Ecuador y el caso del asilo de Assange

Seis años después de que Assange entrara en su embajada en Londres, los temores de persecución política que inicialmente albergó Ecuador, lejos de ser infundados, se han revelado acertados.

La visita del presidente ecuatoriano Lenín Moreno al Reino Unido la semana pasada dio pie a muchas especulaciones acerca de si Ecuador continuaría protegiendo a Julian Assange. En la conferencia de prensa de cierre de su gira europea, Moreno pareció confirmar que está allanando el camino para poner fin al asilo de Assange.

Insinuó, por primera vez, que la extradición a Estados Unidos sería una salida aceptable e indicó que, para él, la única línea roja es la pena de muerte. Esto contradice de plano la posición que Ecuador ha venido manteniendo hasta ahora de rechazar cualquier posibilidad de extradición a los Estados Unidos.

¿Podría el deseo de Moreno de complacer a la alianza angloamericana socavar la adhesión de Ecuador al derecho internacional y dañar la posición internacional que tan esforzadamente ha conseguido?

Hace tiempo que Moreno se opone al asilo de Assange. Menos de una semana antes de tomar posesión como presidente, se refirió a Assange como un "hacker", descripción que contradice la argumentación del caso jurídico presentado por Ecuador en términos de protección de Assange por sus actividades periodísticas.

Luego, en enero, Moreno afirmó que el asilo era un "problema heredado" y una "molestia" y recriminó públicamente a su hoy ex Ministro de Relaciones Exteriores por haberle concedido a Assange la nacionalidad ecuatoriana. En marzo, Moreno reaccionó ante los tweets de Assange sobre la independencia de Cataluña cortando su conexión a internet y, de modo más cruel, prohibiéndole las visitas e imponiéndole un régimen de aislamiento virtual.

Unos días antes de la visita presidencial al Reino Unido, el recién nombrado Ministro de Relaciones Exteriores de Moreno anunciaba que el gobierno ecuatoriano estaba "revisando" la "situación" de Assange y que un asilo no podía durar eternamente.

Assange solicitó asilo en la Embajada de Ecuador el 19 de junio de 2012. Tras dos meses de acalorados debates en el seno del gobierno del presidente Rafael Correa, Ecuador le concedió asilo el 16 de agosto de 2012. Lo hizo sobre la base de que había motivos razonables para sospechar que Assange podía ser víctima de una persecución política que podía poner en peligro su seguridad, integridad y derechos humanos.

El contexto de la agresiva retórica contra Assange en Estados Unidos jugó un papel importante en la decisión de Ecuador. La publicación del video Asesinato colateral sobre Irak, de los ficheros de la guerra de Afganistán e Irak y la filtración de un inmenso alijo de cables diplomáticos habían desencadenado una reacción colérica y patriotera en círculos políticos de Washington.

El ex alto cargo demócrata convertido en experto de relaciones internacionales Bob Beckel llegó a pedir públicamente el asesinato de Assange: "dispararle extrajudicialmente al HDP" fueron sus palabras exactas. Incluso alguien tan centrado como el vicepresidente Joe Biden se refirió a Assange como "terrorista de alta tecnología".

Aparecieron documentos que sugerían que Assange estaba siendo investigado por un gran jurado federal en Virginia y que existía una acusación sellada contra él. Mientras tanto, Chelsea Manning había sido arrestada y sometida a un consejo de guerra que le condenaría posteriormente a 35 años de cárcel - pena que el presidente Obama tuvo a bien conmutarle antes de dejar el cargo.

La decisión de concederle asilo a Assange se basó en la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y Territorial de 1954 suscrita en su día por Ecuador.

El compromiso de conceder asilo es algo muy serio. Las leyes sobre el asilo incluyen la sacrosanta obligación de no devolución, principio diseñado para evitar que los Estados puedan dar por terminado el asilo y extraditar con posterioridad a los asilados coincidiendo con cambios políticos. La no devolución es también un principio consagrado en el artículo 41 de la Constitución de Ecuador.

A Assange, sin embargo, le requería la justicia en Suecia para interrogarle en relación a acusaciones de agresión sexual. Por lo tanto, era fundamental que Ecuador encontrase soluciones para que ese proceso judicial pudiera seguir adelante.

Ecuador propuso que Assange viajase a Suecia para hacer frente al interrogatorio a condición de que hubiera un compromiso firme de que no sería extraditado a Estados Unidos. Pero las autoridades suecas se negaron a ofrecer tales garantías.

Entonces, el 25 de julio de 2012, casi un mes antes de que se le concediera el asilo, Ecuador propuso que la Fiscalía sueca interrogara a Assange dentro de la Embajada de Ecuador. Esto permitiría al fiscal sueco decidir si existían motivos para acusar formalmente a Assange.

Durante casi tres años, la Fiscalía sueca se negó a ello hasta que, en marzo de 2015, aceptó. Transcurrió otro año para que los ministerios públicos de ambos países firmaran el acuerdo correspondiente. Assange fue interrogado el 14 de noviembre de 2016 y le tomó a la Fiscalía sueca otros seis meses y cinco días anunciar que finalmente no presentaría cargos contra él. Se rescindió la orden de detención europea y pareció que sería cuestión de días que Assange quedase en libertad.

Pero entretanto la administración Trump había intensificado su retórica anti Assange. Los nuevos inquilinos de la Casa Blanca arremetían contra él.

En abril de 2017, el Fiscal General Jeff Sessions planteaba la posibilidad de presentar cargos criminales contra los miembros de WikiLeaks por filtrar cables diplomáticos y archivos militares estadounidenses en 2010, y añadía que también estaba dispuesto a investigar si WikiLeaks podría haber incurrido en responsabilidades penales por revelar, en fechas más recientes, informaciones sensibles de la CIA.

El mismo mes, el entonces Director de la CIA y hoy Secretario de Estado, Mike Pompeo, calificaba a WikiLeaks de "servicio de inteligencia hostil". Y Donald Trump, al preguntársele sobre si el Departamento de Justicia tenía intención de arrestar a Assange, decía que él estaba "de acuerdo con eso".

En los últimos meses, a resultas de la publicación por parte de Wikileaks de una gran cantidad de documentos clasificados de la CIA de 2017, se ha desatado una feroz campaña vinculando a Assange con Rusia - un poderoso argumento en el contexto de la renovada fijación de Occidente con la supuesta amenaza rusa.

Comparecencias y declaraciones recientes en el Congreso por parte tanto de republicanos como de demócratas están llenas de sugerencias de que Wikileaks es una organización de inteligencia beligerante.

La idea es ir sembrando la semilla de que el caso Assange no tiene nada que ver con la libertad de expresión y la protección que otorga a periodistas e informantes la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Denuncia de 1989 sino que más bien, de lo que se trata, es de un asunto que cae bajo la Ley de Espionaje de 1917, aprobada por el Congreso durante la Primera Guerra Mundial para evitar que secretos de Estado pudieran llegar a manos de gobiernos extranjeros - una ley que ha quedado anticuada y que no contempla la publicación de documentos filtrados en los medios de comunicación.

El cierre del caso en Suecia en mayo de 2017 debería haber puesto fin al impasse de la Embajada en Londres y permitir a Assange viajar a Ecuador. En todo caso, los acontecimientos en el último año han demostrado que el argumento de que Assange estaba "escondido" en la Embajada para evitar hacer frente a las acusaciones de agresión sexual en Suecia es incorrecto. Permanece en la misión diplomática de Ecuador en Londres a pesar de que el caso está cerrado hace tiempo.

En estos momentos, la única dificultad legal que queda es el quebranto de la libertad bajo fianza por parte de Assange en 2012 cuando decidió saltarse la jurisdicción británica y entrar en la Embajada de Ecuador. La policía británica podría, por supuesto, arrestar a Assange por esta infracción.

Una pena de cárcel en este caso sería sin duda desproporcionada, dado el largo confinamiento al que se ha visto sometido Assange, pero si es esto lo que se precisa para conseguir su libertad, que así sea.

Ecuador debería sin embargo asegurarse de que un encarcelamiento en el Reino Unido por el tema de la libertad bajo fianza no pudiera convertirse en un trampolín para su extradición a Estados Unidos.

Por lo tanto, volvemos a la exigencia por parte de Ecuador de garantías de no extradición, esta vez del Reino Unido - exigencia que sigue vigente siempre que Ecuador siga comprometido con los principios de no extradición por actividades periodísticas. Las últimas declaraciones de Moreno, sin embargo, sugieren lo contrario.

La de Ecuador es una posición fuerte. Seis años después de que Assange entrara en su embajada en Londres, los temores de persecución política que inicialmente albergó Ecuador, lejos de ser infundados, se han revelado acertados. Con el cierre del caso en Suecia, el asunto ha dado un giro completo y hoy el tema clave no es otro que el de la ira de Washington contra Wikileaks.

En diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en su Opinión 54, concluyó que "las diversas formas de privación de libertad a las que Julian Assange ha sido sometido constituyen una forma de detención arbitraria" a la que "debería ponerse fin".

Esto proporcionó un sólido respaldo legal a la posición de Ecuador. El 13 de julio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó a Ecuador un nuevo aval jurídico internacional al emitir su tan esperada resolución sobre la cuestión del asilo, en la que se incluyen el reconocimiento del derecho de asilo en las embajadas, la obligación de los Estados de facilitar paso franco a los asilados en embajadas y el deber de los Estados que han concedido asilo de respetar el principio de no devolución. Esta importante decisión de la Corte afirma en esencia que el Reino Unido tiene la obligación legal de concederle a Assange tránsito libre a Ecuador.

Ecuador puede elegir qué opción tomar: si aprovechar esta nueva victoria legal, demostrar su respeto por el principio de no devolución reconocido internacionalmente y mantener el asilo mientras persistan las causas que lo motivan, o entregar a Assange a las autoridades británicas, con lo que probablemente facilitan su futura extradición a Estados Unidos.

Si Ecuador elige esto último, perderá la posición diplomática que se ha labrado por mantener, a pesar de presiones tremendas, su compromiso con las leyes internacionales de asilo. En cuanto a Moreno, ceder en esta cuestión le encuadraría como un títere más en el marco de la larga historia latinoamericana de claudicaciones ante los matones.

Publicado por democraciaAbierta: https://www.opendemocracy.net/democraciaabierta

30 de julio de 2018