23/11/2024
Por Becerra Luis , ,
El enésimo acuerdo, recientemente firmado entre el gobierno argentino del peronista Kirchner y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido mostrado por los medios de información masiva como un "gran logro", ya que la Argentina, por primera vez, "habría impuesto" sus condiciones.
El efecto mediático estuvo acompañado por la demora en el pago de 2.900 millones de dólares de los Estados Unidos a ese organismo, en el tramo final de una campaña electoral, donde el doctor K comenzó a jugar su proyecto político en la ciudad de Buenos Aires y el peronismo se consolidaba en la provincia del mismo nombre. Pocos días más tarde de su vencimiento se hizo efectivo el pago con reservas del Banco Central (BCRA) y, a pesar de que se anunció que sería compensado por desembolsos futuros a efectuar por el FMI, el pago neto será de 800 millones de dólares.
El "gran logro" incluyó otra "pequeña" concesión, de nada más ni nada menos que el 3 por ciento (unos 13.000 millones de pesos) del producto bruto interno (PBI) para el año entrante, que el pueblo deberá generar para pagar los servicios de la deuda pública que no se encuentran al presente en default. El monto del que hablamos deberá obtenerse como superávit primario consolidado (2,4 por ciento el Estado nacional y 0,6 por ciento las provincias), que es la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, previo al pago de intereses.
Esta concesión "progresista" es, en términos reales, más del triple del promedio registrado en el decenio del noventa, cuando el superávit primario fue inferior al 1 por ciento del PBI. Esa época -que por lo que hemos padecido bajo el gobierno devaluacionista del peronista Duhalde[1] parece ya lejana- estuvo marcada por los procesos de ajuste continuo del modelo neoliberal de otro peronista, el ex presidente Carlos Menem, y seguidos a pie juntillas por el gobierno de la Alianza (De la Rúa-Álvarez). El resultado fue la exclusión de millones, el hambre generalizado, cifras de desempleo y subempleo superiores al 35 por ciento y niveles de pobreza que superan el 50 por ciento de la población.
Sin embargo, el gobierno se jacta de no haber cedido en algunos terrenos: no aceptó algunas compensaciones a los bancos por los amparos contra la pesificación y no garantizó un cronograma de aumento de tarifas de los servicios públicos privatizados. No obstante incluyó un tipo aún indefinido de reestructuración de los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires[2], aunque no difícil de imaginar dadas las experiencias previas.
En este análisis se omite la realidad de los países capitalistas avanzados, que recurren sistemáticamente al déficit para salir de las crisis, justamente al revés de lo que nos inculcan aquí.
En este proceso, el FMI fue presa de embates de dos frentes internos: por un lado los países europeos, con marcados intereses en la Argentina por sus empresas ligadas a la producción y distribución de energía, agua, gas y petróleo, al negocio de las telecomunicaciones y otras inversiones menores y con cientos de miles de tenedores particulares de bonos defolteados; y por el otro el gobierno de Bush, que presionó para que se firmara casi de cualquier modo un acuerdo con la Argentina, por los efectos políticos que una ruptura del país con ese organismo podría aparejar. Contra algunas objeciones europeas, triunfó la posición del gendarme mundial, y el FMI se avino a firmar un acuerdo parcial, con revisión de metas a mediados del año próximo.
Si bien es un acuerdo por tres años, se fijó la meta de superávit sólo para 2004 (revisable en septiembre) ya que, en caso de arribar a un acuerdo con los acreedores, el peso de la deuda en default hará imposible su pago con sólo el 3 por ciento de superávit (casi cuatro veces lo que se gasta en el plan de ayuda a los desocupados). Si se incluían las metas para todo el trienio hubiera quedado claro para la opinión pública que el ajuste fiscal será de un nivel sin precedentes.
Hay que recalcar que el acuerdo firmado con el FMI exige un superávit primario mínimo exclusivamente para pagar a los organismos internacionales y la nueva deuda que fue emitida para auxilio de bancos y ahorristas mediante la entrega de distintas series de bonos Boden y los préstamos garantizados pesificados derivados del último canje de deuda (realizado por el ex ministro Cavallo a fines de 2001, que aseguró con recaudación fiscal el pago de títulos previo al default). No está incluido en ese 3 por ciento la refinanciación de la deuda en default que supera los 100.000 millones dólares.
Recientemente, el ministro de Economía Roberto Lavagna, en la reunión anual del FMI en Dubai, anunció una oferta a los acreedores privados para regularizar la deuda en cesación de pagos, consistente en el perdón absoluto de los atrasos de intereses (por alrededor de 11.000 millones de dólares y una reducción del 75 por ciento del capital de la deuda, por alrededor de 93.000 millones de dólares). En síntesis, una quita de aproximadamente 80.000 millones de dólares, además de una extensión de plazos aún no definida y una baja en las tasas de interés. Esa oferta es el resultado directo del acuerdo con el FMI, por el que el gobierno pretende no superar la meta del 3 por ciento de superávit.
Indudablemente, hubo algo que jugó a favor del gobierno: el paso del tiempo sin definiciones claras (más de veinte meses de default), ya que la dilación de las negociaciones hizo que los tenedores de bonos pensaran seriamente en un importante descuento de sus acreencias, aunque no de tamaña magnitud.
Se sabe que esta es una posición de máxima del gobierno y que seguramente se terminará en un acuerdo con una quita menor, aunque seguramente el proceso será prolongado y por lo tanto durante 2004 no habrá ningún pago de la Argentina por la parte defolteada, pero aún así la deuda pública es tan abultada que el pago de sólo una porción de la misma hace inviable el crecimiento y la distribución equitativa del ingreso y también pone en riesgo el propio pago futuro de esa deuda.
Si, por casualidad, se incluye alguna hipótesis de una quita del 70 por ciento sobre los bonos externos, el superávit primario para asegurar el pago debería ascender del 3 por ciento a alrededor del 4 o 4,5 por ciento del PBI, un verdadero fiasco para la "popularidad" del señor K. Esta es la razón por la que en el "acuerdo victorioso" no se mencionan las pautas para 2005 en adelante, puesto que se supone que en ese año se deberá empezar a pagar algo de la refinanciación que todavía está en veremos.
No hay que descartar en este proceso disputas interburguesas entre los acreedores despechados y los organismos multilaterales, que no sufren ningún descuento, ni tampoco el efecto demostración que en otros países deudores puede darse como consecuencia de semejante quita de deuda. En este sentido, la propuesta argentina, que no fue producto de una convicción política del ministro Lavagna sino de una necesidad derivada de la quiebra fiscal, se posiciona como un punto de inflexión en la relación entre los acreedores y los países deudores.
Las cifras, al medirlas en relación con el PBI, encubren el tamaño real del ajuste fiscal. Si consideramos que la recaudación impositiva que recibirá el Estado, según el proyecto de presupuesto de 2004 es de sólo el 19 por ciento del PBI, un superávit del 4 al 4,5 por ciento comprometido por 20 años en las cuentas estatales implica que más del 20 por ciento del ingreso fiscal será girado a los acreedores para el pago de deuda durante todo ese lapso. En 2001 las finanzas públicas mostraban un guarismo similar de intereses presupuestados, que fue reducido drásticamente con el megacanje y, sin embargo, la economía explotó.
Generar todos los años un 20 por ciento de superávit presupuestario sería equivalente, en las empresas capitalistas, a asegurar una tasa de ganancia positiva en moneda constante del 20 por ciento anual, cuando las ganancias corporativas internacionales no llegan a un dígito porcentual y la tasa de interés internacional no supera el 1,5 por ciento anual. Siendo irónicos, podemos afirmar que cualquier capitalista compraría un negocio que rinda ese resultado, aunque "cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía". En rigor, un superávit primario de esa magnitud es políticamente impracticable dada la situación social desesperante y, además, es económicamente inviable.
Las tarifas de las privatizadas y los salarios
Respecto de las tarifas de los servicios públicos, es un tema que, incluido o no en el acuerdo con el FMI, el gobierno deberá encarar y tendrá que resolver.
Si no se aumentan las tarifas a pesar de las presiones internacionales, muchas empresas dejarán con el tiempo las concesiones cuando la situación de depreciación del parque industrial sea evidente, puesto que por el momento las ganancias de "caja" no se destinan en absoluto a inversión reproductiva, sino a pagos corrientes y fuga de capital. Los niveles actuales de tarifas aparentemente no son suficientes para generar nuevas inversiones.
Para los capitalistas, las ganancias no tienen memoria, siempre calculan los beneficios futuros. Bajo la lógica del capital no es posible pedirles a los empresarios "esfuerzos para adelante", por las superganancias que han tenido en el pasado. Como ejemplo, Telecom France, ante la posibilidad de no mantener su tasa de ganancia en los niveles de los noventa ya vendió parte de sus acciones al grupo capitalista argentino Werthein (dueño, entre otras cosas, del Grupo Caja), que por sus lazos con el poder ejercerá renovadas presiones para subir las tarifas (y sus ganancias).
Por el contrario, si se aumentan las tarifas, además de ser una medida impopular, crecerá el riesgo de incobrabilidad puesto que los salarios en general están congelados y la gente no podrá pagar los aumentos. Esto es reconocido por los propios voceros de las empresas privatizadas.
Respecto de los salarios de los empleados públicos, al igual que las jubilaciones y los salarios docentes, el presupuesto "progresista" para el año que viene no fija ningún tipo de aumento, a pesar de la inflación proyectada del 7 por ciento, con lo cual continuará la caída de los ingresos reales, ya depreciados en más del 30 por ciento. En materia de salarios privados, el nivel de desempleo y de superexplotación garantizan por el momento los niveles bajísimos de ingreso de los ocupados. Adicionalmente, la pobre dinámica de lucha que la clase obrera está manteniendo no permite avizorar un futuro inmediato de recomposición salarial.
Es claro en este punto que el gobierno, con la excusa del no aumento de tarifas, encubre el objetivo solapado del mantenimiento de los salarios en niveles de hambre, para garantizar la extracción de plusvalor a una escala inusitada -sobre todo en los sectores ligados a la exportación-, que le permita concretar el proyectado crecimiento del orden del 3 por ciento al 4 por ciento anual, acordado con el FMI.
Sin embargo, y a pesar del empeño del gobierno por mantener achatados los ingresos populares, además del superávit debe lograr un genuino ingreso de divisas por la vía del comercio exterior. En este punto, resulta evidente que un modelo generador de divisas para el pago de deuda estatal por el 3 o el 4 por ciento del PBI más otros 1 o 2 por ciento para el pago de la deuda de empresas privadas impide el crecimiento sostenido o, más bien lo retrae, máxime si continúa la fuga de capitales por vías non sanctas.
Un futuro tortuoso para el sistema bancario y de pensiones
Después de la debacle provocada por la devaluación, la fuga de depósitos al exterior y el corralito, los grandes medios de difusión subidos a la "ola K"[3] suelen referirse al sistema financiero argentino en términos de recuperación parcial de depósitos e incremento de la participación de los bancos oficiales con respecto a los bancos privados, pero omiten un dato esencial: en la medida en que no da crédito, el mercado financiero argentino no sirve.
El discurso económico dominante sostiene que no habrá reactivación real sin crédito, que la recuperación de los depósitos es un síntoma de que en poco tiempo habrá nuevos préstamos, y que así volveremos al crecimiento (aunque esto no sea compatible con un superávit primario creciente y la fuga legal o ilegal de divisas).
Hay dos razones fundamentales por las cuales los bancos no prestan, que están ligadas básicamente a la demanda de crédito.
En primera instancia, el crédito para inversión al sector empresario aparece como muy riesgoso, en la medida que la producción y el consumo no repuntan en la medida suficiente como para garantizar el repago del capital prestado. En realidad, si una empresa no tiene negocios para proyectar (dada la depresión del mercado interno y los niveles salariales) nunca va a demandar crédito. Los sectores ligados a la exportación tradicional primaria no demandan crédito porque tienen tasas de ganancia suficientes como para sustentar sus propias inversiones (y seguir fugando capital).
En segundo lugar, el crédito para consumo no permite que familias con ingresos menguados por el desempleo y la inflación acumulada garanticen el pago de las cuotas. En este sentido, si no aumentan fuertemente los salarios no se expandirán ni la demanda ni el crédito. La realidad de este país empobrecido marca que desapareció la capacidad de ahorro de los estratos altos de la clase media hacia abajo. Por lo tanto, nadie se puede endeudar y, aunque quisiera hacerlo, tampoco calificaría como para que un banco le preste.
La salud del sistema financiero es extremadamente endeble. Extraoficialmente se sabe que el sistema tiene pérdidas operativas que rondan los 1.000 millones de pesos anuales, dato que tiene correlación directa con el patrimonio neto real del sistema que alcanza un valor negativo de 10.000 millones de pesos. Esto es reconocido en voz baja por propios y extraños e inclusive circuló el dato de que las pérdidas de 2002 fueron de alrededor de 3.500 millones de pesos.
Sólo los artilugios contables apañados por el Banco Central permiten que el sistema sobreviva. En cualquier país capitalista "normal", con estrictas normas de control bancario, muchos de los bancos de renombre ya habrían sido cerrados. Si se realiza una valuación de los bienes de los bancos a valor de mercado (como se hace en cualquier parte del mundo) y no sobre su valor contable, como se hace aquí, el sistema está técnicamente quebrado.
Los flujos de fondos negativos y, por lo tanto, las perdidas operativas millonarias que fueron señaladas anteriormente se producen porque los bancos están tomando o renovando depósitos y no están prestando, y básicamente porque los pasivos bancarios tienen un costo mayor que el rendimiento de los activos bancarios (constituidos en alrededor del 60 por ciento por títulos públicos con tasas reducidas o en default).
La sobrevida del sistema se mantiene así por pura magia contable, que les permite a los bancos sobrevaluar sus bienes. Además, han recibido una ayuda muy fuerte a través de los redescuentos del Banco Central, o sea de la emisión monetaria. Sin duda, desde el punto de vista de las finanzas públicas hubiera resultado más productivo emitir para generar proyectos de empleo que para sostener a los bancos y evitar su quiebra.
La reducción del valor nominal de la deuda pondrá al sistema en una situación patrimonial que implicará la emisión de más redescuentos, la quiebra directa de algunas instituciones o su nacionalización forzosa por parte del Estado burgués, que asumirá todas las pérdidas.
La situación de la otra gran pata del sistema financiero, que son las AFJP[4], no es más halagüeña, ya que con la quita proyectada del 75 por ciento sobre los bonos asumirán pérdidas directas que hoy pueden calcularse en alrededor de 11.000 millones de dólares. El sistema de pensiones no quebrará técnicamente, puesto que hoy tiene acumulados muchos activos por los aportes de los trabajadores de los últimos nueve años y pocos pasivos, puesto que hay relativamente escasa cantidad de beneficiarios para jubilarse, pero la pérdida patrimonial volverá insignificantes las jubilaciones futuras.
El rol del FMI en la reestructuración bancaria
Una de las exigencias del FMI frente a la quiebra evidente del sistema es que el gobierno "sincere" la bancarrota, imponga requisitos y cambie las normas ¿Por qué al FMI le interesa que se haga ese ajuste y se reestructure el sistema financiero? Porque exige que los recursos que hoy se destinan a sostener a los bancos sólo tengan como finalidad la compra de divisas y el pago de la deuda externa.
Si se hiciera lo que el FMI está demandando en el sistema bancario grandes bancos estatales y privados deberían cerrar sus puertas. No es un dato menor que el país tuviera 80 mil millones de dólares en depósitos en 2001 y hoy llegue a escasos 25 mil millones. El negocio quedó reducido al 30 por ciento y, por lo tanto, la sobredimensión no permite la rentabilidad. Indudablemente en ese proceso de desbancarización hubo responsabilidad de los propios bancos, que obraron como canal de fuga de miles de millones de dólares de los capitalistas, pero también de los gobiernos de la Alianza y del peronismo, que por su ineptitud no evitaron que eso ocurriera. Actualmente, siguen fugándose grandes cantidades de dólares aunque no sea a través del sistema financiero.
En el terreno de las exigencias también figuraban las compensaciones bancarias que implicaban unos 4.000 millones de pesos por la diferencia entre CER y CVS[5] (fueron "achicadas" por los diputados a 2.800 millones de pesos), y alrededor de 2.400 millones de dólares por los amparos judiciales que los bancos tienen "activados", y a los cuales temporariamente el gobierno del doctor K ha dicho que no. A esto deben sumarse las compensaciones ya efectuadas por 11.000 millones de dólares y los redescuentos otorgados por cerca de 20.000 millones de pesos. Como se señaló anteriormente, también se pretende una reestructuración de parte de la banca pública, aunque por el momento no hay señales claras en ese sentido.
Como las compensaciones se harán vía emisión de deuda pública, eso implica que en el futuro habrá que contar con los recursos presupuestarios para pagarla, mediante el aumento de los impuestos o la reducción de gastos. En síntesis, habrá que pagarlas con parte del superávit primario. Si no se pagan, se les producirá otro quebranto a los bancos, que deberán bajarlos de su patrimonio. Ese es el caso de los amparos judiciales pagados por la pesificación.
En el mismo sentido de blanqueo del sistema apunta la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo central es permitir que el BCRA financie al gobierno en un porcentaje mayor de lo que lo hace actualmente, con el único fin de pagar por la vía de la emisión monetaria (y compra de divisas) a los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial).
La ampliación de la capacidad de emisión del Banco Central para financiar al Tesoro en el pago de la deuda, refrendada recientemente con una ley del Congreso, no impidió que a la hora de pagarle recientemente al FMI los 2.900 millones de dólares se afectaran directamente las reservas, ya que no había superávit primario suficiente.
Entre las otras leyes aprobadas por el parlamento a pedido del FMI también se encuentra la inmunidad para los funcionarios del Banco Central que participen en la reestructuración del sistema bancario. La fantasía que se juega en muchos medios de comunicación es que esa inmunidad sirve para encubrir la corrupción. La inmunidad no necesariamente es un manto protector para cometer actos de corrupción y su ausencia no impidió que se cometieran en gran cantidad. En realidad, el hecho de que hasta hoy la dirección del Banco Central haya carecido de la misma fue una de las razones por las cuales no se ha realizado aún el ajuste bancario pedido por el FMI.
En muchos países del mundo los directores gozan de inmunidad, porque es lo que realmente les da la "independencia" que exige la buena letra neoliberal. Nunca cerrarían un banco que está quebrado si luego van a tener que padecer los juicios personales de miles de ahorristas.
En la Argentina está probado que no se necesita inmunidad para ser corrupto. Valgan los casos de Pou en su momento y actualmente de un ex senador peronista y ahora banquero central, acusado por sus propios colegas de ser uno de los cobradores por "banelco"[6] de las coimas de De la Rúa para sacar leyes laborales contra los trabajadores. Otro banquero central, que oficia como superintendente de bancos es conocido por haber sido el contador de las finanzas negras de Duhalde y Pierri[7].
Resulta curioso el silencio de publicaciones "progresistas", como el diario Página/12, ya que el reclamo de inmunidad patrocinado por el FMI que aprobó el Congreso era el mismo que exigía Pedro Pou y que nunca le fue otorgado. En ese momento la no inmunidad a Pou parecía estar bien, porque era un representante del neoliberalismo, sin embargo el caso de Prat Gay (ex funcionario de la banca Morgan) y su cercanía a Kirchner hacen, que para ese diario, actualmente la inmunidad sea algo políticamente correcto y no cuestionable.[8]
Propuestas
En numerosos documentos de los Economistas de Izquierda (EDI) he suscripto que, para recomponer la economía popular se debe llevar a cabo la expropiación sin indemnización de las empresas privatizadas para garantizar las inversiones y una tarifa social, sobre la base de un plan de mejora sistemática de los ingresos populares.
Asimismo, suscribí que no debe pagarse la deuda externa ni acordarse con el FMI, por los padecimientos que el pueblo ha sufrido y que, de continuar así, seguirá sufriendo.
Por sus encadenamientos internos y externos, el no pago de la deuda en forma total o parcial afectará fuertemente a los activos de los bancos que ya están en quiebra y también al sistema de pensiones, que en este contexto no puede asegurar la jubilación de nadie, por lo que la solución desde una perspectiva socialista y en el marco de un plan general más abarcativo es la nacionalización de la banca y subsidiariamente del régimen de AFJP.
Estas nacionalizaciones o más claramente socializaciones (para no caer en los ya conocidos procesos burocráticos, clientelistas y fracasados) deben hacerse no para quedarse con los "muertos" de un sistema quebrado sino para garantizar el crédito que reconstruya la economía y garantice al mismo tiempo el mantenimiento reordenado de miles de puestos de trabajo del sector y las jubilaciones de millones de trabajadores.
Eso es posible mediante la creación de un sistema único de banca pública con control popular, que la haga independiente de la burguesía local e internacional (que arruinó al sistema crediticio permitiendo la fuga de divisas por parte de los capitalistas y la expropiación a miles de ahorristas) y del FMI como expresión arquetípica del imperialismo.
Lejos están nuestras propuestas del peronismo aggiornado, que cubre su cara ajustadora con la máscara de consignas progresistas.
[1] Eduardo Duhalde fue entre 1991 y 1999 gobernador de la provincia de Buenos Aires y en 2002, después de la caída de De la Rúa, fue designado presidente interino. Una de sus primeras medidas como tal fue la devaluación del peso, saliendo del sistema de convertibilidad que regía desde 1991. (N. de la R.).
[2] Son los dos principales bancos estatales del país (N. de la R.).
[3] Es un uso generalizado en la prensa argentina identificar todo lo que se refiere al presidente Kirchner con la letra K (N. de la R.).
[4] Sigla de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, empresas que administran el sistema de jubilación privada (N. de la R.).
[5] Se trata de dos sistemas de actualización del valor de préstamos bancarios, cuyos importes se redujeron en términos reales por la devaluación de enero de 2002 (N. de la R.).
[6] En el año 2000, el entonces ministro de Trabajo del presidente De la Rúa, Alberto Flamarique, aseguró que no le preocupaba la posibilidad de que los senadores negaran su voto a la reforma laboral, porque para ellos tenía "la Banelco", nombre de una de las más difundidas tarjetas bancarias de pago. La revelación de la compra de votos de los senadores y la difusión de la frase del ministro causaron una grave crisis política, una de cuyas consecuencias fue la renuncia del vicepresidente (y titular del Senado) Carlos "Chacho" Álvarez (N. de la R.).
[7] Alberto Pierri fue uno de los principales colaboradores políticos de Duhalde mientras éste estuvo al frente de la provincia de Buenos Aires (N. de la R.).
[8] Pou fue presidente del Banco Central durante la presidencia de Menem. Alfonso Prat Gay ocupa el mismo cargo desde la presidencia de Duhalde y continúa ocupándolo con Kirchner.