Brasil está en crisis, pero si pensamos en su histórica condición periférica en el circuito global de las naciones capitalistas, concluiremos que su crisis es estructural. En este proceso, las burguesías siempre se acomodan. Quien invariablemente sustenta el peso de la inestabilidad permanente son aquellos que nunca usufructúan sus beneficios ni en los buenos, ni en los malos tiempos. Es desde ese lugar social que arriesgo una mirada hacia el presente y es hacia ese lugar que pretendo retornar.
I
En 1981, Florestan Fernande escribió el ensayo “Reflexões sobre as revoluções interrompidas” en el cual empleó toda su verba crítica para analizar la situación de miseria que Brasil heredaba de dos décadas de dictadura cívico-militar. Reproduzco algunos retazos de este ensayo para ilustrar la gravedad del problema.
La ilusión del made in Brazil, las consecuencias y las extravagancias del consumismo, la corrupción moral y mental de las personas, la interiorización plena del agente dominador, de sus intereses inhumanos, de sus corporaciones, mercados y poder, etc. – ¿volvimos o no a la conquista, sólo que ahora de forma mucho más temeraria y disolvente? (Fernandes, 1981a:11)
A aquella altura de los hechos, nuestro autor tenía ya plena conciencia de que la perspectiva desarrollista para el atraso brasileño, cuyo modelo se practicaba por aquí desde los años 1970, no podría –como jamás puede– ofrecer algo positivo para los rumbos futuros de la clase trabajadora. Un plan poderoso e internacionalista de interacciones transnacionales, financiarización total de la economía, exigido por organismos multilaterales –Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional–, penetraba la médula de la sociedad brasileña. La primera providencia fue actuar sobre un sector crónicamente atrasado –la agricultura, foco permanente de conflictos en todo el territorio nacional, imponiéndole un nuevo y agresivo patrón de producción tecnológico. Lo que interesa, de hecho, es que la llamada Revolución Verde impulsó un violento proceso de expropiación de millares de familias campesinas, indígenas, de trabajadores rurales de sus tierras y sus formas tradicionales de vida.
[1] Se los transformó en proletarios precarios –con bajos salarios y desprovistos de derechos–
[2] para proveer la demanda de fuerza de trabajo en el campo y en las industrias urbanas también en ascenso. Brasil se adentraba en el mundo del Imperialismo Total, de donde
[...] el desarrollo capitalista asociado y dependiente creó su propio patrón de articulación política a los niveles continental y mundial: la capacidad adquirida por la dominación externa imperialista de deprimir y distorsionar el orden político se tornó única, permitiendo a las naciones capitalistas hegemónicas y a su super-potencia, gracias y a través de varios tipos de instituciones (más allá de la diplomacia), maximizar intereses económicos u objetivos políticos y militares, así como controlar a distancia un amplio proceso de modernización acelerada (Fernandes, 1981b: 26)
La proletarización más plena de Brasil no conoció, por lo tanto, las condiciones más favorables de la “articulación social predominantemente productiva del capital de la época de Marx”. Ella es contemporánea de la crisis estructural del sistema de metabolismo social del capital que avanza como causa sui y sin que ninguna necesidad humana interfiera en su dinámica permanente de expansión y acumulación. Según István Mészáros, el momento alcanza
[...] un nivel en que la disyunción radical entre producción genuina y auto-reproducción del capital no es más una remota posibilidad, y sí una realidad cruel con las más desbastadoras implicancias para el futuro. O sea, las barreras para la producción capitalista son, hoy, suplantadas por el propio capital de formas que aseguran inevitablemente su propia reproducción- en gran extensión en constante crecimiento- como auto-reproducción destructiva, en oposición antagónica a la producción genuina. [...] Cuanto más el sistema destraba los poderes de la productividad, más él libera poderes de destrucción; y cuando más dilata el volumen de la producción tanto más tiene que sepultar todo bajo montañas de basura asfixiante (Mészáros, 2002: 699, 1010)
Frente al cuadro en que apenas se iniciaba aquel patrón de dominación incorregiblemente nefasto del capital sobre el trabajo, pautado en una ley del valor mucho más “flexible”, Florestan no se ilusiona con las promesas de apertura política, pues comprendía que, si durante los años sombríos, el fuerte aparato de represión impedía las manifestaciones de masas por la fuerza, garantizando de ese modo la modernización conservadora del país, la transición democrática necesitaba de nuevas y todavía más poderosas formas de control sobre ellas, ya que la intensificación de aquel modelo de desarrollo destructivo les reservaba adversidades todavía más problemáticas y más complejas que enfrentar.
Tanto internamente, como a partir de afuera, el palco está preparado para compatibilizar el crecimiento morfológico de los proletarios como clase en sí con una conciencia de clase “esterilizada” y con dinamismos de “luchas de clases” destituidos de elemento político y de un eje verdaderamente revolucionario (Fernandes, 1981b:110)
Caso raro en la escena brasileña reciente, invadida por una corrosiva onda de relativismos teóricos que se fundan en el agotamiento del trabajo como productor de valor, del trabajo como punto de identificación social de los sujetos históricos, el compromiso ético de Florestan se establecía por entero con la construcción y las necesidades de la revolución proletaria en un país del capitalismo dependiente y subalterno al capital central. Por eso, no perdonó a ninguno de los segmentos empeñados en la misión de domesticar e “incluir” los ímpetus de clase. Ni el socialismo reformista, con sus tácticas de apoyo y alianza con la burguesía nacional; ni los sindicatos “modernos” y “democráticos”, influenciados por el modelo norteamericano; ni los “partidos obreros social-democratizados” y de más movimientos de masas que capitulan en la línea de menor resistencia. Fue particularmente duro con “los intelectuales y las universidades (que) permanecen ciegos frente a este proceso, por el cual ellos mismos están siendo internacionalizados, ‘cooptados’ y destruidos por la alienación”.
Todavía no se podía entrever la magnitud de los golpes que la clase trabajadora y toda la población vulnerable del campo y de las ciudades habrían de sufrir de los sucesivos gobiernos neoliberales, independientemente de la forma que tomaran con Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso (FHC), Lula Da Silva o Dilma Roussef. Todos, cada uno a su tiempo y a su modo, siempre bajo el comando externo, tuvieron una funcionalidad necesaria a la profundización de la crisis estructural del capital. Sobre la cuestión, es a Mészáros a quien todavía recurro para comprender la relación visceral del Estado con el orden económico.
En la época de Mandeville, la gran preocupación, en lo que refería al papel del Estado, [...] era usar su poder en el interior del país, de modo que la ‘propiedad fuese asegurada’ y que ‘el pobre fuese estrictamente puesto a trabajar’; internacionalmente, la intención era sustentar las fuerzas del capital en su emprendimiento de expansión colonial, en interés de la riqueza creciente de ‘las grandes naciones activas’. Hoy la situación es radicalmente diferente. No con los objetivos de ‘garantizar la propiedad’ y ‘poner al pobre estrictamente a trabajar’: en cuanto sobreviven el modo de producción capitalista y su Estado, ellos tienen que mantener los propósitos permanentes del sistema. La diferencia radical se hace visible en el hecho de que el Estado capitalista precisa ahora asumir un papel intervencionista directo en todos los planos de la vida social a una escala monumental. Sin esta intervención directa en el proceso socio-metabólico, que actúa solamente apenas en situaciones de emergencia, pero en forma continua, se torna imposible mantener en funcionamiento la extrema perdurabilidad del sistema capitalista contemporáneo (Mészáros , 2002:700).
Teniendo en cuenta la marcha acelerada del progreso destructivo en el Brasil de los años 1970, en el comienzo de los ’80, ya era posible vislumbrar la degradación potencial que sería impuesta a la mayor parte de la sociedad brasileña. Por eso mismo Florestan se preocupaba con el desierto ideológico que se articulaba contra ella:
¿o qué decir de la barbarie que de ahí podrá resultar si las poblaciones pobres y las clases trabajadoras no estuvieran armadas para luchar por sí mismas y por la HUMANIDAD de explotadores y explotados? (Fernandes, 1981:111).
Los anteriores pasajes ayudan a comprender la situación que vivimos hoy en Brasil, situación todavía más miserable que la encontrada por Florestan en 1981, pues se cumplió lo que él temía. El espectro de la barbarie se personificó plenamente en el país y frente a ello no se vislumbra un proyecto emancipatorio, ninguna salida más radical al capital, capaz de movilizar a las masas. Aquí reside la razón real de la crisis brasileña, la crisis de una clase sin derechos, sin alma, sin futuro. El Partido de los Trabajadores (PT), como conductor político del molino satánico, tuvo participación decisiva en su ruina.
II
Por más de una década, los gobiernos petistas se jactaron de alzar a la población más pobre de Brasil a la categoría de una “nueva clase media”. Cumplían, de esta forma, con las promesas de sucesivas campañas electorales a la presidencia de la república en que, apartándose de las tendencias más combativas de las bases obreras y populares de su origen, comenzaron a mirar los deseos difusos de aquel segmento social.
Al frente de la administración del Estado, el PT va a encontrar a los sectores populares desgastados, empobrecidos y fragilizados por los ataques sufridos por las políticas aplicadas en gobiernos anteriores, sobre todo el de FHC. Por eso también fue tan grande la expectativa depositada en la nueva gestión.
Las urgencias de la pobreza dieron ocasión al prestigio que consolidó en los resultados inmediatos obtenidos de las políticas socio-económicas que siguieron a rajatabla el recetario del Banco Mundial. Se verificó un aumento en la renta de la población, disminución de la tasa de desempleo, expansión del consumo en función del crédito barato. Sin ninguna intención de recomponer los derechos substraídos a la clase, de revertir el cuadro de las desregulaciones que la afectaron, se promovió la tal “inclusión social” mediante programas modulares y contingentes como la Bolsa Familia y Mi Casa, Mi Vida. La educación ganaba contornos más amplios y también pragmáticos con el Prouni (Programa Universidad Para Todos), el FIES (Fondo de Financiamiento Estudiantil), el Pronatec (Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y Empleo) y el programa de cuotas para estudiantes negros y pobres. La reforma agraria salía de escena en función de programas de incentivo a la agricultura familiar (Pronaf) y de la producción de agro-ecológicos. Subió significativamente el volumen de los gastos públicos con el fin de viabilizar el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento)
[3] que, con los aportes del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo), financió obras gigantescas por todo el territorio nacional, tales como hidroeléctricas –entre las más polémicas están Belo Monte y Jirau–, ferrovías y complejos portuarios para el embarque interno y externo de la producción de
commodities. Se edificaron complejos petrolíferos dedicados a la exploración del pre-sal e, incluso, pesada infraestructura necesaria para la realización de mega-eventos como la Copa de la FIFA de 2014 o las Olimpíadas de 2016. Por mucho tiempo, un mismo y viciado grupo de empresas venía obteniendo el privilegio en los financiamientos públicos.
Entre 2002 y 2010, Brasil registró un aumento del 146% en el precio medio (en dólares) de las exportaciones, mientras que las importaciones crecieron un 85% en el mismo periodo. El ingreso, al ritmo de los demás países miembros del BRICS, subía 7% al año. Tales factores estimularon la compra de productos industrializados de China, principalmente, con quien Brasil estrechó acuerdos comerciales desde que aquel país, en curva ascendente, se convirtió en el más importante comprador de soja y de hierro brasileños. Como dicen algunos: un “maná que vino del cielo”.
La bonanza dependiente de las exportaciones de commodities y de la lógica crediticia creó la sensación de que todas aquellas ventajas serían definitivas. El optimismo gubernamental hizo creer que “todos” ganaban y que, con sus bases de apoyo en una fuerte alianza con sectores de la burguesía nacional, sería capaz de controlar internamente las sacudidas de la crisis internacional que, desde 2008, viene ensayando un colapso generalizado.
Concretamente, el alardeado neo-desarrollismo petista que salió en defensa de la industria nacional fracasó en sus intenciones al adoptar una política de consumo muy superior a los que la industria doméstica podría atender. El resultado fue una brutal desindustrialización comprobada por los números: en 2010, la industria correspondía al 15% del PBI, mientras que en 2014, cayó al 11%.
Y, coherentemente con el modelo de desarrollo inaugurado en los años 1970, los programas de crecimiento de los años 2000 continuaron ampliando enormemente el poder del capital financiero, del agro-negocio, de la minería, del sector energético y de la construcción civil. Se fortaleció el mono cultivo, la producción de commodities y de bienes manufacturados para la exportación. La ampliación y el fortalecimiento de la Revolución Verde confirma el viejo modelo agrícola, basado en la gran unidad productora y fuerte impacto ambiental, racionalizado mediante una larga utilización de tecnologías basadas en máquinas, en semillas transgénicas auto-reproductivas, en el consumo campeón de insumos químicos y de veneno (mil millones de litros por año). Bajo el control de las grandes transnacionales del sector, el modelo hegemonizado por la commoditización domina el país generando y beneficiándose del desmonte de la mal sedimentada industria de bienes de producción, de la reestructuración productiva, del desempleo estructural, del debilitamiento de las entidades sindicales y movimientos sociales, de la incidencia generalizada del trabajo informalizado, precarizado, esclavizado, de la superexplotación del trabajo infantil y femenino.
El PT vela por las necesidades del capital destructivo, ampliando la tragedia de la clase trabajadora brasileña. El desierto ideológico del que se preocupó Florestan fue llenado por el abstracto concepto de ciudadanía y por una amplia gama de planes, proyectos y programas de reducción de la miseria. Sin duda alguna, la obra más importante del PT se encuentra en el manejo magistral con que operó su relación con las masas, con los sectores populares, organizados o no.
[4] Los trajo hacia las huestes del Estado, los institucionalizó, los tuteló, controló su miseria, convirtiéndola en virtud. Calló su voz combativa, tornándolos dependientes de políticas y de burocracias estatales. Los compañeros de los sindicatos, partidos y movimientos sociales son los nuevos socios; los trabajadores se convirtieron en colaboradores y emprendedores fustigados por el fetichismo de la mercancía (china) e invadidos por la lógica del enemigo. Sobre todo, se apartaron de la incómoda y peligrosa conciencia de clase.
En el comando del Estado, el petismo constituyó un importante vector político de la miseria brasileña. Y, si los militares usaron la fuerza bruta para acallar a las fuerzas insurgentes contra el capital, el PT en el poder las silencia por la ilusión del ascenso social –la clase media ciudadana–, y el valor ideológico que atribuye a su empobrecimiento en amplio espectro. Así, como un conocido político brasileño profirió la perla “bandido bueno es bandido muerto”, el PT sentenció que pobre bueno es el pobre “amigo del orden”.
III
En junio de 2013, vivimos un fenómeno semejante a lo ocurrido en la Primavera Árabe (2010), cuando millones de brasileños salieron a las calles para romper con el mito del crecimiento tranquilo y las bravatas del orden consentido. Explotaba allí la recuperación de una gran onda rebelde, de revueltas populares más o menos conscientes. Desde entonces, el país vive un ascenso de luchas, una multiplicidad desconcertante de enfrentamientos, reactivos en su mayoría y muy distintos de los que se podría esperar de una organización social en tiempos más favorables. La actualidad está marcada por activismos fragmentados, contingentes y, en no pocos casos, espontáneos e ideológicamente confusos. Aún así resurgen como manifestaciones de liberación de la clausura que representó el extrañamiento ideológico que les fue impuesto durante más de diez años.
La osadía de las masas indicaba que la historia podría salir de control, de aquella zona de confort en la cual se estableciera la política de consenso del lulismo. Por eso, la parte más desconforme de los manifestantes viene siendo duramente reprimida y criminalizada por la violencia policial.
[5] La otra parte, convencida por el adoctrinamiento pequeño-burgués, engrosa el campo de la moral y de las buenas costumbres, vocifera contra la corrupción. Desde allí, un clima de divisiones y de inestabilidad generalizadas es orquestado por la delincuencia de los medios de comunicación que desinforma y deforma, por la actitud reaccionaria del congreso que pisotea la constitución, por el golpismo de la base aliada del gobierno y de sus opositores. Una muchedumbre fascistizante convoca en todo momento a que se practique la Ley de Lynch contra pobres, negros, indios, homosexuales. Grupos de exterminio actúan con ferocidad en las periferias. Los noticieros arman y rearman crónicas de una crisis sin historia, pasajera. El problema se reduce a los individuos y a las siglas que ahora ocupan la gestión del Estado. El mero recambio de ellas sanearía el ambiente y la normalidad sería reconducida al país.
[6]Un análisis más preciso, sin embargo, muestra que los problemas que nos afectan son más antiguos, mucho mayores y más graves de lo que las posibilidades internas tendrían para controlarlos. Primero, porque poseen singularidades históricas estructurales, y segundo, porque esas singularidades están, más que nunca, sintonizadas con la crisis estructural del sistema. Urge recomponer, sobre nuevas bases, nuestra función endémica que, desde las medidas anticíclicas del keynesianismo, se presta a absorber las contradicciones más agudas del sistema. El agravante del patrón global de crecimiento en curso desde los años 1970 es la dificultad creciente de mantener, en niveles aceptables, las tasas de ganancias. De ahí el abismo impresionante que se viene cavando entre la riqueza concentrada en las manos del 1% y la miseria potencial destinada al 99% de la población mundial. Para garantizar esa irracionalidad se vuelve imprescindible derrumbar todos los límites que impiden la explotación del sobre-trabajo y de los recursos naturales necesarios a la lógica de producción destructiva.
En este escenario, los trucos del lulismo son inútiles para contener los ánimos. Para mejor ejercer su papel histórico y atender a los requerimientos del sistema, el momento precisa que adopte formas de gobernabilidad absolutamente indiferentes a las expectativas de los trabajadores y de la población vulnerable. Para el capital, el momento es de ruptura con ellos y no de consensos. Irónicamente, el propio PT toma distancia estratégica del lulismo para mejor conducir la transición hacia el abismo.
Dilma, rehén de su propio ministerio –con el banquero Joaquim Levy al frente–, se empeña en hacer su parte para salvar al capital. Está en curso, el mayor ajuste fiscal de la historia del país que, en términos nominales, reorienta el monto de 70.000 millones de reales, antes destinados a aéreas esenciales, para el pago de intereses de la deuda pública. Medidas Provisorias de todo tipo afectan directamente al mundo del trabajo, entre las cuales se destacan las MPs 664 a 665, que dificultan y disminuyen las posibilidades de obtención del seguro de desempleo y jubilación; el proyecto de Ley 4330, que permite la tercerización de la actividad principal de las empresas; el cambio en el carácter de las inversiones de los fondos de pensión, liberando la aplicación de recursos hacia la especulación financiera; la MP 680, también conocida como Programa de Protección al Empleo (PPE), que permite disminuir la jornada de trabajo y el salario en hasta el 30% y cambia el pago de los abonos salariales del PIS/PASEP.
Otras propuestas tendrán un impacto arrasador en varios sectores de la sociedad brasileña como aquella que menciona el fin de la unión aduanera con el Mercosur y la apertura comercial con los Estados Unidos; la propuesta de enmienda a la Constitución, PEC 171, que reduce de 18 a 16 años la edad penal para crímenes graves, homicidio doloso y lesión corporal seguida de muerte; la PEC 215 que confiere al Congreso Nacional la competencia exclusiva de la aprobación de la demarcación de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios y la revisión de la demarcaciones ya homologadas.
Proyectos de ley que inciden directamente sobre la libertad de los individuos, como el PL 867, que impide que los profesores aborden cuestiones políticas en el aula; sobre la soberanía nacional, como el PL 131, que tramita un régimen de urgencia en el Senado y procura transferir hacia las multinacionales las ganancias con la explotación de los recursos del pre-sal; sobre desregulaciones con fuerte impacto social, como la PL 5807, que define un nuevo marco regulatorio para el sector de la minería en Brasil abriendo territorios de las comunidades tradicionales para la explotación extractiva; sobre impactos educacionales, como el Plan “Brasil Patria Educadora” que destina gran parte de los recursos públicos de la educación hacia instituciones privadas; sobre el recrudecimiento de la represión como el PL 2016, que caracteriza como terroristas a las manifestaciones políticas equiparándolas al uso de explosivos nucleares.
El senado, a través de Renan Calheiros, presentó como propuesta todo un plan de acción para “solucionar la crisis”, llamado Agenda Brasil. En ella se prevé: 1) la protección legal para inversiones privadas en concesiones y privatizaciones en la forma de Asociaciones Público Privadas (PPP, su siglas en portugués), a través del desarme de las agencias que ponen límites a los impactos ambientales y sociales, flexibilizando las leyes laborales, desregulando la actividad extractiva, la protección ambiental y del patrimonio histórico y retrocediendo en la demarcación de las tierras indígenas, bien como estimulando mega eventos en detrimento del bien público y relativizando los estudios de impacto social y ambiental en las obras de infraestructura; 2) la búsqueda de equilibrio fiscal por medio de la reducción de impuestos sobre el patrimonio y el aumento de impuestos sobre la renta, de la desvinculación de recetas presupuestarias en áreas esenciales, privatización del patrimonio público, caracterización de las inversiones de las empresas estatales como gasto público, imposibilidad de ajuste salarial para los empleados públicos; 3) el desmontaje de la protección social que acaba con el principio de la gratuidad del Sistema Único de Salud (SUS) y recoloca las inversiones en educación para el gago de la deuda pública; 4) la exención de impuestos para las empresas y acceso a fuentes de financiamiento público.
Obviamente no tendremos la oportunidad de analizar aquí el peso de cada uno de estos puntos, pero podemos imaginar que si todas estas medidas fueran aplicadas, y todo indica que sí, Brasil vivirá la mayor tragedia social, ambiental y humana de su historia. Algo, posiblemente, semejante a la tragedia de los refugiados de África y de Medio Oriente. Frente a tal futuro, es muy importante la continuidad y la intensificación de las luchas tanto por la recuperación de los derechos suprimidos como contra las medidas que intentan otras supresiones. Pero es todavía más urgente una lucha que no caiga en las artimañas politicistas, en las salidas economistas y en los pactos que invariablemente caen en la línea de menor resistencia. El gran desafío de la actualidad es conseguir recuperar la conciencia que la democracia del consenso robó a las masas; desafiar a las miserias materiales e ideológicas y reasumir, a través de las luchas, la condición de sujeto de la historia. Un primero paso podría ser dado por las organizaciones –o lo que quedó de ellas– en el sentido de romper con las arengas de la recuperación del crecimiento y de comprender, definitivamente, que no hay un fin para la crisis de la clase trabajadora y para los pueblos atacados por el capital. Que el accionar revolucionario precisa recrearse sin el canto de sirena de las instituciones mediadoras del orden.
Todo está perdido, a menos que…
Frantz Fanon, Los condenados de la tierra.
Bibliografía
Fernandes, Florestan, “Reflexões sobre as revoluções interrompidas”. En: –, Poder e contrapoder na América Latina. Río de Janeiro: Zahar Editores, 1981 [1981a].
–, “Notas sobre o fascismo na América Latina”. En: –, Poder e contrapoder na América Latina [1981b].
Mészáros, István, Para além do capital. San Pablo: Boitempo, 2002.
Este artículo fue enviado por la autora para ser publicado en este número de Herramienta, contó con la colaboración inestimable del Colectivo Canudos, de Araraquara y da continuidad al anterior “El ocaso de un proyecto engañador”, publicado en el número anterior de Herramienta.
Traducción del portugués: Raúl Perea.
[1] Este proceso que, en bien de la verdad, sucede todavía durante la colonización portuguesa, se renueva y se intensifica a cada salto modernizador en el país, incluso en nuestros días. Ejemplo de esto es la masacre, articulada por estancieros, contra indígenas que luchan por la autodemarcación de tierras.
[2] Muchos de ellos fueron esclavizados y mantenidos en campos de concentración para trabajar en las agro-industrias creadas en el periodo.
[3] “Anunciado como un guiño en la política económica, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) fue recibido por muchos –a izquierda y a derecha– como una negación de la herencia neoliberal y la vuelta del papel regulador del Estado en la economía. Nada más lejos de la realidad. Las medidas anunciadas son apenas un poco más de lo mismo. Sus fines y sus medios se encuadran perfectamente en los parámetros del patrón de acumulación neoliberal-periférico, implantado por Collor de Mello, consolidado por FHC y reciclado y re-legitimado por Lula da Silva. Presentada como la tabla de salvación que lograría finalmente concretizar el prometido ‘espectáculo del crecimiento’, la estrategia de aceleración del crecimiento se organiza en función de dos objetivos primordiales: enfrentar el estrangulamiento en la infraestructura económica en la áreas de energía, transporte y puertos; e incentivar la iniciativa privada a salir de la especulación financiera y realizar inversiones productivas”. Plínio de Arruda Sampaio Jr
. “Notas sobre o PAC – um passo atrás” htpp://www.corecon-rj.org/artigo_plinio_seminario_pac.pdf.
[4] La creación del Catastro Único ha sido un excelente instrumento de control y mapeamiento de los pasos de los individuos pobres.
[5] La propuesta de una ley antiterrorista surge exactamente en este momento.
[6] Se diseña un cuadro de acusaciones contra los errores de la conducción económica y contra la decadencia moral y política de la gobernabilidad petista. De allí la articulación de un proceso de investigación y juicio político contra la presidenta Dilma. Sin entrar en el mérito de las pruebas condenatorias que, desde el
Mensalão hasta la operación
Lava Jato, derrumban uno a uno a los principales líderes del PT, llevándose consigo, definitivamente, a lo que un día fue el faro de la izquierda latinoamericana, importa comprender las razones que ahora llevan a la burguesía –fuertemente transnacionalizada– a defenestrar al partido que, desde 2003 al frente del Estado brasileño, tantos y tan buenos servicios le prestó. [
Mensalão: así se denomina al proceso de investigación que desnudó un esquema de compra y apoyo político operado en el Congreso Nacional durante el primer mandato del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por el que ya fue condenado José Dirceu, figura clave de dicho gobierno.
Operação Lava Jato (Operación lavado de autos): investigación llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil en 2014, sobre un esquema de lavado de dinero con fuertes vínculos con el poder político gubernamental. La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio para mover valores de origen ilícito (Nota del traductor)].