Guerra, neoliberalismo e intervención imperialista de Estados Unidos en Colombia.

Colombia se debate en la más profunda crisis económica, política y social de su historia. En estos momentos se observa una generalización y deterioro de la guerra, oficialmente no declarada ni reconocida, que se incrementará en los meses próximos por la activa intervención de Estados Unidos mediante su contribución de 1.200 millones de dólares para el denominado Plan Colombia, que es impulsado por el gobierno de Andrés Pastrana. Este panorama se inscribe en el ámbito de un proyecto neoliberal que está en marcha desde hace 10 años, con todas sus consecuencias negativas para las vastas mayorías del país. En este artículo intentamos trazar un panorama general sobre la actual y compleja situación colombiana.

 

 

En 1990 se adoptó oficialmente en Colombia el modelo neoliberal, que implicó el abandono abrupto de todas las medidas proteccionistas de la economía nacional, lo que se hizo con la suposición de que adoptando una apertura económica total e indiscriminada el país atraería capital extranjero, fortalecería el sector exportador y, como resultado de la afluencia de divisas por exportaciones, aumentaría el empleo y se mejoraría el nivel de vida de la población. Este diagnóstico, expuesto aquí en forma esquemática, pues es de sobra conocido por su aplicación en diversos lugares del mundo, originó una radical apertura de la economía colombiana, proceso que ha sido complementado con la desregulación financiera, la privatización de importantes empresas del sector público y la flexibilización laboral. Hoy ya se pueden evaluar los resultados de la adopción del modelo neoliberal, incluso apoyándose en los indicadores macroeconómicos convencionales. En 1999 todos esos indicadores fueron negativos: la tasa de desempleo fue del 21 por ciento, la cifra oficial más alta en la historia del país, y eso sin contar con las formas disfrazadas de desempleo y la generalización de la economía informal; la economía tuvo un decrecimiento del 5 por ciento, siendo el peor año desde que se llevan registros estadísticos en el país; la deuda externa alcanzó el récord histórico de 36 mil millones de dólares, representando el 41 por ciento del Producto Interno Bruto; se acentuó el déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, como resultado de la necesidad de financiar la economía interna mediante los prestamos y las divisas externas; la pobreza absoluta (es decir, personas que devengan menos de un dólar diario) se incrementó alcanzando, según diversos estudios, la cifra de más de 20 millones de personas, y, como resultado obvio de lo anterior, se ha acrecentado la diferencia entre la minoría opulenta con mayor ingreso y las vastas mayorías carentes de empleo y de salario, un 41 por ciento de las cuales se vio obligada a reducir su consumo de alimentos en 1999; se calcula que el año anterior emigraron del país unas 800 mil personas, la mayor parte hacia los Estados Unidos. En síntesis, en todos los aspectos 1999 ha sido el peor año en materia económica de todo el siglo XX en Colombia. ¿Cuáles son las razones fundamentales para explicar esta situación? La mayor parte de los comentarios oficiales y de los gremios económicos, que representan a diversas fracciones de las clases dominantes, señalan a la violencia y a la existencia de la guerrilla como la razón fundamental de la crisis económica, dejando de lado las consideraciones relativas a los efectos perversos del neoliberalismo, cuyos resultados son similares a los que ha generado en todos los lugares del mundo donde se ha aplicado. Porque en la práctica el modelo neoliberal es una variable independiente con respecto a factores específicos de la sociedad colombiana (como son el peso del narcotráfico, la existencia de la guerrilla y la acentuación de la violencia) que aunque desde luego inciden no se pueden considerar como factores determinantes sobre el modelo neoliberal, impulsado por las clases dominantes como forma de vincularse a la globalización en boga.

Una década de experimentación neoliberal ha sido suficiente para ver sus resultados negativos, opuestos a los anuncios triunfalistas de los ideólogos del pensamiento único. En lugar de diversificarse la industria nacional mediante la competencia, la pequeña y mediana industria han desaparecido y en vez de generarse desarrollo tecnológico y modernización del aparato productivo lo que se ha presentado es la afluencia masiva de mercancías de mala calidad y productos suntuarios para la burguesía y fracciones minoritarias de la pequeña burguesía (como marcas sofisticadas de automóviles, teléfonos celulares, computadores, etc.). Tampoco se ha consolidado ningún renglón exportador significativo y el país sigue atado a la venta de materias primas tradicionales (entre las que sobresale el petróleo), con el agravante de que el café, históricamente nuestro principal producto de exportación, ha sufrido una caída importante en su cotización internacional que ha incidido en la crisis de las económicas cafeteras del centro y occidente del país. En la agricultura las cosas no son diferentes, puesto que como resultado de la apertura el sector comercial prácticamente desapareció al ser forzado a competir, sin ningún tipo de protección, con las multinacionales. El área sembrada de algodón, soya, palma africana, maíz, sorgo y ajonjolí se ha reducido sensiblemente o ya no existe, y Colombia ha pasado en esos renglones de autoabastecedor a importador, con las consecuencias negativas que eso genera en materia de seguridad alimenticia. El resultado del neoliberalismo en el campo colombiano no puede ser más lamentable: en la última década han dejado de ser cultivadas 1.700.000 hectáreas que ahora se encuentran abandonadas o dedicadas a actividades especulativas; se ha incrementado el éxodo demográfico a las ciudades y peligra el abastecimiento en cultivos de pan coger (yuca, papá, plátano) producidos por los pequeños agricultores que constituyen la reserva alimentaria de las ciudades colombianas.

El otro componente esencial del neoliberalismo es su política de privatización de las empresas públicas, entre las que se destaca la venta a bajo costo de las entidades energéticas, de telecomunicaciones y de los bancos oficiales, sectores que han sido adquiridos a precios irrisorios por multinacionales y bancos europeos. En Colombia, donde nunca ha existido un Estado económicamente fuerte, estamos presenciado una reducción absurda de los servicios públicos (energía, telecomunicaciones, educación, transporte, salud y seguridad social), todos privatizados o en curso de serlo, sin que para nada se haya mejorado su calidad, ni se haya ampliado su cobertura ni mucho menos se hayan reducido los precios que se cobran a los usuarios. Las privatizaciones solamente han servido para que se haga una transferencia fácil, rápida y antidemocrática de los activos públicos al capital privado nacional y transnacional sin ningún tipo de exigencia en cuanto a calidad se refiere. Teniendo en cuenta los niveles de corrupción, pública y privada predominantes en este país, no es sorprendente que la privatización tampoco haya tenido los resultados benéficos para los consumidores que sus adalides anunciaban y que haya sido un robo orquestado entre funcionarios del Estado y sus familiares, amigos y socios del país o del exterior.

 

Y el otro componente básico del neoliberalismo, a todas luces su objetivo principal, es la flexibilización laboral. Los trabajadores colombianos, tanto de las ciudades como del campo, han soportado todo el peso negativo del modelo neoliberal, cuyo índice más revelador es el del desempleo que ha venido creciendo en los últimos 5 años hasta llegar a la cifra del 21 por ciento, una de las más elevadas de toda América latina. Como para indicar que el neoliberalismo y la violencia van de la mano, solo baste mencionar que según una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que visitó a Colombia en los primeros meses del 2000, en este país se presenta el récord mundial de exterminio físico de los sindicatos, puesto que entre 1987 y 1999 fueron asesinados 2700 activistas o dirigentes gremiales de los trabajadores. La flexibilización laboral se ha manifestado en el despido masivo de trabajadores de las empresas públicas y privadas. En la Caja Agraria, entidad pública en la que se adelanto una antidemocrática reforma, declarada inconstitucional incluso por las Altas Cortes del país, de la noche a la mañana fueron arbitrariamente despedidos 7000 empleados; lo mismo ha sucedido en Bancos Públicos, empresas de energía y teléfonos, hospitales, colegios y universidades. Para acabar de completar, ha desaparecido la estabilidad laboral y se ha generalizado el empleo precario y a corto plazo. Actualmente está en marcha una nueva "Reforma Laboral", recomendada por el Fondo Monetario Internacional, bajo el pretexto de reducir el déficit fiscal, en la que se propone ampliar la edad de jubilación de las mujeres a 62 años y de los hombres a 65 (actualmente esas edades son de 55 y 60 años respectivamente), lo que resulta revelador si se recuerda que la esperanza de vida del colombiano promedio es de 67 años. De la misma manera, el salario real de los trabajadores ha conocido una reducción apreciable en la última década como resultado de una política austera en materia salarial por parte del Estado colombiano, bajo el pretexto de que los incrementos salariales superiores a los niveles de inflación registrados anualmente provocarían más inflación. Así, en este año el incremento del salario mínimo fue de sólo 15 dólares ya que paso de 115 dólares en 1999 a 130 dólares en el 2000, siendo este el ingreso del 85 por ciento de la población empleada. Además, por primera vez en treinta años, solamente se incrementó la remuneración nominal de los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales (esto es 260 dólares) sin que al resto de la población asalariada se le haya reconocido algún tipo de aumento. Con estos niveles de ingreso del pueblo colombiano, era apenas lógico que cayera súbitamente la demanda y la economía entrara en un ciclo recesivo en el que hoy se encuentra. Con esa política de austeridad salarial, junto con el desempleo, amplias mayorías de la población se encuentren en proceso de pauperización, como se observa cotidianamente en las grandes ciudades donde ha aumentado la mendicidad y la delincuencia.

 

Para completar la implementación del paquete neoliberal, en las ciudades colombianas se vienen adelantando campañas, ampliamente orquestados por los medios de comunicación, en las que se pretende recuperar el centro de las mismas para el capital privado, para el sector financiero internacional o para el turismo. Con tal propósito se ha venido expulsando y reprimiendo a los miles de vendedores ambulantes y de trabajadores informales que diariamente luchan por ganarse un magro ingreso de subsistencia, generándose una campaña de criminalización de esos sectores para justificar su persecución. Esto se complementa, desde luego, con la existencia de grupos de limpieza social encargados de asesinar a mendigos, vagos, prostitutas, homosexuales o simplemente pobres, por considerarlos incómodos para el modelo de ciudad neoliberal que impulsan los alcaldes yuppies de las principales ciudades del país.

Obviamente, con el neoliberalismo han salido beneficiados minoritarios sectores, empezando por el capital financiero nacional e internacional -aunque ahora también haya dejado de percibir las cuantiosas ganancias que obtuvo en los primeros años de la apertura. Las políticas económicas diseñadas por la Junta Directiva del Banco de la República -la principal autoridad económica y monetaria del país- apuntan a beneficiar al capital financiero, como se demostró con las tasas de interés de ficción (hasta del 80 por ciento en un determinado momento en 1999), que le permitieron ganar cifras fabulosas en los procesos de intermediación financieras a costa del trabajo y el ahorro de los empleados y trabajadores por medio de un gravoso sistema de financiación de vivienda (Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC) con el cual la persona que compra una casa resulta pagándola, si alcanza a hacerlo, 10 o más veces por encima de su valor real y en la mayoría de las ocasiones pierde la casa, el dinero que ha adelantado y queda endeudado. Ante la crisis del sistema UPAC, expresada en que 600 mil familias deudoras no estaban en capacidad física de pagar, el gobierno en acuerdo con el sistema financiero le cambió de nombre al sistema pero dejo su esencia, para que los grandes grupos financieros sigan percibiendo jugosas ganancias. Otros sectores de la alta burguesía se han visto beneficiados por el neoliberalismo en la medida en que ahora se les ha facilitado la importación de lujosos automóviles y mercancías suntuarias, libres de gravámenes y de impuestos. Son esos mismos sectores los que han convertido los barrios de las ciudades en búnkers impenetrables, convenientemente aislados de la pobreza generalizada que los circunda.

En el plano económico, como resultado del neoliberalismo y de la apertura económica se ha fortalecido los 5 grandes grupos económicos que controlan las principales actividades productivas y especulativas del país. Han aumentado el grado de concentración económica y los monopolios han mantenido sus ganancias, gracias al empobrecimiento de las mayorías nacionales. Las privatizaciones, la flexibilidad laboral, el desempleo han beneficiado a los monopolios nacionales e internacionales, aunque otros sectores de la burguesía industrial y agraria hayan sido golpeados o absorbidos por los 5 grandes grupos económicos que controlan la actividad económica nacional. Este proceso, como se sabe, es típico del capitalismo, en el que el pez más grandes devora a sus congéneres menos poderosos.

El neoliberalismo ha polarizado la sociedad, puesto que una ínfima minoría -los que se presentan a sí mismos como "ciudadanos del mundo" y los agentes de la "globalización"- se ha beneficiado y han concentrado el ingreso, mientras que la mayor parte de la población ha visto reducidas sus posibilidades de vivir dignamente, por ganar salarios paupérrimos los que tienen empleo, o porque los demás soportan los rigores de la "flexibilización", esto es desempleo y miseria.

En la actualidad ante el "monitoreo" a que está siendo sometida la economía colombiana por el Fondo Monetario Internacional, en virtud de un préstamo de 2700 millones de dólares, el ajuste económico se va haciendo cada día más insoportable. Como resultado del convenio con el FMI se ha puesto en marcha una nueva "reforma laboral", que ha generado miles de despidos de trabajadores del sector público (se calcula que como resultado de esos acuerdos con el FMI sean despojados de sus empleos en los próximos meses unos 100 mil trabajadores) bajo el pretexto de racionalizar el gasto público y reducir el déficit fiscal. También está en marcha una reforma fiscal encaminada a ampliar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que afecta el consumo de los sectores más pobres pero que pretende disminuir el impuesto a la renta y al capital. Así mismo, como resultado de esos "convenios" en enero de este año solamente se aumento el salario mínimo legal en un 10 por ciento, como ya se ha dicho, y se ha anunciado que en el próximo año ese aumento será de un 5 por ciento y, por prescripción de los "médicos financieros de Washington", se ha decretado que la nómina del Estado sea reducida drásticamente y que las personas pensionadas no sean reemplazadas en ningún caso.

 

En conclusión, las perspectivas de que la crisis económica termine rápidamente son poco probables en vista del reforzamiento del modelo neoliberal, lo que agravara aún más la situación de pobreza y de miseria del 75 por ciento de la población colombiana, lo que se convierte en una explosiva bomba de tiempo, si se tiene en cuenta que la pequeña burguesía (tradicionalmente la "clase colchón") está en vía acelerada de desaparición, lo que como se sabe puede suscitar cualquier cosa, como el fascismo. No por casualidad, los grandes diarios y medios de comunicación de las clases dominantes colombianas han empezado a presentar la imagen de que los paramilitares (grupos de asesinos auspiciados por el Estado y las clases dominantes) son el brazo armado de la golpeada clase media colombiana.

 

 

Si en Colombia, como acontece en la mayor parte de países pobres del mundo, el modelo neoliberal no estuviera acompañado del narcotráfico y de violencia política, la situación no sería diferente del resto de países azotados por la peste neoliberal ni tampoco este país sería noticia mundial. Así como para los medios no es noticia la terrible condición de hambre, miseria y explotación que se vive en Rusia, Rumania, Bulgaria, en los países subsaharianos, en los de América central y el Caribe o en Bolivia y Perú, tampoco lo sería la miseria de Colombia si es que está no estuviera acompañada de narcotráfico y guerrilla. Porque efectivamente, lo que le da ese matiz tan particular al caso colombiano, es el extraordinario impacto del narcotráfico en nuestro tejido social y cultural y la permanencia del movimiento guerrillero, pese al fin de la Guerra Fría, a la caída del Muro de Berlín y a la retórica sobre el "nuevo orden mundial". No por casualidad estos dos procesos son los que han hecho que Colombia esté en la mira de Estados Unidos, como veremos más adelante.

Examinamos de manera sucinta las características de la violencia en Colombia, con el riesgo que se corre de incurrir en esquematismos al tratar un tema tan complejo en tan poco espacio. La violencia en Colombia no es ni reciente ni tampoco se reduce al plano político, como comúnmente se cree. Violencia, entendida como un comportamiento recurrente para dirimir las contradicciones sociales y políticas mediante la eliminación o la intimidación del adversario, existe en Colombia desde hace más de medio siglo, habiéndose extendido hasta los más diversos aspectos del tejido social en sucesivas fases que desembocan en la situación actual. Incluso la violencia política tuvo unas características particulares hasta la emergencia del narcotráfico como un poder organizado a fines de la década de 1970, lo que ha cambiado sustancialmente la situación, hasta convertirse hoy en un componente distintivo de la vida nacional. La violencia en Colombia es múltiple, pudiéndose apreciar en la actualidad diversas facetas, que consideramos de manera sucinta.

 

En primer lugar hay que hablar de la violencia política, referida a la acción de sectores guerrilleros contra el Estado, como resultado de un sistema político intolerable y excluyente que no ha posibilitado la existencia de espacios de acción política a fuerzas diferentes al bipartidismo, ya que muchas de esas fuerzas que han intentado desarrollar una actividad política legal han sido perseguidas y eliminadas. El caso más reciente y el más aterrador ha sido el de la Unión Patriótica -una organización surgida de los diálogos de paz adelantados en 1984 durante el gobierno de Belisario Betancurt, organización que nucleaba a sectores del Partido Comunista de Colombia y a otros sectores políticos próximos a ese partido-, de la que fueron asesinados 5000 de sus miembros entre 1984 y 1995, lo que llevo a su desaparición física. Esto debe ser considerado como un verdadero genocidio político, categoría que en nuestro caso hay que emplear pues indica que una colectividad es eliminada en forma consciente y premeditada por sus concepciones políticas e ideológicas. Entre paréntesis, se debe anotar que una Ley del Congreso de la República en el que por primera vez se tipifica como delito la desaparición forzada y el genocidio político -que fue aprobada a instancias de la ONU y de diversas organizaciones de derechos humanos- fue impugnada directamente por la Presidencia de la República y los altos mandos de las Fuerzas Armadas por considerar que impedía la lucha contra la subversión y los grupos guerrilleros. Esto indica, pues, que en el fondo el Estado colombiano sigue reivindicando la impunidad en sus acciones, como ha sido la característica de los ejércitos latinoamericanos amparados en la doctrina de la Seguridad Nacional, adiestrados y adoctrinados por Estados Unidos desde la tristemente célebre Escuela de las Américas -denominada por Eduardo Galeano como la "Fábrica de Dictadores"-, en la que todavía hoy cada año se "capacitan" más de 60 oficiales del ejército colombiano.

 

Pero existe en la actualidad otro tipo de violencia, la más brutal y criminal de todas, ejercida por lo que se han denominado elegantemente grupos paramilitares, consistente en eliminar a todas aquellas personas que se consideran como auxiliares reales o potenciales de la guerrilla, principalmente en las zonas agrarias. La violencia paramilitar recurre a masacres indiscriminadas contra campesinos, a los que con criminal sevicia se tortura y mutila, para intimidar y aterrorizar a la población en general. Masacres de este tipo se han convertido en práctica cotidiana en Colombia desde 1988. Es evidente, como lo indican los recientes informes sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de algunas ONG's, que este tipo de crímenes se han podido realizar en completa impunidad, porque ha contado con la participación activa de organismos del Estado colombiano, y en primer lugar del Ejército. Aún más, se puede decir que el método contrainsurgente preferido por el Estado colombiano ha sido el paramilitar, método que para ese Estado presenta varias "ventajas": no tiene que someterse a ningún tipo de control por parte de los ciudadanos; le permite operar fácil e impunemente en cualquier lugar del país; cuenta con el apoyo económico abierto, pero no legalizado en las cuentas oficiales del Estado, de industriales, terratenientes, ganaderos para financiar y armar a grupos de criminales; la violación de los Derechos Humanos no se le imputa directamente a agentes del Estado sino a sectores privados, etc.

 

El proyecto paramilitar está respaldado no solamente por el Estado y el Ejercito, sino que es apoyado financiera, operativa e ideológicamente por importantes sectores de las clases dominantes, y sus intelectuales a través de los medios de comunicación, que lo ven como el medio para remediar la incapacidad militar del Estado colombiano para doblegar a la guerrilla, así como para eliminar abiertamente a dirigentes sindicales y agrarios considerados como obstáculos incómodos en el proceso de acumulación de capital. Porque no se puede explicar de otra forma que desde 1997 se hayan presentado en el país 850 masacres en la que han sido asesinadas miles de personas, sin que el Estado ni el Ejército hayan impedido ninguna de esas acciones, cuando la mayoría de ellas son anunciadas con anticipación por parte de los grupos paramilitares.

 

Desde el punto de vista económico y social el paramilitarismo representa en el campo a los terratenientes, a grandes ganaderos, a comerciantes a ciertos industriales y a mafiosos, para los cuales el objetivo prioritario ha sido el de implementar una auténtica contrarreforma agraria, que se ha manifestado en el asesinato, expropiación y expulsión violenta de miles de campesinos en las diversas regiones del país, para ensanchar las grandes propiedades y acaparar las tierras de los pequeños cultivadores. El resultado está a la vista: en Colombia, según las Naciones Unidas, se presenta una de las más elevadas cifras de desplazamiento interno de población. Existen en estos momentos dos millones de colombianos desplazados que se han visto obligados a abandonar sus tierras por la presión de los paramilitares, con el beneplácito de las clases dominantes y del Estado. Naturalmente no sólo existe la preocupación de controlar la tierra, sino que en algunas regiones incluso se presenta una alianza entre paramilitares y empresas multinacionales con la pretensión de garantizar el monopolio en la explotación de un determinado recurso (el oro en el sur del Departamento de Bolívar o el petróleo en sectores de los Llanos Orientales).

 

La característica más terrorífica de la violencia actual está dada por los crímenes paramilitares, por su ámbito geográfico extendido por diversos lugares del país así como por el apoyo implícito del Estado y del ejército como estrategia de lucha contrainsurgente y por el respaldo de Estados Unidos. Recientemente, diversos documentos que han circulado en el Senado de Estados Unidos han puesto de presente este triple vínculo (Estados Unidos-Ejercito colombiano-Paramilitares) en el caso de la masacre de Mapiripán (un pequeño pueblo en el Departamento de Meta, en los llanos orientales de Colombia) donde en 1997 fueron masacrados más de 70campesinos por paramilitares provenientes del otro extremo de la geografía colombiana (del departamento de Córdoba) que fueron transportados en aviones del ejército y recibidos en una base militar en la que se encontraban asesores de Estados Unidos que estaban adiestrando al ejército colombiano. Como para que no quedara duda del poder parmilitar, el periodista que escribió la crónica, a partir de fuentes norteamericanas, en la que demostraba los nexos de esta trilogía del terror (Made in USA) se ha visto obligado a abandonar el país por las continuas amenazas contra su vida, tras la publicación del artículo en el diario El Espectador de Bogotá el 27 de febrero del 2000.

 

Pero aunque este tipo de violencia domina hoy el panorama colombiano, hay otras formas de violencia que de igual manera desestructuran la sociedad. Tenemos, de una parte, la violencia ejercida contra los líderes sindicales y agrarios, dirigentes indígenas, defensores de Derechos Humanos, intelectuales de izquierda y estudiantes universitarios muchos de los cuales han sido asesinados y otros han sido obligados a abandonar el país sin que el Estado implemente medidas efectivas para su protección. En la ciudad de Medellín circulan panfletos de los paramilitares en los que se ofrece una suma de dos millones de pesos (1000 dólares) por el asesinato de cualquiera de los activistas sociales, considerados en la lógica asesina de los paramiltares como "guerrilleros desarmados". En distintas universidades del país también circulan comunicados macabros en los que, con nombres propios, son sentenciados a muerte profesores y estudiantes. El carrusel de la muerte ha empezado en la Universidad de Antioquía (en Medellín), donde en 1999 fue asesinado uno de los estudiantes que aparecía en esa fatídica lista y ha continuado en la Universidad de Córdoba (en la norteña ciudad de Montería) donde el 22 de mayo de este año fue miserablemente asesinada la estudiante de Ciencias Sociales Marilys de la Ossa, sin importar que tuviera un embarazo de cinco meses, por un comando paramilitar.

 

De otra parte, se encuentra la limpieza social adelantada sistemáticamente desde hace muchos años en pueblos y ciudades contra aquellos que son considerados "indeseables" o "desechos sociales", los cuales son asesinados en las afueras de las ciudades por grupos de criminales, financiados por industriales y comerciantes, y en los que participan miembros activos y retirados de los cuerpos de seguridad del Estado.

 

En fin, encontramos la violencia social que genera el neoliberalismo, con toda la descomposición que origina por el desempleo, la perdida de seguridad en el trabajo, la privatización de los servicios públicos, el cierre de hospitales y escuelas, etc. Como resultado ha aumentado en los últimos años la delincuencia y todo tipo de actividades ilícitas, las que en muchos casos son resultado de la desesperación que origina la terrible situación económica. Pero junto a la delincuencia que se produce entre los sectores pobres de la sociedad -la más criminalizada por los medios de comunicación-, que ha llevado a un inusitado aumento del número de prisioneros en las cárceles colombianas, atiborradas de personas humildes, existe la delincuencia de las clases dominantes, cuyos miembros "más ilustres" saquean el erario público, participan en negociados millonarios que resultan de la privatización de los activos públicos de la nación y organizan una verdadera cruzada de la corrupción en la que no hay límite al robo y al saqueo de los recursos del Estado. No es en este sentido casual que Colombia sea uno de los países más corruptos del mundo, con un nivel de impunidad del 97 por ciento de los delitos que se cometen. En estos momentos se acaba de conocer un nuevo caso de corrupción realizado en la Cámara de Representantes, que llevo a renunciar al presidente de esa corporación, por un monto de 5500 millones de pesos (cerca de 3 millones de dólares), y esto mismo es el pan diario en todas las entidades públicas, que han sido tomadas como botín de guerra por los neoliberales para aumentar sus riquezas y las de sus familias, como sucede entre ministros, alcaldes, gobernadores y gerentes de entidades del estado.

 

 

En medio de todo este panorama desolador, del que tan sólo hemos esbozado un cuadro global, se iniciaron las conversaciones de paz entre diferentes sectores del movimiento guerrillero y el actual gobierno de Andrés Pastrana, a comienzos de 1999. Este hecho, manejado de una forma irresponsable por los medios de comunicación, ha sido presentado como la última posibilidad de solucionar los conflictos internos del país para poner fin a la violencia. El hecho no se ha analizado con la cautela que merece, es decir, como un paso inicial en el difícil y tortuoso camino para lograr una solución política al conflicto armado que se vive en Colombia, que no se solucionara de un día para otro y sin tomar medidas radicales que garanticen la existencia de sectores políticos distintos a las fuerzas bipartidistas que han dominado el panorama colombiano durante un siglo y medio. Para analizar esta situación es pertinente efectuar algunas consideraciones sobre el movimiento guerrillero, sus características, posibilidades y limitaciones.

La guerrilla colombiana es resultado de un proceso histórico de resistencia campesina, muy ligada a la expansión colonizadora de importantes reductos agrarios desde la década de 1950, producto de la concentración de la propiedad agraria por terratenientes y empresarios. La guerrilla ha seguido siendo, pese al proceso de urbanización, fundamentalmente rural, siendo el campo donde se encuentra su base de sustentación social y económica. Allí se encuentra su fuerza y su debilidad al mismo tiempo, puesto que tiene unos presupuestos ideológicos muy ligados a su origen agrario y a las reivindicaciones históricas de los colonos y campesinos -y ahora de los raspachines*que laboran en la producción de la hoja de coca-. Este es la base del proyecto ideológico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más importante del país y una de las más antiguas que existen en el mundo. Pero hay se encuentra también su limitación por su incapacidad para adquirir influencia y presencia política en los grandes centros urbanos y ligarse a las luchas económicas y políticas adelantadas por sectores sindicales y citadinos.

Desde el punto de vista estrictamente militar, las FARC han adquirido importancia en los últimos años con la ampliación de sus frentes por diversos lugares del país, pero esa expansión geográfica no se ha visto complementada con un reforzamiento ideológico y político que posibilite la construcción de un proyecto alternativo de izquierda, con un nuevo discurso anticapitalista en estos tiempos de globalización y neoliberalismo. Obviamente, que la responsabilidad no solamente es del movimiento guerrillero sino de toda la izquierda legal -o mejor, de lo poco que queda de ella- puesto que en general se observa la ausencia de una reflexión y de un trabajo político que apunte a la reconstrucción de un amplio movimiento que enfrente al proyecto neoliberal impulsado por el bloque en el poder. Hasta ahora las medidas y las proposiciones han sido puramente defensivas, sin que se constituyan en una propuesta global y coherente, en la que se articulen las reivindicaciones de los sectores sociales con las del movimiento insurgente, y este último tampoco ha tenido la capacidad de generar un movimiento que vaya más allá de sus propios intereses inmediatos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Colombia no es una democracia política real en la que se garantice la vida de los opositores y de quienes tienen un discurso anticapitalista, como para pensar que aquí se puede desarrollar una actividad política normal -como sucede en Francia, Italia o Estados Unidos-, legal y "amparada" por el Estado. Eso aquí no pasa de ser una quimera, puesto que todos aquellos que piensan -en el sentido fuerte de la palabra- y que discrepan con el sistema dominante, son rápidamente eliminados, pues su sola existencia incomoda a las clases hegemónicas, cuya cultura política se caracteriza por la intolerancia y por la eliminación física del adversario, lo cual es una pesada herencia legada desde los tiempos en que el catolicismo como institución se alió con el partido conservador para perseguir y eliminar a todos sus contrincantes, reales o imaginados, y que todavía en nuestro medio se mantiene bajo una lógica claramente anticomunista, propia de la Guerra Fría. En este sentido, no es un contrasentido decir que en Colombia la Guerra Fría no ha culminado, ya que los términos de referencia políticos, la acción contrainsurgente y la persecución de la izquierda se apoyan en los mismos presupuestos que predominaban en el mundo hasta hace una década.

Sobre los reales alcances, inmediatos, de las conversaciones de paz no hay que hacerse muchas ilusiones, por varias razones. En primer lugar, el crecimiento militar del movimiento guerrillero -que es lo que ha obligado al Estado a iniciar diálogos de paz- no es muy bien visto ni por el ejército ni por Estados Unidos, para los cuales una guerrilla fortalecida militarmente es un peligro, sobre el que además se exagera hasta la saciedad, para convencer a todo el mundo que el ejército colombiano puede perder la guerra sí no se moderniza y se dota de un sofisticado equipo de guerra. En segundo lugar, la lógica paramilitar de la política contrainsurgente del Estado colombiano preocupa seriamente y con razón al movimiento guerrillero, puesto que se cierne el peligro sobre la vida de todos los habitantes en zonas de tradicional influencia guerrillera, lo que impide las posibilidades futuras de construir un movimiento legal de masas. En tercer lugar, la guerra se ha incrementado a medida que se habla de paz, teniendo en cuenta que el objetivo tanto del ejército como de la guerrilla es alcanzar más fortaleza para negociar en mejores condiciones en la mesa del diálogo. Eso ha hecho que en el último año se haya recrudecido la guerra y hayan aumentado las masacres realizadas por los paramilitares que han alcanzado la cifra de 500 en el tiempo transcurrido desde enero de 1999, cuando se iniciaron las conversaciones de paz entre el Estado y las FARC. Esto indica, que diversos sectores de las clases dominantes y del mismo Estado han asumido como táctica de ablandamiento de la guerrilla las masacres en aquellas zonas de influencia del movimiento insurgente.

Así mismo, como el gobierno ha adoptado la estrategia de dialogar con las FARC y de excluir a los otros grupos guerrilleros (el Ejercito de Liberación Nacional -ELN y el Ejército Popular de Liberación- EPL), éstos han adoptado estrategias desesperados (secuestros indiscriminados en iglesias y de un avión comercial) para lograr reconocimiento político y para que el gobierno se decida a hablar con ellos. Estos hechos, junto con los numerosos crímenes paramilitares, han llevado a un deterioro de la guerra, que cada día adquiere connotaciones más dantescas. Esta situación no tiene perspectivas de modificarse en el corto y mediano plano, a pesar de que en estos momentos se esté hablando de iniciar un proceso de dialogo entre el ELN y el estado colombiano.

Otro de los problemas de la guerra, es que las FARC no han sido del todo explícitas en relacionar el neoliberalismo con el dialogo, aunque en los últimos días han realizado algunas referencias al respecto, lo que produce una escisión entre el movimiento armado y los movimientos sociales. Esta es una de las fracturas fundamentales que incidirán en el futuro inmediato en la consolidación de los diálogos de paz o en la radicalización de la guerra, y que se constituye en un reto para afrontar al neoliberalismo y constituir un bloque de resistencia en el campo y en las ciudades colombianas acompasado por un programa real de democratización del país.

Pero, indudablemente, el elemento clave que agudizará la guerra es la injerencia de Estados Unidos, cuya intervención en el conflicto colombiano ya rebaso el plano puramente académico, puesto que está claro que el gobierno de Estados Unidos decidió desde hace tiempo no intervenir directamente - si por tal se entiende el desembarco de tropas de combate- pero si inyectar fondos, recursos y asistencia técnica y militar en apoyo directo del Estado colombiano y de sus fuerzas armadas. Tan importante es ese respaldo que en estos momentos Colombia es el Tercer país del mundo en recibir ayuda militar de los Estados Unidos después de Israel y Egipto. La presencia de asesores militares, de instructores, el incremento de material de guerra de Estados Unidos es indiscutible, como se evidenció en 1999 cuando en extraña circunstancias se accidentó un avión militar, desconocido en nuestro medio, que tiene la capacidad de reportar en forma exacta, de día y de noche, el movimiento de tropas terrestres o anfibias. Fue todavía más llamativo que el avión estuviera piloteado por un miembro activo del ejercito de Estados Unidos.

 

Estados Unidos, en nombre de su cruzada seudomoralista contra el narcotráfico, ha justificado la inversión militar, la fumigación criminal de cultivos ilícitos, la construcción de sofisticadas bases en diversas zonas del país, el aumento de personal colombiano en plan de "preparación" en centros académicos del las Fuerzas Armadas norteamericanas, y el incremento de la ayuda económica para sostener al ejército colombiano. Incluso, antes era extraño que a Colombia vinieran funcionarios de alto rango del gobierno de Estados Unidos, y hoy es inusitado el desfile casi diario por nuestro territorio del Zar Antidrogas de los Estados Unidos, o del Director de la DEA, o de senadores de ese país, y hasta de la Secretaria de Estado norteamericana. ¿Por qué ese repentino interés en Colombia por parte del imperialismo norteamericano? ¿En qué radica nuestra importancia geopolítica actual, como para que la primera potencia del mundo decida intervenir activamente en el país? La respuesta no parece difícil de encontrar, si nos situamos en el panorama geopolítico de esta parte del mundo. En Colombia existen importantes recursos naturales (petróleo, oro, carbón, níquel, madera, esmeraldas) en los que las multinacionales han puesto sus ojos y Estados Unidos está interesado que sean sus empresas las que se beneficien de tales recursos. Por eso claman por tranquilidad y paz para la inversión extranjera, e imponen a través del Fondo Monetario, por ejemplo, condiciones cada vez más favorables a sus intereses, encaminadas a impedir la movilización social de los trabajadores. Colombia también es un tesoro de biodiversidad, una nueva fuente de conflictos e intereses con los países imperialistas, que están interesados en asegurarse el reparto y apropiación de la riqueza biológica y genética, en la que las multinacionales de Estados Unidos llevan la delantera. Adicionalmente, la reciente "devolución" del canal a Panamá lleva a Estados Unidos a reforzar su presencia en las zonas circunvecinas, y Colombia limita con Panamá. El movimiento insurgente en Colombia, por su capacidad militar, preocupa sobre manera a Estados Unidos, que lo ve como la fuente de un potencial peligro desestabilizador que no está dispuesto a tolerar, máxime cuando no está clara la situación de Venezuela ni de Ecuador, y además el ejército colombiano ha sufrido duros reveses en los últimos años. No debe olvidarse, por ejemplo, que las FARC tienen en su poder como prisioneros de guerra a 500 soldados capturados en combate, lo que indica cierto dominio territorial, una gran capacidad logística y la existencia de una retaguardia relativamente segura en algunas zonas bajo su influencia.

Otra razón, que en la retórica de Washington encabeza la lista, es la del narcotráfico, puesto que Colombia sigue siendo considerada como el primer país productor y comercializador mundial de cocaína. Este es el argumento bandera de los gobiernos norteamericanos, que se enmascaran en un discurso pretendidamente moral para presentarse como los adalides de su cruzada internacional contra los nuevos enemigos de la humanidad, que suplanten al peligro emanado por el Satán Rojo (la fenecida URSS), como lo son los barones del narcotráfico que con su producción envenenan a la juventud norteamericana, y los principales enemigos se encuentran en Colombia, sede de los Carteles y de las organizaciones mafiosas más eficaces en penetrar el mercado norteamericano. Barry McCaffrey, Director Office of National Drug Control Policy de los Estados Unidos, expresó claramente este punto de vista, prevaleciente en el gobierno de ese país, al afirmar que "La producción de cocaína y heroína que rápidamente aumenta en Colombia genera una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y al bienestar de nuestros ciudadanos. Uno 80 por ciento de la cocaína que está entrando a los Estados Unidos se origina en o pasa por Colombia. Cantidades crecientes de heroína de alta pureza también están siendo transportadas hasta las calles de Estados Unidos. El narcotráfico, la violencia y la corrupción que esta genera, también socavan la democracia colombiana y la estabilidad regional"[1].

 

Estas son algunas de las razones por las que Colombia es tan importante para el imperialismo norteamericano, y por las cuales se ha acentuado su presencia militar, ante el beneplácito de las clases dominantes criollas, que no ocultan para nada su postración y entreguismo. Esto es hasta tal punto cierto, que los últimos gobiernos se han destacado por su servilismo incondicional ante Estados Unidos, puesto de presente en la apertura incondicional del espacio y el territorio colombiano a todo tipo de operaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos, así como la adopción incondicional de todas las disposiciones de Washington y no sólo en materia de la lucha antidrogas. Para dar sólo un ejemplo, a finales de 1999 la Junta Directiva del Banco de la República, luego de reiteradas afirmaciones en las que se oponía a eliminar la Banda Cambiaria*, "decidió" hacerlo intempestivamente luego de una reunión con el staff del Fondo Monetario Internacional en sus oficinas de Estados Unidos. Luego de tomada la "decisión", los miembros del Banco de la República fletaron un avión y viajaron a Bogotá donde al otro día hicieron el anuncio del fin de la Banda Cambiaria, lo que entre otras cosas significó la perdida de millones de dólares para el tesoro nacional, puesto que la Banda se sostuvo artificialmente inflada con millones de dólares lanzados al mercado por el Banco. Este es un claro ejemplo que los asuntos claves del país, trátese de la materia que se trate, no se definen ni se discuten en Colombia, sino que se adoptan en Estados Unidos y aquí se aplican al pie de la letra. No sin razón la sabiduría popular, expresada en chistes y sátiras, afirma que la capital de Colombia no es Bogotá sino Washington y que por eso el presidente del país -que viaja todo el tiempo- vive más afuera que en nuestro territorio.

 

No es extrañar, por consiguiente, que el Plan Colombia, impulsado por el gobierno de Andrés Pastrana, haya sido redactado originalmente en Inglés y se haya presentado primero para la aprobación del gobierno de Estados Unidos, sin que ni siquiera fuera conocido por el Senado de Colombia. Este Plan Colombia, a pesar de que en su título se hable de paz, es un plan para la guerra, pues en él se solicitan a Estados Unidos 1.270 millones de dólares, de los cuales 1000 millones están destinados a reforzar el aparato militar, modernizar la infraestructura bélica de las Fuerzas Armadas Colombianas, crear nuevas brigadas, estaciones navales y bases militares encaminadas a perseguir a los productores de narcóticos, en el sur del territorio colombiano, con la perspectiva de erradicar a sangre, fuego y fumigación los cultivos de hoja de coca y amapola, para luego pasar en un lapso de 5 años a la lucha contra los cultivos en el resto del país. Aquí es donde está el centro de la cuestión, puesto que en el Plan Colombia se consagra la lucha contra el narcotráfico, en la que se cuenta con la decidida participación de Estados Unidos, para la erradicación de los cultivos de drogas ilícitas en el Sur del país -lo que es bien disiente de las intenciones del Plan, puesto que allí se encuentran las bases sociales de las FARC y su principal zona de influencia geográfica. Bill Clinton en persona ha dicho que "el comercio de narcóticos y el conflicto civil en Colombia están cada vez más entrelazados. Los rebeldes marxistas y los paramilitares de derecha financian, cada uno, sus actividades con los centenares de millones del narco-lucro. Debido a la fuerte presencia insurgente y paramilitar, las fuerzas de seguridad colombiana no cuentan con capacidad de realizar operaciones anti-narcóticas efectivas en las mayores regiones de Colombia, donde se encuentran unas 2/3 partes de los cultivos de coca de Colombia. Esta región, particularmente los departamentos de Putumayo y Caquetá, está aislada geográficamente y dominada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC..."[2]. Si el propio presidente de los Estados Unidos dice eso, quiere decir que el anunció de la guerra total en el sur de Colombia contra los productores de coca y contra las FARC es un hecho incuestionable, que indica las verdaderas intenciones del Plan Colombia. Además, en el lenguaje de Clinton no se habla de luchar contra los paramilitares sino contra las FARC, considerado como el principal soporte y beneficiario del negocio de la cocaína por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Entre otras cosas, este es uno de los sofismas más anunciados en estos días tanto por la prensa de Estados Unidos como por los medios de comunicación de Colombia. Veamos las cifras en que se apoya el sofisma. Se dice, y lo afirma en la cita anterior Clinton, que las FARC se han lucrado del negocio del narcotráfico como nadie, pero esto no resiste el menor análisis estadístico, puesto que si, por ejemplo, tomamos el precio de un kilo de base de coca en su lugar de producción (la selva colombiana, v.g.) es de 1000 dólares y cuando este se ha transformado en cocaína y se vende al menudeo en las calles de Nueva York, de París o de Frankfurt alcanza el precio de 150 mil dólares, lo cual indica que las ganancias no circulan precisamente en las selvas colombianas ni quedan en poder de los campesinos cocaleros ni de los raspachines -bases sociales importantes de las FARC- sino de los poderosos agentes de la mafia internacional y de todos aquellos que intervienen en el negocio (multinacionales productores de químicos, bancos en los que se lavan dólares, etc. ). Con respecto a ese precio de venta en las ciudades del Primer Mundo, el campesino cocalero participa en un ridículo 0.67%, mientras que según el Plan Colombia, los fondos destinados para la erradicación del cultivo que realizan esos campesinos son 1000 millones de dólares, que constituyen el 82 por ciento del paquete de ayuda solicitado para y por el gobierno colombiano. Además, se parte del supuesto perverso de que el narcotráfico existe porque hay cultivos ilícitos, lo cual implica negarse a ver el papel fundamental que juega la demanda norteamericana en la generación del negocio y que los márgenes de ganancia -a todas luces espectaculares, pero que no quedan en manos de los campesinos colombianos- son elevados por el carácter ilegal del negocio y no por el negocio mismo. Ahora con lo que tiene que ver con las supuestas ganancias fabulosas de las FARC, consideremos las cifras. Los datos manejados oficialmente por Colombia y Estados Unidos -que ahora parecen ser un solo Estado en cuestiones de narcotráfico- afirman sin dar ninguna prueba consistente que las ganancias de las FARC son de 500 millones de dólares. En aras de la discusión, considerémosla, no porque sea cierta, sino solo para hacer un ejercicio comparativo ¿Qué representa esta cifra en el negocio de narcóticos? Si se aceptan las cifras de 500 toneladas de cocaína anuales exportadas desde Colombia, cifra inferior a la real, de las que, como resultado de las capturas, llegan unas 400 al mercado al detal y si se toma el precio de 150 mil dólares el kilo al menudeo encontramos que el monto del comercio callejero representa la fabulosa suma de 50 mil millones de dólares (una cifra escandalosa que equivale a la deuda externa de algunos países de América Latina), que queda en manos de la mafia internacional y sus cómplices (Bancos, multinacionales, productores de insumos químicos, intermediarios financieros, etc.). Los 500 millones de dólares que se dice reciben las FARC representan el 1 por ciento del volumen del negocio que mueven los narcotraficantes de cocaína en el plano mundial[3] ¿Por qué, entonces, una guerra generalizada contra campesinos cuya participación en el precio mundial de la cocaína es tan sólo del 0.67 por ciento y de una guerrilla que sólo recibe el 1 por ciento de los dividendos del negocio? ¿Por qué Estados Unidos no le declara la guerra a aquellos que se benefician con el 99 por ciento de las ganancias del negocio? Además, las FARC obtienen sus ingresos no porque sean un CARTEL ni mucho menos ni tampoco porque estén comprometidas en el tráfico internacional de estupefacientes. Esos ingresos provienen del cobro que por gramaje (es decir por su peso) hacen a los cultivadores, comerciantes y procesadores de coca que se encuentran en su zona de influencia en el Sur de Colombia, justamente la población que ha sido estigmatizado por el gobierno de Estados Unidos y la que ha sido declarada en la práctica como carne de cañón.

 

Por cuestiones de espacio no entramos a considerar el hecho de que finalmente la declaratoria de guerra de los Estados Unidos no terminara ni con el narcotráfico ni con el cultivo de la coca, por las evidencias históricas que muestran que no ha sido posible erradicar por la fuerza una materia prima que genera un cultivo ilícito. Tampoco analizaremos las razones por las cuales mientras no se ataque el problema de la demanda en Estados Unidos cualquier medida represiva será inútil, siendo que, antes por el contrario, la persecución indiscriminada a los cultivadores y narcotraficantes aumenta las ganancias, pues encarece los precios de venta y difunde su cultivo a lo profundo de la selva amazónica (que tiene 650 millones de hectáreas de reserva), con las consecuencias ambientales y humanas que esto conlleva.

Desde el punto de vista interno de los diálogos entre la guerrilla y el gobierno, en esas condiciones ¿qué sentido tiene seguir hablando de paz, si los grandes temas de la agenda ya no son controlados por el Estado colombiano sino por los Estados Unidos, en materias tales como la sustitución de cultivos, la reforma del Estado, el modelo económico, las relaciones internacionales del país, puesto que todo eso ya no se define en Colombia sino en Washington?

 

Oficialmente, algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos calculan que, como resultado de la lucha contra los cultivos ilícitos, se desplazará -es decir, se verán obligados a huir de sus tierras por los bombardeos y la fumigación de sus cultivos- a 150 mil colonos y campesinos relacionados con el negocio, lo que indica la magnitud de la guerra que se avecina en las selvas colombianas.

Porque donde radica el problema es en el calificativo de narcoguerrilla creado por el gobierno norteamericano y empleado desde mediados de la década de 1980 para referirse a las FARC. Es apenas obvio que si se habla de emprender una guerra total contra la producción de hoja de coca -la materia prima de la producción de cocaína- en el camino sean atacadas las FARC que se encuentran en la región y algunas de cuyas bases sociales son campesinos y colonos que viven de la siembra de la hoja. Además, ¿quién garantiza que los millones de dólares que se le asignarán al ejercito colombiano se destinen exclusivamente a la lucha contra la producción y comercialización de narcóticos y no a la lucha contrainsurgente? Se necesitaría ser un completo ignorante en la historia del ejército colombiano para suponer que es posible hacer esa diferenciación, cuando ese ejército todavía piensa como en los tiempos de la Guerra Fría y sus acciones se rigen por una lógica visceralmente anticomunista. Para completar, a la lógica de la guerra por la vía de la injerencia norteamericana le apuntan importantes fracciones de las clases dominantes que consideran que esa es la única posibilidad de un hipotético triunfo militar del ejercito, idea que les seduce sobremanera para no tener que ceder ni un ápice de sus riquezas y poder acumulado con la sangre y lagrimas de miles de colombianos, la base sobre la que reposa el capitalismo gansteril que se ha enseñoreado en este sufrido país.