La “CEOcracia” en acción

 

 

Macri debutó con el duro ajuste que endulzó durante la campaña electoral. Su “sinceramiento” de la economía es la típica transferencia de ingresos a favor de los capitalistas, que tantas veces se aplicó en el país. Pretende achatar los salarios a través de la carestía para incrementar las ganancias de las grandes empresas.

La inflación comenzó a trepar a principios de noviembre y ya encareció significativamente la canasta básica de alimentos. Esta escalada desmintió todos los presagios de estabilidad por incrementos previos de los precios. Los aumentos se dispararon antes y después de la devaluación.

Esta vez los llamados oficiales a la “responsabilidad” de los empresarios asumieron un tono particularmente cínico. Los remarcadores ahora son ministros y los gerentes del sector privado (denominados CEOs) controlan la administración pública. El manejo del país por sus propios dueños se ha corroborado en un debut inflacionario.

La complicidad entre funcionarios y capitalistas ha diluido todas las sugerencias de retrotraer los precios a noviembre. El sistema de “precios cuidados” sólo persiste como una formalidad para disimular la carestía. Ninguna sanción a los responsables de la inflación es evaluada por un gabinete que endiosa al mercado.

 

EL PROPÓSITO DE LA DEVALUACIÓN

 

El objetivo del ajuste es provocar una fuerte caída de los salarios durante el verano. De esta forma se licuarían los ingresos populares antes de las paritarias. Para eso maquillan la evolución de los precios con pretextos de baches estadísticos en el INDEC.

La imposición de un gran retraso salarial durante el primer semestre anticipa las podas adicionales que intentará el futuro Pacto Social. Ese convenio fijará metas decrecientes de inflación solventadas por los trabajadores.

Los economistas del establishment aplauden el curso actual, pero subrayan que la “consistencia” del plan depende de la confiscación del salario. Estiman que esa amputación es indispensable para superar el fracaso de la última devaluación (diciembre del 2013).

En esa oportunidad la brusca alteración de la paridad cambiaria se trasladó a precios y salarios, neutralizando las ganancias de exportadores y financistas. Para evitar este resultado los hombres del PRO esperan que la inflación del 2016 (¿40%?) sobrepase ampliamente a los incrementos de sueldos (¿28%?). 

Con esa finalidad promueven mayor contracción monetaria y recorte fiscal. Suponen que esas restricciones afectarán el nivel de actividad, ocupación o precariedad laboral y debilitarán la resistencia de los trabajadores.

A diferencia del 2013 la derecha maneja ahora el gobierno y está empeñada en una batalla frontal contra los asalariados. Pero actúa al final de un ciclo de recomposición del empleo, el ingreso y el nivel de organización de los trabajadores. No cuenta con el escenario de colapso que en el 2001permitió una mega-devaluación, sin transferencias a los precios y salarios.

La primera confrontación para imponer el ajuste se dirime en el bono de compensación que reclaman los sindicatos (5000 pesos). Macri rechazó esa petición y sólo otorgó una irrisoria bonificación en la asignación universal (400 pesos). Luego de entregar fortunas a los empresarios desconoce una demanda básica de los asalariados. Afirma que únicamente homologará las sumas negociadas por cada gremio en el sector privado, como si la inflación exceptuara a los empleados públicos.

Mauricio pretende que cada segmento de los trabajadores se arregle por su cuenta. Tiene tan incorporada la ideología burguesa que anuncia sin sonrojarse beneficios generalizados para los capitalistas, mientras exige tratativas segmentadas a los trabajadores.

La misma cosmovisión de niño rico transmitió Prat Gay en su presentación de la devaluación como un acto liberador. Afirmó que “oxigenará la economía”, presuponiendo que los negocios de una pequeña minoría generan bienestar para toda la colectividad. Describió luego la eliminación de “impuestos distorsivos” como un logro de la sociedad, estimando que cualquier obstáculo para los capitalistas constituye una adversidad para el pueblo.

El equipo macrista despliega presentaciones tecnocráticas del ajuste, como si estuvieran determinadas por exigencias naturales de algún dispositivo. Por eso describe los detalles operativos de la devaluación sin mencionar sus nefastas consecuencias sociales.

El PRO intenta trasladar al ámbito económico el marketing despolitizado que utilizó para ganar elecciones. Con ese estilo ya no se lamenta de la devaluación. Al contrario, la difunde como una gran noticia. Mauricio devalúa con buena onda y alegría, mientras sus funcionarios imaginan las sonrisas de los millonarios. Los sufrimientos de los desposeídos no figuran en sus agendas.

 

LOS GANADORES DEL AJUSTE

 

El agro-negocio ha sido el principal favorecido por la simultánea decisión de devaluar y reducir las retenciones. Ese sector incrementa sus ganancias inmediatas en un 50-90% y se embolsa 3.700 millones de dólares, que valdrán un 40% más en moneda nacional.

Las compañías cerealeras apostaron a este desenlace demorando durante meses la liquidación de exportaciones. También los grandes propietarios y contratistas agrarios incrementan sus fortunas, con precios internos que ascienden al compás de la rentabilidad externa. 

Todos fijan sus cotizaciones comparando con lo obtenido por los exportadores. Por esta razón la carne, la harina, el pollo y las legumbres se disparan al mismo ritmo. La soja arrastra el encarecimiento de los productos que compiten por el uso de la misma tierra.

Ese encadenamiento torna particularmente nefasta la reducción de las retenciones. La disminución de ese impuesto reconecta los precios locales de los alimentos con su cotización internacional y desprotege al consumidor argentino. Los agro-exportadores vuelven a recuperar preeminencia y ya iniciaron su venganza por la resolución 125. La renta que el estado se apropiaba desde el 2002 retorna al campo.

Macri intenta privilegiar al agro resucitando el imaginario liberal de las “ventajas comparativas”. Supone que el país progresará afianzando su perfil de exportador de productos básicos. Pretende incluso actualizar esa inserción internacional convirtiendo al “granero del mundo” en un “supermercado del planeta”.

Pero el subdesarrollo estructural que históricamente generó la performance primarizada de nuestra economía se acentuará vendiendo nutrientes más elaboradas. Ese modelo no crea empleo, desalienta la inversión industrial, acrecienta las inundaciones y expande el deterioro ambiental.

Con la mira puesta en el florecimiento del agro-negocio, Macri abre las puertas a los tratados del libre comercio con Asia, Europa y la Alianza del Pacífico. Ensaya esa posibilidad a partir de una nueva asociación con Brasil.

Pero el ajuste en curso también favorece a los bancos. Obtienen grandes lucros con la intermediación de los créditos negociados para sostener la devaluación. Ganarán fortunas si se concreta el endeudamiento por 20.000 millones de dólares para apuntalar las reservas y controlar la nueva banda cambiaria.

Esos préstamos provienen de bancos extranjeros (Repo), entidades chinas (yuanes convertibles) y financieras argentinas que administran la fuga de capitales (reingreso de dólares sin encajes).

La gran hipoteca en gestación es presentada como un signo de “confianza” en el país. Se repite el relato que siempre utilizaron los banqueros para vaciar a la Argentina. Hasta ahora ninguno de los créditos presenta finalidades productivas. Sólo solventan gastos corrientes y estabilizan la cotización del dólar.

Los bancos se disponen a lucrar, además, con las altísimas tasas de interés (38-40%) que introdujo el gobierno para contener cualquier corrida hacia el dólar. De esta forma resurge la conocida bicicleta de ingresar capitales golondrinas, que retomarán vuelo cuando se agote el casino.

Para recibir un fuerte respaldo inicial de la City, Prat Gay y Stuzzeneger convalidaron también el desfalco de los seguros de cambio que realizó la administración saliente del Banco Central (enormes pagos a una cotización ridícula del dólar). El nuevo equipo negoció límites a la emisión de pesos que exigía ese contrato, pero aseguró a los bancos todos los lucros de la transacción.

Los financistas obtuvieron además un trofeo largamente esperado: la recuperación del Banco Central. Se disponen a retomar el directorio de esa entidad con el insólito disfraz de asegurar su “independencia”. Su próximo negocio será el arreglo con buitres.

Esa intermediación podría incluir compras totales o parciales de los pasivos en litigio, a cambio de comisiones adicionales o atribuciones para gestionar nuevos créditos. Las versiones sobre un préstamo directo del tesoro estadounidense ilustran el interés internacional por una operación, que seguramente incluirá inspecciones del FMI.

El tercer beneficiario del plan es la burguesía industrial exportadora. Obtuvo la reducción de las retenciones y la eliminación de regulaciones que restringían las importaciones de insumos (DJAI). Comenzará a recibir los dólares demorados por esas adquisiciones y negocia un bono para zanjar las compras impagas y las utilidades no giradas al exterior.

La principal promesa para ese sector es la implementación de una política estatal anti-obrera, que el macrismo disfraza con llamados al “orden, la productividad y la disciplina” laboral. El nuevo gobierno de “CEOcratas” incluye numerosos expertos en incrementar los ritmos de trabajo, organizar despidos y perseguir activistas. Los gerentes de recursos humanos ahora comandan las oficinas gubernamentales y el nombramiento de un ministro con apellido Triacca es un símbolo de lo que se viene.

También las empresas contratistas de servicios públicos recibirán su tajada. Los tarifazos se preparan con la declaración de la emergencia energética y la emisión mensual de facturas. Esos incrementos apuntan a recomponer la caja de las compañías. Ganaron fortunas con las privatizaciones y preservaron sus contratos durante la última década de subsidio estatal.

Ahora reaparecen los argumentos de la sintonía fina -que el kirchnerismo difundió pero no instrumentó- para justificar los aumentos del gas y la electricidad. Se afirma que los ricos malgastan energía calentando sus piscinas y que la clase alta paga cuentas irrisorias por el aire acondicionado. Esos abusos se corregirían con un simple recargo en el servicio. Pero el verdadero objetivo de esas descripciones es penalizar a toda población.

Lo mismo ocurre con las tarifas vigentes en el Interior. Como ciertamente son más elevadas habría abaratarlas, en lugar de encarecer las cuentas de los usuarios bonaerenses.

El gerente de Shell que ahora administra la energía del país tiene la mira puesta en asegurar precios del combustible que actualmente duplican la cotización internacional. Con esos números los usuarios no sólo solventan los beneficios de las compañías petroleras. También se impide cualquier reconversión estructural a un patrón de energía eólica y solar. El nuevo equipo ya decidió profundizar el sendero de Galluccio, que ha manejado YPF como una empresa privada con turbios contratos secretos con Chevron.

Macri ha diseñado un plan para toda la clase capitalista. Esa intención se verifica en la significativa ampliación del blanqueo. Los evasores del fisco -que el kirchnerismo indultó en sucesivas oportunidades- ahora tendrán otra posibilidad para transparentar sus negocios sin pasar por la AFIP.

 

TENSIONES Y SOSTÉN POLÍTICO

 

Los neoliberales están de fiesta. Pero la lluvia de beneficios que reparte el macrismo alimenta graves problemas. E l conflicto más previsible se avizora con la recesión. El combo de inflación-devaluación y tarifazos induce fuertes tendencias contractivas en el próximo cuatrimestre.

Si el incremento de las tasas de interés para contener el dólar perdura, la recesión alcanzará porcentuales significativos. El encarecimiento del crédito no sólo afecta la producción corriente. También impacta sobre consumos más bancarizados y dependientes de las cuotas.

A pesar de la gran devaluación es improbable que las exportaciones puedan compensar la contracción del poder adquisitivo. El escenario externo se ha tornado muy adverso por la retracción imperante en el principal socio (Brasil) y en el mayor cliente (China) del país. Además, el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos genera una fuerte competencia por la captación de capitales sobrantes.

 Por esta razón es incierta la llegada de las inversiones que promete Macri. Un aluvión de divisas financieras debería compensar el decreciente ingreso de dólares comerciales, que acompaña al fin del superciclo de las materias primas. El 2015 cierra con un desplome del superávit comercial y como la soja ya no cotiza a 600 dólares se endurecen las disputas por preservar los mercados de otras exportaciones.

Los librecambistas del PRO podrían negociar la continuidad de esas ventas, ofreciendo la apertura del mercado argentino a los industriales foráneos. Macri mantiene un cuidadoso silencio frente a este tema, sabiendo cuán vivo está el recuerdo de la invasión importadora de los 90. Ya hay algunos tanteos para autorizar compras de bienes finales, que pueden devastar en tiempo récord al vulnerable aparato industrial del país.

Tensiones mucho más inmediatas se avecinan en el terreno fiscal. Mauricio asume con un déficit de 7 puntos del PBI y numerosas provincias sin fondos propios para pagar los sueldos. Todas las medidas que anunció incrementan el agujero de las cuentas públicas. Redujo drásticamente las retenciones sin explicar cómo compensará ese des-financiamiento del sector público. Sus economistas preparan tarifazos para cubrir ese bache y diseñan una brutal cirugía de gastos sociales, sueldos y jubilaciones del sector público.

El objetivo estratégico de Macri es reiniciar un curso neoliberal con mayor monitoreo estatal, para diluir la impronta neo-desarrollista de la última década. Su reivindicación de Frondizi y la presencia de un nieto de Frigerio en el gabinete sólo apuntan a resucitar el imaginario de crecimiento. Desecha por completo cualquier prioridad de desenvolvimiento industrial.

La viabilidad de su programa suscita incontables especulaciones. Por el momento sólo cabe registrar la evidencia de un ajuste solventado con endeudamiento. Necesitará un fuerte apoyo político para sostener un esquema anti-popular, que precipitará divisiones en las clases dominantes. 

Frente a esas perspectivas Macri expande alianzas políticas y asegura su control del estado. Ocupa todos los espacios, coloca funcionarios aptos para la contra-reforma y presiona por los descabezamientos pendientes en sectores de la justicia y los medios de comunicación.

El nuevo presidente ya comenzó a gobernar por decreto vulnerando sus convocatorias a la concertación republicana. Intentó designar los auto-objetados “jueces macristas” en dos cargos vacantes de la Corte Suprema, sabiendo que necesita tribunales afines para bloquear amparos contra los ajustes.

También busca impunidad mediática para reducir la visibilidad de las protestas. Intervino el AFSCA desconociendo en forma grosera la autonomía de ese organismo. Pretende sepultar la ley de medios a cambio de coberturas favorables por parte de Clarín y La Nación. En lugar del prometido pluralismo de voces se apresta a hegemonizar la pantalla con relatos oficialistas, manipulación de la información y pasatismo de contenidos.

Pero la solidez de su gobierno depende de los acuerdos que alcance con los gobernadores, el Massismo y el Justicialismo en el Congreso. Macri negocia las leyes del ajuste con la gran lapicera que define los cheques y las designaciones. Mientras repite frases huecas sobre el consenso, intenta emular el modelo mexicano de turbias coaliciones parlamentarias. Ya instrumentó durante varios años ese tipo de contubernios en la Legislatura porteña y se apresta a reproducirlos en la Provincia de Buenos Aires.

Como los principales conflictos se dirimirán en las calles, Mauricio también prepara la criminalización de la protesta. Apaleó a los trabajadores de Cresta Roja, ensayó un frustrado envío de gendarmes a Jujuy y ultima los detalles de un protocolo para arremeter contra los piquetes. El mismo presidente que reclama la liberación del organizador de las guarimbas criminales en Venezuela hace la vista gorda frente al rebrote fascistoide de sus allegados en Mar del Plata.

Afortunadamente Macri ya afrontó sus primeros disgustos. Debió retroceder en el nombramiento de funcionarios derechistas (Ávila, Manfroni) y pospuso la designación de sus candidatos a la Corte. Tuvo que ratificar, además, la continuidad de los juicios a los genocidas, ante la contundente reacción de los periodistas contra un editorial pro-indulto del diario La Nación.

El PRO multiplicará las agresiones sociales antes del gran test de la paritaria docente. Tramita especialmente la complicidad de la burocracia sindical con ofrecimientos de continuado manejo de las obras sociales. Con cada jerarca discute alguna prebenda específica. Moyano es su principal interlocutor, por ejemplo, en el negocio de la basura.

La pantalla de estos contubernios es el pequeño alivio dispuesto en los pagos del impuesto a las ganancias, que tributan los trabajadores de mayores ingresos. Ese desahogo no alcanza a la inmensa mayoría de los asalariados y es poco significativo para los afectados por esa carga.

 

DOS RESPONSABLES

 

El atropello económico en curso se desenvuelve en medio de un gran juego del culpable que marea a la población. Macristas y kirchneristas se acusan mutuamente de provocar el ajuste. Por un lado, los economistas del PRO afirman que adoptan duras medidas para subsanar la “herencia recibida”. Por otra parte, los ex funcionarios de CFK proclaman que “la economía estaba bien” y sólo requería algunas “correcciones graduales”. Los dos relatos son ficticios y ocultan la aplicación de un remedio regresivo para los desequilibrios que potenció la era K.

El carácter artificial de esa controversia es muy visible en las interpretaciones de la inflación. Prat Gay afirma que el gobierno precedente toleró subas de precios para ensuciarle la cancha. Los allegados de Kiciloff responden que no podían contener incrementos precipitados por los anuncios de devaluación. Uno dice que permitieron los aumentos por desidia y el otro afirma que carecía de autoridad para actuar. En medio de esta discusión los capitalistas remarcan exentos de culpa.

Lo mismo ocurre con la devaluación. Macri sostiene que “nos dejaron economías regionales colapsadas” y los kirchneristas lo acusan de devaluar “para abaratar salarios”. Lo cierto es que el PRO transfiere ingresos a los acaudalados y que CFK atrasó adrede el tipo de cambio, para trasladarle el ajuste a su sucesor.

Macri también proclama que contrae deuda para atenuar los desbalances de un “Banco Central sin reservas”. En cambio los seguidores de CFK denuncian la hipoteca en formación para una “economía desendeudada”. Lo cierto es que el PRO trabaja para los financistas, frente a la descapitalización provocada por los pagos de la deuda que hicieron sus antecesores.

En medio de estas polémicas el macrismo encarece el crédito, afirmando que debe absorber la montaña de pesos emitida por el kirchnerismo. Con ese argumento oculta las gravosas consecuencias recesivas de su giro monetarista. Los K contrastan ese viraje con su promoción del consumo. Pero maquillan la inconsistencia de esa expansión, en un contexto de fugas de capital e inflación descontrolada.

Las contraposiciones entre macristas y kirchneristas enturbian todos los debates sobre el ajuste. Para esclarecer el nuevo escenario hay que impugnar tanto la arremetida neoliberal como los fracasos del progresismo.

La crítica al nuevo gobierno no puede posponerse con expectativas de lo que vendrá. Es ingenuo suponer que Macri “recién comienza” y merece un tiempo de espera. Está rodeado de funcionarios de los 90 y hombres del establishment que siempre han manejado el poder económico. La libertad de acción que logren será proporcional al daño que sufrirá la población.

Pero las fantasías que despliegan los economistas K sobre su gestión son igualmente insostenibles. Todos los desaciertos de esa experiencia volverán a repetirse si se elude un balance de lo ocurrido. Resulta esencial debatir el desemboque conservador que condujo a la convergencia con Scioli en un programa de devaluación, aumento de tarifas y arreglo con los buitres.

El modelo de la última década acentuó los desequilibrios estructurales del capitalismo argentino. Mantuvo una política impositiva regresiva, afianzó la primarización sojera, agravó el extractivismo minero-petrolero y perpetuó la estructura industrial concentrada. Otorgó, además, grandes subvenciones a los “capitalistas amigos” (Cirigliano, Báez, dueños de Cresta Roja) que impidieron modificar los pilares de la desigualdad social. 

Es imprescindible romper el corset de dos alternativas capitalistas como único programa para la Argentina. Si sólo hay campanas neoliberales y neo-desarrollistas con disputas entre ortodoxos y heterodoxos, el país está condenado a un recambio cíclico de unos por otros. Construir una economía productiva al servicio de las mayorías populares exige transitar por otro camino.