Democracia extractivista y extractivismo democrático

Extractivismo

En una primera aproximación, el extractivismo se presenta como una estrategia para obtener a gran escala algún bien común de la naturaleza y venderlo en otro lugar del mundo. Se trata de bienes que tienen nulo o escaso valor agregado y que son considerados materias primas. Se los convierte así en  “mercancías” o “recursos” que se venden al exterior del país a muy bajo precio. Usualmente se los denomina commodities.

 El extractivismo trata a aquello que extrae de la tierra, de las montañas, del mar, de las salinas o de los ríos como si fuera una única y misma cosa. No hay distinciones más allá de los nombres propios. Esta homogeneización sólo es posible dentro del sistema capitalista, en donde no importa qué es lo que se extrae, sino su valor de cambio y el éxito es medido de acuerdo con las toneladas de exportación y de acumulación de capital. Así, da lo mismo si es oro, plata, litio, pino, eucalipto, petróleo, gas, trigo, maíz o soja. Desde esta perspectiva, las únicas diferencias se dan en el precio que impone el mercado internacional.

 Pero el extractivismo no se limita a sacar y vender. También está asociado a una forma de producir, de ordenar los territorios y los cuerpos, a una manera particular de vincularse con la naturaleza, asumiendo y multiplicando prácticas y ontologías precisas. La historia de Argentina y el modo en el que fue imaginada y conformada como país agrícola-ganadero es un ejemplo de este ordenamiento, de este pensar y de este modo de vincularse con el territorio desde y para los extractivismos. Un claro ejemplo es el de las políticas demográficas. Hoy vemos que ha transcurrido un cuarto del siglo XXI y más del noventa por ciento de las personas vivimos en grandes ciudades. Recordemos que Argentina, en extensión, ocupa el octavo lugar del mundo. La distribución de la tierra y el hacinamiento no es azarosa, sino que justamente es uno de los tantos resultados de la estrategia extractivista. En esta misma línea, el extractivismo presenta y asume un vínculo particular con la naturaleza. Donde se vive no se extrae, donde se extrae no se vive. Es decir, no podemos vivir con la naturaleza. El único vínculo posible con ella es el de extracción.

 La lista de las características definitorias del extractivismo podría seguir. Sin embargo, el centro de este libro trata de la democracia en Argentina. Por eso, debemos focalizarnos en el interrogante central del capítulo: ¿cuál es el vínculo entre extractivismo y esta democracia?

Una respuesta posible, repetida con insistencia, es que nuestra democracia actual heredó el extractivismo de épocas pasadas y simplemente no ha podido desprenderse de sus injerencias. Esta idea presenta a la democracia como incompleta o inmadura en cuanto a sus alcances. Lo que da lugar a pensar que, más temprano o más tarde, este tipo de democracia logrará superar su fase extractivista.

 Otra respuesta, más incómoda, entiende que el extractivismo es una cosmovisión y práctica colonial vinculada con este tipo de democracia, con sus límites y características principales. Entonces, se hace imposible revertir las bases extractivistas sin cambiar las prácticas de fondo de esta democracia. Mi posición prefiere esta segunda opción. En el siguiente recorrido avanzaremos en la caracterización de esta democracia extractivista, de este extractivismo democrático.

 Historia extractivista: colonialismo, origen de los Estados de la región y las dictaduras

Para abordar la pregunta acerca de la relación entre esta democracia y el extractivismo en Argentina debemos retroceder en el tiempo. ¿En qué momento se empieza a contar una historia? Si bien se pueden rastrear raíces extractivistas en el propio Medioevo o incluso antes, la historia de Occidente muestra un punto de inflexión con la Conquista de América. A partir de ella, la Modernidad y su Razón -con mayúsculas- despojan a África y América tanto de tenencias, como de sus saberes y pensamientos. Así, un saqueo racional y un sujeto europeo como referencia marcaron las coordenadas de una forma de vida en donde cualquier objeción fue (y es) tildada de irracional.

El origen de los Estados en América Latina reproduce esta racionalidad conquistadora que se expande a través de diferentes vías. “Por la razón o la fuerza” desde Chile. “Orden y progreso” en Brasil. “Civilización o barbarie” desde la pluma de “nuestro” Sarmiento. Por supuesto que no son solo palabras: en acciones significaron, por ejemplo, la campaña del desierto con Julio Argentino Roca, que reforzó las marcas de aquel origen que no encontró “nada” y por eso exterminó, negó y saqueó. Saquear para Extraer. Extraer para Progresar. Progresar para Desarrollarse. Todo con mayúsculas.

 El modelo extractivista es un proyecto colonial que ha sometido a nuestro continente en general y a nuestro país en particular a la lógica de las abstracciones, tal como las denominaba Gustavo Esteva. A través de ellas se ofrecen nuestros territorios para satisfacer necesidades externas, mientras se promete a cambio una salida del “atraso” al que le corresponde la abstracción del denominado subdesarrollo. Pero el resultado concreto es otro: territorios de sacrificio, comunidades de sacrificio, cuerpos de sacrificio. El discurso colonial y la idea de progreso nos ha convencido de que tenemos que sacrificarnos para encontrar la senda del desarrollo.

 En la segunda mitad del siglo XX, en América Latina, la imposición colonial se vio reforzada por la experiencia de las dictaduras cívico-militares. En particular, durante la década del 70’ se inauguró el laboratorio neoliberal con el Golpe de Estado comandado por Augusto Pinochet en Chile. Su expansión regional significó para Argentina 30000 desaparecidos, el avance de diferentes formas de despojo y la pérdida de lo público. Planes y políticas económico-sociales que se impulsaron a escala local, regional y global, apagando los sueños por un mundo distinto, mejor, equitativo y justo. Así, la última dictadura de nuestro país tuvo un doble objetivo: determinante de las formas más recientes de saqueo y a la vez impulso para abrazar una democracia que tenga en su corazón al extractivismo.

Y entonces, esta democracia

 El retorno de la democracia en la década de 1980 incluyó en la agenda algunos aspectos significativos tales como la recuperación de las libertades civiles y los derechos políticos. Sin embargo, la revisión del proyecto extractivista no fue incluido dentro de las prioridades. Más aún, luego de una década de transición, los gobiernos de Carlos Saúl Menem en la década de 1990 generaron las condiciones legales, institucionales, económicas y productivas para avanzar fuertemente en lo que hoy entendemos como agronegocios y megaminería. Todo eso se hizo en nombre de una supuesta “modernización”, sostenida por la  extorsión a una sociedad sometida sistemáticamente a la “la doctrina del shock". El extractivismo entraba así en una nueva fase: un extractivismo democrático.

Han pasado cuarenta años desde el fin de la última dictadura cívico-militar y el extractivismo persiste en estas nuevas formas que ya se han consolidado. Las marcas históricas y presentes de saqueo, desigualdad y destrucción son más profundas. Se expanden y se multiplican.

Mujeres mapuches que defienden las nacientes del Río Chubut, mientras sus hermanas han sido encarceladas. Comunidades de la Puna arrasadas en el nombre del litio, sin siquiera tener la oportunidad de ser escuchadas. Campesinas y campesinos expulsados de sus territorios, que ya no tienen que darles de comer a sus hijas e hijos. Casas agrietadas por el despliegue de técnicas que buscan sacar los últimos hidrocarburos de la tierra. Mares amenazados entre bombardeos de sonido y derrames subestimados. Familias que beben, respiran y comen venenos, acorraladas por políticas públicas que promueven el uso de agrotóxicos y transgénicos.

Pinos que secan gota a gota las tierras, glaciares que son removidos, abejas que se eliminan, montes que son arrasados.

Mientras tanto, voces de gobernantes, funcionarios y empresarios que hablan de territorios vacíos para avanzar con megaminería, fracking, megafactorías de animales, forestales, offshore. Se multiplican las desigualdades, el saqueo, el silenciamiento.

El extractivismo en su nueva fase avanza sobre las comunidades que ven vulnerados sus cuerpos, tierras, ríos y todo aquello que refiere a su vida cotidiana. A pesar de tener un origen colonial y dictatorial, el extractivismo no es solo herencia. En estos cuarenta años ha tomado formas particulares que le permitieron expandirse y consolidarse. La nueva alianza entre el extractivismo democrático y la democracia extractivista continúa expandiéndose.

La democracia extractivista, el extractivismo democrático

A continuación, me detendré en cinco características de esta democracia que ayudan a comprender por qué señalo su estrecho vínculo con el extractivismo.

a. Una democracia burocrática

 La democracia de estos cuarenta años no ha enfrentado al extractivismo sino que simplemente ha propuesto su regulación. En este sentido, la política ha sido corrida para que aparezca la figura del control burocrático. Leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones, reglamentaciones, materializadas en oficinas de control, suboficinas, timbrados, sellos. Rodeadas de plazos, vencimientos, firmas, estudios. Todos eslabones de una larga cadena de supuestos controles.

De esta forma, el control nunca interrumpe, frena o evita el extractivismo. En casos excepcionales apenas si lo demora o lo encarece. El control burocrático parte de la premisa de que es “inevitable” este escenario. De este modo, se suspenden las preguntas para quiénes y para qué. No hay interrogantes en torno a los objetivos y a los grupos sociales a los que se destina la política pública. La única pregunta válida es en cuanto a un cómo burocrático. Las regulaciones siempre se ajustan y se adaptan a los requisitos extractivos. La burocracia es la forma del Estado democrático para garantizar los extractivismos.

En esta dirección, Antonio Aracre, cuando todavía se desempeñaba como CEO de Syngenta en América Latina, durante una entrevista dijo en referencia a los agrotóxicos: “Amo que esta industria sea tan super regulada, y te digo más, me gustaría que fuera el doble de regulada” (Folguera y Blois 2023). No se trata solo de decir de un ex CEO y ex funcionario. El verbo más utilizado frente a todos los extractivismos es del de regular. Solo se habilita el cómo hacerlo, el Mercado internacional interviene para determinar y anular todas las otras preguntas.

Uno de los ejemplos más claros del predominio del control burocrático es el de los estudios de impacto ambiental. Estos estudios, en los casos en que son realizados (pues no siempre se llevan a cabo), son desarrollados por las propias empresas y son presentados ante la autoridad burocrática pertinente. Salvo escasísimas excepciones, los estudios de impacto ambiental en nuestro país no frenan los proyectos extractivistas. No es porque no están bien realizados, simplemente no es esa su función. Otro ejemplo en esta misma dirección son las audiencias públicas. Nunca vinculantes, estas instancias burocráticas cierran el proceso de aprobación incluyendo una supuesta participación ciudadana. En ellas se invita a las comunidades a intervenir y dar su opinión en un puñado de minutos en torno a los proyectos. Sus planteos y oposiciones nunca son consideradas. Tanto la evaluación de impacto ambiental como la audiencia pública son solo instancias formales del control burocrático. Regular es cumplir criterios burocráticos para proyectos que de una u otra manera terminarán siempre por realizarse.

El control burocrático y la figura del control también multiplica instancias y ámbitos de control en esta democracia. Por ejemplo, SENASA nos dice qué agrotóxicos pueden ser utilizados. Pero SENASA no hace los estudios de los químicos que les presentan, sino que lo hacen las mismas empresas y SENASA solo lo valida. Pone un sello. Cumple con un reglamento o un protocolo en su horario de atención. Para que se entienda claramente: Bayer presenta un determinado insecticida y también los papales que avalan que ese insecticida es bueno. SENASA no evalúa, no hace sus propios estudios. SENASA regula, burocratiza, controla.

La regulación burocrática solo habilita los interrogantes por las instancias formales que precisan cumplirse para que los extractivismos avancen. En algunos casos se pondrá más meticulosa al pedir informes. En otros, dependiendo de las características del proyecto, podrá aceptar que se cumpla parcialmente con solo algunos de los requisitos exigidos. En todos los casos, la burocracia interrumpe la pregunta por los fines. El Estado argentino respecto a los temas extractivistas no habilita la pregunta del para qué o el para quién. La pregunta por los fines tan cercana a la política, no está habilitada en esta democracia extractivista.

 

b. Una democracia fragmentada

Como dijimos, esta democracia trajo aparejada la multiplicación de las instituciones y regulaciones, ya sea en forma de leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentaciones. En la década de 1990 la expansión neoliberal implicó importantes cambios normativos en términos extractivistas. Junto a las modificaciones ya mencionadas que habilitaron las nuevas formas de extracción agrícola y minera, los gobiernos de Carlos Saúl Menem otorgaron a las provincias el control de los bienes comunes. Con frecuencia se marca a este desplazamiento como uno de los pilares de la expansión reciente del extractivismo. En lo personal no me queda claro hasta qué punto lo es y si un esquema centralizado implicaría alguna solución en cuanto a la democracia extractivista.

Lo que sí ha quedado expuesto es el modo en el cual la lógica burocrática del control, y la multiplicidad de instituciones municipales, provinciales, nacionales y de empresas estatales y privadas, hacen que la pregunta por la responsabilidad ética y política no pueda siquiera ser formulada. ¿Hoy quién es responsable de lo que sucede? Nadie, los desastres sociales, ambientales y sanitarios simplemente suceden. No hay causas. No hay responsables ni prevención.

Ante un derrame de agrotóxicos, la enfermedad de una persona, los temblores en zonas de fracking, la muerte de cientos de ballenas, las instituciones se limitan a mostrar protocolos y/o regulaciones supuestamente incumplidas. Desde el discurso hegemónico, solo por haberse respetado las buenas prácticas, habría podido evitarse el desastre en cuestión. En este sentido las denominadas buenas prácticas agrícolas o mineras tienen esta función. Son protocolos que colocan la responsabilidad en los últimos eslabones de la cadena burocrática, mientras empresarios, funcionarios, gobernantes son ajenos a las preguntas por las responsabilidades legales, éticas y políticas. Cuando interviene la Justicia, nuevamente aparece la fragmentación. Fueros. Competencias. Federal. Ordinario. Civil. Penal. Luego la demora. Esos tiempos que tienen las instancias judiciales, nunca son los tiempos de la vida. Finalmente, si hay condena o algún tipo de resarcimiento, no alcanza a todos los responsables y solo se queda en la dimensión de lo simbólico. Una multa. Unos bidones de agua. O la prisión en suspenso por un delito que no es calificado en términos ambientales.

Las instancias judiciales son algunas de las supuestas soluciones que nos brinda esta democracia burocrática y fragmentada. El caso de Jáchal en la provincia de San Juan, es un ejemplo en el cual se refleja lo dicho hasta aquí. Cuando se dio el primero de los derrames de cianuro reconocidos, en el año 2015, rápidamente todo el aparato estatal trató de ocultar lo sucedido. Paulatinamente se reconoció que sí había sucedido el hecho y que había que agregarle un cero y otro cero y otro cero al volumen del desastre. El Estado en lugar de proteger a la población, buscaba proteger a la Barrick Gold. Hoy, a años de ese evento la empresa Barrick Gold continúa extrayendo y el juicio que solo involucra a funcionarios de minería, ambiente y ciencia sigue sin realizarse.

A miles de kilómetros de allí, Kily Rivero murió a sus 4 años por intoxicación con agrotóxicos en el paraje de Puerto Viejo, localizado a 15 kilómetros de Goya en la provincia de Corrientes. Once años hace de aquel asesinato. El juicio contra el dueño de la tomatera lindante acusado de homicidio culposo por ser el responsable de las fumigaciones sigue sin realizarse. Igual que por el derrame de la Barrick Gold.

 No se trata de dos excepciones: la democracia del extractivismo es necesariamente injusta.

 

c. Una democracia tecnocientífica

En la historia de nuestro país, en numerosas ocasiones los militares intervinieron las Universidades. Todavía aparecen en el recuerdo, por ejemplo, la llamada “noche de los bastones largos” en 1966 durante la dictadura comandada por Juan Carlos Onganía. Quizás por ello, la ciencia y la tecnología suelen asociarse a ciertos valores democráticos. De hecho, en muchas instituciones académicas de nuestro país aparecen en las paredes los nombres de estudiantes y docentes desaparecidos durante la última dictadura.

 Sin embargo, resulta imperioso comprender qué ciencias y tecnologías han acompañado a esta democracia extractivista. Nuevamente, la década del 90’ irrumpe como una de las claves. Las medidas económicas de recorte de gastos del Estado, llevadas a cabo durante el gobierno de Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo, dieron lugar a un sistema científico desfinanciado y puesto a disposición para las empresas. No se trató solamente de un mero “ahorro” público. Esta medida fue acompañada por el imperativo de que grupos e instituciones científicas busquen sus propios recursos económicos a través de acuerdos con grandes empresas. Acuerdos que nunca son recíprocos, y en donde la desigualdad entre las partes esta naturalizada e invisibilizada.

Por todo ello, hoy tenemos una comunidad científica que en cierta medida está a disposición de las empresas, más preocupada por generar rápidos ingresos que por los modos en que puede contribuir al bien común. Y que no cuestiona las condiciones de posibilidad de los acuerdos que realiza con el sector privado. Por el contrario, cabe recordar al ministro de ciencia y tecnología Lino Barañao que proponía el imperativo ético de que los científicos que puedan fundaran empresas nuevas. La “responsabilidad social” que impulsaba consistía en identificar al científico con un empresario. Hacer patria, hacer ciencia, es multiplicar empresas. Esta ciencia empresarial enmarcada en la democracia extractivista supedita lo pretendidamente público a los beneficios privados.

El trigo HB4 es otro ejemplo de ello. La empresa Bioceres (con actores tales como Héctor Huergo del grupo Clarín, Gustavo Grobocopatel el “rey de la soja” y el millonario Hugo Sigman), creó la patente del trigo HB4 junto con la Universidad Nacional del Litoral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Pero por supuesto los ejemplos se multiplican:  el acuerdo de la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires con Shell, la Universidad Nacional de Tucumán con el Proyecto Mara de Minera Agua Rica-Alumbrera, o la Universidad Nacional de Córdoba con Porta Hnos, entre tantos otros.

La ciencia empresarial no es una característica marginal de esta democracia extractivista. Por el contrario, la figura del profesional resulta fundamental en este esquema no solo para priorizar las ganancias empresariales, sino también porque es parte de la transformación del problema político en técnico. En esta transformación, las comunidades no saben y solo pueden callar. Su voz impide el disenso. Habla de certezas donde no están. La democracia extractivista ubica en un espacio de no saber a las voces que denuncian los desastres.

 

d. Una democracia sin distinción entre lo público y lo privado

Tal como señalamos en el ítem anterior, una de las características de la forma contemporánea que tomó el extractivismo en nuestro país se vincula de manera directa con los acuerdos público-privados. Bajo este gran paraguas, se multiplicaron los vínculos entre instituciones y empresas. En su gran mayoría, los proyectos buscan generar mercancías para demandas privadas y el Estado es el proveedor de servicios y personas.

Esta mezcla estatal-empresarial ha hecho que sea imposible en muchos casos diferenciar cuándo se habla desde y para beneficio público, y cuándo desde y para lo privado. Si el rol del Estado es el mismo que de las empresas, lo público y lo privado imploran su distinción. En esta identificación se genera una ruptura fundamental: lo estatal y lo público corren por sendas muy distintas que requieren ser diferenciadas.

 Uno de los ejemplos más claros tiene que ver con instituciones que tienen capitales mixtos. En el caso del extractivismo, resulta fundamental interrogar por ejemplo a la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA (YPF). De hecho, YPF se vincula a extractivismos tales como Vaca Muerta, litio, offshore o agronegocios. A su vez, entre sus principales accionistas figura BlackRock, grupo de especulación financiera. Entonces, ¿qué significa que YPF sea estatal?

Otro tanto se expresa con el nombramiento de funcionarios que provienen de cargos ejecutivos en empresas. Durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, se realizó el nombramiento como ministro de energía y minería a Juan José Aranguren, quien se había desempeñado como CEO de Shell. Entre las medidas y políticas públicas que gestionó, se encuentra el desarrollo de la exploración y explotación offshore en el Mar Argentino, en donde la empresa Shell es una de las principales beneficiarias. Del mismo modo, durante el gobierno de Alberto Fernández, se nombró como jefe de asesores al ya mencionado Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, en un contexto de expansión de los agronegocios, con la aprobación del trigo HB4 y el desarrollo de proyectos que involucran la creación de nuevos transgénicos, el corrimiento de la frontera agropecuaria, desmotes y cambios en el uso de suelo, entre otros.

Ambos nombramientos son ejemplos evidentes de lo que comúnmente se denomina puerta giratoria. Junto con el cuestionamiento ético evidente que correspondería hacer en cada caso, se verifica la pérdida de la distinción entre público y privado. Nuevamente cabe subrayar que no es un aspecto contingente: el extractivismo precisa que no exista esa diferencia. Y entonces si no hay ni público ni común, qué tipo de democracia tenemos?

 

e. Una democracia represiva

Las comunidades que en estos 40 años se han manifestado de manera persistente en contra del modelo extractivista, han sido víctimas de reiteradas y diferentes formas de represión y persecución.

Uno de los casos más elocuentes en este sentido es el de la comunidad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, que recibió represiones físicas y psicológicas sistemáticas. En los últimos años, dramáticos y violentos hechos involucraron a mujeres, niños, niñas, ancianos, y a fuerzas de seguridad que sin reparo -y sin consecuencias-, reprimieron a personas que se manifestaban en defensa del agua y la vida. También se vivieron escenas de una represión feroz en Chubut, en 2020, cuando la comunidad a lo largo y a lo ancho de toda la provincia se levantó en contra de la derogación de la ley 5001 que impedía la megaminería.

En ambos casos la represión que empieza con palos y balas, continúa mediante otras estrategias. Una de las principales es la judicial. Actualmente más de noventa personas de la comunidad de Andalgalá han sufrido diferentes formas de hostigamiento judicial. En un sentido similar la comunidad de Chubut aún es hostigada mediante mecanismos legales.

Por supuesto que este carácter represivo no es exclusivo de la lucha en contra de la megaminería. A comienzos del 2023, cuatro personas del pueblo de Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires, fueron judicializadas por desplegar una bandera que decía “Basta de cáncer. Paren de fumigarnos” durante un acto del presidente Alberto Fernández.

Se suele asociar la represión a todo lo que significó la dictadura. Sin embargo, este Estado es represivo en democracia y se legitima recurriendo a las formas judiciales. Así, las comunidades pierden autonomía y son reprimidas por resistir ante la imposición de prácticas extractivistas. Todas estas formas buscan el desgaste, el silenciamiento y el disciplinamiento de quienes dicen No al extractivismo y sí a otras formas de habitar este mundo. Otra vez el silencio.

 

Discutir extractivismo es discutir qué democracia tenemos y viceversa

Las cinco características señaladas sintetizan que la separación entre el extractivismo y esta democracia no es posible. Un proyecto de expansión de lo privado que impide encontrar a lo público, que multiplica los silencios a través de persecuciones diversas y jerarquizaciones técnicas, que suspende la pregunta en torno a los objetivos para perderse en formas institucionales de decisiones ya tomadas. Tal como fue mencionado, durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem se armó gran parte de los mecanismos institucionales y legales que hoy gobiernan y que forman parte de la democracia extractivista. Al igual que décadas anteriores se presentan grandes abstracciones tales como “progreso” o “desarrollo” que actúan como banderas legitimadoras.

Por supuesto, no hubo solo expansión del extractivismo democrático. También hubo proyectos extractivistas que gracias a la resistencia, persistencia y lucha de las comunidades afectadas, pudieron frenarse. Honrosos ejemplos son los de Esquel y Malvinas Argentinas, a escala provincial el Chubutazo y el nuevo Mendozazo. Es cierto, se han dado numerosas resistencias. Pero las comunidades que buscan encontrar lo público y defender sus cuerpos y territorios, no parece que puedan hacerlo a través de las formas institucionales que ofrece esta democracia. En todos los casos se evidencia la distancia brutal entre una comunidad que deambula su suerte y decisiones que aparecen ya tomadas. En este sentido aparece el interrogante: ¿quiénes toman las decisiones?

 Junto con el silencio, la díada entre esta democracia y los extractivismos encontró nuevas formas de reproducirse. Entre ellas, a través del simulacro. Parece que las comunidades fueran realmente escuchadas, pero no.

En un encuentro, un compañero de Fiambalá me dice:

“¿Sabes qué pasa? Vienen y hablan, pero no aceptan nuestro no. Lo que están buscando es doblarnos, lo que están buscando es convencernos. Pero no nos escuchan realmente. Nos visitan, nos llenan de palabras, pero no aceptan nuestro no”.

La democracia no ha enfrentado al extractivismo, sino que se ha preocupado únicamente de garantizar las condiciones necesarias para que no luzca dictatorial. En este sentido, es urgente y necesario romper su vínculo con el extractivismo, habilitando una pregunta genuina acerca de qué democracia realmente tenemos.

 Y entonces, frente a la pregunta de qué significa una democracia lejos del extractivismo surge rápidamente:

Una democracia debe preguntar. Una democracia debe interrogar a las comunidades. Nada se les pregunta hoy. Y si acaso ocurre, en los casos en que aparecen instancias institucionales con nombres atractivos como “audiencia pública” nunca son vinculantes. Todo es simulacro.

Una democracia debe escuchar. Las preguntas genuinas no deben solo buscar información. Deben recuperar las experiencias comunitarias. Experiencias no son meramente vivencias, sino que son eventos que nos han transformado, que involucran parte de nuestra historia, de nuestra identidad.

Una democracia debe aceptar un no. Debe preguntarse para decidir, no para maquillar. Debe buscarse la equidad social y el bienestar ambiental. La democracia extractivista se orienta hacia una regulación técnica, no hacia la pregunta cómo queremos vivir. En este sentido, el extractivismo en nuestro país hoy solo conoce su demora, nunca su interrupción.

Una democracia debe aceptar otros sí. Las abstracciones que han actuado hasta ahora ya no sirven de opciones para pensar nuestro destino. Cuando un pueblo dice no, otros miles de sí están presentes. Es necesario que se expandan y reproduzcan esos mundos alternativos.

Una democracia debe recuperar la gran pregunta política. No hay política si el camino ya está dado, si no hay opciones.

Imaginar y buscar otra democracia, una sin extractivismos, parte de asumir que la realidad puede y debe ser de otro modo y que somos parte de ese camino.