Cuba: ¿socialismo de mercado o planificación socialista?

Introducción

La sociedad cubana mantenía una estructura económica, política, y social que buscaba avanzar y desarrollar la producción y la apropiación con un carácter cada vez más social[1] tratando de apuntar a un grado de desarrollo de la sociedad en el cual cada uno contribuiría de acuerdo con su capacidad y recibiría de acuerdo con sus necesidades.[2] La grave crisis del período 1989-1993 exigió profundas transformaciones económicas, pese a lo cual Cuba intenta mantener el principio distributivo socialista "de cada uno según su capacidad, para cada uno según su trabajo"[3] de la fase de transición al comunismo. La propuesta de "resistir y superar la crisis al menor costo social posible"[4] llevó la crisis a un escenario de intercambios protegidos por el racionamiento, en el cual las ventas son realizadas a través de las libretas.[5]

Las reformas cubanas surgen de la crisis que acompañó a la caída de la Unión Soviética y a la ruptura de los vínculos de Cuba con el Consejo de Ayuda Económica Mutua (CAME), a través del cual mantenía la mayor parte del intercambio económico, financiero y científico-técnico. Las reformas se iniciaron[6] con el IV congreso del Partido Comunista Cubano, en 1991, donde

Fueron establecidas varias cosas: reabrir el mercado interno -agropecuario, industrial, artesanal en moneda nacional y mercancías importadas y de fabricación nacional en moneda extranjera-; abrir la economía nacional al capital, al dinero mundial y a las mercancías; permitir la asociación económica del Estado con el capital extranjero; impulsar el autofinanciamiento de las empresas en divisas convertibles y permitir a las empresas estatales exportar e importar directamente; descentralizar el sistema bancario nacional, entre otras reformas.[7]

La apertura de la economía cubana en los años noventa ocurrió en un período de profunda crisis y el gran dilema para su aprobación e implementación estaba centrado en la contradicción entre el mercado y la planificación central. Veremos que la ideología que identificaba mercado con capitalismo y planificación con socialismo, terminó siendo superada y se desarrolló la concepción de la "economía socialista de mercado". Discutiremos con más detalle esa contradicción a lo largo de este artículo.

Después de la victoria de la revolución en enero de 1959, las contradicciones internas y las presiones del imperialismo norteamericano condujeron a la sociedad cubana en dirección al Bloque socialista y al desarrollo de una economía centralmente planificada. Es posible identificar cuatro puntos centrales como objetivos generales del modelo económico y social de la economía socialista cubana: a) propiedad estatal casi absoluta de los medios de producción; b) conservación en lo fundamental de la planificación económica, lo que redunda en el hecho de que los planes productivos son fijados con predominio de relaciones verticales, y donde los instrumentos económicos y mecanismos financieros desempeñan un papel pasivo frente a la planificación; c) garantía de empleo, salud, educación y previsión social con igual oportunidad de acceso para toda la población, siendo el otorgamiento de esos servicios gratuito, y d) meta de un cierto grado de equidad y homogeneidad en la sociedad.[8] Este último punto trajo consigo varias otras metas relacionadas: distribución racionada de los bienes de consumo; aproximación de las condiciones de vida entre la ciudad y el campo; condiciones de incorporación de la mujer en la vida económica activa; humanización de los llamados trabajos "duros"; y, minimización de las diferencias saláriales.

Los cuatro objetivos generales son traducidos, en términos de empleo y salarios, en las siguientes metas: a) pleno empleo garantizado por vía estatal como meta básica; b) satisfacción de la demanda por fuerza de trabajo de la economía por tipo de actividad y territorio, velando por la eficiencia mediante la planificación; c) seguridad en el trabajo (protección e higiene, descanso, disposiciones generales sobre previsión social y protección contra arbitrariedades en el acto de despedir); d) sistema salarial centralizado y uniforme, a fin de definir escalas y tarifas únicas (con atención a la complejidad del trabajo y la calificación requerida) y no permitir grandes desigualdades saláriales; e) coordinación por la planificación de la formación de la fuerza de trabajo y la garantía de su inserción (absorción) automática en empleos de acuerdo con la especialidad de quienes ingresan a la fuerza de trabajo; y f) obtención de comportamientos laborales que atiendan a la disciplina y eficiencia.

Esas características que definían el proyecto socialista cubano fueron modificadas con las reformas iniciadas en 1991, permitiendo la expansión de las relaciones mercantiles y la descentralización de la planificación. En primer lugar, se modificó constitucionalmente el concepto de propiedad y la definición de planificación centralizada. En segundo lugar, un acelerado proceso de desestatización de las tierras que fueron transformadas en cooperativas. En tercer lugar, la despenalización de la posesión y uso de divisas extranjeras, la liberalización del trabajo por cuenta propia y la autorización para el funcionamiento de varios mercados privados de productos agropecuarios, industriales y de artesanado.

Este artículo se concentra en las reformas implementadas y sus consecuencias sobre la economía y la sociedad cubana. En primer lugar, describimos la crisis por la cual pasó en el período entre 1989 y 1993; enseguida, investigamos las causas de la crisis y los principales factores de su profundización. Posteriormente, presentamos y discutimos los principales elementos de la reforma económica y sus impactos sobre la estructura productiva cubana; y finalmente, hacemos una evaluación sobre las perspectivas que visualizamos para la economía cubana.

La crisis de la economía cubana 1989-1993

Es importante resaltar que en el quinquenio 1981-1985 ya habían sido realizadas reformas de mercado[9] en el sentido de introducir mecanismos mercantiles en la gestión empresarial, cierta descentralización en las decisiones, y la reintroducción del mercado en la distribución de bienes de consumo. Esas reformas implicaron, en el terreno de la política comercial, una estrategia de substitución de importaciones y del apoyo a las exportaciones tradicionales (azúcar y níquel) y el desarrollo de otras (cítricos). En lo que se refiere a la política de empleos, ellas implicaron la descentralización territorial, el aparecimiento de un sistema de contratación directa de la fuerza de trabajo (sin la intermediación estatal),[10] y la revitalización del trabajo por cuenta propia. Esta última implicaba intentar resolver el problema del aumento de la oferta de fuerza de trabajo que se avecinaba.[11]

En el quinquenio 1986-1990 ocurrió un relativo retroceso en las reformas, en la medida en que "se eliminó el mercado libre campesino... y se restringió la actividad por cuenta propia" pero al mismo tiempo, "se le dio énfasis al desarrollo del turismo y la biotecnología, buscando incrementar la entrada de divisas; fue abierto el turismo también para el capital extranjero".[12] En 1990, la ocupación estatal alcanza 95 por ciento del total de empleos ofrecidos.

La economía cubana presenta tasas positivas de crecimiento desde el inicio de los años setenta hasta la mitad de los años ochenta. Así, con excepción de 1980 en que el crecimiento fue negativo (-0,5 por ciento), las tasas siempre fueron positivas variando de 3,3 por ciento en 1976 a 16,0 por ciento en 1981. En 1986, la industria era responsable del 45 por ciento de la producción, el sector agropecuario del 14 por ciento, el comercio 24 por ciento, la construcción 9 por ciento, transportes 7 por ciento, comunicación y los otros sectores un 1 por ciento. En aquel año, el producto social global nacional (PSG) era de 27.390 millones de pesos a precios de 1981.[13] El PSG comienza a caer en los dos años siguientes y tiene una pequeña recuperación en 1989, cuando alcanza un monto de 27.208 millones de pesos, 0,7 por ciento menor de lo que era en 1986.

Cuadro 1 - Tasas de crecimiento promedio por año (en porcentaje)

Indicador/Período	1981-1985	1986-1990	1989-1993	1993-1996
PIB	8,2	-0,2	-12,4	3,5
Ocupación	3,6	2,2	-0,4	-1,9
Productividad a)	4,5	-2,4	-12,0	5,7
Remuneraciones medias	4,3	-0,8	-0,9	3,4
Liquidez acumulada b)	8,2	7,7	30,3	-5,7

a) se refiere a la producción por la fuerza de trabajo empleada.

b) se refiere a la liquidez monetaria acumulada en manos de la población.

Fuente: Muruaga (1998: 29, 33, 40 y 47).

El cuadro 1 permite observar el impacto de la crisis en el período 1989-1993. La tasa media anual de crecimiento del PIB fue de -12,4 por ciento y la productividad cayó 12,0 por ciento, pero la política dirigida a la protección del empleo y de la productividad evitó una cesantía en masa con la ocupación cayendo en apenas 0,4 por ciento al año, y las remuneraciones medias, apenas 0,9 por ciento al año. La consecuencia fue una enorme tasa de crecimiento de la liquidez (30,3 por ciento en promedio al año) que no se transformó en un acelerado proceso inflacionario solamente debido al control de precios y de los mercados.

A partir de 1989 los datos son presentados bajo otra metodología, pero continúan indicando una continua caída del PIB cubano, de 19.586 millones de pesos a 16.976 millones de pesos, en 1991, y a 12.777 millones de pesos, en 1993. Así, el producto interno bruto, medido a precios constantes de 1981, disminuyó 35,0 por ciento, entre 1989 y 1993, y el PIB por habitante disminuyó 37,0 por ciento (ver anexo I).

Los impactos de la crisis sobre las condiciones de vida de la población cubana fueron extremadamente graves. A pesar de las medidas tomadas previendo minimizar ese impacto, "el consumo en 1993, presentó una caída de cerca de 30 por ciento en relación a 1989".[14] El consumo de alimentos por habitante acompaña esa caída (ver anexo II).

Debemos destacar que el impacto de la caída de la producción y la violenta contracción en el comercio exterior no produjeron una situación catastrófica mayor, en términos de las condiciones de vida de la población, debido a la política social desarrollada en Cuba. Cualquier otro país del continente que hubiese pasado por una crisis semejante tendría sus indicadores extremadamente agravados, lo que no aconteció en Cuba.

La caída de la producción agravó las condiciones de creación de empleos. "Por ejemplo, el ritmo de crecimiento del empleo en el quinquenio 1981-1985 fue de 3,6 por ciento promedio por año, reduciéndose a 2,2 por ciento en 1986-1990 y a 0,4 por ciento en 1991-1993".[15] Paralelamente, se expandió la economía subterránea o ilegal y el subempleo. Se estima que el número de trabajadores subempleados, en 1993, podría haber llegado a un millón de personas.[16] La situación no fue peor sólo debido a la política de mantenimiento del empleo y de los salarios resultante del principio de "superar la crisis al menor costo social posible".

La consecuencia de las medidas sobre el empleo y las remuneraciones fue una caída violenta de la productividad y un aumento de la liquidez en la economía. El mantenimiento de los empleos y los salarios en tanto caía la producción, hizo que la productividad cayese en 30,9 por ciento, con relación a 1989, y la liquidez, entendida como el total de medios circulante, creciese 165,3 por ciento en el mismo período. Ese exceso de moneda presionó los precios y no llegó a estallar en una hiperinflación debido, solamente, al fuerte control de precios y a los subsidios concedidos por el sistema de racionamiento de las libretas.

Las causas de la crisis

La economía cubana venía desacelerando su crecimiento desde la segunda mitad de los años ochenta,[17] ese desempeño fue agravado por la crisis de la deuda externa que también afectó al conjunto de las economías socialistas. En tanto, la aceleración de la crisis en el período 1989-1993 fue resultante, a nuestro entender, de dos factores fundamentales y complementarios. El primero, fue la caída de la Unión Soviética, y el segundo, el recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra Cuba.[18]

El bloqueo económico contra Cuba oficialmente iniciado en abril de 1961 la obligó a volcar sus actividades de intercambio hacia el bloque socialista (ver anexo III). En 1960, "81 por ciento de las importaciones procedían de las economías capitalistas, en 1968, procedían solamente 21 por ciento; en el caso de las exportaciones, en 1960, 75 por ciento eran dirigidas a las economías capitalistas y, en 1968, solamente 26 por ciento".[19] En 1964, Cuba comienza a participar como observador en el CAME, del cual pasa a ser parte definitivamente a contar de 1972.

Las relaciones de Cuba con el Consejo de Ayuda Económica Mutua eran un mecanismo de integración que contemplaba un sistema de precios, créditos, alguna producción complementaria y determinados compromisos con un alto grado de seguridad que permitían, a partir de esto, una proyección estable de la economía. [20]

Así, en 1989, el 79,9 por ciento de las exportaciones se dirigen al bloque socialista y un 20,1 por ciento a las economías capitalistas. Por el lado de las importaciones, el 85,3 por ciento provenían del bloque socialista y apenas un 14,7 por ciento de las economías capitalistas. De esa manera, la dependencia económica que Cuba tenía con relación a la economía norteamericana antes de la revolución es transferida hacia los países socialistas.

En verdad, esa concentración de dependencia no fue exclusivamente una opción de Cuba; ella resultó, en mayor medida, de las actitudes norteamericanas tomadas desde los primeros meses de la revolución. Esa concentración no se limitaba al comercio de bienes. De ella también dependía el financiamiento externo, la tecnología importada, el abastecimiento de petróleo y, sobre todo, el mercado preferencial para las exportaciones de azúcar. Como se sabe, el 83 por ciento de las exportaciones cubanas se dirigían al CAME (70 por ciento a la URSS y 13 por ciento al Europa Oriental), cerca de 6 por ciento al continente americano (excluidos los Estados Unidos) y poco más de 8 por ciento a Europa Occidental.[21]

La magnitud de esa dependencia económica también puede ser cuantificada por el volumen del comercio exterior, según los principales productos. Las exportaciones de azúcar a los países socialistas correspondían al 63 por ciento del total, en 1987; el níquel 73 por ciento; los cítricos 95 por ciento, y 100 por ciento de las piezas y componentes electrónicos. Por el lado de las importaciones, Cuba dependía en un 63 por ciento de las importaciones de alimentos; un 86 por ciento de las materias primas, un 98 por ciento de los combustibles; un 80 por ciento de las máquinas y equipamientos, y un 74 por ciento de los productos manufacturados.[22]

La caída de la Unión Soviética y la disolución del CAME fue catastrófica para el comercio exterior cubano. Como vimos, las exportaciones cayeron en 77 por ciento y las importaciones 75 por ciento, entre 1989 y 1993. Se instaló, entonces, un período depresivo en el cual la necesidad de dólares para la adquisición de maquinaria y equipos, alimentos, combustibles y materias primas, anteriormente abastecidas por el CAME, se tornó crucial para evitar el caos en la sociedad cubana. Además, esos productos ahora tenían que ser adquiridos a los precios del mercado internacional, bajo la presión de los Estados Unidos que aprovechó para intensificar el bloqueo con vistas a quebrar definitivamente el régimen cubano. Con la crisis del bloque socialista y la disolución de la Unión Soviética, Cuba perdió el acceso al financiamiento externo y no tenía crédito de parte de los organismos internacionales.

Como ya dijimos, el bloqueo norteamericano contra la sociedad cubana comienza luego de la victoria de la revolución, en 1960. Después de la caída de la Unión Soviética y de la disolución del CAME, los Estados Unidos recrudecen su campaña contra Cuba. Entre otras medidas,[23] aprueban en 1992, la ley Torricelli y, en 1996 la ley Helms-Burton (1996) (ver anexo IV).

El programa de recuperación del "período especial"

La fuerte crisis que se estableció en la economía cubana obligó al país a tomar medidas de emergencia que se tradujeron en la apertura de la economía a las relaciones monetario-mercantiles. Esa apertura se manifestó tanto en una mayor participación del mercado en las operaciones económicas internas, como en una profundización en el grado de apertura externa de la economía cubana. Dos fueron los principios básicos establecidos en esas medidas: dar mayor libertad para que los administradores adquirieran los bienes que sean necesarios en el proceso en cuestión, y relacionar los ingresos de cada trabajador y de todo el colectivo, en concordancia con los ingresos generados por el establecimiento en cuestión (Vilariño, 1997: 119).[24]

El IV congreso del Partido Comunista Cubano (PCC), realizado en 1991, estableció y acordó las formas en que se darían la reforma y la apertura. Dentro de las resoluciones de ese Congreso, algunas permiten deducir la utilización de elementos monetario-mercantiles para el funcionamiento futuro de la economía planificada: a) impulso a la inversión extranjera directa, en asociación económica con el Estado, y el autofinanciamiento de empresas seleccionadas; b) impulso a las exportaciones tradicionales y nuevas que generen divisas en el corto plazo; c) dar la posibilidad a las empresas estatales de exportar e importar con cierto grado de autonomía; d) regulación y ampliación de la producción y prestación de servicios para el trabajo por cuenta propia en un espacio económico-mercantil; y e) adopción de nuevas formas de organización y gestión económica, como la autogestión.[25]

A partir de aquel momento, el gobierno cubano implementó medidas que reforzaran el carácter de las resoluciones del IV congreso del PCC. Las medidas tomadas en julio de 1993 representaron: a) la autorización para recibir remesas de divisas provenientes del exterior; b) aumento de los viajes para visitas familiares de cubanos residentes en el exterior; c) despenalización de la posesión de divisas; y d) creación de locales para la venta de bienes en divisas. En el segundo semestre de ese mismo año fueron tomadas aun otras medidas, con el objeto de estimular la producción interna, resolver el déficit fiscal, reducir la base monetaria y aumentar el grado de apertura externa.

Específicamente, en septiembre de 1993, con el objetivo de aumentar la oferta de bienes y servicios para la población y aumentar el ingreso familiar por la vía del trabajo, fueron incentivadas las actividades por cuenta propia. Además de eso, en 1994, fueron creadas las unidades básicas de producción cooperativa (UBPC) en las actividades agrícolas, con el propósito de elevar la eficiencia en la agricultura.[26] Las UBPC se transforman en únicas dentro de la estructura de producción agropecuaria porque todos sus miembros son propietarios de los medios de producción, disponen de un área para autoconsumo colectivo, se apropian libremente de todo el excedente y poseen un sistema de autogestión, aunque continúan regidos por el plan estatal de producción. Aun en lo que se refiere al mercado interno, fue promovida la apertura de los mercados agropecuarios y de bienes industriales y artesanales, permitiendo la venta a precios liberados, después de cumplidos los compromisos de venta al Estado.

Las medidas financieras tuvieron el objetivo de promover el saneamiento de las finanzas internas. Para ello, fueron mejorados los precios y tarifas de productos y servicios seleccionados, al mismo tiempo en que fueron eliminadas algunas gratuidades seleccionadas. La reforma fiscal emprendida significó una reducción de los subsidios fiscales a las empresas, reducción de gastos públicos y aumento de la tributación del sector empresarial. El resultado es que, de un déficit en 1993 que totalizó 5 billones de pesos, se pasó a un déficit de 500 millones en 1996.

En 1997, fue creado el Banco Central Cubano, al mismo tiempo en que se promovía la descentralización de bancos e instituciones financieras no bancarias. El Banco Central fue creado justamente para mantener bajo drástica regulación las actividades de los bancos y de las instituciones financieras.

En lo que se refiere específicamente a la apertura externa, el punto de partida fue el rescate del decreto-ley Nº 50 de 1982, que perseguía atraer la presencia del capital extranjero. Ese decreto no consiguió su objetivo a causa, en gran parte, del bloqueo al que la sociedad cubana fue sometida, bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Con la intención de profundizar el espíritu de esa ley, y conseguir atraer inversión externa de países capitalistas, fue aprobada el 5 de septiembre de 1995 la ley Nº 77. Las novedades de esta última pueden ser resumidas así: a) permite empresas de capital totalmente extranjero; b) no existe límite para la participación extranjera en empresas mixtas; c) fueron establecidas zonas francas y parques industriales, como espacios económicos de régimen especial; y d) viabilidad de inversiones y propiedad privada en bienes inmuebles para residentes no permanentes (principalmente para turismo).

El período especial fue la época de elaboración e implementación de un conjunto de medidas que transformaron las estructuras jurídica y política de la sociedad, y que condujeron a la reforma y la apertura de la economía cubana. No pretendemos discutir toda la reforma,[27] sino apenas las medidas tomadas, visualizando la recuperación del nivel interno de producción y la capacidad de importación, destruidos con el derrumbe soviético y con la ampliación del bloqueo; eso en un contexto internacional de globalización y avance de las políticas neoliberales.

Consecuencias y transformaciones en la economía cubana

Las reformas mercantiles y la apertura externa, formas de manifestación del programa de recuperación económica, provocaron grandes alteraciones en la estructura productiva y en las relaciones de producción del país. Internamente,

el proceso de apertura externa llevó implícita la modificación de las bases del sistema de planificación centralizado, al propiciar la creación de un sector emergente constituido por empresas mercantiles, esquemas de autofinanciamiento y representación de firmas extranjeras. Ese sector opera en divisas, se autofinancia con relativa independencia con respecto a la planificación centralizada y se organiza sobre bases legales e institucionales propias.[28]

La consecuencia de esto es que se produce una dualidad en la economía cubana, definida por la coexistencia entre un sector emergente, relativamente independiente de la planificación centralizada, con un sector estatal tradicional.

Al mismo tiempo, se desarrolla la llamada economía sumergida, entendida como el espacio económico de las transacciones de bienes y servicios no autorizado de forma oficial, de carácter legal o ilegal que surgió por las insuficiencias de la oferta estatal y se expandió y consolidó por la emisión monetaria sin contrapartida mercantil.[29]

Esto significa que la dualidad de sectores (estatal/no estatal) trae consigo la emergencia de un sector económico paralelo, sin el control o la regulación estatal proporcionada por la planificación, o sea, se crea un espacio para el desarrollo de un considerable mercado "negro" dentro de la economía cubana. Solo para que se tenga idea de la proporción entre estos dos sectores, en el período 1989-1993, el valor de las transacciones en el mercado negro es prácticamente igual al valor de las transacciones oficiales, pero con precios mucho mayores y, por tanto, con cantidades intercambiadas bastantes menores. La evolución de los precios en el mercado negro puede ser apreciada por el hecho de que el precio en este sector en 1993 era igual a 40 veces el precio observado cuatro años antes.

En términos sociales, esa dualidad acabó redundando en una profundización de la estratificación social. Esta última se define a partir de la gradual diferenciación de los ingresos, que es generada por razones de exclusión al acceso a los mercados de divisas y del turismo, y por la diferencia en los aportes que los diversos productores realizan en la esfera laboral.[30]

Las inversiones extranjeras

El 12 de julio de 1992 fue aprobada la ley de reforma constitucional que alteraba la disposición que prohibía la propiedad privada.

La antigua frase "la propiedad socialista se ejerce sobre los medios de producción" fue alterada, adjetivada, por "medios fundamentales de producción". Por otro lado, al disciplinar el sistema de planificación, substituyó la expresión "Plan Único de Desarrollo Económico", por "Un plan que garantice el desarrollo programado del país".[31]

Esa transformación constitucional asociada a la recuperación del decreto-ley Nº 50 que abría la economía al inversionista extranjero, posteriormente substituido por la ley Nº 77 del 6 de septiembre de 1995, permitió un elevado volumen de ingreso de capitales extranjeros. A pesar de ser regulada por el decreto-ley Nº 50, de 1982, la primera asociación con el capital extranjero es realizada en 1988; su impulso se inicia en 1991 y se acelera aún más en 1993 y 1994. Actualmente existen 391 asociaciones entre empresas extranjeras y cubanas y tres zonas francas en operación (ver anexo V).

La ley de inversión extranjera permite la libre remesa de utilidades líquidas o dividendos resultantes de esas inversiones y la libre repatriación del capital, según los casos previstos en los artículos 3, 4 y 6 de la ley.

El doble sistema monetario

El ingreso de divisas a través de las inversiones extranjeras directas no era suficiente para ampliar la capacidad de importación o cubrir los déficit en cuenta corriente, generados a partir de las necesidades de importar. A partir de 1993,[32] fueron permitidas la posesión y la libre utilización de divisas convertibles, que estaban prohibidas anteriormente. Fueron liberados, también, los ingresos de dólares del exterior a través de las transferencias corrientes, principalmente los envíos de dólares de cubanos residentes en el exterior. A partir de ahí, e impulsado por otras medidas,[33] el mercado interno se segmentó en varios mercados y aceleró un proceso significativo de diferenciación social.

En 1994, fue creada otra moneda, el peso convertible con una tasa de cambio fijo de un peso por dólar, para el público y de 0,74 centavos de peso por dólar, para el comercio exterior. Esa moneda es utilizada en las

transacciones comerciales que se realizan en los establecimientos autorizados para la venta de productos y prestaciones en moneda libremente convertible y para el pago que deben realizar las entidades autorizadas por el gobierno para aplicar el sistema de estímulo en especie[34] en moneda libremente convertible a sus trabajadores. [35]

Así, el dólar, el peso convertible y el peso cubano, circulan simultáneamente en el mercado cubano, desde 1994. La tasa de cambio, en el mercado paralelo, que era de 7,00 pesos por dólar, en 1990, llegó a 130,00 pesos por dólar en julio de 1994, comenzando a caer a partir de ahí. Bajó a 60,00 pesos en diciembre de 1994, 27,00 pesos en diciembre de 1996 y se mantuvo en 22,00 pesos por dólar durante todo el año de 1997. Esa tasa está en 21,00 pesos por dólar, actualmente.[36]

El peso cubano, no convertible, es la moneda nacional utilizada por la mayoría de la población. Los salarios y los precios subsidiados de los productos racionados son establecidos en esa moneda. Ella es aceptada, también, en los mercados privados, principalmente de productos agropecuarios, permitidos después de 1993[37] y que permiten al grupo de mayores ingresos complementar o ampliar el consumo, además de los límites establecidos por las libretas. El peso convertible y el dólar son utilizados en los mercados de productos importados y más sofisticados, las tiendas de venta en dólares, creadas por el Estado para captar los dólares que ingresan en el país vía remesas o a través de los turistas.

Paralelamente a ese proceso, fueron estimuladas las actividades privadas de producción a través de la desestatización de las tierras y de la autorización para el trabajo por cuenta propia. Ese doble movimiento de cambio monetario y de expansión de los mercados privados creó elementos extremamente fuertes de diferenciación social y de presiones contrarrevolucionarias.

Lara expresa esa preocupación en los siguientes términos:

Con la legalización del uso y de la posesión de divisas, la ampliación de la actividad privada y la presencia del mercado negro, están presentes en la sociedad fuentes muy fuertes de diferenciación económica, las cuales unen a aquellos que obtienen sus ingresos de la vinculación con el llamado "sector emergente de la economía". De hecho, actualmente en Cuba ha habido una tendencia a la heterogeneización de la estructura social, con la aparición o el desarrollo de las clases y grupos sociales que en su dinámica pueden ser reservas de la contrarrevolución.

Existen determinados grupos sociales: trabajadores por cuenta propia, e inclusive elementos vinculados a los llamados sectores emergentes, sectores vinculados al delito (prostitución, mercado negro) que pueden asociar su proyecto de vida a la no-existencia del socialismo y de hecho, concentran una acumulación de dinero que los impulsa a tratar de convertirlo en acumulación capitalista.[38]

Así, con la despenalización de la posesión y del uso de dólares, la introducción del peso convertible y la expansión de los mercados privados y del trabajo por cuenta propia, la economía cubana reinstala en plenitud el dinero con todas sus funciones, inclusive la posibilidad de ser convertido en capital, en el centro del sistema. Además de eso, la reintroducción del mercado con su segmentación y diferenciación de precios, como estímulo a la producción, puede llevarlo nuevamente a determinar la distribución y la asignación de los recursos productivos. El gobierno cubano tiene conciencia de los problemas que surgen de esa triple circulación monetaria y pretende suprimir la circulación de dólares.[39]

Perspectivas de la sociedad cubana

Las perspectivas de la sociedad cubana deben ser analizadas no sólo por el éxito en el enfrentamiento de la crisis en el inicio de los años noventa, sino también, y principalmente, por las alteraciones en las relaciones de producción y de propiedad que las medidas implementadas trajeron en un horizonte de más largo plazo.

El éxito en el enfrentamiento de la crisis puede ser visto en la recuperación del crecimiento de la economía, que en el 2000 presentó una tasa positiva de 5,6 por ciento, en el incremento de la productividad de la fuerza de trabajo que, en el mismo año, fue de 4,6 por ciento, en la recuperación de las relaciones comerciales con el resto del mundo, considerando que el año pasado las importaciones crecieron 14 por ciento y las exportaciones 12 por ciento, frente al año anterior, y todo eso manteniendo una tasa de desempleo de apenas 5,5 por ciento.

Otro factor que diferencia a la sociedad cubana de las sociedades capitalistas es el direccionamiento social de sus gastos. El cuadro 2 muestra que, a pesar de las difíciles condiciones por las cuales está pasando Cuba, los gastos sociales representan la mayor parte del presupuesto público y los gastos de administración una parte muy pequeña. En la enseñanza primaria, en 1999, existían 12,8 alumnos por profesor; en la enseñanza media, 12,1 alumnos por profesor; y 5 alumnos por profesor, en la enseñanza superior. En 1999, la relación entre el número de habitantes por médico era de 172, y 98,3 por ciento de la población era atendida por los médicos de familia. La tasa de mortalidad general era de 7,1 por mil habitantes, la mortalidad de niños menores de cinco años era de 8,3 por mil nacidos vivos y la esperanza de vida al nacer de 74,8 años. En el 2000, la tasa de mortalidad infantil llegó a 7,2 por mil nacimientos (Panorama Económico y Social, 2001, págs. 12-14). Sin embargo, esto dice poco sobre las modificaciones provocadas por las reformas mercantiles y por la apertura externa en las estructuras productivas y sociales de Cuba.

Cuadro 2 - Cuba: composición de los gastos públicos (en millones de pesos)

Ítem	1999	porcentaje	2000	porcentaje
Gastos totales (G)	14.030,9	100,0	15.243	100,0
Educación (E)	1.829,6	13,0	2.125	13,9
Salud pública (S)	1.553,1	11,1	1.726	11,3
Previsión social (P)	1.785,7	12,7	1.786	11,7
Administración	457,4	3,3	537	3,5
Superávit fiscal	-611,7	-	-738	-
(E + S + P) / G	-	36,8	-	36,9

Fuente: Panorama Económico y Social, Cuba (2001: 5).

Algunos autores defienden la profundización de las relaciones monetario-mercantiles dentro de la economía cubana como una forma de superar el atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas y así contribuir al proceso de transición a una sociedad socialista. Esto queda claro, por ejemplo, en autores como Vilariño y Piñeda. Escribe el primero:

Debe diferenciarse la socialización capitalista, que abarca solamente la fase de la producción, pero no la distribución de los resultados de la misma, de la socialización socialista que abarca las dos fases [Y también:] la naturaleza de las relaciones sociales en la producción determina la naturaleza de las relaciones de distribución. O sea, si son de explotación o no.[40]

A partir de estas obviedades ya analizadas por los clásicos del marxismo, el autor concluye que, como Cuba aún es un país subdesarrollado y, por tanto, posee una estructura de producción social relativamente atrasada, se justifica la existencia de formas múltiples de propiedad, inclusive de aquellas que no son por naturaleza socioeconómica socialistas. Esa justificación se da, por lo menos dentro de su argumentación, porque esa multiplicidad de formas de propiedad garantizaría el desarrollo necesario de las fuerzas productivas que, dentro del desarrollo histórico, es un requisito para alcanzar una sociedad socialista.[41] De esta forma, cuando el aumento de la productividad y la reducción de los costos de producción -consecuencias del desarrollo de las fuerzas productivas- fueran alcanzados, se puede volver a ampliar la participación del sector estatal, esto es, a reducir el grado de apertura de la economía y, con eso, reducir la dualidad de la estructura económico-social.

Este tipo de argumentación permite concluir que

por tanto, es preciso ver la reforma no como algo eventual y pasajero, sino como la forma principal mediante la cual comienza a ser activado el mecanismo de la contradicción económica y social más importante; norma del desarrollo progresivo de la humanidad, la que existe entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, en las condiciones de la edificación socialista.[42]

Lo que se propone con este tipo de argumentación es un retroceso en las relaciones sociales de producción, manifestadas en la profundización de la dualidad entre mercado y planificación, para que la contradicción entre las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas impulse el socialismo.[43] Esto presupone, en primer lugar, una concepción mecanicista de la historia, pues bastaría conducir la contradicción fundamental del capitalismo a su punto más alto para que el socialismo surgiese de esa "dinámica". En segundo lugar, un idealismo ingenuo, asegura que es posible controlar las relaciones monetario-mercantiles, independientemente de la profundización en las estructuras sociales, de forma de garantizar una distribución mercantil de los bienes y, por tanto, de las utilidades y, al mismo tiempo, mantener un control socialista de la distribución. Por último, también presupone una estrategia política como mínimo optimista, que asegura que ese mismo control socialista de la distribución conseguirá impedir la transformación de la masa monetaria acumulada por la profundización de las relaciones mercantiles, en capital, esto es, impedir la transformación de la forma-dinero en el contenido de capital que se presenta bajo esa forma.

Piñeda a su vez afirma que a su modo de ver

la asociación económica entre el Estado Socialista cubano y las empresas capitalistas extranjeras que adoptarían la forma de empresas mixtas o de otro tipo, estuvieron asociadas, por un lado, a la necesidad de divisas e inversiones extranjeras ante la agudización del problema de la deuda externa, y por otro, a la generación de una confianza suficiente frente a los acreedores capitalistas para una eventual renegociación de la deuda[44]

en tanto para este autor ese es el contexto histórico que existía en los años ochenta, y que habría justificado la implementación del decreto-ley Nº 50 de 1982. La apertura de los años noventa, pese a la recuperación y a la profundización de aquella ley por la ley Nº 77, se justifica muy por el contrario para este autor como una forma de desarrollar el aspecto mercantil de la economía cubana. ¿Con cuál objetivo?

Justamente el argumento es el mismo de Vilariño, esto es, que se debe estimular el mercado y la apertura como formas de garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas aún atrasadas en aquella Isla del Caribe, para con ello poder alcanzar una sociedad socialista que, para existir, requiere necesariamente de aquel desarrollo. Para el autor, sería posible controlar el mercado, manteniéndolo solo para la distribución de valores de uso, como si eso no tuviese impacto sobre las estructuras de producción y de relaciones sociales además de influir en la estructura de propiedad de la economía.

Piñeda percibe los problemas traídos por la dualidad de la estructura económica, pero no percibe que esa dualidad es el fruto de las reformas mercantiles y de la apertura externa. Esto no le permite advertir, por lo tanto, que es imposible acabar con esa dualidad manteniendo las relaciones monetario-mercantiles introducidas por el binomio reforma-apertura, y que tienden a profundizarse en el seno de la sociedad cubana, con todos los problemas que traen consigo.

Dentro de esos problemas está el de la estratificación social. Sus consecuencias configuran una situación en que

todo parece indicar que con la ampliación de la actividad no estatal, la diversificación de fuentes de ingreso y el mayor papel del mercado de bienes de consumo en la distribución, se requerirán algunos ajustes en la política social para que ella gane una mayor progresividad (Muruaga, 1998, pág. 50).

Esto significa que, manteniéndose el carácter de la apertura y de las reformas, la dualidad presente en la economía cubana tenderá a producir una mayor estratificación social y, si no fuere reducido el grado de mercantilización y apertura en el futuro, la política social deberá adquirir una característica de compensación de los efectos perjudiciales provocados por la mayor mercantilización de la economía.

Se debe resaltar que existe una diferencia substancial entre el mercado, en cuanto que locus de intercambio, espacio mercantil donde son realizados intercambios fortuitos, y la economía de mercado, en la que la lógica y la racionalidad mercantil definen la sociabilidad de la formación económico-social en cuestión. En este último sentido, la economía de mercado (y el capitalismo, como su forma más desarrollada) se caracteriza por el carácter mediato de la sociabilidad, o carácter indirecto de las relaciones sociales, esto es, las relaciones sociales no se hacen efectivas de forma directa, sino a través de la mediación mercantil que es hecha por el intercambio entre los productos de los diversos individuos. Esto define, en la economía de mercado, un relacionamiento impersonal entre las personas, que se desdobla en una profundización del fetiche y dominio de las mercaderías, inclusive del dinero. Como una sociedad socialista no puede tener una sociabilidad fundada en la lógica mercantil, pues su sociabilidad presupone una relación directa, personal e inmediata entre los seres humanos, se puede afirmar que la lucha por la preservación del carácter socialista de la revolución cubana debe negar necesariamente el mercado en cuanto lógica mercantil de sociabilidad, aun cuando pueda preservar espacios fortuitos de intercambio que no nieguen el carácter socialista de la sociabilidad.

Conclusiones

Nuestro estudio mostró la fantástica capacidad de resistencia de la sociedad cubana contra la crisis, contra el proceso de globalización y contra el bloqueo económico, al contrario de la caótica regresión experimentada por los países del bloque soviético. Consideramos que eso fue posible por el avanzado grado de desarrollo de las relaciones de solidaridad resultantes de los decenios de avance del programa de implementación del socialismo y por la forma de la democracia cubana.[45] En Cuba, el voto no es obligatorio, pero las elecciones se caracterizan por la amplia participación de los electores.

En las elecciones municipales, de diciembre de 1992, 97,2 por ciento de los electores fueron a las urnas y a través del voto directo y secreto eligieron sus delegados a las asambleas municipales y en las elecciones para diputados de la Asamblea Nacional, celebradas el 24 de febrero de 1993, participaron 99,6 por ciento de los electores [...] En julio de 1995 fueron realizadas elecciones municipales con la participación de 97,1 por ciento de los electores y en octubre de 1997, votaron 97,5 por ciento de los electores.[46]

La resistencia cubana permitió retomar el crecimiento de la economía con el mantenimiento de la soberanía nacional y la inserción en el sistema capitalista mundial, bajo el control del Estado cubano. En tanto, las concesiones realizadas para estimular el ingreso de capitales extranjeros, la dolarización de parte de la economía, el desarrollo de prácticas mercantiles y la búsqueda de la eficiencia -medidas necesarias para enfrentar la grave crisis de inicio de los años noventa- reintrodujeron de forma aguda los valores monetario-mercantiles y el individualismo típicos de la sociedad capitalista y de una estructura social más diferenciada. La apertura de espacios posibles de acumulación individual de capital, a pesar de algunas limitaciones y controles, tenderá a presionar hacia el avance de la mercantilización y de la conversión de las reservas de dinero en capital, creando más presiones contra el sistema de planificación central.

Eso nos lleva a creer que se torna cada vez más difícil una reversión en las expectativas y en los comportamientos individuales que desarrollan, en palabras de Lara, las "clases y grupos sociales que en su dinámica pueden ser reservas de la contrarrevolución". En cualquier caso, el problema planteado es hasta qué punto la dinámica de la sociedad cubana podrá ser revertida hacia el camino de construcción de la sociedad socialista sin el fetiche del dinero y sin la explotación capitalista, en forma tal de mantener como objetivos generales aquellos valores iniciales defendidos por la revolución cubana.

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Anexo I - La crisis en cifras

Entre 1989 y 1993 el producto del sector agropecuario cayó 51,9 por ciento; el de la minería 21,6 por ciento; el de la industria manufacturera 36,5 por ciento; electricidad, gas y agua 25,8 por ciento; la construcción 71,4 por ciento; el comercio, restaurantes y hoteles 43,0 por ciento; y los transportes, almacenajes y comunicaciones 45,8 por ciento. Las importaciones de petróleo disminuyeron en 50,4 por ciento; la producción de electricidad 27,8 por ciento; la de cemento 72,1 por ciento; y la del acero 68,7 por ciento. El azúcar, principal producto de exportación cubano, redujo su producción en 44,3 por ciento; el níquel, otro importante producto de la canasta exportadora, disminuyó 35,1 por ciento; el tabaco sufrió una caída de 31,5 por ciento y los productos cítricos, una caída de 21,9 por ciento. Dentro de los productos que tienen impacto directo sobre las condiciones de vida de la población, el arroz sufrió una caída de 65,8 por ciento; el fríjol una reducción de 37,5 por ciento; el camote cayó en 33,0 por ciento; y la carne de cerdo 82,7 por ciento; las aves 79,1 por ciento; el pescado 51,3 por ciento; la leche 65,7 por ciento; los huevos 46,0 por ciento; el aceite vegetal 75,9 por ciento; y los tejidos 76,7 por ciento.

En el mismo período, entre 1989 y 1993, las exportaciones cayeron de 5.400 millones de pesos a 1.136 millones, una reducción de 79,0 por ciento; y las importaciones de 8.134 millones de pesos a 2.037 millones, una disminución de 75,0 por ciento, resultando en una caída de 77,0 por ciento en el comercio exterior (Muruaga, op. cit., pág. 109). "Las exportaciones de azúcar cayeron a la mitad y las importaciones de petróleo fueron drásticamente reducidas en 60 por ciento, provocando efectos perversos sobre la agricultura (fertilizantes y combustibles), industria, transportes y energía eléctrica" (Cano, op. cit., pág. 565).

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Anexo II - Costos humanos de la crisis

Entre 1989 y 1994, el consumo de carnes cayó de 39 kilos al año a 21,3 kilos; el de pescados de 18 a 8,3 kilos; el de leche y derivados de 144 a 53,7 kilos; el de cereales de 108 a 92,7 kilos; el de grasas de 17 a 2,5 kilos; y el de hortalizas de 59 a 26,8 kilos. Otros productos presentan reducciones menores, como los huevos de 12 a 9,4; las frutas de 56 a 41,4 kilos; las viandas de 66 a 63,0 kilos. Solamente el consumo de fríjol aumentó de 12 a 12,3 kilos al año. El aporte calórico del consumo, estimado a nivel de ingestión, también presentó una caída significativa en el período. La ingestión de calorías cayó de 2.845 kilocalorías a 1.863 kilocalorías; la de proteínas de 77 gramos a 46 gramos, la de grasas de 72 gramos a 26 gramos (Muruaga, 1998, pág. 86).

Ese impacto de la crisis sobre el consumo también afectó a los grupos más frágiles de la población: los niños y las embarazadas. Algunos indicadores del estado nutricional de la población muestran que en el período de 1989 a 1993 los problemas nutricionales aumentaron. El porcentaje de niños con bajo peso al nacer aumenta de 7,3 por ciento en 1989, a 9,0 por ciento en 1993; las embarazadas que iniciaban el embarazo con bajo peso también aumentaron de 8,8 por ciento a 10,0 por ciento; las embarazadas con aumento de peso insuficiente, también aumentaron de 5,5 por ciento a 6,1 por ciento. En tanto, los menores de un año, con riesgo de desnutrición, disminuyeron de 4,1 por ciento a 3,7 por ciento (Muruaga, 1998, págs. 110 y 111).

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Anexo III - El bloqueo

Sobre el bloqueo escribe Piñeda en la obra que se viene citando: "Nosotros llamamos a esto, mundialización del bloqueo y lo dividimos en tres fases: la primera, iniciada con la propia revolución cubana hasta 1962, en la cual se decreta un embargo comercial total; la segunda que acompañó todo el resto del período conocido como la guerra fría; y una tercera, de recrudecimiento del bloqueo en el decenio del noventa" (pág. 109). Y José Bell Lara agrega: "...el bloqueo es un sistema global de agresión que contempla no sólo el bloqueo económico en sí mismo, sino también la restricción de viajar de los ciudadanos norteamericanos a Cuba, una campaña sistemática de desinformación sobre la realidad cubana y sobre los empresarios que quieran negociar con Cuba" (en Cambios mundiales y perspectiva. Revolución Cubana. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999, págs. 32 y 33).

Precisa también Piñeda que "En el decenio del sesenta, el imperialismo norteamericano adopta las siguientes medidas: en julio de 1960, reduce en 700 mil toneladas la cuota azucarera; en septiembre, suspende las operaciones de la planta de níquel en Nícaro; en octubre, son prohibidas las exportaciones hacia Cuba, con excepción de ciertos alimentos, remedios y equipamiento médico; y en diciembre, es eliminada la cuota azucarera de 3,2 millones de toneladas; en enero de 1961, rompe las relaciones diplomáticas con Cuba y prohíbe los viajes de ciudadanos norteamericanos hacia Cuba; en junio, suspende la importación de melaza producido en Cuba y, en diciembre, declara nula la cuota azucarera; en febrero de 1962, emite una orden presidencial que ordena el bloqueo económico total y, en diciembre, ordena sanciones contra embarcaciones de países que realizan comercio con Cuba; en julio de 1963, embarga los activos cubanos en los Estados Unidos, con un valor de 30 millones de dólares; y en mayo de 1964, suspende el envío de alimentos y remedios hacia Cuba" (op. cit., pág. 110).

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Anexo IV - Leyes Torricelli y Helms-Burton

La ley Torricelli fue aprobada en el contexto de las elecciones presidenciales norteamericanas, en la primera elección de Bill Clinton. En un primer momento, el presidente George Bush, padre, se pronunció contrario a la ley, pero acabó por promulgarla. La ley prevé sanciones contra los países que presten asistencia a Cuba, prohíbe que las subsidiarias de empresas norteamericanas establecidas en otros países realicen comercio con Cuba y prohíbe el ingreso por seis meses, en cualquier puerto norteamericano, de embarcaciones que pasen por un puerto cubano (Lara, op. cit., pág. 58).

La ley Helms-Burton también fue puesta en discusión durante un período electoral y, de la misma manera que Bush, el presidente Bill Clinton fue inicialmente contrario a la ley, pero terminó por aprobarla. Esa aprobación repercutió negativamente en la Asamblea de las Naciones Unidas, que nada pudo hacer debido al poder de veto de que disponen los Estados Unidos.

Con la ley Helms-Burton se pretende diseñar, organizar y estructurar un bloqueo total y absoluto contra Cuba. La ley, además, codifica el bloqueo, lo que quiere decir, que convierte en ley todas las órdenes ejecutivas y demás disposiciones de los diferentes departamentos de la administración estadounidense contra Cuba, las cuales no podrán ser modificadas o eliminadas sino a través de una ley del congreso, con lo cual se pretende eternizar la contienda entre Cuba y los Estados Unidos de América.

Esta ley tiene un carácter extraterritorial, establece sanciones contra otros países por mantener determinadas relaciones económicas con Cuba, así como contra empresas y entidades que establezcan relaciones con Cuba, en las cuales medien propiedades nacionalizadas cuyos dueños sean, actualmente, ciudadanos norteamericanos, aunque no lo fuesen en el momento de la nacionalización.

Entre otras cosas, la ley promueve un sistema de espionaje económico contra Cuba, en el que se sigue toda transacción económica de este país con el exterior, a partir de lo cual el presidente debe presentar periódicamente una relatoría detallada de toda la actividad económica de la isla con el exterior" (Idem, pág. 59).

Esa ley permite, entonces, que cualquier ciudadano norteamericano cuyos intereses pasen por propiedades nacionalizadas en Cuba abra un proceso, en la justicia norteamericana, contra empresas que realicen negocios con Cuba. Además de que ese proceso también puede ser extendido contra los inversionistas extranjeros e inclusive contra sus familiares (José Luis Rodríguez, Panel sobre Economía Cubana. Ministro de Economía y Planificación. III Encuentro Internacional de Economistas, Globalización y problemas del desarrollo, Habana, 29/01 a 02/02/2001).

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Anexo V - Legislación para las inversiones de capital extranjero

La ley Nº 77 permitió el ingreso de capitales extranjeros en cualquier actividad con excepción de educación, salud y las fuerzas armadas, salvo en su sector empresarial. El ingreso puede ser realizado a través de la constitución de sociedades mixtas entre empresas extranjeras y empresas estatales cubanas; en asociaciones entre una empresa extranjera y otra cubana; por la constitución de empresas con capital totalmente extranjero; y por inversión en bienes inmuebles (Ley de la inversión extranjera. La Habana, Editora Política, 1995). Esa liberalización es controlada, en tanto, por la necesidad de autorización del ministerio de Inversión Extranjera y Colaboración Económica, por el comité ejecutivo del consejo de ministros o por una comisión designada por este último. Así en la práctica, toda inversión extranjera sólo puede ser realizada en sectores o actividades consideradas estratégicas y fundamentales por esos organismos del Estado cubano. Son permitidas, también, representaciones de empresas extranjeras en Cuba. Según el presidente del Banco Central, ya existen 16 bancos extranjeros con representaciones instaladas en la isla.

Las relaciones del trabajo con el capital extranjero también son reguladas por la ley Nº 77 en su capítulo XI y artículos 30 al 37. Con excepción de cargos de dirección y algunos puestos de trabajo de carácter técnico, todos los trabajadores deben ser residentes permanentes en Cuba, sean cubanos o no. Esos trabajadores son contratados por una entidad empleadora cubana, propuesta por el ministerio de Inversión Extranjera y autorizada por el ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y colocados a la disposición de las empresas mixtas o del capital totalmente extranjero. En el caso de las asociaciones con el capital extranjero, la contratación es de responsabilidad de la parte cubana. Los pagos de las remuneraciones a los residentes en Cuba deben ser realizados en pesos cubanos, por tanto, las empresas deben adquirirlos con alguna moneda convertible.

La ley de inversiones extranjeras prevé una tasa de 30 por ciento de impuesto sobre la utilidad líquida, que puede aumentar hasta 50 por ciento en el caso de exploración de recursos naturales, renovables o no; 11 por ciento sobre la utilización de la fuerza de trabajo y 14 por ciento para la seguridad social. La tributación sobre la fuerza de trabajo incide sobre toda y cualquier tipo de remuneración, excepto la parte pagada a título de estímulo a la producción. En contrapartida, la implantación en las zonas francas o parques industriales están exentas del pago de impuesto sobre las utilidades y sobre el uso de la fuerza de trabajo. Las condiciones para esa exención son: "para los que realizan actividades de producción, manufactura, montaje, procesamiento de productos finales o semielaborados y agropecuarios, tendrán exención total durante doce años y una bonificación de 50 por ciento para los cinco años siguientes; en cuanto que los que realizan actividades de comercio y prestación de servicios la exención será total en los cinco primeros años y la misma bonificación para los cinco años siguientes" (Piñeda, op. cit. pág. 164).

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La primera versión de este artículo fue presentada en el VI Encuentro Nacional de Economía Política realizado en São Paulo, Brasil, entre el 12 y el 15 de junio de 2001. Original en portugués, traducción a cargo de Dalmiro Contreras y edición para su publicación en Chile a cargo de David Debrott S. Preparación para la publicación en Herramienta a cargo de Aldo Casas.

Marcelo Dias Carcanholo es profesor asistente del IE-UFU y doctorando en IE-UFRJ, Brasil.

Paulo Nakatani es profesor del Departamento de Economía y del programa de posgrado en Economía de la Universidad Federal de Espirito Santo, Brasil.

Notas:

[1] En oposición al modo de producción capitalista en el cual la producción es socializada y la apropiación es privada.

[2] Karl Marx, "Crítica al Programa de Gotha". En K. Marx y F. Engels, Textos, vol. 1, São Paulo, Edições Sociais, 1975, págs. 221-250.

[3] Ariel Terrero, "Cuba ¿Otra revolución?", Globalización 2001, Jornal do III Encontro Internacional de Economistas. Habana, 01/02/2001, núm. 4, pág. 6.

[4] José Luis Rodríguez, Panel sobre economía cubana. Ministerio de Economía y Planificación. III Encuentro Internacional de Economistas. Globalización y problemas del desarrollo. Habana, 29/01 a 02/02/2001.

[5] La libreta fue creada por la ley 1.015 del 12 de marzo de 1962 y, según Piñeda Bañuelos, "... el origen de la libreta debe ser buscado más en las condiciones difíciles por las cuales pasaba la revolución cubana, que obligaron a una distribución racionada de valores de uso de acuerdo con la escasez, más que con la premisa comunista de distribución de valores de uso según las necesidades".

[6] Antes de esas reformas, Cuba comenzó a desarrollar la idea de "rectificación de errores y tendencias negativas", en 1984; aquellas reformas comenzaron a ser implementadas al inicio de 1986.

[7] Gilberto Piñeda Bañuelos, Las reformas económicas en Cuba. De un modelo de planificación centralizado a la planificación descentralizada. 1959-2000, México, UABCS-Universidad Autónoma de Baja California Sur, 2001, pág. 76.

[8] Ángela Ferriol Muruaga, "El Empleo en Cuba (1989-1996)". En A.F. Muruaga, A.G. Gutiérrez, D.Q. Mendoza, y V.P. Izquierdo, Cuba: crisis, ajuste y situación social (1990-1996), La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1998, pág. 23.

[9] Ídem, pág. 26.

[10] Ese nuevo sistema no incluía categorías como técnicos de medicina, docentes y artistas.

[11] El principal elemento que da soporte a esta expectativa es el crecimiento demográfico. Esto por causa de la enorme reducción de las tasas de mortalidad y del considerable aumento de la natalidad que la sociedad cubana presentó en los últimos decenios, pues con la gratuidad y calidad de los servicios de educación y salud, el costo de tener un hijo en Cuba es muy bajo.

[12] Muruaga, op. cit., pág. 31.

[13] Los datos de los cuales no presentamos una fuente específica fueron tomados de dos anexos del trabajo de Piñeda (2001). Cuba adopta el sistema de cuentas socialista a partir de 1960 que, según Cano (2000, pág. 552) dificulta comparaciones con períodos posteriores a 1989, cuando adopta el sistema de cuentas nacionales de ONU. Piñeda presenta una serie, que va de 1960 a 1991, con los datos del PSG (el PSG es la estimación de la producción global según el sistema de cuentas socialista) cubano y otra serie de 1989 a 1996 con los datos de PIB.

[14] Muruaga, op. cit., pág. 41.

[15] Piñeda, op. cit., pág. 145.

[16] Muruaga, op. cit., pág. 41.

[17] Una interpretación sobre esa desaceleración es la de que "hubo un período de larga duración en el cual la hipercentralización de la economía, la absolutización de la propiedad estatal y la ausencia prolongada del mercado se convierten en una traba al desarrollo de las fuerzas productivas de la economía cubana y en un freno a la potenciación de las conquistas del socialismo" (Piñeda, op. cit., pág. 150).

[18] El hecho de identificar estos factores como responsables principales de la aceleración de la crisis, no invalida la constatación de que la economía cubana ya venía desacelerando su crecimiento desde la segunda mitad de la decenio de los ochenta, por causa tanto de factores externos (deterioro en los términos de intercambio, reducción en los ingresos de exportación y considerable concentración de la canasta exportadora en productos primarios, por ejemplo) como de factores internos relacionados a problemas en la obtención de productividad.

[19] Piñeda, op. cit., pág. 107.

[20] José Bell Lara, en Cambios mundiales y perspectiva. Revolución Cubana, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999, pág. 34.

[21] Wilson Cano, Soberanía e política económica na América Latina. São Paulo, Editora UNESP, 2000, pág. 565.

[22] Lara, op. cit., pág. 35.

[23] "Ningún instrumento estuvo ausente en esta guerra sucia; financiaron atentados contra los dirigentes de la revolución -parte de ellos revelados por el propio congreso norteamericano-; promovieron sabotajes con objetivos económicos; campañas ideológicas para desestabilizar al país; múltiples acciones de guerra biológica, la penúltima de las cuales ocurrió al final de 1996, con la introducción de la plaga Trips palmi que Cuba documentó ampliamente en los organismos responsables del sistema de Naciones Unidas" (Lara, op. cit., pág. 58). "En los años 1997 y 1998, fueron aprobadas otras medidas agresivas, por ejemplo la enmienda Graham, la que evaluaba a Cuba como una ‘amenaza para la seguridad nacional estadounidense’ y determina que el departamento de Defensa debe informar periódicamente al congreso sobre la evaluación de las capacidades militares cubanas y las amenazas que estas representan para los Estados Unidos..." (Ídem, pág. 60).

[24] E. Vilariño Ruiz, Cuba: reforma y modernización socialistas, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1997, pág. 119.

[25] Piñeda, op. cit., pág. 149.

[26] Para que se tenga una idea del impacto de la creación de las UBPC en el sector agropecuario, antes de 1994, el 80 por ciento de las tierras era de propiedad estatal.

[27] Para una descripción detallada de todas las medidas, ver el apéndice del trabajo de Piñeda citado, págs. 295-307). Cronología de las transformaciones jurídico-políticas para la reforma y la apertura (1990-1997). Para una lista resumida de las principales transformaciones de la economía cubana, ver Lee, Suzana, "¿Qué es el Período Especial?". En www.globalizacion.cubaweb.cu/2001/1erdia/ susanalee.html, 2001.

[28] Muruaga, op. cit., págs. 38-39.

[29] Idem.

[30] Vilariño, op. cit., pág. 176.

[31] Cano, op. cit., pág. 568.

[32] "En agosto de 1993 el decreto-ley Nº 140 eliminaba la antigua penalización para la posesión y uso de divisas, el que permitió, a partir de ahí, la creación de una importante fuente de divisas, vía ‘remesas de inmigrantes’, permitiéndose enseguida la apertura de cuentas en divisas en los bancos nacionales" (Cano, op. cit., pág. 569).

[33] Por ejemplo, la nueva reglamentación del trabajo por cuenta propia y la creación de los mercados agropecuarios, de productos artesanales e industriales.

[34] Para estimular la eficiencia y el aumento de la productividad, y también para atenuar la diferenciación social entre los que tienen y aquellos que no tienen acceso al dólar, parte de los salarios pasaron a ser pagados en pesos convertibles en algunas actividades. En tanto, "la despenalización, el trabajo no-estatal y el mismo trabajo en empresas estatales que operaban con divisas [...] permitieron que, a lo largo de ese período, cerca de 50 por ciento a 60 por ciento de la población tuviese acceso a un poder de compra en divisas, el que de un lado aliviaba las presiones sobre los precios, pero al mismo tiempo creaba un mecanismo de creciente diferenciación entre las personas" (Cano, op. cit., pág. 569).

[35] Piñeda, op. cit., pág. 147.

[36] Además de la tasa de cambio, los ajustes entre oferta y demanda de los diferentes productos en los diferentes mercados son realizados vía precios. "En el mercado agropecuario, el arroz tenía un precio veinticinco veces mayor que en el mercado regulado, veintiún veces mayor que en el mercado subterráneo y setenta veces más caro que en el mercado en dólares; la carne de cerdo era cinco veces superior en el mercado en dólares que en el mercado agropecuario; los huevos en el mercado en dólares eran sesenta veces más caros que en el mercado regulado, cuarenta y seis veces más que en el mercado agropecuario y quince veces mayor en el mercado subterráneo que en el mercado regulado..." (Ídem, pág. 171).

[37] "Como complemento de las medidas económicas, el Estado creó tres mercados: el mercado agropecuario, como un mecanismo para estimular la comercialización de los excedentes agrícolas; el mercado de productos industriales y artesanales, en el cual concurren desde los trabajadores por cuenta propia hasta las empresas estatales; y una red de tiendas de venta en dólares, a través de las cuales el Estado capta una parte de las divisas en circulación, mediante un impuesto sobre las ventas y cuyo uso definitivo está en función de lo social" (Lara, op. cit. págs. 47-49).

[38] Ídem, pág. 118.

[39] El vicepresidente del consejo de ministros y ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, dice que la circulación de dólares será suprimida, pero no dice cuándo y ni cómo (Rodríguez, op. cit.).

[40] Vilariño, op. cit., págs. 7 y 23.

[41] Según ese autor, "el mercado continuará siendo la forma más adecuada de mediar entre el consumo y la producción, con el fin de garantizar el libre juego de la iniciativa popular y gestar la base económica del entusiasmo de las masas por edificar el socialismo" (pág. 64). En cuanto el discurso neoliberal nos garantiza que el libre juego de la iniciativa de los individuos nos proporcionará las ganancias fáciles del mercado capitalista, este autor parece acreditar que el libre juego de la "iniciativa popular" (sic), a través de relaciones mercantiles, nos llevará al socialismo!!!

[42] Ídem, pág. 62.

[43] El carácter trágico de este tipo de argumentación puede ser visto en joyas como la siguiente: "si es dañina una gran diferenciación de la renta de la población, es también perjudicial la tendencia infundada al igualitarismo" (Vilariño, op. cit. pág. 42). Esta no es más que una expresión de la creencia popular de que la verdad nunca está en los extremos, sino en algún tipo de combinación lineal entre ellos...

[44] Op. cit., pág. 153.

[45] "El sistema cubano incorpora mecanismos de control de los electores sobre los electos y la obligación de estos de presentar cuentas a quien los eligió. Además de eso, existe la figura de la revocabilidad, o sea, los electores tienen el derecho de destituir del mandato a los electos cuando estos dejan de cumplir las funciones para las cuales fueron elegidos [...] La socialización de lo político en el tejido de la vida cotidiana hace parte de la nueva cultura política del país, hecho insuficientemente divulgado y conocido en el exterior". "En nuestro país, el 84 por ciento de los adultos pertenecen a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el 80 por ciento de las mujeres a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el 99 por ciento de los trabajadores a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); estas organizaciones inciden con mucha fuerza mediante acciones concretas sobre la comunidad." (Lara, op. cit., págs. 53-55).

[46] Idem.