Reformismo social y disputa de hegemonía. Posneoliberalismo y escenarios políticos en el Ecuador

El presente texto se propone analizar los procesos políticos que vivió el Ecuador desde 1990 hasta la actualidad, asumiendo la perspectiva de tendencia de izquierda con anclaje en los movimientos populares. Para este análisis se toma como marco teórico el concepto de disputa de hegemonía. Se parte de reconocer como un solo proceso, pero con varios momentos políticos, aquel que arranca con el levantamiento indígena del Inty Raymi, y va hasta el triunfo electoral de Alianza País. Una interpretación específica se da al movimiento indígena, como protagonista integral de una reforma cultural, que sienta las bases para un nuevo proyecto social, y, por otro lado, las clases y capas medias urbanas, que sintetizan las demandas de ciudadanía. En el texto se caracteriza a la nueva situación como una dualidad, el entrecruzamiento de un proyecto de modernización del estado, con otro de reforma democrática. Se genera así una condición de encrucijada, que arranca con el período 2006 – 2009, el cual presiona, a la izquierda con tradición y a los movimientos populares, a vislumbrar un viraje estratégico.

Procesos políticos y hegemonía 

Estamos frente a un proceso social y político diferente, frente al cual no se puede repetir más   lo sabido. Los movimientos populares tratan de convertirse en actores claves, pero tienen limitaciones y dificultades. Algunas de ellas son constitutivas del proceso ecuatoriano, pero otras superan el contexto nacional y nos confrontan con el proyecto político y el bagaje histórico que los sustenta, esto es el contenido y el sentido de la propuesta socialista en un escenario de globalización capitalista.

Para proceder con el análisis, en este artículo se adopta la perspectiva de disputa y crisis de hegemonía con fundamento en el legado gramsciano, en diálogo explícito con las novedades de la coyuntura local y global.

El concepto de hegemonía hace referencia a que un proyecto o estrategia de una clase social concreta, o de un círculo dirigente económico - político, requiere no solo del momento de la fuerza, de la capacidad de imposición, sino también generar momentos de adhesión, de construcción de consensos con un conjunto de clases y grupos sociales, que tornen viable dicho proyecto o estrategia.

Solo esas adhesiones o consensos, entre varias clases y estratos sociales, son los que podrían garantizar una permanencia en el largo plazo a una propuesta económico – político – social, que no puede dejar de involucrar una reforma ético y moral.

Al tomar como referencia la teoría gramsciana, debemos reconocer la complejidad que ella implica, pues cuando Antonio Gramsci en uno de los esbozos sobre la problemática de la hegemonía[1] propone los siguientes niveles: i) la cuestión del hombre colectivo y el individuo en el paradigma de la conducción política, o sea el moderno príncipe; ii) la cuestión de la revolución en contextos de sociedad civil fortalecida; iii) la cuestión de las ideologías como instrumento de la acción política.

En el mismo Cuaderno 8, demanda un segundo nivel de análisis: el debate sobre revolución – reestauración, que puede conducir a una situación de revolución pasiva[2]; y, la cuestión de la conciencia política de las clases trabajadoras.[3]

Finalmente Gramsci precisa que: “el concepto de hegemonía sólo puede nacer después del advenimiento de ciertas premisas, a saber las grandes organizaciones populares de tipo moderno, que representan como las “trincheras” y las formas permanentes de la guerra de posiciones”.[4]

 Visión general del proceso económico-social  

La hipótesis principal es que en el proceso político comprendido entre 1990 y 2006 se presenta una crisis del proyecto oligárquico – neoliberal, una de cuyas expresiones es la imposibilidad de construir hegemonía, lo que a su vez posibilita una dinámica social desde abajo, caracterizada por: a) la consolidación del movimiento indígena, sujeto social que aporta con una reforma cultural, b) pero no logra afirmar una dirección política popular del proceso; c) la dirección pasa a las clases medias con un proyecto de reivindicaciones ciudadanas; d) esto configura una nueva situación, la modernización de un estado que se rodea de sociedad civil; y, e) ello demanda un profundo cambio de estrategia en los movimientos populares y la izquierda socialista.

Habría cuatro momentos en este proceso: i) entre 1990 y 1998, del levantamiento indígena del Inti Raymi, hasta la crisis bancaria; ii) luego entre 1999 y 2003, desde la crisis bancaria y la dolarización, hasta el proceso electoral en que triunfa Gutiérrez; iii) entre 2003 y 2006, desde el gobierno de Gutiérrez, su caída y el proceso electoral en que triunfa Correa; iv) el gobierno de Alianza País.

En el primer momento, se afirma la aplicación del modelo neoliberal, pero coincide con la consolidación del movimiento indígena, que le va a dar un contenido diverso a la resistencia popular, por sus demandas étnicas y culturales, en un país que carga el peso del colonialismo, esto es determinante, pues los sectores populares tienen una propuesta que les otorga la posibilidad de disputar dirección, el sentido del proceso.

En el segundo momento, se torna evidente la crisis del modelo y la capacidad política de los partidos oligárquico neoliberales se desmorona, mientras que los movimientos populares ganan en protagonismo y capacidad de movilización, hasta el punto de armar un acuerdo electoral que les permite ganar las elecciones.

El tercer momento está marcado por los enredos en el gobierno y la institucionalidad oficial, las debilidades por el tipo de alianzas construidas y el emergimiento de una corriente propia de las clases y capas medias, con las banderas de la ciudadanía.

El cuarto momento es la consolidación de gobierno de Alianza País, que a su vez marca una situación de dualidad, con una fase de reforma social, pero atada a una modernización del estado, y la adhesión de bases sociales no – orgánicas, mas el apoyo de una parte del movimiento popular organizado.

Crisis del modelo oligárquico-neoliberal, sin hegemonía 

La implementación del modelo neoliberal, que en el Ecuador está caracterizado por una dinámica de reprimarización exportadora[5], viene desde los años 1982 y 1983, con los primeros acuerdos del FMI y el Banco Mundial, y se arma sobre las modalidades oligárquicas en la economía y la política.

Inicialmente desmontó las tibias instituciones del desarrollismo, redujo lo poco de aparato estatal, lo reconcentra en la atención a los círculos económicos oligárquicos, por ejemplo, en el sector agrario, directamente va a subsidios y programas de incentivo a la agroexportación; en el sector petrolero, a garantizar las inversiones transnacionales; en el sector financiero, a la liberalización del sistema bancario. No hay un intento de construir nexos y relaciones con las economías populares, son desplazados de los programas productivos hacia los programas de atención a marginados, o hacia una franca exclusión.

Recicló las formas políticas oligárquicas y sus nexos de comunicación con los sectores populares son clientelismo básico, el mejor ejemplo es la recomposición del Partido Socialcristiano y el traslado de su eje del gamonalismo serrano hacia el gamonalismo costeño, bajo la égida de León Febres Cordero.

Al final su principal exponente electoral resultó el exportador bananero Alvaro Noboa, caracterizado por formas de explotación primitivas, un discurso político elemental y una estructura electoral a imagen y semejanza de sus empresas.

Ese modelo oligárquico, aumentado por el “dejar hacer y dejar pasar” neoliberal, entra en colapso en los años 1998 y 1999, con la crisis bancaria, que colapsa a la economía nacional, destruye fuerzas productivas, agudiza la pobreza y marginación en los sectores populares, y luego la impone la dolarización.

En esas condiciones de crisis el clientelismo no alcanza para sostener algún tipo de adhesión desde los sectores populares, y si a ello se suman las disputas entre fracciones en las clases dominantes, tenemos el escenario de quiebra.

Lucio Gutiérrez llega a la presidencia en el 2003, pero no comprende el momento histórico e intenta un gobierno donde entrega cargos a sus aliados populares, pero la esencia del quehacer económico se sustenta en el neoliberalismo, apostando a las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. 

Movimiento indígena y reforma cultural 

La evolución positiva del movimiento social en el Ecuador, hasta el punto de tornarse decisivo para la quiebra del modelo oligárquico neoliberal, no hubiera sido igual sin el protagonismo que alcanzó el movimiento indígena en la década de los noventa e inicios del 2000.

La consolidación del movimiento indígena, con sus propuestas de inclusión social, de multiculturalidad e interculturalidad y plurinacionalidad, fue decisiva para que los movimientos populares pudieran estructurar una propuesta alternativa con capacidad de liderazgo y adhesión en las clases populares.

El movimiento indígena en este período desenmascaró y confrontó viejos asuntos de la opresión, inequidad y marginación que caracterizó a la dominación oligárquica y dependiente, como son el colonialismo, el racismo y la exclusión.

Eso permitió al campo popular superar el bache generado por la crisis del movimiento obrero y el proyecto socialista, y articuló las demandas clasistas y nacionalistas con las demandas culturales y étnicas. 

La incidencia de este proceso no se limitó al ámbito político, motivó un ambiente de reforma cultural e intelectual que fue decisivo, para que los discursos de la tendencia adquirieran una perspectiva amplia. Los propios círculos estrictamente artísticos y científicos también sintieron este influjo y remezón.

Esta reforma cultural, uno de los principales aportes del movimiento indígena, se expresa en el combate al colonialismo, la dependencia intelectual eurocéntrica, y el desenmascaramiento del racismo; colocar en disputa los sentidos del mestizaje y el rol de los pueblos y ciudadanos mestizos ante las demandas de las nacionalidades indígenas; poner en cuestión el asunto del estado-nación, como el instrumento de homogenización de la población, que esconde la imposición de un modelo de desarrollo y de sociedad, que destruye la naturaleza y a los seres humanos.

Esta reforma cultural debate con los pilares de la modernidad burguesa: el extractivismo, los contenidos y sentidos del progreso, y la nación.

El Ecuador va dejando de ser el país con un ámbito cultural “municipal y espeso”, como alguna vez lo calificó Agustín Cueva, para adquirir una riqueza y variedad discursiva e interpretativa importante. 

Los otros movimientos  

La configuración de la tendencia de cambio no fue posible sólo por el movimiento indígena, allí también estuvieron las organizaciones obreras, las organizaciones estudiantiles y del magisterio, los diversos movimientos ecologistas y de mujeres.

La resistencia activa, persistente de todos estos afluentes permitieron mantener, consolidar y convertir en poderosa la corriente popular contra el modelo neoliberal y las formas oligárquicas.

Dentro de las organizaciones obreras destacaron aquellas vinculadas a las empresas estatales, especialmente en las ramas de petróleo y energía eléctrica, defendiendo la propiedad estatal sobre estos sectores estratégicos de la economía nacional, en contra de la privatización de las mismas y la expansión de las transnacionales.

Dentro de las organizaciones estudiantiles y del magisterio estuvo presente la lucha por defender la presencia predominante del estado en la educación y la salud, contra las privatizaciones y la fragmentación de estos servicios públicos, a nombre de descentralización.

Un ámbito especial de la lucha de estas organizaciones fue en defensa de una seguridad social pública y solidaria, contra la creación y traslado del IESS hacia las agencias de fondos privados.

Los movimientos ecologistas fueron importantes en la construcción de esta tendencia, planteando la lucha contra el neoliberalismo desde la óptica de su destrucción de los ecosistemas y la depredación de la naturaleza, desde este sector viene el rescate de la concepción del sumak – kawsay, o buen vivir, que forma parte del saber de los pueblos y culturas ancestrales.

Las organizaciones de mujeres aportaron con solidez a esta tendencia, enriqueciendo la visión y las propuestas de una equidad integral y de la participación política directa. 

Debilitamiento 

Pero el movimiento indígena que fue tan decisivo en el transcurrir de este proceso, ubicado en el liderazgo del campo popular y enfrentado a los escenarios políticos nacionales y el devenir propio de una confrontación nacional y clasista en el momento de crisis oligárquico – neoliberal, salió debilitado y dividido de su paso como aliado en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en los años 2004 y 2005.

En el debilitamiento del movimiento indígena también está presente un elemento estructural, partes significativas de las poblaciones indígenas son campesinas, y vivieron en estos años un proceso de desestructuración de sus agriculturas, confrontadas con la expansión de la agroexportación, con la preeminencia de formas subordinadas que van imponiendo las agroempresas, y la fuerte ola migratoria hacia los centros urbanos e incluso a Estados Unidos o España. 

Salida a la crisis y demandas ciudadanas 

El modelo oligárquico neoliberal entró en momento de crisis acelerada y esto marco el devenir de las fuerzas sociales y políticas en el trienio 2003-2006; los pactos que habían sostenido ese proyecto se deshacían, y se generó una suerte de vacío, que se expresó en abril del 2005, en la denominada “revuelta de los forajidos”, con el derrumbe del gobierno de Gutiérrez y el ascenso de Palacios a la Presidencia.

Lamentablemente el movimiento indígena y otras fuerzas de la izquierda tradicional, que habían colaborado con el mencionado gobierno, también sufren un declive.

El escenario cambia y empiezan a cobrar fuerza las demandas de ciudadanía, y a aglutinar en torno a ellas a las clases y capas medias de la población, especialmente de las zonas urbanas de la región andina.

La identificación económica del carácter de la crisis, como crisis oligárquico-capitalista, perdió fuerza de convocatoria, y en su lugar ganó peso el discurso que la identificaba como una crisis de las formas de representación y quehacer institucional, la denostación a la “partidocracia”.

La centralidad del debate se traslada hacia las clases medias, pues la clase obrera sigue muy golpeada.

En el campo económico cobran potencia las demandas de soberanía y de recuperar los roles del estado frente al mercado, por ejemplo, los debates respecto de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las negociaciones con las transnacionales petroleras.

En ese contexto es que surgen los diversos núcleos que van conformando Alianza País y también la figura pública de Rafael Correa, que viene de ser ministro de Finanzas.

Se articula una propuesta electoral que recupera, por un lado, las demandas requiriendo transparencia y participación en las instituciones públicas, especialmente las funciones de elección popular, como el parlamento o el ejecutivo. El mandante es el pueblo, los gobernantes deben decidir en acuerdo con dicho mandante; y, por otro lado, recuperar el control estatal sobre las áreas estratégicas de la economía, como el petróleo, y proteger las economías nacionales frente a los peligros de la globalización de los mercados.

La salida a la crisis se da en el escenario de las elecciones, del 2006, y marcan un nuevo sentido con los resultados, que en la primera vuelta colocan a Rafael Correa en confrontación con Álvaro Noboa, y en segunda vuelta lo eligen como presidente[6]. 

La nueva situación 

El proyecto de imposición neoliberal, la totalización del mercado están derrotados; pero el sistema capitalista tiene muchos rostros y sabe variar de estrategias.

Pero el grado de apertura, la magnitud de las concesiones a negociar, no se decide sólo en su campo; pues a la par se presenta una tendencia o corriente desde las clases populares que ponen en cuestión aspectos fundamentales de la dominación, aunque todavía no se plantean la transformación total.

El triunfo de Correa y Alianza País, con su programa de revolución ciudadana, que incorpora la demanda de Asamblea Constituyente y nueva Constitución, marca un nuevo momento. La trascendencia de una situación de crisis en el modelo oligárquico – neoliberal y una salida con los sentidos de soberanía, participación y democracia, con todas las limitaciones que puedan haber, es un acontecimiento que supera lo nacional y da cuenta de procesos regionales.

La globalización neoliberal penetró y fracturó las economías y sociedades latinoamericanas, pero no las sometió, encontró resistencia y oposición, en algunos lugares hubo condiciones mas propicias que en otros.

Se percibe que su crisis compromete no sólo a lo económico, sino que afecta al conjunto de procesos que permiten y garantizan la reproducción de la vida y de la naturaleza.

El campo popular todavía no alcanza una cohesión, tiene muchas potencialidades, pero las limitaciones abiertas con la derrota del proyecto socialista del siglo XX no han sido superadas.

No hay que perder de vista que los pueblos aprenden en su práctica social y política, es importante acompañarlos y promover una concientización. No reducirse a vanguardias aisladas, carentes de nexos con el quehacer político concreto de las clases populares.

No es la situación de una quiebra profunda del sistema capitalista, pero sí la presencia de una presión social por reformas sustanciales, que provienen desde los principales actores: movimiento indígena, organizaciones de trabajadores estatales, agrupaciones sociales con demandas desde los derechos de las mujeres, por los derechos al agua, a la alimentación, de las redes ecologistas. 

Modernización estatal: sociedad política + sociedad civil 

En la situación política que se configura en la nueva coyuntura, y una disputa de sentidos y de proyección del proceso.

El un sentido está determinado por el proyecto progresista, que implica rupturas con el modelo oligárquico – neoliberal y renegocia modernización del Estado, renovación de la economía, de la institucionalidad pública y genera acuerdos sociales que permitan la gobernabilidad.

La modernización de la economía atraviesa por recuperar el rol del estado planificando y controlando al mercado, consolidando la intervención directa en la producción, en especial en los recursos claves de la economía, como el petróleo, el comercio exterior, y limitar la dependencia respecto de las transnacionales.

La recuperación de la institucionalidad pública, para que ella este presente en los sectores y las áreas donde se sienten las demandas sociales, y que fueron abandonadas y entregadas al capital privado, como la salud, la educación, la agricultura, los derechos laborales, los pueblos indígenas.

Se trata de afirmar la base social, ganar la adhesión popular al proyecto, que las decisiones de gobierno cuenten con la opinión de los sectores involucrados o afectados, implementar mecanismos de gestión participativa.

Es decir una sociedad moderna, esto es sociedad política con sociedad civil, un proyecto de poder que cuente con adhesiones, red de instituciones, organismos, asociaciones, que penetrando en la sociedad, van tejiendo y garantizando consensos.

Al interior de esa tendencia, sin embargo están presentes sectores, políticos e intelectuales, que aspiran a un horizonte mayor, un proyecto alternativo, que a contracorriente, esboza un modelo de desarrollo totalmente diferente del neoliberal, con reformas sustanciales al capitalismo, basado en las economías populares, los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, con traslados de plusvalía, que quita a los sectores de punta empresarial, para dar a los campesinos y artesanos, así como mejorar salarios y condiciones laborales a las clases trabajadoras.

Articula las propuestas clasistas populares y nacionalistas, con la cosmovisión andina y sus formas de aprehender la evolución de la producción con el bienestar colectivo.

El otro sector que disputa sentido del proceso, son los sectores burgueses que buscan limitar, acotar, el impulso popular, canalizarlo en una propuesta de mera modernización, realizar las menores concesiones posibles, sin afectar aspectos estructurales, con un recambio de figuras en el gobierno, pero sostener los hilos fundamentales del poder económico y político. Ajustes técnico – administrativos sin reforma social.

Finalmente están los sectores abiertamente oligárquicos, que se mueven en los niveles de la conspiración, y mantienen el discurso del aperturismo y achicamiento del estado.

Estas disputas entre tendencias se dan en torno al gobierno, pero también en torno a la institución política que los cobija: Alianza País.

Alianza País en estricto rigor no es un partido político, es un movimiento político – electoral que cobija a su interior a varias tendencias, algunas de ellas con posturas propias, otras tras ciertos líderes o caudillos locales o regionales, buena parte se identifica con la izquierda, pero sin tradición. La figura de Rafael Correa y su discurso es lo que los articula. 

¿Cuáles son las cuestiones en disputa?

El momento que se abre en el Ecuador, en la coyuntura 2006-2007, es la transición hacia otra modalidad de acumulación y otro juego de alianzas de clases, pero también, es un momento de ruptura generado por presión “desde abajo”, y no un golpe de estado “desde arriba”, por lo tanto hay un componente de presión por conquistas democráticas de mayor alcance, que superan los límites previstos desde las instituciones establecidas.

Es un momento especial, en el sentido que la debacle de los patrones de dominio oligárquico – neoliberales, coincide, pero también forma parte, de un contexto de crisis internacional del capitalismo, que empieza a manifestarse en toda su magnitud, la quiebra de una forma de dominio mundial, como es la unipolaridad de los Estados Unidos de América, y la crisis de los capitales especulativos-financieros, los cuales acarrean procesos agudos de exclusión, marginalidad y destrucción de la naturaleza y del trabajo.

Es una problemática que en el caso ecuatoriano tiene una salida progresista, en el sentido que genera condiciones para afirmar conquistas de las clases populares, y se alinea en el nivel internacional con fuerzas que presionan por un nuevo contexto que afirme una multipolaridad, que construya alianzas regionales, y establezca controles internacionales y nacionales sobre el capital financiero y las transnacionales.

Es una coyuntura de transición, sobre el andamiaje de una modernización del estado (sociedad política + sociedad civil), pero que está obligado a concesiones, que es la apertura de un momento constituyente con participación social, sumado con el afrontamiento de la crisis capitalista (crisis financiera + crisis industrial + crisis alimentaria  +  crisis ambiental).

Esto conforma un desafío político, para construir el tejido de interrelaciones de los diversos sujetos involucrados y la posibilidad de consolidar una intelectualidad orgánica que asuma los desafíos señalados

Pero también un desafío teórico y programático para la izquierda con tradición, que carga con la irresuelta crisis del proyecto socialista, y que requiere dar pasos para su superación, en este contexto.

El asunto es ganar tiempo para que la organización popular histórica pueda asumir este desafío, de reconstruir una teoría y un proyecto político histórico, sobre la base de sujetos políticos diversos y multiculturales.

Pensadores ecuatorianos han planteado desde hace algún tiempo que en este ámbito estratégico, un problema crucial, que lo evidencia con claridad el proceso político vivido en el Ecuador, es el “sujeto restringido y unilateral”[7], frente al cual la tarea es “el trabajo y la reflexión sobre formas de construcción intersubjetivas, que deriven en resultados multiculturales y una visión pluralista emancipadora”.

Jaime Breilh precisa que: “la construcción emancipadora intersubjetiva sería entonces una superación dialéctica de la construcción emancipadora convencional de la izquierda mestiza, que ha sido en gran medida monocultural. Monocultural no solo en el sentido de su línea “eurocéntrica”, o fuertemente referenciada por los parámetros del pensamiento de la modernidad “occidental”, sino también monocultural androcéntrica”.

De alguna manera esta cuestión clave, de asumir la crisis del sujeto unicultural y centralista, como eje de un proceso revolucionario, es también compartido en el análisis de Bolivar Echeverría sobre los desafíos actuales para el pensamiento marxista.

Sostiene que: “en los tiempos actuales, la ‘subjetidad’ no sólo se ha dispersado, sino que ha recurrido a innumerables metamorfosis, muchas de ellas sorprendentemente engañosas. El ‘contrapoder’ permanece desdibujado, reacio a constituirse en cuanto tal; se afirma más bien con la calidad de una ‘no potencia’ o como una resistencia difusa cuyo ‘poder’ sería completamente de otro tipo”.[8]

Y añade: “la reticencia por parte del protosujeto, que trabaja anónimamente en contra de la modernidad capitalista, a constituirse en sujeto, proviene sobre todo del respeto que le tiene a su propia diversidad, es decir, de la aceptación militante de un hecho ahora innegable – después de la ilusión moderna de la uniformidad - : la dispersión de los significantes que prevalece como momento esencial de esa resistencia social”. 

Encrucijada y viraje estratégico 

La izquierda con tradición y los movimientos populares se enfrentan a múltiples desafíos, que les obligan, a riesgo de perder los espacios sociales y políticos ganados, que en el Ecuador no son pocos, a un viraje en sus estrategias respecto del quehacer político y la democracia, la construcción del bloque popular, las vías de acceso y concepciones sobre el poder.

Las vicisitudes del proceso político analizado, que cubre dos décadas, le colocan ante el problema de la disputa de hegemonía como el aspecto estratégico central, en el marco de un nuevoestatus político y cambio de modelo, del estado oligárquico-neoliberal, hacia el estado moderno-progresista, pero también de una coyuntura se abre a un reformismo social.

Es sobre la base del reformismo social que se va tejiendo un nuevo consenso y este es el sentido profundo de la encrucijada, y que tiene varias opciones: a) participación y presión por el sentido de las reformas, lo cual implica involucramiento de los sectores sociales, y a la vez defensa del nuevo estatus político, amenazado por los sectores oligárquicos desplazados del poder; o, b) denuncia del sentido profundo del nuevo estatus político y oposición frontal al mismo, reivindicando una propuesta directamente anticapitalista.

Esta encrucijada no es sólo una cuestión planteada en el Ecuador, sino en varios países latinoamericanos, y tiene una particularidad frente a otros momentos históricos, más o menos similares, y es que el escenario se da en torno a gobiernos resultado de procesos electorales, con amplia participación poblacional y un debate fuerte sobre la democracia, incluso con procesos constituyentes a su interior.

La decisión a favor de una u otra de las opciones planteadas, para la organización de izquierda histórica, atraviesa por valorar o no ese sentido democrático y la participación directa de las clases populares en los procesos políticos.

En la tradición de la izquierda ecuatoriana la cuestión democrática había sido vista desde una perspectiva instrumental y con sospecha. Hoy se ve abocada a hacer suyos los sentidos revolucionarios de una visión democrática.

Precisamente en uno de los campos donde fueron derrotados los sectores oligárquicos – neoliberales fue en el discurso y las prácticas en torno a la democracia, como un ejemplo de ello es que el movimiento indígena desde 1990 planteó el tema de una nueva constitución y la asamblea constituyente como la vía adecuada, y una de las propuestas claves de Correa y País en la campaña electoral del 2006 expresamente fue la asamblea constituyente y nueva Constitución.

Las batallas futuras, por lo menos durante el proceso histórico que se afirma, se van a seguir librando en los contenidos y las formas de la democracia.

Ahora la izquierda con tradición y los movimientos populares se enfrentan a un estado fortalecido, muy diferente a la vieja situación de un estado debilitado, pues ahora cuenta con una sociedad civil articulada a su proyecto, y esto demanda un viraje estratégico.

Eso implica la caducidad de la vía rápida de asalto al poder, que requiere como sujetos una clase movilizada, una vanguardia esclarecida y un aparato militar eficiente. Pues ahora el poder es mucho mas que solo “el palacio de invierno”, al estar rodeado de sociedad civil, es decir de consensos con varias clases.

Ahora se trata de asumir en plenitud una estrategia de largo plazo, y de aglutinar a su alrededor trincheras de espacios políticos, orgánicos y culturales. Eso demanda de una comprensión teórico – política diferente. Así lo han visto también otros estudiosos de la realidad latinoamericana, entre ellos el argentino Atilio Borón: “la coyuntura actual del capitalismo nos exige, retomar las posiciones gramscianas, si es que queremos comprender las condiciones concretas bajo las cuales será posible luchar efectivamente por la causa del socialismo”[9], y por ello nos recuerda que: “es a Gramsci a quién le cabe el honor de haber pensado una estrategia política revolucionaria de ‘larga duración’, para la cual forjó un aparato conceptual: ‘guerra de posiciones’, concepción ‘ampliada del Estado, ‘hegemonía’, explícitamente diseñado con este objetivo”.

Retornando una de las citas que abrió este artículo: “el concepto de hegemonía sólo puede nacer después del advenimiento de ciertas premisas, a saber las grandes organizaciones populares de tipo moderno, que representan como las “trincheras” y las formas permanentes de la guerra de posiciones” , podemos decir que en esta coyuntura se abre para la izquierda ecuatoriana la cuestión de la disputa de hegemonía, como la estrategia fundamental, las premisas que marcan la situación política así lo determinan. 

El signo político de “esperanza” y “cambio”. 

Para concluir, en los procesos políticos hay un espacio que escapa al análisis conceptual y que se mueve en los ámbitos de la subjetividad social, que es el factor no controlado, o del azar, que puede trastocar las estrategias fríamente calculadas.

Intentando recuperar ese ámbito de la subjetividad, es que al cerrar el artículo no podemos dejar de resaltar la aspiración de cambio, en torno a referencias aparentemente abstractas como la esperanza que motiva a las clases y capas populares para mantener el anhelo de transformación.

Es un sentimiento y aspiración de esperanza, en circunstancias de una crisis que se agudiza, de rebelión frente a estructuras de poder muy antiguas, que se mantienen incólumes, un deseo de transformaciones profundas, que son colocadas a favor de un líder carismático, como consecuencia de una vieja escuela populista, que busca las identidades entre pueblo y caudillo.

Pero es un sentimiento que abre la puerta a nuevos procesos políticos, que trastocan correlaciones de fuerza, que empujan a radicalizar tendencias, y demandan autenticidad, coherencia entre el discurso y la práctica.

Esa esperanza hoy es canalizada por la vía de eventos electorales y de las instituciones políticas dadas, eso tiene ventajas y desventajas, la mas importante, ya señalada antes, que coloca al centro del debate la cuestión de la democracia, ese es el signo de los tiempos presentes. 

Síntesis del proceso político: Constitución de 2008 

El devenir de los movimientos populares, sus luchas de largo aliento y sus propuestas renovadas de estas dos últimas décadas, en el escenario de un complejo proceso político vivido en este período histórico, encuentra un momento de síntesis en la asamblea nacional constituyente 2007-2008 y los contenidos de la Nueva Constitución.

La demanda de un momento constituyente, entendido como refundador de las bases del estado – nación, estuvo ya presente en las demandas del movimiento indígena a inicios de los 90, fundamentalmente cuestionando las concepciones racistas, discriminatorias, coloniales, que marcaron a la república a lo largo de los siglos XIX y XX.

Luego en la lucha contra el modelo neoliberal, la demanda de un proceso constituyente ganó nuevos contenidos, en la necesidad de establecer un modelo de desarrollo en un sentido opuesto a de la globalización de los capitales y mercados, en detrimento de las condiciones de vida de los pueblos y de los recursos naturales.

Los nuevos movimientos sociales, especialmente el ecologista y de las mujeres, también fueron encontrando en la demanda constituyente, la posibilidad de fijar nuevos derechos respecto de la naturaleza, los límites al productivismo y un proyecto nacional sustentable, así como el reconocimiento de derechos a una presencia mas directa de la mujer en los espacios económicos y políticos.

Los sectores dominantes, pretendieron manipular esta demanda con la asamblea y la Constitución de 1997, al colocar formalmente varios derechos sociales y políticos, pero bajo la afirmación del modelo social de mercado.

Esta manipulación fracasó, de la mano de la crisis económica de 1999, y la crisis política del 2005.

En esas condiciones recobró fuerza la demanda social de un verdadero proceso constituyente y una nueva Constitución, que efectivamente estableciera los preceptos de un nuevo modelo de desarrollo, distinto del neoliberal, determinará los caminos para un orden económico y social equitativo y sustentable, reconociera la diversidad humana, económica y cultural del país, y elaborara un norte de modernidad con justicia y libertad.

El consenso político ganado por la consigna de la Constituyente y la Constitución se reflejo en la contundencia de los resultados electorales respecto del referéndum para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente: el 81% favorable a su convocatoria (marzo de 2007); la conformación de la propia Asamblea: el 75% de sus miembros provenientes de la tendencia de izquierda (setiembre de 2007); y el referéndum aprobatorio de la Nueva Constitución: el 64% por el SI (setiembre de 2008).

Lo más importante es que el proceso constituyente 2007-2008 dio lugar a un texto constitucional que en verdad, por supuesto con limitaciones, sintetiza las demandas principales que los movimientos sociales y populares fueron exigiendo y cobrando protagonismo a lo largo de estos años.

La Constitución de 2008 contiene comprensiones nuevas sobre la organización de la sociedad, de las relaciones entre la base productiva y la naturaleza, respecto de garantizar la reproducción de la vida digna para la mayoría de los y las ecuatorianos y ecuatorianas, elabora un programa económico y político de clara diferenciación respecto del modelo neoliberal y del productivismo extractivista, marca las pautas para logros democráticos claves, garantías para la participación política de la sociedad.

Cabe destacar los articulados referidos al modelo de desarrollo social y solidario, derechos y sumak kawsay – buen vivir, plurinacionalidad e interculturalidad, derechos de la naturaleza, soberanía alimentaria y derechos del agua, como un verdadero aporte no solo en el proceso político del Ecuador, sino incluso para la tendencia de cambio en Latinoamérica. 

Los desafíos 

El desafío más fuerte es la capacidad de mantener como referente a la Constitución y convertirla de verdad en la guía del quehacer gubernamental, que si bien tiene condiciones de gobernabilidad muy favorables, sin embargo al interior del gabinete de gobierno, pero también en el seno mismo de Alianza País, atraviesa por fuertes pugnas.
¿Cuáles son las variables principales que van a marcar los escenarios en el nuevo momento?
En la primera variable se encuentran los caminos para enfrentar la crisis internacional, que supera los temas meramente financieros o fiscales. Las opciones giran sobre los pesos que tendrán los grandes circuitos empresariales, o la posibilidad de consolidar un área estatal en alianza con las economías populares. ¿Se privilegiará una vía subordinada o una vía independiente?
La segunda variable se encuentra en la dirección política del proceso, ¿se abre una etapa de profundizar conceptos y prácticas democráticas, o se mantiene y consolida una vía caudillista, que intercede por encima de las fracciones internas del movimiento en el poder?
La tercera variable es el modelo de desarrollo que organiza el conjunto de las políticas gubernamentales. ¿Se mantiene una concepción desarrollista de pacto estatal – empresarial, o se va imponiendo una concepción social y solidaria sustentada en un pacto del conjunto de las clases populares con el Gobierno, que sobrepase lo meramente electoral?
La cuarta variable está fuera de los circuitos gubernamentales y va hacia las formas de hacer política de los sectores populares, es decir, las vías y mecanismos para convertirse en sujetos con real capacidad de formular y determinar políticas.
Eso solo puede lograrse si se trabaja con propuestas de corto, mediano y largo plazo; que articulen las agendas de reivindicaciones propias con la propuesta general que contiene la nueva Constitución. 

 

Bibliografía 

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