Sistematización de la experiencia del Consultorio de Salud Reproductiva y Sexual del Hospital Materno Provincial de Córdoba (Años 1989-1996).

 

El presente trabajo es el resultado de una experiencia realizada en el ámbito de la salud por tres profesionales: una psicóloga, una enfermera y un médico. Intenta dar cuenta de la problemática específica a la que nos enfrentamos, poniendo de manifiesto que el sistema capitalista, más allá de los cambios de modelo y discurso que acompañan su devenir histórico, jamás garantizó una atención equitativa.

Si bien el otrora Estado benefactor se hacía cargo de la salud, considerándola un “bien social”, destinando mayores presupuestos, tampoco en su momento brindó calidad ni servicios eficientes, ni puso énfasis en programas preventivos, subyaciendo un modelo mercantilista del servicio. Este pasado ayuda a comprender que en la actualidad, cuando el Estado se desentiende abiertamente de tales “obligaciones”, pasando a imponer el arancelamiento y mutualización del hospital público, estas medidas no sean resistidas por la generalidad de la población.

A partir de acuerdos ideológicos básicos, quisimos plasmar reflexiones que se derivan de una larga lucha enfrentando innumerables vicisitudes de orden legal, cultural y social, que inciden en la temática que denominamos Salud Reproductiva y Sexual, fuertemente reprimida por los diversos estamentos del poder, en cuanto implica pasos en el camino de la liberación sexual de las personas -principalmente de las mujeres-, el cuestionamiento de la familia monogámica y el ejercicio de la sexualidad para el goce, así como la transgresión del mandato “divino” y social de la sexualidad para la procreación.

Agradecemos a la revista Herramienta la posibilidad de difundir esta labor, convencidos de que sólo el análisis dialéctico de las coyunturas históricas que vivimos posibilita la transformación de las mismas.

 

 

En una primera parte se describe, analiza y conceptualiza la práctica desarrollada por el Equipo de Salud Reproductiva y Sexual. Luego, se realiza una contextualización del marco social en el cual se desarrolla nuestra práctica (aspectos éticos, políticos y legales). Se fundamenta la actividad del Consultorio de Salud Reproductiva y Sexual desde un encuadre teórico e ideológico focalizado en la problemática de género y clase. Se describe, asimismo, nuestra metodología de trabajo con respecto a las mujeres y/o parejas concurrentes, enfatizando la interdisciplina como modo de abordaje. Y se proponen estrategias para continuar con la experiencia transformadora, como eje multiplicador capaz de generar un impacto social en el Area de Salud.

 

 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es analizar los supuestos básicos y los paradigmas que subyacen en el proyecto interdisciplinario lanzado en nuestro hospital, que produce una fractura institucional, rompiendo con un modelo asistencialista y parcializador de la atención por medio de una metodología de trabajo inédita hasta entonces. Buscamos también describir, analizar y conceptualizar las prácticas.

 

 

El Hospital Materno Provincial de Córdoba es un hospital monovalente, en el que prevalece un modelo médico hegemónico que se caracteriza por una prestación predominantemente asistencial. Este modelo de la institución obedece a múltiples factores:

 

1. La formación curricular del profesional médico, que se caracteriza por una concepción reduccionista, mecanicista y fragmentaria de la persona, pese a los esfuerzos realizados por revertir esta situación.

2. Un contexto macrosocial mercantilista de la salud, que la transforma en una práctica lucrativa regulada por los mecanismos del mercado, con el consecuente deterioro de la “salud pública” (no rentable y gratuita) que perjudica a la comunidad y al efector de salud.

3. La aceptación del modelo médico por parte de las otras disciplinas, que poseen escasa inserción y desarrollo dentro del contexto hospitalario.

4. La propia institución, al pertenecer a un tercer nivel de complejidad, determina también las características de la demanda: la misma población espera una respuesta dentro de este modelo.

5. La precarización económica creciente de la mayoría de la población y la escasa prevención (pocos o nulos controles prenatales), con el consecuente incremento de la morbilidad y aumento de la demanda asistencial, determinan un “ambiente” de trabajo en permanente emergencia, dificultando la calidad de la prestación médica y deteriorando la salud psicofísica de los agentes de salud.

6. Una sobredemanda que excede los límites de la capacidad institucional en recursos humanos y materiales.

 

Por todo lo anteriormente expuesto, podríamos definir a la institución como “expulsiva”, en la que cualquier actividad que rompa con la modalidad de abordaje establecida es sumamente resistida.

La capacidad de reflexión sobre la tarea es prácticamente inexistente; un hacer rutinizado y acrítico se imponen ininterrumpidamente a través del tiempo.

Dentro de este marco general, es fácil imaginar las dificultades por las que se atraviesa cuando se intenta elaborar una propuesta diferente. La situación descripta puede ser en parte cuantificada y visualizada con las tablas y gráficos que se acompañan al final de este trabajo.

 

 

Bajo este paradigma, el útero es el protagonista. La mujer pasa a ser un fenómeno obstétrico, compuesto por signos y síntomas pasibles de observación y control. Los recursos humanos y materiales están en función de cumplir con este modelo de atención.

Las pautas y normas que rigen el modelo institucional, son acordes con sus objetivos, que en general no son cuestionados por los efectores: regímenes de visitas restringidas, exclusión del padre y familiares. Todos los integrantes cumplen con lo que les compete, siempre bajo las órdenes e indicaciones médicas, constituyendo una sumatoria disciplinaria que actúa aislada e individualmente, sin ninguna interacción entre sí y perpetuando de este modo una ideología de trabajo que responde a una concepción disociada y fragmentaria de la persona.

El modelo genera frustración: tanto para el profesional médico, que debe hacerse cargo de este rol omnipotente adjudicado y asumido, con pocas posibilidades de éxito y gratificación, como para los demás profesionales y trabajadores. Sin embargo, parece imposible modificar un modelo fuertemente internalizado, que se basa en las asimetrías de las interrelaciones humanas en general y sostiene las desigualdades entre el que sabe y el que no sabe, entre el que ejecuta y el que es pasible de la acción (paciente). La ausencia de una visión integradora descompromete al efector de las respuestas que debiera ofrecer en pos de la salud real de quienes demandan su accionar.

 

 

En la elaboración de nuestro marco teórico e ideológico, acordamos con el pensamiento de A. Aller Atucha, quien resume sus conceptos generales y metodología de trabajo en su libro Pedagogía de la sexualidad humana. Haremos también referencia a las diferencias de clase que impone el sistema en cuanto a la expresión de la sexualidad.

Según el autor, existe un “sexo oficial”, el que se propone al conjunto de las instituciones que regulan el funcionamiento social, y que para ser aceptado debe reunir tres elementos: debe ser heterosexual, matrimonial y reproductivo (concepción basada en nuestra cultura judeo-cristiana). Sin embargo este sexo oficial que se impone al conjunto de la sociedad, es transgredido por una elite que posee poder adquisitivo, en tanto que una mayoría de personas (los que no poseen poder solvente de consumo), verá restringida su actividad sexual a lo meramente reproductivo, por falta de información y accesibilidad económica a los métodos anticonceptivos, no pudiendo por tanto realizar la separación entre sexo-placer y sexo-reproducción.

Si tenemos en cuenta, por un lado, que nuestra institución como tal tiene la función de asistir a una población que respeta estos tres elementos del sexo oficial, y tiene la característica de no pertenecer al grupo con poder adquisitivo, se comprende que esta comunidad sufre las consecuencias de ligar la función sexual a la reproductiva, pagando el precio de tener gran cantidad de hijos, muchas veces no buscados. El no desear tener hijos es vivido por nuestras mujeres con sentimientos de culpabilidad, atribuyendo este no deseo a causas de orden exclusivamente económicas o a patologías físicas, justificatorias de este “terrible sentimiento” penalizado por nuestra sociedad.

Quienes asisten a esta comunidad, generalmente manejan para sí otros valores, y en cuanto instrumentos de transmisión de los valores de la clase dominante, a través del poder ejercido por el conocimiento técnico y por el poder social delegado mediante la mistificación de su función, imponen al Otro valores morales y pautas de comportamiento reproductoras del modelo macrosocial, que a su vez determina que ciertos grupos sean marginados y excluidos de la libre toma de decisiones respecto de sí mismos y de los demás. La ignorancia, el no saber, el no tener acceso al consumo, determina que otro grupo deba hacerse cargo de sus necesidades, decidir qué está bien y qué está mal, es decir, ejercer un paternalismo autoritario que mantiene un nivel de opresión que a su vez le permite a cierta elite seguir detentando el poder en sus tres modalidades: poder político, técnico y administrativo.

 

 

Al tratar cualquier acción en salud, es necesario contextualizarla en el marco macrosocial y político en el que se desarrolla, para poder entender el fenómeno en toda su dimensionalidad, analizar dialécticamente la realidad de los sucesos en los que estamos enmarcados como protagonistas y la responsabilidad que nos cabe dentro del ámbito en el que nos desempeñamos. Es por ello que nos parece imprescindible recapitular los acontecimientos que vertiginosamente vienen desarrollándose en las últimas décadas, a nivel mundial, para poder comprender lo que nos sucede en este aquí y ahora tan dinámico, signado por profundísimos cambios en el orden social, político, económico e ideológico.

Entre 1989 y 1991 se desarrollan una serie de revoluciones en la ex-Unión Soviética y en los países del Este de Europa, que provocan modificaciones de trascendental importancia. Podríamos decir que se abrió una nueva etapa a nivel planetario. La “caída del Muro de Berlín” abre un proceso que impacta en todos los ámbitos e instala un debate político, económico y social generalizado: es así como resurgen las teorías de la “muerte de las ideologías” y se constatan consecuencias contradictorias en el tejido social de todos los países y complejas modificaciones en los modos de interrelación entre estos y entre los sujetos mismos. Un mundo que permanecía en las sombras y al que sólo accedíamos a través del relato de los “opositores”, pero que durante años ocupó en el imaginario social el lugar que cada uno, desde su propia historia y con su propio matiz, supo asignarle, apareció desmoronándose y para ser interpretado en todas sus facetas.

Al mismo tiempo, la grave crisis del sistema capitalista impone políticas devastadoras en los países colonizados, aplicando planes de ajuste que implican incrementos de la desocupación, el hambre y la miseria.

A nivel nacional esto se refleja en las políticas que aplica el gobierno, con las que el Estado se deshace de todas las funciones que anteriormente garantizaba de alguna manera (aunque en forma deficitaria), especialmente en las áreas de salud y educación. Bajo el lema de cambiar el modelo del viejo “Estado proteccionista”, se impone al país un nuevo modelo que responde a los intereses de un sistema que exige un reparto más asimétrico de las ganancias (por atravesar una crisis crónica). La globalización de la economía responde a igual necesidad; la salud y la educación, producto de todo lo anterior, sufren el deterioro de la desprotección del Estado.

En la actualidad, en los partidos mayoritarios (que acuerdan con el sistema) no existe una real oposición al modelo económico.

Sin embargo, frente a la crisis que el capitalismo no logra cerrar, se generan conflictos sociales, en los que prima en la coyuntura el caos y la anarquía (de las ideas, valores, etc.), pero que representan también un terreno de confrontaciones y experiencias en el que puede fructificar un nuevo movimiento social y la búsqueda de otros ejes políticos para resolver la crisis de la humanidad.

Al decir de Alicia Stolkiner: “La crisis del capitalismo es también la crisis de las ideas y de las perspectivas”. Es por eso que, hoy más que nunca, los trabajadores de la salud debemos asumir un compromiso inherente a los objetivos propios de profesiones que esencialmente responden a una demanda social. Debemos, por lo tanto, pensar estrategias con participación de los interesados para enfrentar este modelo neoliberal que responde a los intereses de los grandes empresarios emparentados con el Banco Mundial y las multinacionales.

Hablar de la salud, es hablar del área que, por la aplicación del plan, aparece visiblemente como la más afectada, ya que de ser un “bien social” pasó abruptamente a ser un “bien de mercado”, hecho “lógico”, pues un Estado achicado y privatizado ya no recauda tampoco los suficientes recursos para distribuirlos para “el bien común”, y ello explica el deterioro paulatino que fue sufriendo.

El abandono de las políticas preventivas llegó al extremo de establecer el pago de vacunaciones, como sucede con los casos de hepatitis y meningitis. El escaso presupuesto asignado al hospital redunda en que el paciente debe hacerse cargo de la compra de insumos, como medicamentos, sueros, algodón, etc. Redunda también en el cierre de hospitales y despidos masivos de personal, tanto profesional como técnico. La tendencia al “hospital de autogestión” (autofinanciado) y la mutualización del mismo, es una realidad que se va concretando en este proceso de “desprotección”.

Somos testigos de las consecuencias: enfermos crónicos que no pueden acceder a tratamiento, incremento alarmante de muertes por prácticas abortivas caseras, etc. La ruptura de los proyectos individuales genera una sensación de indiferencia e impotencia, el debilitamiento de las redes de solidaridad social y la desarticulación de vínculos, constituyendo todo esto un modo de relacionarse con el mundo externo que imposibilita la concreción de mínimos anhelos y promueve la enfermedad. “Salud para todos año 2000”, más que un lema pasó a ser una frase quimérica en un mundo globalizado, donde la alta tecnología compite con el cólera y el Sida, y coexisten la fertilización asistida con la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones que la convierten en la tercera causa de muerte en América Latina.

La ausencia de políticas preventivas se traduce en el terreno de educación sexual y procreación responsable en que un alto porcentaje de adolescentes, que se incrementa día a día, concurran embarazadas a nuestro hospital.

No es casual que esto suceda. En nuestro país, el decreto de López Rega N° 659, en el año 1974, prohibía la anticoncepción con la fundamentación de ser un país que necesitaba crecimiento demográfico. Luego, bajo el Proceso militar, en Córdoba, el decreto-ley Rezzónico (ministro de Salud) pesó sobre nuestras espaldas hasta el 1996, cuando fue derogado parcialmente. En la actualidad se sanciona un proyecto de ley de planificación familiar, que no responde a las necesidades de nuestra población porque viola uno de los principios fundamentales de las APS, como es la accesibilidad, ya que no fue aprobada la asignación de recursos para la adquisición de los MAC y tampoco fue aprobada la educación sexual en las escuelas, lo que evidencia la decisión política de discriminar y excluir de este derecho a las personas de escasos recursos.

La adolescencia de por sí constituye un período crítico en la vida de las personas, ya que el paso de la infancia a la adultez conmociona, provocando crisis de identidad y enfrentamiento con duelos, como el del cuerpo infantil o el renunciamiento a la omnipotencia de los padres, lo que transforma en una etapa dolorosa y caótica este tramo vital. Si a ello se agrega un embarazo, veremos que se agudizan todos los conflictos propios del grupo etáreo y se le suman los del embarazo, que impone adaptarse a una nueva situación a personas que aún no tienen las herramientas psicológicas para ello.

Por otro lado, la gran multiparidad en muchos casos impacta e imposibilita la tarea preventiva, ya que el cualitativo deterioro de las condiciones materiales de vida, se torna un obstáculo imposible de sortear. Frente a esto, el pedido de esterilización permanente (ligadura tubaria) pareciera ser la única alternativa para las mujeres, sector que en los últimos años ha soportado con mayor fuerza el peso del deterioro social por su propia situación de opresión, ya que han recrudecido las conductas de violación de sus derechos civiles. La ausencia de proyectos de vida y un presente doloroso, generan una parálisis alarmante y bloquean la búsqueda de alternativas a esta realidad que amplía cada vez más la brecha entre una opulencia exultante de la elite y la miseria y desolación en las que se ven subsumidas cada vez más capas de la sociedad.

El Hospital Materno Provincial de Córdoba es una institución monovalente, cuya forma organizativa obedece al modelo jerárquico y burocrático (reflejando el ambiente macrosocial en el que está inserto) y ha sufrido intensas transformaciones fruto de la anarquía en que se desarrollan las políticas sanitarias en nuestro país. El énfasis está puesto en lo asistencial, aunque con un deterioro creciente de la oferta en este aspecto.

El cambio mismo del código lingüístico utilizado (“cliente”, “costos”, “usuarios”, “gerentes”, “gestión”) indica las profundas modificaciones a que está sometido el sector y el abandono de las funciones que otrora asumiera el Estado. El pago de la Cooperadora, al que a veces no pueden acceder los pacientes, así como la recepción de las mutuales en el ámbito público, limitan el acceso de los sectores de menores recursos que encuentran colmadas las instalaciones al momento de solicitar atención. A ello agregamos el deterioro de las condiciones laborales de los agentes prestadores, desde sus ingresos económicos hasta su estabilidad laboral amenazada por despidos, cambios de sector y traslados, la ausencia de capacitación intra y extramuros que torna rutinaria y desgratificante la tarea imponiendo una respuesta deficitaria, consecuencia del recorte presupuestario crónico.

La maternidad como fenómeno social idealizado y la familia como núcleo reproductor de los valores dominantes, impregnan la subjetividad de las personas y las conminan a seguir un proyecto de vida que poco tiene que ver con el desarrollo de sus capacidades y potencias transformadoras, al imponer la procreación como hecho biológico y de orden natural a la procreación, así como su transgresión como atentatorio de la esencia del ser humano. Es por ello que la anticoncepción es resistida o pervertida en la práctica concreta por aquellos efectores que abiertamente se oponen, o por los que con argumentos caritativos actúan como otorgando una concesión, lo que poco tiene que ver con el derecho que toda persona debe poseer a la accesibilidad del goce y la paternidad decidida.

El enajenamiento apareja la imposibilidad de pensarse a sí mismo y obliga a sentirse espectadores de una vida que ya no nos pertenece, en la cual los “otros” son los protagonistas. Es por ello que las características de la demanda revelan una patologización del vínculo conyugal y filial que enferma el cuerpo, silenciado por un “deber ser”, que es, en definitiva, un constructo cultural tendiente a mantener el orden social establecido.

 

 

La hipótesis a desarrollar es que en una Institución de Salud Materno Infantil se puede rastrear el modo en que se ejercita el poder: “Las instituciones son organismos que reflejan, reproducen o modifican en diferente grado, las características esenciales del contexto social al que pertenencen” (Fernando Ulloa).

La asimetría jerárquica que se da en la relación médico-paciente, agudiza y reproduce la asimetría mujer-varón y pone en evidencia la desvalorización social de la mujer, y más aún en la clase social carenciada y excluida. La maternidad idealizada e internalizada en la subjetividad femenina/masculina determina y condiciona la conducta y prácticas de los agentes de salud, pero las situaciones objetivas económicas de éstos, y su enajenación en el trabajo, determinan acciones muy ambivalentes, victimizando a las mismas mujeres que se enaltece.

En este contexto adverso, conocido por quienes integran el ámbito de la salud, se hace necesario instrumentar respuestas que posibiliten el acceso de las mujeres y/o parejas a una atención equitativa, de excelencia y gratuidad por parte del Estado.

Sostenemos que los conceptos de género y clase son útiles para explicar la articulación entre mujer y salud, ya que inciden en las acciones que los distintos servicios prestan y ayudan a comprender los comportamientos previsibles de las mujeres con respecto a la sexualidad y reproducción. Es preciso sacar a la luz el marco no manifiesto que caracteriza la consulta, reforzando la mayoría de las veces los roles adjudicados socialmente. Nos preguntamos cómo acercar a las personas que demandan la oportunidad de apropiarse de sus cuerpos, sexualidad y maternidad, rescatando su propio saber y desmitificando este campo tensional.

Abordamos la temática conformando un grupo de reflexión con coordinación interdisciplinaria, centrándolo en temas cotidianos que hagan posible la toma de conciencia crítica de la condición femenina y vincular. El grupo tiene características permisivas dialógicas donde el liderazgo rotativo permite la exposición de cada uno de los miembros y valorizar las experiencias vitales donde se encuentra lo omitido, lo aceptado como natural y obvio. En lo puntual, respecto de la procreación responsable y salud sexual, descubrimos lo político e ideológico que conlleva, es decir que es un espacio donde se ejerce el poder de un sector que lo detenta hacia otro que no lo posee, mediatizado por el control social y económico. Analizamos la sexualidad humana como gozosa y no sólo reproductiva (genitalidad), como construcción cultural que tiene una forma de comunicación a través de roles adjudicados y asumidos de varón-mujer, dos subculturas con códigos distintos que a veces estructuran niveles de subordinación y dominio.

“La toma de conciencia implica la superación de la esfera espontánea de aprehensión de la realidad en que el hombre asume una posición epistemológica” (Paulo Freire).

Se adquiere conciencia del género, la autoestima se acrecienta y por lo tanto se tiende a la participación activa en el mundo del afuera, buscando nuevos modelos relacionales. Paso a paso se sale de un estado de extrañamiento y dominación a un cuestionamiento para llegar a compartir un poder que no tiene por qué ser alienante y degradante sino solidario.

Creemos que, sinceramente, en la medida en que esta modalidad siga fortaleciéndose, recreándose las intervenciones profesionales, y pese a lo acotado de la normativa institucional, el encuentro cara a cara en ese vínculo microespacial que es el grupo en donde el contacto entre sujetos es prácticamente inviolable, el espacio creador puede construirse. El mayor mérito ha sido y es que desde la “clandestinidad” de nuestro espacio laboral hemos deslegitimado lo que otros espacios ilegítimos habían legalizado (Decreto-Ley Rezzónico del año 1978, Proceso militar, Córdoba).

 

 

 

El derecho de las personas a ejercer una sexualidad y procreación responsable y libre, en el área de la Salud Pública, durante varios años estuvo coartado en la Argentina por disposiciones “legales” (o ilegales). Es así como, durante el gobierno de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, lanzó el Decreto Nº 659, el 28 de febrero de 1974, prohibiendo la anticoncepción en el territorio argentino. El argumento esgrimido en la oportunidad fue el demográfico, ya que la Argentina poseía una baja densidad poblacional. De la misma manera, en Córdoba, el 17 de noviembre de 1978, el ministro de Salud Carlos Rezzónico y las autoridades provinciales impuestas por la dictadura militar sancionaron y promulgaron la Ley N° 6.222, que en su artículo 7° prohibe todo tipo de anticoncepción en la provincia de Córdoba.

Frente a estos instrumentos cabe preguntarse: ¿atienden a cuestiones sanitarias?, ¿son legítimas las razones demográficas?, ¿respetan los derechos de las personas?, ¿son equitativos?, ¿procuran la salud bio-psico-social de la mujer, su pareja, sus hijos?, ¿tienen en cuenta la morbi-mortalidad para disminuirla?

Aunque la respuesta sea obvia, formularemos consideraciones al respecto. Fueron decretos y leyes que sólo perjudicaron a los hogares humildes, tributarios de puestos sanitarios y hospitales públicos, al privarlos del acceso gratuito a la anticoncepción y de asesoramiento e información sexual, a sabiendas de que la población con carencias socioeconómicas es la que posee la mayor cantidad de hijos, con dificultades para alimentarlos, vestirlos y darles una adecuada instrucción escolar. Mientras que, por otro lado, las mujeres pertenecientes a las clases acomodadas y opulentas adquirirán libremente el anticonceptivo en cualquier farmacia o recurrirán a un profesional en una clínica privada para hacerse colocar un DIU (dispositivo intrauterino), o para efectuarse una ligadura tubaria (actos vedados “legalmente” en los hospitales públicos). Las mujeres pudientes, además del acceso económico al anticonceptivo, por el capital cultural que poseen, pueden obtener una correcta información y educación en materia de salud sexual y reproductiva.

Un estudio realizado en la ciudad de Córdoba confirmó la existencia de mayor cantidad de hijos por hogares en barrios de gente pobre respecto de barrios residenciales y de clase acomodada (la proporción era de dos tercios y un tercio respectivamente).

Con el advenimiento de la democracia, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se establece el Decreto N° 2.274 del Poder Ejecutivo Nacional (5 de diciembre de 1986) derogando el Decreto N° 659/74 antes mencionado. Este nuevo decreto, en su artículo 2° expresa: “El Ministerio de Salud y Acción Social, a través de las Secretarías de Salud y Desarrollo Humano y Familia, según sus respectivas competencias, promoverá acciones tendientes a mejorar la salud de la madre y el niño y fortalecer y desarrollar la familia, en su carácter de célula básica de la sociedad. Para ello realizarán las tareas de difusión y asesoramiento necesarias, para que el derecho a decidir acerca de su reproducción pueda ser ejercitado por la población con creciente libertad y responsabilidad”. Con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en los considerandos del mencionado decreto, el Ministerio de Salud y Acción Social hace conocer el documento Bases para el Desarrollo de Actividades sobre Reproducción Humana en los Servicios (elaborado por profesionales expertos en la materia). Entre sus criterios estratégicos establece: “(...) los contenidos fundamentales (referidos al planeamiento de la familia), consisten en informar, orientar, asistir en una interrelación constante entre las opciones personales, la evaluación de las condiciones de salud y la accesibilidad a esta elección sin que las barreras económicas lo impidan”.

Por entonces -segunda mitad de los años 80-, en Córdoba proseguían las consecuencias sanitarias negativas de la Ley 6.222 mencionada con anterioridad. La población careciente poseía una prole numerosa a la que no lograba alimentar y educar, con mala calidad de vida bio-psico-social, muchas veces en condiciones infrahumanas. Al Hospital Materno Provincial de Córdoba, en el cual trabajamos desde hace varios años, acudieron numerosas mujeres y sus parejas solicitando ligadura tubaria por no tener acceso a métodos anticonceptivos. Lo solicitaban por medio de cartas redactadas a mano que evidenciaban el escaso grado de instrucción escolar recibida, pero argumentando acabadamente sus angustias y penurias por su estado de salud individual y familiar, mencionando la carencia de trabajo estable, de vivienda digna, la falta de adecuado saneamiento básico, etc. Con la pretensión de dar una solución correcta a esta situación inédita, desde esta Maternidad, a comienzos de 1988, mediante nota de la Subdirección y de la Jefatura de Servicio enviada al Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se inició el expediente N° 0114-65987/88. Asimismo, se elevaron a las autoridades sanitarias: a) fotocopias de solicitudes de ligaduras tubarias efectuadas por las mujeres y/o parejas, donde constan las razones y argumentaciones para tal fin; b) estudios documentados y estadísticas realizadas por los Servicios de Trabajo Social y de Salud Mental.

Finalmente, el 4 de noviembre de 1988, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba emite el Dictamen N° 2.424/88, en cuya conclusión expresa: “Por lo expuesto, esta Fiscalía de Estado es de la opinión que el procedimiento de esterilización femenina conocido como ‘ligadura de trompas’ sólo puede legalmente ser llevado a cabo por los profesionales médicos del Hospital Materno Provincial cuando medien fines curativos y el consentimiento de la interesada, obtenido en legal forma”.

En el año 1989, convocada por la Dirección del Hospital Materno Provincial de Córdoba y respondiendo a las legítimas inquietudes y demandas de las mujeres y sus parejas (necesidades sentidas de la comunidad), se constituyó una comisión hospitalaria interdisciplinaria ad-hoc, que elaboró un anteproyecto de un Consultorio de Orientación Sexual y Planificación Familiar, y un documento filosófico-doctrinario basado en la Declaración de Derechos Humanos que establece: “Todo individuo tiene el derecho humano básico de decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos, y el derecho a recibir información y educación adecuadas sobre Planificación Familiar, así como el derecho a obtener los medios necesarios para conseguirlos”. El consultorio mencionado se puso en funcionamiento previa realización de un Seminario-Taller Interdisciplinario entre los integrantes del equipo de salud del Hospital.

Con la intención de extender los alcances sanitarios de la experiencia, los días 13, 14 y 15 de agosto de 1991 se concreta en la ciudad de Córdoba el II Seminario-Taller Interdisciplinario de Orientación Sexual y Planificación Familiar, con la participación del personal de los Centros Periféricos de Salud y de los Hospitales del área capital. Entre las principales conclusiones se destacaba la imperiosa necesidad de disponer de instrumentos legales adecuados sobre Salud Reproductiva y Sexual, para garantizar la accesibilidad, igualdad de oportunidades, calidad y continuidad de la asistencia sanitaria en esta materia, así como también sin ningún tipo de discriminación religiosa, racial, económica o ideológica. Del mismo modo se enfatiza en la necesidad de una legislación que contribuya a disminuir y/o eliminar la morbi-mortalidad producida por el aborto al que recurren muchas mujeres ante la falta de acceso a métodos anticonceptivos y ante la carencia de una política sanitaria adecuada al respecto. También se concreta entonces, como resultado del Seminario, la creación de la Comisión Interhospitalaria de Orientación Sexual y Planificación Familiar, que luego se denominó Intersectorial porque además de los hospitales, se incorporan otras instituciones como la cárcel de mujeres “Buen Pastor”, el Consejo del Menor, Organizaciones no Gubernamentales, etc. Dicha Comisión elabora un exhaustivo Diagnóstico de Situación (una aproximación a la realidad) referido a la temática en cuestión, y se aboca a presionar ante los diferentes organismos de poder competentes a fin de obtener una adecuada solución sanitaria en la materia.

El tiempo va transcurriendo sin lograr avances apreciables. Recién en la primera quincena de noviembre de 1994 se lleva a cabo el Seminario Taller Interdisciplinario “Salud Reproductiva y Sexualidad”, organizado por la Dirección General de Promoción y Protección de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y de la Comisión Interhospitalaria de Equipos de Procreación Responsable. En el evento participaron profesionales de diversas áreas de la capital y el interior de la provincia. Con el material elaborado durante las jornadas, se redactó el Anteproyecto del Programa de Procreación Responsable.

Cabe destacar que, en 1995, mujeres provenientes de distintos ámbitos (del trabajo, la salud, lo social, lo profesional, lo político) pertenecientes a distintas Organizaciones No Gubernamentales, que integran la “Comisión Encuentro de Mujeres de Córdoba”, pusieron a consideración de los legisladores de la provincia un anteproyecto de ley tendiente a lograr el ejercicio de una procreación responsable y salud sexual, solicitando que desde el nivel legislativo se obtenga la derogación de los incisos a, b, c, y d del artículo 7º de la Ley Provincial conocida como “Ley Rezzónico”. Al mismo tiempo, elaboraron una detallada y exhaustiva fundamentación, reivindicando el derecho de su organización a participar en la Comisión de Estudios. Finalmente, el 11 de octubre de 1995, el Proyecto de Ley sobre Salud Reproductiva y Sexual (Expediente N° 7.310-S/94 y Expediente 7.324-S/94) fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores de Córdoba, obteniendo media sanción. En su artículo 10º establece que se derogan los incisos b) y c) del artículo 7º de la Ley Provincial N° 6.222 (Ley Rezzónico).

La semana anterior (el 4 de octubre del mismo año), miembros relacionados o pertenecientes al Arzobispado de Córdoba se dirigen a la Comisión de Salud Pública, Medio Ambiente y Asuntos Ecológicos del Senado Provincial adjuntando copia de la carta que el cardenal Raúl Primatesta enviara al entonces gobernador de la provincia de Córdoba, Eduardo César Angeloz, con fecha 23 de diciembre de 1994, en la cual expresaba su disconformidad con la anticoncepción. Asimismo, los representantes del prelado hacen entrega de sugerencias y fundamentaciones en dicha comisión senatorial. El 17 de octubre de 1995, el cardenal Primatesta se dirige por medio de una nota a la Cámara de Diputados de la Provincia, efectuando reparos “constitucionales” a la Ley y expresando, asimismo, en uno de sus párrafos, que “la ley atenta contra la moral”. La senadora Haidé Delia Giri (coautora del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva), en una nota conceptuosa dirigida al Senado el 24 de octubre de 1995, refuta las expresiones de Primatesta y aclara que en ningún momento el equipo interdisciplinario del Arzobispado rechazó el proyecto cuando se hizo la reunión conjunta con la Comisión de Salud, y fue –agrega- justamente a instancias del Arzobispado que se demoró el tratamiento de la Ley para contemplar la incorporación de sus propuestas en la misma. La polémica desatada se refleja en publicaciones aparecidas por entonces: La Voz del Interior, matutino de Córdoba del 21 y 24 de octubre de ese año, Página 12 del 17 y 25 de octubre y Clarín del 26 de octubre de 1995.

Convocados por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Córdoba, el 2 de noviembre de 1995 concurrimos por el Hospital Materno Provincial de Córdoba, expresando nuestra experiencia en la materia y haciendo entrega a la vez de un documento con estadísticas hospitalarias. Posteriormente hizo lo propio la Comisión Interdisciplinaria ante dicha repartición legislativa.

 

 

Por informaciones periodísticas provenientes del Congreso de la Nación, nos enteramos que el 3 de noviembre de 1995, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de creación del Programa de Procreación Responsable (vale decir, el proyecto obtuvo media sanción).

De la misma manera, la prensa oral y escrita dio cuenta de que el 21 de noviembre de ese año la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sancionó un proyecto de Ley sobre Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Desafortunadamente, el gobernador entrerriano Mario A. Moine, mediante Decreto N° 5.436/95 vetó el mencionado proyecto. Con antelación, el Poder Legislativo de la provincia de La Pampa dictó la Ley Provincial N° 1.363/91 de Procreación Responsable.

Finalmente, el 17 de abril de 1996, la Cámara de Diputados de Córdoba aprobó la Ley N° 8.535, de Salud Reproductiva y Sexualidad, con modificaciones. Al introducirle modificaciones, la ley volvió a la Cámara de origen, en este caso, al Senado provincial, el cual acepta los cambios, sancionándola el 25 de abril de 1996. El gobernador de Córdoba, Ramón B. Mestre, la vetó parcialmente el 13 de mayo de 1996. Sobre las motivaciones de tal decisión, al menos cabe efectuar algunos interrogantes: ¿razones economicistas?, ¿compromisos políticos partidarios?, ¿presiones del ala conservadora del catolicismo?, ¿solidaridad con la línea menemista nacional?, ¿menosprecio por la prevención y promoción de la salud?, ¿discriminación de género y clase?

Los días previos al tratamiento de la ley y al veto parcial del gobernador, hubo profusión de artículos periodísticos (a favor y en contra), programas televisivos, movilizaciones barriales y hospitalarias en apoyo a la procreación responsable. En esos días, el Arzobispo ordenó la lectura en los templos católicos de un manifiesto adverso al proyecto de ley (en franca contradicción con la postura de sacerdotes católicos, especialmente de villas de emergencias o asentamientos de poblaciones carenciadas, favorables a la Planificación Familiar).

La ley provincial de procreación responsable, sancionada y posteriormente vetada parcialmente por el Ejecutivo, aún en marzo de 1997 no había sido reglamentada. Esto, de por sí, explica las dificultades que a la hora de su aplicación enfrenta el equipo de salud, cuando necesita dar respuestas a las demandas de la población en esta problemática específica. Por otra parte, el 6 de agosto de 1996, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba sanciona la Ordenanza N° 9.479 (Expediente N° 670770/96) de creación del Programa de Salud Reproductiva, Sexualidad y Planificación Familiar en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Córdoba. Ordenanza que es promulgada al día siguiente por el Intendente Municipal de Córdoba, Rubén A. Martí, mediante Decreto N° 1.374.

 

 

Este proyecto fue iniciado en el Hospital Materno Provincial en al año 1988 por un grupo de profesionales de distintos sectores del hospital (Servicio Social, Servicio de Salud Mental, Enfermeros, Médicos), quienes indagamos sobre las causas de los innumerables pedidos de ligadura tubaria. Pedidos desgarradores, traídos desde situaciones límites, desde la patología tanto física como psicosocial.

Comenzamos realizando una encuesta para tener un diagnóstico situacional. El universo con el que trabajamos está conformado por todas las mujeres internadas en el hospital en sus distintos sectores; tomamos una muestra al azar de 500 pacientes, en el término de seis meses. La encuesta consistía en preguntar cuáles eran sus conocimientos sobre anticoncepción, quién les había brindado la información, si consideraban necesario que esto sea ofrecido por algún agente de salud y qué opinaban sobre la ligadura tubaria y la interrupción voluntaria del embarazo. La mayoría de las respuestas señaló que poseían escasa información sobre el tema y cuando la tenían había sido brindada por vecinos, parientes, etc., y no por prestadores de salud. Con respecto a la ligadura tubaria, existía mucho temor al daño físico y se la asociaba a la frigidez, además consideraban una necesidad impostergable la información anticonceptiva.

A partir de esto, nos pusimos a elaborar un proyecto de trabajo con el objetivo de abrir un consultorio de Orientación Sexual y Planificación Familiar previo a la convocatoria de la Dirección del Hospital en el año 1989 para tal fin.

 

 

Pensamos que la forma correcta de abordaje a esta situación era a través de la interdisciplina para poder analizar la problemática desde lo psicológico, lo social y lo biológico. Conceptualizamos y consensuamos nuestros supuestos:

 

· No puede hablarse de Planificación Familiar aisladamente; el tema debe ser integrado a la Orientación Sexual, como concepto más abarcativo.

· Planificar el número de hijos y el espacio intergenésico es un derecho humano que hace a la libertad de las personas, para un goce sexual pleno, separando de este modo, sexo y reproducción.

· Dignificar la condición de la mujer a través de todas sus potencialidades humanas, en contra de la idealización de la maternidad como único modo de realización en la vida de la misma.

· Incluir a la pareja en la responsabilidad del goce y la paternidad responsable.

· Considerar el embarazo no deseado como factor de riesgo psicológico y social de la pareja, así como también del futuro niño.

· La interrupción voluntaria del embarazo, como consecuencia del fracaso de una práctica anticonceptiva, acorde a las necesidades de las personas.

· Personalizar la consulta, acordando en forma conjunta el método a elegir, garantizando la efectividad en sus tres niveles: psicológico, biológico y social.

 

Sobre estos temas acordamos y desde allí comenzamos a trabajar.

 

 

Después de haber creado un espacio de reflexión interdisciplinario y elaborado un proyecto, producto de la construcción teórica y del acuerdo ideológico de nuestra práctica, avalados por la dirección del Hospital, procedimos a la apertura de nuestro consultorio.

Como medida estratégica, socializamos el proyecto en un Seminario-Taller dirigido a todo el personal de la institución: médicos, personal de maestranza, enfermeros, asistentes sociales, etc. Esto nos permitió dar a conocer nuestra tarea y hacer partícipes de la misma a cada uno de sus integrantes, lo cual generó un gran impacto institucional, con la posibilidad de una lectura distinta al modelo existente. La verbalización de instancias ocultas, en una temática que moviliza y genera un gran temor dentro de una maternidad “asexuada” y donde el varón es excluido, produjo diversos efectos: el más positivo, un espacio para pensar, un replanteo vivencial desde nosotros hacia los demás; el más negativo: la negación, la imposibilidad de escuchar. A partir de esto, nuestro proyecto estaría legitimado.

 

 

Incluimos dentro de esta acción a todas las personas que son atendidas en nuestro hospital. Para ello funcionamos de la siguiente manera: en salas de puérperas normales y quirúrgicas, informando sobre la existencia del consultorio e invitando a concurrir al mismo con la pareja, no excluyendo a la mujer sin pareja, ya que consideramos su derecho a cuidar de sí misma y elegir libremente su vida sexual activa. Respondemos a la demanda del grupo en cuanto a sus expectativas sobre el tema. En las mujeres adolescentes, reforzamos la información y motivamos la consulta. En las salas de embarazadas, por las características de la situación hospitalaria, ya que son pacientes con estadía prolongada, portadoras de embarazos patológicos, informamos sobre los distintos métodos, invitando a una charla en el mismo sector y a la posterior consulta.

En el consultorio se atiende de lunes a viernes. Los lunes y los viernes se ofrecen charlas grupales con las parejas y el equipo interdisciplinario, compuesto por: trabajador social, enfermero, psicólogo y médico. Los demás días son destinados a la consulta médica, donde se cita a la pareja, para indagar sobre el método elegido, los controles que requiere (Papanicolaou, colposcopía, examen mamario, etc.), sobre el mismo método y la indicación del mismo.

La metodología de trabajo es participativa. Se parte del conocimiento previo de los integrantes y se aborda la sexualidad como un todo integrante de la persona humana. Hemos corroborado la escasa cantidad de varones concursantes. Pensamos que esto obedece a las características culturales de nuestro medio, que considera a la mujer como quien debe hacerse cargo de esta temática.

 

 

Más allá de describir y analizar una práctica concreta, con la realización de este trabajo pretendimos subrayar la importancia de los acuerdos ideológicos que deben sustentarlo, para elaborar estrategias políticas consensuadas con los protagonistas en pos de la apropiación de un derecho básico que trasciende los discursos actuales. Es necesario, por lo tanto, hacer visibles los contenidos latentes, discriminatorios, sobre género y clase: núcleo o clave en que se basa la situación actual que paraliza la práctica.

 

 

 

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