El futuro del movimiento “antimundialización”. Algunas reflexiones iniciales para afirmar sus fundamentos teóricos.

Hasta ahora la campaña no logró la adopción de la tasa por ningún país o región económica y monetaria. Sin embargo, clarificó considerablemente las opciones políticas y sociales, así como fiscales y redistributivas. Un número creciente de economistas y políticos, por otra parte poco inclinados a una postura radical, reconocen que la tasa Tobin es completamente plausible y aportaría un elemento de estabilización en las finanzas mundiales[i]. Pero para los “grandes tomadores de decisiones mundiales” y quienes los respaldan, la plausibilidad de la tasa Tobin poco importa. Existen dos razones para su rechazo: la adopción de la tasa y su aplicación aparecerían simultáneamente como una gran concesión al vasto movimiento internacional surgido desde abajo –un movimiento democrático y social con apoyo popular– y como el primer paso de un conjunto de medidas orientadas a poner freno a la libertad de los inversores financieros. Pero este rechazo sólo puede reforzar la determinación de los que luchan por la tasa y un sistema fiscal en sintonía con las características de la mundialización financiera. Conducirá a interesarse cada vez más en los fundamentos económicos y sociales de las finanzas liberalizadas y mundializadas. Los políticos y economistas que en nombre de “la irreversibilidad de la mundialización” se conviertan en defensores de finanzas parasitarias y depredadoras y continúen argumentando sobre “la inaplicabilidad de la tasa” en los ministerios de finanzas y consejos económicos, se desacreditarán aún más.

     Pero otras campañas del movimiento antimundialización son más difíciles de impulsar, al menos desde el punto de vista de la explicación y la comunicación, ya sea porque los problemas están menos precisados, o porque se desarrollan en terrenos donde los defensores de la mundialización actual –bajo el dominio de las transnacionales y los fondos de pensión y de inversión financiera de los países más ricos del planeta– tienen medios de defensa y contraataque mucho más fuertes. A veces también se hacen más difíciles por la falta de claridad y coraje político de algunas organizaciones políticas y sindicales que, sin embargo, se declaran partidarias del movimiento antimundialización. La transformación de los regímenes de jubilación y el "ahorro salarial" [ii] lo ejemplifican: son contrarreformas neoconservadoras que han sido y continúan siendo orquestadas por el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea.

     El accionar de las diversas asociaciones y agrupamientos que componen el movimiento antimundialización ha comenzado a crear lo que los politicólogos llaman un “espacio público internacional alternativo”. Por centenares de miles, mujeres y hombres de todo el mundo se convierten en la entidad con perfiles todavía inciertos, pero con objetivos vitales, que constituye el movimiento. Este despertó en poco tiempo grandes esperanzas, que son frecuentemente difusas. La voluntad de “crear otro mundo” que el propuesto por los “dueños del mundo” se expresa se manera confusa, ambigua, lo que traduce tanto el impacto del fin de una fase histórica del movimiento obrero tradicional (el que nació alrededor de 1890 y se marchitó en los ochenta), como los retrocesos y derrotas infligidos a escala internacional por el capital a los asalariados y sus organizaciones. Pero no por ello las expectativas son menos inmensas. Nos parece que la única manera de no decepcionar estas expectativas es entablar sin demora un debate para afirmar las bases teóricas del movimiento, y para clarificar las fronteras políticas. Esto podría permitir reducir el número de veces en que nos coloquemos en el terreno del enemigo para combatirlo. Se trata de luchar, más frecuentemente que hoy, a partir de rechazar los postulados y los enfoques del discurso dominante y de clarificar la forma en que “otro mundo es posible”. De igual manera se plantea, urgentemente, la construcción de un espacio social y sindical, para el debate y la acción, que tenga una dimensión europea y mundial.

  En tal sentido, presentamos las siguientes reflexiones para abrir el debate. A medida que otros se sumen, la formulación de las preguntas y los esbozos de respuestas seguramente evolucionarán. Nuestras reflexiones se refieren casi exclusivamente a las campañas antimundialización en los países capitalistas avanzados, porque hacemos nuestro uno de los principios fundamentales del internacionalismo: es preciso comenzar por la discusión y el combate político “en el propio país”, que para nosotros no son Francia, Alemania, Bélgica o Suiza –considerados individualmente– sino los países capitalistas avanzados, comenzando por la Unión Europea.

Es muy posible que el Encuentro Internacional de La Villette deba tomar posición sobre el combate de los palestinos, sobre la guerra civil en Colombia (que socialmente enfrenta a los campesinos y la mayoría de la población pauperizada, contra una oligarquía tradicional que integró en sus filas a las cabezas del narcotráfico) y sobre el “Plan Colombia” que está siendo aplicado por Estados Unidos, y casi seguramente sobre la represión conducida en Brasil por los grandes propietarios terratenientes y por el gobierno de Cardoso, que amenaza cotidianamente la vida de los dirigentes y militantes del MST que luchan por una cuestión tan fundamental como es allí la propiedad de la tierra. Apoyaremos toda iniciativa en este sentido, pero el objeto de nuestra contribución es clarificar algunas encrucijadas de las campañas que se llevan aquí, en los países colocados en el centro de la dominación capitalista.

 

Fue muy significativo que la campaña política contra la OMC y las manifestaciones producidas en Seattle y otras muchas ciudades en noviembre de 1999, se hicieran bajo la consigna “el mundo no es una mercancía”. Efectivamente, tanto la liberalización y la desreglamentación de las inversiones y de los intercambios, como el resurgimiento del fetichismo financiero bajo sus formas más extremas, han llevado a un nuevo nivel el fetichismo inherente a la mercancía. A medida que se amplía el espacio geopolítico donde el capital puede evolucionar libremente para aprovisionarse, producir y vender con ganancia (como pudo hacerlo en las últimas décadas del siglo XX gracias a la "contrarrevolución conservadora" y sus aliados), cada vez más las empresas (de fuerza muy desigual y con ellas sus asalariados) pueden competir a muy larga distancia, incluso a partir de sites virtuales, y cada vez más “la relación social determinada de los hombres entre ellos reviste la forma fantasmagórica de una relación entre cosas”[iv]. Durante varias décadas el movimiento obrero, especialmente en los viejos países industriales de Europa, Inglaterra, Francia, Italia, se arrulló con la ilusión de que el fetichismo inherente a la mercancía y el dinero quedaría frenado de hecho por las instituciones sociales y políticas nacidas al calor de la revolución inacabada e irrealizada de 1944-45. Estas ilusiones fueron brutalmente barridas en el marco de la mundialización del capital. Hoy, “la relación social de los productores con el conjunto del proceso del trabajo” asume para los trabajadores nuevamente y con renovada fuerza la forma de “una relación social exterior a ellos, una relación entre objetos”.

  La consigna “el mundo no es una mercancía” tiene pues el gran mérito de posicionar el movimiento político de resistencia a la mundialización frente a las fuerzas capitalistas que quieren erigir a la economía como una esfera tan autónoma como les sea posible, colocándola por encima de la sociedad y sustrayéndola del control de los pueblos en nombre de la “primacía y superioridad del mercado”. El desafío del movimiento nacido de Seattle es pues crear relaciones de nuevo tipo entre los asalariados y campesinos de todo el mundo, relaciones que reduzcan o eliminen el anonimato y la exterioridad del cambio comercial, de forma tal que la división internacional del trabajo y el comercio mundial puedan devenir expresión de las relaciones que productores que dominan en todas partes sus condiciones de trabajo (lo que se denomina en general y sintéticamente “medios de producción”) podrían establecer libremente entre ellos. Relaciones que les permitirían repartir el trabajo entre un tiempo liberado (cuya utilización sería continuamente reinventada) y un tiempo dedicado a la producción, enriquecido al estar fundado en la plena iniciativa de los productores.

  En los Grundrisse de Marx se encuentra una perspectiva o anticipación (audaz para su época) que define exactamente lo que debería llegar a cumplir el movimiento antimundialización: hacer del “mercado mundial” ya no el espacio “en el que los lazos entre los individuos se tejen, pero se establecen desde afuera de ellos y tienen un carácter autónomo”, sino aquél en el que, luego de que “maduren las condiciones de superación de este estado de cosas”, se cree “la comunidad y la universalidad verdaderas”[v]. La relación de los productores directos con sus medios y condiciones de trabajo y las transformaciones de esta relación, constituye uno de los conceptos centrales del análisis de Marx en los Grundrisse y en El Capital [vi]. Es también uno de los conceptos más actuales, cuya “modernidad” aflora en todas las luchas contra la dominación capitalista. Los productores asociados, a los que se devolvería (o se apoderarían) de los medios políticos y jurídicos para poder dominar sus condiciones de trabajo verían abrirse ante ellos la posibilidad de decidir los objetivos de la producción, de la satisfacción de las necesidades sociales según un orden de propiedades determinado democráticamente, así como podrían repartir el trabajo entre tiempo libre y tiempo consagrado a la producción y determinar la forma de superar el foso entre el trabajo de concepción y el trabajo de ejecución.

 

A partir de la importancia vital de la relación de los productores con sus condiciones de trabajo, trabajo concebido también como productor de temporalidad y de espacio (alojamiento y transporte), nos enfrentamos naturalmente con la cuestión de la propiedad de los medios de producción, de comunicación y de cambio (la moneda). La cuestión de la propiedad de estos medios no es el execrable fetiche que los anticapitalistas consecuentes se empeñarían en plantear revelando su naturaleza de “dinosaurios del pensamiento” o marxistas impenitentes. En la medida en que uno se fije como objetivo resolver la cuestión democrática por excelencia, el dominio por los productores asociados de los medios de trabajo que han sido acumulados gracias a su inteligencia y su trabajo, la cuestión de la propiedad de los medios de producción, de comunicación y de cambio surge de manera insoslayable. Nos confronta en cuanto se plantean a nivel nacional problemas como el dominio efectivo de los tiempos de trabajo, el fundamento y la finalidad del servicio público y la satisfacción de las necesidades sociales reales o, a nivel internacional, el del “control ciudadano” sobre las condiciones del intercambio comercial entre los pueblos...

  Posiblemente la cuestión de la propiedad de los medios de producción, de comunicación y de cambio no se plantearía con la urgencia actual si no fuese por la concentración sin precedentes en la historia del capitalismo de la propiedad de estos medios en las manos de los miembros y/o mandatarios de una clase muy reducida, con los primeros rasgos de una clase mundializada, imperialista, enraizada en el capital financiero, tal como lo presintiera Marx. Esta concentración tiene como consecuencia la subordinación de todas las decisiones relativas a la utilización de estos medios, a las estrategias de valorización del capital y de organización de su dominación social de esta clase, subordinación tanto más intolerable política y socialmente cuanto que es el resultado de una “contrarrevolución en frío”, que muchos cuadros del movimiento obrero tradicional aceptan con un fatalismo desmoralizador. También contra este fatalismo se formó el movimiento antimundialización.

  Tanto los niveles alcanzados por la concentración y la centralización financiera, industrial y comercial y el poder monopolista cristalizado en los grupos industriales de dimensión gigantesca, como la gran fuerza institucional que la OMC tiene gracias a las exepcionales atribuciones que le otorgó el Tratado de Marrakesh, circunscriben mucho la acción de un “control ciudadano de la OMC” limitado al nivel de los intercambios y el mercado. La OMC debe ser combatida vigorósamente. Uno de los primeros e inmediatos blancos del movimiento antimundialización debe ser el proceso de liberalización, desreglamentación y privatización de los servicios públicos, organizado en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios (AGCS). Enfrentamos aquí una grave extensión de la esfera de la “mercantilización” a servicios vitales –a la cabeza los cuales están la salud y la enseñanza– así como a la cultura[vii]. Es preciso combatir el AGCS con todos los medios y capacidad de presión democrática que los asalariados y excluidos todavía tienen, pero también restableciendo los fundamentos filosóficos y políticos de la defensa de los servicios públicos y de las formas de propiedad pública que suponen. En el caso de la Unión Europea, la campaña contra el AGCS implica el combate político inmediato para que la negociación de estos servicios no caiga bajo las disposiciones del artículo 133 del Tratado de Maastricht y de Amsterdam, instrumentos para apartar a los países y conceder total libertad de acción a los altos funcionarios políticamente irresponsables de la comisión. Aunque el tiempo sea escaso, la campaña no puede limitarse a la cuestión de la soberanía.

  En el corazón del neoliberalismo se encuentra la glorificación, llevada hasta sus más completas y extremas conclusiones, del “individualismo propietario”[viii], el individualismo centrado en la propiedad privada. Pensamos que se ha hecho imposible para los ciudadanos –asalariados, desocupados, jóvenes– combatir la mundialización y oponerle otra sociedad sin que el movimiento antimundialización remonte río arriba y retome la cuestión de la propiedad.

 

 

El ejercicio de un dominio social, colectivo, ciudadano, sobre las condiciones de los intercambios comerciales entre los pueblos, así como sobre la organización del trabajo y la satisfacción de las necesidades sociales más urgentes, supone que se deje de considerar a la forma de propiedad de los medios de producción, de comunicación y de cambio como una cuestión tabú, una cuestión que la quiebra y el hundimiento de la propiedad estatal colectivizada de manera burocrática o estalinista habría resuelto de una vez y para siempre en un sentido adverso al combate por la emancipación social, en contra del movimiento obrero. Si el movimiento antimundialización quiere evitar el impasse y no defraudar en los próximos años las esperanzas de los que se entusiasmaron con Seattle, es preciso que sus militantes asuman o reasuman teórica y políticamente el problema de la propiedad.

Sobre todo, porque la burguesía mundial (en sus diferentes componentes nacionales y sectoriales) no oculta la importancia que la forma de propiedad del capital tiene para ella. Constatamos en primer lugar que los grandes grupos industriales y financieros, los medios a su servicio y las instituciones internacionales del capitalismo, no dejan de lanzar campaña tras campaña contra lo que resta de propiedad pública. Reclaman a los gobiernos el desmantelamiento y la privatización de todos los sectores, especialmente de los servicios, que escapan a la valorización directa del capital, incluyendo los casos en que la propiedad pública de servicios clave (antes marcados por una crónica desinversión) sirvieron durante medio siglo de soporte para la acumulación. Se interesan pues de sobremanera en la extensión de la propiedad privada, así como en las formas de ésta más satisfactorias para el capital financiero.

Constatamos luego que la cuestión de las formas de propiedad está en el corazón de la estrategia de los fondos de pensión e inversión financiera para apoderarse de las empresas. Una de las grandes cuestiones es el establecimiento de formas nuevas y cada vez más pesadas de dominación de las finanzas sobre los asalariados. Desde hace 10 años se asiste incluso en la misma esfera del capital privado (y aún en las empresas que siempre fueron privadas) a una completa transformación de la definición misma de la propiedad y de los “derechos” que le son concedidos (los del accionariado todopoderoso) y de las "legítimas" expectativas que los accionistas puden tener en términos de rentabilidad de sus partes de propiedad.[ix] La "contrarrevolución conservadora" se apoya en la revitalización de esa muy particular institución del capitalismo que es el mercado secundario de títulos. Esta institución garantiza a los accionistas la “liquidez”, la posibilidad de desprenderse en el momento que se quiera de esa fracción de propiedad que toma la forma de partes de tal o cual empresa: la propiedad de títulos ha pasado a ser líquida. Entonces, para los accionistas, el capital físico y sobre todo los asalariados deben tener la misma “liquidez”, la misma flexibilidad, con la posibilidad de descartarlos cuando se quiera. Se comprende así que estos mercados pasaran a ser el terreno de pelea entre poderosas coaliciones de capital financiero, la palanca de la centralización y la concentración acelerada de las empresas y, por supuesto, uno de los instrumentos esenciales de las privatizaciones.

     El problema de la propiedad debe dejar de ser tabú. El movimiento antimundialización y el movimiento obrero deben retomarlo. La propiedad social (una de cuyas modalidades es la propiedad pública y el sector público) tiene dos fundamentos: el carácter social de la producción y el cambio, y una determinada idea del bien común y del interés general que trasciende el individualismo y la estrecha defensa de intereses particulares que la glorificación de la propiedad privada hace florecer.

     En lo que se refiere al primer aspecto[x], el carácter social de la producción y el cambio funda la necesidad de formas de propiedad capaces de expresar más adecuadamente este carácter social. Estas formas deben dar solución a los problemas de distribución de la riqueza, pero también de la finalidad de la actividad. La propiedad social es una impostura, si no está acompañada de verdaderas formas de gestión y control colectivas y democráticas. Acá está la vulnerabilidad de las empresas e instituciones del sector público en los países europeos, mucho antes de que sus dirigentes (en general con apoyo de los sindicatos) se entregaran a la política tan perversa como perniciosa de defender el servicio público entre ellos mientras se lanzában en el exterior a la mundialización capitalista clásica de sus empresas, con la absorción y la reestructuración de empresas públicas privatizadas.    Particularmente en los países capitalistas avanzados, el carácter social de la producción y el cambio nunca fue tan marcado como hoy. Sobre él reposa “la economía de redes” con todas las “sinergias creadoras” con la que los economistas hacen tanto barullo. A esto es a lo que se refieren los apologistas de las fusiones y adquisiciones, que no temen contradecirse cuando se trata de justificar económicamente (y desde su punto de vista, socialmente) las concentraciones. El objetivo de la apropiación social en sus diferentes formas es permitir que todos los que con su actividad directa o indirecta (por ejemplo, la investigación científica y tecnológica, y con mayor razón la enseñanza) y su trabajo de asalariados contribuyeron a producir la riqueza bajo la forma de interacciones, de sinergias y de cooperaciones múltiples y complejas, puedan no solamente participar en su distribución de una manera distinta a la que hoy imponen los accionistas y “los mercados”, sino también intervenir en las decisiones referidas a otras finalidades de la creación colectiva de riqueza: inversiones, transferencias hacia los países del tercer mundo, etcétera. No puede existir propiedad social en un verdadero sentido si no está acompañada por efectivas formas de gestión y de control ciudadano. En algunos casos y bajo ciertas condiciones se tratará de formas de gestión y de control relativas a los asalariados y los “usuarios” de tal o cual sector determinado. En otros casos y para otras cuestiones es el conjunto del pueblo el que debe participar en la toma de decisiones. Reconocer el carácter social de la producción y el cambio es incluir pero también inmediatamente trascender la autogestión de las empresas en el lugar de trabajo.

 

 

Encontrar soluciones a la desocupación masiva con su cortejo de flagelos políticos y sociales resultante de los procesos de desocialización que el desempleo permanente provoca, es uno de los objetivos centrales de muchas de las asociaciones y agrupamientos del movimiento antimundialización. El origen de la desocupación masiva contemporánea está en la liberalización, la desreglamentación y la privatización que caracteriza la actual fase de mundialización, así como en la creciente concentración de esta propiedad y en la sumisión de la actividad productiva a los imperativos cada vez más ilimitados de maximización de la valorización. Y donde no hay desocupación masiva se encuentran los “pobres en el trabajo” y los innumerables mecanismos de trabajo “flexible” y disponible a todo momento, del que las mujeres son las víctimas más evidentes.

     También sobre esta cuestión el movimiento antimundialización debería tener gran interés en establecer bases teóricas frente al problema. Una de las razones por las que las dos leyes sobre "las 35 horas" en Francia se hicieron excluyendo todo control por los asalariados sobre sus medios de producción y trabajo, y sin que pueda ser ejercido el más mínimo control a nivel de la gestión de los grupos privados, públicos o en vías de privatización, es porque se presentó este control como un atentado contra las prerrogativas de los dirigentes y contra los derechos de los accionistas actuales y futuros.

     La existencia de un “mercado de trabajo” (de hecho segmentado y múltiple), de un espacio social organizado donde debe darse la venta (o el intento de venta) de la fuerza de trabajo (con su contenido de inteligencia, habilidad y fuerza física) de todos que tienen como única riqueza el trabajo es, si no el pilar, la mayor “institución social” del capitalismo, decisiva. La venta de la fuerza de trabajo cumple dos funciones cruciales para el orden social del capitalismo. Es la precondición para la apropiación de los resultados del trabajo vivo en la producción (no hay plusvalía sin venta de fuerza de trabajo). Pero es también el instrumento de dominación social capitalista por excelencia, el que debe funcionar en tanto sea posible más allá de la represión policíaca y judicial. La venta de la fuerza de trabajo es el lazo social más importante de la sociedad capitalista. El que no puede vender su fuerza de trabajo es “superfluo”, tiende a ser expulsado de la órbita social, cuando no es lisa y llanamente rechazado y excluido. La interiorización, el temor de correr esta suerte se insinúa en todos los asalariados. Este refuerza todos los procesos de opresión y dominación de las mujeres. Permite que la división sexuada del trabajo y la desigualdad salarial entre los sexos se perpetúe incluso allí donde existan leyes que dicen otra cosa.

     Hoy, más que en cualquier otro momento, la propiedad privada se alimenta mediante la apropiación de los resultados de la organización de la producción en cuyo corazón está la compra de la fuerza de trabajo al menor precio posible y la multiplicación de los esfuerzos para economizar la cantidad de trabajo asalariado utilizado. Pero esto ocurre cuando se ha hecho posible la liberación del trabajo asalariado y salir del trabajo impuesto bajo el yugo del mercado de trabajo y el miedo a la desocupación, que obliga a aceptar la jerarquía capitalista. Observando el movimiento de desarrollo tecnológico provocado por el capitalismo y proyectándose hacia el futuro, Marx escribió hace un siglo y medio que el capital es una contradicción en movimiento: por una parte, empuja la reducción del trabajo a un mínimo y, por otra parte, pone al tiempo de trabajo como la única fuente y medida de la riqueza (...). Por una parte, despierta todas las fuerzas de la ciencia y de la naturaleza, así como las de la cooperación y del intercambio social, de forma que hace a la creación de la riqueza independiente (relativamente) del tiempo de trabajo. Por otra parte, pretende (...) insertar las gigantescas fuerzas así creadas en los estrechos límites necesarios para el mantenimiento, en tanto que valor, del valor ya producido.[xi]

 

Justamente para esto las empresas y las inversiones capitalistas nacionales e internacionales desplegaron un inmenso esfuerzo desde el surgimiento y extensión de lo que se conoce como “revolución de la microinformática”. Tecnologías capaces de ayudar a la liberación del trabajo y a la preservación de los recursos naturales fueron modificadas para que la venta de la fuerza de trabajo siga siendo el pilar “natural” del orden social, un pilar que debe ser “interiorizado” por cada uno hasta hacerlo parte de su habitus.

Decir que se tiene el objetivo de restituir a los productores el dominio de sus condiciones de trabajo, afirmar el carácter social de la producción en las diversas formas sociales que deben imponerse a la propiedad de los medios de producción, combatir por la restitución y/o extensión del servicio público, es dar un primer paso para invertir el enfoque de la cuestión del empleo y la desocupación. Pero es preciso dar un paso más. Se debe demostrar que la dominación social de la minoría sobre esa mayoría sometido a la venta o la no venta de la fuerza de trabajo (es decir, al desempleo y al temor permanente del desempleo) se ha incrementado a consecuencia de la polarización de la riqueza, pero también que esto se produjo en el momento mismo en que la tecnología permitiría un progreso colosal en la liberación de los hombres del trabajo. Es preciso que el movimiento antimundialización pueda hacer suya la idea enunciada por Marx de que "el reino de la libertad empieza solamente allí donde se deja de trabajar por una necesidad impuesta desde el exterior; se sitúa, pues, más allá de la producción material propiamente dicha"[xii]. Es una posición que los marxistas no deben reservar para sus discusiones internas, deben aportarla al conjunto del movimiento antimundialización.

 

Al mismo tiempo, el impasse del modo de desarrollo dominado por el capital financiero se expresa en su componente depredador de la naturaleza. Las poblaciones directamente amenazadas por las agresiones contra sus condiciones de existencia, con el apoyo de los movimientos ambientalistas, han permitido medir plenamente los peligros que penden hoy sobre la humanidad y la naturaleza. Por supuesto, no es un fenómeno nuevo. Los procesos de producción y los modos de consumo impuestos por el capital siempre despreciaron el costo real de las destrucciones ambientales (así como los costos sociales). Esto condujo a Marx a sostener que la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción agotando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre.[xiii]

 

  Pero el agotamiento de la tierra tomó en las últimas décadas una magnitud inocultable. Los procesos de producción, en sintonía con las relaciones de producción y propiedad capitalista (que las burocracias de los países con propiedad estatal adoptaron punto por punto), implican una combinación específica del maquinismo con las exigencias de rentabilización del capital y por tanto su rotación tiene enorme impacto en las formas del pillaje energético. La "cultura del automóvil" y la prioridad del transporte por ruta basados en la exacerbación del “individualismo propietario”, así como la búsqueda de maximización (producción “a flujo tendido” para ser "competitivos") actuaron en el mismo sentido, cada vez con más fuerza. Después de intentar durante mucho tiempo negar la magnitud de los perjuicios, los grupos multinacionales cambiaron de actitud. Sus lobbistas y abogados invadieron las instancias de negociación internacional. En la reciente convención sobre el clima de La Haya fueron mucho más numerosos que en Kyoto... Así logran modificar el temario, contenido y ritmo de las negociaciones. Obtienen de los gobiernos una reducción drástica de las normas anti-polución.[xiv] Lograron que sus ejecutivos sean promovidos al rango de interlocutores oficiales en cuestiones del desarrollo sustentable por el Secretario General de la ONU. El agotamiento de la naturaleza ha pasado a ser una esfera de inversiones rentables para el capital. La creación de mercados "contaminables" ilustra las consecuencias del programa del capital financiero: permitirá que los países desarrollados, principales responsables de la emisión de anhídrido carbónico, sigan contaminando. Extiende las normas de evaluación financiera a la naturaleza[xv]¿Quién no se da cuenta que mañana estos mercados contaminables serán integrados en los mercados financieros globalizados, y la naturaleza pasará a ser también un producto derivado en las carteras de los inversores institucionales? Ocurre lo mismo con el agua. Según el Informe 2000 del PNUD, 2.400 millones de personas carecen de adecuada infraestructura sanitaria y 1.000 millones no tienen agua potable. Constreñidos por el modo de producción portador de semejantes desigualdades, los gobiernos de países desarrollados en vez de considerar a este recurso devenido escaso un bien que escape a la mercantilización, han optado por acelerar el programa de privatización de los servicios de provisión de agua.

 

 

Muchos se han sumado al movimiento antimundialización en torno a la lucha por la imposición de la tasa Tobin. Así expresaron su oposición al poder adquirido por las finanzas, su rechazo a las formas contemporáneas del capital financiero con sus rasgos rentistas parasitarios y depredadores. Pero los miembros de ATTAC no son los únicos que consideran que llegó el momento de poner freno al control que el capital financiero (por intermedio de los fondos de pensión y colocaciones mutuas, las compañías de seguros y los bancos internacionales) ejerce sobre las empresas y por tanto sobre las condiciones de creación del valor y su modo de distribución. El gobierno de empresa fundado en el objetivo de “siempre más valor para el accionista” domina la gestión de los grupos multinacionales que controlan totalmente la creación de riqueza a escala mundial. La gestión y control del capital financiero, integramente apoyado por las políticas neoliberales de los gobiernos conservadores y los partidarios de la “Tercera Vía” (entre quienes están los dirigentes gubernamentales de la “izquierda plural” francesa, aunque el nombre les disgusta) amenaza las condiciones de existencia de los asalariados y condena a la miseria a las poblaciones y países que no son considerados suficientemente rentables por el capital.      Los mercados financieros, de los que extraen parte de su inmenso poder social los inversores institucionales y demás capitalistas financieros, no pueden funcionar sin el aporte regular de nuevos fondos líquidos. Son fondos parasitarios que no se vuelcan a verdaderas inversiones, sino a títulos de propiedad que ordenan comprar y vender siguiendo los movimientos especulativos y la evolución de la coyuntura. Todo lo que contribuya a alimentar los mercados, consolida el poder de las finanzas parasitarias y rentistas. La comprensión de esto es el aporte indispensable de ATTAC al conjunto del movimiento antimundialización. No es posible entonces dejar de interrogarse sobre la blandura con la que algunas fuerzas que se declaran del lado del movimiento antimundialización combaten contra las leyes de "ahorro salarial" (a veces, saludando incluso sus “aspectos positivos”). En Francia estas leyes constituyen la primera etapa de la imposición de los fondos de pensión. Sus autores no ocultan la ambición de modificar de arriba a abajo las relaciones de fuerza entre el capital y el trabajo. Como está escrito en un informe enviado al Primer Ministro[xvi], se trata de hacer del "ahorro salarial" “el fundamento de un nuevo contrato social en gestación” que haría de cada asalariado un accionista.

Estos objetivos hacen recordar, por supuesto, aquellos que figuraban en el programa fundacional del gaullismo (fundados en la "asociación capital-trabajo" y la "participación"), avanzos durante los años 60. Los objetivos del gaullismo se situaban en el marco de un crecimiento macroeconómico fuerte en el cual los asalariados, reducidos a simples miembros de una “comunidad social”, habrían recibido algunos “dividendos del progreso”. Más allá de estos espejismos, los objetivos políticos del gaullismo eran la desintegración de las organizaciones e instituciones colectivas que protegían a los asalariados y así fueron entonces valorados: la derrota de De Gaulle marcó sin equívocos la oposición de los asalariados a esos proyectos.         

Seguramente, el accionista-asalariado representa hoy un elemento de la utopía neoliberal que describe un mundo virtual donde todos los individuos serían por igual poseedores de un capital humano y de derechos de propiedad que buscan hacer fructificar. Pero esta utopía, tan vieja como el mismo capitalismo, no deja de estar fundada en objetivos y necesidades económicas y políticas muy reales. Se trata, en primer lugar, de destruir los sistemas de protección colectiva que fueron impuestos al capital y representan un costo insoportable para él. El argumento de que en Francia el "ahorro salarial" no cuestiona el “sistema de seguridad social al que todos los franceses se apegan” es una nube de humo tras la que se ocultan los nuevos conversos para apoyar una ley que no resiste el más mínimo análisis. En todos los países donde existen el "ahorro salarial" y los fondos de pensión, son utilizados para debilitar y luego destruir los sistemas de protección colectiva, ya sea financiados por la cotización social como en Francia, o por impuestos. Pero esto no es más que una etapa en la “gran transformación” que el capital quiere producir. El objetivo es desmantelar las solidaridades colectivas construidas por los asalariados a través de la historia, oponiendo a los benficiarios de los planes de ahorro con la mayoría sometidas a la precariedad del empleo y a la generosidad pública (o privada) a título de protección social. Lo que el Ministro de finanzas presentó el 4 de octubre de 2000 ante la Asamblea Nacional como pilar de la modernidad, en la discusión de la ley sobre "ahorro salarial" era ya en el siglo XIX un viejo programa. Por eso Marx pudo hacer una caracterización que sigue siendo muy actual: “la caja de ahorro es la cadena de oro mediante la cual el gobierno aferra a gran parte de los obreros. Estos no solamente encuentran así razones para mantener las actuales condiciones. Se produce una división entre la parte de la clase obrera que participa en las cajas de ahorro y la parte que no participa. Los mismos obreros ponen así en manos de sus enemigos las armas para la conservación de la organización existente de la sociedad que los oprime”[xvii].

 

* Trabajo presentado en el Coloquio Internacional de la Villete "Por una construcción ciudadana del mundo. Un año después de Seattle" realizado París, Francia, entre los días 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2000, organizado por ATTAC, la CCOMC y las revistas Espaces Marx y Actuel Marx, entre otros. Los autores, François Chesnais, Claude Serfati y Charles-André Udry (franceses los dos primeros, suizo el último) son conocidos marxistas revolucionarios con una activa participación en la movilización internacional que ha puesto significativos jalones en Seattle, Praga, Davos, etc. La traducción del francés fue realizada por Aldo Andrés Romero, a partir la versión mimeografiada de la presentación.      [xviii]

---