El Estado y la política social ante el embate neoliberal en México y América Latina.

 

 

 El fundamentalismo neoliberal y su ‘doctrina social’

  

Si la burguesía calvinista, dentro de su “ética protestante”, en la búsqueda del enriquecimiento gracias a la creencia en la predestinación, logró sentar las bases del capitalismo, los “neoliberales” de nuestra época, menos rigurosos que sus antepasados tienen como ética y reglamento verificar continuamente que la desigualdad persista como indicador suficiente de la supervivencia del sistema.

Estos son, en síntesis, nada más que los dolores del parto de la nueva sociedad que los hechiceros neoliberales están alumbrando y no hay razones para preocuparse. ¡Vaya contraste! Max Weber observó con agudeza que el burgués calvinista buscaba en su acrecentada riqueza los signos de salvación espiritual. De este modo, la redención individual y colectiva aparecían ligadas por una “conexión de sentido” que, al menos en el capitalismo competitivo, las asociaba fuertemente con la creación y (relativa) diseminación de la riqueza. El agotamiento y descomposición de aquella fase histórica del capitalismo admirablemente retratada en la obra de Daniel Bell, en donde el “espíritu capitalista” articulaba valores tan distintos a los actuales, como el ascetismo, la frugalidad, el puritanismo, el ahorro, la ética del trabajo, etc., produjo un “desplazamiento” por el cual los signos confirmatorios de que hemos emprendido la ruta de la salvación son buscados en la pobreza y el desempleo. El neoliberalismo es pues una perversa involución del calvinismo: la multiplicación de los pobres y el aumento del sufrimiento humano no son más que dolorosos mensajes situados al comienzo del camino, indicando que estamos sobre la buena senda[1].

¿Cuál es la estrategia neoliberal? Su premisa es la consabida lógica del “derrame”: “primero crecer, luego distribuir”. El proyecto neoliberal reconoce ampliamente el costo social que irremediablemente implica el esfuerzo de una integración de la economía mundial planteada en estos términos. Así, la política social oficia de “correctora” frente a las limitaciones estructurales del modelo. Los escritos de Von Hayek, principal ideólogo y padre fundador de la doctrina neoliberal, son elocuentes al respecto:

“El Estado debe proveer un cuerpo general de leyes que lleve al mejor funcionamiento del mercado. Esto implica mejorar gradualmente las reglas del derecho privado y comercial. Luego está la función de proveer, por fuera del mercado, un conjunto de bienes y servicios para algunas personas que no tienen la capacidad de ganar un nivel mínimo de salario en el mercado de trabajo. Pero esto no debe hacerse interfiriendo en el mercado. Las personas que no puedan lograr un nivel de ingreso que les permita cubrir sus necesidades más elementales deben recibir una compensación uniforme del Estado”[2].

“(…) Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en última instancia se reducen a la manutención de vidas: no a la manutención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son…la propiedad y el contrato”[3]

Estas dos afirmaciones lapidarias resumen la “doctrina social” del neoliberalismo y la sitúan muy lejos de una ética de responsabilidad, afirmando más bien su carácter excluyente.

En el marco del modelo de acumulación fordista la particular configuración del estado de bienestar en latinoamérica vehiculizó, a través de diferentes instituciones dependientes del estado, gran parte de las políticas sociales tendientes a compensar las desigualdades.

La crisis de este modelo y la implementación de medidas neoliberales de ajuste generaron un plus de obligaciones: continuar con la responsabilidad de asistir, pero sin contar ahora con el presupuesto estatal para afrontarlo.

A las cuestiones antes señaladas hay que agregar los nuevos problemas generados por la exclusión y la marginalidad crecientes. Entonces, en estos años de aplicación sistemática del modelo neoliberal, la dimensión ética de la política social es sustituida por la contención del deterioro social.

El desplazamiento del conocimiento, de la salud preventiva, del derecho laboral, del derecho a la tierra, etc., produce una “razón de ser” distinta para estas instituciones, y a la vez genera un tipo de exclusión diferente a la planteada durante la vigencia del estado de bienestar periférico. Una exclusión al interior mismo de las instituciones: la negación de su “razón de ser” a amplias capas de la población a través de la sustitución de los fines específicos por los de la asistencia o contención social focalizada[4].

Entonces, cuando nos referimos actualmente a la política social, estamos haciendo referencia a una práctica pública estatal que dista mucho de la conocida por el estado de bienestar. Por otra parte, como afirma Vuskovic: “Los enunciados más recientes de unas estrategias intermedias (bajo denominaciones como las de 'economía social de mercado' o 'liberalismo social') recogen mucho del 'diagnóstico' del neoliberalismo. Atribuyen igualmente un papel clave a la inserción exterior y al dinamismo de las exportaciones, lo que las lleva a coincidir también en la jerarquización de la competitividad externa y en los criterios de modernización e incorporación del progreso técnico, así como en el papel de las inversiones extranjeras y la participación del capital transnacional. Esta perspectiva define una actitud más activa frente a las condiciones sociales adversas, propiciando programas de 'solidaridad con la pobreza', que disminuyan sus efectos extremos; y en función de ello, busca preservar un ámbito mayor de responsabilidad estatal, como atenuante de los efectos negativos del mercado, a través de una esfera significativa de regulaciones públicas y de acciones directas para compensar a los más perjudicados”[5].

Hay un gran consenso entre los cientistas sociales del continente sobre los dramáticos resultados que, en el ámbito de la creciente desigualdad económica, la polarización social, la satisfacción de las necesidades (acrecentamiento no sólo absoluto sino incluso relativo de la pobreza y la extrema pobreza en la región) y la dotación de servicios sociales (deterioro en su infraestructura y en su cobertura, además de su privatización), ha tenido la rigurosa aplicación de la doctrina de “ajuste estructural” bajo la égida del neoliberalismo en las sociedades latinoamericanas. Esta constatación da al tema de las políticas sociales y la actuación del Estado, en un contexto internacional dominado por los criterios de la eficiencia, la competitividad y la totalización del papel autorregulador del mercado, una importancia singular.

Nos parece fundamental en principio, desmitificar científicamente el discurso oficialista del pensamiento único, lo que el profesor Saxe-Fernández ha llamado agudamente como "globalismo pop": “Esta es una ideología conservadora, y yo he llamado a esta ideología, a este discurso determinista, a este discurso fácil, que se pone de moda, que es, por otra parte, una oferta que siguen muchos públicos: académicos y políticos: yo he llamado a eso globalismo pop”[6].

Nos abocaremos entonces a evaluar cinco puntos que están íntimamente relacionados con la política social: la metodología de medición de la pobreza (el error de Levy[7]), el discurso acerca de la oposición hipotética entre estado y mercado, la necesidad urgente de reducir el gasto social según el discurso neoliberal, la comparación y evolución del gasto en los países centrales y en los periféricos, y por último, analizaremos el destino de los fondos públicos en América Latina, y, específicamente, en México.

 

 

La metodología impuesta por los organismos internacionales se encuentra íntimamente relacionada con la perspectiva anteriormente descrita. Sin embargo, algunos cientistas sociales, entre los que podemos mencionar a Amartya Sen y Julio Boltvinik, entre otros, han alzado la voz para discrepar profundamente respecto de los criterios y formas en que los análisis estadísticos son presentados ante la opinión pública.

Podemos mencionar, por ejemplo, que el registro de algunos rubros macroeconómicos ha desaparecido paulatinamente en estas dos últimas décadas, entre ellos: la distribución del ingreso, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo; la identidad del fluctuante capital especulativo; la cambiante composición de la canasta familiar, pero sobre todo la atención sustantiva en los sectores de “pobreza extrema”.

Los análisis del Banco Mundial, del FMI o del BID sobre la pobreza han tenido como característica dividir cada vez más en percentiles la miseria humana, a fin de demostrar que es posible contrarrestar la denigrante polarización y elevar a los "pobres extremos" hacia la categoría de los "sencillamente pobres", pudiendo éstos sí irse integrando potencialmente al modelo.

Podemos observar en todo el mundo, pero especialmente en latinoamérica, cómo los diseños orientados hacia las políticas públicas que se dirigen a los “nichos” de pobreza y la política estatal, en general, se vuelven hacia procesos masivos de privatización y apertura comercial.

Las diferencias en cuanto a las formas de clasificar la miseria en el mundo arrojan impresionantes resultados. Como anota acertadamente Boltvinik, estas orientaciones parten de una premisa ideológica y de un diagnóstico equivocado:

“En el pensamiento neoliberal, que ha sido plasmado en el Consenso de Washington y en la Nueva Agenda de Pobreza …, la igualdad de oportunidades y la libertad son los valores fundamentales. Se piensa que la pobreza extrema, concebida sobre todo como hambre, es una condición que impide a los individuos participar en el juego del mercado. Por ello, resulta una obligación del Estado (casi la única que tiene en un mundo en el que el mercado lo hace todo), eliminar este tipo de pobreza para colocar a todos los individuos en posibilidades de jugar este juego. Con ello, se supone, se lograría la igualdad de oportunidades. La pobreza moderada, en cambio, no le atañe al Estado combatirla, ya que es una condición que no impide a los individuos participar en el mercado. La premisa reduce la población objetivo de las políticas de lucha contra la pobreza a los pobres extremos”.

Para el caso de México el diagnóstico fue realizado por Santiago Levy, actual subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda: “la pobreza extrema en México es un problema predominantemente rural y que afecta a una proporción pequeña de la población nacional (alrededor de 20 por ciento en 1984)”. Como demuestra atinadamente Boltvinik, “Levy define, en congruencia con el concepto neoliberal de la pobreza extrema, a los extremadamente pobres como aquellos cuyo gasto en alimentación es inferior al costo de la canasta normativa alimentaria”; a partir de demostrar los errores en la utilización de las líneas de pobreza, la composición de la canasta familiar y la proporción de gasto de los hogares en alimentación, en los estudios de CEPAL, Progresa o Santiago Levy, Boltvinik concluye afirmando que: la pobreza extrema no afecta a una pequeña minoría de alrededor de la quinta parte, sino a más de la mitad de la población nacional[8].

Ante este erróneo diagnóstico el neoliberalismo ha desarrollado en forma global programas paliativos de la pobreza extrema, argumentando que sólo son posibles dichas formas de “asistencia social”. Las políticas compensatorias y de focalización pierden su ‘razón de ser’ cuando se demuestra que el conjunto afectado por la pobreza extrema rebasa en mucho a la mitad de la población (Véase Cuadro 1). Tratar de resolver la extrema pobreza con la emisión de cheques a los pobres comprobados, no hace sino ocultar que se trata de un problema de las condiciones sociales, del nivel de empleo y de las remuneraciones reales, y que mientras este ángulo del problema no sea atendido, no existe solución posible.

  

Este falso dilema es el que ha logrado imponer por muchos años el discurso neoliberal. Cabe entonces una primera aclaración, de índole histórica: no existe el mercado –en tanto regulador de la economía mundial, menos aún como regente de los mecanismos de dominación global- sin Estado-Nación, y entendemos a éste como el que se conforma con el proceso histórico que da origen al sistema mundial capitalista.

Han existido, por cierto, otros mecanismos de dominación y diferentes formas de relaciones mercantiles en la historia de la humanidad. Sin embargo, la retórica del discurso hegemónico debe reconocer que el mercado nace y vive al calor de los cuidados del Estado-Nación, que constituyen el edificio y las reglas del juego necesarias para la insurgencia de la burguesía. En palabras de Joachim Hirsch:

“El concepto de ‘Estado nacional’ requiere ante todo una explicación. Se refiere a los aparatos de dominación centralizados y burocratizados que conquistaron el 'monopolio de la violencia' sobre un territorio definido y los individuos que habitaban en él tras la disolución del orden social corporativo-feudal europeo.

"El concepto de ‘Estado nacional’ expresa sobre todo una relación violenta de delimitación hacia adentro y hacia fuera de las poblaciones sometidas a la dominación. Lo que se encuentra en su origen no es la comunidad cultural y la ‘identidad’, sino sobre todo poder, violencia y dominio.

"Entre el surgimiento del Estado burgués y el despliegue del capitalismo existe una estrecha conexión. El Estado moderno constituye el marco en el que se conquistó la forma dominante de la democracia representativa-parlamentaria. El espacio geográfico-social delimitado hacia afuera y controlado en forma centralizada hacia adentro constituyó no sólo el presupuesto para el surgimiento de economías capitalistas cerradas y fuertes, sino que creó el terreno sobre el cual las luchas por la democracia, la igualdad y la constitucionalidad (Rechtstaatlichkeit) podían desarrollarse”.[9]

Pero no es contra ese “Estado realmente existente” contra el que pregonan los neoliberales: El discurso pretende enmascarar el control absoluto del aparato estatal, y el aprovechamiento de cada uno de sus instrumentos por parte de las clases dirigentes; al tiempo que desarrollan una cruzada mundial en contra de lo que podríamos llamar la “dimensión social” del Estado.

Dicha ofensiva en contra del Estado como garante de derechos sociales, tiene como finalidad identificar lo público y lo estatal con la profunda crisis por la que está atravesando el sistema capitalista desde la década del setenta. Concretamente, se trata aquí de devastar lo que va quedando del “Estado de Bienestar”, política que Ronald Reagan expresa y delinea en el marco de su campaña electoral de 1980. “No tenemos problemas con el Estado, el Estado es el problema”. Como afirma Saxe-Fernández: se divulga “una prédica que dice que no hay opciones, que el Estado se está desmantelando, en fin, todos los elementos contenidos en el discurso de la globalización que escuchamos a diario, como si hubiera una fuerza externa que dirime todos estos acontecimientos y no haya nada que hacer. Una especie de sobredeterminación, es el TINA[10]: “There is not alternative” y, en realidad, nosotros lo que estamos planteando es que el análisis científico mostraría el TIAA: There is an alternative”.

  

  

En este punto es importante destacar dos cuestiones de índole geopolítica y que ilustran los mecanismos de gobernabilidad global que perpetúan las formas de dependencia y de explotación de los países del Sur por el Norte. Estos elementos están en la base de las presiones y la exigencia de ajuste de las economías y los Estados del Sur a los requerimientos impuestos por el Grupo de los Siete y el Club de Davos.

Las políticas delineadas por las instituciones supranacionales (FMI, Banco Mundial, OCDE, OMC, etc.) llevan ya dos décadas pregonando la exigencia de recortes, disminución o retiro de las funciones sociales del Estado, pues lo asumen como el responsable de la crisis del capitalismo como sistema. La presión para imponer un Estado mínimo, o en su caso eficaz, va desde los planes de ajuste estructural y estabilización macroeconómica, hasta la aplicación de leyes extraterritoriales, basadas en supuestos consensos internacionales, que en realidad son acuerdos políticos entre los países integrantes de la Tríada, cuyo gobierno imperial concentra el poder económico, político y militar a lo largo del planeta. La creciente polarización aunada a la concentración de poder tiene como resultante la construcción de mecanismos de control y de gobernabilidad. Desde la ‘ingeniería social’ de documentos como los de la Comisión Trilateral o el Consenso de Washington, queda bastante claro que en este mundo no hay lugar para la democracia.

Tal y como se aprecia en el cuadro 2 la toma de decisiones al interior de los organismos internacionales está reservada para los países del Grupo de los Siete, pues concentran casi la mitad de los derechos de voto de dicha organización, mientras el resto del planeta, alrededor de 120 países, con cerca del 85 % de la población mundial sólo cuentan por dos quintas partes. ¿Qué legitimidad tiene este esquema? La que le brinda la gestación de un Estado global, profundamente autoritario y que proyecta al resto del mundo dicho modelo de dominación política. Y en consecuencia, ¿cuál es la estrategia neoliberal? Por la existencia de estos mecanismos, mientras al Sur se le exige liberalización y desregulación, el Norte es cada vez más proteccionista; mientras al Sur se le exige que su Estado recorte sus gastos sociales, en los países de la OCDE la promoción del neoliberalismo no ha llegado a minar la supervivencia de sus ciudadanos; mientras al sur se le exige el cumplimiento cabal del pago de sus deudas, los Estados Unidos se niegan a cubrir sus contribuciones a la ONU, siendo ésta su instrumento de dominación política por excelencia para legitimar su retórica respecto de las “intervenciones militares humanitarias”, para imponer la “democracia global” en el planeta. La OTAN oficia desde la guerra del golfo como el brazo militar de los Estados Unidos; el imperio prescinde de la discusión de los asuntos mundiales al interior de las Naciones Unidas, y de la autorización legal para el ejercicio de la fuerza. El vecino del norte le impone al mundo las normas que son de su conveniencia.

La dimensión del gasto público en los países de la OCDE como proporción de su producto nacional no ha disminuido, en algunos casos incluso ha aumentado. La importancia de sus aparatos de defensa y de seguridad no permite el achicamiento en sus erogaciones públicas. Por el lado de la dimensión social de sus gastos, los recortes son menos factibles en países cuyos esquemas de tributación (más progresivos) permiten una mayor redistribución del ingreso o una menor polarización del mismo, garantizando que no desaparezcan definitivamente algunos derechos sociales de sus ciudadanos (seguros de desempleo, derecho a la vivienda, educación, salud, etc.). Actualmente, la porción del gasto público sigue siendo superior al tercio del PIB en todos los grandes países capitalistas desarrollados. Rebasa el 40% en el Reino Unido, se aproxima al 50% en Alemania y España y excede el 50% en Francia. El personal absorbe todavía tres cuartas partes de los gastos presupuestarios en Japón y Francia, casi dos tercios en Estados Unidos y más de la mitad en Alemania. Mientras entre 1980 y 1997 el PIB se multiplicó por 2,6, los gastos públicos totales se han multiplicado por 3,2 en Estados Unidos, país líder mundial de la retórica neoliberal[11].

Como se aprecia en el Cuadro 3 en promedio la participación del gasto social en los países de la OCDE sigue representando cerca de una cuarta parte del PIB, y en algunos países mucho más. Para el caso de América Latina los niveles de gasto social se destacan en el Cuadro 6. Cabe aclarar que sólo en el caso de los países pioneros y mentores del neoliberalismo (Estados Unidos y Gran Bretaña) la reducción de la tributación a los sectores de más alto ingreso se acompaño de una gran reestructuración en lo atinente a las funciones sociales del Estado, dando como resultado una creciente polarización del ingreso, gran aumento de la pobreza y eliminación gradual de derechos sociales.

  

Un análisis serio de la cuestión social en América Latina tiene que partir del reconocimiento de que los niveles de pobreza en la región no sólo no han disminuido con la aplicación de políticas neoliberales, sino que incluso han aumentado (para el caso pueden verse los Cuadros 4 y 5). La consideración de elementos estructurales e históricos del funcionamiento del capitalismo en nuestra región ofrece nueva luz para alumbrar la oscuridad de la política social neoliberal y su fracaso para contrarrestar o mitigar la pobreza. En el marco de la gestión pública se impone una visión asistencialista y hasta caritativa, con amplias dosis de manipulación política y corporativismo, que ignora, o mejor, potencia la existencia de procesos estructurales que actúan en la base de los procesos de dualización que viven nuestras sociedades. Entre los elementos estructurales más importantes se cuentan el aumento en los niveles de desempleo y subempleo, el crecimiento del sector informal y la estrepitosa caída de los salarios reales, sumados a la pervivencia de la estructura de distribución del ingreso más polarizada a nivel mundial. Entre 1970 y 1982 la diferencia de ingreso entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre se redujo de 23 a 1 para situarse en 18 a 1 para el conjunto de América Latina. Luego de 20 años de neoliberalismo tal avance se ha disuelto, y en los casos de Argentina, Brasil, Chile, o México, por mencionar algunos casos, la situación ha empeorado.

La política social en la región es “el modelo” para los prescindibles del orbe. El fortalecimiento de grandes grupos económicos que supeditan la toma de decisiones respecto de las medidas en torno a las economías nacionales, ha ido gestando un proceso de “neo-oligarquización” en las formas de dominación de la región. Las estructuras de poder se han violentado y las articulaciones y mediaciones políticas tienden a ser eliminadas: la democracia es entendida aquí como el mecanismo de control que permita una “gobernabilidad estable” para los mercados e inversores internacionales. En este contexto surgen los programas de “solidaridad con la pobreza”, con el fin último de aceitar los mecanismos de control en la región. Estos programas permiten atacar los focos “rojos” que se señalan desde los organismos internacionales, y de un solo golpe pretenden eliminar los residuos de solidaridad social presentes en el tejido de la sociedad. Cabe citar aquí de nuevo a Boltvinik, en referencia al caso mexicano: “De aquí se deriva inevitablemente la conclusión que la orientación adoptada de enfrentar la pobreza extrema con el envío de cheques a las personas es inviable, ya que habría que enviárselos a más de la mitad de la población”.

Sin embargo, la “democracia de los acuerdos” ha gobernado América Latina bajo el discurso de la transición a la democracia en todo este período. Estos programas de política social tienden a consolidar mecanismos de subvención que permiten al sector en el poder reeditar viejas prácticas políticas en la región. Son paradigmáticos en este sentido los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Fujimori y Menem.

Las burguesías latinoamericanas siempre han estado muy conformes con una coparticipación en la apropiación del excedente, rasgo que permea a América Latina en nuestros días. De otro modo sería inexplicable su conducta en conexión directa y articulada con las políticas proyectadas desde los organismos internacionales.

América Latina aparece entonces históricamente como un área esencialmente tributaria, hecho que toma nuevos bríos en este periodo “neo-oligárquico”[12] al profundizarse la transferencia de recursos hacia el centro y hacia el gran capital

  

  

A este punto es posible extraer una serie de conclusiones teniendo como referencia el caso de México. Como ningún otro, nuestro país manifiesta claramente las falencias de las políticas sociales neoliberales y su utilización política (sea el Pronasol, Procampo o Progresa), pero al mismo tiempo muestra los elementos que deberán ser cambiados, si es que se piensa en formulaciones alternativas que realmente busquen equilibrar las condiciones sociales. Una reformulación de la política social tendrá que partir de la flexibilización de las estructuras de poder y del cambio en los actuales esquemas de financiamiento (sistema fiscal regresivo) y de gasto (subsidios al capital más que a los sectores desfavorecidos) y de la amplia discrecionalidad o incluso impunidad con que son administrados por la clase dominante.

Después de años de ajuste para dar respuesta a la crisis de la deuda, América Latina y México siguen rindiendo tributo al capitalismo metropolitano. La magnitud de la sangría financiera que representa el pago del servicio de la deuda, contribuye enormemente a la crisis fiscal de nuestros Estados. Esto no es consecuencia, por lo tanto, tan sólo de un determinismo exterior o de presiones externas. Son las políticas delineadas y aplicadas en asociación con el bloque en el poder las que aseguran estas transferencias del excedente. Por otro lado, esto es así porque, como lo han demostrado algunos estudios, aquellos sectores de la gran burguesía que desde 1976 fugaron sus capitales de nuestras tierras son beneficiados con el pago del servicio de la deuda externa.

La conversión de las deudas privadas con el exterior en deudas de 'la nación' (como fue el caso en 1982, 1987, o más recientemente después de los 'errores de diciembre') y el dejar caer ese peso sobre el conjunto del país, comprometiendo los gastos públicos, se acompaña ahora con la conversión de la crisis del sistema bancario re-privatizado en 'crisis del presupuesto público'. El rescate de la gran oligarquía financiera se hace a costa del conjunto de la población. El costo fiscal del rescate bancario anula durante la siguiente década la posibilidad de reorientar las políticas sociales, al comprometer según diversas estimaciones casi el 15% del PIB para asegurar la salud de un sistema bancario en crisis potencial o permanente. El estado es utilizado por las clases dirigentes y asumido como un botín; financia subvenciones inauditas que tienen por destino, no las funciones sociales, sino el subsidio directo o discrecional al capital y la oligarquía (como lo ilustra de modo vergonzante el Fobaproa - IPAB).

Del otro lado, el poder asegura la impunidad a una burguesía que se niega al pago de sus impuestos. Los permanencia de sistemas fiscales regresivos en América Latina, pero más elocuente para el caso de México, hacen que el Estado orille una situación de bancarrota no sólo financiera sino social, pues lo transforman en "simple recaudador de pagos de parte de los sectores de ingresos bajos en favor de los de ingresos altos", y a nivel global de los países pobres en favor de los países ricos. Según cálculos de la OCDE en su último estudio dedicado al análisis de la economía mexicana [13], el gobierno federal deja de percibir por lo menos 166 mil millones de pesos, cantidad equivalente a 17.5% de sus ingresos totales, o en su caso, equivalente al 3.57% del PIB estimado para 1999. Los ingresos gubernamentales, como proporción del PIB, han pasado de representar el 16.7% anual durante el período 1987 a 1991, al 15.1% promedio anual en el curso de la administración actual, y colocan a México, dentro de los países de la OCDE, como el de la más baja recaudación fiscal. Incluso dentro de la región latinoamericana Brasil registra una proporción de recaudación / PIB del 27% y Chile del 18% de su PIB. Dentro de este esquema de recaudación, los ingresos por Impuesto sobre la Renta a las empresas (o personas morales) han registrado una disminución importante. Actualmente representan una proporción de 4.3% del PIB, mientras que en años anteriores su contribución se ubicaba por encima del 5%, es decir, año a año se registra por parte de las empresas una erosión de recursos para el fisco de cerca de 0.7% del PIB, lo que equivale a unos 32.500 millones de pesos por año. Esta situación tiene su explicación no sólo en las reformas fiscales de 1989, que bajaron las tasas impositivas a las empresas del 42 % al 35%, sino también en los mecanismos de evasión y elusión fiscal[14]. Según cálculos elaborados por Mariano Latapí Ramírez[15], la elusión fiscal de los grandes grupos corporativos de México (las 500 empresas más importantes del país reseñadas por la revista Expansión) y en la Bolsa Mexicana de Valores, le impidieron al Gobierno Federal percibir ingresos, para el ejercicio fiscal de 1997, por 1.35% del PIB (equivalente a 6000 millones de dólares) en el caso de las 500 mayores empresas, y por 1.04% del PIB en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores (equivalente a 4600 millones de dólares).

La pinza se cierra, si aunamos al análisis la situación que se vive en el marco de los gastos públicos y sociales. La caída en el gasto programable se mantiene constante desde hace 20 años y no se ve cuándo pueda remontar los niveles de 1980. Por otra parte, el aparente crecimiento en los gastos sociales no es tal, si eliminamos de ellos el pago de las subvenciones para la reforma laboral, de tal modo que es cuestionable que el nivel del gasto social supere al que el país tenía a inicios de los '80. Así mismo, el tan publicitado aumento en los presupuestos para educación esconde el recorte sistemático en el subsidio federal para la educación superior que experimenta ya una década de achicamiento (en el Cuadro 7 se detalla esta merma).

Con estas características, poco espacio encuentra para progresar la política social que se despliega desde el gobierno.

Podemos concluir, entonces, que la política social es la gran ausente dentro del orden de prioridades establecido por los dictados del neoliberalismo. Sin embargo, deberíamos advertir el peligro que encierra para un sistema que se pretende democrático insistir en anular los derechos sociales básicos en naciones en las cuales más de la mitad de sus ciudadanos se encuentran en niveles de pobreza. Esta situación conlleva, o bien un gran retroceso político con aumento de la militarización, o por el contrario, a la apertura política necesaria a fin de concretar una democracia sustantiva y el pleno ejercicio de la ciudadanía para todos.

---

[1] Atilio Borón, “La sociedad civil a la hora del neoliberalismo” en Pablo González Casanova y John Saxe-Fernández (coordinadores). El mundo actual, situación y alternativas, México, Siglo XXI en coedición con la UNAM, 1996, pp.359-396.