La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue pensada a partir del deseo de más de 20.000 mujeres reunidas en el “XIX Encuentro Nacional de Mujeres”, llevado a cabo en Mendoza en 2004. Al año siguiente, se lanzó al ruedo, en el marco de la conmemoración del 28 de mayo –“Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres”– con el lema “Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar y Aborto legal para no morir”. En ese momento, intervenían alrededor de 70 organizaciones de mujeres de todo el país.
Uno de los modos de instalar el debate en la agenda pública y visibilizar eficazmente el tema, fueron las 100.000 firmas recogidas en las acciones callejeras, para ofrecer la oportunidad de que hombres y mujeres se pronuncien al respecto. Así, quedó demostrado el apoyo ciudadano a la campaña. Para el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, el 25 de noviembre, fueron entregaron las firmas a legisladoras y legisladores de la Cámara de Diputados. Además, la entrega fue acompañada de una movilización de 15.000 personas, que marcharon por las calles de la ciudad de Buenos Aires hasta las puertas del Congreso Nacional.
Hoy, la amplia alianza, que abarca aproximadamente 280 organizaciones, grupos y personalidades públicas a nivel nacional, le permite estar presente a lo largo del país. Por lo tanto, su perfil es tan federalista como los mismos Encuentros Nacionales de Mujeres. Este múltiple arco se constituyó con la participación de organizaciones y colectivos del movimiento de mujeres, figuras del ámbito de la cultura, del deporte, la universidad, las letras, las ciencias, la diversidad sexual y los derechos humanos. Asimismo, la integran trabajadoras de salud, sindicatos, redes campesinas y de educación, organizaciones de desocupadas, de fábricas recuperadas, grupos estudiantiles y religiosos. Evidentemente, tanto activistas como simpatizantes de la campaña defienden el derecho al aborto legal como una causa justa para recuperar la dignidad de las mujeres y, con ellas, la de todos los seres humanos. De este modo, trabaja por la educación sexual, la anticoncepción, la salud integral, la despenalización y legalización del aborto. A la vez, personas católicas y de otras religiones se suman a tal lucha con sus firmas o con sus militancias, convencidas de que sus credos no deben ceñirse a discursos monolíticos y de que deben bregar por una pluralidad de voces.
Los objetivos diseñados por la campaña quedaron plasmados en uno de sus primeros documentos, que proponían
Despenalizar y legalizar el aborto, para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Asimismo, exigimos la inmediata reglamentación de la atención humanizada del post-aborto, y la efectiva atención a mujeres y niñas que deciden abortar en los casos en que peligra su vida y su salud, o ante situaciones de violación, que el artículo 86 del Código Penal ya exime de pena. Por último, despenalizar el aborto significa que deje de ser un delito tipificado en el código penal. Esto contribuiría a que las mujeres que acuden a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente, y tampoco a quienes las han ayudado. Solo debieran castigarse por ley los abortos realizados contra la voluntad de la mujer. Apoyar la despenalización del aborto significa que hay decisiones que pertenecen a la esfera privada (de la mujer o la pareja) y no al Estado o a las Iglesias. Es reconocer que no hay una sola manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado.
El 16 de marzo de 2010, la Campaña Nacional volvió a presentar en la Cámara de Diputados/as el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el primer trimestre de gestación (Expediente: 0998-D-2010), que había sido presentado inicialmente el 28 de mayo de 2007. El presente cuenta con la firma de 47 diputadas y diputados nacionales de un abundante arco político, y se encuentra en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.
La multiplicidad de actividades que fue desarrollando la campaña a lo largo de estos años (seminarios internacionales, solicitadas, audiencias públicas, festivales, conferencias, presentaciones de libros) exhibe como objetivo principal reclamar la discusión parlamentaria del proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto en todo el territorio nacional, a partir del debate de los puntos centrales que deben ser garantizados por el Estado, para su posterior sanción en el Congreso Nacional.
Ello significa reformar las leyes y proponer políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres a la práctica del aborto en hospitales públicos y obras sociales, de manera segura y protegida, como parte de su derecho a la salud integral.
Por último, la campaña aspira a que las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, lleven esto a cabo sin correr riesgos innecesarios y sin perder la dignidad por su decisión. La legalización del aborto no obliga a nadie a practicarlo. Se respeta la libertad de creencias, pero esto solo es posible si el Estado garantiza la libertad de culto, habilitando a sus ciudadanas y ciudadanos para que actúen en función de sus propias convicciones. Lo que la campaña sí exige es que las instituciones estatales garanticen las opciones, el acompañamiento y la calidad de atención a mujeres y niñas que, en un momento determinado de su vida, interrumpen un embarazo. Si no existen estas opciones, entonces se está imponiendo la maternidad como un destino. Mientras que la maternidad debe ser siempre una decisión consciente y, por lo tanto, voluntaria de las mujeres.
