De 1958 al siglo XXI: ¿Quién financia las universidades privadas argentinas?
(Tercer artículo de cinco sobre las universidades argentinas)
¿Qué intereses se enfrentaban realmente en el conflicto “Laica o Libre”?
En los dos primeros artículos de la serie describí la injerencia empresarial en la educación superior, a nivel internacional y local. En éste me referiré a la historia de las universidades privadas argentinas.
Si bien existieron algunos intentos desde comienzos del siglo XX, la gran ofensiva para instalar universidades privadas comenzó en 1955. El gobierno militar de la llamada Revolución Libertadora promulgó el decreto 6403, para regularizar las universidades estatales, hasta entonces las únicas que existían en nuestro país. En general, el decreto se basaba en los principios de la Reforma de 1918. Pero su artículo 28 habilitaba a “la iniciativa privada” a otorgar títulos equivalentes a los estatales. Esta novedad provocó una fuerte resistencia del movimiento estudiantil y de la mayoría de la opinión pública.
La institución que más presionó a favor de las universidades privadas fue la Iglesia Católica, invocando la “libertad de enseñanza”. Quienes defendían el monopolio estatal lo hacían bajo la tradición del “laicismo” que rechazaba la participación de la Iglesia en la educación. El conflicto “Laica o Libre” duró tres años, con declaraciones y actos callejeros multitudinarios hasta que en septiembre de 1958 el gobierno radical de Arturo Frondizi oficializó el “artículo 28” con la “ley Domingorena” y se inauguraron las primeras universidades privadas argentinas.
No sólo la mayor parte de la opinión pública rechazó el artículo 28 en defensa del laicismo. También lo hicieron brillantes intelectuales, como el rector de la UBA, Risieri Frondizi, y el historiador socialista José Luis Romero. Pero el verdadero problema de fondo tenía muy poco que ver con la religión. Era un conflicto político y económico, propio del avance del imperialismo norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial y de las modalidades culturales que impuso en todo el mundo. En el caso argentino, el papel preponderante de la Iglesia Católica disimuló esta cuestión detrás de la apariencia de un conflicto ideológico ya anacrónico entre la ciencia y el dogma.
La polémica, en lugar de “Laica o Libre” debió llamarse “Pública o Privada”, donde “público” alude a aquello que es de propiedad de todo un pueblo y está destinado al bien común, y “privado” a aquello que pertenece a un individuo o a un grupo de personas y tiene como objetivo su beneficio particular o el lucro, en este caso, la penetración empresarial en la enseñanza superior.
Las primeras universidades privadas argentinas y las empresas que las financiaron
La primera universidad privada que funcionó con la nueva legislación fue la Universidad Católica Argentina (UCA), creada por el Episcopado. En su página web se informa que:
"Para resguardar todo lo atinente a las finanzas de la Universidad, los obispos habían previsto la constitución de un Consejo de Administración, que se constituyó por primera vez en julio del año 1958, integrado por el Sr. Fernando Carlés, en calidad de Presidente, el Sr. Enrique S. Shaw como tesorero, los Dres. Rafael Pereyra Iraola, Carlos Pérez Companc, y los Ings. Francisco García Olano y Luis Arrighi como vocales" (UCA, 2021).
Algunos de estos consejeros eran miembros de las familias económicamente más poderosas de la Argentina. Los Shaw eran banqueros, terratenientes y empresarios y estaban vinculados familiarmente con los mayores propietarios y financistas rioplatenses (Castro Arrúe, 2011). Los Pereyra Iraola formaban parte de la oligarquía terrateniente. El caso de Carlos Pérez Companc, que poco después fue presidente del Consejo de Administración, merece un párrafo aparte.
Desde 1919, su familia era dueña de un establecimiento para cría de ovejas en la Patagonia. En 1946 sumó una empresa naviera para el transporte de la lana y otros productos. Y más tarde también la Petrolera Pérez Companc, configurando así uno de los mayores conglomerados empresariales argentinos, incluyendo un establecimiento forestal en Misiones y el Banco Río de la Plata (Grupo Pérez Companc, 2018). Su apoyo financiero a la UCA continuó, a través de la Fundación Pérez Companc.
“Otros benefactores importantes de la UCA fueron Carlos P. Blaquier (Ledesma); Amalia de Fortabat (Loma Negra), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) y Víctor Navajas Centeno (Las Marías, Productos Taragüí)” (del Bello, Barsky y Giménez, 2007). Dos décadas más tarde, durante la dictadura militar y mientras colaboraba con el secuestro de los activistas de su ingenio, Carlos P. Blaquier formó también parte del Consejo de Administración (Derisi, 1983).
En sus memorias, el primer rector de la UCA, monseñor Derisi, recuerda también la “gran generosidad, comprensión y bondad” de Mauricio Braun Menéndez, miembro de una familia propietaria de aproximadamente la mitad de la Patagonia argentina y del sur chileno que auspició el asesinato de nativos en Tierra del Fuego a fines del siglo XIX y luego avaló la sangrienta represión a los peones rurales de la Patagonia entre 1920 y 1922.
Estos apoyos empresariales no sólo muestran la orientación social de la UCA sino que oscurecen sus orígenes.
Apenas un año después de la promulgación de la “Ley Domingorena” se fundó una universidad privada que no dependía de ninguna institución religiosa y que por lo tanto era laica. Laica pero privada, mostrando la verdadera naturaleza del conflicto. Fue el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), creado por la Armada Argentina en 1959 para formar ingenieros y que desde sus comienzos tuvo fuertes lazos con importantes empresas.
El ITBA fue creado el 20 de noviembre de 1959, bajo la forma de una fundación (institución independiente sin fines de lucro), gobernada por un Consejo de Regencia, donde por su estatuto la mayoría de sus miembros deben ser oficiales de marina, de cualquier jerarquía, en actividad o retiro […] Actualmente el Consejo se compone de once miembros, de los cuales por lo menos seis deben ser oficiales de la Armada. Normalmente el resto son prominentes dirigentes de empresas (Rodríguez, 1999, p. 509).
El nombre del ITBA fue inspirado en el Massachussets Institute of Technology. Su autoridad máxima es el Consejo de Administración, semejante al Board of Trustees de las universidades estadounidenses, secundado por un Consejo de Benefactores (ITBA, 2018). No nos consta qué empresas fueron las benefactoras iniciales, pero en 1986 se acreditaron como donantes a directivos de Olivetti, ESSO, Indupa, Tandanor, Isaura y Philips (ITBA, 2021).
Ya se había intentado en nuestro país crear universidades a semejanza de las norteamericanas. A mediados de la década de 1940, lo propusieron el físico Ernesto Gaviola y el médico Eduardo Braun Menéndez, miembro también de la multimillonaria familia patagónica. Gaviola tomaba como modelo la Johns Hopkins Medical School. Braun Menéndez, por su parte, hizo grandes esfuerzos por atraer el apoyo de banqueros, industriales y comerciantes para financiar el proyecto:
"La creación de una universidad libre basada en institutos de investigación debe ser obra de los industriales, los ganaderos, los agricultores, los comerciantes, los viticultores, los cañeros, en una palabra, de las llamadas fuerzas vivas del país. Si estas no despiertan y comprenden que su papel consiste en crear riqueza – riqueza artística, intelectual, moral y material – verán a un estado burocrático absorber poco a poco todas las actividades que legítimamente les corresponden y terminarán por no hacer siquiera dinero, con lo cual desaparecerán como fuerza” (Braun Menéndez, 1945, citado en H. de Mendoza y Busala, 2002).
La iniciativa fue apoyada por importantes industriales, aunque el proyecto no se concretó (del Bello et al, 2007).
Otro ejemplo significativo entre las primeras universidades privadas argentinas es la Universidad Católica de Salta.
"Su creación (en 1963) es producto del trabajo incansable de dos visionarios: Su Excelencia Reverendísima, el primer Arzobispo de Salta Monseñor Roberto José Tavella, S.S., y el Dr. Robustiano Patrón Costas, hombre de destacadísima trayectoria en la función política y empresarial, y en ésta, fundador del Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal. A través de su empresa, el Dr. Robustiano Patrón Costas aportó el capital necesario, contribuyendo con ciento cincuenta millones de pesos, destinados íntegramente a la creación de esta Casa de Estudios" (Universidad Católica de Salta, 2021).
Robustiano Patrón Costas fue un poderoso político, terrateniente e industrial salteño, dueño de enormes extensiones de tierra en las que se produjo durante muchos años una parte importante del azúcar comercializado en la Argentina y fue acusado de explotar cruelmente a los obreros de su ingenio.
Ese mismo año la Universidad Argentina de la Empresa se inauguró dictando cursos para altos ejecutivos:
"Se comenzaron a dictar en 1963 las primeras Licenciaturas en áreas de especial interés empresarial: "Comercialización", "Costos", "Finanzas y Organización de Empresas", "Organización de la Producción" y "Relaciones Industriales", a las que en 1964 se incorporaron otras, como "Estadística Aplicada a la Empresa", "Investigación de Mercados", "Relaciones Públicas", "Técnicas de Gerencia" e "Ingeniería de la Producción y en Organización de la Construcción"” (UADE, 2021).
Algunos años más tarde…
Inicialmente, los títulos otorgados por universidades privadas debían ser homologados por el Estado. Pero “los exámenes carecieron de publicidad, racionalidad y técnica pedagógica adecuadas, de tal manera que los requerimientos legales resultaron, en la práctica, letra muerta” (Mignone, 1998, p.42).
En 1967, durante la dictadura del Gral. Onganía, se dictó la ley 17.604, que amplió las atribuciones de los establecimientos privados:
"Se autorizó un sistema de autorización que […] permitió que a los quince años de su creación […] estuvieran en condiciones de otorgar no solamente títulos académicos sino también la habilitación profesional, sin ningún tipo de contralor estatal" (Mignone, 1998, p. 48/49).
Durante la sangrienta dictadura de 1976 a 1983 se crearon muy pocas universidades nuevas, Pero una de ellas, la Austral, auspiciada por la prelatura católica del Opus Dei, adquirió una importancia estratégica para el alto empresariado argentino y multinacional. Comenzó en 1977 con el nombre de Asociación Civil de Estudios Superiores (ACES).
"El 18 de julio de 1978, ACES inició su primera actividad académica. Se trató de un curso dirigido a la alta dirección de empresas […] A fines de 1978 se firmó un acta constituyendo el IAE (Instituto de Altos Estudios Empresariales) bajo la personaría jurídica de ACES. En su libro dedicado a los inicios del IAE Business School, el Profesor Gómez afirma: “La Universidad Austral fue primero solamente IAE” (Universidad Austral, 2021).
El IAE define así su orientación: “Diversidad y profundidad en la investigación, tareas directivas en empresas de Argentina, de la región y del mundo y asesoramiento a compañías, son los factores que inciden de manera directa en las clases que imparten nuestros profesores” (IAE, 2021).
Su Consejo Asesor Académico está formado por seis profesores de Harvard Business School (Boston - USA) y del IESE Business School (Barcelona - España). Además existe el “Board de Asesoramiento Internacional: Integrado por CEOs regionales de empresas multinacionales y multilatinas (sic) que se reúnen una vez al año con el Consejo de Dirección del IAE” (IAE, 2021b).
La Fundación Pérez Companc donó entre 50 y 80 millones de pesos, que entonces equivalían a dólares, para el campus universitario en la localidad de Pilar, donde se instaló el IAE en 1998. Luego se agregaron la Facultad de Ciencias Biomédicas y, en 2000, el Hospital Austral.
Además de los aportes de la familia Pérez Companc, se sumaron los de los bancos Santander, Galicia, Itaú y Citibank y las empresas Pan American Energy, Techint, John Deere, Unilever, Accenture y Laboratorios Bagó (Universidad Austral, 2021b).
La afirmación de que estas empresas colaboran con sus donaciones para el progreso de la ciencia y de la cultura en beneficio de la sociedad no es sostenible. La fortuna acumulada por los “benefactores” es de dimensiones tales que sus donaciones apenas afectan su patrimonio. Por ejemplo, la familia Pérez Companc desde hace más de 25 años que está incluida en la lista Forbes (2021) de los mayores multimillonarios argentinos, con un patrimonio actual de 2.400 millones de dólares, la cuarta mayor fortuna en nuestro país. Además, su supuesta “generosidad” está muy selectivamente dirigida y convenientemente compensada. Cursar la Maestría virtual en Administración de Negocios (MBA) en el IAE tiene actualmente un arancel de U$S 23.500 (Infonegocios, 2022), una cifra inaccesible para el común de los argentinos, aunque bastante inferior a los 73.700 euros que cobra el IESE español (El Cronista, 2021), perteneciente a la Universidad de Navarra, cuyos representantes asesoran al IAE. En ambos casos evidentemente se apoyan los negocios de los conglomerados empresariales más poderosos.
El Banco Mundial y la Ley de Educación Superior de 1995
En 1994, durante el gobierno peronista de Carlos Menem, el Banco Mundial (BM) envío al país una misión para supervisar la marcha del Proyecto de Reforma de la Educación Superior, elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, a cargo de Juan Carlos del Bello. El BM estableció las condiciones para el otorgamiento de un préstamo por 165 millones de dólares para financiarlo, a partir de los criterios fijados en documentos internos de esta institución financiera supranacional (World Bank, 1995).
Todos los requisitos del BM fueron cumplidos por el gobierno argentino en la Ley de Educación Superior aprobada en julio de 1995 (LES, 1995). Una de las condiciones del BM era que fuera “creada y mantenida la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) […] con un director ejecutivo permanente […] aceptable para el Banco” (World Bank, 1995b). En la CONEAU, los representantes de las universidades privadas participan de la evaluación y acreditación de todo el sistema de educación superior, incluyendo las universidades públicas.
La LES establece que las instituciones educativas públicas y privadas tienen la misma categoría legal y que todas “integran el Sistema Universitario Nacional” (LES, 1995). La autonomía, su alcance y sus garantías se aplica en un pie de igualdad a las “instituciones universitarias”, sin establecer diferencias entre las públicas y las privadas sobre estatutos, régimen laboral docente, creación de carreras, formulación de planes de estudio, otorgamiento de títulos y “servicios a la comunidad”.
Por otro lado, se crea un organismo de coordinación, el Consejo de Universidades, integrado en forma paritaria por representantes de ambos sectores. La LES también admite la posibilidad de que las universidades públicas obtengan “fondos propios” a partir de contratos con empresas.
El siglo XXI
La LES reforzó el estímulo al sector privado y alentó la semiprivatización del público. No solo tuvo vigencia durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem sino, salvo modificaciones puntuales, también durante todos los gobiernos que lo siguieron, hasta el presente. La propia continuidad de los políticos y los funcionarios que la impulsaron muestra que se trató de una política de estado común a todos ellos. Cuando Juan Carlos del Bello redactó la ley en 1995, era secretario de Políticas Educativas de Argentina. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde fue director del INDEC y durante la presidencia de Néstor Kirchner fue asesor del secretario de Ciencia y Tecnología. Durante el primer mandato de Cristina Fernández el ministro de Educación lo designó rector organizador de la Universidad Nacional de Río Negro. Luego se dedicó a la docencia y a la conducción de dicha universidad, en la que introdujo la participación empresarial en sus órganos de gobierno (del Bello, 2021).
El apoyo dado a las universidades privadas por parte del gobierno de Mauricio Macri no requiere comentarios; pero sí conviene mencionar que Carlos Menem, durante cuyo mandato se aprobó la LES, fue hasta su muerte senador nacional e integró el bloque del Frente de Todos.
Después de 2019
En varias ocasiones, el actual presidente Alberto Fernández anunció que se impulsaría una nueva ley universitaria. Dio pocos indicios sobre en qué consistirían los cambios, pero la reducción del presupuesto educativo resuelto en 2022, los crecientes vínculos de las universidades públicas con bancos y grandes empresas y el acercamiento de las autoridades nacionales a las universidades privadas dan cuenta de que la tendencia no apunta hacia una mayor presencia estatal en el sistema educativo.
En 2019 las terminales automotrices agrupadas en ADEFA (Fiat Chrysler, Ford, General Motors, Honda, Iveco, Mercedes Benz, Nissan, Peugeot Citroën, Renault, Scania, Toyota y Volkswagen), las concesionarias, las empresas autopartistas y la dirección del sindicato SMATA, con el asesoramiento del IAE de la Universidad Austral, elaboraron un proyecto de “Acuerdo social y productivo para el sector automotor argentino” para “incrementar la productividad del sector”. En diciembre de 2019, pocos días después de asumir como presidente, Alberto Fernández participó del acto de lanzamiento, y dijo que
"Saben todos que soy un defensor de la educación pública y de la universidad pública. Y soy un promotor de la universidad pública. Pero celebro que en este trabajo la Universidad Austral haya trabajado junto a los empresarios y a llevar adelante este plan. Todo lo que yo promuevo de la universidad pública no es en desmedro de la universidad privada. La universidad privada deber ser también parte de este plan, de este proyecto y ayudar, como ha ayudado acá en este caso a desarrollar un programa estratégico para los próximos años. Con lo cual, celebro que la Universidad Austral haya trabajado en esto. Y vamos a seguir trabajando juntos” (CRUP, 2019).
Buenos Aires, 4 de octubre de 2022
Referencias bibliográficas
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