Galo libre

Después de que el pasado 24 de julio un grupo de activistas de la ciudad de São Paulo participara de la quema de la estatua de Manuel Borba Gato, explorador paulista que se enriqueció con el tráfico de esclavos, la Justicia ordenó la detención del referente antifascista Paulo Roberto "Galo" da Lima Silva, en un arresto innecesario e ilegal ya que el acusado se presentó espontáneamente, permitió el registro de su casa y colaboró con la investigación judicial. Al respecto, compartimos el llamamiento público que cuestionó la decisión judicial de sostener la prisión preventiva para el activista, firmado por Kenarik Boujikian (juez jubilado del Tribunal de Justicia de São Paulo), Marcus Orione (profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo USP), Michael Lowy (director emérito de investigación del “Centre National de la Recherche Scientifique” CNRS), Ricardo Antunes (catedrático de Sociología de la Universidad Estadual de Campinas Unicamp) y Ruy Braga (catedrático de Sociología de la USP).

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Bajo el llamado estado de derecho, el encarcelamiento es una medida extrema y se lleva a cabo, de acuerdo con las normas legales, especialmente después de una amplia defensa del imputado. Las prisiones preventivas, es decir, aquellas que se producen por hipótesis legales específicas y derivan en el encarcelamiento prematuro de cualquier ciudadano, son jurídicamente excepcionales. Sin embargo, su práctica se ha generalizado en Brasil. Y además, esto se intensifica en las hipótesis que involucran a jóvenes negros, lo que se potencia en el caso de los líderes de los movimientos sociales.

Recientemente, los decretos de arresto -temporales y preventivos- contra el líder del movimiento Libertadores Antifascistas Paulo Roberto da Lima Silva, más conocido como Galo, como sospechoso de incendiar la estatua de Borba Gato en São Paulo, constituyen una lección de anatomía en cuanto a los aspectos excesivos de estos arrestos contra líderes (especialmente negros) de los movimientos sociales en Brasil. Cabe señalar que, como contrapunto al activismo social, estamos asistiendo a un crecimiento inconveniente del "activismo judicial", por parte de agentes públicos que no son electos y que promueven la opción de eliminar la libertad para quienes pretenden movilizarse alrededor de agendas de interés social y popular. A pesar de ser completamente irrelevante para los cargos penales en contra de Galo, el hecho de que sea un líder constituye una preocupación para las autoridades que definieron su arresto.

Por otro lado, es común que la Justicia busque el nombre de los eventuales involucrados en una acción considerada como contraria a la legalidad. El problema es utilizar la prisión como si fuera un instrumento de tortura mediante el que se obtienen denuncias (se sabe que la “delación premiada” es opción con beneficios penales), en este caso, preocupa el uso de la detención como condición necesaria para la denuncia. Esto nos remonta al triste recuerdo del período dictatorial en Brasil. El posible uso de tales mecanismos en cualquier decisión sobre este hecho sería inadmisible. No es posible avanzar con la investigación penal a partir de la obligación de denuncia.

Finalmente, quizás el riesgo más evidente para las libertades democráticas está en los posibles argumentos para la prisión preventiva basados en la preservación del supuesto interés público, basándose en la prevención de acciones futuras. Aquí estaríamos ante una situación que nos recuerda a la película Minority Report. Basándose en su condición de activista, se anticipa una posible práctica delictiva que convertiría de antemano a Galo en un peligro para la sociedad. Como si el hecho de tener una motivación política manifiesta, expresada en la intención de discutir la posición que ocupan ciertos personajes que manchan fuertemente nuestra historia, ya lo pusiera siempre como promotor de nuevos ataques contra otros monumentos.

En definitiva, de plantearse tal hipótesis estaríamos ante una verdadera condena prematura, basada en la consideración de actos futuros y en una interpretación sesgada de las convicciones políticas del imputado.

En cualquier momento histórico (pero especialmente cuando hay un resurgimiento de posturas autocráticas en el país), las detenciones ilegales, basadas fundamentalmente en motivaciones políticas, nos llevan a temer por la suerte no solo de Galo sino de cualquiera, ya que, de alguna manera, a todos nos impulsan motivaciones políticas arraigadas en nuestras personalidades y acciones. En esta línea de razonamiento, ¿seríamos todos, inevitablemente, considerados como criminales en potencia?

(Llamamiento publicada originalmente en el diario brasileño Folha de São Paulo, el 9 de agosto de 2021)