“Los marineros se afanaban día y noche achicando el agua de la sentina.
Cada día que pasaba, la línea de flotación estaba más abajo”.
Pablo de Santis, Crímenes y jardines. Buenos Aires, 2013, Planeta.
Por decisión de la titular del Poder Ejecutivo, a la vez Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Senado aprobó el ascenso del general Milani y su designación como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.
Como es conocido, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un informe previo en disconformidad con la disposición, a él se agregaron referentes representativos en la defensa de los derechos humanos. Algunos sectores cercanos al gobierno sugirieron su desacuerdo. La periodista de 6,7,8 Nora Veiras manifestó, en una edición de ese programa, que ante la simple sospecha de responsabilidad de Milani en los hechos conocidos en la desaparición de un soldado, la designación quedaba invalidada.
En el diario Página 12 el día 12 de enero el periodista Edgardo Mocca defiende la decisión presidencial sosteniendo que el ascenso y la designación “se hicieron según lo disponen la Constitución y las leyes”.
En 1968 en la República Federal Alemana con el arbitrio de una prescripción, la ley Dreher posibilitó que los jerarcas nazis, de menor responsabilidad presunta que no habían sido condenados, ocuparan cargos de responsabilidad política y judicial. No había norma constitucional que se opusiera a ello.
Lo periodistas no deben obediencia. No están bajo bandera.
Es que la obediencia debida no es una obligación jurídica, en tanto es una relación de servidumbre, impuesta por la fuerza o asumida voluntariamente, de mando y, precisamente, obediencia a la voluntad de otro. La renuncia a cualquier razón de la conducta de quien obedece. Renuncia a razones jurídicas, religiosas o morales. La obediencia debida es la supresión de cualquier responsabilidad. La anulación como persona. Por lo tanto ninguna persona puede ampararse en ella.
La obediencia debida es una consecuencia de la Razón de Estado, corresponde a las decisiones de una autoridad fundada en el imperio de una soberanía personal que ni siquiera responde a la responsabilidad política. La razón de estado es la razón del soberano. Se asocia a Estado de necesidad. El estado de necesidad se entiende como una emergencia que suspende todas las garantías del estado de derecho, es un estado de excepción. Es decir, donde la excepción es la regla. A esta familia corresponde el “estado de guerra interno” y otras figuras con forma de leyes que suspenden el ejercicio, aunque sea formal, de la soberanía popular. Figuras originadas en estados de guerra externa, como el Estado de Sitio (el sitio a una ciudad por el enemigo externo) que por obra de la jurisprudencia (como lo denunció hace muchos años Carlos Sánchez Viamonte) o las leyes (generalmente de gobiernos de facto), fueron trasladadas al ámbito interno con el arbitrio de la subversión del orden establecido. “Leyes” antisubversivas, antiterroristas, de “defensa de la democracia”. Precisamente, la última ley de este gobierno con ese nombre fue objetada por muchos sectores, aun oficialistas, y defendida por el mismo periodista en nombre de la Razón de Estado.
Y el supuesto, en el fondo, respecto a la designación de Milani, es también la posibilidad de una emergencia de conflicto bélico. Así: dada la “realidad cada vez más conflictiva del capitalismo realmente existente, no parece prudente una política de liquidación de los propios recursos de la defensa nacional”. Es decir, no designar a Milani, es liquidar la defensa nacional.
El periodista es coherente, no en vano es politólogo, como tal ejerce la docencia y es presentado, en Telesur, como analista político. Sobre el tema Milani, en el programa televisivo mencionado sostuvo que la decisión del Poder Ejecutivo es soberana es decir, como vimos indiscutible e irrecurrible, como si fuera la decisión del pueblo reunido en asamblea o por medio de sus representantes. Únicas formas éstas en que se puede entender la democracia. Siendo académico, se puede suponer que sabe lo que dice. El argumento fue reiterado en el artículo mencionado de Página 12.
Dijo allí que la Presidenta ha tenido la benevolencia de no haber designado a un represor: “La decisión política de la Presidenta no significa una devaluación de la importancia de las cuestiones morales involucradas en la conducta de Milani. Sería así, por ejemplo, si se aceptara en homenaje a la realpolitik actual que un probado represor de la dictadura ocupara un cargo jerárquico en el ejército o en cualquier otra institución dependiente del gobierno. No es el caso del jefe del Ejército”. Significaría esto que, dado el carácter soberano de la decisión presidencial, en el caso de haber nombrado a un represor “probado”, a lo sumo significaría una devaluación de las cuestiones morales involucradas.
De todos modos tales cuestiones morales de Milani (no reconocer su participación en los hechos) no han sido probadas y, si lo fueran estarían lavadas por su posterior conducta: “acaso el renunciamiento moral (aparente, porque tampoco ha sido probado) a reconocer una culpa pasada tenga que ser evaluado junto con su comportamiento real en los últimos años”.
En suma. El periodista comienza su texto diciendo que la decisión no involucra cuestiones jurídicas ni éticas. Pero, por la dudas, nos dice que ella es conforme a las leyes y que las cuestiones éticas posibles no han sido probadas. La cuestión es política.
El politólogo abre el paraguas. Aun si hubiese transgresión a las leyes o a la ética, al afirmar que la cuestión es política, queda el recurso del poder soberano de la Presidenta y la razón de estado. El pobre Laclau con su teoría de la democracia radical con presidentes vitalicios ha sido superado.
Pero la disociación de la política con la ética, que efectúa el señor Mocca, no es metodológica ni inocente. Porque eso le permite borrar la responsabilidad de Milani en la obediencia debida. “no se acusa a Milani de asesinar o torturar sino de firmar un documento burocrático que atestigua la `deserción´ de un soldado que en realidad había sido secuestrado y asesinado; una acusación, hay que aclarar, que no ha sido probada. Es probable que la falacia del documento firmado fuera conocida por el entonces subteniente Milani; estaríamos ante una conducta indudablemente culpable, a lo que podría agregarse la posterior negación de ese conocimiento. Es decir que estaríamos ante el caso de un oficial de muy baja graduación que no tenía entonces ninguna posibilidad cierta de evitar el asesinato de un soldado, que formaba parte de una maquinaria de poder vertical y férreamente disciplinada y que condescendió –sin muchas posibilidades de negarse– a poner su firma en un documento encubridor”.
Ya no se trata solamente del doble discurso de hacer alarde de soberanía nacional y abrir las puertas a Monsanto y vetar la ley de glaciares, de gritar contra los acreedores y pagar religiosamente y por adelantado la deuda, de nacionalizar YPF para entregarla a Chevrón y pagar a Repsol, de nacionalizar Aerolíneas y…Ahora se trata de descender los cuadros de papel de los represores y ascender los de carne y hueso, aun si hubieran sido genocidas, en virtud de la obediencia debida.
Sí. La ética no tiene nada que ver. Cuando la obediencia indebida recibe la soldada.
Peones eran los que, de a pié, ayudaban a subirse al caballo a los señores. Señores eran los que, de a caballo, dominaban personalmente a otros hombres. Reclutados por la fuerza de la leva. Como el soldadito desaparecido, un colimba. Desaparecido otra vez más. Lo grave no es tanto, quizá, que lo hagan los lacayos como que lo hagan sus amos.
Enero 2014