Los estados canallas.

 

 

La característica más interesante del debate sobre la crisis de Irak es que nunca tuvo lugar. Es cierto que fluyeron las palabras y que hubo una disputa sobre cómo había que proceder. Pero la discusión se mantuvo dentro de límites rígidos que excluyeron la respuesta obvia: los Estados Unidos y Gran Bretaña deberían actuar de acuerdo con sus leyes y los tratados que firmaron.

El marco legal que nos interesa está formulado en la Carta de las Naciones Unidas, un “tratado solemne” reconocido como la base de la ley internacional y del orden mundial, y, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, “la ley suprema de la Tierra”.

La Carta establece que “El Consejo de Seguridad determinará la existencia de cualquier amenaza a la paz, quiebre de la paz, o acto de agresión, y hará recomendaciones o decidirá qué medidas se tomarán de acuerdo con los Artículos 41 y 42”, que detallan las referidas “medidas que no incluyen el uso de fuerza armada” y permite que el Consejo de Seguridad tome acciones si encuentra que tales medidas son inadecuadas. La única excepción es el Artículo 51, que permite “el derecho individual o colectivo a la autodefensa” en contra de un “ataque armado…hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional”. Aparte de estas excepciones, los Estados miembros “se abstendrán en sus relaciones internacionales de hacer uso de amenazas o de la fuerza.”

Estas son formas legítimas de reaccionar a las muchas amenazas a la paz mundial. Si los vecinos de Irak se sienten amenazados, pueden acercarse al Consejo de Seguridad para que autorice medidas apropiadas para responder a esa amenaza. Si los Estados Unidos y Gran Bretaña se sienten amenazados, pueden hacer lo mismo. Pero ningún Estado tiene la autoridad para tomar determinaciones unilaterales en estas cuestiones y actuar como le parezca; los Estados Unidos y el Reino Unido no hubieran tenido autoridad para hacerlo ni siquiera si sus propias manos hubieran estado limpias, lo que no es el caso.

Los Estados fuera de la ley no aceptan estas condiciones: el Irak de Saddam, por ejemplo, o los Estados Unidos. La secretaria de Estado Madeleine Albright articuló muy claramente esta posición cuando, siendo embajadora ante las Naciones Unidas, informó al Consejo de Seguridad durante una anterior confrontación con Irak, que los Estados Unidos actuarían “multilateralmente cuando podamos y unilateralmente cuando debamos”, porque “reconocemos a esta área como vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos” y por lo tanto las restricciones externas son inaceptables. Albright reiteró esta posición cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, aceptó su misión diplomática en febrero de 1998: “Le deseamos lo mejor”, declaró, “y cuando vuelva veremos qué trajo y cómo eso se ajusta a nuestros intereses nacionales”, lo que determinará cómo responderemos. Cuando Annan anunció que se había llegado a un acuerdo, Albright repitió esa doctrina: “Es posible que venga con algo que no nos guste, en cuyo caso seguiremos adelante defendiendo nuestros intereses nacionales”. El presidente Clinton anunció que si Irak no pasaba el test de conformidad (cumpliendo los requisitos de Washington), “todos entenderán que los Estados Unidos y -es de esperar- todos nuestros aliados tendrán el derecho unilateral a responder en el tiempo, lugar y forma que elijamos”, tal como lo haría cualquier otro Estado violento y fuera de la ley.[iii]

El Consejo de Seguridad aprobó de manera unánime el acuerdo firmado por Annan, rechazando las exigencias de los Estados Unidos y de Gran Bretaña de que los autorizaran a hacer uso de la fuerza en el caso de que no se cumpliera. La resolución advertía de las “más severas consecuencias”, pero no hacía más especificaciones. En el crucial párrafo final, el Consejo “DECIDE, de acuerdo con sus responsabilidades bajo la Carta, seguir activamente a cargo de la cuestión, para asegurar la implementación de esta resolución y asegurar la paz y la seguridad en el área”. El Consejo, nadie más; de acuerdo con la Carta.

Los hechos eran claros y sin ambigüedades. Los titulares decían: “No se respalda un contragolpe automático” (Wall Street Journal); “La ONU desaira a los Estados Unidos en su amenaza a Irak si éste rompe el acuerdo” (New York Times), etc. El embajador británico en la ONU “aseguró privadamente a sus colegas del consejo, que la resolución no le concede a los Estados Unidos y Gran Bretaña un ‘gatillo automático’ para lanzar ataques contra Irak si éste impide” las requisas de la ONU. “Tiene que ser el Consejo de Seguridad el que determine cuándo utilizar la fuerza”, declaró el embajador de Costa Rica, expresando la posición del Consejo de Seguridad.

La reacción de Washington fue diferente. El embajador Bill Richardson afirmó que el acuerdo “no excluye el uso unilateral de la fuerza” y que los Estados Unidos seguían teniendo derecho legal para atacar a Bagdad cuando quisieran. El vocero del Departamento de Estado, James Rubin, rechazó la resolución, considerándola “no tan relevante como las discusiones privadas que hemos mantenido”: “No digo que no nos importe la resolución”, pero “hemos dejado claro que no vemos la necesidad de volver al Consejo de Seguridad si hay una violación del acuerdo”. El presidente estableció que la resolución “nos da autoridad para actuar” si los Estados Unidos no estuvieran satisfechos con el cumplimiento de los iraquíes; su secretario de prensa dejó en claro que eso significaba acción militar. “Los Estados Unidos insisten en que siguen teniendo el derecho a castigar a Irak”, decía muy acertadamente el titular del New York Times. Los Estados Unidos tienen el derecho unilateral a utilizar la fuerza: punto.[iv]

Algunos sintieron que incluso esta posición estaba demasiado cerca del cumplimiento de nuestras solemnes obligaciones bajo la ley nacional e internacional. El líder de la mayoría del Senado, Trent Lott, denunció a la Administración por haber “subarrendado” su política de relaciones exteriores “a otros” -al Consejo de Seguridad de la ONU-. El senador John McCain advirtió que “los Estados Unidos pueden estar subordinando su poder a las Naciones Unidas”, una obligación que sólo se aplica a los Estados que quieren cumplir la ley. El senador John Kerry agregó que sería “legítimo” para los Estados Unidos invadir a Irak directamente si Saddam “siguiera tercamente violando las resoluciones de las Naciones Unidas, y en una posición amenazante a la comunidad mundial”, ya fuera que el Consejo de Seguridad lo determinara o no. Tal acción unilateral de los Estados Unidos debería estar “dentro del marco de la ley internacional”, como la concibe Kerry. Una paloma liberal que alcanzó renombre nacional como opositor a la guerra de Vietnam, Kerry, explicó que su actual posición era coherente con sus puntos de vista anteriores. Vietnam le enseñó que la fuerza sólo debe utilizarse si el objetivo es “alcanzable y sirve a las necesidades de nuestro país”. Por lo tanto la invasión de Saddam a Kuwait estuvo mal sólo por una razón: no era “alcanzable”, tal como finalmente resultó.

Las palomas liberales ubicadas al final del espectro le dieron la bienvenida al acuerdo firmado por Annan, pero sólo dentro de un estrecho marco que impedía la discusión de los temas centrales. En una reacción típica, el Boston Globe declaró que si Saddam no hubiera retrocedido, “los Estados Unidos no sólo hubieran estado justificados en atacar a Irak -hubiera sido irresponsable no hacerlo-”, sin hacer más preguntas. Los editores también llamaron a “un consenso universal del oprobio” contra “armas de destrucción masiva” como “la mejor oportunidad que tiene el mundo de impedir que la ciencia perversa infrinja un daño hasta ahora inimaginable”. Una propuesta con bastante sentido común. Uno podría pensar en formas de comenzar a hacerlo sin la amenaza de la fuerza, pero no era esto lo que se quería.

El analista William Pfaff deploró la falta de voluntad de Washington para consultar “la opinión teológica o filosófica”, los puntos de vista de Tomas de Aquino y el teólogo del renacimiento Francisco Suárez -tal como “una parte de la comunidad analítica” de los Estados Unidos y Gran Bretaña había hecho “durante la década del cincuenta y sesenta”. ¡Tratar de buscar la guía de la “filosofía y la teología”! Pero no los fundamentos contemporáneos de la legislación internacional y nacional, que son claros y explícitos, aunque irrelevantes a la cultura intelectual. Otro analista liberal le exigió a los Estados Unidos que se enfrentaran con el hecho de que si su poder incomparable “está siendo verdaderamente ejercido por el bien de la humanidad, la humanidad exige poder dar su opinión al respecto”, lo que no estaría permitido por “la Constitución, el Congreso ni por los charlatanes de la televisión de los domingos”; “Y las otras naciones del mundo no le concedieron a Washington el derecho a decidir cuándo, dónde y cómo deben defenderse sus intereses” (Ronald Steel).

La Constitución sí prevé tales mecanismos, por ejemplo, al declarar a los tratados válidos “la ley suprema de la Tierra”, especialmente el más fundamental de todos: la Carta de la ONU. Más aún, autoriza al Congreso a “definir y castigar…ofensas contra la ley de las naciones”, en estricto seguimiento de la Carta en la era contemporánea. Es, más aún, un eufemismo decir que las otras naciones “no le han asignado a Washington el derecho”; le han negado decididamente ese derecho, siguiendo (por lo menos en su retórica) la dirección de Washington, quien redactó la Carta en su mayor parte.[v]

La referencia a la violación de Irak a las resoluciones de la ONU se tomó, en general, como si se tratara de dos Estados en guerra que tenían el derecho a utilizar la fuerza unilateralmente, tomando el rol de “policía del mundo” -un insulto a la policía, que, en principio, se supone que tiene la obligación de aplicar la ley, no de hacerla pedazos-. Se criticó la “arrogancia del poder” de Washington y cosas por el estilo, nada apropiado para describir a un Estado que se asignó a sí mismo un rol violento y fuera de la ley.

Uno podría habérselas ingeniado para aplicar un tortuoso argumento legal para apoyar las exigencias de Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque nadie trató de hacerlo. El primer paso sería que Irak violó la Resolución 687 de la ONU del 3 de abril de 1991, que declaraba el cese del fuego “tan pronto como Irak” notificara oficialmente que aceptaba las medidas que estaban escritas (destrucción de armas, inspección, etc.). Este es probablemente el más largo y más detallado registro de un Consejo de Seguridad, pero no menciona ningún mecanismo para obligar a su cumplimiento. El paso dos de la argumentación, entonces, sería que el no cumplimiento de Irak “reinvoca” la Resolución 678 (29 de noviembre de 1990). La Resolución autoriza a los Estados miembros “a utilizar todos los medios necesarios para mantener e implementar la resolución 660” (2 de agosto 1990), que llama a Irak a retirarse inmediatamente de Kuwait y a que Irak y Kuwait “comiencen inmediatamente negociaciones intensivas para resolver sus diferencias”, recomendando que la Liga Arabe actúe como marco. La Resolución 678 también invoca “a todas las resoluciones relevantes subsiguientes” (enumerándolas: 662, 664); estas son “relevantes” en cuanto se refieren a la ocupación de Kuwait y a las acciones iraquíes relacionadas con eso. Al volver a invocar a la Resolución 678 deja las cosas como estaban: sin autorización para utilizar la fuerza para implementar la posterior Resolución 687, que presenta temas completamente diferentes, y no autoriza nada más que sanciones.

No hay ninguna necesidad de debatir este asunto. Los Estados Unidos y la Gran Bretaña podrían muy rápidamente haber resuelto todas las dudas llamando a que el Consejo de Seguridad autorizara su “amenaza y uso de la fuerza” como lo pide la Carta. Gran Bretaña dio algunos pasos en esa dirección, pero los abandonó cuando fue obvio, inmediatamente, que el Consejo de Seguridad no la apoyaría.[vi] Pero estas consideraciones tienen poca relevancia en un mundo dominado por los "Estados canallas" que rechazan el gobierno de la ley.

Supongamos que el Consejo de Seguridad hubiera autorizado el uso de la fuerza para castigar a Irak por violar la resolución del cese del fuego (Resolución 687). La autorización se aplicaría a todos los Estados: por ejemplo, a Irán, que por lo tanto estaría autorizado a invadir el sur de Irak para apoyar a una rebelión. Irán es un vecino y fue víctima de la agresión y la guerra química por parte de Irak, que contaba en ese momento con el apoyo de los Estados Unidos, y podía decir, de manera muy plausible, que su invasión tendría apoyo local; no hay forma en que los Estados Unidos y Gran Bretaña pudieran hacer tal reclamo. Tales acciones por parte de Irán, si fueran imaginables, nunca serían toleradas, pero serían mucho menos escandalosas que los planes de estos Estados que se autoarrogan ese derecho. Es difícil imaginar que observaciones tan elementales puedan ser discutidas públicamente en los Estados Unidos o en Gran Bretaña.

El desprecio por el cumplimiento de la ley está profundamente enraizado en la práctica y en la cultura intelectual estadounidense. Recuérdese, por ejemplo, la reacción ante el juicio de la Corte Mundial que en 1986 condenó a los Estados Unidos por “uso ilegal de la fuerza” contra Nicaragua, y exigió que desistiera y pagara reparaciones, y declaró que toda la ayuda que los Estados Unidos le diera a la contra, cualquiera que fuera su carácter era “ayuda militar”, no “humanitaria”. La Corte recibió acusaciones de todas partes que decían que se había desacreditado. Se consideró que los términos del juicio no merecían ser impresos y se los ignoró. El Congreso controlado por los demócratas inmediatamente autorizó nuevos fondos para incrementar el uso ilegal de la fuerza. Washington vetó una resolución del Consejo de Seguridad que llamaba a que todos los Estados respetaran la ley internacional -sin mencionar a nadie, aunque la intención estaba clara-. Cuando la Asamblea General pasó una resolución similar, los Estados Unidos votaron en contra, vetándola, acompañados sólo por Israel y El Salvador; el año siguiente, sólo se pudo conseguir el voto automático de Israel. Estos hechos casi no recibieron mención en los medios o en los periódicos de opinión, y mucho menos hubo comentarios sobre lo que significaban.

El secretario de Estado George Shultz, mientras tanto, explicó (14 de abril de 1986) que “las negociaciones son un eufemismo por capitulación si la sombra del poder no pesa sobre la mesa de negociaciones”. Condenó a aquellos que abogaban por “métodos utópicos y legalistas como una mediación externa, las Naciones Unidas, y la Corte Mundial, mientras ignoran el elemento de poder en la negociación” -sentimientos que no carecen de precedentes en la historia mundial-.[vii]

El abierto desprecio por el Artículo 51 es especialmente revelador. Esto quedó demostrado con increíble claridad inmediatamente después de los acuerdos de Ginebra en 1954, cuando Washington consideró que los acuerdos para una solución pacífica en Indochina eran un “desastre” e inmediatamente tomó medidas para destruirlos. El Consejo Nacional de Seguridad decretó secretamente que aún en el caso de “subversión comunista local o de una rebelión que no constituyera un ataque armado”, los Estados Unidos considerarían el uso de la fuerza militar, incluyendo un ataque contra China “si se determinara que era el origen” de la “subversión” (NSC 5429/2; mi énfasis). La fraseología, repetida literalmente cada año en los documentos de planificación, se seleccionó para que quedara claro el derecho de los Estados Unidos a violar el Artículo 51. El mismo documento llamaba a la remilitarización de Japón, convertía a Tailandia en “el punto focal de operaciones secretas y de guerra psicológica en el Sudeste Asiático”, llevando a cabo “operaciones secretas a escala grande y efectiva” en toda Indochina, y, en general, actuando con fuerza para minar los Acuerdos y la Carta de la ONU. Este documento, que fue críticamente importante, fue tremendamente falsificado por los historiadores de los Pentagon Papers, y ha desaparecido en gran medida de la historia.

Los Estados Unidos definían “agresión” de tal forma que incluía “guerra política o subversión” (por parte de alguien) -lo que Adlai Stevenson llamó “agresión interna”- mientras defendía la escalada militar de JFK, que se transformó en un ataque a toda escala en contra de Vietnam del Sur. Cuando los Estados Unidos bombardearon las ciudades libias en 1986, la justificación oficial fue “autodefensa contra todo futuro ataque”. El especialista legal del New York Times, Anthony Lewis, elogió a la Administración por depender “de un argumento legal de que la violencia (en este caso) está justificada como un acto de autodefensa”, bajo una tan creativa interpretación del Artículo 51 de la Carta que hubiera avergonzado a un alumno de escuela secundaria que supiera leer. El embajador Thomas Pickering defendió la invasión de los Estados Unidos a Panamá en el Consejo de Seguridad apelando al Artículo 51, el que, declaró, “prevé el uso de la fuerza armada para defender un país, para defender nuestros intereses y nuestra gente”, y autoriza a los Estados Unidos a invadir Panamá para impedir que su “territorio sea utilizado como base para el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos.” Y la intelectualidad asintió sabiamente.

En junio de 1993, cuando Clinton ordenó un ataque misilístico contra Irak, que mató a muchos civiles y puso muy contento al presidente, las palomas del Congreso y la prensa encontraron que el ataque era “apropiado, razonable y necesario”. Los comentaristas estaban especialmente impresionados por la apelación de la embajadora Albright al Artículo 51. El bombardeo, explicó, era en “defensa propia contra el ataque armado”, es decir, el intento de asesinar al ex presidente Bush dos meses antes, una apelación que ni siquiera hubiera llegado al nivel del absurdo aún si los Estados Unidos hubieran podido demostrar que los iraquíes habían estado involucrados. “Los funcionarios de la Administración, hablando de manera anónima”, informaron a la prensa “que el juicio de la culpa de Irak estaba basado en evidencia circunstancial y un análisis más que en pruebas firmes”, dijo el New York Times, dejando el tema de lado. La prensa confirmó la opinión de las elites de que las circunstancias “decididamente estaban encuadradas” dentro del Artículo 51 (Washington Post). “Todo Presidente tiene el deber de utilizar la fuerza militar para proteger los intereses de la nación” (New York Times, al tiempo que expresaba algún tipo de escepticismo sobre el tema en discusión). “Diplomáticamente, esta era la razón que había que invocar”, y “la referencia de Clinton a la Carta de la ONU transmitió un deseo de los americanos con respecto a la ley internacional” (Boston Globe). El Artículo 51 “permite que los Estados respondan militarmente si son amenazados por un poder hostil” (Christian Science Monitor). El Artículo 51 permite que un Estado utilice la fuerza “en defensa propia contra las amenazas a personas de su nacionalidad”, instruyó al Parlamento el secretario de Relaciones Extranjeras de Gran Bretaña, apoyando el “justificado y proporcional ejercicio al derecho de la defensa propia” hecho por Clinton. Hubiera habido un “peligroso estado de parálisis” en el mundo, continuó Hurd, si los Estados Unidos tuvieran que tener aprobación del Consejo de Seguridad antes de lanzar misiles contra un enemigo que podría -o no- haber ordenado un intento fallido de matar a un ex presidente dos meses antes.[viii]

El registro de datos le da considerable apoyo a la extendida preocupación sobre los “Estados canallas” que se gobiernan por la fuerza, actuando a favor de un “interés nacional” definido en términos del poder doméstico y, más especialmente, los Estados canallas que se autodeclaran jueces globales y verdugos.

Es también interesante pasar revista a los temas que sí entraron en el no debate sobre la crisis iraquí. Pero primero unas palabras sobre el concepto de los “Estados canallas”.

El concepto básico es que aunque la Guerra Fría haya terminado, los Estados Unidos todavía tienen la responsabilidad de proteger al mundo. ¿De qué? Decididamente no puede ser de la amenaza del “nacionalismo radical”, es decir, la voluntad de no someterse al deseo de los poderosos. Tales ideas sólo encuentran cabida en los documentos de planificación internos, no en el público en general. Desde principios de los ochenta, estaba claro que la técnica convencional para la movilización masiva estaba perdiendo su efectividad: el llamado a la “conspiración monolítica y sin piedad” de JFK y el “imperio del mal” de Reagan. Se necesitaban nuevos enemigos.

En el país, el miedo al crimen -especialmente las drogas- era estimulado por “una variedad de factores que tienen poco o nada que ver con el crimen mismo”, concluyó la Comisión Nacional de Justicia Criminal, incluyendo las prácticas de los medios y “el rol del gobierno y la industria privada en atizar el miedo ciudadano”, “explotando la tensión racial latente con propósitos políticos”, a través del prejuicio racial en la aplicación de la ley y de sentencias que devastan a las comunidades negras, creando un “abismo racial” y poniendo a “la nación en riesgo de una catástrofe social”. Los resultados fueron descriptos por los criminólogos como el “Gulag americano”, “el nuevo apartheid americano”. Los afroamericanos son mayoría en las prisiones, por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Tienen una tasa de detención más de siete veces superior a la de los blancos, completamente fuera del rango de las tasas de arresto, las que en sí mismas hacen de los negros un objetivo que está fuera de proporción comparado con el uso o tráfico de drogas.[ix]

En el extranjero, las amenazas tenían que ser el “terrorismo internacional”, “los narcotraficantes hispanos”, y más importante que nada: los “Estados canallas”. Un estudio secreto de 1995 hecho por el Comando Estratégico, que es responsable del arsenal nuclear estratégico, delinea el pensamiento básico. Hecho público a través del Acta de Libertad de Información, el estudio, Essentials of Post-Cold War Deterrence, “muestra cómo los Estados Unidos cambiaron su estrategia preventiva de la difunta Unión Soviética a los así llamados Estados canallas, tales como Irak, Libia, Cuba y Corea del Norte”, informa AP. El estudio aboga por que los Estados Unidos exploten su arsenal nuclear para presentarse como “irracionales y vengativos si sus intereses vitales son atacados”. Esa “debería ser una parte de la personalidad nacional que proyectemos a todos nuestros adversarios”, especialmente a los “Estados canallas”. “Es malo presentarnos como demasiado racionales y objetivos”, mucho menos comprometidos con estupideces tales como la ley internacional y las obligaciones requeridas por los tratados. “El hecho de que algunos elementos” del gobierno de los Estados Unidos “puedan aparecer potencialmente ‘fuera de control’ puede ser beneficioso para crear y reforzar miedos y dudas dentro de las mentes de los que toman las decisiones entre nuestros adversarios.” El informe hace resucitar la “teoría del loco” de Nixon: nuestros enemigos deberían reconocer que estamos locos y somos imprevisibles, con una fuerza destructiva extraordinaria en nuestras manos, para que se dobleguen a nuestra voluntad por miedo. El concepto, aparentemente, fue pergeñado en Israel en los cincuenta por el Partido Laborista -entonces en el poder-. Sus dirigentes “predicaban a favor de actos de locura”, registra en su diario el Primer Ministro Moshe Sharett, quien advierte que “nos volveremos locos” (“nishtagea”) si nos hacen enojar, un “arma secreta” dirigida en parte contra los Estados Unidos, a quien no consideraban suficientemente confiable en ese momento. En las manos del único superpoder mundial, que se considera a sí mismo como un Estado fuera de la ley y está sujeto a pocas limitaciones por parte de las elites internas, la situación presenta serios problemas para el mundo.[x]

Libia ha sido uno de los “Estados canallas” favoritos desde los primeros días de la Administración Reagan. Vulnerable y sin defensa, es el punching ball perfecto cuando se lo necesita: por ejemplo, en 1986, cuando el primer bombardeo de la historia orquestado para el horario central de la televisión fue utilizado por los escritores de discurso del Gran Comunicador para conseguir apoyo para las fuerzas terroristas de Washington que estaban atacando Nicaragua, con la excusa de que el “architerrorista” Kadaffi “envió u$s 400 millones y un arsenal de armas y consejeros a Nicaragua para traer esta guerra al hogar de los Estados Unidos”, que estaban entonces ejercitando su derecho a la defensa propia contra el ataque del Estado canalla nicaragüense.

Inmediatamente después de la caída del Muro de Berlín, ya inexistente cualquier posibilidad de recurrir a la amenaza soviética, la Administración Bush presentó su llamado anual al Congreso pidiendo un presupuesto enorme para el Pentágono. Explicaron que “en una nueva era, prevemos que nuestro poder militar seguirá siendo la base esencial del balance global, pero…las exigencias más probables para el uso de nuestras fuerzas militares pueden no involucrar a la Unión Soviética y pueden estar en el Tercer Mundo, donde es posible que se requieran nuevas capacidades y enfoques”, como “cuando el presidente Reagan dirigió las fuerzas navales y aéreas americanas para retornar a [Libia] en 1986” a bombardear objetivos civiles urbanos, guiado por el propósito de “contribuir a un medio ambiente internacional de paz, libertad y progreso dentro del cual nuestra democracia -y otra naciones libres- puedan florecer”. La primera amenaza que nos enfrentamos es la “creciente sofisticación tecnológica” del Tercer Mundo. Debemos por lo tanto fortalecer “la base industrial de defensa” -la industria de alta tecnología- creando incentivos “para invertir en nuevos edificios y equipamiento así como en investigación y desarrollo”. Y debemos mantener nuestras fuerzas de intervención, especialmente aquellas que tengan como objetivo el Medio Oriente, donde las “amenazas a nuestros intereses” que requieran intervención militar directa “no puedan ser dejadas en las puertas del Kremlin” -contrariamente a lo que decían las mentiras sin fin que ahora se han abandonado. Como ya se había reconocido ocasionalmente en los años anteriores, a veces en secreto, se acepta oficialmente que la “amenaza” es propia de la región, el “nacionalismo radical” que siempre fue una preocupación primordial, no sólo en el Medio Oriente.

En ese momento, las “amenazas a nuestros intereses” tampoco podían dejarse en la puerta de Irak. En ese momento, Saddam era un amigo muy querido y socio comercial. Su status cambió sólo unos pocos meses después, cuando malinterpretó la voluntad de los Estados Unidos de permitirle modificar la frontera con Kuwait por una autorización de tomar todo el país -o desde la perspectiva de la Administración Bush, de duplicar lo que los Estados Unidos acababan de hacer en Panamá-. En una reunión en las altas esferas que tuvo lugar inmediatamente después de la invasión de Saddam a Kuwait, el presidente Bush articuló el problema básico: “Mi preocupación sobre los sauditas es que se… arrepientan en el último minuto y acepten un régimen títere en Kuwait.” El presidente del Estado Mayor General Conjunto, Colin Powell, presentó el problema con gran claridad: “En los próximos días Irak se va a retirar”, dejando “su títere allí” y “todos en el mundo árabe se sentirán felices”.[xi]

Por supuesto, los paralelos históricos nunca son exactos. Cuando Washington se retiró parcialmente de Panamá después de dejar allí su títere, hubo gran furia en todo el hemisferio, incluyendo Panamá. Por cierto, la hubo en muchas partes del mundo. Esto obligó a Washington a vetar dos resoluciones del Consejo de Seguridad y a votar en contra de una resolución de la Asamblea General que lo condenaban por la “flagrante violación de la ley internacional y de la independencia, soberanía e integridad territorial de los Estados” y llamaban al retiro de “las tropas invasoras de los Estados Unidos de Panamá”. La invasión de Kuwait por Irak fue tratada de manera diferente, en formas muy alejadas de la versión oficial, pero que fueron muy rápidamente cubiertas por la prensa.

Estos hechos inexpresables hacen ver bajo una luz interesante el comentario de los analistas políticos. Ronald Steel, por ejemplo, que se pregunta hoy en día por la “contradicción” que enfrentan los Estados Unidos, quienes, “como la nación más poderosa del mundo, hacen frente a mayores restricciones a su libertad para utilizar la fuerza que cualquier otro país”. De allí el éxito de Saddam en Kuwait si se lo compara con la inhabilidad de Washington para imponer su voluntad en Panamá.[xii]

Vale la pena recordar que también en 1990-91, el debate fue exitosamente cerrado de antemano. Hubo mucha discusión sobre si las sanciones funcionarían, pero ninguno sobre si ya habían funcionado, tal vez al poco tiempo de que se aprobara la Resolución 660. El miedo de que las sanciones pudieran funcionar animó a Washington a rechazar la puesta a prueba de las ofertas de retirada iraquíes desde agosto de 1990 hasta principios de enero. Con rarísimas excepciones, el sistema de información mantuvo una disciplina férrea en ese asunto. Las encuestas unos pocos días antes del bombardeo de enero de 1991 mostraban que la solución pacífica del conflicto basada en la retirada iraquí junto con una conferencia internacional sobre el conflicto árabe-israelí recibía un apoyo de 2 a 1. Pocos entre aquellos que expresaron esta posición podían haber oído algún apoyo público a ella; los medios habían seguido lealmente la orientación del presidente, rechazando toda “asociación” como impensable -en este único caso-. Es poco probable que los que respondieron supieran que sus puntos de vistas eran compartidos por la oposición democrática iraquí, que tenía el acceso prohibido a los principales medios masivos de comunicación. O que una propuesta iraquí en los términos que ellos proponían había sido hecha pública una semana antes por los funcionarios norteamericanos que la encontraron razonable, y fuera rechazada por Washington. O que una oferta de retirada iraquí había sido considerada por el Consejo Nacional de Seguridad ya a mediados de agosto, pero fue rechazada, y a todos los efectos suprimida, aparentemente porque se temía que las iniciativas iraquíes pudieran “diluir la crisis”, como reportara oblicuamente el corresponsal diplomático del New York Times al hablar de las preocupaciones de la Administración.

Desde entonces, Irak desplazó a Irán y Libia del primer puesto entre las “naciones canallas”. Otras nunca entraron en este rango. Tal vez el caso más relevante sea el de Indonesia, que cambió de enemigo a amigo cuando el general Suharto tomó el poder en 1965, sobre la base de una enorme carnicería que concitó gran satisfacción en occidente. Desde entonces, Suharto ha sido “nuestra clase de tipo”, como lo describió la Administración Clinton mientras llevaba adelante una agresión asesina y atrocidades sin fin contra su propio pueblo, matando 10.000 indonesios sólo durante la década de los 80, de acuerdo con el testimonio personal de “nuestro tipo”, que escribió que “los cadáveres quedaron tirados por allí como una forma de terapia de choque.”[xiii] En diciembre de 1975 el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó de manera unánime que Indonesia debía retirar sus tropas invasoras de Timor del Este “sin demora” y llamó a “todos los Estados a respetar la integridad territorial de Timor del Este, así como el derecho inalienable de su pueblo a la autodeterminación”. Los Estados Unidos respondieron aumentando (secretamente) los envíos de armas a los agresores; Carter aceleró el flujo de armas una vez más a medida que el ataque alcanzaba niveles casi genocidas en 1978. En sus memorias, Daniel Patrick Moynihan, embajador ante las Naciones Unidas, se enorgullece de su éxito en hacer que la ONU resultara “completamente inefectiva para llevar adelante cualquier medida que tomara”, siguiendo las instrucciones del Departamento de Estado, que “quería que las cosas resultaran como lo hicieron y trabajaron para que así fuera”. Los Estados Unidos también aceptaron muy felices el robo del petróleo de Timor del Este (con la participación de una compañía norteamericana), en violación de cualquier interpretación razonable de los acuerdos internacionales.

La analogía con Irak/Kuwait es muy cercana, aunque haya diferencias: para mencionar sólo la más obvia, las atrocidades auspiciadas por los Estados Unidos en Timor del Este estuvieron enormemente más allá de cualquier cosa que se le atribuyera a Saddam Hussein en Kuwait.

Hay muchos otros ejemplos, aunque algunos de los que se invocan más a menudo deberían ser tratados con cuidado, especialmente en lo que concierne a Israel. Las muertes civiles que resultaron de la invasión que Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, llevó a cabo contra el Líbano en 1982 superaron las causadas por Saddam en Kuwait, e Israel sigue violando la resolución de 1978 del Consejo de Seguridad que le ordenaba retirarse inmediatamente del Líbano, junto con numerosas otras relacionadas con Jerusalén, las Alturas del Golán, y otros asuntos; y habría muchas más si los Estados Unidos no las vetaran regularmente. Pero la acusación más común de que Israel, especialmente su gobierno actual, está en violación de la ONU 242 y de los acuerdos de Oslo, y de que los Estados Unidos exhiben una “doble moral” al tolerar esas violaciones, es como mínimo dudosa, basada en un serio malentendido de qué fueron esos acuerdos. Desde el inicio, el proceso Madrid-Oslo fue diseñado e implementado por el poder norteamericano-israelí para imponer un acuerdo al estilo del Bantustán. El mundo árabe eligió engañarse a sí mismo sobre ese asunto, así como lo han hecho muchos otros, pero todo quedó claro en los documentos, y especialmente en los proyectos de los gobiernos Rabin-Peres, que fueron apoyados por los Estados Unidos, e incluyen cuestiones por los cuales el actual gobierno del Likud está ahora siendo atacado.[xiv]

Es absolutamente falso decir que “Israel no está de manera demostrable violando los decretos del Consejo de Seguridad” (New York Times), pero las razones que a menudo se dan deberían ser cuidadosamente examinadas.[xv]

Volviendo a Irak, por cierto que califica como uno de los Estados más criminales. Para defender el plan de los Estados Unidos de atacar Irak en un encuentro público televisado el 18 de febrero, los secretarios Albright y Cohen repetidamente invocaron la última atrocidad: Saddam era culpable de “utilizar armas de destrucción masiva contra sus vecinos así como contra su propio pueblo”, su crimen más atroz. “Es muy importante para nosotros que quede claro que los Estados Unidos y el mundo civilizado no pueden tratar con alguien que está dispuesto a utilizar esas armas de destrucción masiva contra su propio pueblo, para no hablar de sus vecinos”, enfatizó Albright en una enojada respuesta a alguien que le preguntó sobre el apoyo de los Estados Unidos a Suharto. Poco después, el senador Lott condenó a Kofi Annan por tratar de cultivar una “relación humana con un asesino de masas”, y denunció a la Administración por confiar en una persona que podía caer tan bajo.

Vibrantes palabras. Dejando de lado el hecho de que evadían contestar la pregunta hecha, Albright y Cohen sólo olvidaron mencionar -y los comentaristas han sido muy amables en no señalárselo- que los actos que ellos ahora encuentran tan horripilantes no fueron los que transformaron a Irak en un “Estado canalla”. Y Lott no hizo notar tampoco que sus héroes, Reagan y Bush, habían tenido cálidas relaciones con el “asesino de masas”. No hubo llamadas apasionadas a un golpe militar después de que Saddam gaseó a los kurdos en Halabja en marzo de 1988; por el contrario, los Estados Unidos y Gran Bretaña le brindaron su más fuerte apoyo a ese asesino de las masas, que era por ese entonces “nuestra clase de tipo”. Cuando el corresponsal de televisión de la ABC Charles Glass reveló el lugar donde se desarrollaba uno de los programas de guerra biológica de Saddam, 10 meses antes de Halabja, el Departamento de Estado negó los hechos, y la historia murió allí; el Departamento “ahora presenta datos sobre ese mismo lugar”, observa Glass.

Los dos guardianes del orden global también hicieron posibles otras atrocidades de Saddam -incluyendo su uso de cianuro, gas nervioso y otras armas bárbaras- apoyándolo con inteligencia, tecnología y suministros, junto con muchos otros. Bill Blum recuerda que el Comité Bancario del Senado informó en 1994 que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos rastreó un embarque de “materiales biológicos” idénticos a aquellos que fueron más tarde encontrados y destruidos por los inspectores de la ONU. Estos embarques continuaron por lo menos hasta noviembre de 1989. Un mes más tarde, Bush autorizó nuevos préstamos para que su amigo Saddam consiguiera el “objetivo de aumentar las exportaciones de los Estados Unidos y nos pusiera en una mejor posición para tratar con Irak su récord en derechos humanos…” anunció el Departamento de Estado, sin que se le moviera un músculo de la cara, sin que se le hiciera ninguna crítica.

El récord de Gran Bretaña quedó expuesto, por lo menos en parte, en un pedido de informes oficial (Informe Scott). El gobierno británico fue obligado a conceder que seguía dándole permiso a firmas británicas para que exportaran materiales utilizables como armas biológicas después de que fuera publicado el Informe Scott, y que esa situación continuó, por lo menos, hasta diciembre de 1996.

En un detalle de la venta que países occidentales habían hecho de materiales utilizables para guerra bacteriológica y otras armas de destrucción masiva, publicado el 28 de febrero en el Times, se menciona un ejemplo de ventas estadounidenses durante los ochenta que incluyen “patógenos mortales”, que recibió la aprobación del gobierno y salió del centro militar de Fort Detrick, que realiza investigación en gérmenes. Sin embargo, sólo se trata de la punta del iceberg.[xvi]

Una mentira muy común, actualmente, es decir que los crímenes de Saddam eran desconocidos, por lo que ahora estamos profundamente horrorizados ante el descubrimiento y debemos “dejar claro” que nosotros -la gente civilizada- “no podemos tratar con” alguien que haya perpetrado tales crímenes (Albright). Esta postura es un fraude cínico. Los informes de la ONU de 1986 y 1987 condenaron el uso de armas químicas por parte de Irak. Los empleados de la Embajada de los Estados Unidos en Turquía entrevistaron a los sobrevivientes kurdos de los ataques de guerra química, y la CIA se los pasó al Departamento de Estado. Los grupos de Derechos Humanos informaron las atrocidades en Halabja y en otras partes inmediatamente. El secretario de Estado George Shultz concedió que los Estados Unidos tenían evidencia sobre ese asunto. Un equipo de investigaciones enviado por el Comité de Relaciones Internacionales del Senado en 1988 encontró “evidencia contundente del extendido uso de armas químicas contra civiles”, lanzando la acusación de que la tolerancia de occidente hacia el uso de tales armas, por parte de Irak contra Irán, había llevado a Saddam a creer -correctamente- que podía utilizarlas contra su propio pueblo con impunidad -en realidad contra los kurdos, que no son para nada “el pueblo” de este matón tribal-. Clairborne Pell, presidente del Comité, introdujo el Acta de Prevención del Genocidio en 1988 denunciando que mantener el silencio “mientras la gente es gaseada” es “complicidad”, tal como cuando “el mundo se quedó callado mientras Hitler comenzó su campaña que culminó con el casi exterminio de los judíos de Europa”, y advirtiendo que “no podemos quedarnos callados ante el genocidio otra vez”. La Administración Reagan se opuso con toda energía a las sanciones e insistió que la cuestión debía ser acallada, al tiempo que extendía su apoyo al asesino de masas. En el mundo árabe, “la prensa de Kuwait estaba entre las más entusiastas de los medios árabes en darle apoyo a la cruzada de Bagdad contra los kurdos”, informa el periodista Adel Darwish.

En enero de 1991, mientras todavía se oían los tambores de guerra, la Comisión Internacional de Juristas le mencionó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que “Después de haber perpetrado los más flagrantes abusos contra su propia población sin recibir una palabra de reproche de la ONU, Irak debe haber concluido que podía hacer lo que le pareciera”; en este contexto, ONU quiere decir Estados Unidos y Gran Bretaña, principalmente. La verdad debe enterrarse junto con la ley internacional y otras distracciones “utópicas”.[xvii]

Un comentarista poco amable podría decir que la reciente tolerancia de los Estados Unidos y Gran Bretaña por el gas venenoso y la guerra química no es demasiado sorprendente. Los británicos utilizaron armas químicas durante su intervención en el Norte de Rusia contra los Bolcheviques, en 1919, con gran éxito, a estar por los dichos del comando británico. Como secretario de Estado en la Oficina de Guerra en 1919, Winston Churchill estaba entusiasmado con la perspectiva de “utilizar gas venenoso contra las tribus incivilizadas” -kurdos y afganos- y autorizó al comando del Medio Oriente de la RAF a utilizar armas químicas “contra los árabes recalcitrantes como un experimento”, rechazando las objeciones de la oficina de la India como “poco razonables” y deplorando su “delicadeza sobre el uso del gas”: “no podemos, bajo ninguna circunstancia aceptar la no utilización de ninguna arma que tengamos disponible para procurar una rápida terminación del desorden que prevalece en la frontera”, explicó, las armas químicas son simplemente “la aplicación de la ciencia occidental a la guerra moderna”.

La Administración Kennedy fue pionera en el uso masivo de armas químicas contra civiles cuando lanzó su ataque contra Vietnam del Sur en 1961-2. Ha habido mucha preocupación sobre los efectos que tuvieron sobre los soldados norteamericanos, y está bien que así sea, pero no ocurrió lo mismo con los efectos incomparablemente peores sobre los civiles. En este país, por lo menos. En un diario israelí de circulación masiva, el respetado periodista Amnon Kepekiouk informó en una visita que hizo en 1988 a Vietnam que encontró que “miles de vietnamitas todavía mueren por los efectos de la guerra química americana”, y cita estimaciones de un cuarto de millón de víctimas en Vietnam del Sur, describiendo las escenas “terribles” en los hospitales del sur con niños que se mueren de cáncer o nacen con deformaciones horribles. Vietnam del Sur fue el objetivo de la guerra química, no Vietnam del Norte, donde estas consecuencias no se encuentran, informa. Hay también evidencia contundente del uso de armas biológicas por parte de los Estados Unidos contra Cuba, informadas como noticia menor en 1977, y en el peor de los casos como un pequeño componente del terror estadounidense que continúa.[xviii]

Dejando de lado estos precedentes, los Estados Unidos y Gran Bretaña están ahora ocupados en una mortal forma de guerra biológica en Irak. La destrucción de la infraestructura y la prohibición de importaciones para reparaciones provoca enfermedad, malnutrición y la muerte temprana a una escala inmensa, incluyendo 567.000 niños para 1995, de acuerdo con investigaciones de la ONU; UNICEF informa que 4.500 niños murieron por mes en 1996. En una amarga condena de las sanciones (20 de enero de 1998), 54 obispos católicos citaron al arzobispo de la región sur de Irak, que informó que “la epidemia se enseñorea, llevándose infantes y enfermos de a miles” mientras “aquellos niños que sobreviven a la enfermedad sucumben a la malnutrición.” Los dichos del arzobispo, reportados en su totalidad en el periódico de Stanley Heller, The Struggle, recibieron apenas una mención en la prensa. Los Estados Unidos y Gran Bretaña han tomado la delantera en el bloqueo de los programas de ayuda -por ejemplo, demorando la aprobación de ambulancias con la excusa de que podían ser utilizadas para transportar tropas, prohibiendo los insecticidas y los repuestos para los sistemas sanitarios, que podrían impedir la expansión de la enfermedad-. Mientras tanto, los diplomáticos occidentales señalan que “Los Estados Unidos se han beneficiado directamente de la operación (humanitaria) tanto, si no más, que los rusos y los franceses”, por ejemplo, con la compra de 600 millones de dólares de petróleo iraquí (segundo sólo ante Rusia) y la venta de compañías estadounidenses por 200 millones de dólares en mercancías humanitarias a Irak.” También informan que la mayor parte del petróleo comprado por las compañías rusas termina en los Estados Unidos.[xix]

El apoyo de Washington a Saddam llegó al extremo de que incluso se pasó por alto un ataque de la Fuerza Aérea iraquí al USS Stark, provocando la muerte de 37 miembros de la tripulación, un privilegio del que hasta ahora sólo disfrutaba Israel (en el caso del USS Liberty). Fue el apoyo decisivo de Washington a Saddam, mucho después de los crímenes que ahora horrorizan a la Administración y al Congreso, que llevó a la capitulación iraní a “Bagdad y Washington”, concluye Dilip Hiro en su historia de la guerra Irak-Irán. Los dos aliados habían “coordinado sus operaciones militares contra Teherán.” Y agrega que el ataque contra un avión civil iraní hecho con un misil teleguiado lanzado desde el crucero misilístico Vincennes fue la culminación de la “campaña diplomática, militar y económica” de Washington en apoyo a Saddam.[xx]

A Saddam también se le pidió que le hiciera a su Estado-cliente los favores usuales: por ejemplo, entrenar a varios cientos de libios que fueron enviados a Irak por los Estados Unidos con el objetivo de derrocar al gobierno de Kadaffi, como revelara el ex edecán de Reagan, Howard Teicher.[xxi]

No fueron sus crímenes masivos los que elevaron a Saddam al rango de “Bestia de Bagdad”. Más bien fue su sacar los pies del plato, al igual que con el caso de ese criminal mucho menor que es Noriega, cuyos peores crímenes fueron también cometidos mientras era cliente de los Estados Unidos.

Al pasar se podría hacer notar que la destrucción del avión iraní 655 en el espacio aéreo de ese país por el Vincennes podría volverse en contra de Washington. Las circunstancias son sospechosas, por decir lo menos. En el diario oficial de la Marina, el comandante David Carlson escribió que se “preguntaba en voz alta sin poder creerlo”, mientras observaba desde su barco que se encontraba cercano, como el Vincennes -que entonces estaba en aguas territoriales iraníes- atacaba lo que obviamente era un avión civil dentro de un corredor comercial, tal vez por “una necesidad de probar la viabilidad del Aegis”, su sistema misilístico de alta tecnología. El comandante y los principales oficiales “fueron premiados con medallas por su conducta”, observa el coronel retirado del Cuerpo de Marinos, David Evans, en el mismo diario, en un ácido comentario sobre la forma en que el Departamento de Marina tapó todo el asunto. El presidente Bush le informó a la ONU que “Una cosa está clara, y es que el Vincennes actuó en defensa propia …en medio de un ataque iniciado por navíos iraníes...”, todas mentiras, como señala Evans, aunque no signifique nada, dada la posición de Bush de que “nunca pediré perdón por los Estados Unidos de América, no me importa cuáles sean los hechos reales”. Un coronel retirado del Ejército que estuvo presente en la audiencia oficial concluyó que “nuestra Marina es demasiado peligrosa para desplegarla”.[xxii]

Es difícil evitar el pensamiento de que la destrucción del Pan Am 103 sobre Lockerbie unos meses más tarde fue una represalia iraní, tal como lo expresara explícitamente un desertor de la inteligencia iraní, que también era edecán del presidente Rafsanjani, “considerado una fuente creíble e importante en Alemania y en todas partes”, como informa el Guardian. Un documento de inteligencia de los Estados Unidos del año 1991 llega a la misma conclusión, alegando que Akbar Mohtashemi, un ex ministro del Interior iraní, transfirió 10 millones de dólares “para derribar al Pan Am 103 en represalia por el ataque americano contra el aerobús iraní”, refiriéndose a sus conexiones con “los grupos terroristas Al Abas y Abu Nidal”. Es sorprendente que a pesar de la evidencia y el claro motivo, éste es virtualmente el único acto de terrorismo del que no se acusa a Irán. Más bien, los Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron a dos ciudadanos libios del crimen.

Los cargos contra los libios han sido ampliamente disputados, incluso por una detallada investigación llevada a cabo por Denis Phipps, ex jefe de seguridad en British Airways que actuó en el Comité Nacional de Aviación del gobierno. La organización británica de las familias de las víctimas de Lockerbie cree que hubo una barrida bajo la alfombra a alto nivel (según el vocero Dr. Jim Swire), y consideran como más creíble el relato del documental de Alan Frankovich The Maltese Cross, que da evidencia de una conexión iraní y una operación de drogas que involucran a un correo que trabajaba para la DEA de los Estados Unidos. El filme se exhibió en la Casa de los Comunes británica y en la televisión británica, pero fue rechazado en los Estados Unidos. Las familias estadounidenses se atienen estrictamente a la versión de Washington.[xxiii]

También intriga el rechazo, tanto de los Estados Unidos como de Gran Bretaña, a permitir el juicio de los libios acusados. La forma en que lo hacen es rechazando la oferta libia de liberar a los acusados del juicio en un lugar neutral para ser juzgados por un juez nombrado por la ONU (diciembre de 1991), en La Haya, “bajo la ley escocesa”, etc. Estas propuestas fueron respaldadas por la Liga Arabe y la organización de los familiares británicos, pero fueron rechazadas de firme por los Estados Unidos y Gran Bretaña. En marzo de 1992, el Consejo de Seguridad de la ONU pasó una resolución que imponía sanciones contra Libia, con cinco abstenciones: China, Marruecos (el único miembro árabe), India, Zimbabwe, Cabo Verde. Se ejercieron presiones considerables: así a China se le advirtió que perdería su estado de Nación Favorecida en lo comercial si vetaba la resolución. La prensa de los Estados Unidos informó de la oferta libia de liberar a los sospechosos para su juicio, restándole validez y ridiculizando el “gesto dramático” de Kadaffi de llamar a la rendición de los aviadores estadounidenses que bombardearon dos ciudades libias matando 37 personas, incluyendo a su hija adoptiva. Está claro que esto es tan absurdo como los pedidos de Cuba y Costa Rica para que se extradite a los terroristas americanos.[xxiv]

Es comprensible que los Estados Unidos y Gran Bretaña quieran asegurar un juicio que ellos puedan controlar, como en el caso del secuestro de Noriega. Cualquier abogado defensor con sentido común haría surgir la conexión iraní en un lugar neutral. No está claro cuánto tiempo más podría continuar esta parodia. En medio de la actual crisis con Irak, la Corte Mundial rechazó la ponencia de Estados Unidos y Gran Bretaña de que no tenía jurisdicción sobre ese asunto, e intenta lanzar una audiencia (13 a 2, con la oposición de los jueces estadounidenses y británicos) que puede hacer aún más difícil seguir ocultando los hechos.

La decisión de la Corte fue bienvenida por Libia y las familias británicas. Los medios de Washington y de los Estados Unidos advirtieron que la decisión de la Corte Mundial podría perjudicar una resolución de las Naciones Unidas de 1992 que exigía que “Libia debe entregar a los acusados del atentado de Lockerbie para su juicio en Escocia o en los Estados Unidos” (New York Times), que Libia “extradite a los sospechosos a los Estados Unidos y Gran Bretaña” (AP). Estos reclamos no se ajustan totalmente a la verdad. El tema de la transferencia a Escocia o a los Estados Unidos nunca surgió, y ni se menciona en las Resoluciones de la ONU. La Resolución 731 (21 de enero de 1992) “Urge al Gobierno de Libia a que inmediatamente provea una respuesta completa y efectiva” a los pedidos “en conexión con los procedimientos legales” relacionados con los ataques contra el vuelo Pan Am 103 y un avión francés. La resolución 748 (31 de marzo de 1992) “Decide que el gobierno libio debe cumplir sin más demoras” con los requerimientos de la Resolución 731, y que debe renunciar al terrorismo, pidiendo sanciones si Libia no lo hiciera. La resolución 731 fue adoptada en respuesta a la declaración de los Estados Unidos y Gran Bretaña de que Libia debe “entregar para su juicio a todos los acusados del crimen”, sin ninguna otra especificación.

Los informes de prensa de ese tiempo fueron igualmente inexactos. Así, informando el rechazo estadounidense de la oferta libia a entregar a los sospechosos en un país neutral, el New York Times subrayaba las palabras: “Una vez más, Libia trata de evitar cumplir una orden de la ONU.” El Washington Post rechazaba la oferta aseverando que “El Consejo de Seguridad mantiene que los sospechosos deben ser juzgados en cortes estadounidenses o británicas.” Sin duda Washington prefiere ver las cosas en esta luz. Un informe ajustado a la verdad fue el que se dio en 1992 en un escrito de la autoridad legal internacional Alfred Rubin de la Fletcher School (Christian Science Monitor), que notó que la resolución del Consejo de Seguridad no menciona la extradición a los Estados Unidos y Gran Bretaña, y observa que su fraseología “se aparta tanto de lo que se ha informado que querían los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que es incomprensible el porqué de las declaraciones públicas y los informes de prensa informan que se trata de un triunfo diplomático de los Estados Unidos y de las presiones de la ONU sobre Libia”; desafortunadamente, este tipo de maniobras es rutinario.

En el New York Times, el especialista en legales de la ONU Marc Weiler, de nacionalidad británica, estuvo de acuerdo con Rubin en que los Estados Unidos deberían obedecer los claros requerimientos de la ley internacional y aceptar la propuesta de Libia de que el juicio tuviera lugar ante la Corte Mundial. La respuesta de Libia al pedido de los Estados Unidos y Gran Bretaña fue “precisa tal como lo pedía la ley internacional”, escribió Weiler, condenando a los Estados Unidos y Gran Bretaña por haberse “negado de plano” a someter el tema a la Corte Mundial. Rubin y Weiler también hacen otras preguntas obvias: ¿Supongamos que Nueva Zelanda hubiera resistido a las poderosas presiones francesas para obligarlo a abandonar su intento de extraditar a los terroristas del gobierno francés que volaron al Rainbow Warrior en el puerto de Auckland? ¿O que Irán exigiera que se extraditara al capitán del Vincennes?[xxv]

Ahora, la Corte Mundial ha sacado la misma conclusión que Rubin y Weiler.

La calificación de “Estados canallas” ayuda aún más a clarificar la reacción de Washington ante el alzamiento en Irak en marzo de 1991, inmediatamente después del cese de hostilidades. El Departamento de Estado formalmente reiteró su rechazo a tener ningún tipo de trato con la oposición democrática iraquí, y desde antes de la Guerra del Golfo, tuvieron virtualmente vedado el acceso a los más importantes medios de los Estados Unidos. “Las reuniones políticas con ellos no serían apropiadas para nuestra política en este momento”, dijo el vocero del Departamento de Estado Richard Boucher. “Este momento” resultó ser el 14 de marzo de 1991, mientras Saddam estaba masacrando a la oposición en el sur bajo la mirada del general Schwartzkopf, rehusándose incluso a permitir que los oficiales militares rebeldes tuvieran acceso a las armas iraquíes capturadas. Si no hubiera sido por la inesperada reacción de la opinión pública, Washington probablemente no hubiera siquiera extendido su tibio apoyo a la rebelión kurda, sometida al mismo tratamiento poco tiempo después.

Los dirigentes de la oposición iraquí interpretaron el mensaje. Leith Kubba, que encabeza el Movimiento Reformista Democrático iraquí con base en Londres, alegó que los Estados Unidos están a favor de una dictadura militar, insistiendo que “los cambios en el régimen deben venir desde adentro, desde la gente que ya está en el poder.” El banquero Ahmed Chalabi, también con base en Londres, y dirigente del Congreso Nacional iraquí, dijo que “los Estados Unidos, bajo la hoja de parra de la no interferencia en los asuntos iraquíes, está esperando a que Saddam masacre a los insurgentes en la esperanza de poder derrocarlo luego y reemplazarlo con un oficial presentable”, una actitud enraizada en la política de los Estados Unidos de “apoyar a las dictaduras para mantener la estabilidad”.

El razonamiento de la Administración lo delineó el principal corresponsal diplomático del New York Times, Thomas Friedman. Mientras se oponía a una rebelión popular, Washington esperaba que un golpe militar derrocara a Saddam, “y entonces Washington hubiera tenido lo mejor de ambos mundos: una junta iraquí con puño de hierro sin Saddam Hussein”, un retorno a los días cuando “el puño de hierro [de Saddam] … mantenía unido a Irak, para la entera satisfacción de los aliados de los Estados Unidos Turquía y Arabia Saudita”, para no hablar de Washington. Dos años más tarde, en otra útil aceptación de la realidad, observó que “siempre fue política americana que el señor Hussein jugara un rol útil en mantener a Irak unido”, manteniendo la “estabilidad”. Hay pocas razones para creer que Washington haya modificado su preferencia por las dictaduras antes que por la democracia deplorada por la ignorada oposición democrática iraquí, aunque sin dudas preferiría un “puño de hierro” diferente en este momento. De no ser así, Saddam tendrá que servir.[xxvi]

El concepto de “naciones canallas” también acepta muchos matices. Así Cuba califica como principal “Estado canalla” debido a su supuesto involucramiento en el terrorismo internacional, pero los Estados Unidos no entran en esa categoría a pesar de sus ataques terroristas contra Cuba durante los últimos 40 años, que aparentemente continuaron hasta el verano pasado, de acuerdo con un importante informe de periodismo de investigación del Miami Herald que no llegó a la prensa nacional (en Estados Unidos, en Europa se conoció). Cuba era un “Estado canalla” cuando sus fuerzas militares estaban en Angola respaldando al gobierno en contra de los ataques del gobierno sudafricano, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos. En contraste, Sudáfrica no era un “Estado canalla” 8entonces, ni durante los años de Reagan, cuando causó más de 60.000 millones de dólares en pérdidas y 1,5 millón de muertes en los Estados vecinos de acuerdo con una comisión de la ONU, por no hablar de los hechos que tuvieron lugar dentro de su propio territorio -y con amplio apoyo de Estados Unidos y de Gran Bretaña-. La misma excepción se aplica a Indonesia y a muchos otros.

Los criterios están bastante claros: un “Estado canalla” no es simplemente un Estado criminal, sino uno que desafía las órdenes de los poderosos, quienes están, por supuesto, exceptuados.

 

 

Que Saddam es un criminal sin duda es cierto, y uno debería sentirse satisfecho, supongo, de que los Estados Unidos y Gran Bretaña y las más importantes instituciones doctrinarias se hayan unido finalmente a aquellos que “prematuramente” condenaron el apoyo británico-americano al asesino de masas. También es cierto que presenta una amenaza a cualquiera que se ponga a su alcance. Sobre la comparación de las amenazas, hay poca unanimidad fuera de Estados Unidos y Gran Bretaña, después de su transformación (ambigua) a partir de agosto de 1990. Su plan para utilizar la fuerza en 1998 encontró su justificación en términos de la amenaza que Saddam representaba para la región, pero no había forma de esconder el hecho de que la gente de la región no quería ser salvada y lo manifestaba de manera tan firme y clara que sus gobiernos se vieron obligados a unirse a la oposición.

Bahrein se rehusó a permitir que las fuerzas estadounidenses y británicas utilizaran sus bases. El presidente de los Emiratos Arabes Unidos describió las amenazas americanas de acción militar como “malas y abominables”, y declaró que Irak no representaba una amenaza para sus vecinos. El ministro de Defensa saudita, Príncipe Sultán, ya había dicho que “no estaremos de acuerdo y estamos en contra de golpear a Irak como pueblo y como nación”, haciendo que Washington ni siquiera presentara un pedido para utilizar las bases sauditas. Después de la misión de Anna, el experimentado ministro de Relaciones Exteriores saudí, Príncipe Saud al-Faisal, reafirmó que cualquier utilización de bases aéreas saudíes “tiene que ser un tema de la ONU, no de los Estados Unidos”.

Un editorial del diario semioficial egipcio Al Ahram describió la posición de Washington como “coercitiva, agresiva, imprudente y poco humanitaria con respecto a las vidas de los iraquíes, que se ven innecesariamente sometidos a sanciones y humillaciones”, y denunció la planeada “agresión [estadounidense] contra Irak”. El Parlamento de Jordania condenó “cualquier agresión contra el territorio de Irak y cualquier daño que pudiera ocurrirle al pueblo iraquí”, el ejército jordano se vio obligado a acordonar la ciudad de Maan después de dos días de disturbios pro-iraquíes. Un profesor de ciencias políticas de la Universidad de Kuwait advirtió que “Saddam representa la voz de los sin voz en el mundo árabe”, expresando así la frustración popular con el “Nuevo Orden Mundial” y la protección de Washington a los intereses israelíes.

Aún en Kuwait el apoyo a la posición de los Estados Unidos fue más bien “tibia” y “cínica con respecto a los motivos de los Estados Unidos”, como reconoció la prensa. “Las voces en las calles del mundo árabe, desde los atestados barrios pobres de El Cairo a las rutilantes capitales de la Península Arábiga, se levantan con furia a medida que crece el fragor del tambor de guerra americano contra Irak”, escribía el corresponsal del Boston Globe, Charles Sennott.[xxvii]

La oposición democrática iraquí tuvo una pequeña apertura en los medios principales, quebrándose el patrón anterior. En una conversación telefónica con el New York Times, Ahmed Chalabi reiteró la posición que ya había sido informada en mayor detalle en Londres las semanas anteriores: “Sin un plan político para cambiar al régimen de Saddam, los ataques militares no serán productivos”, sólo matarán miles de iraquíes e incluso pueden fortalecer a Saddam junto con sus armas de destrucción masiva, dejándole “una excusa para echar al UNSCOM [los inspectores de la ONU]”, quienes en realidad destruyeron muchas más armas y centros de producción que los bombardeos de 1991. Los planes de los Estados Unidos y Gran Bretaña entonces “serían peor que nada”. Las entrevistas con los dirigentes opositores de diversos grupos fueron “casi unánimes” en su oposición a la toma de acciones militares que no pusieran la base para un alzamiento que derrocara a Saddam. Hablando ante un comité parlamentario, Chalabi dijo que era “moralmente indefendible golpear a Irak sin tener una estrategia” para echarlo a Saddam.

En Londres, la oposición también delineó un programa de alternativa: (1) declarar a Saddam criminal de guerra; (2) reconocer un gobierno provisional iraquí formado por la oposición; (3) congelar los cientos de millones de dólares de activos iraquíes en el extranjero; (4) restringir las fuerzas de Saddam por medio de una “zona de no circulación terrestre” o extender la “zona de no circulación aérea” para cubrir todo el país. Los Estados Unidos deberían “ayudar al pueblo iraquí a sacar a Saddam del poder”, le dijo Chalabi al Comité senatorial de Servicios Armados. Junto con otros dirigentes de la oposición “rechazó el asesinato político, las operaciones secretas de los Estados Unidos o el envío de tropas estadounidenses”, informó Reuter, llamando en lugar de eso a “la insurgencia popular”. Propuestas similares aparecen ocasionalmente en los Estados Unidos. Washington dice haber intentado apoyar a los grupos de oposición, pero la interpretación de ellos es diferente. El punto de vista de Chalabi publicado en Inglaterra es muy similar al que fuera años atrás: “todos dicen que Saddam está atrapado, pero son los americanos y los británicos los que están atrapados por su negativa a apoyar la idea del cambio político.”[xxviii]

A la oposición regional se la consideró un problema a evitar, no un factor a ser tomado en cuenta, tal como ocurre con la ley internacional. Lo mismo ocurrió con las advertencias de altos funcionarios de organismos humanitarios de la ONU y de otros países estacionados en Irak, quienes plantearon que los bombardeos planificados podrían tener “efectos catastróficos” sobre un pueblo que ya estaba sufriendo miserablemente y podría liquidar las operaciones humanitarias que habían traído por lo menos algún alivio.[xxix] Lo importante es establecer que “Se hace lo que decimos”, como proclamara triunfalmente el presidente Bush al anunciar el Nuevo Orden Mundial a medida que bombas y misiles caían en 1991.

Mientras Kofi Annan se preparaba para ir a Bagdad, el ex presidente iraní Rafsanjani, “todavía una figura pivotal en Teherán, tuvo una audiencia con el enfermo Rey Fahd en Arabia Saudita”, informaba el corresponsal británico en el Medio Oriente David Gardner, “en contraste con el tratamiento que experimentó Madeleine Albright …en su recientes viajes a Riyadh buscando apoyo para el principal aliado americano en el Golfo.” El 2 de marzo, cuando terminaba la visita de diez días de Rafsanjani, el ministro de relaciones exteriores Príncipe Saud describió la entrevista como “un paso más en la dirección correcta hacia el mejoramiento de relaciones”, reiterando que “los mayores elementos desestabilizadores en el Medio Oriente y la causa de todos los demás problemas en la región” son la política israelí hacia los palestinos y el apoyo estadounidense que recibe, lo que podría activar a las fuerzas populares a las cuales Arabia Saudita teme profundamente, y minar su legitimidad como “guardián” de los lugares santos islámicos, incluyendo la Cúpula de la Roca en el este de Jerusalén, ahora efectivamente anexada por los programas americano-israelíes como parte de su intento de extender el “gran Jerusalén” virtualmente hasta el Valle del Jordán, para que quede en manos israelíes. Poco después, los Estados árabes boicotearon una cumbre económica patrocinada por los Estados Unidos en Qatar, cuya intención era avanzar en el proyecto del “Nuevo Medio Oriente” de Clinton y Peres. En lugar de eso, asistieron a una conferencia islámica en Teherán en diciembre, de la que participó hasta Irak.[xxx]

Estas son tendencias de considerable importancia, que están relacionadas con preocupaciones que motivan la política estadounidense en la región: su insistencia, desde la Segunda Guerra Mundial, por controlar las mayores reservas de energía del mundo. Como muchos han observado, en el mundo árabe hay miedo y resentimiento creciente por la alianza entre Israel y Turquía, que viene desde hace tiempo, que se formalizó en 1996, y se ve ahora muy fortalecida. Durante algunos años, éste fue un componente de la estrategia de los Estados Unidos para controlar la región con “los policías locales haciendo la ronda”, como lo expresara el secretario de Defensa de Nixon. Hay, aparentemente una creciente revalorización del peso de Irán para reemplazar al dominio americano en los acuerdos de seguridad regional. Una cuestión relacionada es el creciente conflicto sobre los oleoductos que traen el petróleo de Asia Central a los países ricos, una de cuyas salidas naturales es Irán. Y las corporaciones de energía de los Estados Unidos no ven con alegría que los rivales extranjeros -que ahora incluyen a China y Rusia- ganen acceso privilegiado a las reservas petroleras de Irak, que sólo son segundas en escala con respecto a Arabia Saudita, o a los recursos naturales de gas, petróleo y otros de Irán.

Por el momento, los planificadores de Clinton pueden sentirse aliviados de haberse escapado de la “caja” que construyeron y que no les estaba dejando más opciones que un bombardeo a Irak que hubiera sido dañoso aún para sus propios intereses. Pero el respiro es temporario. Le ofrece oportunidades a los ciudadanos de los Estados belicistas para que produzcan cambios de conciencia y compromiso que podrían representar una gran diferencia en un futuro no muy distante.

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