Las últimas “filtraciones” de las conversaciones grabadas entre importantes miembros del partido político PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), publicadas en el diario Folha de São Paulo y que envuelven, entre otros, al ex-presidente José Sarney y al actual presidente del Senado, Renan Calheiros, es solo uno de los innumerables indicios de que las clases dominantes no consiguieron, hasta el momento en el que este artículo estaba siendo finalizado, concretar un acuerdo que contemple sus intereses en el plano de la representación política. Si, por un lado, está claro cuál es el proyecto de sociedad que desean implantar, lo que exige completar las reformas neoliberales iniciadas en la década de 1990, por otro, no disponen de un partido y de liderazgos capaces de dirigir ese proceso sin crear mayores instabilidades. Asimismo, el hecho de que una parte significativa de los diputados y de los senadores estén envueltos en procesos en la justicia no es de gran ayuda. Esto fomenta una desconfianza cada vez mayor entre los sectores de la clase media, hasta ese momento favorables al juicio político, en el sentido de que este que este fue - en parte - alimentado por el compromiso asumido por las grandes figuras de la política con el objetivo de darle un fin a la “Operação Lava-Jato”,1 para que esta operación no involucrase a los partidos de la oposición y se restringiese al Partido dos Trabalhadores (PT).
La instabilidad política se profundiza por la acción de los trabajadores, de los movimientos sociales y de los segmentos que se oponen al juicio político que, desde el momento de la votación de la apertura del proceso en el Senado, han realizado innumerables manifestaciones en todo el país. Para el día 10 de junio, está prevista una gran manifestación unificada, convocada por el Frente Brasil Popular y por el Frente Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo).2 Además, la ocupación de edificios vinculados al Ministerio da Cultura, aún luego de lograr que el gobierno desista de su extinción, continua desarrollándose. Ese conjunto de acciones muestra que, desde la actual “oposición”, o sea, desde los sectores contrarios al golpe, no habrá tregua, a pesar de la represión que ya se vislumbró en varios momentos.
Este artículo tiene como propósito destacar los aspectos más relevantes que le dieran origen a la crisis vivenciada. Intentamos hacer visible, desde el punto de vista económico y político, cuáles fueron los segmentos de la sociedad, los sectores de actividad y las fracciones de las clases dominantes beneficiadas por las políticas desarrolladas por los gobiernos Lula y Dilma. Presentamos lo antedicho en la primera parte de este trabajo. En la segunda parte nos dedicamos a las fracciones de las clases dominantes que estuvieron directamente envueltas en la desestabilización del gobierno Dilma desde el momento de su reelección, destacando el papel de los grandes medios de comunicación como los verdaderos partidos de la derecha en el Brasil, y que se presentan como los representantes acabados de los intereses del denominado capital financiero3 internacional. De inmediato, en la tercer parte, discutimos las principales propuestas de estas fracciones en lo que respecta al mercado de trabajo, los derechos sociales, el papel y el funcionamiento del Estado, entre otros aspectos, y de que forma la implementación de esas propuestas se combina con los intereses del capital internacional en avanzar sobre la economía del país. Aún en esta parte, destacamos que el avance del discurso abiertamente de derecha, que se traduce en la defensa de la intolerancia desvergonzada en varios espacios públicos y amenaza las conquistas obtenidas desde el inicio del proceso de redemocratización del país, aunque muchas veces parte de ellas haya obtenido una magra efectividad, dada la resistencia antes sorda por parte de la sociedad brasileña. En las consideraciones finales, afirmamos que, aunque estas notas tengan un carácter exploratorio dado que el proceso en análisis se encuentra en curso, si la crisis fuera exitosa para aquellos que la impulsan, el resultado de la retomada de la agenda de reformas de corte neoliberal (que de cierta forma estaban contenidas en el último período) será una mayor privatización y “extranjerización” de la economía y una creciente intolerancia y represión a los movimientos sociales y de los trabajadores.
1 – Los intereses en los gobiernos Lula y Dilma
Luego del período inicial del gobierno Lula, cuando los grandes medios de comunicación escritos y televisivos intentaron caracterizar al presidente como alguien que no poseía ningún honor académico, sistemáticamente destacando sus errores de portugués y gafes, e inclusive durante la Acción Penal 470 (conocida como “Processo do Mensalão”), cuando se intentó de todas las maneras posibles demostrar que los actos de los involucrados eran de conocimiento de Lula, se puede decir que las fuerzas discordantes motivadas únicamente por la franca oposición ideológica calladas y/o contenidas, estaban frente a un Luiz Inácio Lula da Silva que era casi una unanimidad nacional. De hecho no es casual que, hacia el fin de su mandato, en diciembre de 2010, su gobierno registraba un 83% de aprobación según una encuesta realizada por Datafolha.4 Vale recordar que Lula, en su primera elección (2002), ganó en todos los estados del país (con el 61,27% de los votos), a excepción del estado de Alagoas, base del ex presidente Fernando Collor de Mello. En su reelección (2006), sin embargo, obtuvo “apenas” el 56,05% de los votos, habiendo vencido en todos los estados de la región Nordeste, en la mayoría de los estados de la región Norte (excepto en Acre y Roraima) y en los estados de Minas Gerais y Rio de Janeiro. Al contrario de la primera elección, el resultado electoral ponía en evidencia un clivaje entre el Brasil más pobre, formado por las regiones Nordeste y Norte, y las otras regiones (Sur, Sudeste y Centro Oeste). Fuera de esa división, se destacaban los resultados de Minas Gerais y Rio de Janeiro; este último, tradicionalmente, siempre fue menos conservador que el resto de los estados considerados desarrollados y/o ricos. Frente a esos resultados, ¿cuáles habrían sido los intereses consolidados en los últimos años del segundo mandato de Lula para justificar su expresiva aprobación hacia fines de 2010?
El primer segmento social beneficiado por la política desplegada por el gobierno Lula fue aquel conformado por la población muy pobre y pobre. Aunque el Programa Bolsa Familia sea bastante conocido en el Brasil e inclusive fuera de él, es necesario recordar el significado de su implementación: fue la primera vez que un gobierno dirigió una política de transferencia de renta de tal magnitud para el sector más pobre del país, beneficiando a casi un 28% de su población. Ese segmento, que antes no formaba parte de la base de apoyo del Partido de los Trabajadores (PT), pasó a sustentar el gobierno, lo que se evidenció en los votos obtenidos por Lula, entre las regiones más pobres, en su reelección (MARQUES et al, 2009; SINGER, 2009).
Otro segmento que fue significativamente beneficiado por el gobierno Lula, también en el área de los trabajadores y más allá de sus bases tradicionales formadas por sindicatos y movimientos de lucha por la tierra, fue aquel situado en la base de la pirámide salarial, o sea un salario mínimo o casi como ingreso. Este segmento, debido a la política implantada de valorización del salario mínimo, se benefició con un aumento del 54% en términos reales. Con relación a los demás trabajadores, se destaca la reducción de la tasa de desempleo y el aumento real de la renta media. La política de valorización del salario mínimo, la reducción del desempleo (el más bajo de toda la serie) y el aumento de la renta media fueron continuados durante el primer gobierno Dilma (MARQUES e ANDRADE, 2016).
Se podría mencionar, inclusive, una serie de políticas iniciadas durante el gobierno Lula, que fueron en parte responsables por el alto nivel de aprobación observado hacia el final de 2010 y en marzo de 2013 (Dilma, 79%): expansión del crédito consignado para jubilados, servidores y trabajadores del mercado formal; la creación de 18 universidades federales; la construcción de viviendas dirigida a la población de baja renta (Programa Minha Casa Minha Vida); la concesión de subsidios para la población de baja renta para usufructuar las universidades privadas (Prouni); otra línea de crédito para la financiación de los estudiantes de los cursos de enseñanza superior privada (Fies); introducción del cupo para negros en las universidades públicas; reducción de los impuestos sobre la canasta básica (en mazo de 2013, la política de reducción fue llevada a su extremo, cuando Dilma anunció que, en ese año, el gobierno renunciaba a la recaudación de impuestos y contribuciones sobre la facturación de la canasta básica) entre otras medidas y programas.
En el caso de las clases dominantes, y para poder destacar cuáles fueron las fracciones beneficiadas, es preciso hacer una distinción entre el gobierno Lula y el gobierno Dilma. Durante el gobierno Lula, el denominado “agronegocio” y la industria de commodities productora de petróleo y hierro, orientadas a la exportación, fueron considerados uno de los pilares de sustentabilidad del desempeño de la economía brasileña y particularmente destacados como subsidiarios a los intereses imperialistas en la organización internacional del trabajo por parte de la izquierda crítica. De hecho, la reducción de la restricción externa provocada por los expresivos superávits en la cuenta de Transacciones Corrientes hasta 2006 y el crecimiento del PIB se debieron a los cambios internacionales favorables (entre las cuales, se destaca la acelerada expansión de la da economía china) que resultó en el boom de los precios de las commodities y en la baja de los precios de los productos manufacturados importados, incluidos en ellos los bienes de capital. Según Pinto (2010), esas circunstancias resultaron en el aumento continuo del poder de la burguesía productora y exportadora de commodities, de modo que ese sector de actividad superó, en 2007, el sector bancario/financiero en términos de participación en el lucro líquido total de las empresas que representaban un 40% del PIB. Ese aumento de poder no fue superior porque parte del lucro líquido del sector de commodities estuvo fuertemente influenciado por las elevadas ganancias de Petrobrás. Esa empresa estatal, así como la empresa Vale, fue la responsable por el 61,8 % del lucro líquido del sector durante el primer gobierno Lula (TEIXEIRA e PINTO, 2012, p. 929).
Sin embargo, los beneficios obtenidos por las fracciones de las clases involucradas en la producción y exportación de commodities, incluido en estos elementos el “agronegocio”, se debió mucho más a la dinámica externa que a la política macroeconómica aplicada por el gobierno Lula, destacándose el mantenimiento de elevadas tasas de interés y de la valorización del real frente en relación al dólar. Pero, a pesar de los efectos negativos del real valorizado, la cantidad exportada compensaba con creces el efecto precio. Las elevadas tasas de interés practicadas durante el gobierno Lula, entre 2003 y 2008 (aún con una caída de 2,17 puntos porcentuales en términos reales), favoreció altamente a la fracción bancaria/financiera tanto interna como externa.
Para hacerle frente a la crisis de 2007/8 el gobierno, a partir de 2009, tomó una serie de medidas que tenían por objetivo ampliar el mercado interno y disminuir su impacto en la economía brasileña. Ellas fueron: una reducción de la tasa de interés y de los impuestos, destacándose la compra de automóviles populares, motocicletas y electrodomésticos, y para la aplicación en el mercado de capitales y en operación de préstamos y financiaciones externas; la ampliación de una participación de los bancos públicos en el crédito de las empresas y de las familias; una fuerte intervención cambiaria para evitar la desvalorización abrupta del real5 y la ampliación de la línea de financiación para las exportaciones de preembarque del BNDES; entre otras medidas. A partir de ese momento, y principalmente en los años iniciales de la primera gestión del gobierno Dilma, se profundizaron las políticas dirigidas al mercado interno, aunque inclusive se hayan asociado a ellas medidas orientadas hacia el sector exportador.
La política de transferencia de renta a la población pobre y muy pobre, la valorización del salario mínimo (que incide sobre los salarios más bajos y sobre un sector importante de los jubilados y beneficiarios de la asistencia social) y la ampliación del crédito consignado se combinaron con la reducción de los impuestos y con una mayor presencia de los bancos públicos en el crédito, resultando en la ampliación del mercado interno favoreciendo los sectores productores no exportadores así como a las empresas minoristas. No es por casualidad que, en ese momento, los propietarios de empresas minoristas como Magazine Luiza defendieron las políticas conducidas por el gobierno: el aumento en su facturación fue propiciada por la expansión del mercado interno. En el caso de las montadoras de automotores en general, parte de su producción para la exportación atravesó una redirección hacia las ventas en el país, dada la reducción de los impuestos. No obstante, el enfriamiento de la economía mundial, la disminución de la tasa de crecimiento en China y el mantenimiento del cambio todavía a niveles elevados, continuaron corroyendo la capacidad de exportación de las commodities brasileñas. Además de lo mencionado, y según Bresser (2015), el mantenimiento continuo de un real valorizado, no solo impidió que la industria con vocación exportadora lograse colocar sus productos en el exterior sino que, además, provocó su retracción.
Durante el primer Gobierno Dilma, esas políticas fueron en su mayoría profundizadas y a ellas se agregaron otras, como, por ejemplo, la reducción del costo de la energía eléctrica para la industria y las familias.6 Pero, quizás, lo que más se destaca se pueda identificar si analizamos la exoneración de las empresas de las contribuciones sociales calculadas sobre los salarios, con el objetivo declarado de convertir los productos brasileños en bienes más competitivos en el mercado internacional (MARQUES e MENDES, 2013). Iniciada em diciembre de 2011, la exoneración sobre el pago de salarios (en parte substituida por una contribución sobre el ingreso bruto) comprendía 56 sectores de actividad industrial (en su mayor parte), comercial, transporte y servicios en septiembre de 2015. A pesar de esa exoneración, el panorama exportador no se alteró y la economía se fue desacelerando, hasta presentar un resultado negativo en este último año. En un momento de enfriamiento de la economía, la creciente renuncia fiscal fue uno de los factores que fragilizó las cuentas del gobierno federal, lo que se hizo evidente hacia el final de 2014, cuando se registró un déficit primario del 0,57% del PIB.
Pero de todos los sectores de actividades beneficiadas por los gobiernos Lula y Dilma, aquel que más se destaca es el de la industria de la construcción. Ese sector, muy concentrado pero controlado por brasileños que, en 2012, concentró en seis empresas el 46% de su actividad bruta (CBIC, 2016) fue muy favorecido durante los gobiernos del PT. Además del crecimiento económico ocurrido en el período Lula7, con la expansión del empleo y de la renta de las familias, cabe destacar la acción emprendida para retomar la inversión en determinadas áreas consideradas estratégicas así como el incentivo dado por el gobierno para que las constructoras realicen obras en otros países, destacándose América Latina y África. Con relación al primer objetivo, se produjo la creación del Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), en 2007, con el objetivo de retomar la planificación y la construcción, en el ámbito del gobierno federal, de grandes obras de infraestructura social urbana, logística y energética del país. Las inversiones realizadas estuvieron compuestas por recursos públicos y privados y las empresas participantes de los emprendimientos. En 2011 se lanzó un nuevo PAC, involucrando a más socios privados y públicos. Entre las varias modalidades en el campo de la infraestructura social urbana, se destaca el Programa Minha Casa Minha Vida. Ya entre las inversiones que buscan ampliar la capacidad energética del país, se destaca la Usina Hidroeléctrica Belo Monte, en el estado de Pará, muy discutida por los movimientos sociales debido a sus impactos en el modo de vida de los pobladores originarios de la región y en el medio ambiente. En lo que atañe al incentivo del gobierno federal en relación a los emprendimientos de infraestructura fuera del país, este fue el resultado de la política externa iniciada por Lula, que estrechó los lazos con los países africanos de lengua portuguesa y estableció una estrecha asociación con los integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), formada por la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Para estos emprendimientos, fue fundamental la financiación realizada por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Entre las diferentes iniciativas destacamos las obras del Puerto de Mariel, en Cuba, realizadas por la empresa Odebrecht.8 No es por si casualidad que la campaña realizada por los grandes medios contra el gobierno Dilma y a favor de su juicio político era la “denuncia” acerca de favorecer las constructoras responsables por esos proyectos externos. Tampoco por casualidad, las siete mayores empresas del sector fueron investigadas por el juez Sergio Moro, responsable de la Operación Lava-Jato, siendo que diversos de sus executivos ya fueron condenados por él a amplias penas, entre ellos el presidente de la principal constructora del país, Marcelo Odebrecht (19 años y 4 meses). Recordemos que la pena máxima para homicidio simple –culposo o involuntario–, en el Brasil, es de, como máximo, doce años.
2 – La derecha se “reorganiza”
Frente a lo expuesto, un asunto relevante es el de buscar identificar cuáles fueron las fracciones de las clases dominantes que estuvieron (están) directamente involucradas en la desestabilización del gobierno Dilma, un fenómeno evidenciado por lo menos desde el momento de su reelección y que llevó a la apertura del proceso de juicio político. Desde el punto de vista electoral, el desempeño de la fórmula encabezada por Dilma Rousseff, en 2014, fue semejante al de Lula en 2006, replicando inclusive un resultado muy semejante en los Estados9. Vale recordar que durante 2006 fue el auge de la repercusión mediática del denominado “Mensalão”, momento en el que también el PMDB comenzó a formar parte de la base aliada del gobierno. Pero… ¿cuál fue el cambio más evidente entre 2006 y 2014?
En 2006 se divulgaron los primeros resultados de la política social implantada por el gobierno Lula, en un escenario internacional que favorecía sectores centrales a la estrategia del desarrollo capitalista incentivada por el gobierno. En 2014 a la crisis internacional (otrora presentada como mitigada por la acción del gobierno en 2008/2009) se le agregaron componentes internos directamente relacionados a la continuidad y, principalmente, a la profundización del conjunto de las políticas denominadas “neodesarrollistas”.10 En ese momento de crisis se profundizaron las contradicciones al interior de la clase dominante. El “pacto de clases” garantizado por el PT –fundado en políticas sociales de rápido impacto, en la expansión del mercado interno y en el direccionamiento de aparatos estatales como soporte de la expansión internacional de empresas domésticas–, ya había sido puesto en jaque cuando Dilma contrarió los intereses de la fracción bancaria financiera interna y externa al reducir la tasa de interés y, asimismo, se hizo evidente el fin del ciclo de las commodities. Las diferentes fracciones de la clase dominante, a excepción del sector de infraestructura y construcción civil (cuyos importantes dirigentes están actualmente presos), pasaron a reagruparse alrededor de los intereses comunes, siendo el elemento organizador los grandes medios de comunicación oligopólicos.11 Estos medios de comunicación, desde cualquier punto de vista y desde la década de 1990, representan claramente los intereses del gran capital financiero internacional, que cristalizan en la defensa del avance de la agenda neoliberal en el país (“flexibilización” del mercado de trabajo, desvinculación de recursos presupuestarios, una mayor apertura de los sectores de actividades controlados por el capital internacional, la constitución de centros de poder impermeables a cualquier interés “popular”, etc.).
La “onda conservadora” en el Brasil, iniciada como una secuela de las manifestaciones de junio de 2013, reaccionaria a los frágiles avances sociales y refractaria a las “demandas progresistas” (sean ellas tanto en el campo económico o en el campo de las costumbres), se orientó políticamente y fue alimentada justamente por ese oligopolio mediático. De esta manera, actuó efectivamente como el partido de la derecha (al representar los intereses generales de las clases dominantes) y de oposición programática al gobierno de Dilma. Apoyándose en las insatisfacciones manifestadas en 2013, esa punta de lanza de los intereses locales asociados al gran capital internacional definió su adversario: el Partido dos Trabalhadores y todo aquello que ideológicamente pudiese representarlo: desde acusarlo de inventor del clientelismo en el Brasil, pasando por los típicos prejuicios de clase y llegando al anticomunismo12 más reaccionario de corte fascista.
Los medios de comunicación oligopólicos pasaron a ejercer el papel de “organizadores del disenso” y de agitación política, conformando el “aspecto popular” de las manifestaciones anti PT. Las mismas, como fuera relevado en diferentes investigaciones, estaban compuestas básicamente por camadas da la clase media alta brasileña. A título de ilustración, en la mayor manifestación realizada en la calle a favor del juicio político de 2016, en São Paulo, la investigación del Instituto Datafolha señaló que el 77% de los presentes habían finalizado la enseñanza superior13, igual porcentual de aquellos que se declaraban blancos y en su mayoría hombres con edad superior a 36 años (40% del total tenían 51 años o más); además de eso, el 37% declararon poseer una renta superior a 10 salarios mínimos (si se incluyen los que declararon tener una renta superior a 5 salarios mínimos, se llega a un 63% del total de los manifestantes).
El espacio ideológico para una restauración neoliberal tuvo eco también en las clases populares dado su bajo grado de politización. Una investigación (realizada en marzo de 2016), de la Confederação Nacional da Indústria (CNI), que tenía por objeto la observar la rotatividad en el mercado de trabajo, señaló que un porcentaje expresivo de trabajadores atribuyó como responsable por ese problema al gobierno (31%) y a las leyes laborales (24%). Esa atribución de responsabilidades es más expresiva precisamente entre los entrevistados con menor grado de instrucción.14 De forma paralela, en 2014, otra investigación conducida por Datafolha con la denominada “clase C” (familias con renta de entre 2 a 5 salarios mínimos) apuntó que menos del 10% de los entrevistados atribuían su ascenso social a políticas del gobierno. Del total, un 89% creían que su ascenso tenía que ver con un esfuerzo propio. Además, en lo que respecta a los principales problemas brasileños, luego de la salud (con un 65% de las respuestas), fueron señaladas la inflación con un 59% y la corrupción con otros 59%.
Esas informaciones apoyan la hipótesis de que, aunque desde 2013 el factor principal de la deflagración de la crisis política no fue el ascenso del movimiento popular (a pesar de las victorias alcanzadas por las revueltas contra el aumento de las tarifas de transportes, las manifestaciones ya contemplaban, en agosto, pautas claramente implantadas por la dirección del “partido de la gran prensa brasileña”, tales como reivindicaciones genéricas contra la corrupción y contra una hasta entonces desconocida “Proposta de Emenda Constitucional 37/Propuesta de Enmienda Constitucional 37”)15, si lo fue una ofensiva de la derecha, a saber, del gran capital bancario y financiero y de los aparatos privados de hegemonía (destacándose los medios de comunicación), que expresan intereses políticos de una fracción burguesa asociada (o con perspectivas de ampliar la asociación) al gran capital internacional.
Esa ofensiva se dio, por un lado, a través de la crítica a la conducción de la política económica y, por otro, por las críticas a las políticas sociales, cuestión de muy destacada entre la clase media. En lo que se refiere a las disputas internas entre la clase dominante, la ofensiva se manifestó contra la denominada “burguesía interna”,16 que se había aproximado al PT y sostenido explícitamente sus gobiernos desde 2006. En términos económicos, tal como fuera mencionado anteriormente, formaban parte de esta burguesía interna las denominadas constructoras, hoy investigadas por la Operación Lava-Jato.
En su tentativa de hacer avanzar y profundizar las políticas implantadas por Lula en el ápice de la crisis de 2008/2009, una medida destacable en el gobierno Dilma fue la reducción de la tasa básica de interés (Selic), que cayó del 10,75% a.a. (al final de 2010) a un 7,25% a.a. (hacia fines de 2012), esto con una inflación de alrededor del 5,9% a.a., o sea, con una clara reducción de la rentabilidad real de la deuda pública atada a la tasa Selic. La crítica dirigida hacia ese acto de gobierno se basó en la aparente “arbitrariedad” y “artificialidad”, apoyada en la comprensión de que los fundamentos de la economía brasileña no respaldarían esa iniciativa, calificada de “inconsecuente” e “irresponsable” por varios ideólogos neoliberales, así como por una cobertura de los medios de comunicación, típica de cierto “periodismo denuncia”, que acusaba al gobierno de haber abandonado el rigor exigido por un régimen de metas de inflación, instituyendo en la practica el techo de la meta de inflación como su centro. Esa decisión en relación a la tasa de interés ubicó en 2012 al gobierno en ruta de colisión con el sector bancario, expresada a través de fricciones con la Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Además de esa reducción en la tasa básica de interés, el gobierno decidió utilizar los Bancos do Brasil (BB) y la Caixa Econômica Federal (CEF) como mecanismos para reducir el spread bancario de los bancos privados, abriendo líneas de préstamos a tasas de interés menores que la media del mercado, resultando en el aumento de la participación de los bancos públicos en las operaciones de crédito del sistema financiero.
Otra intervención importante del gobierno Dilma se refirió al cambio. Luego de un periodo de apreciación del real (entre mediados de 2010 y mediados de 2011), en el que el cambio llegó cotizarse por debajo de R$1,55, se instituyó una alícuota de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras o Impuesto Sobre Operaciones Financieras) sobre las posiciones vendidas a dólar futuro (por encima de US$ 10 millones) en el mercado brasileño. Anteriormente, ya se habían alterado las alícuotas de IOF sobre inversiones extranjeras en cartera17. Congruente con la conducción de la política monetaria (que pasó a trabajar con el techo de la meta y la reducción del rendimiento real de los títulos de la deuda pública), la política cambiaria al comienzo del gobierno Dilma amplió sus objetivos frente a los de su antecesor. Además de actuar para “limpiar la flotación” (reducir la volatilidad cambiaria) y de acumular reservas (en vista a la reducción de la vulnerabilidad externa), se comenzó también a intervenir en la formación de la tasa de cambio (básicamente en la interacción entre el mercado a vista o inmediato y el mercado futuro). Esa nueva forma de actuar promovió la desvalorización del real, con el objetivo de reducir el grado de especulación en los mercados de cambio y recuperar cierta competitividad en la industria brasileña. Aunque este último objetivo no había sido conseguido, dada la profundización de la crisis internacional y la disminución del ritmo de crecimiento de la economía china, la tentativa de mantener la tasa de interés en posiciones menores y la desvalorización del real constituyeron ataques directos a los intereses materiales de la fracción bancaria y financiera brasileña y a los sectores asociados al gran capital internacional, encendiendo un alerta sobre la necesidad de un reordenamiento de las prioridades políticas. Restaría aún recordar los efectos de la política de contención del nivel de precios, destacándose la tarifa de energía eléctrica y del precio del combustible. Esa política generó un severo descontento entre los accionistas de las empresas involucradas.
Las dificultades enfrentadas por el gobierno en dar una respuesta a la crisis y las circunstancias en las cuales se produjo la reelección de Dilma en 2014 establecieron el escenario de intervención de la derecha, construido de forma articulada tanto interna como externamente. Además de que su gobierno no disponía más de una base expresiva, inclusive entre fracciones de la clase dominante que antes la apoyaba, el Congreso Nacional electo tenía el perfil más conservador desde la redemocratización del país18 y la oposición en el parlamento adoptó explícitamente la táctica de “sangrar” el gobierno, en palabras del senador Aloysio Nunes (PSDB). Se sumó a lo antedicho el inconformismo del PSDB con su derrota electoral, que se manifestó en la solicitud de reconteo de votos seguido de una auditoría de las urnas y luego de un cuestionamiento de las cuentas de la campaña de la presidenta electa, así como el avance de la Operación Lava-Jato llegando a otros partidos que no eran necesariamente el PT. Finalmente, pero no por ello menos importante, se debe destacar la ofensiva estadounidense contra los gobiernos no alineados, denominados “progresistas”.
Es en ese contexto que la campaña presidencial de Dilma, principalmente para el segundo turno, aunque de forma tímida para los sectores más a la izquierda del PT, vehiculó spots publicitarios que oponían la población (pobre) a los intereses de los “bancos”, buscando retomar las banderas históricas (de ampliación de derechos) casi olvidadas en las últimas gestiones y definiéndose claramente por el mantenimiento del empleo contra los ajustes reclamados por la oposición, entre otras propuestas. Sin embargo Dilma, para ser generosos, se equivocó: los opositores no pretendían hacer ajustes blandos sino reformas cabales en la economía y en las políticas sociales y tampoco estaban dispuestos a renegociar un nuevo pacto de conciliación de clases. Dilma, entendiendo que las dificultades eran pasajeras, consideró que un ajuste era suficiente para resolver las cosas en su totalidad. Para ejemplificar sus “buenas intenciones” y en la tentativa de recomponer parte de su apoyo con el denominado “mercado”, nominó a Joaquim Levy (sujeto de confianza del mercado) para el Ministério da Fazenda (Ministerio de Hacienda). Pero la crisis no era pasajera, muy por el contrario; no hubo, técnicamente un ajuste y si una restricción provocada por la abrupta reducción de la recaudación de impuestos; la oposición, a diferencia de lo deseado por Dilma, profundizó sus críticas y se armó para destituirla. Lo que estaba en juego era, como veremos más adelante, que reformas serían llevadas a cabo.
La discusión expuesta hasta el momento en esta sección puede sugerir la siguiente interpretación: las fracciones de las clases dominantes, que estuvieron envueltas directamente en la desestabilización del gobierno Dilma actuaron de esa manera debido al conflicto distributivo que se abrió con la crisis y las respuestas a este dadas por el gobierno. Aunque esto sea parte de nuestra respuesta, esa interpretación captura apenas un aspecto de la crisis política. Los desdoblamientos de la crisis nos llevan a considerar cuestiones más profundas. Nuestra hipótesis de trabajo es que una parte importante de la respuesta gira en torno a la posición internacional da economía brasileña y las relaciones de clase al interior de la cadena imperialista, en especial sus rivalidades internas.
Lo confirman, en ese sentido, varios indicios. En primer lugar, llamamos la atención sobre el hecho de que los conflictos distributivos entre las clases dominantes, en formaciones sociales capitalistas no se resuelven históricamente mediante el encarcelamiento de capitalistas; aún menos, en base a una operación policial centrada en la figura de un juez federal de primera instancia, a través de un proceso cuyo principio operativo fue el encarcelamiento de un “doleiro” (un operador de cambio en el mercado negro) y que recientemente provocó filtraciones de grabaciones realizadas a la presidenta de la República. Esa fue una cuestión, de hecho, ampliamente difundida por los medios de comunicación a nivel internacional, desde los aparatos hegemónicos supranacionales (como CNN, Wall Street Jornal, New York Times, etc.) hasta los medios alternativos “pos Snowden”. Desde nuestro punto de vista, por lo tanto, aunque la crisis se haya expresado internamente como una ofensiva política de fracciones de la clase dominante (destacándose la burguesía bancaria y financiera, hegemónica históricamente por lo menos desde inicios de la década de 1990) contra un gobierno posiblemente “desarrollista”, ella no parece ser apenas el único aspecto de un conflicto distributivo entre fracciones de la clase dominante.
En segundo lugar, llama la atención la manera en cómo una expresiva gama de los “medios alternativos”19 extranjeros han localizado la cuestión: en torno de la posición de los BRICs y de una estrategia geopolítica patrocinada desde el núcleo duro de la dominación central que busca anular cualquier política externa brasileña “no alineada” (para recuperar un término hoy en desuso). De esta manera, es importante establecer una diferencia entre la expresión política explícita de la crisis (económica y política) y los límites estructurales colocados por la dinámica de la profundización del desarrollo capitalista brasileño, esto es, los límites enfrentados en la expansión de las relaciones sociales capitalistas desde el Brasil y hacia afuera.
En tercer lugar, se sabe que, durante los gobiernos Lula (y con menor intensidad en los gobiernos Dilma) la política externa brasileña tuvo una sensible reorientación, priorizando las relaciones Sur-Sur y articulándose fuertemente con la política interna. Así el Estado brasileño comenzó a actuar como soporte y trampolín para la expansión capitalista hacia otros países y de sectores ligados a la infraestructura y a la construcción, destacándose las áreas de América Latina y África. Lo antedicho, a su vez, no significa afirmar que la política externa, en especial la de los gobiernos Lula, haya tenido un carácter “antiimperialista”, tal como afirman los sectores ligados al PT; sin embargo es innegable la necesidad de reconocer que la misma, en algunos aspectos, entró en ruta de colisión con intereses imperialistas20.
Un conflicto excepcional con los intereses del gran capital internacional y, en particular, con los Estados Unidos (EUA), fue la manera en como el gobierno Dilma condujo la reglamentación da explotación del Pre Sal, que sufrió pesadas críticas por parte de los “representantes literarios” de los intereses imperialistas en Brasil. Su modelo de explotación no siguió el régimen de “concesiones y royalties”, que prescinden de la participación de la empresa estatal y en el cual la empresa inversora tiene el derecho sobre la producción (luego los royalties) y el ingreso del gobierno está estipulado “en dinero”. El modelo adoptado fue el de régimen de “división”, que definió Petrobras como empresa asociada obligatoria y monopolista de explotación; ese modelo presupone la participación estatal, en el que el inversor recibe “petróleo de costo” como pago para la recuperación de los costos. El “petróleo de lucro” se reparte entre el consorcio explorador y el gobierno (vía empresa estatal). Esto es, la propiedad del “petróleo” extraído es del Estado y el país recibe “dos veces”: una como participante del consorcio y otra como gobierno.
Una de las formas de materialización de los intereses imperialistas son los acuerdos comerciales creados por los Estados Unidos: TPP (Trans-Pacific-Partnership Agreement), TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) y TISA (Trade in Services Agreement). 21 Dependiendo del modo en como sean implantados (cantidad de países, clausulas específicas capaces de garantizar o no alguna soberanía estatal en la definición de estratégicas económicas particulares, etc.), ellos podrán, en la práctica, substituir a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en la regulación del comercio internacional y erigirse como un espacio de arbitraje de disputas económicas internacionales.
Como se puede observar en diversos materiales publicados22, tales acuerdos no se limitan apenas a “cuestiones comerciales”, sino que envuelven: la reducción de autonomía (o “soberanía nacional”) en áreas como regulación financiera y de inversiones; en sectores de infraestructura (sector energético, transportes, etc.); “liberalización” (léase apertura a la competencia internacional y a la “extranjerización”) de servicios (como servicios postales, educación y salud); el fin de la obligación en la participación doméstica en sectores considerados estratégicos (política de contenido local); directrices de regulación del trabajo común; además de medios de comunicación y políticas sociales. Además de eso, como se observa particularmente en el TPP (acuerdo en una fase más avanzada en este momento), la propia resolución de disputas económicas (aún entre el gobierno y las empresas) sería encaminada a tribunales internacionales.
Nada más ilustrativo en esta estrategia de realineamiento internacional, bajo la égida estadounidense, que la declaración de Barack Obama (en mayo de 2016) publicada en el Washington Post que dice: “La construcción de muros para aislarnos de la economía global solo nos priva de las increíbles posibilidades ofrecidas por ella. Al contrario, América debe escribir las normas [de la economía mundial]. América debe dar órdenes [call the shots]. Otros países deben jugar según las reglas establecidas por América y nuestros socios, y no al revés. Eso es lo que el TPP nos da el poder de hacer”23 (OBAMA, 2016).
3 – El fin del interregno: el retorno de la agenda neoliberal en su totalidad
Una de las críticas permanentes de los sectores de izquierda en relación a la política macroeconómica de los gobiernos del PT se refiere al hecho de haber mantenido el trípode, esto es, haber mantenido una meta de inflación específica, una de superávit primario y la meta de sostener un régimen de cambio flotante. Esto no sólo era la prueba de la continuidad de la política económica en relación a su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, como constituía la marca registrada de su neoliberalismo, a pesar de las políticas sociales redistributivas dirigidas a los sectores más pobres de la población. Esas últimas apenas le daban la adjetivación de “social” en la expresión “social liberal”. No obstante, a decir verdad y durante el primer gobierno Dilma, como se dijera anteriormente, esas metas fueron bastante exiguas, debido a la intención de equilibrar el impacto sobre la economía en lo que respecta a las restricciones externas, especialmente en relación al fin del ciclo de las commodities, en la tentativa de continuar la estrategia de ampliación del mercado interno. Por otro lado, siempre es posible caracterizar las medidas tomadas, tanto en los gobiernos de Lula como de Dilma, como neoliberales, principalmente cuando se asocia cualquier proceso de privatización a una expresión de la negación del Estado.
Desde nuestro punto de vista, los aspectos señalados, así como varios otros, expresan “solamente” la convicción de esos gobernantes de que era posible conducir la nación atendiendo simultáneamente, y de forma perene, a los intereses de las fracciones de la clase dominante y de los trabajadores y sin indisponerse con las demás fracciones de las clases dominantes en el sentido de sus propósitos. Como bien nos enseñó la historia, aún cuando, en determinados momentos los intereses de las fracciones de la clase dominante parecen coincidir con los de los trabajadores, en situaciones límites, las bases sobre las cuales se asienta esa colaboración manifiesta toda su imposibilidad. Es en la ruptura de esa continuidad que se revela el conjunto de las propuestas actualmente defendidas por todos los sectores que, antes o después, se posicionaron a favor del juicio político de la presidenta Dilma Rousseff. La profundidad y el significado de los cambios/reformas ahora en pauta implican no solamente el desmonte de lo que fue realizado durante los gobiernos del PT, principalmente en el campo de las políticas sociales y en el progreso en el reconocimiento de las diferencias, sino también un retroceso en relación a lo que fue inscripto en la Constitución de 1988, fruto del proceso de democratización del país y expresión del pacto posible en aquel momento. En ese sentido, es posible afirmar que lo que está en juego es una ofensiva de restauración neoliberal24 en su totalidad.
El principal documento que expresa los cambios que están siendo propuestos se denomina “Ponte para o futuro” (Puente hacia el futuro), elaborado por el PMDB, al cual pertenece Michel Temer, uno de los principales articuladores del juicio político, que asumió interinamente la presidencia de la República cuando se produjo la salida de Dilma.25 Pero el diagnóstico de la situación brasileña y las propuestas de este documento, en materia de políticas sociales, de finanzas públicas y de la función del Banco Central, no difieren de lo que consta en la Agenda Brasil, conjunto de propuestas presentadas por un grupo de senadores en agosto de 2015, y también del detalle publicado en el diario Estadão, el 14 de setiembre de 2015, de autoría de algunos economistas de corte neoliberal26. Veamos en forma resumida sus principales propuestas.
Para responder a la cuestión fiscal, esto es, para reducir el gasto público y garantizar la realización del superávit primario, y en nombre de un “presupuesto verdadero” (sic), el documento propone:
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La desvinculación del piso de los beneficios de seguridad social y asistenciales al salario mínimo;
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La desindexación del salario mínimo al desempeño de la economía y a la inflación;
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El fin de la vinculaciones de los porcentuales de los ingresos a la educación y a la salud pública;
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El avance de uso discrecional en lo que se refiere a los ingresos contributivos;27
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La introducción del criterio de edad, de 60 y de 65 años, para el acceso a la jubilación de mujeres y hombres, respectivamente. Sobre ese punto, la propuesta ya cambió y sostiene la defensa de una edad única (65 años), para ambos sexos.28
Para tener la dimensión de lo que implican estos cambios en relación al salario mínimo y al piso de los beneficios sociales y asistenciales, tenemos que recordar que es abundante la cantidad de estudios que señalan que su valorización (tomando en cuenta la inflación pasada y el desempeño de la economía de los dos últimos años) y la indexación del piso de los beneficios fueron las principales causas de la disminución de la desigualdad entre los ocupados que ocurrió durante la última década. Inclusive las causas mencionadas fueron más beneficiosas que el Programa Bolsa Familia, aunque el impacto de esta política no sea despreciable.
En el caso del mercado de trabajo, el salario mínimo beneficia tanto a los trabajadores formales como a los informales y se presenta como lo mínimo que un trabajador debe recibir como asalariado. En el caso de los beneficios asistenciales y de seguridad social, se presenta una renta mínima de inactividad, no importando su motivo. Por su parte, la introducción de ese indexador a los beneficios, en 1988, se inspiró en la necesidad de que las políticas públicas actúen positivamente sobre los bajos rendimientos a los que estaban sometidos tanto los jubilados como los trabajadores de renta más baja. Tomando en cuenta lo antedicho, cualquier propuesta “progresista” que pretenda pensar el Brasil en el futuro, en el camino de la superación de la crisis actual, no puede estar fundada en la disminución de la renta de la base de la pirámide de rendimientos. Aquellos que no manifiestan ninguna vergüenza o inquietud cuando proponen la desindexación de los beneficios y la interrupción de la valorización del salario mínimo demuestran de esa forma de qué lado están en la sociedad brasileña.
A esas propuestas, y todavía en el campo fiscal y de las políticas sociales, se sumó, más recientemente, la idea de revisión del nivel de cobertura del Programa Bolsa Familia, para ser dirigido solo a los 5% más pobres de la población brasileña. Como fuera mencionado por la presidente Dilma en su discurso durante la manifestación del 1º de mayo, en Anhangabaú, ciudad de São Paulo, eso significa excluir del programa a 36 millones de brasileños, restringiendo esa acción a nada más que a 10 millones. Es interesante tomar en cuenta que la contribución de la implantación de esa propuesta para el resultado de las cuentas públicas es irrisoria, porque la totalidad del programa Bolsa Familia no llega al 0,5% del PIB, mientras que los intereses de la deuda interna conforman el 8% del PIB. La conclusión sobre el sentido de estas propuestas, por lo tanto, no puede ser otra: se trata de retomar la agenda neoliberal de la década de 1990, anulando las conquistas introducidas por la Constitución de 1988 y los avances en materia de políticas sociales realizadas durante los gobiernos del PT.
La propuesta de desindexación de los recursos de salud y de educación es tan grave como la desvinculación de los beneficios en relación al salario mínimo, aunque implica otros aspectos que merecen ser rápidamente mencionados. En primer lugar, se trata de mostrar a la sociedad, y a decirlo bien alto, que la salud y la educación No son prioridades en la escala de valores del Estado brasileño y que su acceso deberá ser “garantizado” cada vez más mediante la renta individual de cada sujeto o familia. La introducción de porcentajes sobre los recursos de la Unión, de los Estados y Municipios tenía (tiene) por propósito definir los mínimos de compromiso de los entes públicos en relación a estas políticas, que eran independientes (son independientes) de la orientación política del gestor de turno. Son políticas de Estado, por lo tanto. La propuesta retira ese papel del Estado y, en su lugar, le deja al llamado “mercado” la resolución del acceso a la salud y a la educación. Cuando en nombre de un equilibrio fiscal, cuyo objetivo es el de generar un superávit fiscal para honrar el pago de los intereses de la deuda pública, se propone la desindexación de los recursos para la salud y la educación, se pone en evidencia a quien están sirviendo los autores de la propuesta “Un puente hacia el futuro”. Y el futuro producido por la ausencia de la desindexación sería el peor posible: la completa segmentación de la salud y de la educación. Sabemos bien que esas áreas ya se presentan segmentadas a pesar de la Constitución de 1988. Por ejemplo, en el caso del gasto en salud, el 53,5% se realiza a través del sector privado (Planes y seguros de salud y el pago directo por el usuario) y el sistema público (SUS) enfrenta un subfinanciamiento estructural desde su origen, quedando muy por debajo de lo aplicado en sistemas públicos semejantes en otros países. Lo que cambiaría con la desindexación es que estaría vedada la alteración de la situación actual, de modo que la segmentación y el subfinanciamiento solo se ampliarían.
El intento de concretar la desindexación no es la única propuesta del gobierno que también propone trabajar con el llamado “presupuesto cero”, siendo los recursos destinados a cada área y a cada año el resultado de una negociación, fruto de una disputa, independientemente de cualquier precepto constitucional. La propuesta es que el equilibrio fiscal a largo plazo sea el principio más importante en la administración pública. Para garantizar la aplicabilidad de este precepto se propone la creación de un Comité Independiente para sugerir la continuidad o el fin de los programas gubernamentales de acuerdo con sus desempeños. El resultado de eso es ciertamente la disminución de la capacidad de actuación política del poder executivo, o sea, de su independencia, porque además de ese comité proponen la creación de una institución que funcionaría como una autoridad presupuestaria. En otras palabras, se trata de introducir, en el aparato del Estado, prácticas existentes en las empresas privadas tales como una auditoria constante y elecciones definidas a partir del criterio de la economicidad. Sin embargo, el aspecto más nefasto de esas propuestas es la institucionalización de “centros de poder” independientes e impermeables a las demandas de la denominada sociedad civil, que no estén de acuerdo con los intereses políticos y materiales de las fracciones de clase particulares que controlen tales instituciones. Finalmente, aunque algún frente político divergente de fracción burguesa hegemónica llegue al Poder Executivo federal, o al gobierno, este no tendría control sobre la política monetaria, el presupuesto público y la observación y evaluación de las políticas públicas.
Las propuestas de desindexación contemplarían, aún, y por los menos en tesis, la posibilidad de la desvinculación de los presupuestos de Seguridad Social, tal como se insinúa y se presenta en otros documentos del mismo tenor. Proponer su desvinculación o aumentar la ya existente, de un 20%, es la consecuencia lógica del análisis presente en el documento “Un puente hacia el futuro”. Y allí estaría completada la tarea de desmontar, de hacer retroceder completamente, los avances en políticas sociales introducidas por la Constitución de 1988. Además de modificar los aspectos de su concepción, al eliminar el piso equivalente a un salario mínimo para los beneficios, tornaría sus recursos inciertos, dependientes de prioridades establecidas en cada presupuesto, a partir de los intereses y de las fuerzas presentes en cada votación en el Congreso Nacional. De una política de Estado, la Seguridad Social pasaría a ser el resultado de meras contingencias coyunturales. Pero todo eso está mediado por la no cuestionable necesidad de siempre atender los intereses de los acreedores y de mantener elevadísimas tasas de interés, puesto que en la cuenta de lo que debe ser cortado o reducido, en momento alguno se piensa en redefinir las condiciones que establecen esa ya eterna sumisión a los intereses del capital financiero internacional y nacional.29
Aún en el campo de los derechos, pero en relación a los instrumentos legales que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo, existen propuestas (inclusive ya en trámite en el Congreso Nacional) que proponen la flexibilización y la tercerización del trabajo para todas las actividades al interior de una empresa y la preeminencia de los acordado sobre lo legislado. Como es sabido, no es por casualidad que las relaciones del trabajo son objeto de regulación por parte del Estado en la mayoría de los países. Se trata de reconocer que, entre los trabajadores y los empleadores, los primeros se presentan en el mercado del trabajo en una situación más frágil, porque dependen del empleo y de la renta para vivir. Y exactamente porque no tienen alternativa (precisan trabajar para tener alguna renta; no pueden esperar sin trabajar para que su salario aumente) es que, si no son pasibles de ninguna regulación, estarán sometidos a las peores condiciones de salario y de trabajo. Si la tercerización se profundiza, por ejemplo, seremos testigos de la profundización de la segmentación ya existente entre los trabajadores en el país. Además de la diferencia entre los trabajadores formales e informales, estaremos creando varias instancias de trabajadores de segunda clase entre los formales, dado que los tercerizados no necesariamente tendrán los mismos derechos que los demás. Además, es bueno recordar que estos últimos, por ser importantes para las empresas (dado que integran el denominado “núcleo duro”), tendrían también una mejor capacidad de maniobra en las negociaciones. Por otro lado, siendo admitida la precedencia de lo acordado sobre lo legislado, podemos inferir que, dependiendo de la situación del trabajador o de su colectivo, pueden ser combinados entre las partes infinitos niveles salariales y condiciones de trabajo, lo que implicaría la posibilidad de presenciar retrocesos en términos de la jornada de trabajo, de salarios y de pésimas condiciones de trabajo.
De ese conjunto de propuestas, que constan en el documento “Un puente hacia el futuro” o que están siendo vehiculadas principalmente en los principales diarios del país, se concluye que se trata de completar las reformas neoliberales que no fueron viabilizadas durante los gobiernos del PT debido a una serie de circunstancias. En tiempos de crisis económica profunda del capitalismo, la retirada de derechos constituye la única acción concertada por las clases dominantes. Y esta no se presenta como un instrumento de su superación para lo cual no hay respuesta y si para el mantenimiento de su forma de dominación. Corrobora esta conclusión el conjunto de propuestas presentadas durante los pocos días de gobierno “interino” de Temer. Además de lo que aquí ya fuera mencionado, se destacan: a) las acciones y declaraciones de José Serra (PSDB) como ministro de Relaciones Exteriores que, al rebatir duramente las críticas y denuncias oficiales de los países de América Latina contra el proceso de juicio político (entendidas por ellos como un golpe), se apartó de los aliados construidos durante los gobiernos Lula y Dilma, indicando una reubicación que puede ser entendida como de apoyo a la estrategia de los Estados Unidos en la región (BBC, 2016); b) las declaraciones del ministro de Salud, Ricardo Barros (Partido Progresista – PP), en una entrevista, señalando que era preciso redimensionar el Sistema Único de Salud, dando a entender que la salud pública, hoy universal, debería estar dirigida solo a aquellos que no disponen de un Plan de Salud o a los que tienen renta suficiente para efectuar el pago directo de los servicios privados de salud, y que el camino sería la expansión de la cobertura de los Planes de Salud (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016b); c) la nominación de Maria Silvia Bastos Marques, con un amplio currículum relacionado con las privatizaciones ocurridas en la década de 1990 para la presidencia del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y el anuncio de que el mismo podrá financiar las privatizaciones futuras. Como no resta mucho privatizar, aunque las empresas de capital mixto aún existen, se destacan como objetivo de un proceso de privatización los bancos públicos (Banco do Brasil y Caixa Económica Federal). Vale recordar que esas instituciones fueron justamente los instrumentos utilizados por el gobierno Dilma cuando se contrapuso a los intereses del capital bancario y financiero. Por otro lado, su posible privatización implica abandonar cualquier política diferenciada de crédito para sectores y segmentos tales como la agricultura familiar y la adquisición de la casa propia por parte de la población de baja renta.
Esas propuestas y otras, de todos modos, ya estaban siendo discutidas en el Congreso Nacional mediante el encaminamiento de proyectos de ley y comisiones de investigación. Un ejemplo de eso, se puede encontrar en el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), creada en la Cámara de Diputados, en 2015, que, aunque haya sido instituida para investigar supuestas irregularidades en los préstamos concedidos por el BNDES (entre 2003 y 2015), propuso que la tasa de interés aplicada por la institución, significativamente menor que la del mercado, fuese utilizada solo para programas del sector público brasileño y no más para operaciones en el sector privado (lo que siempre fue una de las características diferenciadas del banco y uno dos pilares de la política de fomento a la industria brasileña). En lo que respecta al “gobierno” del banco, se sugirió la adopción de “instrumentos de aislamiento político para los directores y sus decisiones”, estableciendo una referencia contraria al estatuto del BNDES cuya norma ordena que los directores del banco sean nominados por la presidencia de la república. El informe todavía destacó que los apoyos financieros aprobados por el BNDES, que utilicen recursos aportados directamente por el Tesoro Nacional o que impliquen “alguna exposición de riesgo en relación al crédito” para la Unión, deban ser evaluados también desde la perspectiva de la gestión fiscal gubernamental (CÁMARA DE DIPUTADOS, 2016).
Consideraciones finales
La crisis política en Brasil, más allá de los lugares comunes a ella usualmente atribuidos (“compleja”, “combinada con crisis económica”, etc.), no se trata simplemente de una forma “crítica” de resolución de conflictos distributivos entre las clases dominantes “locales”, en donde los costos de la crisis serían socializados para el conjunto de los trabajadores. Ese es apenas su aspecto más evidente y que ya se diseñaba con el ajuste (propuesto, aunque no llevado a cabo) de Dilma. Lo que se coloca como fundamento más grave de la crisis es el movimiento de realineamiento del Brasil (y de Latinoamérica) con los intereses imperialistas estadounidenses luego de casi una década de no estar alineado.
Desde el punto de vista externo, se trata, de una ofensiva neoliberal bajo la égida de los Estados Unidos aplicada a América Latina (y sobre los denominados BRICS). Se trata de llevar a cabo las reformas incompletas o no realizadas durante el período anterior de dominio neoliberal en la región. Apenas para ejemplificar, recordemos que, en el caso brasileño, la legislación laboral se presenta como un gran obstáculo para la flexibilización total del mercado del trabajo. Este, a pesar de sus problemas, regula la contratación y el despido de los trabajadores del mercado formal del trabajo, estando lejos del “edén de los derechos naturales” de entre los cuales el libre cambio estadounidense extrae sus bases. Dentro de ese panorama, un conjunto de herramientas ha sido articulado intentando un mayor debilitamiento del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la interrupción de cualquier política que pueda fortalecer a la Unasur, buscando una completa “extranjerización” de las actividades económicas (petróleo, compras públicas, procesos licitatorios, etc.). No obstante, aunque las reformas neoliberales ya no son consideradas “razonables” y suficientes por el gran capital internacional, estadounidense o no, y sus secuaces locales, el objetivo es el de un redireccionamiento con la intención de reorganizar toda la inserción externa de la región. Eso se evidencia mediante el conjunto de acuerdos patrocinados por los Estados Unidos (TPP, TTIP y TISA) que ampliarán la subordinación de la región a los países centrales en su conjunto (cuya expresión cristaliza fundamentalmente en la OTAN).
Internamente en Brasil, y desde el punto de vista económico, el resultado de la ofensiva neoliberal será una mayor privatización de lo que todavía resta y, principalmente, una mayor “extranjerización” de la economía. Los objetivos que se destacan son, justamente, Petrobrás y el sector de infraestructura y construcción civil brasileño, objetos de investigación de la Operación Lava-Jato. Desde el punto de vista político, el resultado, que ya se ha diseñado será una creciente intolerancia y represión a los movimientos sociales de trabajadores. En ese aspecto, el avance de la derecha no se restringe a esos “actores”: este se da sobre todo el conjunto de derechos humanos, esto es, no apenas aquellos derechos tenidos como de segunda y tercera generación, sino también los de cuarta generación, que incorporan el reconocimiento identitario del otro. Es necesario destacar que fue durante la experiencia de los gobiernos del PT que se dio el crecimiento al interior de la entonces “base aliada”, fiadora de la “gobernabilidad” de los sectores profundamente reaccionarios (destacándose el sector evangélico en el Congreso Nacional), que intentan explícitamente criminalizar cualquier forma de aborto y que constituyen la cara institucionalizada de la persecución y la violencia contra los grupos LGBTTs.
Por último, otro aspecto importante que se puede concluir de la experiencia de los gobiernos del PT se refiere a los límites establecidos por un proyecto fundado en la conciliación de clases. Eso, como bien demuestra la historia del capitalismo, está condenado al fracaso, siempre que, en su interior, no se construya una vía de superación por el lado de las masas populares. Si eso no ocurre esos gobiernos resultan solamente la antecámara del avance de la derecha sobre los movimientos sociales, de los trabajadores y del conjunto de los oprimidos.
São Paulo, 30 de mayo de 2016.
Traducción de Ramiro Andres Fernandez Unsain
Referencias
Breser Pereira, Luiz Carlos, “Reindustrialização como projeto nacional”. Em: Le Monde Diplomatique Brasil, octubre 2015.
Breser Pereira, Luiz Carlos, “Reflexões sobre o Novo Desenvolvimentismo e o Desenvolvimentismo Clássico”. Em: Revista de Economia Política, vol. 36, nº 2 (143), 2016, pp. 237-265.
Cagnin, Rafael Fagundes et AL., A gestão macroeconômica do governo Dilma (2011 e 2012). Novos estudos - CEBRAP, São Paulo, n. 97, 2013, p. 169-185. Disponible en:
=en&nrm=iso>. Acceso el: 10 mayo de 2016.
Câmara Brasileira Da Indústria Da Construção –CBIC. Maiores empresas de construção. 2016. Disponible en: . Acesso el: 08 mayo de 2016.
Câmara Dos Deputados, Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ocorridas entre os anos de 2003 e 2015, relacionadas à concessão de empréstimos suspeitos e prejudicais ao interesse público. Relatório Final da CPI BNDES. Brasília, 2016. Disponible en: . Acceso: 10 de mayo de 2016.
Confederação Nacional Da Indústria– CNI (2016). Retratos da sociedade brasileira: rotatividade no mercado de trabalho. Año 5, nº 30. Março de 2016. Disponible en:
RetratosDaSociedadeBrasileira_30_Rotatividade.pdf>. Acceso el: 5 mayo de 2016.
Departamento Intersindical De Assessoria Parlamentar– DIAP, Radiografia do Novo Congresso: Legislatura 2015-2019. Brasília, DF: DIAP, 2014.
Marques, Rosa Maria; Leite, Marcel Guedes; Mendes, Áquilas; Jansen-Ferreira, Mariana Ribeiro, “Discutindo o papel do Programa Bolsa Família na decisão das eleições presidenciais brasileiras de 2006”. En: Revista de Economia Política, Volumen 29, nº 1, enero-marzo, 2009.
Marque, Rosa Maria; Nakatani, Paulo, “A crise mundial e a economia brasileira”. En: O Olho da História, nº 16, Salvador (BA), Julio, 2011.
Marques, Rosa Maria; Mendes, Áquilas, “A proteção social no capitalismo contemporâneo em crise”. En: Argumentum, Vitória (ES), v. 5, n.1, págs. 135-163, enero/junio 2013.
Marques, Rosa Maria; Andrade, Patrick Rodrigues. Brasil 2003-2015: balance de una experiencia “popular”. XVII Seminario Internacional de la Red de Estudios de la Economía Mundial (Redem), 2015. En imprenta.
Obama, Barack, The TPP would let America, not China, lead the way on global trade. Washington Post, Opinions, May 2, 2016. Disponible en: . Acceso el: 25 mayo de 2016.
Poulantzas, Nicos, As classes sociais no capitalismo de hoje. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
Roberts, Paul Craig, Washington Launches Its Attack Against BRICS, 2016. Disponible en: . Acceso el: 5 mayo de 2016.
Singer, André, “Raízes sociais e ideológicas do lulismo. São Paulo”. En: Novos Estudos Cebrap, nº 85: 83 — 99, 2009.
Teixeira, Rodrigo Alves; Pinto, Eduardo Costa, “A economia política dos governos FHC, Lula e Dilma: dominância financeira, bloco no poder e desenvolvimento econômico”. En: Economia e Sociedade, Campinas, v. 21, Número Especial, p. 909-941, diciembre 2012, p. 910 - 941.