La crisis brasileña y el retorno de la lucha de clase

En general, los análisis de la crisis por la que atraviesa actualmente el país acostumbran hacer hincapié en los “errores” promovidos por el gobierno de Dilma Rousseff en la conducción de la política económica heredada del gobierno de Lula da Silva. Muy frecuentemente, es posible observar opiniones que atribuyen el desorden de la economía a la tendencia del actual gobierno a controlar los precios estratégicos, administrar los costos empresariales, bajar artificialmente los intereses, interferir en el margen de lucro y descuidar el control de la inflación. En resumen, el flujo principal de los análisis avanza en la dirección de atribuir al modo de regulación de las relaciones sociales de producción capitalista la razón última para la desintegración general del régimen de acumulación postfordista y financierizado del país.

Si bien es cierto que determinadas decisiones políticas tienden a interferir en la dinámica del conflicto distributivo, en especial aquellas que se refieren a la exención de la planilla de pagos de las empresas a expensas de las cuentas públicas y a la administración de los precios del combustible y de la energía eléctrica en detrimento del control inflacionario, nos parece claro que el foco puesto en la regulación política es demasiado reducido para iluminar la complejidad de la crisis actual. En primer lugar, debido a que estas explicaciones no son capaces de revelar las modificaciones en la estructura de clases que tuvo lugar durante los últimos trece años en el país. Sin mencionar los efectos de la crisis económica internacional, algo completamente fuera del alcance de esta sección, ellas no logran explicar cómo la profundización de las tensiones entre la regulación política y la acumulación económica debilitó progresivamente la capacidad del gobierno federal para apaciguar los conflictos sociales.

El propósito de este artículo es indicar, analizando la evolución del comportamiento político de las clases sociales subalternas, cómo la tensión entre la regulación política y la acumulación económica característica del actual modelo de desarrollo brasileño contribuyó al colapso de la hegemonía de Lula.

 

 

En primer lugar, hay que destacar que, en el mundo del trabajo, el colapso del armisticio entre las clases subalterna y dominante por lo general se da bajo la forma de una ola de huelgas. Y, en efecto, de acuerdo con los últimos datos del Sistema de Seguimiento de Huelgas del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (SAG-Dieese), los trabajadores brasileños protagonizaron en 2013 una ola de huelgas sin precedentes en la historia del país, sumando 2.050 huelgas. Esto significó un crecimiento del 134% respecto del año anterior, cuando se registraron 877 huelgas. Este número superó a 1990, estableciendo un nuevo récord en la serie histórica del SAG-Dieese. En términos de horas de inactividad, tuvimos 111.342 horas de paro en 2013, lo que representa un crecimiento del 28 % respecto del año anterior. Esta es la cifra más alta desde 1990, cuando se registraron 117.027 horas de paro.

Por lo tanto, el país superó el declive de huelgas de las últimas dos décadas y el movimiento sindical recuperó cierto protagonismo político. En varias capitales, las huelgas bancarias se han convertido en una rutina. Además de eso, los profesores, empleados públicos, metalúrgicos, obreros de la construcción civil, conductores y cajeros se reconciliaron con la movilización sindical entre 2013 y 2015. Un notable protagonismo de la esfera privada se volvió notorio, consolidando la tendencia iniciada en 2012. Proporcionalmente, las huelgas de la esfera privada representaron el 54 % del total, superando las huelgas de la esfera pública.

En cuanto a las huelgas ocurridas en la esfera privada, por ejemplo, la mayor parte de las huelgas defensivas (46 %) estuvieron asociadas directamente con el incumplimiento de los derechos sociales y laborales por parte de los empleadores. En comparación con 2012, se nota un importante aumento (21,6 %) en la proporción del número de huelgas relacionadas con el pago de salarios atrasados, un claro indicio del deterioro de las condiciones generales de reproducción del régimen de acumulación. Con un crecimiento del 332 % en comparación con 2012, en apoyo de la tendencia identificada anteriormente, vale la pena señalar que la verdadera explosión de huelgas se produjo en la zona que nuclea más a menudo a grupos de trabajadores no calificados o semicalificados tercerizados, subremunerados, sometidos a contratos de trabajo precarios y más alejados de ciertos derechos laborales;es decir, el sector de servicios privados.

Además de ocho huelgas nacionales llevadas a cabo por los trabajadores bancarios, observamos también un particular activismo existente entre los trabajadores de turismo, limpieza, salud privada, seguridad, educación y comunicación. Sin embargo, la mayoría de las huelgas fueron provocadas por los trabajadores del transporte. Por otra parte, es posible identificar una tendencia similar cuando observamos a los trabajadores de los servicios públicos. Tanto en términos de la administración directa como en relación con las empresas estatales, el aumento más significativo de las huelgas tuvo lugar en los municipios.

En este sentido, la actividad sindical se ha ampliado a categorías diferentes de las ya tradicionalmente movilizadas. También en este caso la actividad huelguista avanzó en dirección a los grupos de trabajadores más precarizados del Estado. En general, teniendo en cuenta tanto la esfera privada como la pública, es posible identificar una expansión del movimiento del centro hacia la periferia en una especie de desplazamiento huelguista. Además de la presencia cada vez más importante de las reivindicaciones defensivas en las pautas sindicales, este avance de las huelgas hacia la periferia de los diferentes sectores económicos revela una fuerte aproximación del precariado urbano en relación con la movilización sindical.

Dado el actual ciclo de huelgas, me temo que, entre las innumerables explicaciones de la crisis política actual, la más subestimada puede ser quizás esta: las clases dominantes simplemente no necesitan una burocracia sindical incapaz de controlar sus propias bases. Sobre todo, en el momento en que el único proyecto realmente creíble para los dominadores consiste en restaurar la acumulación capitalista profundizando la expoliación social por medio del ataque contra los derechos de los trabajadores. En suma, a los ojos de los dominadores, Lula da Silva se convirtió en un liderazgo poco confiable, susceptible de ser encarcelado por cualquier motivo, justificable o no.

El ciclo huelguista actual y las vicisitudes que enfrentan las clases subalternas brasileñas en su forma de vida precaria son dos caras que revelan los límites y las ambigüedades inherentes a un proyecto reformista (débil) liderado por una burocracia sindical en los tiempos de hegemonía de la globalización financiera. Esta sección buscó, a través de la explicitación de las contradicciones del lulismo desde la perspectiva de los subalternos, hacer referencia a un elemento central de la crisis orgánica que atraviesa el país en el contexto contemporáneo, es decir, la crisis de la hegemonía de Lula.

 

 

Entendida como un modo de regulación de los conflictos clasistas, esta relación social hegemónica se basó en la articulación de dos formas distintas, aunque complementarias, de consentimiento, cuyo producto fue la construcción de una relativa pacificación social. Por un lado, es necesario caracterizar el consentimiento pasivo de las clases subalternas al proyecto del gobierno liderado por la burocracia sindical que, durante el período de expansión del ciclo económico, supo garantizar concesiones modestas aunque efectivas a los trabajadores.

El subproletariado semi-rural nucleado en las grandes grutas¹ se benefició del programa Bolsa Familia (PBF), pasando de la pobreza extrema a la pobreza oficial. El precariado urbano se dejó seducir por los aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y por la formalización del mercado laboral con la creación de empleos. El proletariado sindicalmente organizado se benefició del aumento del mercado de trabajo, alcanzando negociaciones colectivas ventajosas tanto en términos de los salarios como en relación con los beneficios laborales.²

Al menos hasta las elecciones presidenciales de 2014, la combinación de las políticas públicas redistributivas, la creación de empleos formales y el acceso popular al crédito promovió una leve desconcentración del ingreso entre los que viven de los productos del trabajo. Sin embargo, en un país conocido mundialmente por sus desigualdades abismales, este pequeño avance fue lo suficientemente fuerte para sedimentar el consentimiento de los subalternos a la regulación lulista, garantizando al PT la reelección de Lula da Silva, además de la elección y reelección de Dilma Rousseff.

El fortalecimiento de los ingresos de “los de abajo” se convirtió inmediatamente en un acceso a bienes duraderos que cambió la norma social del consumo, elevando las expectativas populares. Y el acceso al mercado de consumo de bienes duraderos, sin duda, retroalimentó el deseo de progreso ocupacional en las masas, especialmente entre los jóvenes trabajadores urbanos.

Además, el proyecto de gobierno del PT supo combinar concretamente los intereses de la burocracia sindical, de los liderazgos de los movimientos sociales y de sectores medios intelectualizados, creando las bases para un consentimiento activo al lulismo cuyo ámbito es el aparato del Estado. Además de la absorción de miles de sindicalistas a las funciones de asesoramiento parlamentario, cargos en los ministerios y jefaturas de empresas estatales, parte de la burocracia sindical ascendió a posiciones estratégicas en los consejos de grandes fondos de pensión de las empresas estatales administrados como fondos de inversión, asumiendo, además, posiciones en los consejos gestores de BNDES [Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social], del Banco de Brasil y de la Caja Económica Federal.³

Así, el sindicalismo de Lula se transformó, no solo en un activo administrador del Estado burgués, sino también en un actor clave en el arbitraje de la propia inversión capitalista en el país. A través de la ocupación de puestos en los consejos de los fondos de pensión y de los bancos públicos, la alta burocracia sindical “se financierizó”, es decir: fusionó sus intereses de capa social privilegiada al ciclo de acumulación del capital financiero. De esta forma, el petismo, militante en las huelgas y en los movimientos sociales de la década de 1980 y parte de la década de 1990, se alejó de sus orígenes, convirtiéndose en un socio menor del bloque de poder capitalista en Brasil.

Lo que ocurre es que, si este poder político-administrativo no asume la forma de la propiedad privada del capital, la posición social privilegiada de la burocracia sindical no se cristaliza, en la medida en que depende del control del aparato político. De ahí la idea de un régimen hegemónico precario. Y, para reproducir este control, debe ser capaz de acomodar los intereses, tanto de sus aliados históricos –sectores medios de la propia burocracia, la pequeña burguesía intelectualizada...–, cuanto de sus oponentes –las capas burocráticas hostiles, los grupos sectarios con intereses corporativistas...– dentro del aparato estatal.

Aunque con grandes dificultades, debido a la asimilación del petismo a las reglas antidemocráticas del juego electoral brasileño y del intento del primer gobierno de Lula da Silva para romper con los esquemas del presidencialismo de coalición por medio de la compra directa de apoyo político en el Parlamento, la hegemonía lulista alcanzó, hasta el año pasado, un notable éxito en la reproducción tanto del consentimiento pasivo de las masas como del consentimiento activo de las direcciones.

 

 

Durante el ciclo expansivo de la economía, sin embargo, algunas contradicciones sociales se han ido acumulando, preparando el viraje actual. A pesar del impresionante aumento del salario formal durante la última década, un proceso que reconcilió a las clases trabajadoras con la utopía brasileña⁴ del progreso ocupacional bajo protección social, en promedio el 94 % de los puestos de trabajo creados pagaba hasta 1,5 salarios mínimos. Ya en el ritmo de desaceleración en 2014, aproximadamente 97,5 % de los puestos de trabajo creados pagaba este mismo valor. Además, los puestos creados fueron ocupados en su mayoría por mujeres, jóvenes y negros. Es decir, por aquellos trabajadores que tradicionalmente reciben menos y son más discriminados en el mercado laboral.

Cabe destacar que, año tras año, el número de accidentes y muertes en el trabajo creció y la tasa de rotación de empleo aumentó, dos indicadores claros del deterioro de la calidad del trabajo creado durante el lulismo. ¿Cómo podría ser diferente si los principales motores del actual régimen de acumulación postfordista y financierizado son la industria de la construcción pesada y civil, la agroindustria y el sector de los servicios? Por otra parte, a pesar del reciente crecimiento económico, la estructura social brasileña no ha superado su condición semiperiférica, lo que implica la combinación de un gran número de puestos de trabajo baratos con una baja tasa de inversión en ciencia y tecnología, fortaleciendo así el despotismo empresarial.

La profunda crisis económica y el giro político neoliberal del segundo gobierno de Dilma Rousseff marcan la transición del modelo de desarrollo brasileño. Del “esbozo desarrollista”, según la expresión de André Singer, pasamos a las políticas de austeridad fiscal diseñadas más o menos directamente por el sector financiero. La contracción cíclica impulsada por los recortes de los gastos federales aumentó el desempleo (según la última Investigación Mensual Continua de Muestras por Domicilio, la tasa de desempleo entre el primer y el segundo trimestres de 2015 aumentó de 7,9 % a 8,3 %), alcanzando, en su totalidad, tanto al precariado urbano como al proletariado organizado sindicalmente.

Si el joven proletariado precarizado, castigado por los bajos salarios y por el aumento del desempleo, desapareció de las calles desde las jornadas de junio de 2013, alejándose momentáneamente de la escena política nacional, el proletariado organizado sindicalmente se mantuvo activo en las huelgas y, sobre todo, en la presión sobre sus representantes sindicales.⁵ Incluso en una coyuntura política marcada por la reorganización de los sectores de derecha de la sociedad brasileña, cada día es más difícil para el sindicalismo lulista promover la defensa del gobierno federal.

De hecho, junio de 2013 inauguró el colapso del consentimiento pasivo de las clases subalternas al proyecto de gobierno de Lula. A pesar de ser vacilante, el apoyo del proletariado precarizado todavía garantizó la victoria de Dilma Rousseff en la segunda vuelta de las elecciones de 2015. Sin embargo, este apoyo estaba condicionado por el mantenimiento del empleo formal, aunque de baja calidad. El aumento de la tasa de desempleo finalmente selló el divorcio litigioso, anunciado en 2013, del precariado urbano con el lulismo. El proletariado organizado sindicalmente aún no abandonó a sus representantes lulistas, pero, dependiendo de la magnitud de la crisis, sin duda podrá hacerlo en breve.

Por otro lado, los sectores de clase media tradicional, algunos de ellos incluso aliados del PT y de la CUT [Central Única de Trabajadores] hasta el escándalo del “Mensalão”,⁶ han evolucionado hacia una agenda económica y política marcadamente de derecha. No es difícil imaginar las razones. El progreso de la formalización del empleo encareció el trabajo doméstico. El mercado de trabajo desarrollado impulsó la inflación de los servicios. El aumento en el consumo de masas hizo que los trabajadores “invadieran” espacios antes reservados a las clases medias tradicionales, tales como los shopping centers y los aeropuertos, por ejemplo.

Por último, el aumento de la oferta de cupos en las universidades privadas y de baja calidad para los hijos de los trabajadores aumentó la competencia por los trabajos que pagan más de 1,5 salarios mínimos. Cuando el escándalo del “Petrolão”⁷ pasó a monopolizar los noticieros, el descontento de las clases medias tradicionales estalló en una enorme ola de protestas monopolizadas por una agenda política reaccionaria.

De hecho, la crisis política actual apenas condensa las contradicciones de clase que se han acumulado durante la última década y que buscamos explorar en esta sección. De cara al agotamiento del modelo de desarrollo lulista basado principalmente en la explotación del trabajo asalariado barato, el gobierno de Dilma Rousseff decidió actualizar el régimen de acumulación priorizando la estrategia de expoliación social. El colapso de la base de sustentación del gobierno de Dilma Rousseff en el Congreso Nacional es apenas la cara más visible de una crisis orgánica cuyas raíces se encuentran en la propia estructura social de un país que vive hace dos años en recesión económica. El modelo de desarrollo brasileño basado en la creación de puestos de trabajo precarios y en la desconcentración de la renta entre los que viven de los ingresos del trabajo, ya no es capaz de garantizar lucros empresariales, ni el consentimiento de los subalternos.

 

 

De cara al agravamiento de la crisis internacional, los principales grupos empresariales brasileños, con los bancos privados al frente, empezaron a exigir al gobierno federal un cambio acentuado en la orientación de la política económica. En suma, para las grandes empresas, es necesario profundizar el ajuste recesivo, aumentando el desempleo y controlando el actual ciclo de huelgas, con el fin de imponer una serie de reformas antipopulares, como la reforma previsional y laboral. Este es un proyecto que se alimentó de los retrocesos del gobierno actual. Incluso antes del final de las elecciones de 2014, la entonces candidata Dilma Rousseff despidió a su ministro de Hacienda, Guido Mantega. En ese momento, el mensaje a los mercados era bastante claro: un eventual segundo mandato de la petista profundizaría las medidas neoliberales que ya estaban siendo implementadas, tales como el aumento de las tasas de interés y la privatización de las infraestructuras (puertos, aeropuertos y autopistas).

El ajuste fiscal aplicado al inicio del segundo mandato confirmó la capitulación de la petista ante los bancos, pero trajo la expectativa de 53 millones de votantes que fueron seducidos por las promesas de su campaña de mantenimiento de los puestos de trabajo y de los derechos laborales. Después de todo, el que garantizó la reelección de la presidenta fue exactamente el sector popular más afectado por las medidas recesivas, que percibe entre dos y cinco salarios mínimos. La crisis de popularidad del segundo gobierno de Dilma se sumó al descontento de los sectores medios tradicionales, disconformes con la reducción de las desigualdades entres las clases sociales. Cuando la operación de “Lava Jato”⁸ de la Policía Federal decidió concentrarse exclusivamente en los políticos del PT involucrados en el escándalo de corrupción de Petrobras, estos sectores salieron a las calles para exigir la caída del gobierno.

Esta movilización estimuló la adhesión de los derrotados en 2014 en el proceso de impeachment. Las negociaciones entre el PSDB [Partido de la Social Democracia Brasileña] y el PMDB [Partido de Movimiento Democrático Brasileño] se intensificaron y convergieron en el documento “Un puente hacia el futuro”, cuya esencia consiste en garantizar el pago de los intereses de la deuda pública a los bancos a expensas de los gastos en educación, salud y programas sociales del gobierno. Además, el documento promete eliminar los derechos laborales y poner en práctica una radical reforma previsional, limitando las jubilaciones y aumentando el tiempo de aportes.

Aquí cabe destacar que las fuerzas golpistas tendrán que derrocar el gobierno, no por lo que Dilma Roussef concedió a los sectores populares, sino por lo que ella no fue capaz de entregar a los empresarios: un ajuste fiscal aún más radical que exigiría cambiar la Constitución Federal, una reforma previsional regresiva y el final de la CLT. Lo que ocurre es que el otro lado de la crisis actual es que el PT también controla los principales sindicatos del país.

Contradictoriamente, el impedimento de la presidenta liderado por Eduardo Cunha, un “delincuente” (en palabras del Fiscal General de la República) que lucha por sobrevivir a su propia casación, es un golpe palaciego que fortalecerá el propio PT. No olvidemos que Lula lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018. De este modo, se creó en Brasil una situación de impasse en la que el golpe parlamentario encontrará una fuerte resistencia popular y deberá evolucionar conforme sean adoptadas las medidas regresivas asumidas por un gobierno ilegítimo, para una inédita intensificación de las luchas sociales.