08/12/2024

Lecciones de China: reflexiones tentativas sobre los treinta años de reformas económicas.

Por Chun Lin , ,

Contradicciones de la reforma

 China comenzó a reformar su economía política socialista de estado después de la muerte de Mao Zedong en 1976. El pragmático programa de reformas de mercado de Deng Xiaoping fue legitimado formalmente en la histórica sesión plenaria del Partido Comunista de 1978 para reemplazar la ingeniería social maoísta utópica. Treinta años después, China es hoy la segunda mayor economía del mundo, la tercera mayor en comercio y, con enormes reservas de divisas extranjeras (1,4 billones de dólares o el 40 % del producto interno bruto en 2007) y enorme exceso de capital, el tercer mayor exportador de capitales. Además, China es también el segundo mayor consumidor de petróleo y es responsable por alrededor del 20 % del consumo de los recursos minerales de la tierra, produciendo el 15 % de las emisiones mundiales en el proceso.

 En el contexto más amplio del desarrollo chino y de los desarrollos nacionales en general, están produciéndose cambios mayores en la política, la economía, las relaciones internacionales y la geopolítica mundiales desde el final de la guerra fría, en particular desde el colapso del bloque soviético y las transiciones poscomunistas por un lado, y la marcha progresiva transnacional de la liberalización, la desregulación y la privatización, por otro. Estos cambios han alterado profundamente los parámetros de la modernización en China con respecto a aquellos con los cuales estaban comprometidos los reformadores imperiales de la segunda mitad del siglo XIX y mucho más los revolucionarios republicanos y comunistas del siglo XX. Además, mientras más profundamente un país es integrado a los mercados mundiales, más fuertes son la dependencia y las restricciones que encuentra en sus opciones políticas y estratégicas.

La trayectoria de las reformas ha atravesado hasta ahora en China dos etapas distintas y está entrando en una tercera, cuya naturaleza todavía está por definirse. La primera, comenzada en 1977, estuvo inspirada por las rupturas en el pensamiento nacional iniciadas por el partido, expresadas en consignas tales como “reforma y apertura”, “economía socialista de mercado” y “construir un socialismo altamente civilizado, altamente democrático”. La idea principal era entonces que China “hiciera uso” de los mecanismos de mercado y de las avanzadas capacidades de gestión y tecnología del mundo capitalista para sus propios propósitos socialistas. En efecto, la primera década de la reforma contempló algunos magníficos logros: desde “liberar la mente” (un movimiento autocrítico dentro del partido comunista) hasta la descentralización política y económica, incluyendo esfuerzos para limitar los periodos de desempeño de los cuadros dirigentes y separar al partido del gobierno, la administración y la gerencia empresarial; y desde el alivio de la pobreza hasta la promoción de las empresas colectivas municipales y aldeanas (TVE, siglas de su nombre en inglés) a fin de proveer de empleo, ingresos y prosperidad a las comunidades locales. Uno de los rasgos indisputables fue la marcada mejora en el nivel general de vida para la amplia mayoría de la población china: 400 millones de personas fueron sacadas de la pobreza, y el dinamismo de los negocios se expandió a través de las áreas urbanas y rurales de China. Un comprometido programa anti-pobreza, financiado por el estado central con amplia participación desde abajo, ejemplificó los primeros métodos chinos del desarrollo.
Después de los disturbios de la protesta de Tiananmen de 1989 (contra el deterioro de los servicios públicos y de la seguridad social y el aumento de la corrupción de los funcionarios) y su violento final, el siguiente paso de China quedó en claro sin lugar a dudas en 1992, cuando se relajaron las sanciones internacionales y Deng recorrió el sur para impulsar las zonas económicas especiales anunciando que “el desarrollo es la regla de hierro”. Una trágica ironía de la historia: en vez de refrenar los problemas iniciales que causaron los movimientos de estudiantes y ciudadanos de 1989, resultó que estos movimientos allanaron el camino para cambios más radicales en la década de 1990, bajo las fuerzas combinadas del ajuste del mercado y la violencia estatal. Recién en 2002, en que los dirigentes de la “cuarta generación” asumieron el poder de manos de Jiang Zemin (quien como secretario general del partido impulsó lejos la línea de Deng), ciertos errores serios del desarrollismo comenzaron a ser adjudicados al nivel político, si bien sólo tímida e ineficazmente. La necesitada reorientación que pudiera devolver a China a su senda reformista de integración selectiva al mundo en la prosecución de una economía socialista de mercado y democrática dependería de las correspondientes determinación política y presiones populares organizadas. Ya que es completamente posible que una transformación esencialmente capitalista sea irreversible, en tanto que ha confundido e institucionalizado muchos y poderosos intereses creados, tales como la alianza de la elite -funcionarios, grandes empresarios y académicos/medios de comunicación- formada en la temeraria segunda fase de acuerdo con un “capitalismo burocrático”. El acceso de China a la OMC en 2001 también le impuso al país un “auto-fortalecimiento” artificial que resiste los cambios.
Estas “reformas” radicales significaron realmente una transformación revolucionaria en el carácter del estado en China, en su estructura económica y relaciones sociales. La privatización generalizada, en particular, fue sobre todo la encarnación de la corrupción. Aunque eufemísticamente llamada “reestructuración”, fue aplicada por los gobiernos locales con una explícita luz verde desde arriba. Involucrando a gerentes y otros elementos internos tanto como adquisiciones y fusiones externas, transfirió a menudo la propiedad sin una adecuada evaluación/monitoreo o consulta de la opinión de los trabajadores afectados. La estrategia original era “mantener a las grandes y dejar irse a las pequeñas”, pero pronto cambió en un apresurado y defectuoso proceso de privatización también de las empresas rentables de magnitud grande y mediana. Las normas y regulaciones relevantes tales como la consulta obligatoria a los empleados fueron ignoradas. Como tal, no sólo la privatización, de una manera general, fracasó en lograr sus objetivos proclamados de eficiencia, productividad y mejoramiento tecnológico, sino que también resultó en un extendido desmantelamiento del patrimonio público y un gran desequilibrio macroeconómico.
La porción del PBI chino producido por el estado se había reducido a menos del 20 % para junio de 2007. Más del 80 % de las compañías chinas registradas en el país eran privadas o semi-privadas a través de una variedad de sistemas de tenencia de acciones en la mayor parte de los cuales los accionistas ordinarios no tienen voz en las decisiones sobre inversiones y dividendos. El sector colectivo urbano también disminuyó en más de dos tercios. Las industrias cooperativas rurales también han sido reestructuradas por compradores privados. El sector sobreviviente bajo control del estado, altamente capitalizado y centralmente controlado, está ahora en gran medida confinado a las empresas estratégicas en las industrias monopólicas (petróleo y refinerías, metalurgia, electricidad, telecomunicaciones y militares) con las barreras de entrada bajadas.
Entretanto, la privatización llevó a una drástica reducción del tamaño de las empresas, con cerca de 50 millones de trabajadores expulsados de sus empleos entre 1997 y 2002. Muchos puestos de trabajo creados en el sector privado permitieron escandalosas condiciones de trabajo, como en el caso de los talleres explotadores de obreros, manejados a bajo costo violando las leyes laborales y ambientales. Al menos 20 millones de personas viven ahora en las ciudades chinas bajo el nivel de la pobreza, más de medio siglo después de que la revolución comunista eliminara por primera vez la pobreza urbana. Más allá de las preocupaciones de la economía moral concernientes a la subsistencia y la seguridad, es aún más importante la herida a la dignidad de los trabajadores, y en consecuencia a la legitimidad del régimen: la difícil condición de los trabajadores causa una crisis fundamental de identidad a la República Popular, auto-percibida después de la revolución como un estado de obreros y campesinos, lo cual, de forma inercial, todavía legitimiza altamente la intensidad y la extensión de la “resistencia legal”. Toda violencia estatal local utilizada para aplastar las protestas sólo profundiza esa crisis.
A la vez, millones de granjeros han sido expulsados de la tierra en las condiciones de decadencia rural posteriores a las TVE, así como cada vez hay más incidentes de usurpación de tierras por empresarios privados usualmente apoyados por los funcionarios locales. Gracias a todo esto surgió la mayor “población flotante” (entre los 150 y los 200 millones) que el mundo haya visto jamás. La mano de obra migrante estaba menos protegida aún, atrapada a menudo en formas de exclusión social y privaciones físicas. Accidentes industriales, enfermedades relacionadas con las actividades laborales, polución del aire, la tierra y las aguas, todo había empeorado. La tasa de mortalidad en las minas privadas y privatizadas de China llegó a ser la mayor del mundo. La nueva ley del trabajo está lejos de ser adecuada, incluso para el criterio de las multinacionales capitalistas (por ejemplo, de acuerdo a Nike, que opera en China, el régimen existente de protección de los trabajadores allí, “a pesar de haber sido mejorado por la implementación este año de una nueva ley de contrato de trabajo, sigue por debajo de los estándares establecidos por la OIT, Financial Times, 9 de marzo de 2008). Y con todo, estas estipulaciones moderadas han sido ferozmente resistidas tanto por el capital interno como por el extranjero. Durante su debate público en 2006, el proyecto de ley fue rechazado por el lobby corporativo (Nike fue una excepción), el cual amenazó con retirar sus inversiones y trasladarse a otra parte en búsqueda de trabajadores más baratos y menos exigentes. En consecuencia, la Asamblea Nacional Popular hizo notables concesiones en la versión final antes de sancionarla para que tomara validez en enero de 2008.
Incorporadas a las leyes laborales hay provisiones legales de género, específicas para las mujeres, incluida una activa Federación de Mujeres de China. Sin embargo, en un mercado de trabajo pobremente regulado y marcado por la búsqueda de ganancias, una gran fracción de la mano de obra femenina sufre triple discriminación y desventajas por ser a la vez pobres, mujeres y de origen campesino – el sesgo a favor de los sectores urbanos permanece fuerte, basado en la cultura material e institucionalmente en el registro o sistema de pasaporte interno. A pesar de que sobrevive cierto grado de “feminismo estatal”, acompañado por regulaciones y políticas a favor de las mujeres, para los patrones, en tanto que actúan en el mercado, sólo llega a ser “racional” contratar a las mujeres al último y despedirlas primero, excepto en aquellos rubros (por ejemplo textil e indumentaria) donde las mujeres jóvenes en particular pueden ser más eficientes pero peor remuneradas (violando la ley). Además, las mujeres trabajadoras migrantes usualmente se separan de sus maridos y familias, dejando atrás a sus hijos para, en el mejor de los casos, ser cuidados por sus abuelos. Raras veces están organizadas, incluso en los sindicatos oficiales, y en general son descuidadas por las federaciones de mujeres. En todas partes, las mujeres también pierden terreno frente a revividas relaciones patriarcales en algunos hogares y comunidades rurales después de la disolución de las comunas, frente a la comercialización de la femineidad en formas físicas o culturales que incluyen la prostitución, y frente a una edad oficial de jubilación diferenciada entre varones (60) y mujeres (55) para los empleados públicos. Todo esto contrasta agudamente con el otrora extendido compromiso de China en lograr la equidad de género junto con la dignidad y los derechos de los trabajadores. Como un ejemplo, en términos de participación política formal, también se redujo el número de mujeres diputadas en los congresos populares nacional, provinciales y de los condados, hasta llevar a China del puesto mundial 12° en 1994 al 48° en 2006.
No sólo los trabajadores, sino también millones de propietarios de pequeños emprendimientos han sido esquivados por el boom, del cual los mayores beneficiarios son más bien los especuladores transnacionales y quienes detentan el poder local, que abusan de los cargos públicos en provecho propio. Estos dos grupos están conectados entre sí, alimentando una clase particular de intermediarios conocidos históricamente en chino como maiban o compradores. Por una parte, la manufactura para exportar alienta una competencia brutal, especialmente entre pequeños productores, a través de la despiadada reducción de costos, salarios y consumo. Por la otra, las políticas favorables a los capitales extranjeros refuerzan un ambiente desfavorable en el que las pequeñas empresas se encuentran agobiadas entre bancos estatales que no las apoyan y competidores extranjeros que cuentan con muchos más recursos. Entretanto, ciertos éxitos importantes de las primeras reformas han sido anulados por el retroceso de un buen régimen público que había logrado cubrir las necesidades básicas cuando China era muchas veces más pobre. Como las políticas sociales han perdido su prioridad en el programa nacional, considerables segmentos de aquellos que al principio habían sido sacados de la pobreza han vuelto a caer en la miseria. El alarmante grado de polarización y desigualdad ha forzado finalmente al gobierno a buscar remedios – en alrededor de 0,45 por algunos años consecutivos, el coeficiente de Gini para China ha sido muy superior a los de la mayoría de los países, incluidos los países en desarrollo tales como la India (con un 0,33), junto con líneas de clase, género, sectoriales, regionales, etc.
El balance de las reformas post-maoístas es un embrollo de contradicciones, mostrando por una parte las condiciones materiales de la existencia mejoradas en general junto a una creciente clase media urbana, y por otro lado los problemas y dificultades antes señalados. Han surgido dos Chinas. Hasta ahora, el patrón de crecimiento de China no ha superado sus rasgos de bajos salarios, baja tecnología y baja productividad con el costo de alta inversión, alto consumo de energía y alta polución, y un alta tasa de explotación y dependencia del comercio exterior. Por lo tanto, la economía china ha llegado a ser cada vez más vulnerable a potenciales shocks endógenos y exógenos, desde descontento social o colapsos financieros hasta desastres naturales y crisis ecológicas. Por ejemplo, la recesión que está cobrando mucha importancia en los EEUU ya ha golpeado las exportaciones y las perspectivas de exportar de China; y los dólares depreciados han costado una abrupta devaluación en las reservas chinas de divisas extranjeras.
Reemplazando una cultura política de equidad y solidaridad, el ascenso del fetichismo de la mercancía está acompañado por un sentido de alienación profundo e invasivo en una sociedad atrapada en la codicia desnuda, dura competencia, consumismo histérico y una amplia mercantilización de los valores humanos. Los movimientos religiosos se extienden como respuesta a la decadencia social entre una población tradicionalmente atea. El desarrollismo sin sentido mezclado con prejuicios chauvinistas trajo tensiones y conflictos étnicos en las regiones de las minorías nacionales. Estas contradicciones y confusiones hacen que la gente se pregunte si el fin no ha sido absorbido por los medios, y si lo que es esencial y precioso para la humanidad no está siendo destruido por las ciegas fuerzas del mercado. La popularidad de los así llamados “clásicos rojos”, desde los textos hasta la literatura, de las canciones hasta los trabajos artísticos, es sólo un signo de la búsqueda del alma nacional. La movilización a través de Internet en búsqueda de información crítica y debates políticos es otro. La insustentabilidad del sendero chino desde los años 1990 es reconocida comúnmente en el país, ejerciendo mucha presión sobre el gobierno para buscar un cambio de rumbo hacia una tercera fase de la reforma que sea distinguible de la segunda.
 
Explicando el crecimiento y desarrollo
 
La economía china es alrededor de ocho veces mayor de lo que era en 1978, después de un continuo crecimiento anual de alrededor de 8-10 % desde la década de los años 1980. Esto es atribuible en gran medida al aumento cuantitativo en mano de obra, materias primas e inversiones de capital, sin mejoras significativas en innovaciones organizativas y tecnológicas y en productividad. No obstante, esta amplia y rápida acumulación de riqueza en términos reales (descontando las enormes burbujas en los mercados de los bienes inmobiliarios y de acciones) no tiene precedentes en la historia contemporánea china ni tampoco en el registro mundial, dado el tamaño del país y su relativa escasez de recursos naturales. Sin embargo, el así llamado “milagro chino” todavía tiene que ser explicado apropiadamente, ya que diferentes explicaciones suponen diferentes implicancias políticas.
Basta aquí identificar una línea divisoria en el debate entre las descripciones “mundialistas” dominantes que abrazan las doctrinas neoliberales, por un lado, y sus críticos “localistas” que se centran en los factores internos, por el otro. Para los primeros, las inversiones y el comercio exterior, las privatizaciones y otros elementos del “consenso de Washington” son lo que explica el éxito económico chino, resaltando la mano de obra barata como su ventaja competitiva principal. Hay ciertamente alguna verdad en esta argumentación. La integración de China en la OMC, por ejemplo, ha incrementado rápidamente el volumen del comercio exterior del país. Pero también es cierto que la dependencia del comercio exterior deprime el mercado interno y el poder de compra, y amenaza la seguridad económica nacional en un juego que se rige por las reglas de las naciones ricas, desde sus subsidios agrícolas hasta sus leyes y tarifas anti-dumping. Es de notar también que el así llamado “comercio exterior” incluye una contribución significativa de las multinacionales que operan en China, las cuales se apoderan de la mayor porción de las ganancias a través de relaciones comerciales típicamente desiguales. En cuanto al mito de que la economía de mercado requiere una total privatización, está demostrado ampliamente en los debates y experiencias chinos, así como en Rusia y en muchos otros sitios, que es falso en teoría y desastroso en realidades.
Rechazando las explicaciones globalistas, para la oposición “localista” no fue la “mano de obra barata” – y en China se están acabando todas ventajas relacionadas con este tema; el mercado laboral se deprimió aún antes de los recientes avances legales a favor de los trabajadores y del viraje macroeconómico hacia la inflación – sino un conjunto de otros factores claves que explican el desarrollo económico del país. Ellos incluyen las inversiones en infraestructura física y capital humano en los años de Mao, que explican una fuerza de trabajo educada, saludable y disciplinada en general. La abundancia de mano de obra calificada es una ventaja destacada que China tiene por sobre la mayoría de los otros países en desarrollo. A pesar de los retrocesos antes indicados, China sigue adelante en casi todos los índices de los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, fundamentos como la propiedad pública de la tierra, el control público sobre las industrias estratégicas, la fuerte capacidad organizativa y políticas del estado, la participación social organizada, la ideología de justicia social y redistributiva y de equidad de género y étnica, y un buen régimen público de educación y tratamiento médico universales con énfasis en la inmunización masiva y la medicina preventiva, destacan importantes continuidades, reales o deseables, entre los logros anteriores y los posteriores a las reformas. Juntos, estos factores contribuyen a un súper modelo de estado socialista desarrollista que explica mejor los principales éxitos de la reforma.
Igualmente, el debilitamiento o la eliminación de estos factores explican las fallas de la segunda fase de la reforma que fue parte de la característica ola neoliberal de la globalización. Los globalistas ni siquiera reconocen la polarización de clase, la desigualdad del desarrollo o la corrupción como problemas y males sociales que amenazan al crecimiento económico. Para ellos, estos son precios necesarios a pagar por la transición al mercado, o resultados tolerables de esa transición incompleta. La superstición acerca de un mercado libre “total” impregna todo el pensamiento económico chino. Pero “mano de obra barata” no es un concepto inocente. Más bien significa subordinación del trabajo al capital, y la clara desventaja de la posición de los trabajadores. Peor aún, cuando la mano de obra barata es pintada como una “ventaja”, hasta los talleres explotadores ilegales pueden ser legitimados; de aquí proviene la mancillada etiqueta de “made in China”.
 
Lecciones de la trayectoria de la reforma china
 
El argumento “localista”, si bien básicamente firme y más convincente, debería estimular nuestra búsqueda de lecciones a extraer de las dos fases de la reforma china: cómo un proyecto popularmente aceptado de reforma del socialismo estatista degeneró en una transformación capitalista revolucionaria o, de hecho, en una contrarrevolución, en el contexto de la repudiada y socavada revolución china del siglo XX. La versión china de la “revolución de color” fue llevada a cabo sin ningún alboroto electoral. Las consecuencias esperadas e inesperadas de esta transformación a tal escala y velocidad son sorprendentes. Las lecciones a extraer de esto podrían ser instructivas para que los reformistas más reflexivos en China conduzcan o reconduzcan una tercera fase (todavía abierta) del curso de la reforma, y pueden también contener implicancias más amplias para otros países.
De manera muy tentativa, antes que nada, todo emprendimiento social de tal magnitud debe examinar constantemente sus principios fundantes y evaluar su progreso respecto a los objetivos vitales que se ha planteado. La política de “sin discusiones” de Deng, de desestimar la ideología, pudo haber servido al propósito de ganar un consenso temporal y superficial, reduciendo así los costos de las negociaciones, pero en el largo plazo, la ideología de la no ideología erosionó la reforma misma permitiendo su descarrilamiento. Aún si se puede cruzar el río “tanteando las piedras”, como dice el famoso dicho chino, perder de vista la otra orilla del río anularía instantáneamente el motivo del cruce, y podría terminar en el ahogamiento. Simplemente, no puede negarse la centralidad de la política, dado que en última instancia se trata de una disputa perpetua sobre qué y por qué producir, y quiénes deben quedarse con el excedente. Tal contienda necesita la verificar los objetivos mediante evaluaciones políticas y debates legislativos, en el gobierno central y los locales, entre investigadores y asesores, y en la sociedad en su conjunto. Insistir en la lucha ideológica es así también un argumento para la democracia política y deliberativa.
Un ejemplo a mano es la lectura “marxista” de una historia lineal en la que el capitalismo sería una etapa ineludible, y en la que China debe ingresar para proseguir un desarrollo capitalista interrumpido por la revolución comunista. Esta lectura se convirtió en un dogma intelectual en China, sin ser revisada de manera crítica por los teóricos institucionalmente influyentes en los círculos políticos. Otro ejemplo más positivo es el debate acerca de la primera ley china sobre la propiedad. Debido a las discusiones extensas y prolongadas, el resultado fue en 2007 la protección equiparada de las propiedades pública y privada. La oposición a la privatización radical hizo oír al menos su voz en el sentido de que el control público debía ser preservado por sobre las prioridades de inversión y los dividendos de las empresas estatales, y que la decisiones más importantes debían ser debatidas en los congresos populares a los niveles nacional y locales, incluyendo a los expertos y a la consultas públicas. Las reformas legales en todas las áreas han generado además una amplia participación. Entre muchos ejemplos negativos, se encuentra la transición al mercado experimentada por el sistema médico chino, el que se volvió imposible de solventar para la mayoría de la población, y que fue debidamente declarado como un “completo fracaso” por la comisión investigadora del desarrollo del Consejo de Estado. Actualmente se están llevando a cabo nuevos esfuerzos para reparar los daños y reestablecer la cobertura universal de la atención médica básica. Pero si se hubieran examinado apropiadamente las reformas iniciales a la luz de la opinión popular, podría haberse evitado el fracaso que sacrificó a una generación. La lección, en otras palabras, es que los gobiernos y las políticas deben responder ante el pueblo a través de instituciones democráticamente investidas, y que un poder determinado con suficiente capacidad política sólo puede ser legitimado a través de estas instituciones. El argumento subyacente tras la primera lección versa entonces sobre la claridad y legitimidad de los objetivos nacionales logrados a través de la lucha política y de la deliberación democrática.
La segunda lección es que los logros iniciales de la revolución china deben ser defendidos. Esa revolución cambió la vieja estructura social y las relaciones de clase, etnia y género procurando la justicia social, la igualdad étnica y la liberación femenina. La reforma agraria (que fue más restringida en las áreas de minorías), por ejemplo, fue decisiva para la construcción económica subsiguiente en China. La prosperidad de las TVE a lo largo de la década de los años 1980 no habría sido posible sin esta condición fundamental de la tierra pública. De manera inversa, el abandono de la agricultura colectiva, y luego también del llamado doble nivel (hogares individuales y colectivos), fue una causa básica de las crisis rurales de mediados de los años 1990. El compromiso del estado post-revolucionario con la satisfacción de las necesidades básicas, como otro ejemplo, sostuvo un nivel de inversiones relativamente alto en la infraestructura física y humana de China, como la escolaridad gratuita y los servicios médicos elementales (aunque amplios), gratuitos o baratos. Esto constituyó un sistema de mantenimiento del bienestar social por parte del estado, que distinguió a China de otros países en desarrollo menos exitosos. Aún hoy, la privatización todavía no puede ser legitimada verbalmente, debido a restricciones ideológicas -aunque decrecientes- y a la resistencia popular. Esta resistencia, irónicamente armada por el lenguaje oficialmente sancionado del socialismo, es lo que mantiene con vida a las crecientes presiones sobre el gobierno y la búsqueda de alternativas. Precisamente, debido a la experiencia china con una revolución épica, el compromiso social con la igualdad y la justicia sigue muy arraigado, deslegitimando así las ideas y prácticas neoliberales. El giro “pro-pueblo” desde 2003 en las políticas y objetivos políticos incluye la eliminación de impuestos agrícolas, la revitalización del campo, la restauración del programa de educación obligatoria de nueve años, la reconstrucción de la seguridad social tanto para las áreas urbanas como para las rurales, más protección al trabajo, mejores regulaciones en la conservación ambiental, más eficiencia en el consumo de energía, etc. Estos movimientos, largo tiempo postergados, sólo son la respuesta a una agravada crisis de legitimidad del régimen desde 1989.
Esto de ningún modo es una vuelta al maoísmo, cuyas fallas, desde las desigualdades sectoriales y los privilegios burocráticos hasta la limitación de las libertades personales, están fuera de discusión. Lo que está más bien en juego es la naturaleza de un estado históricamente determinado, en el caso chino, por una de las mayores revoluciones sociales del mundo contemporáneo. Por una parte, aún si es aparentemente necesaria en China la sindicalización independiente, una cuestión más fundamental seguiría siendo qué lugar ocupa el estado. Por otro lado, tomando la noción weberiana del estado moderno como una autoridad pública nacional, la necesidad de la conducción y organización a cargo del estado en el desarrollo tardío es una noción de sentido común en las corrientes principales de la literatura, desde la modernización hasta la economía del desarrollo. Categóricamente diferente del modelo de estado predatorio, la capacidad del estado desarrollista de “gobernar el mercado” e invertir en capital humano habrían creado una suerte de “autonomía imbricada” que aísla las funciones estatales de los intereses específicos, tanto locales como extranjeros. La segunda lección versa entonces sobre la defensa de los compromisos y promesas de la revolución, en primer lugar la concesión de poder a un pueblo liberado, y el bien común.
La siguiente lección señala el carácter negativo del desarrollismo, o “Pebeísmo”, es decir, el aumento numérico del PBI como la máxima prioridad nacional. Ciertamente, a pesar de las opciones terminológicas (construcción, modernización, promoción de las fuerzas productivas, etc.) o las prioridades políticas (autonomía versus apertura), el desarrollo ha sido central en la concepción china de la economía política desde 1949, si no antes. En efecto, el imperativo del crecimiento en diversas situaciones históricas y consideraciones gubernamentales ha sido tan grande que constituiría la única explicación racional para movimientos tan aparentemente irracionales como el Gran Salto Adelante a finales de los años cincuenta, o la fiebre globalizadora desde los años noventa. Aún durante el auge maoísta de “la política al mando”, la clase política estaba profundamente convencida de que la supervivencia de la Nueva China dependía de su éxito económico. Pero recién cuando el crecimiento fue declarado como “la única dura verdad”, a ser perseguida a todo costo, el desarrollismo simple y llano prevaleció con consecuencias sociales y ambientales devastadoras. La protesta tibetana de marzo y abril de 2008 sólo representó uno de los frentes de reacciones violentas, aunque fue el más visible a escala mundial. La comercialización irreflexiva, combinada con la ingerencia de empresas chinas que contradecían los principios constitucionales de autonomía regional y sensibilidad étnica y cultural, son al menos parcialmente responsables del violento resentimiento local.
La cuestión no es tanto si el desarrollo económico en los países y regiones en desarrollo es justificable, sino qué clase de desarrollo – si beneficia a pocos o a muchos, si amplía la libertad o la alienación, o si sacrifica el tejido social orgánico y el medio ambiente en el proceso. Las desigualdades globales y los efectos de la falta de poder económico son obvios, pero un mal no puede ser corregido por otro. O sea, la justificación fundamental para que la gente pobre ejercite sus derechos socioeconómicos puede en realidad ser socavada por la locura desarrollista. El desarrollo humano justamente no puede ser lo mismo que la expansión económica medida por la tasa de crecimiento y los valores del mercado. Y el PBI no es ni siquiera un indicador económico confiable, dado el posible volumen de las burbujas, las transacciones especulativas y la contabilidad repetitiva en su estimación.
En estas circunstancias, dada en especial la vulnerabilidad de las economías nacionales a lo largo del planeta en un mercado financiero global altamente volátil, y dada la debilidad institucional en la infraestructura regulatoria de China, el equilibrio macroeconómico buscado ha sido perturbado seriamente por flujos de capital especulativo de corto plazo sobre sus mercados monetario, bursátil, de futuros, inmobiliario y de seguros. En vez de hacer inversiones altamente riesgosas en el exterior, las cuales ya han fracasado en un par de casos con enormes pérdidas, una alternativa forzosa, como señala un grupo de economistas críticos del desarrollismo, sería hacer uso del exceso de capital internamente, para controlar la inflación, recapitalizar los bancos, revitalizar las empresas estatales, aumentar los gastos en bienestar social, y ampliar la capacidad gubernamental de manejar las crisis. Esto aumentaría a su vez el ingreso bruto de los hogares para fortalecer la demanda tanto como para contener el exceso de capacidad productiva y la dependencia tecnológica, que, en un círculo vicioso, deprime tanto el valor del trabajo como de los bienes chinos.
Sólo a través del rechazo de las versiones convencionales del desarrollismo, capitalistas y socialistas, podemos diseñar un nuevo curso de desarrollo, que premie a los productores directos y las necesidades y conocimiento locales, y que promueva el aumento de poder y la capacidad de construir desde abajo. Existen prácticas alternativas, en China como en todas partes, para estimular los pequeños negocios junto con ciertas formas tradicionales de producción, consumo y bienestar social cooperativo, en un momento en que las normas del paradigma de la modernización, del desarrollo, desde la industrialización a la urbanización, se vuelven imposibles de sostener en términos sociales y ambientales. El paquete verde[1] del PBI de China (actualmente en discusión) descontaría el costo ambiental de la tasa de crecimiento y dispondría de nuevos objetivos para la evaluación del rendimiento oficial. La tercera lección de la reforma es así un argumento contra el desarrollismo guiado por el PBI. En última instancia, lo decisivo no es la suma cuantitativa de riqueza, al margen de su representación estadística distorsionada, sino su distribución. Hambre o pobreza, como han documentado rigurosamente y demostrado E. A. Wrigley, Amartya Sen, Jean Dreze y otros, no pueden reducirse en la actualidad a una cuestión de escasez de oferta.
La última de las cuestiones que constituyen lecciones a aprender de la experiencia reformista china versa sobre la importancia de mantener la autonomía o la subjetividad nacionales al interactuar con las fuerzas mundiales, conocida como globalización “tímida” o selectiva, de manera de beneficiarse de la integración económica y los intercambios culturales, al tiempo que se contienen los riesgos financieros y otros riesgos de mercado. Por ejemplo, la apertura amplia a la inversión extranjera, el apoyo estatal y los subsidios al capital extranjero en China, empobrecieron al mercado interno y al empresariado local a través de tasas impositivas diferenciales. Aún más, el capital internacional ha participado de manera agresiva en la privatización en China -entre 2003 y 2006, el gasto externo en la adquisición de empresas chinas creció 12 veces en relación con el total de inversión extranjera directa (IED) del país-. Esta IED fue asignada así, principalmente, para canalizar fusiones y adquisiciones de empresas estatales por parte de capitales extranjeros, comprando además en el camino participaciones en los bancos estatales. Este distanciamiento respecto a la reforma original estaba, desde luego, en sintonía con la hegemonía ejercida por la ideología neoliberal, que completó un giro paradigmático en China desde la autonomía a la dependencia extranjera.
Condicionada en particular por las intrusivas normas de la OMC, China se encuentra sufriendo las excesivas concesiones otorgadas ávidamente por sus negociadores para el acceso a esta organización, incluyendo un temerario plan de liberalización para abrir de manera sostenida su cuenta de capital y el sistema bancario a la “homogeneización” del mercado global de aquí a pocos años. Las condiciones comerciales bajo la OMC han llevado además a la quiebra a un buen número de productores chinos de algodón y porotos de soja, y a exportadores en el rubro textil. Al costo de explotar despiadadamente sus recursos y fuerza de trabajo, y empeorar sus ya exhaustos y contaminados recursos naturales y medio ambiente, China ha estado produciendo cantidades masivas de commodities[2], ampliamente subvaluadas, para el consumo extranjero. La tajada más grande de las ganancias de la industria exportadora china es llevada afuera, dejando a los trabajadores locales con magros salarios, y a los empresarios compitiendo brutalmente entre sí. Las viejas cuestiones subrayadas en las teorías de la dependencia y del intercambio desigual respecto al neocolonialismo y la retención de excedentes, han resurgido con toda vitalidad en el sitio menos pensado.
Es de destacar además que la globalización tal como la conocemos no implica de manera automática transferencias tecnológicas desde los países desarrollados a los países en desarrollo. Lo que le permitió a China conseguir algunas tecnologías notablemente avanzadas en las primeras décadas de la República Popular, a pesar de constituir un país de bajos ingresos, fue la estrategia estatal del esfuerzo por lograr alta tecnología, que concentró recursos financieros e intelectuales en sus instituciones investigadoras de elite, donde dedicados científicos e ingenieros dedicados pudieron realizar tareas ambiciosas y creativas. Tras años de apertura, la brecha tecnológica entre China y el mundo se amplía cada vez más; aún cuando las economías desarrolladas exportan sus actividades de I+D hacia China, esta práctica no ha ayudado a la adquisición y control chinos sobre las tecnologías avanzadas. En muchos casos de adquisición por parte del capital extranjero, la presión sobre las empresas estatales fue tan grande que dejó a estas sin posibilidad de demandar mejoras y transferencias tecnológicas a cambio de la entrada de los nuevos socios. China está, por ende, perdiendo su (limitada) tecnología de punta y sus sectores de altos dividendos, aún cuando la economía parece estar subiendo lentamente en la cadena de valor. Esto no implica descartar todo beneficio proveniente del mercado y el comercio internacionales. De hecho, la política de puertas abiertas fue una ruptura vital en la historia de la R. P. China, y la reforma del sistema y de la relación con el mundo constituyó un progreso positiva para el pueblo chino: después de todo, el socialismo, si tiene aún algún sentido, no puede ser confinado a un solo país. La verdadera lección aquí es cómo no reemplazar la autarquía por la indefensión, o la autonomía por la dependencia. La globalización debe emprenderse en función del interés nacional; no a la inversa.
 
Reorientación e innovación
 
Aún hoy resuena aquello que ilustra el manifiesto comunista: el capitalismo subordina el campo a la ciudad, el oriente al occidente, y revoluciona constantemente las industrias y polariza al planeta. Si existe alguna posibilidad de liberarse de esta ley, esto debe comenzar a partir de las alternativas locales. Se ha hablado del “Consenso de Beijing” (y del “Consenso de Nueva Delhi”, etc.), pero tal modelo está aún pendiente de definición y clarificación. Una cuestión básica a destacar acerca de China es que ya es tiempo de reelaborar el concepto de “competitividad” económica. Sólo a través de la detección y construcción de ventajas genuinas, no falsas (por ejemplo la explotación de mano de obra barata), China y otros países en desarrollo (en alianza mutua, como han venido intentando desde Bandung y últimamente en Cancún y Doha) podrán cambiar las reglas de juego en una causa común de desarrollo, como de mayor libertad. De aquí que la única respuesta sea la solidaridad internacional, antes que una carrera global hacia abajo.
Dadas sus tradiciones revolucionarias y socialistas, dada la requerida determinación política y apoyo institucional, China podría estar lista finalmente para forjar una visión alternativa de una economía basada en lo doméstico, dirigida por las necesidades, energéticamente eficiente, con baja utilización de carbón, y ecológica y socialmente no perjudicial, superior a los modelos privados de sobreproducción y sobre-consumo. No obstante, la ironía es que el socialismo es un lenguaje protestatario en la sociedad china actual, empleado de manera mucho más sugestiva por la oposición que por el gobierno. Sin embargo el capitalismo, en constante proceso de destrucción creativa, no puede resolver los problemas fundamentales de China ni del mundo, como está históricamente probado. Para terminar con una nota optimista, existen fuerzas sociales emergentes en China -trabajadores, mujeres, críticos sociales e intelectuales independientes, jóvenes idealistas- para presionar por una tercera fase de reformas que, aprendiendo del pasado, pueda en efecto llevar a China por un camino hacia la reconciliación entre el socialismo y el mercado.
 

Este ensayo lo hemos recibido por gentileza de la Escuela de Historia y el Programa de Estudios Contemporáneos Coreanos y del Noreste de Asia, de la FFyH de la UNC. Esta escuela está preparando un libro sobre los “Treinta Años de la Reforma en la R. P. China”, en el que está previsto publicar dos artículos de Lin Chun.
Traducido por Jorge Santarrosa con la colaboracion de Gustavo Santillan. Corrección final por Francisco T. Sobrino.
 
[1] (Green Package): conjunto articulado de propuestas legislativas o gubernamentales orientadas a cumplir objetivos ambientales, contabilizando sus costos y gestionándolos (N. del trad.).
[2] En este caso entendemos commodities como materias primas y mercancías a la vez (n. del trad.)

 

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