Contrasentidos del neo-desarrollismo

La desaceleración de la economía argentina es ya visible en muchos terrenos. La tasa de crecimiento sufre una abrupta caída y en los próximos meses se sabrá si el estancamiento desemboca en recesión. Hay un repliegue de la industria y la construcción que acentúa la escasa creación de empleo de los últimos años y posibilita la destrucción de puestos de trabajo.

 

 

Existen opiniones contrapuestas sobre la duración e intensidad del freno económico. Algunos analistas estiman que la paralización productiva será corta si en el semestre en curso repunta el nivel de actividad del principal socio del país. Consideran que las medidas de estímulo fiscal adoptadas por el gobierno brasileño repercutirán positivamente sobre Argentina. También pronostican que el ciclo ascendente se reabrirá en el 2013, si se confirman las previsiones de cosecha récord con precios elevados. El aluvión de dólares resultante de esas ventas aliviaría las necesidades fiscales en un ejercicio con menores vencimientos de la deuda pública.

Otros economistas describen un horizonte más sombrío, tanto por el agotamiento del ciclo precedente como por la ausencia de inversión privada. Pero nadie avizora la reaparición de una situación de colapso semejante al 2001-02. Se debate el alcance que tendría una recesión, tomando la caída del 2009 como referencia comparativa.

Resulta muy difícil explicar la coyuntura actual partiendo de un diagnóstico oficial, que retrata cómo “se nos cayó el mundo encima”. En los hechos ese impacto externo es limitado. Es cierto que el estancamiento de Brasil afecta seriamente a la exportación industrial. Pero la debacle europea tiene consecuencias reducidas y el relativo aislamiento del sistema financiero local neutraliza los efectos del temblor bancario internacional.

Por otra parte, los precios por tonelada de la principal exportación argentina se ubican en un impensado récord de los 600 dólares por causas climáticas (sequía en Estados Unidos) y financieras (especulación con las materias primas). La duración de esa sorprendente apreciación es impredecible, pero contribuye a sostener la mejora del 24% que han registrado los términos de intercambio comercial desde el 2007.

Los economistas del oficialismo relativizan estos datos y estiman que Argentina capea la tormenta global por su acertado manejo de las variables macro-económicas. Contrastan este comando con la desastrosa gestión que prevalece en la periferia europea. Comparan ambas situaciones y remarcan la capacidad que ha exhibido el país para enfrentar el mismo temporal, “sin recurrir al ajuste” .[1]

Esta caracterización no aclara por qué razón los gobiernos neoliberales de América Latina (Chile, Colombia, México, Perú), tampoco atraviesan por un período de ajuste. Afrontan una coyuntura parecida a la de Argentina, aplicando estrategias económicas de apertura, privatización y flexibilidad laboral semejantes a sus pares europeos.

Es evidente que la crisis global tiene impactos distintos en cada región, en función del ciclo o la inserción financiero-comercial de cada país en la economía mundial. Por las mismas razones que la crisis capitalista incide en forma divergente en Estados Unidos y en China o en la India y Francia, la situación de América Latina difiere de Europa. Para comprender este contraste hay que evitar las analogías superficiales, que sólo buscan ponderar los méritos de una política económica en desmedro de otra.[2]

El contrapunto entre Grecia o España con Argentina no es válido. Se equiparan economías que afrontan contextos objetivos muy disímiles. Lo pertinente sería contrastar la situación actual de esos países con nuestro colapso del 2001-02. Sólo en ese momento Argentina soportaba un desmoronamiento equivalente, y conviene recordar que durante ese desplome todos los oficialistas de turno (del PJ o de la Alianza) eran ejecutores del ajuste. Sólo adoptaron la bandera del crecimiento cuando la crisis amainó.

El uso de la tormenta financiera global, como argumento político de ocasión, induce a manipular las evaluaciones en función de las conveniencias del momento. La misma coyuntura es utilizada para magnificar el torbellino (y justificar por ejemplo el adelantamiento de las elecciones) o para resaltar lo opuesto: la fortaleza de un modelo “blindado” frente a cualquier avatar internacional.

El análisis serio de lo que está ocurriendo exige, en cambio, constatar el efecto contradictorio de la crisis mundial sobre la economía argentina y las grietas internas del modelo actual. Este esquema ya dejó atrás el primer período de expansión sin obstáculos (2003-2008) y la segunda etapa de acotados desajustes (2009-2011).

 

 

La inflación es el primer problema específico de la economía nacional. El absurdo encubrimiento de la carestía que realiza el INDEC impide transparentar la gravedad de este flagelo. Los índices provinciales ubican el ascenso de los precios en torno al 23% anual y otras mediciones (encuestadoras privadas, índices barriales, cálculos del Congreso, consultoras oficialistas) estiman porcentajes semejantes.

La inflación está recreando un alarmante nivel de pobreza e indigencia y tiende a licuar la asignación universal. Podría incluso impactar sobre los salarios del sector formal, al desactualizar los montos recientemente negociados en las convenciones colectivas. Lo que se acordó en las paritarias perderá vigencia si persiste la escalada de los precios. Este efecto puede ser muy significativo para la mitad de los asalariados en blanco que gana menos de 4.000 pesos.

Muchos determinantes se conjugan para producir el resultado inflacionario, pero los precios principalmente aumentan para mantener la rentabilidad de las grandes empresas. Los grupos capitalistas concentrados aseguran sus beneficios con remarcaciones.

Desde el 2008 la inflación ha reflejado fuertes restricciones de la oferta, que a su vez derivan del reducido nivel de inversión. Los precios han ascendido por una baja provisión de productos frente a una demanda recompuesta. Con la misma capacidad instalada ya no se pueden satisfacer mayores pedidos de compra.

También la creciente emisión monetaria comienza a emerger como un acelerador potencial de inflación. El ritmo de creación de dinero se ha multiplicado y la cantidad de pesos en circulación puede motorizar, como en el pasado, una inercia ascendente de los precios.

El segundo problema importante de la coyuntura es la continuada salida de capitales. Por pagos de la deuda y remisiones de utilidades, el año pasado emigraron 13.500 millones de dólares, es decir el equivalente a todo el excedente comercial. Entre fines del 2007 y octubre 2011 el monto total de esos retiros alcanzó 80.000 millones de dólares. Esta sangría sólo quedó neutralizada por los 100.000 millones de dólares que generó la exportación.

La magnitud de esa salida de capitales obedece a múltiples razones. Las filiales locales de las empresas extranjeras transfirieron enormes sumas de dinero a sus casas matrices, para compensar el deterioro imperante en las economías centrales. Además, muchas empresas locales continuaron diversificando inversiones en el exterior, mientras resguardan parte de su capital fuera del país.

La industria volvió a enfrentar, por otra parte, el típico cuello de botella externo que irrumpe al cabo de un ciclo de prosperidad. En esos períodos se acentúa el déficit comercial de un sector que consume muchas divisas con la importación de componentes. Finalmente, la inédita avalancha de compras externas de combustible que produjo la decreciente provisión interna de petróleo, determinó otro caudal de dólares perdidos.

La continuada expectativa de devaluación que genera la brecha cambiaria acentúa la emigración de capitales. El denominado “retraso del dólar” obedece en realidad a un “adelanto de la inflación”, que ha desarticulado la relación entre ambas variables. Desde el 2007 la cotización de la divisa se apreció un 43%, frente a una escala de 189% de los precios internos.

El tercer problema severo del contexto actual es el desequilibrio fiscal. El superávit fiscal primario se ha esfumado, cualquiera sea la interpretación técnica del cómputo del desbalance (por el financiamiento que realizan el Banco Central y la ANSES). El excedente que rodeó al debut del modelo ha desaparecido y el gobierno recurre a múltiples instrumentos para compensar esa pérdida.

La ausencia de reformas impositivas progresivas es la principal causa del bache fiscal. Este cambio en la recaudación resulta indispensable para equilibrar con nuevos ingresos la significativa ampliación del gasto público. La perdurabilidad del viejo sistema regresivo ha dado lugar en los últimos años un desfasaje insostenible, por la magnitud de los desembolsos oficiales en dos rubros muy deficitarios (energía y transporte).

El deterioro fiscal afecta duramente a las provincias, que incrementaron sustancialmente el empleo público (de 764 mil a 1,2 millones de empleados entre 2003 y 2012) y ahora no pueden financiar esa expansión. La plantilla salarial absorbe más de la mitad de esos presupuestos. El desfinanciamiento provincial se acentuó, además, por la pérdida de los porcentuales recibidos en concepto de coparticipación federal. Este ingreso se redujo primero del 50,6% del total (1993), al 34 % (2009) y últimamente al 32,7% (2011)). Frente al enorme rojo que afecta a las cuentas públicas de todo el interior resulta poco creíble la explicación presidencial, que atribuye el desbalance a la ineficiencia de los gobernadores.

Esa interpretación omite que las mismas limitaciones fiscales golpean al gobierno nacional. Estas dificultades han determinado, por ejemplo, el retraso en la adaptación del mínimo no imponible al aumento de los salarios. Por esta razón la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los sueldos se ha transformado en un problema de envergadura. Más de 3 millones de trabajadores tributan un gravamen formalmente destinado a los beneficios empresarios. En muchos casos ese pago absorbe un aguinaldo entero.

Las consecuencias de preservar un sistema tributario tan regresivo saltan a la vista. Las exenciones a la renta financiera y a las industrias promocionadas le restan anualmente al fisco 8.900 millones de pesos. Esta suma supera con creces el costo fiscal de 3.000 millones de pesos, que implicaría eliminar un gravamen a salarios tipificados como beneficios.

Pero lo peor es la justificación oficialista de este impuesto como una penalidad a la “aristocracia obrera”. Afirman que este sector mejoró su nivel de ingresos y debe ampliar su contribución impositiva. Con ese criterio se supone que la equidad avanzará con tributos a los trabajadores calificados y eximiciones a los financistas.

Hace algunos años se utilizaba el mismo razonamiento para avalar el arancelamiento de las universidades estatales. Se afirmaba que la clase media debe pagar más que los pobres por el uso de un servicio público. De esta forma se iguala para abajo y se elude eliminar los privilegios impositivos que amparan a los grupos enriquecidos.

 

 

La inflación, la salida de capitales y el déficit fiscal han complicado el escenario económico. El establishment presiona al gobierno para que implemente un fuerte atropello contra los trabajadores. Desde noviembre pasado hacen valer esa exigencia en el mercado cambiario, a través de grandes compras de dólares.

Los hombres de negocios plantean tres reclamos –corte de la emisión, devaluación y re-endeudamiento– a través de viejos voceros, que han vuelto a la pantalla (desde Broda hasta Cavallo). Despliegan sus recomendaciones apostando a la amnesia colectiva de lo ocurrido en los 90.

Los antiguos expertos de la convertibilidad despotrican contra restricciones a las libertades económicas individuales, como si la economía capitalista funcionara sin estrictas regulaciones. Repiten la trillada comparación de la economía doméstica con su equivalente nacional, para recordar que “no se puede gastar más de lo que ingresa”. Pero no sólo olvidan sus récords de endeudamiento. Omiten la diferencia cualitativa que separa a una familia –con recursos acotados– de un Estado, con capacidad para incidir sobre el nivel general de actividad mediante políticas macro-económicas.

Los derechistas pronostican el “rodrigazo” y lo impulsan en la práctica. Buscan la auto-destrucción del gobierno actual, fantaseando con el retorno del neoliberalismo ortodoxo. Ante el desmoronamiento de las economías que elogiaban en la década pasada (como España o Irlanda), ahora convocan a imitar el modelo chileno, peruano o colombiano.

Pero lo más chocante es su despliegue de hipocresía. Los apologistas del libre-comercio cuestionan la “soja-dependencia” (Melconian). Los antiguos voceros de las AFJP alertan contra el “derroche del dinero de los jubilados”. Los emporios periodísticos que lucraban con la privatización del sistema previsional titulan con las desgracias de la clase pasiva (Clarín). Los ex gerentes de bancos norteamericanos denuncian el aumento del endeudamiento público (Prat Gay).

Algunos ajustadores reclaman directamente la devaluación (López Murhpy). Otros proponen lo mismo con fórmulas más elegantes. Hablan de “corrección cambiaria” (Frenkel), “ordenamiento de las variables desajustadas” (Lavagna) o eliminación del “cepo cambiario” (Llach). Todos ocultan que esa medida provocaría un deterioro inmediato de los ingresos populares.[3]

Ninguno propone reducir la inflación acotando la rentabilidad de los capitalistas. Recetan un enfriamiento de la economía que denominan “política antiinflacionaria eficaz” (Rapaport), o “sinceramiento de los precios” (Frigerio). Tampoco se les ocurre corregir el déficit fiscal cortando las subvenciones a los grandes grupos. Sólo convocan a terminar con “la fiesta del gasto público” (Oppenheimer). Su verdadero objetivo es anular las mejoras sociales logradas en los últimos años.[4]

Los derechistas consideran pecaminoso reducir el desbalance de las cuentas públicas con algún impuesto a los acaudalados. Por esta razón pusieron el grito en el cielo, ante el tibio revalúo rural realizado en la provincia de Buenos Aires, para actualizar valores de terrenos que tributaban siete veces menos que en 1984.

Los economistas del establishment han hecho también un escándalo por el control de las importaciones (Sturzenegger), omitiendo que estas restricciones son la norma en sus ponderadas economías centrales. Algunos diarios (La Nación) llegan al extremo de advertir contra represalias norteamericanas o europeas, ignorando las barreras arancelarias que traban el ingreso de exportaciones argentinas a esos países.[5]

Para enmascarar el programa de ajuste los medios de comunicación utilizan un concepto mágico: “recuperar la confianza”. No aclaran que esa ansiada seguridad está exclusivamente dirigida a los grandes capitalistas. Su obsesión es “mejorar el clima de los negocios” con mayores protecciones a las ganancias.

Los derechistas hacen campaña para reemplazar “la mala praxis” de la gestión actual por el manejo experimentado de los viejos gerentes del poder económico. Suponen que la satisfacción de los banqueros y los industriales asegura el funcionamiento óptimo del sistema. Todavía no han percibido que la crisis global estalló con la aplicación de esas recomendaciones, durante dos décadas de irrestricta práctica neoliberal.

 

 

El gobierno ignora públicamente los problemas de la economía y difunde un imaginario escenario de prosperidad. Pero en los hechos toma en cuenta la agenda de los poderosos y ha oscilado entre el ajuste dosificado y acotado (“sintonía fina”) y el reciclaje de la reactivación con inflación. Vacila entre ambos rumbos y desenvuelve una administración a los tumbos, con gran dosis de improvisación.

Hasta marzo pasado impulsaba el torniquete, mediante la fijación de estrictos techos a los aumentos salariales (18%). Los discursos contra los sindicatos y las huelgas pavimentaban ese camino. Con ese propósito se descalificó la lucha social y se multiplicaron las convocatorias a la pasividad de los trabajadores (“en Europa no bloquean el Palacio de la Moncloa”).

Pero la suscripción de los convenios colectivos con aumentos superiores al 23% debilitó esa estrategia. Los indicios de resistencia popular y un contexto adverso a la confrontación con los asalariados indujeron al gobierno a cajonear su proyecto inicial. La conmoción creada por la tragedia de Once definió el viraje que debutó con la postergación del tarifazo al transporte.

La “sintonía fina” ha quedado reemplazada por un nuevo ensayo de reactivación basado en el consumo. La creciente gravitación del equipo de Kicillof confirma la preeminencia de esta opción. Apuestan a una desaceleración corta de la economía y a superar el bache actual con la misma política anti-cíclica que se aplicó en el 2009.

Pero la viabilidad de esta repetición es dudosa. Hace tres años existían amplios recursos fiscales y recién comenzaba la salida de capitales y la aceleración de la inflación. El colchón para adoptar medidas de gran impacto (como fue la asignación por hijo) se ha reducido y las negociaciones con las empresas –para limitar los despidos a cambio de subsidios– serán complejas. Estas tratativas no han servido, además, para atenuar la remarcación de precios o remontar la caída de la inversión privada.

El gobierno intenta incentivar la demanda, regulando el ciclo y alentando la producción. Pero se han acumulado demasiados antecedentes de aplicación tardía y eficacia decreciente de esas medidas. No es lo mismo ensayar en el 2012 lo que debía instrumentarse en el 2005 o el 2007. Este desfasaje se verifica en numerosos terrenos.

El equipo gobernante ha decidido, en primer lugar, eludir la devaluación mediante una mayor pesificación de la economía. El objetivo declarado es canalizar los dólares circulantes hacia la actividad productiva y resguardar las divisas. Algunos economistas realzan, además, la necesidad patriótica de recuperar la primacía de la moneda nacional y convocan a ignorar los vaivenes del mercado paralelo.[6]

Pero la pesificación comienza cuando ya salieron gran parte de los dólares que debían custodiarse. Se toleró la fuga de capital, la remisión de utilidades y las erogaciones multimillonarias para adquirir combustible importado. Es indudable que el control de cambios es el punto de partida de una política de protección de la economía nacional frente a la inestabilidad global. Pero ese objetivo no se logra con acciones espasmódicas, arbitrarias y provisionales.

Un segundo ejemplo de reacción tardía es el anuncio de un plan de créditos para la vivienda, luego de años de aliento a construcciones de lujo, que encarecieron la propiedad urbana imposibilitando su acceso a los sectores populares. El nuevo programa no se financiará con impuestos a los capitalistas que se enriquecieron con la expansión inmobiliaria, sino con fondos de la ANSES. Se argumenta que volcando esa reserva a la construcción habrá reanimación de la economía y mayor caudal de dinero para pagos futuros de las jubilaciones. Pero los mayores de edad necesitan mejoras inmediatas y no pueden esperar los frutos de esa prosperidad.

Si bien la cobertura total de la población se elevó significativamente (del 68% en el 2005 al 91% en el 2010), las jubilaciones promedio rondan el 40-50% del sueldo medio. El 75% cobra la mínima y muchos padecen la licuación de haberes sufrida entre el 2002 y el 2006. Existen, además, 266.000 juicios en espera de resolución y cada año se abona sólo un cuarto de las sentencias firmes. Es cierto que el dinero de la ANSES debe ser invertido en actividades productivas internas, pero la prioridad es saldar las deudas pendientes con los mayores.

Si continúa, además, la utilización de los recursos de la previsión social para los gastos corrientes del Estado (asignación universal, programa conectar, déficit de provincias), el Fondo de Sustentabilidad corre un serio riesgo depreciación. El año pasado aumentó 12,1% frente a una inflación de 24%.

La decisión de obligar a los bancos a destinar un porcentaje de su cartera a los créditos de inversión constituye un tercer ejemplo de medidas tardías e insuficientes. Durante años el discurso industrialista no tuvo eco real en la actividad financiera. Los bancos ganaron fortunas con préstamos al consumo y operaciones de intermediación con títulos públicos.

Algunos economistas señalan que las nuevas medidas de orientación crediticia son factibles recién ahora, cuando concluyó la reforma a la carta orgánica del Banco Central. Afirman que estos cambios amplían la posibilidad de utilizar las reservas en políticas anti-cíclicas. Sostienen que se puede finalmente adaptar la cantidad de dinero a las necesidades de la economía y no sólo a las metas de inflación.[7]

Cumplir con esos objetivos exigiría nítidas prioridades productivas para el uso de las reservas. Es cierto que se han eliminado los vestigios de convertibilidad y los ficticios criterios de independencia del BCRA. Pero se aceptan otros condicionamientos de gran envergadura, como son los pagos de la deuda externa con dólares atesorados. Se utiliza, además, una retórica engañosa para justificar esas erogaciones. La reciente la cancelación del BODEN 2012 constituye el ejemplo más reciente de esta actitud.

La medida fue presentada como un acto patriótico (“sin deuda somos más libres”), que zanja una herencia ajena (“terminamos de pagar el corralito que nos dejaron otros”). Pero en los hechos se convalidó la socialización de pérdidas que ocasionó la devaluación con pesificación asimétrica del 2002. Esta compensación favoreció mucho más a los bancos que a los ahorristas, puesto que sólo el 23% del segundo grupo pudo retener los títulos. La mayoría debió liquidarlos a bajos precios.

El pago de ese emblemático bono efectivamente aumentó la autonomía del gobierno para gestionar las finanzas públicas. Lo mismo ocurrió con la cancelación anticipada de la deuda al FMI. Pero lo importante es notar cómo ese margen de acción es utilizado para favorecer a los grupos capitalistas más concentrados.

El manejo de la actividad petrolera constituye un cuarto ejemplo de abordaje a destiempo de los problemas, achacando la culpa a otros. Durante ocho años el gobierno desoyó las incontables denuncias del saqueo perpetrado por Repsol. Se elogiaba a la empresa, convalidando un vaciamiento que sólo en la Cuenca Neuquina dejó una deuda ambiental 5.000 millones de dólares. La estatización sobrevino cuando la pérdida del auto-abastecimiento, la caída de las reservas y los gastos de importaciones crearon una situación insostenible.

La estrategia petrolera actual constituye una gran incógnita. Por un lado, se designó al frente de YPF a un gerente de las petroleras privadas (Gallucio), que aspira a concertar contratos privilegiados con esas compañías, aumentando los precios en boca de pozo. Por otra parte, se ha extendido el control estatal sobre todas las inversiones y ganancias del sector, revirtiendo la libre-disponibilidad del crudo, mientras se suscriben interesantes convenios de asociación con PDVSA. Estos vaivenes en el manejo de los hidrocarburos siguen la misma pauta ambivalente que impera en el ámbito de la moneda, la producción o las finanzas.

 

 

La política económica del kirchnerismo oscila junto a los grandes desequilibrios que afectan a la economía argentina. El oficialismo intenta gestionar estas tensiones sin revertir sus causas. No modifica la fragilidad de la estructura productiva nacional y en varios terrenos acentúa esa vulnerabilidad.

El modelo avala la creciente dependencia de un monocultivo que expande su preeminencia. La soja se extiende con deforestación y agro-tóxicos hacia toda la superficie agrícola, generando desalojo de campesinos, concentración de tierra y reducción del número de explotaciones.

El mismo impacto produce la ampliación de la mega-minería a cielo abierto, que amenaza la provisión del agua proveniente de los glaciares. Esta actividad destruye cultivos tradicionales y afianza “economías de enclave” manejadas por compañías transnacionales, que no generan empleo, ni pagan impuestos acordes a su actividad. Este perfil extractivo ha quedado agravado por la escasez de combustible, que sucedió a la pérdida del auto-abastecimiento. La falta de petróleo y gas obstruye el desenvolvimiento de la economía.

Al cabo de ocho años de alto crecimiento tampoco se observa un efectivo repunte de la industria. El sector manufacturero se ha expandido bajo el impulso de los vaivenes cíclicos, sin corregir su escasa diversificación, elevada concentración, continuada extranjerización y sistemática transferencia de utilidades al exterior.

Por estas razones reaparecieron las viejas restricciones que afectan a un sector altamente dependiente, sectorialmente fracturado y comercialmente deficitario. Las importaciones aumentan a un ritmo superior a las ventas externas y perdura la decreciente integración de componentes nacionales.

El modelo funciona convalidando una lógica capitalista de alta rentabilidad, que promueve la fabricación de autos en lugar de trenes y la construcción de torres residenciales, en desmedro de complejos habitaciones populares. Se ha privilegiado el consumo de altos ingresos y no el desarrollo productivo.

Es cierto que en este marco se consumó la recuperación de importantes conquistas populares. La política oficial convalidó, en este terreno, la vigencia de relaciones sociales de fuerza más favorables a los asalariados. Por esta razón, los sueldos del sector formal aumentaron al compás de la inflación. Pero esos logros de los trabajadores registrados no se han extendido al resto de los asalariados. Al contrario, se afianza la fractura entre empleados inscriptos con protección social y precarizados carentes de cualquier cobertura.

La masa de informales continúa padeciendo terribles condiciones de explotación laboral y paupérrimos ingresos. La existencia de un gasto social mayúsculo confirma la gravitación del asistencialismo y la escasa inclusión de los desamparados. La desigualdad se mantiene en niveles semejantes a la mitad de los 90 y sería ingenuo suponer que el modelo es ajeno estos resultados.

Algunos partidarios del oficialismo ignoran estos problemas, otros repiten el latiguillo de la “herencia recibida” y ciertos analistas estiman que las dificultades son mucho menores que los logros alcanzados. Sustentan esta opinión en el fuerte rechazo que suscita el modelo entre los críticos derechistas y el significativo elogio que despierta entre los economistas progresistas del exterior. Estiman que ambas reacciones corroboran el tránsito por el buen sendero.[8]

Pero este contrapunto sólo ilustra cómo se han polarizado las opiniones entre el esquema neo-desarrollista vigente y los planteos de la ortodoxia neoliberal. Estas dos opciones son vistas como los únicos cursos factibles y por eso se debate exclusivamente las diferencias entre ambos modelos. Las distinciones más resaltadas son la política económica (tracción de la economía por la demanda o la inversión), la gestión del Estado (regulación o privatización) y los intereses dominantes en disputa (grupos agro-industriales versus financistas).[9]

Pero al enfatizar sólo esas divergencias se pierden de vista los múltiples vasos comunicantes que enlazan a los dos proyectos. Este parentesco obedece en gran medida a la impronta conservadora que presenta el neo-desarrollismo contemporáneo. Esta corriente es reacia a cualquier redistribución real de los ingresos que mejore el nivel de vida popular a costa de los beneficios empresarios. Por esta razón no reduce la desigualdad con medidas de progresividad impositiva.

La brecha social no podrá achicarse sin afectar las ganancias que el modelo actual promueve, como un motor del desarrollo económico. Los teóricos neo-desarrollistas desconocen este hecho porque mantienen una mirada idílica del capitalismo y suponen que el aliento del lucro es plenamente compatible con mejoras significativas y sustentables de las mayorías populares. Pregonan el avance hacia el bienestar de todos los ciudadanos mediante el perfeccionamiento de las instituciones políticas vigentes, como si los conflictos sociales y los antagonismos de clases fueran anécdotas del pasado.

El neo-desarrollismo argentino constituye la avanzada regional de una concepción que está ganando terreno en varios países latinoamericanos, ante el creciente desprestigio del neoliberalismo. Comienza incluso a prosperar en Brasil, a través de una modalidad híbrida que despuntó en el segundo mandato de Lula.[10]

A diferencia del viejo desarrollismo, sus promotores actuales subordinan la industrialización a la exportación de bienes primarios y no canalizan la renta captada por el Estado, hacia el desarrollo de empresas públicas. Tampoco jerarquizan el mercado interno y aceptan la reinserción pasiva de América Latina como proveedor internacional de minerales, alimentos o combustible.

El neo-desarrollismo sintoniza con los sectores de las clases dominantes que han internacionalizado sus fuentes de lucro. Promueve los negocios de estos grupos mediante intervenciones más activas del Estado, mayor coordinación regional y creciente autonomía financiera. Inscribe todos sus proyectos en la nueva etapa de mundialización capitalista y abandonó las veleidades antiimperialistas del pasado.

 

 

Los defensores del modelo ponderan la recuperación de un manejo soberano de la economía, pero nunca aclaran quiénes son los principales beneficiarios de esa gestión. En lugar de especificar estos sujetos responden con generalidades (toda la sociedad), con reminiscencias nacionalistas (el país, la patria) o con alusiones tangenciales a las mayorías (el pueblo). Sólo algunos economistas reconocen que el principal objetivo social del esquema en curso es recrear la burguesía nacional, que tantas veces ponderó Kirchner.

Pero este propósito choca con la inexistencia de grupos capitalistas de envergadura exclusivamente centrados en la acumulación local y el mercado interno. Los distintos segmentos de ese empresariado ya no ocupan lugares preeminentes en la cúspide del poder económico. El establishment ha quedado muy configurado por grupos exportadores y firmas diversificadas, con grandes capitales e intereses en el exterior.

En los últimos ocho años se utilizaron cuantiosos recursos del Estado para alentar el resurgimiento de la burguesía nacional, esperando que apuntale el desenvolvimiento del modelo. Esas subvenciones fueron íntegramente costeadas por los sectores populares y el resultado ha sido decepcionante. Nuevamente se repitió la infructuosa experiencia de un “capitalismo de amigos”, que dilapida recursos y obstruye la industrialización. Analistas muy afines al esquema actual reconocen este fallido resultado.[11]

La sucesión de escándalos de corrupción constituye una expresión de este fracaso. Las coimas son un condimento insoslayable de cualquier estrategia de forjar una clase capitalista con prebendas del sector público. Pero el montaje de negocios paralelos a la regulación estatal ha florecido, sin ninguna contrapartida de inversión privada o expansión productiva.

El caso Ciccione representa el más reciente de estos negociados. Como involucra al Vicepresidente –en un tema tan sensible como es la impresión de moneda– alcanzó gran resonancia. El choque entre el grupo apadrinado por Boudou y el sector competidor de Boldt (protegidos por varios gobernadores) ha sido acompañado por la secuencia habitual de enriquecimiento de altos funcionarios. El ruido que han hecho los medios de comunicación enemistados con el gobierno (como Clarín) es proporcional al silencio que mantienen, cuando los negociados afectan sus propios intereses (fondos de pensión, agro-industria, papel prensa).

En cualquier caso, lo importante es notar la existencia de un gran entramado de grupos capitalistas que lucran con el modelo neo-desarrollista sin recrear la esperada burguesía nacional. Esos sectores son agraciados con subvenciones oficiales que atesoran, despilfarran o fugan, sin consumar las inversiones que prometen.

Frente a estos desengaños la reacción oficial ha sido el reemplazo de un incumplidor por otro sustituto de la misma especie. Últimamente habrían quedado desplazados Britos, Eurnekian y Mindil, mientras Cristóbal López sigue en carrera y se buscan nuevos aliados para los baches dejados en varias actividades (petróleo, electricidad, carreteras).[12]

Lo ocurrido con el ferrocarril es particularmente ilustrativo de esta tendencia oficial a sustituir un socio en desgracia por algún reemplazante de la misma plantilla. Luego de la tragedia de Once le quitaron la concesión a Cirigliano para transferírsela a Roggio-Romero. Este enroque preserva la misma estructura vigente desde hace décadas, con el auspicio mafioso de los mismos funcionarios y burócratas sindicales integrados a la UGOFE. Se demostró que un “Estado presente” puede resultar tan pernicioso como su contraparte “ausente”, si contribuye a organizar negociados (Jaime) y a convalidar complicidades (Schiavi).

Los economistas K continúan debatiendo por qué razón está bloqueada la reaparición de los empresariados virtuosos que observan en otras latitudes. Algunos consideran que existe un determinante histórico difícil de remover, en un país conformado en torno a la renta agraria. Otros estiman que perfeccionando los sistemas de control estatal, se logrará modificar el patrón de capitalistas argentinos reacios a la inversión o al riesgo y acostumbrados al lucro de corto plazo.

Nadie sabe si alguna vez reaparecerá la esperada burguesía nacional. Pero desojar la margarita tiene su costo, ya que el gobierno destina monumentales subvenciones a ese proyecto. Si transparentaran esas cifras resultaría muy difícil defender públicamente semejante dispendio. En última instancia, el problema económico y social de Argentina no radica en la modalidad del capitalismo predominante, sino en la continuidad de un sistema que genera explotación, sufrimientos e injusticias. Los males del capitalismo no se corrigen buscando otro capitalismo.

 

 

La prioridad que asigna el neo-desarrollismo al fortalecimiento de los grupos empresarios locales, obliga a postergar la satisfacción de muchas demandas sociales. Los fondos públicos derivados a la actividad privada son retraídos de su utilización popular. Afortunadamente los trabajadores y los movimientos sociales continúan con sus peticiones, sin quedar paralizados por las metas burguesas que auspicia el oficialismo.

Esta intensa práctica de movilizaciones, piquetes y huelgas continúa junto al importante nivel de combatividad que caracteriza a los trabajadores argentinos. Pero esta acción no se traduce en proyectos propios, contrapuestos a las distintas vertientes políticas que propician estrategias neoliberales o neo-desarrollistas. La gestación de un tercer polo –que rompa el aprisionamiento a esas dos opciones de las clases dominantes– es una asignatura pendiente de la izquierda y del progresismo genuino.

Para avanzar en esa construcción resulta indispensable evitar que las críticas al gobierno se confundan con los cuestionamientos que propaga la reacción neoliberal. Es vital explicitar esa diferenciación, en el actual contexto de bombardeo mediático derechista. El establishment busca difundir la imagen de objeciones uniformes, complementarias y compatibles de todos los opositores contra un enemigo gubernamental común. Esta estrategia de confusión privilegia especialmente la temática económica.

Durante los últimos años muchos críticos centroizquierdistas del kirchnerismo coquetearon adrede o en forma involuntaria con ese operativo. Últimamente esta actitud se ha modificado, pero no ha desaparecido. Algunos todavía resisten el registro de las diferencias que separan al gobierno de los neoliberales. Ese desconocimiento es fatal y conduce al desconcierto, cada vez que el oficialismo adopta alguna medida limitadamente progresiva (como la reciente expropiación de YPF). La desubicación es aún mayor entre quienes repiten el libreto de los medios contra el “autoritarismo”, la “caja” o el “populismo” presidencial.

En la izquierda se observan casos más extremos de esta ceguera. Ciertos críticos han invertido por completo la interpretación de los sucesos económicos y caracterizan a la pesificación como el debut de un “rodrigazo”, y a la nacionalización de YPF como un anticipo de la reprivatización de esa compañía. Emiten, además, pronósticos de estallido financiero o cambiario en estricta sintonía con el guión del establishment.[13]

Esta confusión proviene de presentar los conflictos que involucran intereses nacionales o populares, como simples disputas inter-capitalistas. También deriva de la incapacidad para percibir las conquistas sociales o democráticas que se han obtenido en los últimos años. Con esa postura no se pueden tender puentes hacia las mayorías populares, que observan con simpatía al gobierno actual.

A pesar de la polarización que se ha creado entre el universo K y anti-K, los sectores politizados de la población escuchan con atención los mensajes de la izquierda y progresismo. Pero la recepción efectiva de estos planteos depende de la calidad y la formulación que tienen esos mensajes.[14]

Hay buenas condiciones para avanzar hacia la construcción de una tercera alternativa genuinamente popular. Pero hay que afinar la puntería, mejorar las propuestas alternativas y profundizar la elaboración colectiva.

 

7-8-2012 

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