La economía desde la izquierda: Coyuntura y ciclo

 

 

El ajuste fiscal del gobierno es una variante atenuada del gran recorte que exigen los neoliberales. Se renunció a la reforma impositiva progresiva y ahora se presenta la baratura del transporte o el gas como un privilegio.

La inflación ya no deriva sólo de bajas inversiones, encarecimiento de exportaciones y acciones de los oligopolios. Se acentuó con la emisión. Como los acuerdos de precios con las empresas han fallado, ahora se intenta imponer un techo salarial.

Los principales ganadores de la década pasada fueron los grupos concentrados. Pero el periodo de alto crecimiento y creación de empleo quedó atrás. La desaceleración del nivel de actividad no se explica por la crisis mundial. El continuado empuje de la demanda ha chocado con exigencias de rentabilidad, que dejan poco espacio para medidas progresistas. 

La derecha no piensa recomponer la solvencia fiscal erradicando la corrupción. Con un gran despliegue de anti-chavismo prepara atropellos contra las conquistas sociales. En el nuevo escenario crecen las posibilidades de protagonismo de la izquierda. 

La economía argentina transita por un peligroso desfiladero de alta inflación, demanda de dólares, desplome de reservas y déficit fiscal solventado con emisión. Estos desequilibrios despiertan recuerdos de las repetidas debacles que sufrió el país, pero hasta ahora el nivel de endeudamiento privado, el grado de solvencia de los bancos y los precios de las exportaciones se mantienen estabilizados. Incluso están llegando fondos internacionales para adquirir empresas, en un clima de euforia bursátil con los grandes negocios de los próximos años.

Esta disparidad de escenarios convive con el giro político que introdujo la derrota electoral del kirchnerismo. El ocaso del proyecto reeleccionista ha reducido la autoridad presidencial y varios gobernadores e intendentes se disputan la sucesión. Cristina optó por un cambio de gabinete, entregó la cabeza de Moreno y le otorgó mando al cacique justicialista Capitanich para timonear la llegada al 2015. El gobierno se propone aguantar durante dos años las agudas tensiones de la economía para traspasarle el ajuste a su sucesor.

Pero el establishment no acepta ese gradualismo. Exige una gran devaluación inmediata, severos recortes del gasto social y un brutal achatamiento de los salarios. Plantea estas exigencias con mensajes de advertencia para que “Cristina termine bien su mandato”. El termómetro de esta pulseada es el comportamiento de las reservas. Al ritmo actual de desplome la estrategia del gobierno no es viable.

Los poderosos temen la respuesta popular. Saben por experiencia que la acción masiva de los trabajadores puede doblegar cualquier variante de atropello. El importante avance logrado por una parte de la izquierda en las últimas elecciones incorpora, además, un nuevo elemento a esa resistencia. Ese sector tendrá un inédito espacio para actuar en el parlamento, las legislaturas provinciales y los medios de comunicación.

El nuevo contexto involucra también a otras vertientes radicalizadas que participan en los sindicatos y movimientos sociales, en un momento de viraje en la conciencia popular. Hay gran receptividad para propuestas de toda la izquierda. Pero estos planteos requieren un acertado diagnóstico de la situación económica y una batería de argumentos contra las justificaciones derechistas u oficiales del ajuste.

¿Por qué faltan dólares?

La corrida hacia el dólar es la arista más explosiva de la coyuntura actual. En dos años la cotización oficial de la divisa saltó de 4 a 6 pesos y ya supera los 10 en el mercado paralelo. El gobierno ha intentado contrarrestar esta demanda vendiendo reservas, pero generó una hemorragia que reduce peligrosamente el respaldo de los pesos en circulación. Durante el 2013 año se esfumaron 11.000 millones de dólares del Banco Central y los 32.000 millones restantes sólo cubren cinco meses de importaciones.

Los exportadores retienen las ventas a la espera de un tipo de cambio más elevado y el desesperado blanqueo que lanzó el gobierno para atraer capitales de cualquier origen, no dio ningún resultado. Los acaudalados mantienen sus fortunas en el exterior, aguardando mayores concesiones para mover su dinero. Esta presión por una mega-devaluación acentúa los temores de la clase media y el consiguiente acaparamiento de divisas, en un país con gran tenencia de billetes norteamericanos (1300 por persona frente a 6 en Brasil).

Kicillof ha negado un incremento drástico del tipo de cambio. Se propone acelerar el ritmo actual de mini-devaluaciones (30% anual), dejando abierta la posibilidad de un desdoblamiento. En un escenario turbulento esa medida consolidaría la drástica desvalorización del peso. Ya existe de hecho un menú de precios diferenciados del dólar que tiende a converger hacia arriba, como ocurría en los años 70 u 80.

Los neoliberales atribuyen este descalabro a la instauración del “cepo”. Consideran que el despótico intervencionismo gubernamental desató la “reacción natural de los mercados”. (1)

Pero olvidan que el control sobre las divisas fue instaurado en forma defensiva, repitiendo la reacción que tuvieron incontables gobiernos, para detener presiones devaluatorias que siempre desembocaron en mayor inflación y recesión. Como Argentina no fabrica los dólares que utiliza para solventar sus compras externas, necesita algún tipo de regulación cuando las divisas comienzan a escasear.

Ese manejo no introduce sofocantes torturas (“cepo”), sino simples contrapesos del “mercado libre” que manejan los bancos y los exportadores. No viola las leyes de la naturaleza, ni vulnera los principios de una economía sana. Ha fallado desde el 2011 por la evidente incapacidad del gobierno para aplicarlo seriamente. El control fue introducido en forma tardía y es manejado con total arbitrariedad.

En lugar de penalizar a los especuladores, los funcionarios toleran la apropiación bancaria de los dólares y luego se desesperan por la desaparición de esos billetes. Un solo dato ilustra esta actitud: entre julio del 2007 y octubre del 2011 se permitió el libre giro al exterior de 80.000 millones de dólares por pagos de deudas y remisión de utilidades.

Esa aceptación explica también el enorme despilfarro de dólares con el turismo durante el último año. El gobierno avaló este derroche para congraciarse con una clase media que igualmente le da la espalda. Pero se ha llegado a un límite infranqueable. La economía necesita urgentemente divisas para cubrir dos desbalances de gran porte: el déficit energético y el rojo comercial de la industria. El primer bache aumenta a un ritmo explosivo y el segundo crece más rápido que el nivel de actividad.

Del desendudamiemto al reendeudamiento

Para buscar las ansiadas divisas el gobierno busca retomar el endeudamiento externo. Lorenzino fue confirmado en el nuevo equipo ministerial como gestor de esos créditos en Europa. Lo que nadie transparenta son los pesados compromisos que asumirá el país.

Estas obligaciones llegarán con la decisión oficial de pagar las sentencias que emitió el tribunal del Banco Mundial (CIADI), a favor de cinco empresas afectadas por la pesificación que sucedió a la convertibilidad. Al aceptar esas demandas se habilitan los reclamos de otras 30 compañías litigantes y las peticiones de los viejos acreedores del Club de Paris (9600 millones).

El sometimiento al CIADI fue acompañado por la tercera reapertura del canje, que el Parlamento aprobó para ofrecer un nuevo acuerdo a los fondos buitres. Estos financistas adquirieron por moneditas las acreencias argentinas desvalorizadas y ahora demandan su pago integro en los tribunales de Nueva York. Los jueces de esa jurisdicción avalaron el reclamo y emitieron un ultimátum de pago.

Cristina se negó varias veces a convalidar esa estafa, pero últimamente acepta el chantaje. El Fondo Gramercy -especializado en amansar fortunas mediante la adquisición y reventa de pasivos pendientes de cobro- está tramitando el convenio. Ya intermedió en la reapertura del segundo canje, utilizando información privilegiada que le habría suministrado Boudou. Busca un acuerdo con la intención de convertirse en el agente financiero del país cuando Argentina “retorne a los mercados internacionales”.

Por el simple arreglo de estos litigios pendientes, la deuda externa aumentará un 20% (de 198.000 a 237.500 millones de dólares). Además, retornaría la custodia del FMI sobre las finanzas argentinas. El Club de Paris ha condicionado cualquier convenio a esa auditoría y el gobierno ya dio el primer paso, al aceptar la supervisión del Fondo en la elaboración un nuevo índice de precios.

El país tiene técnicos altamente capacitados para recomponer el INDEC y no necesita auxilios de Washington. En lugar de transparentar las estadísticas, el FMI actuará como lobista de los bancos, para inducir índices que favorezcan el cobro de bonos indexados por CER o los pagos por cupón de crecimiento del PBI.

El giro hacia el re-endeudamiento también incluye gratificaciones a los grupos locales. Los bonos ofrecidos a los exportadores de cereales por 1000 millones de dólares se suscribirían cerrando los ojos ante viejas denuncias de fraude fiscal. Un privilegio semejante tendrían las empresas petroleras eximidas de pagar el impuesto al cheque. Ambos sectores podrían liquidar las divisas a un tipo de cambio más próximo a la cotización del dólar paralelo.

Es evidente que el re-endeudamiento en marcha choca con el proclamado des-endeudamiento de la última década. Pero el gobierno ya tiene mucha experiencia en la improvisación de justificaciones. Elogiaba la presencia de REPSOL antes de nacionalizarla y convocaba a poner un traje a raya a los evasores antes de disponer el blanqueo.

Ahora buscan créditos externos luego de varios años de cancelación suicida de deuda. Han exhibido como un gran logro ese traspaso de fondos a los acreedores y presentaron el consiguiente desplome de las reservas como un acto de “soberanía financiera”.

Los oficialistas afirman que a partir del canje los pasivos totales del estado declinaron de 166% al 45% del PBI (2003-2012) (2). Pero olvidan mencionar el dramático costo social previo que tuvo ese recorte y restringen la comparación al peor momento de la crisis. Ocultan el sostenido incremento posterior de la deuda, que ha elevado el pasivo total a 200.000 millones de dólares.

Los economistas K también silencian las elevadísimas tasas que ofrecen los nuevos bonos del estado y los increíbles pagos que legó el ponderado canje. Sólo el famoso “cupón-PBI” obliga a desembolsar 3000 millones de dólares adicionales, cada vez que el crecimiento supera el 3,2% anual. Los optimistas dibujos que hizo el INDEC del nivel de actividad tienen esa paradójica consecuencia.

En los hechos, el estado se financia con los fondos sustraídos del Banco Central y del ANSES. Como este último organismo acumula un 60% de su activo en títulos públicos, nunca tiene plata para pagar lo que demandan los jubilados. Tampoco salda la deuda contraída con 500.000 retirados por la sub-liquidación de haberes. La Corte exigió esa cancelación pero el gobierno la desconoce, argumentando que necesita el dinero para “proteger los ahorros del sistema”. En nombre de ese resguardo, la mayoría de los ancianos no cobrará en vida lo que les corresponde.

Déficit por ausencia de reforma fiscal

Como cierta solvencia de las cuentas públicas es la condición de cualquier pedido de crédito, el re-endeudamiento vendrá acompañado de un ajuste fiscal. El superávit primario se extinguió hace rato y el déficit se aproxima al 3% del PBI.

El gobierno ensayará una reducción moderada de este bache hasta el fin de su mandato. El presupuesto dibujado que aprobó el Parlamento le asegura el control del ejercicio, pero no la financiación del agujero fiscal. Logró prorrogar la emergencia económica y la recaudación de impuestos no coparticipables, pero es inocultable el deterioro de las cuentas públicas.

Este desbalance afecta duramente a las provincias, que ya destinan la mitad de sus presupuestos al pago de salarios. Afrontan una continuado des-financiamiento como consecuencia de la tajada perdida en la coparticipación federal. Ese ingreso se redujo del 50,6% (1993) al 32,7% (2011) del total. Cuando el Ejecutivo cuestiona la ineficiencia de los gobernadores, oculta la catarata de gastos sin financiación genuina que impera en su administración.

Kicillof intentará algunos recortes para calmar las presiones del establishment. Seguramente retomará el programa de la “sintonía fina” que Cristina abandonó luego de la tragedia de Once. Este plan incluye podas en los subsidios al transporte y la energía que encarecerán los servicios.

Los funcionarios presentarán el incremento de las tarifas como una penalidad limitada a los sectores enriquecidos. Pero el corte de subsidios para esas minorías ya empezó y no alcanza para equilibrar las cuentas del estado. Afirmarán que el ajuste es equitativo, puesto que excluye a los beneficiarios de planes sociales. ¿Pero acaso el grueso de la población trabajadora constituye un sector privilegiado?

Los voceros oficiales se indignan con el alto costo de una garrafa en comparación a los servicios corrientes de gas y denuncian las altas tarifas vigentes en el interior frente a la zona metropolitana. Pero podrían resolver esa inequidad abaratando el primer tipo de precios. Con toda naturalidad suponen que el problema se corrige ajustando hacia arriba. Utilizan el mismo argumento de los neoliberales contra la gratuidad de la universidad pública “que no está poblada por pobres”. Con esos razonamientos, cualquier logro social es descalificado recordando las carencias de los más humildes.

Otra justificación oficial resaltará el peligro de un padecimiento mayor. Afirmará que el aumento de tarifas es inferior a lo exigido por la derecha. Es la misma retórica que se utiliza para denunciar la mega-devaluación que exige el PRO (40%), ocultando las mini-devaluaciones en curso (30%).

Por su parte los neoliberales cuestionarán de palabra cualquier ajuste que haga el kirchnerismo. Ya protestan contra la “inaudita presión fiscal” y exigen un fuerte recorte del gasto. El oficialismo responde señalando la dificultad para achicar los costos del asistencialismo.

Pero ambos silencian la ausencia de la reforma impositiva progresiva que tantas veces se prometió y nunca se implementó. Esa carencia explica la falta de recursos que afronta el fisco. El estado ha incrementado su presencia económica sin modificar la estructura de recaudación de los 90.

Por eso hay más impuestos pagados por el grueso de la población. El IVA continúa ubicado por encima de dos dígitos, mientras que los barrios cerrados y las grandes extensiones rurales de la provincia de Buenos Aires tributan muy poco. El propio gobierno quiebra periódicamente la disciplina fiscal con blanqueos, que justifica con los mismos argumentos de excepción utilizados por todos sus antecesores.

Las causas de la inflación

Es evidente que la inflación es el problema más acuciante de la economía. Ya se acumulan seis años con promedios que superan ampliamente la media global o latinoamericana. La aceleración de los últimos meses tiende a situarla por encima del 25% y a diferencia del 2008-09 los incrementos no decaen en las coyunturas recesivas.

El mamarracho del INDEC terminó afectando la gestión cotidiana de las empresas, que necesitan estadísticas creíbles para evaluar la inversión y la rentabilidad. Los funcionarios que reemplazan a Moreno han optado por reconocer las “variaciones de precios”, pero sin esclarecer cual es la tasa de inflación reinante.

Con otro lenguaje y otros modales, el nuevo equipo económico seguirá intentado limitar la carestía, mediante acuerdos de precios con las grandes empresas. Estos convenios fracasaban al principio y ni siquiera llegaron a implementarse últimamente. El convenio reciente con los supermercados fue una ficción. Debía abarcar todos los bienes, pero se redujo a 500 marcas inferiores y terminó en un festival de remarcaciones. Los únicos ganadores fueron las grandes cadenas que han demolido al pequeño comercio y ya controlan el 50% de las ventas minoristas.

Kicillof ha sugerido que extenderá las negociaciones a una evaluación de toda “la cadena de valor”. Pero esta acción requeriría por lo menos cierta disposición a aplicar las sanciones previstas por la ley de abastecimiento. Y este endurecimiento no sería compatible con el giro “amigable hacia los negocios” que se está ensayando. Mientras se define el nuevo esquema las empresas remarcan a toda velocidad.

Algunos economistas del oficialismo reconocen la gravedad de la inflación, pero también resaltan la existencia de mecanismos de compensación salarial, que preservan el poder de compra. Olvidan que ese paliativo es posterior e insuficiente, como lo demuestra la actual exigencia sindical de un aguinaldo adicional y complementario de la reapertura de las paritarias. Los trabajadores informales han quedado muy desprotegidos, frente a una escala de precios que encarece la canasta alimenticia básica por encima de la asignación universal.

Al presentar la inflación como un resultado de la “puja distributiva”, los economistas K suponen que su impacto final es neutro para los trabajadores agremiados. Pero omiten que los empresarios y los asalariados no participan en igualdad de condiciones en esa disputa. Los capitalistas aumentan primero los precios y los trabajadores deben atenuar posteriormente ese impacto.

Esta inequidad se reforzará con la tendencia a inducir un techo de los salarios en torno al 20%, en la negociación de un Pacto Social. Estas conversaciones ya han comenzado con la burocracia sindical e implican instaurar una “política antiinflacionaria” a costa de los salarios.

En esas tratativas se oculta la responsabilidad prioritaria de los capitalistas, que remarcan para asegurar beneficios. El estado interviene en la regulación de los precios, pero no en su formación. Al difundir la creencia que “Moreno fijó discrecionalmente” esas valuaciones, los medios de comunicación oscurecen quiénes han sido los artífices de la carestía.

Los capitalistas recurren a la inflación cuando enfrentan obstrucciones a la generación corriente del lucro. Estos obstáculos reaparecen periódicamente en la economía argentina bajo distintas modalidades. El reducido nivel de inversión frente a una demanda recompuesta determinó inicialmente la actual oleada inflacionaria. La recuperación del nivel de actividad y el consumo no fue seguida desde el 2007 por la correspondiente renovación de la maquinaria.

Ese cuello de botella se reforzó con el manejo concentrado de numerosos sectores. Un reciente estudio sobre el comportamiento de los principales grupos industriales, ilustra cómo la remarcación permitió mantener la rentabilidad con baja inversión, una vez disipada la capacidad ociosa. (3)

Este retrato de la “inflación por oligopolio” ha sido objetada por los intérpretes de de la carestía por “puja distributiva”. Argumentan que en otros países la misma concentración del capital no se traduce en inflación (4). Pero tampoco la disputa social por el ingreso genera allí el mismo incremento de los precios. En otras economías desequilibrios equivalentes desembocan en otro tipo de tensiones, porque el recurso inflacionario no está tan incorporado al manejo de los negocios. Por simple experiencia los capitalistas argentinos apelan a la remarcación como primer reaseguro de sus ganancias.

Los rebrotes inflacionarios obedecen, además, a la preeminencia de una estructura exportadora de alimentos, que encarece el consumo local al compás de la valorización internacional. Para contrarrestar este efecto se instalaron hace décadas las cuestionadas retenciones. Cuando el país vendía trigo y carne el impacto de esa “inflación por exportaciones” era muy visible. En la actualidad rige el mismo efecto a través de la apreciación de la soja, que opera como referencia de rentabilidad mínima para cualquier otra actividad agropecuaria.

La inflación se intensificó adicionalmente en los últimos dos años por la decisión oficial de sostener el consumo a través de una intensa emisión. Este ritmo de creación de moneda quedó divorciado del respaldo en divisas y del volumen requerido para la producción. Por esta razón se acentuó la depreciación del peso. Los bancos receptan grandes masas de dinero que convierten en créditos, utilizados por la población para proteger sus ingresos multiplicando compras.

Los neoliberales despotrican contra esta emisión para culpabilizar al gobierno, oscureciendo la responsabilidad primaria de los capitalistas. Promueven un corte abrupto del abastecimiento monetario que deprimiría la economía. También aquí, Cristina busca una salida intermedia y eyectó del gabinete a una responsable del empapelamiento reciente (Marcó del Pont). (5).

Tres etapas del modelo

Los desequilibrios en curso tienden a desacelerar el ritmo de actividad. Este año el crecimiento del PBI (próximo al 3%) será semejante al resto de la región. Hubo una recuperación frente al 2012 por la buena cosecha, los precios de la soja, la venta de autos a Brasil y la expansión del consumo.

Pero todas las estimaciones para 2014 son más modestas, en un marco de inflación y devaluación más elevadas. El gobierno ensaya más de lo mismo, esperando que esas variables no se disparen. Si recurre a un encarecimiento del crédito para evitar ese descontrol, las perspectivas de estancamiento se afianzarán.

El principal freno del nivel de actividad proviene de la inversión. La creación de puestos de trabajo se ha estancado y la tasa de desempleo se mantiene en torno al 7%, en un marco de alta informalidad laboral. Este contexto se ubica muy lejos de la depresión del 2001, pero el modelo se ha quedado sin combustible.

Ya quedó atrás el periodo de alto crecimiento, baja inflación y creación de puestos de trabajo (2003-2007). Tampoco prevalece la fase siguiente de sostenimiento del consumo, motorizado con la introducción del ingreso universal y la estatización de las AFJP (2008-2010). El intento más reciente de mantener la demanda a través del control de cambios, la pesificación y la emisión no ha dado resultado.

La negación de los desequilibrios que propuso el ensueño del INDEC ya perdió adherentes. Muy pocos se atreven a postular que la indigencia ha desaparecido y que la pobreza es inferior a Alemania. Pero varios economistas K todavía suponen que se atraviesa por un transitorio escollo, al cabo de una “década ganada”. Con ese elogio eluden indagar quiénes fueron los ganadores y perdedores sociales de ese período.

Omiten constatar que los grupos concentrados gozaron de un decenio muy favorable. Las multinacionales giraron al exterior más utilidades que durante el menemismo y los agro-exportadores se enriquecieron con la valorización de la tierra. Entre el 2003 y el 2012 la hectárea en la zona núcleo saltó de 3000 a 16.000 dólares. Tampoco recuerdan los florecientes balances de los bancos y el acrecentamiento de las fortunas personales de los poderosos, asociados o enemistados con Kirchnerismo.

Para los asalariados formales y el grueso de la clase media la década pasada fue tan sólo un período de moderada recuperación. El salario formal acompañó a la inflación, corriendo atrás de los precios, con ingresos promedio de los ocupados que no llegan a la mitad de la canasta familiar.

Finalmente para los sectores más sumergidos la década transcurrió con un alto nivel de trabajo en negro y una magra compensación asistencial. Estas desventuras padecieron el 31% de los hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Esta cara del decenio también se verifica en la continuada expansión de la brecha social en la educación o la salud.

Las explicaciones del oficialismo

Muchos kirchneristas suelen atribuir los desajustes en curso a la crisis mundial. Afirman que el modelo permitió contrarrestar el temblor global, pero sin neutralizar todos sus efectos. Establecen comparaciones con Europa y remarcan las virtudes del crecimiento nacional frente al resto de Sudamérica. (6)

Pero la crisis iniciada en el 2008 impactó de forma muy diferente a cada región o país. Basta comparar la prosperidad de China con el derrumbe de Grecia para notar esas disparidades. El contraste que se establece entre Argentina y Europa del Sur no tiene sentido, puesto que nosotros atravesamos en el 2001 lo que ellos padecen en la actualidad. Los ciclos de prosperidad y depresión global no están sincronizados.

Ciertamente el divorcio del mercado financiero internacional y la prioridad asignada al consumo, diferencian al modelo K de la apertura neoliberal imperante en otros países de Sudamérica. Pero el impacto de la crisis global ha sido limitado y semejante en ambos casos, dada la afluencia de divisas común que generó la apreciación de las exportaciones. Para atribuir los desequilibrios de la economía argentina al temblor externo hay que olvidarse de los precios récord de la soja. La suma de ingresos por agro-exportaciones durante la última década superó en cinco veces al promedio de los 90 y en diez veces la media de los 80.

Los entusiastas del modelo no registran los límites que alcanzó un esquema exclusivamente asentado en el empuje a la demanda. Inspirados en la heterodoxia keynesiana supusieron que mediante el simple aliento del consumo, el capitalismo se deslizaría hacia un círculo virtuoso.

Pero lo que funcionó en el 2003-07, perdió consistencia en el 2008-2010 y se ha tornado inviable desde el 2011. Un sistema económico basado en el lucro no se asienta sólo en la demanda. Requiere altas ganancias que no emergen automáticamente de la expansión de las ventas. El empuje del consumo incrementa los beneficios en ciertas coyunturas, pero obstruye la rentabilidad en otras circunstancias.

Los heterodoxos suelen cometer una ingenuidad simétrica al imaginario neoclásico, al esperar grandes expansiones de la oferta productiva por el mero repunte de la demanda. Suponen una reacción inviablemente positiva de los empresarios frente a esa mejora, olvidando la gravitación de otras variables como el riesgo o la rentabilidad. Como idealizan al capitalismo no pueden percibir las contradicciones de este sistema.

Por eso apuestan a una nueva auto-corrección del modelo renovando la demanda. En los últimos dos años este aliento ha requerido incentivos inflacionarios, elevado gasto público y una emisión superior al 30%. Los estímulos de este tipo solo gravitan con intensidad cuando una depresión deja muchos recursos inutilizados.

La política anti-cíclica del 2009 generó resultados de corto plazo por la preexistencia de un gran colchón de fondos públicos y privados. Pero esos recursos se han disipado y el gobierno juega con fuego, al aceptar un alto nivel de inflación como dato permanente de la economía.

Kicillof intentará repetir una fórmula ya desgastada. Pero esta gestión tiene muy poco espacio para adoptar medidas progresistas. La etapa de nacionalizar las AFJP e YPF quedó atrás y ahora sólo se intentará moderar el ajuste. Habrá que ver cuánto margen tiene para hacer malabarismos. Si las reservas siguen cayendo al ritmo de los últimos meses, el gobierno quedará encañonado entre espada y la pared y afrontará los dilemas de todas las crisis precedentes.

Las fantasías neoliberales

Los neoliberales despotrican contra el “estatismo kirchnerista”. Afirman que este gobierno “nos ha hecho perder las oportunidades que aprovecharon nuestros vecinos”. Pero los elegidos para esta comparación cambian cada semestre. Como ya se les pasó la euforia con las privatizaciones de España o Irlanda, ahora elogian a Perú o Chile, exhibiendo sesgados indicadores de crecimiento o inversión. Nunca hablan de la vulnerabilidad financiera que afrontan todos los modelos abiertos al ingreso y salida de capitales especulativos. Tampoco mencionan la dramática primarización que sufren las economías minero-exportadoras.

La derecha utiliza la amnesia colectiva para difundir el mito del endeudamiento indoloro. Pondera a los países que toman crédito internacional, ocultando las gravosas consecuencias a la hora de cancelar los préstamos. América Latina ha padecido numerosas coyunturas internacionales de alta liquidez, que concluyeron en tormentosas crisis de la deuda.

Toda la oposición derechista augura una lluvia de dólares cuando se “recupere la confianza en un buen gobierno”. No dicen quién se embolsará esas divisas y cuánto costará su repago. Este ensueño de divisas a cambio de nada, es muy semejante a la promesa de erradicar la inflación con un acto de magia, cuando se normalice el INDEC. Auguran el automático declive de los precios por el simple sinceramiento de las estadísticas, como si la enfermedad se curara utilizando un buen termómetro.

Estas divagaciones se parecen también a la promesa de recomponer la solvencia fiscal erradicando la corrupción. La Alianza difundía la misma creencia durante el ocaso del menemismo. Intentan crear la ilusión de un saneamiento capitalista de las cuentas públicas sin recorte del gasto social. Es la forma de encubrir el ajuste y la mega-devaluación que promueven la UIA, ADEBA y la Mesa del Enlace.

El anti-chavismo es otro emblema de esa campaña. Presentan a Venezuela como el anticipo del desastre que padecerá Argentina, si no alcanzan la presidencia en el 2015. Pero esta confesión de afinidad con los golpistas que sabotean la economía caribeña, confirma el atropello que preparan contra las conquistas sociales.

Los neoliberales se proponen extirpar el “populismo económico” y erradicar la perversa “intervención del estado” (7). Pero olvidan el intenso estatismo que caracterizó a todos los gobiernos pro-mercado. El gasto público nunca se redujo significativamente bajo esas administraciones. También ellos utilizaron los recursos estatales para subsidiar a los empresarios afines.

En el espectro derechista impera una nítida división del trabajo. Los economistas proclaman la necesidad del ajuste que ocultan los políticos (8). Ningún sucesor potencial de Cristina pregona cirugías del gasto social, despidos de empleados públicos o enfriamientos de la economía. Deben disimular hasta el 2015. Pero culpabilizando al empleado estatal y presentando al receptor de un plan social como un parásito ya comienzan a crear el clima propicio para nuevas agresiones contra el pueblo.

Notas:
1) Esta postura difunden economistas ortodoxos de gran predicamento mediático como: Melconian Carlos, “Faltan dólares, sobran pesos... Y seguiremos así”, La Nación, 4-8-2013. Ferreres Orlando, “Cómo salir del camino de la decadencia”, La Nación, 5-7-2013.
2) Heller Carlos, “La deuda en un debate”, www.lanacion.com.ar, 30/09/2013.
3) Schorr Martín, Manzanelli Pablo, “Inflación oligopólica”, www.pagina12.com.ar, 24-3-2013
4) Crespo Eduardo, Fiorito Alejandro, “Es la puja distributiva”, www.pagina12.com.ar, 17/03/2013.
5) Versiones renovadas del recorte monetarista proponen: Rappoport Luis, “Las piedras del futuro gobierno”, www.lanacion.com.ar, 23/01/2013. Frigerio Rogelio, “La Argentina es el único país donde faltan dólares” www.eltribuno.info.‎02/06/2013. Solanet Manuel, “Situación económica” radioelmundodigital.com 04 de septiembre, 2013.
6) Felleti Roberto, “La crisis global y el futuro de la región”, La Nación, 30-6-2013
7) Cortés Conde Roberto, “Acumular desequilibrios: la causa de las crisis recurrentes del país”, La Nación, 15-9-2013.
8) Artana Daniel, “Los mismos desafíos ordenar las cuentas fiscales y destrabar los controles”, La Nación, 25-11-2013. Dujovne Nicolás, “Los dilemas de un cambio necesario”, La Nación, 21-11-2013. Scibona Néstor, “Más dogmatismo a contramano de las expectativas”, La Nación, 19-11-2013.

 

Publicado en Argenpress el 29 de diciembre de 2013