La paz de los empresarios. Impunidad y olvido para los financiadores de la guerra contrainsurgente

 

Tras la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP va quedando en evidencia el verdadero sentido de lo que el bloque de poder contrainsurgente (en el que los “empresarios”, vaporoso nombre en el que se encuentran, entre otros, industriales, comerciantes, ganaderos, exportadores, terratenientes y firmas transnacionales) entiende por paz y por fin del conflicto armado. Para esos “hombres de bien” que serían los empresarios, como los denomina cierta jerga periodística, la paz quiere decir simplemente que se desmovilice la insurgencia, se le juzgue por haber ejercido el derecho a la rebelión y no pase nada más. Esto significa que el país sea como siempre ha sido, antidemocrático, desigual e injusto, que no haya ninguna reforma y ellos, los empresarios –los verdaderos dueños de Colombia– sigan tranquilamente con sus negocios, acumulando capital y obteniendo jugosas ganancias (como lo hace a sus anchas el capital financiero y los grandes cacaos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, o Alejandro Santo Domingo), sin interesar los métodos violentos que muchos de ellos han utilizado para conseguirlas. Para estar tranquilos, esos empresarios exigen que ni siquiera se pretendan establecer los mecanismos que muchas empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares, cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para ampliar sus propiedades y riquezas.

La gran prensa –también de “empresarios de bien”, que auspicia en forma directa la guerra– ha difundido la falacia de que el responsable exclusivo del conflicto interno ha sido la guerrilla y que tanto el Estado como las clases dominantes (ambos forman el bloque de poder contrainsurgente) son unas “mansas palomas”, que habrían actuado en “defensa propia” en el peor de los casos o simplemente son víctimas indefensas en esta guerra. Esta mentira pretende lavar la imagen y absolver a los poderosos empresarios de cualquier responsabilidad en los numerosos crímenes escenificados en la geografía nacional en los últimos 60 años.

Ahora cuando se habla de una “justicia transicional” que incluya entre los responsables del conflicto armado a empresarios, éstos y sus voceros han dicho que eso es inaudito. Con desparpajo sostienen que eso forma parte de la estrategia del castro-chavismo de tomarse el país, con la complicidad de Juan Manuel Santos, con el objetivo de ahuyentar la inversión privada del territorio colombiano. Desde luego, no interesa que hasta los manipulados procesos de “Justicia y Paz” con los paramilitares hayan generado 12 mil procesos de investigación que comprometen a empresas, como financiadoras del paramilitarismo y sus múltiples crímenes y masacres.

Según la Revista Semana, una defensora incondicional de los empresarios, a estos les preocupa que se desate una “cacería de brujas”, un pánico que se funda en tres temores:

 

 

Estos temores simplemente demuestran que “a confesión de parte, relevo de pruebas”, porque nadie les estaba preguntando sobre cómo medir su responsabilidad. Si lo confiesan por anticipado es que esos temores simplemente rebelan hasta donde ha llegado su financiación de los paramilitares. Además, lo significativo es que dichos temores se hagan públicos a partir de mentiras, lo que indica ya la “seriedad” de los empresarios, de los políticos de la BACRIN de los uribeños y de sus periodistas. En efecto, la noticia que generó revuelo sobre el supuesto juicio a los empresarios se originó no en declaraciones de la Fiscalía o alguna instancia del Estado sino en una investigación académica en la que se hablaba de 57 empresarios que han sido mencionados por los paramilitares, pero que se le imputó en forma mentirosa y con premeditación al Tribunal de Justicia y Paz.

Y a partir de esa indagación académica se ha armado un escándalo, con la perspectiva de reforzar la mentira de que tras ese acuerdo de justicia transicional se encuentra el castro-chavismo y se pone en peligro la santa propiedad privada en este país. Como para que no queden dudas, la misma Revista Semana –¿será que teme que también pueda ser juzgada por su responsabilidad directa en nuestro conflicto interno?– sostiene sin ningún recato que “en el sector privado existe una prevención de que la justicia en general, y particularmente los expertos en paz y en derechos humanos suelen tener una tendencia inclinada a la izquierda”. Como quien dice, el solo hecho de hablar de paz y defensa de los derechos humanos les produce escozor a los empresarios, por aquello de que la justicia es para los de ruana, pero jamás debe tocar a los poderosos, algo que siempre ha caracterizado a la sociedad colombiana.

Haciendo eco de la sorpresa que produce cualquier acusación contra los empresarios, el propio Juan Manuel Santos ha dicho: “Francamente yo no conozco ningún empresario, y conozco muchos, que uno se imagine que esté abrazado de Mancuso queriendo masacrar un pueblo, eso a nadie le cabe en la cabeza”. O Santos se hace el ingenuo o el ignorante, porque el mismo Salvatore Mancuso en reiteradas ocasiones ha manifestado que empresarios, ganaderos y militares, de los cuales dio nombres, fueron financiadores y promotores de los paramilitares tanto en Córdoba como en otras regiones de Colombia. Y como para que no queden dudas el tribunal de Justicia y Paz de Medellín en el 2015 señaló en una sentencia contra desmovilizados del bloque de Salvatore Mancuso que los empresarios y comerciantes que promovieron o financiaron el paramilitarismo en el país debían pedir perdón y reparar a las víctimas. Incluso, para esos investigadores ciertos empresarios debieron desmovilizarse con las autodefensas paramilitares, “porque hicieron parte de sus estructuras de apoyo”. Para desmentir la afirmación antes mencionada de Juan Manuel Santos, en el expediente citado aparece un testimonio de Salvatore Mancuso en el que señala que “cuando nació el bloque Norte se reunió con ganaderos en un club en el centro de Medellín en donde ellos se comprometieron a financiar el grupo, que ‘sabían que era una organización ilegal’”.

Aparte de Juan Manuel Santos, en los últimos días han aparecido “defensores de oficio” de los empresarios, entre los que cabe mencionar al vicepresidente de la República, Vargas Lleras, quien manifestó su preocupación por los probables excesos de la justicia transicional que llevan a que los tribunales especiales cometan arbitrariedades contra “civiles y empresarios”. Entre esos defensores de oficio, que no hablan gratis pues siempre cobran por sus servicios, se encuentra el nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó: “La realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las FARC y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la paz, como lo dice el acuerdo y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación”. Es decir, que este individuo ya sabe de antemano qué sucedió y quiénes fueron los responsables. Bonita justicia la colombiana, y más cuando está en manos de individuos como este fiscal de bolsillo de los intereses privados, a los que les ha servido desde su bufete privado de abogados y desde los numerosos puestos públicos que ha ocupado en el Estado en los últimos treinta años. No por azar, su labor se ha centrado en lavar la imagen de grandes grupos económicos, tales como los cacaos Ardila Lulle, Sarmiento Angulo, y el Grupo Gilinski, entre otros.

Lo que se pretende es que los crímenes de los financiadores de la guerra queden en la completa impunidad y no se conozca ni una parte de los numerosos delitos de que son responsables. No cabe lugar para preguntarse sobre los culpables corporativos del asesinato de tres mil sindicalistas, entre los que se encuentran transnacionales del banano (La Chiquita Brands), del carbón (La Drumond), de las bebidas y alimentos (Coca-Cola y Nestle). Tampoco se debe averiguar ni dar a conocer los nombres de los “ilustres empresarios” que se han beneficiado con el despojo de millones de hectáreas de tierras –y la expulsión de millones de campesinos y la muerte de otros miles– entre los que se encuentran las empresas del azúcar, de la palma aceitera, del banano, los ganaderos, y los bancos y grupos financieros. Mucho menos debe preguntarse sobre las empresas mineras, y sus socios locales, que han destruido ecosistemas y han expulsado de sus territorios a indígenas, afrodescendientes y campesinos a lo largo y ancho del país, empresas entre las que se encuentran la Pacific Rubiales o la Anglo Gold Ashanti.

Para que no se conozca ni siquiera una parte de la verdad sobre la participación directa de los empresarios en el conflicto interno de nuestro país es que se está organizando esa campaña de auto-victimización, en donde los que han financiado y armado ejércitos paraestatales ahora aparecen como unos mansos e indefensos corderos, que no rompen ni un plato. Por eso, el miedo a la verdad al que le temen los empresarios, los periodistas de los grandes medios (como RCN, de propiedad de Ardila Lulle, una de cuyas empresas, Postobon, fuera denunciada en el 2007 por Salvatore Mancuso de darle contribuciones económicas a los paramilitares de la Costa Atlántica) y todos los políticos ligados a esos “prósperos y patrióticos empresarios”.

No sorprende, en ese sentido, el cinismo del presidente de la Anif, Bruce Mac Master, quien aseguró que “no podemos llamarnos a equívocos, no puede haber juegos políticos que pretendan convertir las víctimas en victimarios”. Ese ha sido el clásico juego de los empresarios en este país, de presentarse como victimas cuando están entre los principales responsables de las grandes tragedias de Colombia, como se ejemplifica con los miles de asesinatos perpetrados por paramilitares que fueron financiados por la transnacional Chiquita Brands o por empresas petroleras. Razón tenía Bertolt Brecht cuando decía que “con la guerraﾧ aumentan las propiedadesﾧ de los hacendadosﾧ, aumenta la miseriaﾧ de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencioﾧ de los hombres”.

 

 

En el Plebiscito para refrendar los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-EP que se efectuó el 2 de octubre finalmente se impuso la opción del No, que no ratifica dichos acuerdos. Con una elevada abstención del 62 %, una mínima porción de colombianos votó por la continuación de la guerra. Ese resultado, que asombra al mundo entero, para vergüenza de los colombianos, se explica por diversas razones: la incapacidad del gobierno de Santos y de diversos sectores de la fragmentada izquierda por explicar y convencer a la gente común y corriente de la importancia de poner fin al conflicto armado; la propaganda mediática, manipuladora y mentirosa, de distintas fracciones de las clases dominantes (principalmente terratenientes, ganaderos y sectores ligados a la agro-industria), que a través de sus medios de desinformación sostuvo que el acuerdo representaba la entrega del país al castro-chavismo; las mentiras propaladas por la mayor parte de iglesias evangélicas y cristianas en el sentido que el acuerdo cerraba un pacto para instaurar una “dictadura homesexual” en Colombia, por cuanto la cuestión de género aparece referida en repetidas ocasiones en el texto del acuerdo. Este y otros disparates fueron esgrimidos por aquellos sectores que no quieren poner fin a la guerra, y que se benefician de ella, y a la larga influyeron en el resultado final.

El voto por el No se concentró en algunas regiones (Antioquia y Santanderes) y en ciudades como Medellín y Bucaramanga, lo que quiere decir que quienes votaron por la continuación de la guerra se encuentran en el mundo urbano, lejos y a espaldas de los pobladores del mundo rural que han soportado en carne propia setenta años de un conflicto irregular de tipo contra-insurgente. Resulta fácil decidir en las grandes ciudades, donde la guerra se vive por televisión como si fuera un espectáculo futbolístico o algo por el estilo, cuando no se soportan los rigores y sufrimientos de los enfrentamientos armados.

Y en este No también desempeñaron un papel preponderante los empresarios, lo que confirma lo que afirmamos en este artículo, escrito antes del plebiscito. Con todo lo recortado y limitado que es el acuerdo para el bloque popular en Colombia, algunas de las cosas pactadas han aterrado a grandes sectores de las clases dominantes, y en primer medida a grandes terratenientes y ganaderos, una gran parte de los cuales promueven y financian la guerra, mediante la organización de grupos de asesinos privados, que en Colombia se denominan en forma elegante como Paramilitares o Autodefensas. Luego de los resultados, el gerente de la campaña por el No en el plebiscito, señaló que, aparte de las mentiras y embustes que se difundieron para tergiversar los alcances de los acuerdos, treinta grandes empresas dieron millones de pesos para financiar esas campañas.

Esto no sorprende, por la sencilla razón que uno de sus objetivos es el que siga imperando la impunidad absoluta y que jamás se sepa una pizca de la verdad sobre su papel como financiadores y auspiciadores de la guerra. Seguir cubriéndose con el manto de la impunidad caracteriza a estos sectores capitalistas, así como a su principal vocero, un ex presidente de la Republica, cuyos innumerables crímenes hace tiempo lo deberían haber conducido a una prisión en Colombia o en otros países del mundo. Pero no lo está precisamente por la impunidad reinante en Colombia, la que el bloque de poder contrainsurgente quiere seguir manteniendo a toda costa, así sea con la continuación de la guerra.