Elecciones en México 2015. La evolución dictatorial del semi Estado mexicano

Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía), 23 millones de habitantes no habrían tenido acceso en 2008 a una “alimentación adecuada”. Esa cifra aumentó en 2012 a 28 millones de mexicanos y, desde entonces, sigue en aumento. El Consejo Nacional de Evaluación (CENEVAL), por su parte, informó a principios de este año que el 49,2% de los mexicanos no pueden comprar los bienes que forman la canasta alimentaria básica. El setenta por ciento de los mexicanos está por debajo de la línea de la pobreza. 

El país tiene, además, una deuda pública insoportable, que hace que al nacer cada mexicano deba 563 mil dólares. Esta deuda aumenta cada año y, si en el año 2000 equivalía al 25% del Producto Interno Bruto, en 2015 ya supera el 39% (aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la que México es socio, fija un tope del 35%). Por otra parte, el PIB creció apenas 1,4% en 2013 y en 2014 el 2,1%, mientras que este año, con la caída del precio del petróleo y la disminución del turismo extranjero debido a la inseguridad en México, el crecimiento será sin duda bastante inferior.

Dado que, como hemos mostrado, el crecimiento demográfico es casi igual al del PIB, la economía mexicana no puede reabsorber la desocupación, siquiera la desocupación disfrazada  de “economía informal” (que abarca al 68% de la Población Económicamente Activa), y tampoco puede incorporar al mercado de trabajo a los más de un millón y medio de jóvenes que se agregan cada año a la población en edad de trabajar. Debido a esto y a los bajos salarios, la emigración constituye la única válvula de escape: un peón gana en EE.UU. por una hora de trabajo más que por ocho horas en su región natal, siempre y cuando consiga trabajo allí. Para satisfacer al gobierno de EE.UU., el presidente Enrique Peña Nieto acaba de declarar que México “está por conseguir un índice 0 de emigración”, lo que hace prever que se intensificará la represión no solo hacia a los centroamericanos, que recorren el territorio mexicano para tratar de entrar ilegalmente en EE.UU., sino también hacia los candidatos mexicanos a la emigración. Esto, sin duda, reducirá la cantidad de las remesas (que hoy son el primer rubro de divisas para el país, por sobre el petróleo y el turismo en crisis) y agravará la situación social en las regiones donde mujeres, ancianos y niños dependen de los envíos de sus familiares emigrados para sobrevivir.

La fuga de los brazos jóvenes dejó la producción agrícola en mano de mujeres y ancianos, disminuyendo su productividad; se suprimieron los subsidios a los fertilizantes y otros insumos, a los precios de garantía y a las empresas distribuidoras de productos campesinos, así como el crédito a los productores, en suma, se la dejó a merced de los efectos letales sobre el campo del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, que introdujo en México los granos altamente subsidiados por Washington. Cabe recordar que, con el Plan Alimentario Mexicano, hacia 1980, México era un exportador neto de alimentos y productos agrícolas, en cambio, hoy en día es importador neto de dichos productos, tan solo exporta a EE.UU. primicias fuera de estación o frutas tropicales. El campo aporta tan solo el 7% del PIB y mantiene a una población muy pobre que representa cerca del 15% y que incluye a las 56 etnias indígenas, muchas de las cuales son brutalmente explotadas para los cultivos capitalistas de exportación en el norte del país. El desarrollo del cultivo de amapola, del narcotráfico y de las bandas de sicarios del crimen organizado tiene sus raíces tanto en la impunidad con que los narcotraficantes lavan su dinero en los bancos sin control alguno como en la destrucción de la economía campesina para favorecer las exportaciones de alimentos de las transnacionales estadounidenses.

Los bancos están en manos extranjeras, salvo uno, y prácticamente no pagan impuestos. La inmensa  mayoría de la gran industria también pertenece a transnacionales que exportan las ganancias a sus casas matrices. La política oficial favorece a estos sectores de todos los modos posibles, por ejemplo, ha privatizado el petróleo: PEMEX dejó de ser la principal fuente de ingresos del Estado mediante los impuestos, y no solo redujo el personal, sino también los salarios reales, dando por tierra con las conquistas de los trabajadores. Los sectores más lucrativos de la explotación petrolera pasaron a manos de empresas estadounidenses. La destrucción de la Ley Federal del Trabajo, la cual daba garantías relativas de estabilidad en el empleo, hacía difícil los despidos arbitrarios y reconocía algunas conquistas de los trabajadores, ha dejado a éstos sin amparo legal. El resultado es una ulterior caída de los ingresos reales, que reduce aún más el mercado interno y castiga sobre todo a la población urbana, ya que los campesinos de subsistencia al menos, en su miseria, pueden lograr fuera del mercado capitalista una parte de su alimentación básica. Un resultado de la nueva legislación laboral,  indirecto e indeseado por el gobierno, es el debilitamiento del aparato burocrático sindical integrado en el Estado y en el Partido Revolucionario Institucional oficialista, puesto que esa burocracia no tiene ya nada que ofrecer. La combinación entre el aumento de la explotación y de la inseguridad en el empleo, por un lado, y el menor peso de los aparatos de mediación y de dominación será, sin duda, un factor de unidad, democratización y lucha de los asalariados en los tiempos que vienen.

La economía mexicana entra en recesión y el Estado mexicano, otrora el más estable y sólido de América Latina desde 1936 hasta 1988, está en disolución mientras el país sufre profundas modificaciones sociales. El coeficiente de pobreza (52,3)[1] es comparable solo con el de Guatemala y Honduras, mientras que entre los hombres más ricos del mundo el segundo es mexicano y los capitales mexicanos en el exterior ascienden en 2015 a 424 mil millones de dólares.

Por otra parte, las fuerzas armadas mexicanas contaban, en 2013, con 266 mil efectivos entre ejército, marina y aviación, de los cuales desertaron, en muchos casos con sus armas y para unirse al narcotráfico, como el grupo de élite de los Zetas, 55.125. El número de “soldados” de los diversos grupos de narcotraficantes ha sido estimado en 2010 en 30 mil[2], pero en los últimos cinco años esa cifra debe haber aumentado en varias decenas de miles según cálculos de especialistas en la materia. En actividades relacionadas con el narcotráfico (empresas que  realizan el lavado de dinero, transporte, cultivos, distribución, sicarios) se calcula trabajan 468 mil personas, o sea tres veces más que en PEMEX la petrolera con mayor personal del mundo[3]. La delincuencia se ve favorecida por el altísimo índice de impunidad, ya que 97% de los procesos judiciales a delincuentes jamás llegan a sentencia[4]. A este respecto hay que tener en cuenta que el mercado mundial de estupefacientes es mayor que el del petróleo y su capital depositado en los paraísos fiscales corresponde el 15 por ciento del PIB mundial y los capitales que provienen de ese delito ascienden al 40 por ciento del total de las finanzas mundiales.[5]

Si consideramos que los poco menos de 300 mil soldados y marinos enfrentan un ejército clandestino del crimen (armado hasta los dientes con armas pesadas y antitanques estadounidenses e israelíes) y que en los estados de Michoacán, Guerrero y Jalisco se estima el número de integrantes de los grupos de autodefensa, que funcionan en decenas de municipios, en 25 mil miembros armados, y que en Guerrero crece el número de policías comunitarias elegidas en asambleas comunales, que ascienden a varios miles más, el Estado ha perdido el monopolio de la violencia legítima (frente a los grupos de autodefensa y las policías comunales) y de la violencia tout court frente al narcotráfico. El país vive una situación parecida a la existente en China en tiempo de los señores de la guerra, ya que muchas guarniciones y mandos locales en sus regiones llegan a acuerdos con un cartel determinado del narcotráfico y los mismos jefes militares encargados de reprimir el delito y algunos gobernadores forman parte de esas alianzas[6].

La pérdida del control de la violencia legítima y de sus propias fuerzas armadas e instituciones es una de las características principales de la descomposición del Estado. Ésta supera de lejos el debilitamiento común de los Estados y la pérdida de independencia de los mismos mediante la cesión parcial del control de sus fuerzas armadas y de su producción de armamentos, así como la subordinación de su legislación a resoluciones de organismos supranacionales y la gravitación de grandes inversiones de transnacionales extranjeras en sectores claves de cada país, fenómenos que se acentuaron en todo el planeta a partir de los años ochenta con la mundialización.

México, en efecto, en el campo militar forma parte de la política del Comando Sur del Pentágono, que abarca también Centroamérica y Colombia: su armamento y sus técnicas militares son estadounidenses; agentes oficiales del Departamento de Estado y del Pentágono circulan libremente por el país controlando todo y “asesorando” a sus subordinados locales. En lo económico, depende del mercado estadounidense para vender su petróleo y ha cedido a empresas estadounidenses el control real de la otrora potente empresa petrolera nacional. Los productos agrícolas que México exporta van a EE.UU., y de EE.UU. provienen los alimentos que los mexicanos consumen, la inmensa mayoría de la tecnología y los insumos industriales, la bazofia intelectual que alimenta a sus clases dominantes y se enseña en las universidades para las élites.

El mercado estadounidense consumidor de drogas (el mayor del mundo) estimula y arma al narcotráfico en México, cuyas ganancias fabulosas se reinvierten en empresas lavadoras de dinero. La caída del precio del petróleo redujo a menos de la mitad los ingresos de lo que queda de PEMEX, que era la fuente principal de ingresos del Estado mexicano. La segunda fuente de ingresos (el turismo) se redujo drásticamente debido a la inseguridad producida por el narcotráfico y la disolución del Estado (que causó 77 mil muertos y 28 mil desaparecidos sólo en el gobierno de Felipe Calderón, anterior al actual, el cual a su vez aumentó brutalmente esa cifra). La tercera (las remesas de los emigrantes) cayó también  por los efectos combinados de las medidas contra ellos en EE.UU. y de la caída en EE.UU. de los salarios reales.

Aunque el país, como hemos dicho, necesita un crecimiento anual del 5% para absorber a los jóvenes que se incorporan cada año a la PEA y uno del 7% para reducir gradualmente la pobreza y la desocupación disfrazada, con los gobiernos neoliberales que se suceden desde 1982 no llegó a crecer ni el 2%.

 

  

México es un semi Estado[7]. La extrema dependencia del país de su vecino del Norte, del cual constituye un problema interno y un anexo económico, se añade al dominio total de las grandes empresas extranjeras (que controlan los bancos, las finanzas, el petróleo, la formación de la opinión mediante las televisoras, las exportaciones industriales) sobre la economía mexicana y a la clásica sumisión de tipo colonial de las clases dominantes mexicanas que en el pasado las llevaron a oponerse a la independencia de la colonia española, después a pedirle un emperador austríaco a Napoleón III y a defender la monarquía contra Benito Juárez y la República, posteriormente a apoyar la dictadura de Porfirio Díaz y hoy a adoptar las ideas y las costumbres de EE.UU., en cuyas Universidades forman sus élites.

Entre ese pequeño sector oligárquico ligado al capital financiero internacional y el pueblo mexicano hay un abismo social, étnico, cultural. Los mexicanos ricos consideran inferiores a los “indios, nacos, patas rajadas” que componen la mayoría de los trabajadores, visten de modo diferente, no utilizan jamás los medios de transporte público, no comen lo mismo ni van a los mismos lugares, utilizan otro lenguaje y viven en barrios exclusivos custodiados por la vigilancia privada de  mercenarios armados.

México está gobernado desde hace más de 35 años por una oligarquía que se enriquece en el usufructo del Estado, y a costa de éste, y está aliada estrechamente con esa gran parte del capital nacional y extranjero proveniente del narcotráfico y la delincuencia y con las empresas líderes del capital financiero internacional. La interacción entre los gobernantes y las grandes empresas extranjeras es normal: el ex presidente Ernesto Zedillo, por ejemplo, quien privatizó los ferrocarriles, terminado su mandato pasó al Consejo de Administración de los ferrocarriles estadounidenses, beneficiarios de esa venta lesiva para el país. La oligarquía dominante es tan servil ante Estados Unidos y está tan integrada en el capital financiero internacional que privatizó el petróleo, rebajó los salarios reales, destruyendo el mercado interno para favorecer a los exportadores, y subordinó la producción de energía a las necesidades de California y busca privatizar el agua, dándole un nuevo golpe a la economía rural y a los consumidores.

En las clases dominadas, la resistencia a esa oligarquía asume diversas formas, desde el abstencionismo endémico en las elecciones estadales (60% en promedio) o a diputados federales (55% promedio), con picos algo menores en las presidenciales hasta el desconocimiento del Estado mismo, como en el caso de los zapatistas cuya autonomía regional es también prescindencia del Estado estadal y central, o en el caso actual del Estado de Guerrero en el que vastos sectores manifestaron no reconocer al gobierno ni a sus elecciones (sobre lo cual volveremos más adelante).

La emigración masiva es también una manifestación clara de que millones de familias deciden cotizarse para enviar al exterior a sus miembros en mejores condiciones para sobrevivir y enviarles remesas, porque no ven ningún futuro ni en la agricultura ni en los sectores industriales mexicanos ni confían en una mejora de la situación política ni en un cambio social en un futuro previsible.

Las formas de resistencia activa (huelgas rurales, paros cívicos comunales, elección de autoridades autónomas, como las policías comunitarias) se dan en forma dispersa y esporádica, aunque algunas (como la resistencia de los neozapatistas chiapanecos desde 1994 o la de las comunidades guerrenses) duran ya varios años. Los sucesivos intentos de coordinación de esas luchas son también efímeros y, por lo general, reúnen direcciones sindicales combativas o populares sin que sus iniciativas lleguen a  movilizar contingentes importantes. Las luchas se concentran, además, esencialmente en el México central (Distrito Federal, Morelos, Pueblo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca), es decir, en las zonas con mayor peso de las comunidades rurales e indígenas y de los sectores más radicalizados de las clases medias urbanas, como los estudiantes, y tienen escaso éxito en el Norte, en el Este y en el Sur del país, con excepción del núcleo que en Chiapas  apoya al EZLN neozapatista.

 

Los movimientos sociales 

 

Las características mismas de los estudiantes universitarios y secundarios (su falta de organización gremial en centros o agrupaciones permanentes y el carácter transitorio de los estudios) dificulta la continuidad de las luchas de ese sector aguerrido que, sin embargo, reaparece a cada rato ante cada nuevo atentado contra la soberanía popular, contra la democracia o ante toda aberración judicial o violencia del aparato estatal.

La inmensa mayoría de los explotados y oprimidos rurales o urbanos no lee sino excepcionalmente libros y diarios y depende, por lo tanto, de la llamada “información” que le da la televisión y la radio, en manos de grandes grupos empresariales ligados al gobierno y muy reaccionarios. México, por ejemplo, tiene 122 millones de habitantes (90 millones de los cuales residen en el país), pero el único diario que informa con objetividad y no está financiado por los grandes capitales ni por el gobierno (La Jornada) tira sólo 70 mil ejemplares diarios y, con sus varias ediciones estadales y sus lectores por Internet, llega a un poco más de 200 mil personas, además de sus respectivas familias.

Dado que los centros industriales están dispersos en diversos estados del país (D.F., Puebla, Monterrey, estados del Norte) la organización nacional de los trabajadores industriales es difícil y el peso político y social de los mismos es escaso en las zonas urbanas. Hay que recordar al respecto que la mayoría de los sindicatos mexicanos son sindicatos por empresa y que los grandes sindicatos por ramo de actividad (educación, salud, electricistas) por lo general agrupan a trabajadores estatales y son excepciones. La creación reciente de la Nueva Central de Trabajadores, formada por sindicatos combativos y en lucha, es un progreso en un país donde los sindicatos han estado subordinados al gobierno o han sido miembros del partido de gobierno y en el cual jamás hubo una huelga general nacional.

Pero los sindicatos afiliados a la NCT tienen influencia local, no nacional y, como el Sindicato Mexicano de Electricistas o los aeronáuticos, luchan por su existencia misma ya que el gobierno les ha cerrado sus fuentes de trabajo lo cual convierte a sus afiliados técnicamente en desocupados que luchan por su reincorporación al trabajo.

Como hemos dicho anteriormente, hay 56 etnias indígenas, con sus respectivas lenguas, pero sólo el 15% de la población es indígena y forma el sector más pobre de esa parte del 15% de habitantes mexicanos, campesinos en su mayoría, que residen en las zonas rurales.  El Consejo Nacional Indígena, luchador y partidario del EZLN, es más bien un sello, una agrupación de direcciones, aunque reúne a muchas comunidades. En cuanto al EZLN ha perdido buena parte de su influencia inicial y está encerrado en el sector Las Cañadas de Chiapas, que el PRI desgasta desde las otras regiones chiapanecas que controla, provocando una guerra cotidiana de comunidades indígenas priístas contra comunidades zapatistas.  El EZLN ha optado por encerrarse en la parte de Chiapas donde es influyente y, cada tanto, hacer un acto cultural, pero ha abandonado en la práctica toda veleidad de actuación en el plano nacional e internacional. Por ejemplo, ante la entrega de PEMEX y del petróleo a las transnacionales y la próxima privatización del agua y ante las elecciones intermedias y la represión contra los maestros, no hizo nada, y prefirió organizar en Chiapas un homenaje al filósofo Luis Villoro, recientemente fallecido, con algunos intelectuales zapatistas sin partido. Villoro, sin duda, merece muchos homenajes a pesar de que en el pasado reciente no siempre tuvo posiciones justas (como en la ocupación de la UNAM), pero lo urgente para los trabajadores y oprimidos de México es comprender la fase en que están viviendo, cómo la ofensiva mundial y nacional del capital contra ellos es general y va a fondo y discutir qué  hacer en lo inmediato.

El gobierno aprovecha esta situación en el mundo indígena para reprimir a los grupos indígenas uno por uno (en este momento están ilegalmente presos dos dirigentes de la tribu yaqui, que también resistió a Porfirio Díaz antes de la Revolución mexicana). Este escaso peso numérico y político de los indígenas y de los campesinos en general refuerza, por otra parte, la ceguera política de la oposición de centroizquierda que en sus reivindicaciones y programas no da respuesta alguna a los problemas de los campesinos en general y de los indígenas campesinos en particular, que reclaman además derechos culturales y políticos que se les niegan.

Los partidos políticos del establishment (PRI, Partido de Acción Nacional -PAN-, Partido Verde Ecologista) actúan unidos y sólo se dividen durante los períodos electorales para obtener posiciones en el aparato estatal (y mejores condiciones para negociar con los grandes grupos económicos y con la delincuencia organizada). Existe una autoproclamada oposición de centro izquierda (el Partido de la Revolución Democrática y sus aliados, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano) que desde hace años apoya con sus votos en el Parlamento las leyes propuestas por el PRI/PAN y sus aliados pues comparte con ellos la ideología capitalista.

 La lucha política de oposición se realiza fuera del ámbito parlamentario, por el EZLN y su Otra Campaña y por los movimientos sociales, aunque desde hace un año funciona un pequeño partido obrero independiente -la Organización Política de los Trabajadores- formado por los sindicatos combativos, como el SME ya citado, el cual tiene un programa nacionalista y anticapitalista.

Del viejo México subsisten actualmente la ignorancia bestial de la oligarquía dominante, el conservadurismo, la apatía política, la resignación de muy amplios sectores sociales, principalmente en las clases medias pobres pero incluso entre los explotados, la desinformación masiva. Esa costra espesa acumulada en las conciencias de millones por los continuos desastres, derrotas, invasiones, traiciones, matanzas, miseria, incultura y por el engaño permanente que caracterizan la trágica historia mexicana empieza, sin embargo, a resquebrajarse.

Desde hace rato un México nuevo trata de afirmarse, en particular desde 1968, las luchas de los setenta, la movilización tras Cuauhtémoc Cárdenas y su victoria electoral robada en 1988, la rebelión zapatista en 1994 y la movilización popular que impidió su aplastamiento militar, la huelga en la UNAM en 1999, las movilizaciones para evitar el desafuero de López Obrador o, en el 2006, contra el fraude que le robó las elecciones presidenciales, por mencionar sólo las acciones masivas.

El salto que se produjo en las conciencias de cada vez más vastos sectores populares ha sido muy grande. Baste recordar que la Marcha del Color de la Tierra del EZLN, apoyada por los votantes del PRD entonces cardenista, tenía como objetivo presionar al Estado y a sus instituciones parlamentarias y judiciales para que incorporasen a la Constitución los derechos de los pueblos indígenas y que las enormes acciones contra el fraude electoral buscaban que el gobierno y el aparato judicial respetasen la ley que acababan de pisotear.

Estas ilusiones no existen ya por más que haya algunos que quieran mantenerlas. El Estado trazó una honda zanja llena de sangre entre la camarilla oligárquica en el poder y las conciencias de los que eran meros súbditos. Fuerzas armadas, instituciones, Justicia entrelazadas con la parte más dinámica del capital (la narcodelincuencia) hicieron desaparecer y asesinaron en Ayotzinapa a los normalistas (futuros maestros bilingües de indígenas y campesinos, constructores de un México mejor) y, anteriormente, a tantos otros miles.

 Hoy millones de personas se movilizan sabiendo que el asesino es el Estado capitalista y no solamente sus representantes o sus órganos de mediación como los partidos de los patrones,  y concentran su lucha en unir los movimientos de resistencia, organizar la resistencia civil, derribar a Peña Nieto, preparando una huelga general nacional con el objetivo de imponer un gobierno de transición que convoque a elecciones generales para una Asamblea Constituyente que reconstruya el país devastado.

Bertolt Brecht decía: “¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién, que acabe? También de nosotros”, y añadía “¿Quién puede contener al que conoce su condición?”. Esa toma de conciencia por parte de la mitad de los mexicanos es lo nuevo, el aporte riquísimo de este año feroz y funesto que acaba, la promesa de un México nuevo y libre.

La auto-organización, las luchas por las autonomías en las comunidades, la ruptura con el Estado de los opresores, formando policías comunitarias, grupos de autodefensa, defendiendo con el furor popular a quienes sufren atropellos, injusticias, crímenes; la creciente tendencia a cerrar los dedos en un puño para golpear unidos, venciendo los sectarismos forma parte de una corriente que recorre desde siempre el subsuelo del pueblo de este país y explica los aparentes “estallidos” y las “bolas” en su  historia, pero que ahora tiende a tomar conciencia teórica y política, y a organizarse.

El equipo de agentes de la oligarquía y las transnacionales prepara meses de enormes dificultades y de aumento de la represión y la injusticia. Ni las remesas ni el turismo se recuperarán de los golpes que les infligió la ilegalidad organizada desde el poder. La venta  de los recursos naturales al igual que la caída del precio del barril crudo que Pemex exporta agravará la situación económica, con la consiguiente reducción de los salarios reales y el aumento de la desigualdad social brutal e intolerable y de la miseria.

¿Qué queda, después de que Fox ofreciera vender mexicanos como jardineros a Estados Unidos? ¿Venderlos como mercenarios y carne de cañón para las aventuras imperialistas de Washington? ¿Vender pedazos del territorio tras haber vendido la soberanía y convertido al Estado mexicano en un semi Estado que garantiza los bienes de las transnacionales?

Con Peña Nieto se prepara un estallido futuro sangriento y caótico. Esperar su sucesión mediante futuras elecciones limpias es utópico y hunde a los oprimidos en el pantano de la pasividad.  Una Constituyente, construida sobre las ruinas de las instituciones actuales, en cambio, podría salvar la oportunidad, como sucedió en Bolivia, de otro orden (no el de los narcoestadistas, sino el de los trabajadores), de otra justicia, de otras fuerzas armadas, las milicias populares, garantías de la democracia. Es hora de unir el repudio del EZLN al Estado y a sus instituciones con el repudio a este Estado y este gobierno de los millones que depositan sus esperanzas en Morena y con el de los estudiantes y demócratas de todo tipo hartos de las atrocidades cotidianas. Como piden los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es hora de que el Estado pague y de echar del gobierno a Peña Nieto. Es hora de unirse.

Los trabajadores mexicanos, como todos los explotados y oprimidos del mundo, anhelan un cambio social  logrado con métodos pacíficos y democráticos, pues, conocen en carne propia y por la historia el precio en sangre y en sufrimientos de los cambios violentos. Pero cuando no pueden mantener su modo anterior de vida ni asegurar su existencia misma pueden verse obligados a reaccionar colectivamente y a responder a la violencia criminal del Estado y de los delincuentes y a la injusticia con la autodefensa  y con una acción violenta liberadora.

Para que hoy en México un cambio por vía electoral fuese posible debería imperar un grado mínimo de legalidad y de democracia, y el Estado de la oligarquía y del capital financiero internacional debería ser capaz de respetar lo que dicen las urnas aunque el veredicto le fuese desfavorable. Pero ¿quién puede creer en la posibilidad de elecciones limpias, con resultados honestos, cuando la violencia desenfrenada decapita, como en Guerrero, candidatos, decidiendo así por anticipado quiénes representarán al Estado capitalista, y cuando la llamada Justicia y las fuerzas “del Orden” a su servicio consolidan la alianza entre el aparato estatal y un narcotráfico sostenido y alimentado desde EE.UU. para someter y dominar a México y obtener mano de obra y recursos baratísimos?

Si EE.UU. amenaza hoy a Venezuela porque ese país es políticamente independiente, aunque siga siendo dependiente en materia económica, ¿es posible creer que aceptaría pasivamente en México (que está integrado a la economía y la sociedad estadounidenses) un gobierno con veleidades de independencia? Si cuando la Revolución Mexicana, cuando Washington no tenía aún un ejército, EE.UU. invadió México y ocupó Veracruz ¿permanecería ahora pasivo, cuando es la primera potencia mundial y decide sin apelación quién “amenaza su seguridad interna”? ¿No es mejor prepararse con realismo para la eventualidad de que un proceso de cambio social, resultante de un estallido o de grandes movilizaciones futuras, provoque una intervención estadounidense como las que marcan toda la historia de México que esperar honestidad y elecciones limpias de un gobierno de corruptos y asesinos?

¿Podría ser garante de elecciones libres un gobierno, como el de Peña Nieto, nacido del fraude y derivado de otro gobierno igualmente fraudulento que militarizó el país, mató decenas de miles de personas y metió al narcotráfico dentro de las fuerzas armadas?

Si en Guerrero, los comuneros, los campesinos, con el apoyo de los demás explotados y oprimidos, eligen actualmente el camino de la autodefensa porque no creen en los aparatos del Estado ni en su Justicia tuerta que ve sólo los intereses de los poderosos y por eso se auto-organizan y arman para garantizar sus vidas y la democracia, ¿es sensato y moralmente aceptable dejarlos solos para  colaborar en la farsa de elecciones regionales, imposibles de realizar en las actuales condiciones?

Durante mucho tiempo los capitalistas negaron el voto a los trabajadores y a las mujeres, los cuales conquistaron con duras luchas su derecho a sufragar. El voto es algo que debe defenderse. No se trata hoy, pues, de negar las elecciones por principio sino de contraponer a toda farsa electoral las elecciones democráticas, en asamblea, de los representantes populares y de los ciudadanos en armas designados por esas asambleas para combatir los delitos y los abusos de todo tipo; se trata de garantizar el derecho democrático de seleccionar, y revocar si es necesario, los propios representantes elegidos por voz popular.

Contraponer la participación en la farsa electoral del 7 de junio pasado favorable al PRI a aquello que están votando ya los guerrerenses equivale a condenar  al olvido a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es políticamente incorrecto y es éticamente inaceptable y condenable porque equivale a un sostén indirecto al régimen oligárquico.

El tiempo y los recursos humanos, y de todo tipo, que se utilizaron para avalar y legalizar unas elecciones que no reúnen las condiciones mínimas para ser consideradas democráticas y válidas (se votó en estado de sitio, con ocupación militar del territorio, bajo la coacción permanente del terror estatal y de los narcos y en medio de asesinatos) deberían ser utilizados mejor para reforzar y difundir lo que hacen los trabajadores guerrerenses y oaxaqueños y exigir, apoyándose en los movimientos sociales, como el de los maestros de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en defensa de sus sindicato y de la educación pública, y dándoles pleno sostén, las reivindicaciones más elementales de los trabajadores mexicanos: castigo a los culpables de la desaparición de los 43 normalistas, paz, derecho a un trabajo digno en el país, justicia y pleno respeto por los derechos humanos y del trabajador, anulación de todas las leyes reductivas de los derechos laborales y lesivas contra la propiedad nacional de los recursos naturales, como el agua que el gobierno quiere privatizar, así como un plan de empleo que esté financiado por la reducción drástica de los privilegios de gobernadores, legisladores, políticos y banqueros y por el control de la tremenda corrupción estatal.

En vez de servir al Estado narco ligado al imperialismo corresponde crear los gérmenes de un nuevo Estado democrático mediante asambleas resolutivas y ejecutivas, planes locales de desarrollo y reconstrucción del territorio llevados a cabo por organismos elegidos, organizados y controlados por asambleas populares. La auto-organización, la autonomía, la autogestión, la autodefensa son los instrumentos para eso.

  

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