Honduras después del golpe: el corredor latinoamericano de la reacción

 

Antes de la madrugada del 28 de junio de 2009, el ejército hondureño derrocó al gobierno socialdemócrata de Manuel Zelaya y lo reemplazó temporariamente por Roberto Micheletti, una figura proveniente de una fracción opuesta del propio Partido Liberal de Zelaya. Así, se puso fin al titubeante experimento democrático iniciado en 1982.[1] Luego de que el país fuera expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA) por quebrar la institucionalidad democrática, en noviembre del mismo año se llevó adelante una elección con el fin de darle al régimen una nueva fachada de legitimidad. Porfirio “Pepe” Lobo del Partido Nacional ganó esta elección fraudulenta y asumió su cargo el 27 de enero de 2010 en el marco de las protestas masivas de la resistencia en las calles de Tegucigalpa y en otros puntos del país. El derrocamiento de Zelaya fue el segundo golpe de estado exitoso en el hemisferio occidental desde el autogolpe liderado por Alberto Fujimori en Perú en 1992.[2]

 

Antes de la madrugada del 28 de junio de 2009, el ejército hondureño derrocó al gobierno socialdemócrata de Manuel Zelaya y lo reemplazó temporariamente por Roberto Micheletti, una figura proveniente de una fracción opuesta del propio Partido Liberal de Zelaya. Así, se puso fin al titubeante experimento democrático iniciado en 1982.[1] Luego de que el país fuera expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA) por quebrar la institucionalidad democrática, en noviembre del mismo año se llevó adelante una elección con el fin de darle al régimen una nueva fachada de legitimidad. Porfirio “Pepe” Lobo del Partido Nacional ganó esta elección fraudulenta y asumió su cargo el 27 de enero de 2010 en el marco de las protestas masivas de la resistencia en las calles de Tegucigalpa y en otros puntos del país. El derrocamiento de Zelaya fue el segundo golpe de estado exitoso en el hemisferio occidental desde el autogolpe liderado por Alberto Fujimori en Perú en 1992.[2]

 

Antes de la madrugada del 28 de junio de 2009, el ejército hondureño derrocó al gobierno socialdemócrata de Manuel Zelaya y lo reemplazó temporariamente por Roberto Micheletti, una figura proveniente de una fracción opuesta del propio Partido Liberal de Zelaya. Así, se puso fin al titubeante experimento democrático iniciado en 1982.[1] Luego de que el país fuera expulsado de la Organización de Estados Americanos (OEA) por quebrar la institucionalidad democrática, en noviembre del mismo año se llevó adelante una elección con el fin de darle al régimen una nueva fachada de legitimidad. Porfirio “Pepe” Lobo del Partido Nacional ganó esta elección fraudulenta y asumió su cargo el 27 de enero de 2010 en el marco de las protestas masivas de la resistencia en las calles de Tegucigalpa y en otros puntos del país. El derrocamiento de Zelaya fue el segundo golpe de estado exitoso en el hemisferio occidental desde el autogolpe liderado por Alberto Fujimori en Perú en 1992.[2]

Nuestro trabajo revisa los orígenes del golpe, la dinámica política y económica de su consolidación y las formas complejas de desafío al mismo, encarnadas en un movimiento nacional de resistencia. Una revisión comprehensiva del golpe y de la resistencia debe tomar en cuenta el contexto más amplio de la historia, la economía política y las culturas populares de oposición y lucha hondureña y centroamericana del siglo XX y de principios del siglo XXI. La coyuntura actual no puede entenderse sin referencia a este pasado. Comenzamos, entonces, con los orígenes históricos de la economía hondureña y su integración en el mercado mundial y con la geopolítica que surgió a partir de este fundamento material, por el cual Honduras se transformó en un núcleo central de las campañas de contrainsurgencia llevadas adelante por Regan contra las fuerzas guerrilleras en el resto de América Central durante la década de 1980. Planteamos que la derrota militar de las insurgencias guerrilleras de masas en Guatemala y en El Salvador, combinada con el triunfo sobre el gobierno sandinista revolucionario en Nicaragua en 1990, creó las bases para la pacificación neoliberal de toda América Central durante la década de 1990. Honduras no fue una excepción a esta regla general. El gobierno de centroizquierda de Manuel Zelaya surgió a partir de la catástrofe socioeconómica intensificada por la reestructuración neoliberal en Honduras. En su gestión, Zelaya produjo algunos cambios modestos contrarios a la ortodoxia neoliberal, en un conjunto de políticas sociales y económicas y en relaciones exteriores. Gradualmente, también se alineó con los gobiernos de izquierda y centroizquierda de la región con fines fundamentalmente pragmáticos. Esta combinación de procesos locales y externos explica su violento derrocamiento. Pero la consolidación del golpe no ha estado exenta de conflictos sino que ha sido sistemáticamente obstaculizada por la tenacidad de un movimiento heterogéneo de resistencia nacional, cuyos orígenes, trayectoria y composición desarrollamos en detalle.[3] La magnitud de lo que está en juego en la coyuntura actual y sus cambiantes relaciones de fuerzas difícilmente podría ser mayor.

El momento actual del país concentra una fusión más abarcadora de neoliberalimo y militarismo que se extiende a lo largo del gran corredor centroamericano, desde Colombia en el sur a México en el norte.[4] La implementación completa del plan de Barak Obama para América Central finalmente integraría los aparatos de seguridad del istmo iniciada con el Plan Colombia bajo el liderazgo de Bill Clinton y continuada con el Plan México durante el gobierno de George W. Bush. La “guerra contra las drogas” que, en línea con estos proyectos, se llevó adelante en México durante la presidencia de Felipe Calderón dejó no menos de 55.000 muertos entre 2006 y 2012, mientras que el programa colombiano destinó treinta y seis mil millones de dólares a militarizar la regulación y el control antidroga en el país a partir del año 2000.[5] La consolidación del control riguroso que ejerce el régimen de Lobo sobre la sociedad hondureña es un elemento de la dimensión coercitiva de las actuales estrategias de acumulación de los capitales estadounidenses y sus aliados locales en América Central, las cuales atraviesan los sectores conflictivos de la minería a cielo abierto, el desarrollo hidroeléctrico, el turismo, los cultivos destinados a los biocombustibles, la forestación destinada a generar créditos de carbono y los textiles y productos industriales basados en mano de obra barata (las áreas de maquila).[6] “La inversión externa directa (IED) recibida por Honduras en 2011 superó los diez mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 27% respecto de 2010” de acuerdo con el informe más reciente publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). “Estados Unidos fue el principal inversor en Honduras (28,6% del total), seguido por Canadá (18,4%) y México (15%).”[7]

 

 

La historia moderna de Honduras es el paradigma de la república bananera. La industria bananera se inició en la década de 1860 y a partir de entonces se desarrolló con relativa rapidez. Para 1928, tres corporaciones estadounidenses –Cuyamel Fruit Company, Standard Fruit Company y United Fruit Company– manejaban la producción y exportación de más bananas del suelo hondureño que de cualquier otro país del mundo. Así, las multinacionales de viejo cuño dominaron la vida política y económica local. La banana representaba más del 90% del perfil exportador del país.[8] Pero éste también era un típico sector de enclave, limitado a la costa norte del Atlántico, inaccesible desde la mayor parte del país por ferrocarril o caminos. Los precios dependían de las fluctuaciones de la oferta y demanda internacional. Luego de la gran depresión, la actividad bananera resultó fuertemente afectada mientras el café surgió como una fuente importante de divisas, aunque igualmente vulnerable a las frecuentes oscilaciones del mercado mundial.

Así, sobre la base de dos pilares débiles, la economía política hondureña de la primera mitad del siglo XX era la “más atrasada” de América Central, con “las clases subalternas y dominantes… históricamente menos desarrolladas”, lo cual dio lugar a la “dominación grosera del país por parte de las empresas extranjeras”.[9] En las décadas de 1950 y 1960 la modernización capitalista comenzó a penetrar lentamente las relaciones sociales en buena parte del resto del país y a alterar su modalidad de incorporación en el mercado mundial, mediante una diversificación creciente de las exportaciones que sumó el algodón, el ganado y el azúcar a los cultivos preexistentes. La expresión política de esta estructura social en transformación se corporizó en dos partidos maleables y fraccionados: el Partido Liberal, creado a finales del siglo XIX, y el Partido Nacional, una división del primero surgida a principios del siglo XX. Desde entonces y hasta el presente, estos dos partidos han monopolizado la esfera oficial de la vida pública, con excepción de interregnos militares, algunos de ellos prolongados. El período más largo de regímenes militares sucesivos se produjo entre 1963 y 1982 y estuvo seguido por una breve transición a la democracia electoral a la que, una década más tarde, siguió la transformación neoliberal de la economía.[10]

Más allá de los límites de la política oficial de los partidos Liberal, Nacional y del autoritarismo, comenzaron a surgir fuerzas obreras y campesinas radicales que acompañaron y enfrentaron la expansión capitalista de mediados del siglo XX. La expresión más clara de la afirmación de esta novedosa fortaleza obrera fue la huelga de 1954 contra la United Fruit Company. En palabras del historiador Walter LaFeber, ésta “marcó una bisagra histórica”. Según él, “la sociedad se descomprimió y comenzó a liberalizarse a partir de que por primera vez se reconocieron ciertos derechos laborales”.[11] En términos estrictamente económicos, los trabajadores sólo lograron pequeños incrementos salariales, pero en términos políticos ganaron el reconocimiento legal para los sindicatos y el derecho de organizarse. La reacción de los cruzados de la Guerra Fría tanto de Washington como de Tegucigalpa a la participación comunista en la huelga de 1954 impregnaría la relación entre el estado y el movimiento obrero hondureño durante las décadas siguientes. Los guardianes de la libertad ejercieron una clara coerción contra los grupos radicalizados combinada con estrategias de cooptación consensual, tales como el auspicio de organizaciones de trabajadores “libres y democráticas” de corte anticomunista.[12]

El campo, mientras tanto, fue testigo de una verdadera explosión de movilización iniciada en 1960, entre otras razones, gracias al ejemplo de la revolución cubana de 1959. Durante las dos décadas siguientes, las movilizaciones y ocupaciones campesinas forzaron a los gobiernos militares a redistribuir alrededor de doscientas mil hectáreas de tierra a pobladores rurales pobres y sin tierra.[13] Estas luchas por la tierra, combinadas con las acciones de los trabajadores de las plantaciones de bananas, se extendieron de diversas maneras durante las décadas de 1980 y 1990.[14] La militancia campesina a principios de la década de 1960 irrumpió inicialmente en la misma área del norte de la costa atlántica en la que se había producido la huelga de 1954. Los campesinos tuvieron como aliciente para estas acciones las expropiaciones de sus tierras producidas por la expansión de las operaciones de la United Fruit Company. Formaron la Federación Nacional de Campesinos Hondureños (FENACH), una organización independiente y militante centrada en la acción directa de masas destinada a ocupar o recuperar la tierra ejidal o comunal expropiada. La FENACH fue fundada con apoyo de antiguos líderes sindicales que habían permanecido en la región luego de haber sido despedidos por su participación en la huelga de 1954, militantes políticos de izquierda, estudiantes radicalizados y nacientes movimientos guerrilleros revolucionarios.[15]

Las respuestas del estado hondureño y de su aliado imperial estadounidense a la movilización campesina reprodujeron en buena medida sus réplicas a la movilización obrera. Los principales esfuerzos de cooptación se expresaron en la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), una organización abiertamente anticomunista creada “con asistencia de Estados Unidos a través de la AFL-CIO y de su brazo latinoamericano, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)”. La dimensión coercitiva se hizo más visible luego del derrocamiento del régimen civil en 1963 y del desmantelamiento forzoso de la FENACH, cuyos “líderes fueron capturados y encarcelados, sus oficinas y archivos fueron destruidos y sus miembros reprimidos”. [16] Como se verá más abajo, la intensidad de los ataques aumentó durante los ’80. A pesar de que la coerción estatal fue moderada en comparación con los horrores impuestos por las dictaduras vecinas de El Salvador y de Guatemala, en Honduras también fueron comunes las detenciones ilegales, las desapariciones y los asesinatos selectivos.[17]

Estados Unidos había establecido una forma especial de relación con los militares en 1954, cuando el país comenzó a recibir asistencia para la “profesionalización” de los militares.[18] Pero la relación estrecha entre los militares estadounidenses y hondureños se reforzó y aceleró luego de las profundas transformaciones de la política centroamericana iniciadas con el éxito de la Revolución Sandinista de 1979 y consolidadas con las insurgencias guerrilleras de masas en El Salvador y en Guatemala. A fines de los ’70 y principios de los ‘80, Honduras estaba experimentando importantes cambios internos. Durante los primeros cuatro años de la década de 1980, el país sufrió una gran crisis económica con una caída del ingreso per capita de aproximadamente 12%. [19] Por primera vez desde 1963, en 1981 se llevo a cabo una elección que llevó a la presidencia al candidato del Partido Liberal, Rafael Suazo Córdova. Pero aun en el marco de la transición a la democracia electoral, el rol de los militares en asuntos internos se expandió con un flujo de asistencia estadounidense sin precedentes. Honduras se convirtió en la principal base de operaciones de los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al gobierno sandinista y para evitar que movimientos guerrilleros similares tomaran el poder en El Salvador y en Guatemala.

 

Para 1980, Jimmy Carter ya había enviado a un general de división estadounidense para notificar a los hondureños acerca de su rol como “baluartes del anticomunismo en el marco de las presiones de la revuelta popular”.[20] Pero la cruzada contra el comunismo adquiriría dimensiones nunca antes vistas durante la siguiente administración de Ronald Reagan. Durante la década de los ’80, cuando Honduras se convirtió en la principal base de operaciones de la contrainsurgencia centroamericana, ochocientos soldados hondureños pasaron por la tristemente famosa Escuela de las Américas para recibir entrenamiento militar.[21] Inmediatamente después de la asunción de Reagan, oficiales hondureños le presentaron al nuevo jefe de la CIA William Casey su propuesta para organizar a los miembros de la Guardia Nacional nicaragüense en retirada para una expedición contrarrevolucionaria destinada a desestabilizar al gobierno Sandinista”.[22] Así es como nacieron los contras. Honduras se transformó en “la retaguardia para 20.000 soldados de la Contra nicaragüense, cuyas líneas de abastecimiento incluyeron una vasta red que se extendía desde las bases militares estadounidenses y hondureñas a los campos de la Contra en la frontera con Nicaragua”.[23] Al mismo tiempo, la frontera entre Honduras y El Salvador se convirtió en un frente importante del enfrentamiento con las operaciones de la guerrilla de izquierda en este último país.[24]

Entre 1980 y 1992, Honduras recibió asistencia económica y militar de Estados Unidos por $1600 millones de dólares.[25] El imperio estableció “sus propias bases militares y aeronáuticas, centros de inteligencia, puestos de comando regional y un centro de entrenamiento para las tropas salvadoreñas administrado por comandos estadounidenses, el cual operó hasta 1985”.[26] La asistencia a las fuerzas hondureñas incluyó equipos móviles de entrenamiento integrados por personal estadounidense, artillería, sistemas de visión nocturna, equipos de comunicación de alta tecnología, planes de reconocimiento y botes patrulla para vigilar sus costas.[27] Asimismo, Honduras ofreció santuarios desde los que los pilotos salvadoreños de contrainsurgencia, conducidos por la CIA, podían lanzar ataques aéreos sobre Nicaragua y abastecer a las fuerzas de la Contra con los recursos necesarios para sostener sus campañas de terror.[28] Ya en 1983 “las operaciones estadounidenses estaban tan extendidas que la CIA abrió una oficina de prensa en un hotel Holiday Inn en Honduras para alardear acerca de sus hazañas. Entre 300 y 400 militares estadounidenses trabajaron en este pequeño país y los 116 miembros de la embajada de Estados Unidos convirtieron a ésta en la más grande de toda América Latina”.[29] Este apoyo formal del estado estadounidense se fortaleció mediante una red de aliados que apoyó las iniciativas anticomunistas en América Central. Esta red incluyó a la autoritaria junta militar argentina hasta su caída luego de la Guerra de Malvinas en 1982, los estados saudita, taiwanés, panameño e israelí y varios actores no estatales, entre ellos, organizaciones religiosas de la derecha cristiana estadounidense, mercenarios y traficantes de armas, empresas de seguridad y traficantes de drogas.[30]

Aunque la escalada militar en Honduras estuvo motivada geopolíticamente por la proximidad geográfica a los frentes nicaragüense y salvadoreño, la misma también sirvió para preparar la coerción local contra la resistencia popular real o potencial –la “contrainsurgencia preventiva”- en el país. “Si bien en Honduras no había una insurgencia guerrillera importante”, dice el antropólogo Lesley Gill, “la línea dura militar apuntó a estudiantes, militantes sindicales y campesinos y a cualquiera que perteneciera a grupos o partidos políticos considerados de izquierda”.[31] Al menos 290 maestros, militantes sindicales, campesinos y trabajadores desaparecieron entre 1980 y 1984 en manos del aparato represivo del estado hondureño. Durante 1986 y 1987, cuando supuestamente reinaba la democracia, se produjo otra oleada de resistencia contra la militarización de la sociedad liderada por movimientos campesinos inspirados por su larga tradición de luchas. La respuesta estatal fue una seguidilla de asesinatos de líderes campesinos y obreros.[32] Las federaciones sindicales y campesinas, las comunidades cristianas radicales de base orientadas por la teología de la liberación y las organizaciones estudiantiles que se habían desarrollado en las luchas de los ’70 continuaron resistiendo a pesar de que algunas de estas organizaciones fueron cooptadas por el sistema de partidos a medida que creció la importancia de la política electoral. Organizaciones de derechos humanos, por una parte, y un número reducido de frentes guerrilleros efímeros, por otra, se unieron a estos movimientos sociales durante los ’80. En respuesta, “en Honduras se pusieron en práctica… métodos de contrainsurgencia y terrorismo de estado nunca antes usados en el país, tales como leyes ‘antiterroristas, desapariciones y escuadrones de la muerte organizados por el estado. Así, la población hondureña fue víctima de las mismas violaciones masivas de derechos humanos que los países vecinos”.”[33] Esta limpieza violenta de movimientos populares fue el sine qua non para la posterior introducción del neoliberalismo. “Con pocas excepciones”, observa Grandin, “el terror preventivo y punitivo orquestado por el estado y las elites fue el preludio del neoliberalismo en América Latina. El prerrequisito para la rápida restructuración económica que se comenzó a toda marcha en América Latina en los ’80”, nos recuerda el autor, “tuvo tanto que ver con el surgimiento de nuevas elites financieras conectadas con los mercados globales como con la destrucción de los movimientos de masas”.[34]

 

Con el final de la guerra fría en el escenario internacional, la derrota de la revolución Sandinista en Nicaragua en las elecciones de 1990 y el final de las guerras civiles en El Salvador y en Guatemala, la región pasó del período de terror estatal y lucha guerrillera de los ’80 a otro de consolidación neoliberal en el transcurso de la década de 1990, en lo que James Dunkerley llamó la “pacificación de América Central”.[35] Con sus particularidades, la trayectoria de Honduras expresa este viraje regional.

La llegada de Rafael Callejas a la presidencia del Partido Nacional en las elecciones de 1990 marcó el verdadero inicio de la reestructuración neoliberal en el país. Callejas, un economista agrícola, banquero y miembro de una de las familias más ricas de Honduras, lideró un nuevo grupo hegemónico del Partido Nacional, dominando por tecnócratas neoliberales y secciones de la burguesía hondureña de orientación externa.[36] De hecho, un rasgo definitorio de la política desde la transición neoliberal ha sido el surgimiento de conflictos facciosos al interior de los todavía dominantes partidos Liberal y Nacional, que acompañaron los enfrentamientos entre las secciones de orientaciones externa y local del capital hondureño. El primer (y más poderoso) sector tiene interés en sostener y profundizar la reestructuración neoliberal sobre la base de un modelo de acumulación basado en las exportaciones y la segunda (y más débil) fracción que sigue estando ligada a un declinante mercado local y debe establecer alianzas populistas contradictorias y episódicas con las clases populares.[37]

Callejas implementó el primero de tres programas de ajuste estructural implementados en Honduras en los ’90. el cual incluía un conjunto de medidas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros prestamistas externos. Callejas llevó adelante medidas de austeridad, aumento de los impuestos al consumo, liberalización del control de precios, privatización de varias empresas estatales y reducción de gravámenes sobre las importaciones. Estas medidas constituyeron los pilares de una orientación de economía política más general hacia la promoción del libre mercado, el turismo, las exportaciones no tradicionales, orientación que continuaría bajo los sucesivos gobiernos Liberal y Nacional de los siguientes quince años.[38]

Roberto Reina, representante de una corriente populista de centroizquierda dentro del partido Liberal, ganó la elección presidencial de 1993. Con un perfil público de líder de los derechos humanos, Reina basó su campaña en la necesidad de poner fin a la corrupción política y limitar los poderes militares y desarticuló temporariamente algunos de los mecanismos de control militar de la vida social y política. Pero también profundizó y extendió el modelo neoliberal mediante la firma de un nuevo programa de ajuste estructural. Su sucesor liberal Carlos Roberto Flores Facussé (1997-2001) provenía de la extrema derecha del partido. Sin embargo, luego de un pico de protestas urbanas y rurales contra la reestructuración neoliberal impulsada durante el gobierno de Reina, Flores se vio forzado a basar su campaña electoral de 1997 en una plataforma crítica de las condicionalidades asociadas con los préstamos del FMI. Por supuesto, una vez en el gobierno, Flores cambió de tono y comenzó a trabajar para expandir la maquila, el turismo y las exportaciones no tradicionales, mediante un tercer programa de ajuste estructural, entre otras iniciativas.[39] Flores fue sucedido por el ultraconservador Ricardo Maduro (2001-2005) del Partido Nacional, quien mantuvo la ortodoxia neoliberal en materia económica y reintrodujo el control militar sobre cuestiones civiles mediante una escalada drástica en la “guerra contra las pandillas”.

Una de las consecuencias de la reestructuración neoliberal en el campo ha sido la desposesión de los campesinos de su tierra y la subsecuente migración de éstos a Estados Unidos o a los barrios marginales de las grandes ciudades, principalmente de la capital Tegucigalpa ubicada en el sudoeste del país y con una rica tradición de militancia de izquierda, o a San Pedro Sula, una ciudad industrial y de libre comercio caracterizada por el dominio de la derecha en temas sociales, culturales y políticos.[40] La ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de 1992 intentó alterar de manera irreversible los avances de la reforma agraria de 1975 implementados hacia la década de 1990. La LMDSA se centró en el “fortalecimiento de los derechos de propiedad individual de la tierra, la extensión de las iniciativas de titularización, incluyendo la privatización de tierras cooperativas, la puesta en marcha de mercados de arrendamiento de tierras y de crédito privados y la retirada del gobierno de toda forma de redistribución directa de la tierra que se apartara de los mecanismos de mercado”.[41] Entre 1990 y 1994 se vendieron alrededor de 30.500 hectáreas de tierra adquiridas por campesinos mediante la reforma agraria de mediados de los ’70.[42] Una vez “desarraigados de las relaciones precapitalistas o no capitalistas de reciprocidad”, sugiere Robinson, este nuevo ejército de reserva está en condiciones de “trabajar en las maquiladoras, los nuevos centros agrícolas y los sectores de servicios”, dominados por los flujos de capital externo.[43] La agricultura cayó del 15,2% del producto bruto interno (PBI) en 1995 al 14% en 2000 y a sólo el 13,6% en 2005. La categoría “agricultura” considerada por estas estadísticas incluye caza y actividad forestal y pesquera, lo que supone que la caída de los cultivos pueda estar siendo significativamente subestimada. El empleo agrícola cayó del 42 % de la población económicamente activa en 1990 al 36% en 2005. Finalmente, las exportaciones agrícolas como porcentaje del total de las exportaciones se redujeron del 60% en 1995 a sólo el 29,5 % in 2005.[44] Con esta declinación, la población urbana creció del 43% al 48% del total entre 1995 y 2005 y las proyecciones sugieren que crecerá al 51% y al 53% en 2010 y 2015 respectivamente.[45]

Los patrones de uso de la tierra y la estructura de clase rural han ido cambiando drásticamente. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, a fines de los ’90, la tasa de pobreza rural superaba el 70%.[46] A principios de los 2000, casi la mitad de la población rural operaba establecimientos con menos de cinco hectáreas de tierra. Los sin tierra constituían otro 27% de la población rural económicamente activa. Estos sectores han sido empujados a una condición semiproletaria o proletaria a medida en que fueron crecientemente forzados a cortar sus lazos permanentes con la tierra para buscar diversas formas de empleo no agrícola.[47] Geográficamente, casi 80% de la agricultura minifundista en el país tiene lugar en laderas, dado que los capitales agroindustriales dedicados a la producción de ganado, caña de azúcar y aceite de palma han dominado los valles fértiles.”[48]

Como se verá más abajo, el estudio detallado de la resistencia campesina muestra que algunas de las expresiones más notorias de las nuevas configuraciones de la estructura agrícola hondureña se encuentran en la región de Bajo Aguán. Según Tanya Kerssen, “entre 1990 y 1994, en el país se vendieron alrededor de 30.500 hectáreas de tierra campesina adquiridas mediante la reforma agraria”. “Estas tierras están concentradas en las áreas más ricas en recursos (suelos más fértiles, reservas de agua, acceso a infraestructura de comunicaciones, energía y transporte). Así, mientras el promedio nacional de reconcentración de la tierra durante este período de cuatro años estuvo por debajo del 10%, en las regiones del Valle de Aguán y la costa atlántica (áreas adecuadas para cultivos de alto valor como bananas y palma africana) la reconcentración superó el 70%. En Aguán, fueron vendidas 20.930 de las 28.365 hectáreas otorgadas a cooperativas campesinas mediante la reforma agraria. Tres magnates del aceite de palma fueron los principales beneficiarios: René Morales Carazo, Reynaldo Canales y el hombre más rico de Honduras, Miguel Facussé Barjum (quien se ha ganado el apodo de palmero de la muerte). En total, 40 cooperativas campesinas perdieron sus tierras en Aguán. Ésta ha sido también la región en la que surgiría uno de los movimientos por el derecho a la tierra más fuertes”.[49]

A pocos años del primer programa de ajuste estructural de 1990, la inversión externa directa se concentraba en cinco zonas francas de exportación auspiciadas por el gobierno y en cinco parques industriales de gestión privada, en donde trabaja una mayoría de mujeres con bajos salarios y sin representación sindical. La fuerza de trabajo de la maquila, que en 1990 era de sólo 9.000 personas, llegó a 20.000 in 1991, a 48.000 en 1994 y a 100.000 hacia fin del siglo.[50] Las tablas I y II presentan los cambios en la estructura de la clase trabajadora urbana producidos a partir de las transformaciones económicas de los ’90.

 

Honduras        Año     Capitalistas*    Profesionales/Ejecutivos**     Pequeña burguesía***

 

* Propietarios de empresas que emplean cinco o más trabajadores.

** Administradores, profesionales universitarios y técnicos asalariados en empresas que emplean cinco o más trabajadores.

*** Propietarios de empresas que emplean menos de cinco trabajadores y profesionales y técnicos por cuenta propia.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Portes y Hoffman 2003, pp. 56-57.

 

 

* Trabajadores asalariados en empresas con cinco o más trabajadores.

** Trabajadores asalariados en empresas con menos de cinco trabajadores.

*** No incluye profesionales y técnicos.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Portes Y Hoffman 2003, pp. 56-57.

 

El valor agregado de las exportaciones del sector de la maquila que había alcanzado 203,7 millones de dólares en 1996 llegó a un total de 1200 millones de dólares en 2007. Así, las maquiladoras se convirtieron en la segunda fuente de divisas luego de las remesas provenientes de Estados Unidos. Además de la maquila y las remesas, los ingresos del sector turístico crecieron de 29 millones de dólares en 1990 a 556,7 millones de dólares en 2007.[51] En 2007, la inversión externa directa (IED) superó los máximos históricos, cuando alcanzó 815,9 millones de dólares, en su mayoría destinados a la maquila, el transporte, las comunicaciones (especialmente la telefonía celular), las finanzas y el turismo.[52] En el mismo año en que se registraban estos máximos, comenzaba a producirse una lenta caída de la demanda estadounidense de productos manufacturados de exportación hondureños y una competencia creciente por parte de productores de bajo costo de Asia.

Como muestra la Tabla III, a pesar del flujo de IED y de las evaluaciones positivas que las instituciones financieras internacionales hacían acerca del ritmo y la naturaleza de la reforma neoliberal, durante los ’90 el crecimiento macroeconómico del país sólo superó el 4% en 1997 y a lo largo de la década se registraron períodos de crecimiento negativo. En cambio, en la década siguiente se produjo un viraje significativo. Entre 2003 y 2007, “América Latina experimentó el período de crecimiento más importante desde la etapa de auge que se extendió desde la segunda postguerra hasta mediados de los ’70”. En este nuevo período, el crecimiento fue generado por “la extraordinaria combinación de cuatro factores: altos precios de las materias primas, auge del comercio internacional, condiciones de financiamiento extraordinarias y altos niveles de remesas”. [53] Estas tendencias se replicaron en la economía hondureña. Además de las remesas, los altos precios de las materias primas[54] y la fuerte demanda de Estados Unidos, en 2005, Honduras calificó para el alivio de su deuda en el marco de la iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME).[55] Habiendo cumplido puntualmente con los rigores del Programa de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza (PRGF, Poverty Reduction and Growth Facility) del FMI, en 2004 Honduras tenía las condiciones requeridas para recibir asistencia en para el alivio de la deuda. La iniciativa se propone producir un alivio de deuda de 1.200 millones de dólares entre 2005 y 2015. Se plantea que parte de este monto deberá destinarse a reducir la pobreza en el país en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.[56]

Honduras        1980-   1985-   1980-   1990    1995    1996    1997    1998    1999   

                        1985    1990    1990

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2000, p. 68.

 

La Tabla IV muestra que el PBI creció aceleradamente entre 2003 y 2007, con porcentajes superiores al 6% en 2005, 2006 y 2007, para luego caer a partir del inicio de la crisis económica global en 2008. Esta crisis global, y particularmente su desarrollo en Estados Unidos, impactaron inicialmente en Honduras debilitando la demanda de productos de exportación y provocando la caída de las remesas familiares y de los flujos de inversión externa directa.[57] En ese año, la tasa de crecimiento del PBI cayó al 4,2%. Sin embargo, la totalidad de los efectos de estos mecanismos de transmisión de la crisis desde el centro del sistema mundial recién se hicieron sentir en 2009, cuando el crecimiento del PBI se tornó negativo, con una caída del 2,1%, seguida por una recuperación modesta y frágil en 2010 y 2011.

A pesar de las altas tasas de crecimiento de mediados de los 2000, las condiciones sociales seguían siendo desastrosas a fines de la década. De los 177 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Naciones Unidas, en 2009 Honduras ocupaba el puesto 112. Entre los países de América Latina y el Caribe, sólo Bolivia, Guyana, Guatemala, Nicaragua y Haití tuvieron peor desempeño ocupando los lugares 113, 114, 122 124 y 149, respectivamente.[58] Para 2011, Honduras había caído al lugar 121.[59] En 1990, cuando comenzaba el neoliberalismo, 75% de la población vivía bajo la línea de pobreza y 38% bajo la línea de indigencia.[60] En 2002, inmediatamente antes del auge de las materias primas, estas cifras habían crecido a 77% y 54% respectivamente. En 2007, en el marco de este auge y de condiciones favorables para la mejora de las condiciones sociales, los niveles de pobreza e indigencia sólo habían bajado al 69% y 46% respectivamente.[61] En 2009, los porcentajes de pobreza e indigencia alcanzaban 65,7% y 41,8% y en 2010, como consecuencia de la contracción de 2009, estos porcentajes habían llegado a 67,4% y 42,8%. Honduras ha sido uno de los dos países de la región, junto con México, que registró un “crecimiento significativo en las tasas de pobreza e indigencia” en América Latina y el Caribe en este período.[62]

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CEPAL, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2008, p. 85; CEPAL, Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2011, p. 96.

* Resultados preliminares.

 

De modo similar, la distribución del ingreso nacional (Tabla V) muestra retrocesos en lugar de avances desde los inicios del neoliberalismo, a pesar del contexto económico propicio para una redistribución radical del período 2003-2007. La caída marginal del ingreso nacional del que se apropia el decil más rico de la población producida entre 2002 y 2007 resultó en una transferencia de este ingreso a los dos deciles siguientes. La porción del ingreso nacional del que se apropia el 40% más pobre de la población fue menor en 2007 que en 1990. Más aún, los años de auge revirtieron algunas de las mejoras muy modestas que estos sectores habían experimentado durante los ’90. Aun después de los años de auge, la infraestructura fundamental de la economía del país sigue estando subdesarrollada. La red ferroviaria inicialmente establecida para atender al sector bananero había caído en desuso (con una gran parte de los 785 km de vías perdida por robos) y sólo el 21,3% de los 15.628 km de caminos principales, secundarios y municipales está pavimentado.[63] De acuerdo con estadísticas oficiales del país, 11% de los hogares tiene condiciones de hacinamiento, 1 de cada 6 personas mayores de 15 años es analfabeta y aproximadamente 15% de los hogares carece de sistemas de cloacas adecuados.[64]

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de CEPAL, Panorama Social de América Latina 2008. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2008: 230.

* Proyecciones.

 

Las clases populares urbanas rurales resistieron el asalto neoliberal a su calidad de vida durante los ’90 y 2000. Este período fue también notorio por la persistente represión estatal y la remilitarización de la política bajo el manto de la “guerra contra el crimen” y la “guerra contra las pandillas”. Al mismo tiempo, los movimientos campesinos siguieron siendo una fuerza social importante en la política del país. De hecho, entre 1996 y 2004 Tegucigalpa funcionó como el centro del que tal vez sea el movimiento campesino transnacional más importante del mundo, Vía Campesina.[65] Sin embargo, el poder colectivo de los campesinos hondureños para resistir la estructura de poder reinante en el país comenzó a decaer entre mediados de los ’90 y principios de los 2000, a medida que la economía rural se derrumbaba. En el movimiento obrero, los trabajadores bananeros, y de manera creciente, las trabajadoras bananeras, “luchaban para sobrevivir al cierre de las plantaciones, los nuevos sistemas de producción y otras acciones de las corporaciones bananeras, a los que se sumó el Huracán Mitch”.[66] Durante los ’90, siguieron surgiendo cantidades de nuevos grupos de mujeres, organizaciones obreras y campesinas y asociaciones comunitarias que se involucraban en distintas formas de lucha.[67] En 2003, los movimientos sociales urbanos contra la privatización de las empresas proveedoras de servicios de red y otros servicios públicos lograron reunir 25.000 personas en las calles.[68] Pero para fines de los ’90, los rasgos más importantes de la vida política y social de Honduras no eran las luchas de clases rural y urbana de base sino el surgimiento de nuevas patologías sociales violentas entre los pobres y desposeídos y la remilitarización del estado. Esta última ha estado formalmente dirigida a reducir la violencia plebeya pero en realidad funcionó como garantía coercitiva para la preservación del orden neoliberal.

Luego de la reestructuración neoliberal, los crímenes violentos han crecido de manera drástica en toda América Latina y especialmente en América Central.[69] Durante las últimas dos décadas, un número creciente de lumpemproletarios expulsados del mundo campesino y no admitidos en la economía urbana formal fue empujado de manera indolente a una situación en la que el crimen se convirtió en una forma de supervivencia. El istmo se transformó en una vía principal de las rutas de los carteles de la droga, con una gran cantidad de desempleados, combatientes de las guerras civiles desmovilizados (pero todavía armados) y miembros de pandillas repatriados de California (deportados por el gobierno de Estados Unidos a mediados de los ’90) ocupando los puestos más bajos del tráfico.[70] “En el mejor de los casos”, plantea Grandin “la fuerza de los desposeídos se canaliza hacia movimientos que demandan una redistribución democrática de la riqueza, como sucedió en Bolivia y en Argentina a partir de sus recientes crisis. En el peor de los casos, los pobres buscan soluciones por medios más vengativos, como el nacionalismo de derecha, el fundamentalismo religioso o la brutalidad de las pandillas callejeras”.[71] Para el caso hondureño, el antropólogo Jon Wolseth plantea que: “En el marco del sufrimiento social causado por las estrategias económicas neoliberales, la fe cristiana evangélica ofreció a la juventud d en Honduras una respuesta espiritual al dolor individual mientras las pandillas han ofrecido formas de autoafirmación basadas en la violencia interpersonal.”[72]

En 2006 se produjeron 3108 asesinatos en el país, cifra que representa un promedio anual de 46,2 muertes violentas cada 10.000 personas y es cinco veces mayor que los promedios globales.[73] Las dos principales pandillas que operan en el país son la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS). La presencia de estas pandillas ha sido usada por el estado como justificación para remilitarizar la seguridad y la política. A principios de 2000, el gobierno municipal de Tegucigalpa impuso un toque de queda en la ciudad a partir de las dos de la mañana, medida que luego fue reforzada por la política de mano dura del presidente Ricardo Maduro impuesta a nivel federal en 2002. “Cuando las calles comienzan a vaciarse a la noche”, explica un cronista, “unidades combinadas militares y policiales arrasan los barrios marginales situados en las laderas de las colinas que rodean a la ciudad (también conocidos como el “cinturón de la miseria”) con el propósito explícito de desmantelar las pandillas juveniles y arrestar a sus miembros”. Evocando el período oscuro de los ’80, estas incursiones “tienen nombres como Operación Jaula, Trueno y Patria” y se realizan semanalmente.[74]

La mano dura contra el crimen fracasó rotundamente en su objetivo de reducir el número de homicidios pero llenó las cárceles del país hasta ponerlas al borde del colapso y, más importante, le permitió al estado revertir el incipiente control civil sobre las fuerzas armadas puesto en marcha en 1996 durante la presidencia del liberal Roberto Reina. Bajo el gobierno de Maduro, se eliminaron las divisiones entre las fuerzas armadas y la policía y otro tanto pasó con cualquier pretensión de control civil sobre el aparato coercitivo del estado.[75] Por ejemplo, la “Operación Guerra contra la Delincuencia” desplegó 10.000 policías en las calles bajo la autoridad de un oficial militar. Estas tácticas posibilitaron la continuidad de los métodos de “limpieza social”. Entre 1998 y 2002, más de 1500 jóvenes de la calle fueron asesinados por una combinación de escuadrones de la muerte estatales y fuerzas de seguridad privada y se intensificaron los asesinatos políticos de militantes de movimientos sociales.[76]

Basta mencionar unos pocos ejemplos que dan cuenta de la violencia política. En febrero de 1988, fue asesinado Ernesto Sandoval, un líder del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH).[77] Se puso un precio de 40.000 dólares a la vida del Padre Tamayo, un reconocido sacerdote y militante del Movimiento Ambientalista de Olancho, quien además sobrevivió a varios intentos de secuestro y asesinato, entre ellos un incidente ocurrido en la marcha de este movimiento contra la deforestación desenfrenada producida por las empresas madereras internacionales. “Tamayo fue acorralado por el jefe de policía local, quien introdujo una granda en su boca y se alejó rápidamente de él. ‘Yo la saqué y la tiré tan lejos como pude. Explotó en un campo cercano’, dice Tamayo sonriendo. ‘Ahora la policía inició una causa contra mí por producir disturbios’”. [78] A mediados de la década de 2000, el asesinato de abogados de derechos humanos y jueces se había vuelto una rutina, mientras que las oficinas de los movimientos sociales eran saqueadas y personas alineadas con la izquierda eran asesinadas o intimidadas con amenazas de muerte.[79] Esta militarización de la política y la sociedad, producida bajo el manto de la guerra contra el crimen, ha sido en realidad la primera línea de defensa de los beneficiarios del violento orden neoliberal. Es imprescindible tener en cuenta este contexto histórico para comenzar a entender la relativa facilidad con la que Roberto Micheletti organizó y llevó a cabo el golpe violento y represivo contra Zelaya a fines de junio de 2009.

 

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