Han pasado cinco meses del inicio de un nuevo ciclo político en Argentina. El apretado triunfo de Cambiemos en la segunda vuelta electoral de 2015 aceleró la crisis transicional del proyecto de neodesarrollo, abriendo un período de mayor ajuste macroeconómico y de reacomodamiento de las fuerzas políticas y sociales.
En el ocaso de la (¿primera?) era kirchnerista llega al gobierno nacional la alianza política “Cambiemos”, expresión de una derecha empresarial y hegemonizada por el PRO del presidente Mauricio Macri (y secundado por la histórica Unión Cívica Radical y otras fuerzas menores). Esta fuerza política no ha venido a desarmar el proyecto neodesarrollista –apuntalado por el kirchnerismo– sino a radicalizarlo, transformando sus límites en barreras superables dialécticamente, pero sin alterar sus fundamentos estructurales. La aceleración del ajuste macroeconómico iniciada el 10 de diciembre del año pasado es el primer paso en un programa integral que buscará intensificar la extranjerización y el extractivismo, con miras a proyectar un proceso de acumulación de capital liderado por las exportaciones, la inversión transnacional y el endeudamiento externo.
El neodesarrollo: ¿desde el kirchnerismo a su superación macrista?
El macrismo llegó para imponer la radicalización del proyecto de neodesarrollo, haciendo pie en la herencia del kirchnerismo: una sociedad mercantilizada, transnacionalizada y precarizada. En la “década ganada” el gran capital consiguió consolidar su hegemonía con el acompañamiento del Estado que volvió para conformar las condiciones de la acumulación exitosa. El “desendeudamiento”, la inversión en infraestructura económica (mega-obras de infraestructura), la promoción del saqueo en el campo (transgénicos), la “montaña” (megaminería) y las ciudades (barrios cerrados, especulación inmobiliaria, masificación del transporte y consumo individualizado y mercantil), contribuyeron a consolidar un nuevo patrón de acumulación basado en una renovada inserción en la división internacional del trabajo. La apropiación y circulación de renta del suelo y de plusvalía extra proveniente de la superexplotación de la fuerza de trabajo dieron marco material a la acumulación de capital a escala local. Inserto plenamente en una nueva articulación internacional “neo-imperialista”, para parafrasear a Harvey (2004, 2005), el capitalismo en Argentina pudo alcanzar en el primer quinquenio de la hegemonía política del kirchnerismo (2003-2008), un ritmo de reproducción ampliada “a régimen”. Es decir, pudo organizar un proceso de acumulación de capital dentro de la articulación “canónica” (Curia, 2007) de la política económica neodesarrollista: superávit fiscal, dólar caro y superávit externo convivieron contradictoria pero exitosamente en esos primeros años.
En esa etapa, un Estado débil (Bonnet y Piva, 2013) se convirtió –a la vez– en “caja de resonancia” de la lucha de clases, instrumento para la desarticulación del conflicto y su normalización conflictiva” (Dinerstein, Contartese y Deledicque, 2008). La política laboral y social buscó neutralizar las fuentes de conflicto en el campo del pueblo trabajador, a la vez que la política fiscal y monetaria operaron simultáneamente para intentar arbitrar –al menos temporalmente– los conflictos entre las distintas clases y dentro/entre las distintas fracciones de clase. Primó la voluntad de transformar un gobierno nacido del “que se vayan todos” en uno fortalecido, legitimado por un proyecto capitalista posible en la periferia (“un capitalismo en serio”). La naturaleza contradictoria de ambos procesos (valorización/acumulación de capital y legitimación/acumulación política) contribuyó a crear barreras crecientes, marcadamente evidentes en el tercer gobierno kirchnerista (Féliz, 2016). El giro mundial provocado por la crisis en el centro aceleró la transformación de esas barreras en crecientes desequilibrios: creciente déficit externo, inflación en ascenso, déficit fiscal en elevación, industrialización trunca y estancamiento de la redistribución progresiva del ingreso. Los límites de la estrategia kirchnerista en la etapa alienaron/alejaron a parte sustantiva de su base social y lo llevaron a la derrota electoral.
En la nueva era que comienza el gobierno de Macri busca primero desactivar esas barreras y construir un nuevo statu quo que permita al capital recuperar su capacidad de acumulación. El gran capital hace años comenzó a desplazar en el tiempo sus contradicciones, frenando inversiones en la economía local y aumentando la salida de capitales, buscando acelerar la “corrección y sinceramiento de las variables”. Dando cuenta de la “huelga de inversiones” (Kalecki, 1943), entre el segundo trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2015, según datos del INDEC, la formación bruta de capital físico (inversión) sólo subió un 7,7 % mientras que la inversión en equipo durable de producción (capital constate fijo) sólo aumentó 0,48 % en igual período.
El ajuste heterodoxo del kirchnerismo operó como respuesta insuficiente pues fue combatido por el pueblo trabajador, neutralizando sus principales efectos. Frente al estancamiento económico (en condiciones de precariedad laboral) y la inflación creciente, la lucha social evitó que se tradujeran en un mayor deterioro de las condiciones de vida. Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, el empleo formal (medido por la Encuesta de Indicadores Laborales, EIL, del Ministerio de Trabajo) sólo creció un 0,8 %; según el INDEC, entre el segundo trimestre de 2012 y el segundo trimestre de 2015 (último dato disponible) el consumo total de los hogares creció sólo 5,9 %. Sin embargo, la capacidad organizativa del pueblo no alcanzó la fuerza necesaria para poner en práctica una alternativa política.
Una nueva política económica “más justa” para el capital
El nuevo gobierno de Cambiemos busca crear condiciones macroeconómicas “más justas” para el capital para arrancar un ciclo inversor liderado por las transnacionales.
Las barreras a desactivar eran esencialmente tres (Féliz, 2015). Primero, mitigar la llamada restricción externa (es decir, insuficiencia de dólares en el ciclo local del capital) que se había convertido en una limitante a la capacidad de acumulación de capital. Segundo, contener la inflación, que se ha convertido en un mecanismo que conspira contra la competitividad del capital local (pues hace caer el tipo de cambio real, abaratando el dólar y con él las importaciones) y tensiona –a la vez que expresa– el conflicto distributivo entre capital y trabajo; por último, la barrera fiscal que –por un lado– alimenta (no causa) la escalada inflacionaria por vía de la emisión monetaria excesiva, como la nafta al fuego, y –por otro- condiciona la posibilidad de recomponer la capacidad de endeudamiento externo (componente fundamental de la estrategia hegemónica de flexibilización de la restricción externa).
En este sentido, las primeras medidas tomadas buscaron desmontar las restricciones a la entrada y salida de capitales (generando como consecuencia instantánea la devaluación del peso) y eliminar y reducir los impuestos a las exportaciones. Se buscó incentivar las exportaciones primarias que son la principal fuente de dólares (en una economía que exporta commodities agro-minero-industriales e importa manufacturas; Féliz, 2014) mientras se crean condiciones para acelerar el ingreso de capitales eliminando los límites a su salida, promoviendo incentivos especulativos a su ingreso (por ejemplo, vía el instrumento de las Letras del Banco Central y la venta de dólar futuro) y se recupera la capacidad de endeudamiento externo. Estas medidas han reasignado una enorme masa de recursos desde los sectores populares hacia el conjunto del capital (y sus administradores y propietarios) y en especial hacia las grandes corporaciones transnacionales que controlan todas las ramas de la economía y el comercio exterior.
El anticipo de esas medidas en la campaña electoral (por parte del macrismo pero también del sciolismo/kirchnerismo) ya había comenzado a construir ese desplazamiento por la vía de una aceleración inflacionaria anticipada. A partir de la realidad de las nuevas medidas económicas, la inflación ha aumentado aún más. Sin estadísticas oficiales fehacientes, el índice de precios al consumidor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (provisto por la Dirección General de Estadística y Censos de la misma) aumentó 35 % entre marzo de 2015 y el mismo mes del año posterior, y la tendencia proyectable a partir del crecimiento en los precios en el primer trimestre de 2016 es superior al 47 % anual.
El programa económico del nuevo gobierno busca conformar un nuevo “clima de negocios” favorable al gran capital y resolver las barreras que el kirchnerismo acumuló a lo largo de su estrategia de ajuste heterodoxo sin cambio estructural. Por defecto, las respuestas han sido (y serán invariablemente) en favor del capital más concentrado y sus costos serán pagados por lxs mismxs de siempre (el pueblo trabajador):
(a) Elevación de las tarifas de energía y transporte con menos subsidios (la declaración de la “emergencia energética” es un paso en ese sentido) a fin de promover la inversión por parte de las empresas privadas/privatizadas;
(b) Cierre de las negociaciones con los fondos “buitres” (pagando lo reclamado en efectivo, financiado con nuevo endeudamiento) para facilitar un renovado acceso al financiamiento internacional; esto permitiría desplazar en el tiempo la restricción externa aportando recursos para sostener la política de dólar caro (“competitivo”) pero bajo control; es decir, sostener el dólar en “flotación sucia” (con la intervención del Banco Central) a los fines de intentar abrir al menos en los próximos años un nuevo sendero de crecimiento;
(c) Apuntalar este proceso profundizando las inversiones en infraestructura “económica” (caminos, ferrocarriles, generación y distribución de energía, etc.) previstas ya en el proyecto de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana). Esto, a partir del financiamiento de los organismos internacionales de crédito (algo que ya venía ocurriendo en el ciclo kirchnerista); un reciente crédito con el Banco Mundial por más de 6000 millones de dólares, negociado por el gobierno anterior, es el primer paso en este sendero;
(d) Llevar hasta el final la apertura e internacionalización de la economía, buscando cerrar el acuerdo de libre comercio del Mercosur con la Unión Europea (que hace tiempo es discutido bajo siete llaves) y profundizando los vínculos con la alianza del Pacífico (y más allá, con China e India como ejes), consolidando una inserción internacional dependiente, de matriz extractivista y super-explotadora de la fuerza de trabajo;
(e) Avanzar en una reducción progresiva del gasto público (sobre todo a través de una política de aumento del gasto por debajo de la inflación, la reducción de subsidios a los servicios públicos y la caída de contratos precarios de trabajadorxs en el Estado en diversos niveles y estructuras) a los fines de cerrar la brecha fiscal (déficit) y comenzar a limitar la emisión monetaria;
(f) Contener las negociaciones salariales dentro de un sendero por debajo de la inflación real; junto con una política monetaria y fiscal más restrictivas, esto podría bajar la inflación (como ocurrió en 2014) y apalancar a mediano plazo la inversión privada en una nueva ecuación distributiva más favorable al capital. La caída en la inflación para fines de 2016 podría ser un hecho, pagado y logrado por la vía de una reducción salarial real significativa (no inferior al 5 % real a lo largo del año).
Ese programa sintetiza la economía política del capital en los tiempos de la crisis. Con un sesgo de clase evidente, se propone concluir la etapa de crisis transicional y recuperar el crecimiento por un tiempo, que es lo único que el capitalismo puede ofrecer aun si puede hacerlo a un costo creciente para el pueblo y la naturaleza.
Estado débil, gobierno débil
El macrismo/PRO avanza con pies de plomo, sabiendo que su gobierno nació con legitimidad formal pero poca legitimidad política. Obtuvo sólo 24 % en la interna abierta y luego como fuerza colectiva (Cambiemos) 34,9 % en la primera vuelta electoral. Habiendo ganado por escaso margen en la segunda vuelta electoral (apenas 1,5 puntos porcentuales), carece de peso institucional significativo en gobernaciones, diputados y senadores, con algo más de peso entre intendentes y concejales (en especial, los aportados por el radicalismo). Por ello, arrancó con mano de hierro, llevando al límite (y más allá) todos los poderes formales de una Constitución hiper-presidencialista y delegativa (ej., Decretos de Necesidad y Urgencia).
El gobierno de Cambiemos decidió que debía condicionar lo más posible las luchas populares. Sabiéndose débil en lo político, salió a mostrar fortaleza golpeando primero. Las instituciones de la Constitución social liberal de la Argentina son flexibles, siempre dentro del campo del derecho del capital. La legalidad de las urnas es tomada por las fuerzas políticas de los partidos del orden como derecho a la gobernabilidad. Los “primeros 100 días” son vistos como cheque en blanco; aunque, a casi 5 meses de gobierno, el “crédito blando” parece comenzar a agotarse.
Una alianza política dominada por el PRO del presidente Macri, busca construir un gobierno que parece el “comité de gestión de la burguesía” (la democracia de los CEO o CEOcracia; Mazzeo, 2015), pero difícilmente pueda consolidar una nueva hegemonía sobre la base de un Estado que simplemente colocando en las posiciones estratégicas a ex-empresarios o representantes directos de las clases dominantes (a la Miliband, 1970), como ha hecho por la mayor parte en una primera instancia. Los ministerios se llenan de CEOs y cada cual atiende su juego. La conducción es difusa porque prima el “sentido común” empresarial. La “eficiencia”, la “competitividad”, y otros términos similares impregnan un discurso filo-empresarial en los diversos espacios institucionales. Esa forma de gobierno pretende no requerir conducción unificada ni tanta verticalidad. El peronismo es un movimiento sin doctrina ni ideología, por ello funciona con rígida conducción. Es la única forma de garantizar cierta coherencia de acción. El kirchnerismo ha operado (y aún opera) en ese marco. El macrismo, por el contrario, intenta ser más coherente en la práctica, apoyándose en el “saber hacer” del capital y sus gestores. El pragmatismo prima, pero la coherencia viene del marco conceptual que se destila de la sociedad hegemonizada por el capital.
Aun así, el macrismo sabe que la posibilidad de consolidarse dependerá de la construcción hegemónica que pueda conformar incluyendo en la alianza gobernante (aunque no necesariamente “en el gobierno”) a sectores sociales y políticos que sean expresión de fuerzas sociales reales (partidos del sistema, sindicatos, organizaciones sociales, ONGs).
El Estado es más bien –a la Poulantzas– condensación de las relaciones sociales de fuerza (Poulantzas, 1979), y el macrismo buscará erigir puentes pero también marcar límites (buscando anular disidencias radicales), que le permitan avanzar en su programa intentando construir un nuevo bloque en el poder bajo su liderazgo. Nada certifica que lo logre. La convocatoria al “pacto social” para enero intentaba ser un primer paso en ese sentido. La represión selectiva y control de la protesta social (en el marco del nuevo “protocolo antipiquetes”) es un paso en la misma dirección. Ambos intentos de componer y contener parecen haber fracasado en una primera etapa.
El gobierno de Cambiemos es un gobierno débil en lo político, en un Estado débil. Una fuerza política sin base social organizada, en un Estado todavía atravesado por las demandas de las distintas fracciones de clase, todavía impregnado por el “fantasma del 2001”. Cierto es que a través de los años del kirchnerismo se desarticuló mucha de la oposición radical antisistémica; la normalización conflictiva de las demandas populares fue parcialmente exitosa. Por lo tanto, la resistencia social a la radicalización neodesarrollista tiene dificultades para articularse. Esto es especialmente cierto porque la integración de actores sociales relevantes en la lógica política institucional del movimiento peronista juega a favor de una estrategia de conflictividad de baja intensidad, con visos de legitimación sistémica a la construcción de “gobernabilidad”. El macrismo en Cambiemos apunta a aprovechar los primeros meses de gobierno para intentar tomar ventaja de este terreno de desorganización, buscando desarticular la oposición social y política y crear condiciones que permitan legitimar su rol como fuerza política en el Estado. Espera lograrlo a través de la creación de condiciones de reproducción ampliada de las reglas básicas del “capitalismo en serio”: inserción por la vía del empleo más o menos precarizado, consumo por la vía del salario y el crédito.
¿Radicalización del neodesarrollo?
Es por ello, que el proyecto de intensificación desarrollista del macrismo debe ser acompañado por varios elementos que lo harán potencialmente viable como proyecto capitalista en la periferia, al menos hasta la próxima crisis.
El impacto inmediato de la nueva política macroeconómica ha sido reducir el costo en dólares de la fuerza de trabajo, haciendo caer también el poder de compra de los salarios. Estos cayeron más de 50 % en moneda internacional mientras que desde la última ronda de aumentos en el tercer trimestre de 2015 la inflación acumulada supera el 22 % (en CABA). La devaluación y la suba de precios internos ha acentuado la incidencia de la pobreza y el hambre: la pérdida salarial provoca una caída en el consumo popular y en la producción de bienes de consumo masivo. Sin estadísticas oficiales al respecto, las estimaciones más conservadoras, como el informe de la UCA, marcan niveles de incidencia de la pobreza por ingresos superiores al 20 % de la población con caídas significativas en las ventas de mercancías de consumo básico de entre 5 % y 10 % en comparación anual con 2015.
El gobierno de Macri intenta desviar la atención hacia delante, en la expectativa de que las exportaciones y el consumo suntuario de las fracciones sociales beneficiadas por la redistribución del ingreso podrán reimpulsar la demanda y el crecimiento económico. Sin embargo, el contexto internacional y regional continua siendo desfavorable al comercio argentino, lo cual parece inhabilitar al menos en el corto plazo una recuperación fuerte de las ventas externas. La crisis económica y política en Brasil condiciona fuertemente las posibilidades de que la industria automotriz, clave en Argentina en cualquier proceso de crecimiento, se recupere. En paralelo, la economía en los países “centrales” crece lentamente y China se ralentiza, lo cual tiene a mantener relativamente bajos los precios de las principales commodities de exportación.
En ese contexto contradictorio, en el gobierno estiman que en el mediano plazo la inversión podrá subir en función de una mayor tasa de ganancia y el aumento de esos componentes de la demanda. La expectativa oficial es que este año sea como el 2002 para el kirchnerismo, pero más parece que será como el año 1999. Entre 1997 y 1999 (año de inicio de la crisis neoliberal) los precios de los productos de exportación cayeron 20 %, mientras que ahora, entre 2013 y 2015 esos precios cayeron un 17,3 %, según estadísticas del INDEC; por el contrario, entre 2002 y 2004 ese indicador subió un 28,3 %. La consolidación del kirchnerismo se dio en un contexto favorable, mientras que el macrismo podría enfrentar un mundo como el que enfrentó la Alianza.
Para el gobierno entrante, la pregunta es si el rebote que espera alcanzará para ganar legitimidad social y política para ampliar su capacidad hegemónica. Con ese objetivo en mente, las políticas sociales universalistas pero básicas están siendo ampliadas (como viene ocurriendo desde hace años, con el apoyo del Banco Mundial y el BID) para que garanticen niveles mínimos de ingresos pero obliguen al pueblo trabajador a seguir concurriendo masivamente a un mercado de trabajo precarizado. El mencionado crédito del Banco Mundial es en parte para financiar la ampliación ya anunciada de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) a los monotributistas. La reforma en el seguro social para la vejez (jubilaciones y pensiones) ya fue puesto en la agenda futura, incluyendo la propuesta de aumento en la edad de retiro junto con la universalización de beneficios mínimos. El universalismo básico (Molina, 2006) parece consolidarse como forma de integración social para el universo de los/as “excluidos/as”.
Desde el punto de vista del núcleo del proceso de valorización del capital, el gobierno proyecta medidas que buscan promover la inversión en los sectores estratégicos ya consolidados, dando carnadura a la veta desarrollista que lo constituye. No será meramente un gobierno neoliberal (es decir, destinado a la reestructuración general de la sociedad) sino un gobierno que buscará crear las condiciones normativas e institucionales que permitan, con el apoyo fundamental del Estado, relanzar el crecimiento en un marco capitalista. El ajuste macroeconómico (en su etapa heterodoxa kirchnerista y ortodoxa macrista) es sólo el primer momento en ese proceso, de la misma forma que la salida de la Convertibilidad y las “reformas” del duhaldismo crearon las bases para el programa del kirchnerismo. No asistimos al ajuste estructural neoliberal sino a la intensificación del neodesarrollismo.
Desde el proyecto Belgrano (un proyecto de infraestructura de transporte y energía, enmarcado en la IIRSA), hasta la política de comunicaciones (que pretende abrir a las transnacionales un campo fértil para inversiones en tecnologías de la comunicación y la información); desde la continuidad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (con la permanencia del exministro kirchnerista Lino Barañao) en favor de las asociaciones público-privadas con fondos y recursos públicos, hasta la creación del Ministerio de Agroindustria y Ministerio de Energía y Minería para apuntalar el desarrollo del saqueo de las riquezas naturales, pasando por una nueva política de precios en los servicios públicos privatizados que elevará las tarifas y quitará regulaciones para inducir la inversión; todas estas iniciativas pretenden alimentar un shock de inversiones que propulsen el crecimiento.
Como dijimos, en cualquier caso, mucho depende de lo que ocurra a escala global pues la herencia neoliberal pone a la Argentina en un lugar dependiente y subordinado: el capital transnacional invertirá en el país sólo si las condiciones son “objetivamente” suficientes y si –además, y prioritariamente– encajan en el marco de sus estrategias globales de valorización. Reclamará entonces, no sólo tasas de ganancia potencialmente elevadas sino condiciones sociales y políticas adecuadas (“gobernabilidad” y baja conflictividad). En tal sentido, el crecimiento de la resistencia social, que convergió en estos días (29 de abril) en una movilización unitaria de las centrales sindicales con amplio acompañamiento de organizaciones sociales y políticas, son para Cambiemos una luz de alarma.
Conclusiones preliminares
La recuperación del crecimiento (aunque fuera leve) y una caída en la inflación (aunque moderada) son los objetivos de política económica del macrismo a cortísimo plazo. El costo de esta estrategia son enormes por la caída del empleo, los salarios y el gasto público (que crecerán por debajo de la inflación), por el ingreso en la pobreza y la indigencia de miles de personas a corto plazo.
Hacia fines de 2016, el macrismo espera, la economía podrá crecer un poco y la inflación bajar, creando un mejor clima social. Luego de años de estancamiento en los últimos años del kirchnerismo, una leve mejoría podría recrear la confianza en el “capitalismo en serio”, que es el mito que constituye la principal herencia del kirchnerismo en términos societales. Si el acuerdo de la deuda abre el grifo del crédito internacional, algunas fracciones de los sectores medios, más formalizados y mejor pagos, podrían llegar a ampliar su apoyo al gobierno si el resultado de las nuevas políticas facilita el acceso al crédito, al dólar y el consumo de bienes importados (Cantamutto / Schorr, 2016). Una situación similar a la de 1991 (boom de consumo por baja en la inflación, consumo en cuotas y crecimiento económico; después del ajuste violento de 1989-1990) es el ideal de Cambiemos.
Nuevas condiciones de distribución “más justas para el capital” serán el objetivo de las clases dominantes, pero ello sólo es posible aplastando la resistencia social. La articulación de las luchas del pueblo serán la clave para frenar este proceso. Una articulación que se sustente en la organización de la subjetividad popular en torno a las luchas concretas como punto de partida para la disputa por el desarrollo. El enfrentamiento contra el capital (y su poder en el Estado y los partidos del orden) en las calles, los lugares de trabajo, en los barrios y el territorio, será (está siendo) la base del surgimiento de un nuevo ciclo de lucha. Ese nuevo comienzo podrá poner en pie el proyecto del 2001, el proyecto de radical transformación de la sociedad. Un proyecto de cambio social que se proponga destruir los límites del neodesarrollo a través de la superación dialéctica de sus presupuestos, a través de la desarticulación de su modelo productivo, político y social. Nuestra batalla será hoy por enfrentar el ajuste capitalista, el ajuste del neodesarrollo que busca su intensificación. La disputa de hoy será el punto de partida para superar el fetichismo del Estado social (y el desarrollo a través suyo) como únicas alternativas posibles. En este sentido, la lucha será también para evitar que la táctica subordine a la estrategia: que la articulación de la resistencia a la fase ortodoxa del ajuste no subsuma el proceso de lucha radical en el proyecto restaurador de las fuerzas políticas de los partidos del orden que aspiran a suceder –tarde o temprano– al macrismo. El socialismo latinoamericano, bajo la forma del buen vivir y la democracia con protagonismo popular, deberá volver al frente de batalla.
Bibliografía
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