Israel no es una democracia

Israel ha construido y mantenido un Estado de apartheid y ha hecho imposible la creación de un Estado palestino independiente. Está claro lo que se necesita ahora: un Estado único y democrático con plenos derechos para todas las personas.

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El debate acerca de la ocupación israelí de Palestina suele girar en torno a la solución de dos Estados: un Estado para los palestinos y otro para los israelíes. En la actualidad, existe un único Estado en la Palestina histórica, el Estado de apartheid de Israel. Un entramado de muros, asentamientos y un sistema legal de discriminación da a Israel pleno dominio de la tierra, el mar y el aire.

El exdirector ejecutivo de la Campaña Estadounidense por los Derechos de los Palestinos, Yusef Munayyer, escribe: «la simple verdad es que, a lo largo de las décadas, los israelíes desarrollaron suficiente poder y cultivaron suficiente apoyo de Washington para permitirles ocupar y mantener los territorios y crear, en efecto, una realidad de un solo estado de su propia invención». Los israelíes han obstruido la formación de un segundo Estado palestino en cualquier lugar de Palestina, a tal punto que la posibilidad de un segundo Estado ya no está sobre la mesa.

Así que la cuestión ahora no es cuántos Estados, sino qué tipo de Estado será: ¿un Estado de apartheid que privilegie a los israelíes judíos sobre los palestinos, o una democracia para todo su pueblo? 

La ilusión de los dos Estados 
En 1948, la población autóctona palestina fue desposeída sistemáticamente del 78% de su tierra ancestral. En 1967, Israel ocupó el 22% restante de Palestina, incluida la ciudad santa de Jerusalén, que Israel declaró unilateral e ilegalmente como su capital. Israel ha negado sistemáticamente a los palestinos de estas zonas la ciudadanía y los derechos sociopolíticos (lo que se ha visto recientemente en la negativa del gobierno israelí a distribuir las vacunas COVID-19 a los palestinos). 
Firmados en el jardín de la Casa Blanca en 1994, los Acuerdos de Paz de Oslo negaron categóricamente la soberanía a los palestinos bajo la fachada de las negociaciones hacia un futuro Estado. En virtud de Oslo, Israel mantendría el control militar sobre Cisjordania y Gaza, mientras que a una serie de enclaves palestinos, en realidad bantustanes, se les concedería diversos grados de autonomía civil. Tras cinco años, el tratado estipulaba otra ronda de negociaciones para un acuerdo permanente de dos Estados.

Veinticinco años después, Israel impide la construcción y el acceso de los palestinos a la mayor parte de esas tierras mientras continúa con su despojo de barrios y pueblos palestinos enteros y construye cientos de asentamientos ilegales y desarrolla infraestructuras solo para judíos (incluyendo carreteras, parques, extracción de recursos naturales). Un nuevo informe de 213 páginas de Human Rights Watch detalla esta realidad de apartheid y acusa a Israel de «crímenes contra la humanidad». 

Dentro de la sociedad israelí, la Ley del Estado-Nación, que niega explícitamente la existencia nacional y cultural de los palestinos, es la última iteración de docenas de leyes que consagran el estatus de segunda clase de los palestinos desde la fundación de Israel. Un país que niega a una población indígena el acceso a la tierra, a la propiedad de la vivienda o a la residencia en amplias zonas del país; que impide su acceso al empleo, a la educación y a las prestaciones sociales; que niega su derecho a la autodeterminación nacional o cultural, e incluso que niega a sus representantes políticos el derecho a reclamar la igualdad, no es un país democrático. 

Los disturbios raciales judíos de la semana pasada en Jerusalén, donde los palestinos fueron emboscados y golpeados en las calles por la policía y por turbas de israelíes judíos que cantaban «muerte a los árabes» es solo un ejemplo del compromiso de Israel con un Estado etnonacionalista. Una solución de dos Estados dejaría ese Estado intacto.  

Las negociaciones de dos Estados niegan a millones de palestinos, una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, el derecho internacionalmente reconocido de regresar a la tierra y a los hogares de los que fueron expulsados por la fuerza. Mientras que la legislación israelí ofrece a los judíos de cualquier parte del mundo el derecho al «retorno», niega ese derecho a los palestinos nacidos en Palestina o a sus descendientes. Cualquier solución viable no puede ignorar las legítimas aspiraciones de siete millones de refugiados palestinos. Como dijo el miembro de la Knesset, Ofer Cassif, «el derecho al retorno no es una amenaza. Es una solución». 

Cualquier solución que mantenga al Estado de Israel como un Estado judío viola los derechos democráticos, civiles y humanos individuales y colectivos de los palestinos. Israel es una sociedad de colonos que quiere vencer y someter a una población indígena desafiante. Ese Israel está asentado en la Palestina ocupada. 

Del río al mar
Un país verdaderamente libre y democrático para toda su población es aquel en el que, como dijo una vez Edward Said, la ciudadanía da derecho a todos a los mismos privilegios y recursos. Algo bastante básico, a juzgar por los bajos estándares de la democracia moderna. Pero los líderes políticos israelíes y estadounidenses han pintado esto como poco realista, incluso injusto.

Muchos de quienes viven bajo la brutalidad del proyecto de Israel postulan que es la única solución realista a largo plazo. Lanzada en 2018, la Campaña «Un Estado Democrático» (ODSC, por sus siglas en inglés) pide la «plena igualdad civil» para ambos pueblos, el derecho al retorno y la creación de un proceso para reparar los «agravios históricos» de los palestinos como resultado del proyecto sionista. Su manifiesto reclama una democracia constitucional que 

"Proteja los derechos colectivos y la libertad de asociación, ya sean nacionales, étnicos, religiosos, de clase o de género… [y] garantice que todas las lenguas, artes y culturas puedan florecer y desarrollarse libremente. Ningún grupo o colectividad tendrá privilegios, ni ningún grupo o colectividad tendrá control o dominación sobre los demás. La Constitución negará al Parlamento la autoridad para promulgar cualquier ley que discrimine a cualquier comunidad, ya sea étnica, nacional, religiosa, cultural o de clase".

La ODSC conecta su llamamiento con las campañas progresistas en todo el mundo árabe e internacionalmente por un mundo «libre de explotación, racismo, intolerancia, opresión, guerras, colonialismo e imperialismo». 

Los partidarios de la solución de dos Estados suelen citar el derecho de los judíos a la autodeterminación. Sin embargo, un derecho judío a la autodeterminación no significa un derecho judío a la condición de Estado. Como señaló recientemente Peter Beinart, ofrecer a todos los pueblos un derecho a la condición de Estado sería imposible sin hacerlo a expensas de otros, como es el caso de Israel. 

Israel pretende hablar en nombre de todos los judíos y ser una «patria» para los pueblos judíos. Pero incluso dentro de la sociedad judía israelí, los judíos no blancos son discriminados por el Estado y se les niega la autodeterminación cultural. 

El movimiento sionista también ha separado durante mucho tiempo a la diáspora judía de sus aliados más lógicos, las minorías oprimidas. Las ha relacionado de forma retorcida con las mismas personas que las detestan, los supremacistas blancos. Esto debilita la oposición al ascenso de la derecha y socava la solidaridad.  

Durante décadas, la idea de un único Estado democrático fue un punto de impulso en el movimiento de liberación palestino. Se pedía democracia y libertad en toda la Palestina histórica, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, y el fin de la etnocracia judía. 

Sin embargo, tras la capitulación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el partido gobernante palestino que aceptó los términos restringidos de los Acuerdos de Oslo, la desmoralización bajó las miras de muchos y desmovilizó constantemente la resistencia de base. La creciente desconfianza en la OLP y su papel en el mantenimiento y beneficio de las interminables negociaciones huecas también influyó en la desilusión con el marco de los dos Estados. Una gran mayoría de los palestinos está de acuerdo en que la solución de los dos Estados no es realista. Un número cada vez mayor cree en un Estado democrático, especialmente entre los palestinos más jóvenes y los que están en la diáspora. El cofundador palestino del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), Omar Barghouti, calificó dicha solución como «la alternativa más justa, moral y, por tanto, duradera». 

A falta de un movimiento de liberación nacional, podemos fijarnos en los llamamientos del BDS que ha hecho la sociedad civil palestina y que sientan las bases para acabar con el proyecto colonial de Israel: el fin del etnonacionalismo, el desmantelamiento del muro del apartheid israelí, el fin de la ocupación israelí de todas las tierras árabes y la defensa de los derechos de los refugiados palestinos. 

Quien crea en la democracia, en la justicia y en el fin de todas las formas de opresión, también debería apoyar la solución de un solo Estado, desde el río hasta el mar. 
 

(Artículo publicado originalmente en Revista Jacobin América Latina)