Perú: La agonía de la indeterminación
Sabemos que la Historia tiene sus contradicciones, que las contradicciones suelen alimentar los antagonismos y que la producción de estos antagonismos va generando panoramas cada vez más complejos que van profundizando y atravesando tanto lo colectivo como en individual, lo estructural como lo cotidiano. Efectivamente, las teorías sociales clásicas nos advierten que, en ese tipo de situaciones, los sujetos tendrían que poder reconocerse en el centro mismo del conflicto y constituir su identidad colectiva alrededor de una conciencia de clase.
Sin embargo, la Historia (en singular) no existe, no determina y, más aún, no deviene en un sentido lineal. Por ello, tal como lo afirmó tantas veces José Carlos Mariátegui, lo antagónico es, sobre todo, una lucha agónica, en la medida en que el conflicto se constituye tanto como una posibilidad como en una imposibilidad, una lucha contra la vida y contra la muerte, un escenario en el que se abren las alternativas sin tener certeza del desenlace: agoniza aquella persona que vive luchando en la indeterminación. Con esta reflexión, vuelvo la mirada y observo la situación que estamos viviendo en el Perú: no se tiene certeza, ni estabilidad, no se sabe qué ocurrirá mañana, sólo se sabe qué se necesita para seguir subsistiendo y, muchas veces, ello no es suficiente. Este es el encuadre afectivo desde donde planteo una evaluación de la situación.
El 3 de octubre del 2021, el Presidente Pedro Castillo anunció la Segunda Reforma Agraria. Así, mediante Decreto Supremo, se aprobaron cuatro lineamientos con el objetivo de “incrementar, de manera sostenible, los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, cooperativa, comunera y empresarial”. De esta forma, se dio a conocer la disposición del Gobierno para trabajar con enfoque territorial y multisectorial.
Se generó mucha expectativa. No era para menos. En el Perú, el tema de la Reforma Agraria evoca pasiones históricas y, con ello en mente, se presentó un plan de acción bastante ambicioso; sin embargo, hoy tenemos otro escenario. La expectativa generada se transformó en descontento general. Se anunció que, con la Segunda Reforma Agraria, se iba a impulsar la seguridad alimentaria; mas el escenario actual evidencia que la situación del sector alimentario está en crisis, generando mayor desigualdad e inseguridad.
Para empezar, el 70% de los fertilizantes que se utiliza en la actividad agropecuaria es materia importada de Rusia, lo cual coloca al Perú en una situación de extrema dependencia. Esta situación nos muestra que la raíz del problema es el modelo de producción alimentaria. Por ello, desde hace más de un mes, se vienen organizando movilizaciones y convocando al paro de actividades tanto en el sector agrario como en el sector de transportes pesados. Sin embargo, la forma en la que el Gobierno decidió gestionar el conflicto y la escasez fue demasiado superficial.
Los medios oficiales del Gobierno sólo informaron que los paros de las actividades sectoriales se dieron por el alza en el precio del combustible, por lo que se anunció una ampliación de la cobertura del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible (FEPC) para que estos aumentos puedan amortiguarse. Sin embargo, lo que se vio poco después fue que la cobertura del FEPC fue tan limitada que sólo pudo estabilizar el precio de primera venta pero no el precio de venta final, el cual termina siendo pagado por el usuario. En otras palabras, lo que realmente sucedió fue que esa cobertura de precios no evitó que los grupos empresariales sigan especulando con los precios de combustible, a expensas de los productores agrícolas y unidades familiares.
Ahora bien, con el tema de los combustibles aún sin resolver y teniendo en cuenta que nuestra agricultura y alimentación depende muchísimo de las importaciones y del mercado internacional, a esta situación se suma el hecho de que la canasta básica familiar de 2022 ha aumentado su costo en un 30%. Más aún, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, los alimentos básicos diarios no sólo han aumentado su precio, sino que este aumento se está dando en un contexto donde los ingresos familiares mensuales son bajos y/o con mucha inestabilidad. Entonces, si sumamos el impacto que genera la subida del precio de los combustibles al impacto que ocasiona los bajos ingresos que las familias están recibiendo mensualmente y al aumento del precio en los alimentos básicos diarios, podríamos estar a puertas de un estancamiento en la producción de los alimentos de primera necesidad que se combina con una inflación en los precios al consumidor.
¿Cuáles son las propuestas del Gobierno para este escenario?
El 15 de abril, los portales de noticias anunciaron algunas medidas provenientes del Gobierno. La primera corresponde al aumento del salario mínimo vital para el sector privado; así, el aumento iría de S/.930 a S/.1.025 (soles). La segunda es que el Ejecutivo y Legislativo aprobaron un dictamen para exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) a algunos alimentos de la canasta básica familiar. La tercera, es que el pleno del Congreso deberá decidir si aprueba o no el dictamen de la Comisión de Economía, para que las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar hasta S/.18.400 de sus ahorros previsionales.
Vamos por partes. El aumento del salario mínimo vital estaría destinado solamente a los trabajadores formales del sector privado. Esta medida puede ser muy manipuladora: primero, porque la tasa de informalidad a nivel nacional es de casi 80% (más de 9 millones de trabajadores) y, segundo, porque dentro del sector privado solamente aquellas empresas con alta productividad (con más de 50 trabajadores) podrían asumir este aumento salarial. Esto significa que el aumento salarial se daría sólo para un grupo muy reducido de trabajadores, lo que podría provocar mayor inseguridad laboral, desigualdad y precariedad.
Sobre la exoneración del IGV para ciertos productos de la canasta básica, el problema es más complejo. Para empezar, aunque el ministro de Economía, Oscar Graham, afirme que la exoneración sería a favor de toda la cadena productiva, en realidad lo dispuesto solamente se aplicará a las operaciones de importación. Entonces, teniendo en cuenta que los alimentos importados son de un sector oligopolizado, los primeros grandes beneficiados serán las empresas que controlan la industria alimentaria: Alicorp y Grupo Gloria.
Finalmente, luego de los cinco retiros extraordinarios de los fondos de pensiones que aprobó el Congreso en el 2021, ahora se quiere volver a aprobar una medida similar para autorizar el retiro de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (S/.18.400), con el fin de reactivar la economía. Sobre ello, Elio Sánchez, superintendente adjunto de las Administradoras de Fondos de Pensión, declaró que, para empezar, el sistema de pensiones no es para reactivar la economía sino para garantizar que los afiliados puedan acceder a una cuenta de ahorros que les pueda sostener durante toda su etapa de jubilación. Además, señaló que, producto de las medidas antes aprobadas (las del 2021), se han retirado más de 66 millones de soles, lo que ha generado que más de la mitad de afiliados al sistema de pensiones cuente con menos de una UIT (S/. 4,600) en sus cuentas y que el 30% de afiliados no tenga ningún ahorro.
¿Cuál es la opinión técnica sobre lo que está aconteciendo?
Ser un país dependiente del mercado internacional de alimentos y fertilizantes nos coloca en una situación muy difícil. En esa línea, Eduardo Zegarra, economista agrario, afirma que, si el Gobierno no encuentra una rápida solución con respecto a la compra de fertilizantes, la producción de los alimentos básicos podría caer hasta en un 40% afectando a la temporada agrícola y, de manera directa, a la agricultura familiar, actividad que mayoritariamente se encuentra en una situación de subsistencia.
Por otro lado, según Carolina Trivelli, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Perú está importando problemas del contexto internacional, como son los altos precios de alimentos, fertilizantes y combustibles. Sin embargo, la forma en la que estos problemas están impactando a nivel interno sí es un problema de gestión nacional. En otras palabras, teniendo en cuenta que a nivel nacional hay un grave problema de desigualdad estructural, el impacto generado por la inseguridad alimentaria será también un problema de impacto desigual. Tal como lo afirma Fernando Eguren, director de La Revista Agraria, a medida que los alimentos suban de precio, los sectores de menores ingresos se verán obligados a comer menos o a comer alimentos más baratos y menos nutritivos.
Para ir cerrando
La situación está complicada: hay investigaciones en curso que apuntan al Presidente de la República y a su entorno más cercano, el costo de vida sigue subiendo a niveles muy desesperantes, la Segunda Reforma Agraria todavía no se logra materializar y la oposición más conservadora no duda en poner todo sobre la mesa.
A pesar de ello, el Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional el 25 de abril, con el objetivo de que la población peruana tenga la oportunidad de decidir mediante referéndum si se convoca o no a una Asamblea Constituyente para que esta elabore una nueva Constitución política.
Las reacciones no se hicieron esperar. La titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva, no dudó en sostener que la medida es anticonstitucional y que el Congreso está para asegurar que el Perú no termine como “Cuba o Venezuela”. Por ese lado, no hay mucha novedad. Por otro lado, desde los sectores progresistas y populares, las respuestas fueron otras. Si se considera que la actual Constitución se encuadra perfectamente como una institución excluyente, extractivista y neoliberal, la posibilidad de cambiarla hacia un mejor horizonte genera honestos deseos de bienestar.
Retomando las líneas con las que se empezó este texto, estamos en una situación agónica, en una lucha cotidiana y colectiva que está abriendo posibilidades sin certezas. Hay mucho que se está poniendo en riesgo. Sin embargo, sostenemos una esperanza que ojalá sea correspondida.
(Nota enviada por la autora especialmente para ser publicada en Herramienta)
Carla Toche Casalino es bachiller en Ciencia Política por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, candidata a magister en Sociología con mención en Estudios Políticos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, integrante del Grupo de Investigación “Historia y Ciudadanía Activa” de la misma universidad. Columnista en KawPay https://linktr.ee/carla.toche El presente artículo fue redactado a pedido de Herramienta.
