución escrita por una Asamblea Constituyente con representantes legítimos del pueblo organizado es la salida que se abre paso desde los Andes y la Amazonía. Esta potencia que despliega el estallido irradia también las ciudades, llega por solidaridad, por paisanos asentados en Lima o el norte y puede ser finalmente lo que defina el escenario e incline la balanza a favor de un proceso constituyente. 

El campo popular se moviliza, no retrocede ante la brutal represión, genera adhesiones y solidaridades, pero todo esto es aún insuficiente para dirimir una salida democrática y constituyente a la crisis. La falta de liderazgos legitimados de alcance nacional se mantiene, y la desconexión entre plataforma político social e instrumento político electoral también. La protesta se ha extendido y llegado a Lima en especial a las Universidades que han abierto sus puertas a las delegaciones de provincias que llegan a la capital. Justamente el sábado 21 de enero tanquetas de la policía ingresaron al campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima a expulsar a estudiantes y campesinos en una acción que recordó los peores años del Fujimorsimso. Dina Boluarte ha dicho que no renunciará y el pueblo que no dejará de protestar. La disputa sigue abierta, por ahora.

Publicado originalmente en Revista Tlatelolco: puedjs.unam.mx/revista_tlatelolco/peru-momento-de-definiciones/

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