La protesta en la Argentina de los '90.

A lo largo de los algo más de diez años que se extienden entre julio de 1989 hasta diciembre de 1999, todas las fracciones y capas sociales afectadas por las políticas aplicadas por el go­bierno de Carlos Menem o por sus efectos expresaron su protesta de alguna manera. La movilización de esas fracciones y capas contra estas políticas que expresan el interés de la oligarquía finan­ciera, es, en conjunto, de carácter defensivo y de signo negativo, ten­diente a evitar la pérdida de conquistas logradas hace décadas y el empeoramiento en las condiciones de vida y de trabajo.

Esta movilización no parece haber sido muy exitosa. Salarios miserables, largas jornadas de trabajo, sobreexplotación, alta inestabilidad laboral y trabajo en negro como consecuencia de la existencia de un enorme ejército indus­trial de reserva; incerti­dumbre para los futuros jubilados y milagrosa supervivencia para buena parte de los jubilados actuales; aumento de la miseria consolidada y del pauperismo oficial; pauperización de los peque­ños comerciantes y productores, agobiados por el peso de los impuestos, de la competencia del gran capital y de un mercado cada vez más reducido o inaccesible; crisis del sistema educativo, convertido más en un sistema de disciplinamiento, contención y depósito de los niños y jóvenes que de formación de trabajadores y ciudadanos y, menos aún, de seres humanos; deterioro de servicios públi­cos que se dicen “eficientes”, financiados por los mismos usuarios para que reditúen suculentas ganancias con el mínimo de inversión; impunidad de los crímenes pasados y presentes de los sicarios del poder; avance del lumpenproletariado y de la lumpen­burguesía, que inoculan su descomposición al resto de la sociedad; esto y mucho más, en un país que ha perdido su moneda, su capaci­dad para tomar hasta la más mínima decisión propia, sus mitos fundadores y su historia común y por lo tanto, su destino. En definitiva, la hegemonía de la oligarquía financiera.

La movilización popular no ha podido revertir este proceso. Pero en su resistencia, ¿ha comenzado a construir los instrumentos que le permitan hacerlo en el futuro?

Entre diciembre de 1993 –fundamental­mente a partir del motín de Santiago del Estero– y mediados de 1997 existen elementos que permiten plantear que se estaba confor­mando, en torno a la acción del movimiento obrero, un movimiento de protesta contra la políti­ca del gobierno. Sin embargo, desde entonces, esa tendencia parece haberse interrumpido, dando lugar a una situación de atomización en las luchas.

Nos referiremos aquí a algunos aspectos de la protesta social en la Argentina de los años ‘90, que se desprenden de una investi­ga­ción en curso que estamos realizando en el PIMSA. Ha­remos refe­ren­cia a los distintos tipos de hechos que se produ­cen en la última década, señalando algunos de sus princi­pales rasgos, para luego señalar algunas características de las luchas produci­das entre diciembre de 1993 hasta el final del gobierno de Menem en su conjunto. Nuestro propósito aquí no es presentar afirmaciones definitivas, sino más bien dejar planteadas algunas preguntas que quizás ayuden en la reflexión acerca de las formas que asume la lucha obrera y popular en la Argentina actual.

 

 

Todavía está presente el recuerdo de la revuelta de 1989, inmediatamente antes de la asunción de Menem tras el abandono del gobierno por parte de la Unión Cívica Radical. Este hecho, en el que predominan el elemento espontáneo, los saqueos a supermerca­dos, la dispersión de las acciones y los choques entre particula­res, no constituye una lucha, sino una mera expresión de desespe­ración por parte de las capas más pobres de la población ante la imposibilidad de reprodu­cir su vida dentro del sistema legal vigente. Menos recordada es la reiteración de saqueos a comercios ocurrida en febrero y marzo de 1990, ya durante el nuevo gobierno. Ambos hechos se producen en momentos de hiperinflación, es decir, cuando ha desapare­cido la mediación de todas las rela­ciones socia­les, el dinero. Esta destrucción de relaciones socia­les constituye el terreno sobre el que se reconstruirá la socie­dad, a partir de la política que se aplicará desde entonces, uno de cuyos ejes es el plan de convertibilidad vigente desde 1991[1].

Durante los últimos años, “los saqueos a supermercados” han sido reiteradamente presentados como ejemplo del “estallido” que podría sobrevenir si se abandonara la convertibilidad o si se cambiara hasta el más mínimo aspecto de la política actual.

Se producen algunos saqueos aislados; por ejemplo, en junio de 1996, en Guaymallén (Mendoza); en julio de 1999, en Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco); y en octubre del mismo año, en Ingeniero Budge (Gran Buenos Aires).

A la vez, en julio y en diciembre de 1996 se producen con­cen­tra­ciones frente a super­mercados en Córdoba, organizadas por la Organización Córdoba desde Abajo, en reclamo de alimentos; lo mismo sucede en julio en Capi­tal Fede­ral, organizadas por el Movimiento Indepen­dien­te de Jubi­lados y Pensionados. En todos los casos, los dueños de los super­mercados deciden entregar alimentos por temor a que se pro­duzcan saqueos.

Estas concentraciones se reiteran en diciembre de 1998 y enero de 1999, en que hombres, mujeres, niños y ancianos se reúnen frente a los principales super­mercados en distin­tas ciudades del país: Capital Federal, La Plata, Rosa­rio, Córdo­ba, Mar del Plata, Neu­quén, Gran Buenos Aires. Reclaman alimentos, que en casi todos los casos son entre­gados, no produ­ciéndose entonces ningún saqueo. Estas concentra­ciones están organizadas por el Movimiento Indepen­diente de Jubi­lados y Pensio­nados, lo que lleva a la detención de su principal dirigente, Raúl Castells.

En febrero de 1999 la Corriente Clasista y Combativa organiza marchas por las calles y concentraciones frente a supermercados, que se producen en Capital Federal, Jujuy y Rosario, en reclamo de 50.000 kg de alimentos por mes para distribuir entre los más pobres y la creación de 5.000 puestos de trabajo.

Ninguno de estos hechos tiene semejanzas con la revuelta de 1989: a diferencia de ésta, el objetivo no es apoderarse de ali­mentos mediante el saqueo; no constituyen hechos espontáneos sino sistemáticos; las acciones son convocadas por orga­nizaciones político-sindi­cales; se plantean reclamos específicos; y constitu­yen hechos aislados, no se generalizan.

En todos estos hechos se expresan las capas más pobres de la población. Ponen de manifiesto que la clase burguesa ya no puede mantener a su esclavo, lo que es propio de la fase de des­composi­ción del régimen social. Pero no pueden ser más que una expresión de deses­peración o el reclamo de lo más imprescindible y primario de manera inmediata.

 

 

También es recordado el hecho que se produce en Santiago del Estero y La Banda el 16 y 17 de diciembre de 1993: el llamado santiagazo, en el que una multitud formada por trabajadores esta­tales y las capas más pobres de la población asaltan, incendian y sa­quean los edifi­cios de los tres poderes del estado provincial, así como las casas de los principa­les dirigentes políticos loca­les. Hemos conceptualizado este hecho como motín, es decir, un levantamiento de gente oprimida, que se focaliza sobre las insti­tu­ciones del gobier­no o el estado. Constituye una expre­sión de deses­pe­ra­ción y vengan­za, en la que preva­lece el elemento espon­tá­neo. No hay elec­ción del momen­to en que va a produ­cirse y está en un nivel de concien­cia más bajo que cual­quier tipo de hecho siste­má­tico. Se encuen­tra en el um­bral­ de lucha de la clase obrera, porque si bien puede cali­fi­carse de “es­pon­tánea” lo es en tanto forma em­briona­ria de lo consciente, lo que se expresa en la pérdi­da de “la fe tradicional en la inmovi­lidad del orden de cosas que los oprimía”[2]. Se diferencia así de la revuelta que, como diji­mos, se caracteriza por la dispersión de las acciones y los cho­ques entre particulares.

A partir de enton­ces se registra una acti­vación de las luchas sociales: aumenta notablemente su número en relación con el perío­do que se extiende entre 1989/90 y diciem­bre de 1993[3]; se activan distintas fraccio­nes sociales, en protesta contra diversas políti­cas de gobier­no y utilizando distintos medios de lucha. A la vez, se observa que, a diferencia de las luchas produci­das antes de diciembre de 1993, desde entonces los trabajadores logran en muchos casos, si no evitar la aplica­ción de políticas de gobierno que apuntan a eliminar conquis­tas históricas, al menos e­vitar que se apliquen de la manera y con la velocidad con que la oligarquía financiera pretendía.

¿Comienza desde entonces un perío­do en el proceso de luchas sociales? ¿Forma parte este motín de un movimiento más gene­ral en formación en el conjunto del país, constituyendo su forma más primitiva y espontánea?

Desde diciembre de 1993 hasta el fin del gobierno de Menem (10 de diciembre de 1999) se producen numerosos hechos en los que se observan algunos de los rasgos presentes en el motín de Santia­go del Estero. En ese lapso hemos registrado 76 acciones de pro­testa que consis­ten en manifestaciones callejeras y ataques a edificios públicos o viviendas de dirigentes políticos. Sólo en algunos casos los manifestantes logran asaltar los edificios[4].

El antecedente más inmediato del motín de Santiago del Estero lo constituye el llamado riojanazo, en el que trabajadores estatales de la provincia de La Rioja atacan la casa de gobierno provincial en protesta por la sanción de una ley de “ajuste”.

El año en que se concentra la mayor cantidad de este tipo de hecho es 1995: 47 acciones registradas. A modo de ejemplo, podemos mencionar los siguientes hechos: en julio en San Juan, grupos de estatales avanzan sobre el ministerio de Desarrollo Humano, rompen puertas y ventanas e incendian muebles, en protesta por la reduc­ción aplicada a sus salarios. En agosto en Salta trabajadores de la municipalidad y recolectores de residuos irrumpen en el concejo deliberante y destrozan vidrios, muebles y bancas, indignados con los concejales que no habían aprobado la destitución del intendente, acusado de mal desempeño de su cargo. En setiembre y octubre en General Roca trabajadores estatales que protestan por el atraso en el pago de los salarios y la reducción salarial atacan la casa del gober­na­dor y la Casa Radical e inten­tan incendiar la municipa­lidad, mien­tras que en Bariloche atacan varios edifi­cios públicos, y en Cipolletti tratan de incendiar la jefatura de la zona sanita­ria, el concejo deliberante y la empresa provincial de energía eléctrica. En Salta trabajadores incendian muebles y papeles en la muni­ci­pali­dad, indigna­dos por no haber cobrado sus salarios; en Mendo­za estatales irrumpen en la legislatura rompiendo puertas y venta­nas e incendian el despacho del presidente de la cámara; los mani­festantes se oponen a la sanción de una ley de “ajuste” en la provincia que implica, entre otras cosas, una reducción salarial.

En Jujuy trabajadores estatales intentan incendiar la casa del ministro de Economía y atacan los edificios de bancos oficiales y otras dependencias en reclamo de salarios adeudados; y en di­ciem­bre saquean la casa de un ex gobernador del Partido Justicialista, además de quemar ropa y destrozar muebles, y atacan el local del partido Fuerza Republicana, en represalia porque los diputados de ambos partidos votaron una ley de privatización de la empresa provincial de energía eléctrica.

Esta –sumamente incompleta– enumeración de manifesta­ciones con ataques a edificios públicos o viviendas de políticos por parte de trabajadores muestra rasgos que pueden ser considerados como elementos de motín, aunque pare­cen ser hechos menos espontá­neos que el produci­do en Santiago del Estero y ningu­no de ellos alcanza las propor­ciones y extensión que alcanzó allí.

En su gran mayoría, estos hechos son protagonizados por trabajadores estatales, por lo que el ataque a los edificios públicos está vinculado a la protesta de asalariados contra su empleador, más que contra el gobierno o el estado como relación de poder. Todos se producen a partir del reclamo de reivindicaciones corporativas inmediatas; ¿pero hay, al menos en algunos de ellos, un momento en que la lucha tienda a desinstituciona­li­zarse y descorporativizarse? ¿Tiene alguna continuidad lo expresado en el motín de Santiago del Estero, o es sólo un “estallido” que se agota en sí mismo?

 

 

Además de las 76 manifestaciones con ataques a edificios públicos a que nos hemos referido, entre diciembre de 1993 y diciembre de 1999 registramos 1.587 acciones de protesta que consisten en manifestaciones callejeras, concentraciones, marchas, “abrazos” a edificios, “escraches”, huelgas, ocupaciones, ollas populares, instalación de carpas, apagones, lock outs, huel­gas de hambre y boicots.

Las manifestaciones, concentraciones, marchas y huelgas son los medios de lucha más utilizados, en su gran mayoría por traba­jadores asalariados, aunque también son numerosas las protagoniza­das por otras personificaciones económicas y sociales, tales como comer­ciantes, estu­diantes, vecinos, militantes de partidos políti­cos, familiares de víctimas de crímenes o accidentes, etcétera. Entre las manifestaciones o concentraciones podemos incluir los “abra­zos” a edificios (que simbolizan la protección que se reclama de determinada institución o fuente de trabajo; por ejemplo, “abra­zos” de hospitales).

Las ocupaciones registradas son más de las que suelen recor­darse: suman 247, e incluyen ocupaciones de lugares de trabajo (princi­palmente fábricas), de dependencias oficiales (por parte, en general, de traba­jadores estatales o, en algunos casos, de veci­nos), de escuelas y facultades (por parte de estudiantes, en ocasiones junto con los docentes y no docentes). Entre las ocupa­ciones más prolongadas puede mencionarse la de Continental Fuegui­na, en Tierra del Fuego en 1995 y la de la Cervecería Córdoba, en Córdoba en 1998.

Las ollas populares suelen acompañar otros medios de lucha; por ejemplo, en la huelga general del 8 de agosto de 1996 convoca­da por la CGT, el MTA llama a realizar ollas populares como medida adicional a la huelga.

Registramos 29 apagones (en muchos casos, acompañados de marchas), realizados fundamentalmente por comerciantes –muchas veces en apoyo a la lucha de otras fracciones– y vecinos. El apagón de mayor extensión es el que tiene lugar el 12 de setiembre de 1996 contra la política económica del gobierno nacional, orga­nizado y conducido por la oposición oficial dentro del régimen; por iniciativa del Frepaso, se forma un “foro multisecto­rial”, del que participan más de 50 agrupaciones sindicales (como la CTA y el MTA), políti­cas (como Nueva Dirigen­cia, UCR, PAIS, Parti­do Demó­crata Progresista, Partido Socia­lista Auténtico, Movimiento Socia­lista de los Trabajadores y Partido Demócra­ta de Mendoza), asocia­ciones de profesionales (como la Asociación de Abogados Laboralis­tas), del comercio (Fedecáma­ras), de las peque­ñas y medianas empresas (Asamblea de Pequeños y Media­nos Empre­sarios), de la actividad agropecuaria (Federación Agraria Argentina y Confedera­ción Intercoope­rativa Agropecuaria-Coninagro). Los principales impulso­res de este apagón son Carlos Chacho Alvarez y Rodolfo Terragno. El “foro multisecto­rial” elabo­ra un documento en el que plantea un programa con acento en el desarrollo productivo, la generación de empleo y la reprogramación de los pagos de la deuda externa. El apagón dura unos 45 minutos, aun cuando la convocato­ria inicial establecía que sería de sólo cinco minutos. Los veci­nos de las principales ciuda­des del país salen a la calle, gol­peando cacerolas y en algunos lugares concen­trándose en plazas o cortando calles, mientras los automovilistas hacen sonar sus bocinas.

Tanto este apagón como los “escraches” y la instalación de carpas en plazas son presentados como formas de lucha novedosas. Estos dos tipos de acciones son más numerosos en 1998 y 1999. Los “escraches” registrados son 44 en todo el período y son llevados a cabo principalmente por militantes de organizaciones de derechos humanos (sobre todo HIJOS). Son manifestaciones o concentraciones en las que se denuncia a un individuo. En todo caso, lo novedoso es la generalización del término “escrache” para denominar a este tipo de acción.

En cuanto a la instalación de “carpas”, la más conocida y prolongada es la Carpa Blanca de los docentes de CTERA frente al Congreso Nacional en demanda de la sanción de la ley de financiamiento educativo, desde el 2 de abril de 1997. Desde entonces, se han instalado otras, aunque por menos tiempo y con menos trascen­dencia en la sociedad. Por ejemplo, en 1998, taxistas en Capital; policías en Mendoza (“carpa azul”); veci­nos de El Palomar (“carpa negra”); en 1999, trabajadores estatales del Chaco y de Corrien­tes. Estas “car­pas” fun­cionan como punto de reunión de otros manifes­tantes, que apoyan su lucha y reciben el apoyo de los que “acam­pan”.

Los lock outs son llevados a cabo por pequeños y medianos propietarios, tales como productores agropecuarios, comerciantes, propietarios de clínicas y de farmacias, etcétera. Se concentran en 1999.

 

 

A diferencia de otros hechos –los llamados “azos”, que inclu­so suelen ser sobrestimados–, se tiende a ignorar la existencia de huelgas generales durante los gobiernos de Menem, en particular las convocadas por la CGT, mientras que, por el contrario, se recalca –en tono de reproche– una y otra vez la realización de 13 huelgas generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

Sin embargo, a pesar del “olvido” generalizado, se producen nueve huelgas generales entre 1992 y 1999[5]. Cinco fueron convoca­das por la CGT (que también anunció y luego levantó otras tres: en julio de 1992, mediados de 1993 y marzo de 1996):

· 9 de noviembre de 1992, con adhesión parcial;

· 6 de setiembre de 1995, para reclamar la formación de una “mesa de trabajo” integrada por la CGT, los empresarios y el gobierno para formular propuestas para resolver el problema de la desocupa­ción. La CGT reclama entre otros puntos una política tributa­ria “más equitativa”, una modificación del IVA para los pro­ductos de la canasta familiar, facilidad de créditos para las PYMES, defensa de las economías regionales y de la industria nacional competiti­va. La huelga es apoyada por el CTA y el MTA (que reclaman el cambio del “modelo económico del gobierno”), la UCR, el Frente Grande, la CGE, la CAME y la Iglesia.

· 8 de agos­to de 1996, contra la decisión del gobierno nacional de reducir las asignaciones familiares y eliminar los beneficios impositivos para los pagos con tickets canasta. Exigen protección social, negociación colectiva sin restric­ciones y “defensa de los más necesitados”. Apoyan el CTA y el MTA.

· 26 y 27 de setiem­bre de 1996, contra la política económica del gobierno nacional, principalmente el proyecto de mayor “flexibili­zación” de las relaciones laborales y la cuestión del manejo de las obras sociales. Apoyan el CTA, MTA, UCR, Frepaso, 15 diputados del PJ, Nueva Dirigencia, Corriente Grande, PAIS, partidos de izquierda, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y

· 26 de diciembre de 1996, contra tres decretos presidenciales que establecían la “flexibilización” laboral. Apoyan el CTA y el MTA.

Otras tres son convocadas por el CTA y el MTA:

· 2 de agosto de 1994, contra la política socioeconómica del go­bierno nacional;

· 21 de abril de 1995, para repu­diar la situa­ción socioeco­nómica y los incidentes de Tierra del Fuego en los que fue muerto el obrero Víctor Choque.

· 14 de agosto de 1997, contra “el modelo económico y la flexibi­lización laboral”. También es convocada por la Corriente Clasista y Combativa y la Unión Obrera Metalúrgica.

Y una es convocada sólo por la CTA, con la denominación de “Jornada Nacional de Protesta”, el 6 de julio de 1999. Bajo la consigna “Trabajo ya”, reclama “alivio para las urgencias socia­les, la creación de 1.000.000 de puestos de trabajo mediante la reduc­ción de la jornada laboral y un subsidio de $500 para los jefes de familia desocupados”. Es apoyada por la Federación Universitaria Argentina, el Instituto Moviliza­dor de Fondos Coopera­tivos y la Federación Agraria Argentina.

Las nueve huelgas generales se realizan, pues, contra la política económica y social del gobierno nacional en general o contra algunas de sus políticas específicas en el campo laboral.

Las de mayor adhesión son las de agosto y setiembre de 1996, y aquéllas en las que se pone de manifiesto mayor unidad de los cuadros sindicales y mayor apoyo de otras fracciones sociales son las de 1995 y 1996. Si bien no logran revertir la política del gobierno, sus resultados son más exitosos de lo que suele recono­cerse: por ejemplo, la huelga del 26 y 27 de septiembre de 1996 y la amenaza de huelga por tiempo indetermi­nado realizada por la CGT el 18 de noviem­bre del mismo año impi­dieron (en el plano jurídi­co) la im­plantación total de la flexibi­lización labo­ral (a lo que los cuadros políticos e ideológi­cos del gran capital se refieren hoy como las “tareas pendientes” o “deberes inconclu­sos del go­bier­no”).

Estas huelgas generales están entre las 69 acciones de alcan­ce nacional que registramos en el período. Entre las princi­pales realizadas por el movimiento obrero se encuentran la Marcha Fede­ral (1994), la Jornada de Pro­testa Nacional (1995), Jornada Nacio­nal de Duelo (1997) y Marcha Nacional del Trabajo (1997).

Las huelgas generales expresan el interés de los trabajadores asalariados, principalmente los ocupados, acompañados en varias de ellas por otras fracciones sociales. Se proponen la defensa de las conquistas sociales amenazadas por la política que se aplica desde el gobierno, sin plantear ningún proyecto alternativo. A lo sumo, se plantean algunos reclamos que se corresponden con una fase capitalista –la de dominio del capital industrial–, ya agotada en la Argentina y en el mundo.

Constituyen el medio de lucha que articula, sobre todo entre 1994 y 1996, la mayor parte de las acciones de protesta que se producen a lo largo de todo el territorio nacional.

 

 

Este tipo de hecho suele ser presentado como la forma de lucha “novedosa” por excelencia. Sin embargo, lo único “novedoso” es su utilización por parte de fracciones sociales que no solían usarlo antes (como trabajadores asalariados), así como la genera­lización del término para referir­se a lo que antes se llamaba “sentada” o simplemente una concen­tración que da como resultado la interrupción del tránsito.

Hemos registrado 749 acciones en que se utiliza el corte de rutas o de calles. Son realizados principalmente por perso­nifica­ciones de categorías económicas (asalariados, empresa­rios, etcétera) o sociales tradicionales (estudiantes). La mayoría de los que reali­zan cortes, y tal como ocurría históri­camen­te, son “no asala­ria­dos”, fraccio­nes de pequeña y mediana burguesía (pro­ducto­res agropecua­rios, comer­ciantes y otros empre­sarios, estu­dian­tes). Pero este prota­gonismo de los no asala­riados resulta de su activa­ción prin­cipal­mente en 1999: si se consideran los regis­tros hasta octubre 1997 se observa que hasta ese momento “la gran mayoría de los ‘cortes’ son prota­goni­zados por traba­ja­dores asala­riados ocupados (...)”[6]. También se producen unos pocos hechos que son llevados ade­lan­te conjunta­mente por trabaja­dores asalaria­dos y fraccio­nes de pequeña bur­guesía, que conflu­yen en el mismo “cor­te”. Más de un tercio de los cortes son realizados exclu­siva­mente por asala­ria­dos, tanto ocupa­dos como desocupa­dos.

La gran mayoría de las acciones tiene como objetivo obte­ner reivindi­cacio­nes inmedia­tas para los mismos que las realizan[7], mientras que sólo una pequeña proporción está diri­gida a modifi­car políticas de go­bierno (nacio­nal y/o provincial) y van, aunque sea parcial­mente, más allá de ese interés particular e inmediato.

Debemos distinguir, dentro de ellos, a aquellos que constitu­yen un instru­mento subordinado a otra forma que los inclu­ye, que es como históricamente se han presentado (como los piquetes para garanti­zar un lock out o una huelga), de los que se constituyen en el instru­mento principal en un conflicto.

Sin embargo, dentro de este conjunto de cortes se destacan algunos (Cutral-Có en 1996 y 1997, Liber­tador General San Martín en 1997, Tartagal en 1997, Cruz de Eje en 1997) en los que pueden observarse rasgos diferentes: consti­tuyen la ocupa­ción (toma) de una posi­ción que es defendida frente a las fuerzas policiales; los pique­tes son para garanti­zar el corte mismo; son masi­vos; está presente más de una fracción so­cial; los reclamos inclu­yen metas gene­rales, y los reclamos específicos son varia­dos, expresán­dose más de una fracción social; y aunque co­mienzan orga­nizados en multi­secto­riales u otras formas seme­jan­tes, pronto surge una organiza­ción en asamblea y formas de lo que tentativa­mente podemos llamar “demo­cra­cia direc­ta”, lo que conlleva la desinstitucionalización. Estos cortes se desarrollan en el tiem­po y generalmen­te en ellos se produ­cen divi­siones entre quienes están dispuestos a negociar inmediatamente y los que muestran disposición a conti­nuar el conflicto[8].

La toma de decisiones en asamblea y esas formas de “democra­cia directa” han sido interpretadas por algunos como formas de construcción de un doble poder. No se desconoce al gobierno –aunque sí a mediaciones políticas, ya que se rechaza la inter­vención de partidos y dirigentes políticos y sindicales; la única intervención que se acepta en algunos casos es la de la iglesia–, ni tampoco simplemente se le reclaman determinadas medidas; lo que hacen es elegir sus propios representantes para sentarse a nego­ciar con el gobierno de igual a igual, a partir de la posición de fuerza alcanzada por medio del corte de la ruta, para luego eva­luar en asamblea lo actuado por esos representantes en la negocia­ción.

Está presente aquí el rechazo a los políticos, la disposición a la lucha y el reconocimiento de sí mismos en tanto pueblo que se observa también en el motín de Santiago del Estero. ¿Existe alguna continuidad entre el motín y estos cortes, siendo éstos una forma superior en un proceso de desarrollo de la conciencia? ¿Forman parte de un mismo proceso o corresponden a distintos procesos, aún no articulados entre sí?

 

 

¿Cuáles son los principales rasgos del conjunto de acciones de protesta en el período que comenzaría con el motín de Santiago del Estero? ¿Se ha consti­tuido un movi­miento de protesta contra la políti­ca del gobierno?

A partir del registro que hemos elaborado, consideramos que entre diciembre de 1993 y mediados de 1997 existen elementos que permiten plantear que se estaba constituyendo un movimiento de protesta con eje en la acción del movimiento obrero:

· amplio predominio de los trabaja­dores asalariados ocupados en la realización de las acciones (entre el 65% y el 70% del to­tal).

· tendencia a la unidad entre los trabajadores: la cantidad y proporción de acciones realizadas por traba­jadores estatales y privados conjuntamente aumenta hasta 1996; en lo que res­pecta a trabajadores ocupados y desocupados, la mayor cantidad de acciones conjuntas es en la primera mitad de 1997.

· tendencia a la centralización de las luchas económico-corporati­vas y contra políticas de gobierno por medio de la huelga gene­ral: se concentran en 1995 y 1996, años en que se producen cinco (dos y tres respectivamente) de las nueve realiza­das durante los gobier­nos de Menem; son también las que tienen mayor adhesión entre los trabajadores.

· tendencia a la unidad en la acción de los cuadros sindicales: las huelgas generales de 1995 y 1996 son convocadas por todos los agrupamientos sindicales.

· tendencia a un mayor apoyo de las acciones de los obreros por parte de fracciones de otras clases sociales.

· aumento de las acciones dirigidas contra el gobierno nacional y su política: los destinatarios principales de las protestas entre 1993 y 1995 son los gobiernos provinciales, mientras que en 1996 y la primera mitad de 1997 la mayoría de las acciones se dirigen contra el gobierno nacional.

· aumento de las acciones contra la política económica y social: si bien los objetivos de las acciones son mayoritariamente de carácter económico-corporativo, en 1995, 1996 y comienzos de 1997 aumentan los relacionados con la política económica y social del gobierno nacional.

· aumento de acciones producidas en solidaridad con la lucha de otros (sea de fracciones obreras entre sí o con otras clases).

· las acciones que reciben el apoyo de otros, no involucrados direc­tamente en el conflicto, van aumentando hasta que en 1996 consti­tuyen la mitad y en la primera mitad de 1997 el 64,2%.

· los cortes de ruta en los que se producen formas de “democracia directa” se producen en 1996 y 1997.

Sin embargo, desde mediados de 1997 esas tendencias se re­vier­ten (o se interrumpen), dando lugar a una situa­ción de atomi­za­ción en las luchas y, a la vez, de una mayor participación de fracciones de burguesía:

· si bien la cantidad de acciones reali­zadas por asalariados son las que ocupan el primer lugar en todos los años, su proporción sobre el total dismi­nuye desde 1997, hasta ser del 36,9% en 1999. Esto se debe, prin­cipalmente, a que va aumen­tando la parti­cipa­ción de fracciones de burguesía o de perso­nifica­ciones sociales, tales como vecinos, usua­rios y aquellos que hemos agrupado como “otros”, que mayoritariamente no se movilizan en tanto proleta­rios[9].

· las huelgas generales son menos y con mucho menor adhesión.

· división entre los cuadros sindicales: las dos últimas huelgas generales son convocadas sólo por parte de los agrupamientos sindicales.

· los cortes de rutas y calles se generalizan pero sin las carac­terísticas de los señalados anteriormente: son protagoni­zados en primer lugar por fracciones de pequeña burguesía y la mayoría constituyen un instrumento subordinado a otra forma que los inclu­ye.

· disminución de las acciones dirigidas contra la política del gobierno; aumenta la proporción de luchas económico-corporativas.

· las acciones que reciben el apoyo de otros disminuyen hasta ser sólo de un 25-30%.

Desde mediados de 1997, pues, las luchas se multiplican pero de manera atomi­zada, siendo principal­mente de carácter económico-corporativo y con un mayor protago­nis­mo de fracciones de burguesía. Este cambio en la tenden­cia –anticipado por el apagón convo­cado por la oposi­ción oficial– se da simultáneamente con la forma­ción de la Alian­za UCR-Frepa­so, que es la que finalmente aparece canalizando esta protesta, tal como se pone de manifies­to en las elecciones de octubre de 1999.