El neodesarrollismo en crisis. Transición, ¿y superación?

 

El año 2014 será recordado como un año de quiebre en la historia económica argentina. En este momento el proyecto neodesarrollista ‒en construcción desde 2002 y consolidado entre 2003 y 2007‒ enfrenta sus barreras más difíciles de superar. Un marco estructural construido a través del neoliberalismo, pero ratificado y profundizado durante la última década colisiona contra un contexto internacional que ya no es favorable al desenvolvimiento de un proceso de valorización que, en su primera etapa, hizo posible el sueño de un desarrollo capitalista en la periferia sudamericana (el “capitalismo serio”).

La naturaleza contradictoria de la herencia neoliberal y su continuidad neodesarrolista serán abordadas en la siguiente sección. Luego, analizaremos el impacto concreto de la crisis global sobre el ciclo del capital en Argentina y su articulación con una nueva modalidad del histórico ciclo de stop and go. En la tercera sección, analizamos la actualidad de la crisis externa y la respuesta inicial del gobierno nacional para enfrentarla. Los límites de ese intento son analizados en la sección subsiguiente. Finalmente, presentamos unas breves conclusiones.

 

 

La economía argentina vuelve a demostrar su fragilidad frente a una coyuntura internacional que desde hace un lustro enfrenta la encrucijada construida por la crisis del proyecto neoliberal en los países centrales. La Argentina, como buen país periférico, tiene el ciclo local de su capital fuertemente sobredeterminado por la dinámica del ciclo global del capital. Esta articulación dependiente tiene como fundamento en este caso una serie de elementos que si bien son herencia del neoliberalismo, son a su vez base y estructura del proyecto neodesarrollista en curso. Esos rasgos pueden sintetizarse en:

 

1. Elevada transnacionalización de la economía. Según la Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), entre las empresas de mayores ventas que operan en el país, alrededor del 75% de la producción bruta se concentra en empresas extranjeras (Azpiazu y otros, 2011: 111). A esto cabe agregar las grandes empresas de capital ‘nacional’ pero que tienen una proyección regional o global.

2. Alta concentración y centralización del gran capital. En cada una de las ramas de la economía unos pocos capitales altamente centralizados y concentrados aparecen como dominantes, actuando como capitales reguladores con importante poder de mercado (Azpiazu y otros, 2011).

3. Alta preponderancia de productos primarios (granos, minerales, petróleo) y sus manufacturas (harinas, aceites, metales, combustibles) en la producción para la exportación. Las commodities (mercancías poco diferenciadas) primarias y las manufacturas de origen agropecuario (MOA), en buena medida también commodities, son los principales rubros de exportación y oferta de divisas internacionales (Féliz, 2014). A esto se suman algunos rubros “industriales” como las exportaciones de oro y agrocombustibles. El saqueo de nuestras riquezas naturales, y la generación y apropiación capitalista de rentas extraordinarias, se consolida como la espina vertebral del proceso de crecimiento en nuestro país.

4. Integración asimétrica con los principales socios comerciales (Brasil, Estados Unidos, Europa, China). Los intercambios comerciales se articulan sobre la base de la exportación de  materias primas y sus manufacturas, y la importación de manufacturas industriales.

5. Las empresas locales que no apropian renta extraordinaria, basan su competitividad internacional en los salarios bajos y la precarización del empleo. Un medida general de esta última es la incidencia del empleo no registrado, que se encuentra estancado en torno al 33% de la fuerza de trabajo asalariada en el último lustro (CIFRA, 2014).

 

En ese marco, el ciclo del capital en la Argentina como espacio de generación y apropiación de plusvalor opera de manera singular. Por un lado, la fuente de valorización es la superexplotación de la fuerza de trabajo y el saqueo (superexplotación) de los bienes comunes. La simetría es notable en este respecto. Como explicaba Marini, el capital no competitivo internacionalmente crea condiciones para la expoliación de la fuerza de trabajo a partir de condiciones de uso de la misma que reducen su pago sistemáticamente por debajo de su valor (Marini, 1973). En efecto, en Argentina una porción no despreciable del conjunto del pueblo trabajador es forzado a recibir una remuneración muy por debajo del costo social de su reproducción: mientras la canasta familiar para un hogar tipo está en torno a los 10.500 pesos mensuales (actualizando a septiembre de 2014 la estimación original de la junta interna de ATE-INDEC para el primer trimestre de 2014), el INDEC estimaba que el 60% de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tenían ingresos totales inferiores a los 9.800 pesos. Esas condiciones de pago por la fuerza de trabajo son promovidas por el ejercicio persistente de la precarización del empleo apoyado en prácticas de organización de los procesos de trabajo y valorización que favorecen la descomposición política de la clase trabajadora (en especial, a través de la tercerización y subcontratación). En paralelo, una fracción significativa del capital local construye su competitividad sobre la base del saqueo de las riquezas naturales, proceso que opera de manera similar a la superexplotación. La “lógica minera” (Chesnais, 2007) ‒rentista‒ opera en la producción primaria de forma tal que el uso de los bienes comunes aportados por la Madre tierra son expoliados, extraídos a un ritmo y en modalidades inconsistentes con su ciclo de renovación y conservación. Este proceso extractivista se acentúa por la presión del capital financiero que incorpora componentes ficticios y especulativos en la determinación del precio de las mercancías resultantes. El extractivismo no sólo deteriora la base de bienes comunes del pueblo sino que crea condiciones para la producción y apropiación de renta(bilidade)s extraordinarias en la producción de commodities primarias y sus manufacturas. Esa renta excedente se concentra en un puñado de grandes corporaciones transnacionales y ‒por otra parte‒ acentúa la presión sobre el conjunto del capital no rentista para competir sobre la base de la superexplotación del trabajo.

A la faceta superexplotadora del trabajo y la naturaleza, el ciclo del capital en la Argentina dependiente suma el predominio de la lógica transnacional. La transnacionalización del capital altera la estructura del comercio, pues ‒como explica Marini‒ se produce una transformación que coloca a la fuerza de trabajo local directamente como fracción de la fuerza de trabajo global (Marini, 2007), previo al intercambio de mercancías. Ello se manifiesta en un patrón de comercio al interior de las empresas globales (comercio intrafirma) que predomina de manera creciente. Ese comercio es en realidad una forma de circulación del valor (y el plusvalor) dentro de procesos de producción globales y no ya de un simple intercambio comercial entre “naciones”. Al operar en el marco de la existencia de espacios nacionales de valor, este intercambio intracapitales induce desequilibrios macroeconómicos en el balance de pagos que se articulan con los históricos problemas del sector externo (flujos financieros, flujos de dividendos, utilidades y derechos de propiedad, etc.).

 

Esta estructura heredada ‒sí, pero consolidada durante el ciclo kirchnerista en el neodesarrollismo‒ hacen que la Argentina sea un barrilete al viento frente a la crisis global en el capitalismo. En efecto, los coletazos de la crisis en el centro del capitalismo global impactan directamente en nuestro país. Por un lado, el bajo crecimiento en Estados Unidos y Europa en los últimos años (en 2013, el PBI creció en EE.UU. sólo 1,9%, mientras que en la zona Euro cayó 0,4%), la crisis de rentabilidad en especial en este último espacio, y la caída en los precios de las commodities que exporta nuestro país han debilitado las exportaciones del capital en Argentina, tanto en precios (que subieron sólo 0,2% en el segundo trimestre de 2014 en comparación con un año antes) como en cantidades (que cayeron 11,1% en igual período); en el caso de los productos primarios las caídas en precios y cantidades exportadas es mayor (–11,7% y  –15,2%, respectivamente). Por el otro, la crisis en el centro afecta especialmente al ciclo del capital local porque las grandes empresas transnacionales que operan en nuestro país deciden enfrentar la crisis en sus países de origen transfiriendo las ganancias que obtienen en el país a sus casas matrices: la salida por la vía de la cuenta de utilidades y dividendos del balance de pagos fue superior a los 8.300 millones de dólares en 2013. A esto se suma la desaceleración del crecimiento en el principal socio comercial de la Argentina, nuestro vecino Brasil, impactado también por la crisis en el centro y por el efecto de una política económica favorable al gran capital financiero, que encarece el crédito a la producción y el consumo.

El importante impacto que tiene esta coyuntura internacional sobre la economía argentina es el resultado de un proyecto de desarrollo que ha consolidado para nuestro país un lugar periférico y dependiente en la economía mundial. Ese impacto coyuntural ‒producto de la crisis en el neoliberalismo en el centro‒ se suma a la presión estructural al deterioro en las cuentas externas del país, lo cual complica la reproducción del ciclo del capital.

El problema del sector externo del capitalismo argentino es histórico. Normalmente, la interpretación se ha basado en un cierto esquema dual que ubica al sector primario (agropecuario) como altamente competitivo y proveedor de divisas excedentes, y al sector manufacturero como globalmente deficitario en divisas y poco competitivo internacionalmente (Diamand, 1972). La dinámica implícita suponía que el crecimiento y la industrialización generaban simultáneamente un creciente gasto de divisas para importación de insumos y maquinarias, y limitaba la oferta en tanto el aumento del consumo interno reducía los excedentes primarios (fundamentalmente, alimentos) para exportar. La crisis recurrente por agotamiento de las reservas internacionales, se resolvía con el tandem devaluación-recesión que permitía reiniciar el ciclo.

En la etapa actual, la última crisis profunda (1998-2002) creó nuevas condiciones la expansión económica (Féliz y Pérez, 2007), en el marco de un superávit externo considerable dentro de un contexto internacional favorable hasta 2008. En esta etapa, si bien la “industrialización” tiene un mayor componente importador (porque es transnacional y basada en la “armaduría”), hay al menos dos factores que permitieron prolongar la bonanza por casi una década. Por un lado, una fracción del capital industrial se encuentra integrada a la fracción agropecuaria del capital creando una base exportadora más integrada. En segundo lugar, la base del extractivismo ha mudado desde alimentos de consumo popular (maíz, trigo) a alimentos de exportación (soja), sus manufacturas (aceites, harinas, agrocombustibles) y minerales (oro) de forma tal que el crecimiento doméstico afecta poco el saldo de exportación. A pesar de ello, errores de política económica (como la política energética que consumió las reservas de hidrocarburos), la estructura económica transnacionalizada y un proyecto de desarrollo industrial inviable en un marco neodesarrollista, parecen conducir nuevamente al callejón sin salida de la crisis externa, que opera como barrera inmanente del capitalismo argentino.

 

El gobierno nacional enfrenta esta situación de crisis en una posición de debilidad, en contraste con la anterior fase recesiva (2008/2009). La crisis actual reduce aun más la entrada de dólares y aumenta su salida: se deteriora el Balance de Pagos. Caen las exportaciones y se hace más difícil y costoso endeudarse internacionalmente, mientras aumenta el turismo en el exterior, persiste la fuga de capitales y se incrementan los pagos de la deuda externa. Tras dos años de caída en la reservas (en dólares) del Banco Central, el gobierno tiene menos margen para enfrentar el creciente problema externo (“falta de dólares”). En el primer trimestre de 2014, la cuenta corriente del balance de pagos fue deficitaria en 3300 millones de dólares (50% más que un año antes), mientras que la cuenta capital tuvo un déficit de 619 millones de dólares; las reservas internacionales cayeron 3733 millones en ese trimestre. Si se agotan las reservas, una aceleración mayor en la devaluación del peso es inevitable.

Para enfrentar la crisis el gobierno decidió combinar una serie de políticas. Primero, frenar “administrativamente” la caída de las reservas, a través de las restricciones a la compra y el gasto de dólares (“cepo cambiario”). Simultáneamente, desde 2011, en el marco de lo que entonces se denominó “sintonía fina”, el gobierno decidió acelerar la devaluación del peso frente al dólar y otras monedas. Entre fines de 2011 y fines de 2013 (primeros dos años del gobierno de Cristina Fernández), el dólar oficial aumentó un 50%. De todas maneras, las reservas cayeron un 42% (21  mil millones de dólares) entre agosto de 2011 y agosto de 2014. En los últimos 8 meses, 30% más. El dólar paralelo ha subido mucho más. En el último año, el gobierno decidió también aumentar fuertemente el costo del crédito con el objetivo básico de restringir la fuga de dólares financieros: según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tasas de interés pasiva (para depósitos en pesos a más de 60 días) pasó de un promedio de 15,15% nominal anual en los primeros ocho meses de 2013 a 24% en igual período de 2014.

La aceleración en la tasa de devaluación del peso remite no sólo a una decisión unilateral de política económica sino que la misma da cuenta de la presión creciente que la apreciación del tipo de cambio real (TCR) provoca sobre un balance de pagos sobredeterminado ‒como explicamos antes‒ por la inserción periférica del ciclo local del capital. El aumento en los costos unitarios reales relativos del capital (en particular, de las fracciones no rentistas) ha creado una presión sostenida a la caída del tipo de cambio real al menos hasta 2009 (Féliz, 2009). En el último lustro ello se ha visto acentuado por el bajo crecimiento en la productividad laboral real relativa del capital local (en relación con la productividad en los países centrales) y la capacidad de los sectores populares organizados de conseguir una cierta recuperación en sus salarios, al menos hasta 2011: el costo laboral unitario real relativo, que tiende a determinar la evolución del TCR (ver Féliz, 2011), subió casi un 38% en ese período. A esto se suma el aumento sostenido en los términos de intercambio internos a favor de los capitales que no compiten internacionalmente de manera directa, como por ejemplo los servicios públicos (cuyas tarifas han sido elevadas progresivamente a partir de la política de “sintonía fina” iniciada a comienzos del último gobierno de Cristina Fernández).

 

El efecto conjunto de esta dinámica ha sido acentuar la caída en los niveles de producción y empleo en el sector privado de la economía. Esto ha sido por el efecto combinado del aumento en los costos de producción (dólar más caro, tasas de interés más altas) y la reducción en la demanda agregada de mercancías. En particular, esto último ha sido causado por el impacto de la crisis internacional (reducción en las exportaciones) y la caída en el poder de compra de los salarios y los ingresos populares. En el primer trimestre de 2014, el consumo privado cae 1,2% en la comparación interanual, mientras  que la inversión bruta interna fija se reduce un 6,4%.

 

Tabla 1. Variación de los componentes del PBI real (2011-2014)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.

 

La suba en el dólar combinada con la caída en la producción ha conseguido, especialmente en los últimos dos años, que los salarios e ingresos del pueblo trabajador suban por debajo de la inflación. La precariedad laboral extendida, el aumento en el número de suspensiones y despidos, y una política laboral que carga sobre los trabajadores el costo de reducir la inflación: en los primeros 6 meses de 2014 la suba de precios se ha mantenido en torno al 15% (según la estimación oficial del INDEC) con salarios que aumentaron 19,2% en promedio (según el mismo organismo). Sin embargo, estimaciones de CIFRA-CTA (2014) indican que la caída en el salario real fue de 7,7% en el primer trimestre de 2014 en comparación con igual período de 2013 (la inflación estimada para el primer semestre de 2014 es de 21,3%). En los últimos 12 meses se han perdido al menos 240 mil puestos de trabajo (cae la tasa de empleo de 43,1% de la población a 41,4% en el 2° trimestre de 2014 en comparación con igual período de 2013), mientras que miles de personas dejan de buscar empleo ante la imposibilidad de encontrarlo (de 46,5% a 44,8% de la población, en igual período).

La desaceleración económica pasa al estancamiento y se transforma en recesión abierta (caída sostenida en los niveles de producción): en el primer trimestre de 2011 la tasa de crecimiento del PBI real era de 10,7%, en igual período de 2012 cae a 4,6%, en el primer trimestre de 2013 se reduce a 1,5% y durante el primer período estadístico de 2014 la tasa de variación del PBI es de –0,2%. Ante este panorama, el gobierno ha intentado reimpulsar la actividad económica con políticas contracíclicas típicamente keynesianas, sin enfrentar las causas estructurales detrás de la presión contractiva.

Con un creciente gasto público del Estado Nacional (19% más presupuestado en 2014, aunque cae en proporción al PBI de 27,33% a 26,5% entre 2013 y 2014), aumentos en el gasto de alguna fracción del pueblo trabajador y creando un clima pro empresarial, el gobierno busca cambiar la tendencia. Sin embargo, las medidas parecen no alcanzar por insuficientes, mal orientadas o por no atacar el fondo del asunto. Por un lado, el aumento del gasto público tiene un impacto relativamente limitado pues una parte importante se destina a subsidiar la importación de combustibles y al gran capital a través de la promoción industrial en Tierra del Fuego, los subsidios en energía y transporte, los pagos de deuda pública, etc. En 2014, el gasto tributario (por regímenes de promoción económica) presupuestado supera los 21 mil millones de pesos (en comparación con los 14 mil millones de 2012), los gastos en Servicios Económicos (subsidios a empresas de energía, transporte y otras ramas) superarán los 43 mil millones (11,4% más que en 2013) y el pago de intereses de la deuda pública equivaldrán a 77 mil millones de pesos (74% más que el año anterior).

Por otro lado, la porción del mayor gasto que se destina al pueblo trabajador (fundamentalmente, a través de un aumento en los gastos desde el ANSES) es muy limitada en comparación con la inflación (el presupuesto 2014 para la Asignación Universal por Hijo es sólo 24% superior a 2013) y con la política de contención de gasto en otros ámbitos (por ejemplo, la desinversión en infraestructura educativa en las provincias y municipios). La inversión del Estado Nacional en Servicios Sociales (agua potable y alcantarillado, vivienda y urbanismo, etc.) aumenta apenas un 3,9% en 2014 en comparación con el año anterior (representando 33 mil millones de pesos).

Finalmente, el gobierno ha intentado una política de seducir al empresariado para que invierta. Sin embargo, la continuación de su apelación al sentir nacional de un capital transnacionalizado no sólo es anacrónico sino inútil (Féliz, 2012). En la crisis, el capital deja de invertir induciendo el ajuste. El gobierno acepta la lógica del capital y ha iniciado, permitido y propagado el ajuste promoviendo la caída en el poder de compra de los salarios, facilitando las suspensiones e impulsando un incipiente recorte fiscal; en especial, en las provincias y municipios, se avanza con ajustes salariales e inversión en infraestructura pública por debajo de la inflación. El gobierno nacional acompaña este proceso congelando en términos nominales las transferencias corrientes a las provincias y aumentando las transferencias de capital a las provincias por debajo de la inflación (12,4% de 2013 a 2014).

Para colmo de males, en las últimas semanas ha explotado por enésima vez la crisis de la deuda pública. Luego de una década de una estrategia de cesación parcial de pagos (default desde 2002), renegociaciones (2005 y 2010), pago anticipado al FMI (2006), reconocimiento de deudas ilegales e ilegítimas (sólo en 2014, con el Club de Paris, multinacionales en el CIADI del Banco Mundial, indemnización a REPSOL, etc.), y una política de “pagador serial” (en palabras de la propia Presidenta), el gobierno enfrenta la crisis de una estrategia que ha llevado la deuda pública del equivalente a 147 mil millones de dólares en 2001 a más de 200 mil millones en la actualidad.

Los llamados fondos buitres han puesto al gobierno frente a la imposibilidad de seguir pagando una parte de la deuda pública a pesar de querer hacerlo y poder hacerlo (aunque a un costo social y político creciente). La cesión de soberanía a un juez extranjero (aceptada originalmente por sucesivos gobiernos incluido el actual) y la decisión de no investigar la deuda pública acumulada desde la última dictadura militar, ponen hoy al país nuevamente frente a la necesidad de repudiar una deuda abiertamente ilegal, ilegítima e injusta.

El conflicto con los “buitres” ha complicado las posibilidades de superar rápidamente la crisis económica. La imposibilidad de pago y el conflicto judicial reduce las posibilidades de financiamiento para empresas y estados. Particularmente difícil es la situación para los estados provinciales y municipales que buscan endeudarse en el exterior y no pueden acceder al financiamiento de la ANSES o el Banco Central, como si lo viene haciendo el gobierno nacional. Este último, a pesar de su condición de pagador sistemático, no logra acceder al crédito externo privado y se ve forzado a pagar la deuda con los privados con un creciente endeudamiento con organismos del sector público. Este año se vencen 280 mil millones de pesos de deuda más 77 mil de interés por la misma; además, el presupuesto 2014 prevee aumentar el endeudamiento bruto del Estado Nacional en 80 mil millones de pesos. Si la crisis de la deuda dificulta las posibilidades de refinanciación y aumento de la deuda futura, el gobierno se verá entre la espada y la pared para no entrar en una profunda crisis fiscal.

 

La Argentina está en una recesión económica prolongada pero no profunda (la producción industrial cae 1% en julio de 2014 en comparación con julio de 2013). Ello no implica que la misma no tenga gran costo para el conjunto del pueblo trabajador que pierde su empleo (o ve en riesgo su lugar de trabajo) y ve caer sus ingresos en un contexto de elevada inflación. Todo ello en el marco de una estructura económica y una política económica que reproducen la dependencia del país frente al conjunto del capital transnacional. La crisis del empleo y el salario, la crisis externa y la crisis fiscal en ciernes se potencian con una nueva crisis de la deuda que puede adquirir ribetes insospechados.

Frente a ello, qué hacer, qué decir, cómo intervenir. ¿Cómo enfrentar los despidos y suspensiones? ¿Cómo enfrentar la inflación y el aumento en el costo de la vida? ¿Cómo atacar la crisis fiscal del Estado? ¿Qué decir frente a la nueva crisis de la deuda? ¿Cómo intervenir para cambiar un proyecto de desarrollo, un modelo económico y de país, que reproduce nuevamente las cadenas de la dependencia económica, política y social? Todas preguntas que sólo a través de la lucha del pueblo trabajador organizado podrán ser respondidas.

 

Azpiazu, Daniel / Manzanelli, Pablo / Schorr, Martín, “Concentración y extranjerización en la economía argentina en la posconvertibilidad (2002-2008)”. En: Cuadernos del CENDES 76 (enero-abril de 2011), pp. 97-119.

Chesnais, François, “Las contradicciones y antagonismos del capitalismo mundializado y sus amenazas a la humanidad”. En: Herramienta 34 (marzo de 2007).

CIFRA, Informe de Coyuntura, 16. Buenos Aires: CIFRA - Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, 2014.

Diamand, Marcelo, “La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio”. En: Desarrollo Económico 45 (abril-junio de 1972).

Féliz, Mariano, “Crisis cambiaria en Argentina”. En: Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía 158 (julio-septiembre de 2009), pp. 185-213.

–, Un estudio sobre la crisis en un país periférico. La economía argentina del crecimiento a la crisis, 1991-2002. Buenos Aires: El Colectivo, 2011.

–, “Sin clase. Neodesarrollismo y neoestructuralismo en Argentina (2002-2011)”. En: Século XXI: Revista de Ciências Sociais 2 (2012), pp. 9-43.

–, “Neo-developmentalism, Accumulation by Dispossession and International Rent –Argentina, 2003–2013”. En: International Critical Thought  4 (2014), pp. 482–492.

– / Pérez, Pablo E., “¿Tiempos de cambio? Contradicciones y conflictos en la política económica de la posconvertibilidad”. En: Boyer, Robert / Neffa, Julio C., Salidas de crisis y estrategias alternativas de desarrollo. La experiencia argentina. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2007, pp. 319-352.

Marini, Ruy Mauro, Dialéctica de la dependencia. México: Ediciones Era, 1973.

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