Ana María Martínez ¡por siempre presente!

Era obrera fabril y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El 4 de febrero de 1982, cuando tenía 31 años y estaba embarazada, fue secuestrada por un grupo de tareas de la dictadura. Días después, el 12 de febrero, su cuerpo fue hallado en el Dique Luján (Tigre) acribillado a balazos. Entre las/los 30.000 que viven y vivirán en la memoria, Ana María fue una de las últimas. Su asesinato sucedió en las postrimerías de esa noche negra que fue la dictadura, prácticamente en vísperas de la enorme movilización obrera y popular del 30 de marzo que la resquebrajó y de la guerra de Malvinas que marcó su trágico final. Ana María, cuyo seudónimo era Rosalía, luchaba por cambiar su realidad cotidiana; lo hacía soñando, imaginando un futuro de liberación social. Esa lucha indeclinable estaba contenida en toda la militancia de su generación. Era una lucha integral, incluso en la clandestinidad, aprendiendo a encontrar los resquicios por los que las y los de abajo podían dar algún paso adelante, por mínimo que sea, siempre confiando en que no estaba tan lejos una recuperación de las mayorías populares. Por eso, sin duda, la vida militante de Ana María siempre será un ejemplo a recuperar. Cabe destacar que el PST había logrado una importante inserción en el movimiento obrero durante toda su existencia en los años setenta. Sufrió 16 asesinatos a manos de la Triple A antes del golpe de 1976. Y alrededor de un centenar de sus militantes fueron desaparecidas/os durante la dictadura y otras/os sufrieron prisión o exilio.

En 2012, con un criterio amplio y unitario, se formó una Comisión de familiares y amigxs que jugó un rol fundamental para esclarecer el crimen de Ana María. Seis años después, en el marco de la mega causa Campo de Mayo, se inició el juicio en el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín. Si bien en el crimen hay diversos implicados, como sucede en todos los casos, los acusados fueron Jorge Norberto Apa, ex Jefe del Destacamento 201 de Inteligencia y Raúl Guillermo Pascual Muñoz, ex jefe del Departamento de Personal G1; ambos formaban parte del Estado Mayor de Institutos Militares con base en Campo de Mayo. Fue extraordinario el trabajo del equipo de abogados que representaban a la querella, integrado por los compañeros Pablo Llonto y Ernesto Lombardo, así como también de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia. Este trabajo jurídico y militante por la memoria, la verdad y la justicia permitió desbaratar la intención de los acusados, que inicialmente plantearon por escrito que se trató de un “crimen pasional”, utilizando una figura jurídica patriarcal actualmente en desuso; también fue importantísima la colaboración de integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, así como diversas declaraciones de testigas y testigos que aportaron datos contundentes. Todo esto permitió demostrar que en el secuestro y asesinato de Ana María participó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).

Un documento decisivo fue el Legajo 17.949 de la Mesa DS (Delincuentes Subversivos) de esa siniestra Dippba, titulado “Trabajo de Infiltración en el PST”. En ese documento los servicios bonaerenses reportaron al Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo el informe del oficial subinspector Juan Pedro Peters (fallecido), infiltrado en el equipo de militantes en el que actuaba Ana María. Quedó claro, tal como se demostró en las audiencias, que en ese momento existió una clara persecución al PST en la zona norte del Gran Buenos Aires, más aún cuando casi en paralelo hubo otras detenciones de militantes como resultado de la penetración de Peters.

Que este juicio se haya llevado a cabo 36 años después del asesinato de Ana María es un triunfo de la perseverante lucha por los derechos humanos en nuestro país. Su primer resultado: prisión perpetua para los genocidas Apa y Muñoz, quienes además están involucrados en otros crímenes de lesa humanidad, representa un paso fundamental para seguir con la investigación que permita identificar a los otros delincuentes que participaron en el crimen de Ana María. El fallo del Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín se produjo dos días después de que la Corte Suprema negara el beneficio de dos por uno para los genocidas sentenciados. En este final de 2018, por cierto difícil, cuando las libertades democráticas son atropelladas por el gobierno actual, la sentencia lograda es un gran aliento para continuar la lucha. Ahí estuvimos y siempre estaremos.

Manuel Martínez es miembro del Comité de Redacción de Herramienta