De la democracia de la burguesía nacional a la democracia de los grupos financieros transnacionales.

 

El golpe militar de 1976 marcó la bisagra entre dos formas del Estado burgués: el “Estado-nación” de la burguesía nativa industrialista consolidado en el primer peronismo, y el “Estado de las transnacionales”, que se fue construyendo en sucesivos acomodamientos a los conflictos intraburgueses sobre la derrota de la incipiente vanguardia revolucionaria de los ‘70. Al aplicar la teoría de la lucha de clases a la cuestión del Estado y de la democracia, el problema queda planteado de la siguiente manera: ¿qué democracia necesitan los grupos financieros? ¿qué democracia necesitan los pueblos?[1]

Convergieron varios factores, que no es el caso analizar aquí, por los cuales hasta entrada la década del 80 no se hubo logrado estabilidad en el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Hasta entonces ninguno de los partidos mayoritarios había estado en condiciones de garantizar por vías de la democracia liberal la estabilidad que requieren los capitales, alterada por la creciente competitividad en la fase de acelerada concentración capitalista y el aumento de tensión en la lucha de clases.

En 1973 el Partido Justicialista resultaba endeble como representante de toda la burguesía –ésta ya profundamente dividida– y todavía incapaz de representar a la burguesía financiera en formación. La clase obrera y numerosos sectores populares interpretaron esa coyuntura de apertura democrática no sólo como la oportunidad de elegir sin proscripciones sino como un espacio de participación más amplio que el mero acto electoral. Las tomas de fábricas, de escuelas, de universidades, de hospitales, de emisoras radiales y televisivas y el accionar guerrillero –numerosísimas acciones que reproducían los enfrentamientos ideológicos y políticos en un nivel mucho más evidente que los debates parlamentarios[2]–, son un indicador de la concepción de democracia que empezaban a tener algunos sectores de masas: unos, que se había instalado la democracia popular; otros, que se había elegido un gobierno que garantizaría la recuperación de las libertades democráticas y del nivel de vida.

Hacia comienzos de los ‘80, expuesta la naturaleza genocida del Estado de la oligarquía financiera, descompuesto el poder político militar después de la aplicación del terrorismo de Estado y de la aventura de la guerra de Malvinas, desgastado el Partido Justicialista con la gestión de Perón y el posterior gobierno de Isabel-López Rega, la Unión Cívica Radical fue el partido que se mostró ante la sociedad en condiciones de gobernar“con la Constitución en la mano”, y con un discurso sobre “democracia” que, además de libertades políticas aludía a formas más justas de distribución del ingreso nacional. Gran parte de la bibliografía y los discursos políticos, presentaban la historia argentina como una alternancia de “autoritarismo” y “democracia”, “golpes militares” y “gobiernos elegidos”, la sociedad dividida entre “civiles” y “militares” y los “civiles” entre peronistas y radicales. Se fue consolidando en la opinión pública la idea de asimilar “democracia” a la cuestión electoral, reducida casi exclusivamente a elegir a los poderes ejecutivos nacionales y provinciales. La conformación y el funcionamiento de los órganos legislativos estuvieron siempre en segundo plano en los discursos, pero fueron botín de los partidos políticos.

No se había llegado a asimilar a nivel masivo el carácter de clase de la “democracia”, conocimiento que era patrimonio –aunque con limitaciones e insuficiencias– de las organizaciones marxistas y de un sector restringido de la intelectualidad.

 

¿Qué democracia necesitan los grupos financieros?

 

El rápido proceso de concentración capitalista va dejando obsoleto el tipo de Estado-nación y las libertades democráticas que admite. Desde los ‘80 la oligarquía financiera transnacional, fue modelando el tipo de “democracia” que necesita, creando mecanismos que controlen el aumento de tensiones del creciente número de sectores sociales expropiados. Van desarrollando el concepto de “democracia estable y posible”[3], cuya aplicación pasa a estar bajo el control de inteligencia del Estado. Es interesante observar que en recientes declaraciones de Joseph Nye, Jefe del Consejo Nacional de Inteligencia de 1993 a 1994 en EE.UU., invitado por Fernando de Santibañez, ex banquero y economista, actual jefe de la SIDE dice: “El mayor desafío de Estados Unidos es prevenir la regresión (de Latinoamérica) al autoritarismo”[4]. No se refiere solamente a los golpes militares sino al “estatismo”[5], las formas de Estado y de democracia que corresponden a la etapa de la hegemonía de la burguesía nacional y del Estado-nación y, sobre todo, está tomando precauciones acerca de la posibilidad de insurrecciones u otras formas de alzamientos populares. Y continúa... “Proteger y agrandar la comunidad de democracias de mercado[6]sirve a los intereses políticos, económicos y de seguridad de EE.UU. Las democracias capitalistas son mejores contrapartes en los negocios y raramente luchan entre ellas”. ¿Qué es “democracia de mercado”, sino libertades para que hagan su juego los dueños de los grandes capitales mientras se recortan las libertades al pueblo?

El proceso de concentración agrava las tensiones sociales, agudiza la lucha de clases aun dentro de la burguesía, por lo que los ideólogos del sistema reflexionan y alertan: “No se puede imponer austeridad sin límites. De lo contrario la democracia tal como la conocemos estará amenazada. (...) Hay una gran brecha entre la complejidad del modelo económico dominante que llamamos globalización y el pensamiento político tradicional todavía basado en el Estado Nacional. Nuestros sistemas políticos no han logrado progresar de la misma manera que lo hizo el sistema económico. (...) El gran desafío es lograr un equilibrio entre la importancia de los mercados libres con algunos requisitos del bienestar social”[7].

Ralph Dahrendorf en su libro titulado precisamente La cuadratura del círculo, bienestar económico, cohesión social y libertad política[8], dice: “las amenazas más serias a la paz(la paz ¿de quién?)provienen de países empeñados en superar el viejo ciclo de pobreza, dependencia y ausencia de libertad para acceder a las posibilidades de vida descritas aquí como características del primer mundo (sic) (...) cuando se perfilan oportunidades nuevas pero la gente no logra asimilarlas aún, cuando el desarrollo económico alcanza una fuerte aceleración pero no logra despegar el crecimiento social y político, madura una mezcla de frustración y de irresponsabilidad que alimenta la violencia.” (pág. 14) “La tarea del primer mundo en la década próxima radica en dar con la cuadratura del círculo entre la generación de riqueza, la cohesión social y la libertad política”[9]. Las recientes experiencias de masas de Colombia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, dan muestras de que la “estabilidad” que buscan los pueblos es de un carácter opuesto a la que imponen por la fuerza material y subjetiva los grupos financieros, quienes denuncian como atentados contra la democracia las protestas y alzamientos populares.

Es ilustrativo el discurso acerca de la “estabilidad democrática” que expresa Henry Kissinger en la entrevista citada: “Es muy difícil consolidar el cambio democrático si cada presidente que se va tiene miedo de lo que le pueda hacer el presidente que llega”.

 

 

Los intelectuales del campo popular en general se limitan a denunciar las secuelas materiales del proceso de concentración capitalista o, en el mejor de los casos, las estrategias del enemigo de clase. Sin embargo, hay otro campo relevante para ser estudiado desde la óptica de los intereses populares: la forma en que estos sectores van sintetizando las experiencias que realizan. Los grupos financieros sí se preocupan por estudiar esta cuestión ya que necesitan operar sobre la formación de la memoria colectiva y la opinión pública y crear condiciones que eviten el surgimiento de una vanguardia y organizaciones de masas con capacidad revolucionaria. Después del golpe militar de 1976, como decíamos más arriba, quedó como experiencia colectiva la falacia de “democracia” (a secas) contrapuesta a “autoritarismo” entendido como “dictadura militar”. Recuperado el funcionamiento constitucional en 1983, el pueblo agregará en estos últimos quince años, otras experiencias que le irán haciendo descubrir los límites de la democracia liberal representativa.

Se hizo evidente para grandes sectores del pueblo que la “democracia” lograda no solucionaba los problemas sociales sino que se iban haciendo más y más agudos. “Terrorismo” versus “democracia”, sin advertir el vertiginoso proceso de concentración capitalista y la consolidación de la oligarquía financiera, no alcanzaba a explicar por qué la situación económica se agravaba para amplios sectores, por eso aparece una observación, producto de una mirada superficial y meramente empírica –“con los militares estábamos mejor”–, que alude a las condiciones de vida que se van degradando rápidamente. Ciertos sectores, empezaron a tomar conciencia de que, entre bambalinas, operan grupos económicos, que imponen, deciden y condicionan. Algunos sectores sociales, particularmente obreros de la gran industria y trabajadores de las empresas de servicios en manos de grupos financieros transnacionales, empezaron a descubrir la relación entre la concentración financiera y el Estado terrorista al observar la quiebra fraudulenta de bancos y financieras, el abultamiento de la deuda externa, los negociados de las “privatizaciones”, el deterioro del poder adquisitivo paralelamente a la magnitud de la riqueza que producen, las diversas formas de injusticia, la vigencia de formas represivas que van mostrando una sospechosa continuidad entre el “proceso militar” y la “democracia”, coyuntura que se había presentado como ruptura absoluta.

Estos aprendizajes colectivos fueron resultado de los enfrentamientos producidos por la resistencia a las medidas antipopulares que emitían los poderes del Estado, movilizaciones masivas por justicia, por defensa de fuentes de trabajo, por leyes previsionales justas, por mayor presupuesto educativo, etc. En los ‘90, además de las huelgas generales con alto acatamiento obrero, empiezan a producirse una serie de luchas locales que por su originalidad en las formas organizativas y las medidas que implementan, alcanzan repercusiones nacionales y resultan experiencias para las masas: las “marchas del silencio en Catamarca” (desde 1991), que ponen en una vidriera la connivencia entre los poderes judicial, ejecutivo, legislativo provinciales y nacionales con los aparatos de seguridad, los medios de comunicación, y muestran la fuerza que puede alcanzar la movilización y protesta organizada; el “santiagueñazo” (diciembre de 1993), violencia popular dirigida contra los poderes políticos y económicos locales para frenar la sanción de una ley “de ajuste”; los cortes de ruta con los “piqueteros” en Cutral-Có y Plaza Huincul (junio 1996), los “fogoneros” (1997), que hacen descubrir cómo afecta la medida de corte de rutas al poder económico y político, y multitud de hechos contundentes en diversos lugares del país que continúan.

Estas experiencias fueron dejando enseñanzas acerca de formas de organización y solidaridad popular, de la potencia de la movilización, del ejercicio de la violencia de masas, de la violencia represiva del sistema, de las causas sociales estructurales de la miseria y la creciente desocupación, experiencias que pasan por otro carril diferente al de la democracia liberal representativa. Diversos sectores del pueblo llegaron a descubrir la cuestión del poder y a ubicar al enemigo de la clase obrera y del pueblo, pero no lograron superar la vivencia de impotencia para revertir esta situación. La sospecha de que del juego electoral, con las ofertas políticas que propone el sistema, no se puede esperar una solución de fondo, se va transformando en convencimiento. El pueblo busca expresarse de diversas maneras, aun en los resquicios de las consultas electorales utilizando en su carácter de ciudadano el “voto castigo” y dirimiendo entre personajes o partidos sobre algunos aspectos puntuales de la coyuntura (promesas de castigo a la corrupción u otros). Son expresiones del estado de conciencia y de la correlación de las fuerzas sociales que dan cuenta que, a pesar de la alta calidad de sus luchas, el pueblo no ha logrado todavía sintetizar las experiencias –parciales, espontáneas, locales, particulares– y potenciar su fuerza a través de una organización política propia.

El desafío en el campo ideológico es cómo revertir las políticas dirigidas a producir confusión, ignorancia, conformismo y acatamiento a las reglas que impone la oligarquía financiera y cómo abonar el terreno para que las experiencias vividas por el pueblo se transformen en fuerza motriz, sean evaluadas científicamente y sirvan de sustento para abrir espacios democráticos de más participación económica y protagonismo político.

 

La práctica democrática actual en la Argentina

 

A medida que las masas fueron descubriendo las reglas del juego de la oligarquía financiera ésta debió ir creando “pantallas” para camuflar sus mecanismos de poder. La “forma” que proponen sus ideólogos es fortalecer a los partidos que garanticen a través de elecciones la alternancia en el gobierno –preferiblemente bipartidismo– y perfeccionar otros aparatos del Estado burgués que garanticen la formación de la opinión pública adicta: un Poder Judicial con poco margen para la “independencia” del gobierno y del poder del Estado; un Congreso Nacional “estable”, más bien una oficina de lobbistas, para producir las leyes que requieren los intereses transnacionales; un mecanismo electoral ajustado a cronogramas rigurosos y cómputos electrónicos, pero vaciado de contenidos y basado en consignas cada vez más alejadas de expresar programas de gobierno y debates políticos. Todo esto acompañado de un discurso acerca de que la “democracia” es nueva, reciente, “débil”, por eso habría que “cuidar”, no hacer olas, no exigir demasiado porque se le opone el peligro de la “hiperinflación”. El fantasma que atravesó todo el discurso de la época de Alfonsín de que “los militares podrían volver” se ha modificado en parte. Ahora se amenaza con que las olas, –léase levantamientos sociales, protestas, etc.–, podrían “retrotraernos a épocas de “violencia y de caos”, “nerviosismo de los mercados”, etc.

La clave de la “estabilidad democrática”, de que tanto hacen gala los políticos del sistema y los comunicadores sociales oficiosos del poder, radica en que en esta etapa los dos partidos mayoritarios, el PJ y la Alianza UCR-Frepaso, más allá de algunas diferencias de estilo, representan los intereses del gran capital, son garantía para los grupos financieros, han formado cuadros ideológicos, administrativos y técnicos capaces de garantizar la fiel representación de sus intereses, están dispuestos a mantenerse con el consenso o la coerción según las situaciones, y cuentan con equipos mercenarios que hacen del puesto político una forma de vida. Han estrechado los vínculos entre las instituciones constitucionales y personeros de grupos transnacionales en una alianza estrecha con el gobierno de los Estados Unidos. Han aniquilado los últimos espacios soberanos del Estado-nación. El gran desarrollo de las “comunicaciones masivas-extendidas” es otro aparato de poder, que pone al descubierto –para quien hace un análisis de clase–, formas fascistas de dominación, no sólo de los cuerpos (con la represión, el hambre, la miseria, la falta de oportunidad de vida digna), sino de moldeo de las formas de pensar, de sentir, de actuar.

Hacen alarde de estabilidad democrática porque siguen contraponiendo democracia a autoritarismo militar, lo que les permite tomar el dato de los períodos constitucionales que se están sucediendo sin golpes de Estado. De esa manera, esconden la dictadura del capital. Siguen ocultando que detrás de los militares estaban civiles, como los Martínez de Hoz, los Cavallo, los Machinea, los Walter Klein, los Alemann, los Soldati, y tantos otros que ocuparon y ocupan puestos claves para dirigir la política, cuadros del capital financiero transnacional al punto que exportan sus recetas y son contratados para asesorar a gobiernos de otros países.[10]

Hay un lugar común en la bibliografía sobre “democracia” que califica a la democracia liberal y representativa, de competitiva, y llama no competitiva” las propias de regímenes autoritarios[11], (claro que sin definir qué entienden por autoritario), aquellas en que los resultados electorales no comprometen al poder[12]. El bipartidismo que se ha instalado en el sistema político argentino –a pesar de las diferencias históricas, de estilo político, de ciertos discursos– pone cada vez más en evidencia que “las elecciones en Argentina no comprometen al poder”. En realidad, quien elige, financia, forma, estimula a las camarillas que tienen posibilidades de ser electas para gobernar, es el poder financiero transnacionalizado que ha asentado sus bases materiales en el país sobre todo a partir de las “privatizaciones”, inversiones en áreas estratégicas y el chantaje del creciente “endeudamiento externo”, como corolario de un largo proceso que desde el punto de vista político fue garantizado a partir del golpe militar de 1976 con la aplicación del proyecto de Martínez de Hoz-Cavallo. En 1983, la “democracia” significó la posibilidad de salir de la dictadura militar y adoptar una forma que en el discurso se presentaba como apta para “comer, curarse y educarse”. Hasta esa elección los dos partidos mayoritarios se presentaban diferentes. Actualmente, las diferencias se han ido limando hasta desaparecer en lo esencial. Sin embargo, esas leves diferencias de sesgos de personalidad o del discurso se agrandan en el momento de mostrar la “alternancia de partidos” como la prueba de que estamos ante una verdadera democracia “competitiva”, con la “incertidumbre” del resultado electoral[13]. Esa sería la “prueba de estabilidad”, la garantía de orden dado por el consenso. Por esto cualquier alteración a este “orden” proveniente de movilizaciones populares es vista como “vuelta al caos”, agravada si, además, participan militares –caso reciente del Ecuador–, en que vuelven a usar la pantalla de “militar = autoritarismo = dictadura = antidemocrático” escamoteando que el poder del Estado radica en la oligarquía financiera. Con esta forma tan amañada de la función electoral, con este control autoritario de la voluntad de los electores, donde crean la simulación de que el pueblo elige, el resultado electoral, aun con amplio porcentaje de votantes, no es indicador de las libertades democráticas ni menos de la conciencia, aspiraciones y necesidades sociales.

Refiriéndose a lo que los autores llaman “democracias no competitivas” (propias, como dijimos, de “regímenes autoritarios”), agregan: “Interesa descubrir los mecanismos ocultos o abiertamente fraudulentos y coercitivos que determinan el desarrollo y los resultados de las consultas, (...)en cuanto al contenido de la propaganda, a los lazos que unen a los candidatos con el poder o con una camarilla, (...) y, en forma más general, a la ‘confiabilidad’ y a la autenticidad de sus resultados.(...)La calidad de la participación política y de la ‘conciencia electoral’ de las masas convocadas a los comicios depende mucho del estado global de la sociedad, tal como se refleja en el modo de producción económica, en la organización social, y en el campo cultural”.[14]

¿Cómo funciona todo esto en la Argentina? Es necesario advertir junto a la estrechez de la herramienta electoral, el deterioro de las condiciones de vida de un porcentaje creciente del pueblo, la presión que significa el terror a la pérdida del trabajo, la dependencia de la “convertibilidad” por el endeudamiento masivo en dólares, el deterioro de la educación, el control de los medios masivos de comunicación, la difusión de ciertos ejes del pensamiento posmoderno como la crítica a todo pensamiento racional, reflexivo, científico, etc. que abonan una cultura de la ignorancia, del individualismo, del diversionismo, de la inseguridad por el futuro. Siempre refiriéndose a las “democracias no competitivas” el texto sigue diciendo: “Las elecciones son siempre un revelador ideológico, al mismo tiempo que un indicador del tipo de relaciones –de coerción o de participación–, que el poder establecido pretende llevar con la población.(...) Las elecciones cumplen por lo menos dos funciones indiscutibles: legitimar el poder identificando al pueblo con sus gobernantes y asegurar eventualmente un reemplazo tranquilo de esos mismos gobernantes (...) ocultar la dominación en nombre de la igualdad ciudadana ante las urnas”[15]. Citamos estos párrafos porque encontramos que se aplican perfectamente a nuestra situación actual que según los intelectuales del sistema llamarían “democracia competitiva”. Cuando el poder está altamente concentrado no puede descuidar la dinámica de una sociedad en la que se va produciendo un proceso de succión de la riqueza a tan amplios sectores sociales, con experiencias de lucha instaladas en la memoria colectiva, con formas recientes y constantes de enfrentamientos a las políticas que les afectan. La reciente creación de una Auditoría de la Calidad de la Democracia[16] ejercida por “una institución privada sin fines de lucro (...) un instrumento cívico de control ciudadano de y para la ciudadanía de la calidad de lo que es su democracia”, es un indicador de esta clase de “democracia” que va alejando más y más al pueblo de su participación real, con un Estado que crea más mediadores y canales de control por temor a las revueltas sociales. Viene al caso, preguntarse si quienes están aparentemente preocupados por auditar la democracia y la vigencia de los derechos de los ciudadanos necesitan una Auditoría para advertir las necesidades del pueblo de Corrientes. Vale como ejemplo de tantos casos similares.

El Congreso es una importante herramienta de poder. Aquella famosa frase de Marx en La guerra civil en Francia: “A los oprimidos se les permite decidir, una vez cada tantos años qué representantes de la clase opresora han de representarlos y reprimirlos en el parlamento”, acuñada en 1871 tiene total vigencia. La burguesía financiera transnacionalizada usa el parlamento más que nunca, lo necesita para justificar sus políticas, para lograr “su” estabilidad y operar como control de la lucha de clases fundamentales. Admite que debe perfeccionarse aún más. Un artículo reciente acerca de “Los grandes temas pendientes de la Argentina”[17]cuestiona la excesiva burocracia del Congreso Nacional, la gran cantidad de comisiones parlamentarias, el ausentismo de los legisladores, la escasa “experiencia”de los legisladores por el hecho de que no son reelectos (como en EE.UU.) y la “maquinaria del lobby empresarial” sin que haya leyes de contención o algún control. Critica particularmente que no esté informatizado el Congreso, pero por supuesto ninguna referencia al contenido de la legislación que produce ni a los intereses que beneficia o perjudica. Los grandes pasos legales de la política financiera de estos últimos años (Ley de Reforma del Estado y Ley de Emergencia Económica y la legislación que se sobrepuso sobre ellas, y lo pactado relativo al Plan Brady de compromiso de pago de la deuda externa entre otros) fueron fundantes del nuevo tipo de Estado.

Hoy la “democracia” con el funcionamiento bipartidista es una herramienta idónea del poder financiero con la apariencia de representación popular y con el supuesto disciplinamiento de las Fuerzas Armadas a la democracia conquistada. Hoy en que los análisis científicos de Marx y Engels están ausentes de la formación de nuestros intelectuales, estas “pantallas” pretenden ocultar los intereses de clases y los aparatos de poder. La “legalidad” le da garantía a los negocios, por eso ante la irrupción de las masas en la historia se oyen inmediatamente invocaciones a la democracia, al orden, a la estabilidad y a respetar los resultados electorales. En esta etapa de la concentración financiera, la democracia estable es la “vidriera” donde dirimen “civilizadamente” las pujas intermonopólicas con la tranquilidad que le da saber que el pueblo todavía no tiene forma política propia.

 

 

A medida que avanza el proceso de concentración del capital avanza la concentración en los aparatos de poder político. Se ha consolidado el Congreso como aparato de poder de la burguesía financiera, aunque no se trata de un bloque monolítico sino que hay una compleja trama de contradicciones secundarias. El pueblo tiene cada vez menos oportunidades de tener representantes y fuerza real en el Parlamento no sólo por la letra de la ley electoral sino por las condiciones globales de la sociedad. ¿Hay diferencia para el pueblo entre la “dictadura militar” y la “dictadura civil” del capital financiero? Son formas históricas que exponen diferentes condiciones para la lucha de clases, en cuyo movimiento juega un infinito conjunto de fuerzas sociales que los intelectuales del campo popular tenemos que conocer y calibrar. En la siguiente cita de Lenin queda planteado claramente el carácter clasista de la democracia[18]: “Nosotros somos partidarios de la república democrática como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo, pero no tenemos derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino del pueblo incluso en la república burguesa más democrática. (...) La forma de opresión no es indiferente para el proletariado (...) una forma de lucha de clases y de opresión de clases más amplia, más libre, más abierta ayuda económicamente al proletariado en su lucha por la eliminación de las clases”. Podemos formular la pregunta, a modo de un problema candente ¿cómo usa –y cómo podría usar– el pueblo esta forma de “democracia” de la etapa imperialista del capitalismo, para avanzar hacia la solución de la crisis de la sociedad desde sus propios intereses?[19]

La falta de una vanguardia política de la clase obrera y del pueblo es hoy más evidente que nunca. Falta el salto cualitativo en la conciencia que imponga una forma política del campo popular, para que se constituya como tal con un proyecto propio capaz de ejercer el gobierno con un respaldo material de poder y orgánico en las masas. La falsa antinomia “democracia” versus “dictadura militar”, escamotea el peso del poder financiero, esconde al enemigo de clase, limita la posibilidad de usar espacios que esta democracia aún admite, y es usada por el “discurso oficial” como justificación de las políticas actuales para mantener consenso expresado por vía electoral. Impide imaginar una forma superior de democracia, donde sea el pueblo el que ponga las reglas del juego, el que tenga el poder con un Estado soberano; una situación en que la regla democrática de que la minoría debe supeditarse a la mayoría sea válida en el contexto del poder en manos del pueblo.

Es tarea de los revolucionarios introducir el análisis científico de la historia, corregir errores, destrabar falacias, propagandizar la óptica de los intereses de la clase obrera y el pueblo, ayudar a re-conocerse en las experiencias de los diversos sectores sociales como ejercicios de democracia popular, evaluar las escaramuzas en que va dándose la lucha de clases y recuperar la importancia del protagonismo popular consciente para despejar nuevos horizontes históricos. 

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