Macron y el derecho a mandar

 

Es verdad que en el gobierno y en las instituciones es más difícil garantizar esta marca del secreto y de los imperativos de la empresa privada. Por ello, en nombre de la santa eficacia, Emmanuel Macron nombró a los mismos consejeros (“consejeros compartidos”) en el Elíseo (sede de la presidencia) que en Matignon (sede del primer ministro). Formalmente para facilitar la coordinación Elíseo-Matignon. El problema es: ¿quién estará en el núcleo duro que controle en última instancia este binomio?

Porque incluso en un gobierno ideado bajo esos parámetros pero no formateado en su totalidad para ese tipo de práctica y sin trayectorias socio-políticas comunes… se pueden dar divergencias. La “desintonía”, con los media por medio, entre Edouard Philippe (primer ministro) y François Bayrou (ministro de Justicia) es una muestra de ello. Seguramente Macron solucionará esta trifulca de patio de escuela haciendo referencia a la autoridad presidencial; porque el autoritarismo reside en la estructura y en quien la dirige. Además de la “decena” de consejeros con dos sillas, va a ser necesario fijarse en la red que rodea al primer ministro. Su gabinete es sobre todo muy masculino: cuenta con 34 hombres, entre los que está Benoît Ribadeau-Dumas como director del gabinete, y el director adjunto Thomas Fatome, y solo 13 mujeres. Seis de los siete “jefes de departamento”, los consejeros más importantes, también son hombres. Estamos muy lejos de la cacareada “paridad”.

Con los “consejeros compartidos” el Eliseo tendrá una presencia directa en el despacho de Edouard Philippe. En Marche!, como partido en vías de construcción, estará representado en esos dos ámbitos del poder político-gubernamental por el tesorero de la campaña presidencial, Cédric O, un antiguo en Safran, el Grupo internacional de alta tecnología francés con presencia en defensa y en la aeronáutica.

Nicolas Hulot –que hizo estallar los dimes y diretes al ser cooptado como ministro de Estado para la Transición ecológica y solidaria- tendrá que hacer equipo con la experta Diane Simiu, nombrada consejera “medioambiental” para el Elíseo y Matignon. Esta politécnica trabajó en el ministerio de Ecología en 2009 (bajo la presidencia de Sarkozy). En 2011 se situó a la cabeza de la oficina del mercado carbono y participó en la elaboración y la puesta en pie a nivel internacional y europeo de las llamadas políticas “energía-clima”. En 2014 se integró en WWF Francia. Un WWF cuya presidenta internacional, Yolanda Kakabdse, ex ministra ecuatoriana (de 1998 a 2000 bajo la presidencia de Jamil Mahuad) es miembro de la dirección de la Fundación Ford y detenta el título de consejera medioambiental (sic) de Coca-Cola y de la cementera helvética Holcim, que captó Lafarge. Además, está rodeada de personalidades relacionadas con empresas “prestigiosas”. El vice-presidente de WWF, André Hoffmann, proviene de Givaudan (la empresa más grande del ramo de los aromas “alimentarios”, la cosmética y los perfumes). De ahí pasó a uno de los gigantes de la farmacéutica: Roche Hoding (que compró Givaudan). A. Hoffmann también está a la cabeza de una sociedad familiar importante como “gestora de activos privados”, la Masselaz SA, con sede en Morges, cerca de Ginebra donde está Givaudan. Entre los mandatarios de WWF se encuentra Sir Andrew Cahn que hizo su carrera en los bancos Nomura Internacional y en Lloyd’2 (Londres), al tiempo que participó en la china Huawei, un gigante de la tecnología de la información y de la comunicación. Es cierto que Sir A. Cahn se interesa por los jardines botánicos desde que termino su carrera como director general en UK Trade an Investment y en Gatsby Foundation, muy activa en sectores como la medicina tropical o el desarrollo de la tecnología en el cultivo de plantas “adecuadas para los nuevos desarrollos agrícolas”. Y la lista no acaba aquí…

Por tanto, apostamos a que la WWF internacional, Diane Simiu y otros sabrán inspirar una ecología avanzada y eficaz en término de mercado, lo que constituirá el punto de partida del mercader volante (y no ambulante) Nicolas Hulot.

 

El autoritarismo –calificado de forma noble como autoridad- puede garantizar a un sector de electores y electoras que, sensibles a una inseguridad social con cara proteiforme, están a la búsqueda, por delegación, de una “renovación” impuesta por un “hombre fuerte” que va a “llevar a buen término las reformas”. Reformas cuyo ADN, en realidad, es el de un rosario de contrarreformas que, por el momento, parecen estar en sintonía con una capa social deseosa de mejorar o al menos mantener su posición en una sociedad transnacionalizada. Y que no perciben que los startups son enanos de jardín que serán bien repintados-recomprados, bien servidores celosos de la obligada subcontratación, bien eliminados tras los procesos de concentración y centralización que opera a nivel mundial.

Además, el enmarañamiento del gobierno Macron –en cooperación con el de Angela Merkel y, en el futuro, si “todo va bien”, con el gobierno de Matteo Renzi o de “unidad nacional” en Italia- con las estructuras supranacionales como la Unión Europea, el BCE y otros “mecanismos”, no puede sino reforzar, en los distintos países europeos, la relación de fuerzas a favor de las clases dominantes contra la mayoría de la población.

Es verdad que, por el momento, el impasse de la UE es evidente. El objetivo de la Comisión y del BCE consiste en ganar tiempo al tiempo. No obstante, si el control sobre el estallido de la crisis bancaria en Italia en otoño de 2017 puede servir para no generar demasiadas turbulencias –como ha pasado en España con la compra del Banco Popular por el Banco Santander, con la autorización del Supervisor único de la BCE cuyo presidente es la Alemana Elke König- el solapamiento de las fracciones dominantes claves del capital nacional y supranacional en Europa habrá vivido una etapa difícil. Ese sigue siendo el terreno de un proyecto aún vacilante de distintas fracciones del Capital, que no puede ser desplazado con la invocación al mantra de la crisis. Incluso aunque esta última, junto a otras a nivel de la financiación del mercado, continúa presente en Estados Unidos (deuda privada) y en diversos países europeos.

En otros términos, la imprevisibilidad política (las incertidumbres gubernamentales y la reorganización del campo político) se suma a la de la “economía”. Esto obliga a la izquierda realmente radical a un análisis urgente que recupere la revalorización de la economía política, muy a menudo olvidada. Hoy en día, la prensa financiera es, a menudo, más sensible que los economistas de izquierda a la doble inestabilidad institucional nacional y supranacional. Y con razón. La cuestión de la volatilidad del capital ficticio hace muy difícil la búsqueda de una pista de aterrizaje adecuada, con control aéreo coordinado.

 

En este contexto, numerosos partidarios del voto Macron van a darse cuenta, pero demasiado tarde, que en la configuración actual, el autoritarismo puede adquirir una cara neo-corporativista bien ilustrada por los procedimientos puestos en pie para llegar a adoptar, a principios de septiembre de 2017, decretos-ley para una contrarreforma de fondo del Código laboral. Todo ello en el desarrollo, planificado, de los “esfuerzos” de concertación entre Macron, su ministro de Trabajo Muriel Pénicaud, el Medef y algunas organizaciones sindicales, como la CFDT. ¿No prefiguró la ex dirigente del a CFDT, Nicole Notat, –y lo hace aún más hoy, al no ser nombrada ministro para facilitar el diálogo con la CFDT- la consagración de ese proceso institucional neo-corporativo del naciente siglo XXI, que se denomina “gobernanza”?

Más allá de la reorganización de la gestión impulsada por los “Macron boys”, la integración de leyes relacionadas con el estado de excepción al derecho común, es la más significativa del tipo de poder político-empresarial a lo Macron. El 7 de junio, Le Monde sacaba a la luz que tras haber prolongado cuatro veces el estado de excepción, E. Macron y E. Philippe, de acuerdo con varios componentes del aparato de “seguridad” iban a proponer introducir elementos claves de esta situación constitucional excepcional en el derecho común. La excepción se hace permanente en lo que se refiere a las cuestiones del “terrorismo”. El informe de Amnistía Internacional puso de manifiesto que la amplia utilización de la noción de “terrorismo” atentaba contra los derechos democráticos. Le Monde resumía de esta manera lo sustantivo de esta medida: “Arrestos domiciliarios, registros administrativos, cierre de espacios de culto, zonas de protección y seguridad, todas estas medidas emblemáticas del régimen de excepción creado en 1955 durante la guerra de Argelia y ampliada en sucesivas ocasiones tras los atentados del 13 de noviembre de 2015, se encontrarán en la ley ordinaria con algunas modificaciones marginales. Sin embargo no podrán aplicarse más que en cuestiones de terrorismo. […] La marca de fábrica de esta transposición es que se margina a la autoridad judicial. Todas estas medidas continuarán siendo prerrogativa del ministerio del Interior y de los prefectos, sin intervención de un juez ordinario.”

Incluso la presidenta del sindicato mayoritario de la magistratura –La Unión Sindical de Magistrados, de derechas en relación al Sindicato de la Magistratura-, Viginie Duval, “denuncia la posibilidad que se otorga al ministro del Interior para ordenar que personas que ni siquiera han sido condenadas porten brazalete electrónico; o incluso el obligar a determinadas personas a ofrecer sus identidades electrónicas e informar a la policía de los cambios de la clave de acceso a su ordenador y móvil. Medidas que no se pueden imponer ni siquiera en los controles judiciales actuales. Además, estas disposiciones se aplicarían al margen del ámbito de la magistratura, lo que nos choca sobremanera. En nuestro Estado de derecho, el juez y sólo él, es el garante de las libertades individuales. Este texto arroja por la borda nuestros principios” (Journal du Dimanche, 11-06-2017). El New York Times, en su editorial del 12 de junio, señalaba que en el proyecto “resulta perturbador la ausencia del papel de la justicia como controlador del poder general del ejecutivo. Más alarmante aún resulta el integrar el estado de urgencia en el derecho ordinario, lo que atenta contra los derechos constitucionales de la ciudadanía francesa. […] Tales medidas no añaden gran cosa a la legislación antiterrorista ya existente y que apenas ha contribuido a la lucha contra el terrorismo, si bien ha atentado contra los derechos de la ciudadanía. Lo único que puede impedir que el proyecto de Ley se convierta en Ley es el Consejo Constitucional. ]…] no debe permitir que se convierta en permanente lo que debe ser una suspensión extraordinaria y temporal de derechos ciudadanos. Si no, la promesas de Macron de un nuevo período para Francia podría conducir a una república más represiva y preparar la vía a otros abusos del poder ejecutivo una vez concluido su mandato”.

La Unión sindical Solidaires no se equivocó cuando, a primeros de mayo, afirmó, al mismo tiempo que declinaba la invitación a la “concertación” para la revisión del Código laboral, lo que este gobierno quiere acentuar y agravar: “Durante la campaña, el nuevo presidente definió los rasgos de un proyecto que agravará las políticas liberales desarrolladas por los diferentes gobiernos desde hace años”. En otras palabras: “cuestionar el sistema de protección social y su financiación, disminuir el impuesto de sociedades, supresión del ISF sobre las rentas del capital” y “reducción de la Función pública. A través de estos anuncio y de su voluntad de gobernar por decreto ley, muestra su desprecio hacia los sindicatos y prepara una política tan autoritaria como liberal”, añade Solidaires.

La actitud en relación al control estrecho y brutal de la comunicación constituye otra faceta de lo mismo. Lo que hizo que el 14 de junio pasado Bastian Bonnefous, Cédric Pietralunga y Solenn de Royer escribieran en Le Monde: “Al final del consejo de ministros, se ve a los ministros acceder a sus vehículos sin articular palabra, a veces sin ni siquiera mirar a los periodistas, a los que se mantiene aparte en un rincón, tras un cordón. Algunos de los ministros piden incluso que sus berlinas se acerquen a las escalinatas para evitar atravesar el patio y ser importunados por eventuales preguntas embarazosas… Pero el presidente asume la situación. Desde su elección decidió hablar poco y actuar en secreto… Tras su elección, Emmanuel Macron ha decidido no conceder ninguna entrevista. “¿Por qué hablar? Su encarnación es suficiente”, lanza extasiado uno de sus allegados.

Le Monde continúa: “Igualmente, durante sus desplazamientos “con consorte” (con un acceso reducido para los periodistas) rechaza responder a las preguntas que no se ciñan al tema que haya decidido abordar. Así, no se puede hablar del “asunto Ferrand” (de corrupción) ni de las sospechas de empleos ficticios en el Parlamento europeo que afectan al MoDem, el partido del ministro de Justicia, François Bayrou. “Cuando vengo a hablar de un tema determinado, vengo a hablar de ello y no a realizar comentarios sobre la actualidad” respondió de malas maneras el 9 de junio en su Limousina.

A partir de ahí, en esta estructuración del “nuevo poder”, merece prestar atención a la tribuna de opinión de 23 medias franceses, que va más allá de su cabreo. Razón por la que la reproducimos a continuación.

 

 

 

14/0y6/2017

 

Tribuna

 

“¿El nuevo ejecutivo tiene un problema con la prensa? El 18 de mayo, nos inquietamos por la forma como el Elíseo organizó el viaje a Malí del presidente de la República, seleccionando a los periodistas encargados de cubrir ese desplazamiento. En aquella ocasión se le respondió que no podía “imponer” su opción a las redacciones.

 

Ahora bien, la última semana, han sido dos ministros los que han enviado señales extremadamente preocupantes en cuanto a la manera como conciben la independencia, o más bien sus límites, de los media y la protección de las fuentes.

 

El miércoles 7 de junio, unas horas antes de la difusión por France Inter de las revelaciones sobre la sospecha de empleo ficticio de asistentes parlamentarios europeos por parte de MoDem, Franços Bayrou, presidente de ese partido y sobre todo, ministro de Justicia, llamó personalmente al director del equipo de investigación de Radio France para quejarse de pretendidos “métodos inquisitoriales”, añadiendo que está evaluando con sus abogados la posibilidad de una demanda por “acoso”…

 

Interrogado al respecto por Mediapart, dio esta respuesta que nos deja patitiesos “¡No llamé como ministro de Justicia ni como presidente del MoDem sino como un ciudadano!”

 

El viernes 9 de junio, la ministro de Trabajo, Muriel Péicaud, anunció que su administración había interpuesto demanda ante la justicia contra X por “robo, violación del secreto profesional e infracción”, tras la publicación, dos días antes en Liberation, de documentos con la lista de los temas trabajados por su ministerio para preparar la futura reforma del Código laboral. Un procedimiento que permite ir tanto contra las fuentes como contra el propio medio Liberation.

 

Particularmente inquietantes, estos últimos acontecimientos no son el único motivo de nuestra preocupación. El 11 de mayo, En Marche!, el movimiento de E. Macrocn, interpuso denuncia contra la revista de información especializada La Lettre A, por “infracción del sistema de tratamiento de datos automatizado”, tras publicar un artículo que se apoyaba en elementos sacados de los “Macron Leaks”.

 

El domingo 11 de junio a la tarde, Richard Ferrand, ministro de la Cohesión Territorial y candidato de En Marche! en Finisterre, relegó al rango de “esfuerzos loables” de los periodistas contra su persona, las investigaciones sobre la atribución de un acuerdo de alquiler a su compañera por parte de Mutuelles de Bretagne, cuando él era director general.

 

Frente a la libertad de informar, el nuevo ejecutivo opta por intentar presionar, por la represión judicial y por procesos de intención. “Seguid cabreándoos, porque la libertad es eso” lanzó el mismo Richard Ferrand el 3 de mayo en la “Casa de los periodistas” en el marco del Día mundial por la libertad de prensa.

 

Sin duda, continuaremos. Porque informar al público es tanto un deber como un derecho y porque una prensa libre e independiente es fundamental para la democracia”.

 

Firmantes: Los periodistas de la AFP, Alternatives économiques, BFM-TV, Les Echos, Europe 1, L’Express, France 2, Rédaction nationale de France 3, Libération, les JT de M6, Mediapart, Le Monde, L’Obs, Le Point, Premières Lignes Télévision, Radio France, RFI, RMC, RTL, Télérama, La Vie et les rédactions de Dream Way Production et LaTeleLibre.

 

Fuente: http://alencontre.org/europe/france/france-macron-et-le-droit-de-commander.html

Traducción: viento sur