La economía de los cocadólares. Producción, transformación, exportación de drogas, blanqueo, repatriación y reciclaje del dinero criminal en Colombia.

Los problemas que plantea la producción, comercio y uso de drogas son, para un economista, tanto una muestra de los límites de su disciplina como un poderoso estímulo para su estudio. El objeto está mal definido, la medición es cuando menos difícil y a menudo «folclórica»,[1] el comportamiento de los traficantes es poco conocido y su posible cambio de condición difícil de evaluar.

El objeto está mal definido porque su definición depende de una prohibición; ahora bien, ésta varia según los países y, sobre todo, según la época. El consumo de hojas de coca está autorizado en algunos países y prohibido en la mayoría; en otros, el tráfico está prohibido, pero la utilización de drogas puede no estar reprimida. La variedad es considerable y sus modalidades son poco conocidas: la diferenciación puede ser horizontal o vertical, según el tipo de productos y sobre todo del grado de pureza, que varía en función de la represión y de la evolución de los precios. La calidad, pues, es difícil de apreciar, al no estar definida la variedad antes del acto de venta por los traficantes. La sustitución entre productos es asimismo poco conocida; depende de la evolución diferenciada de los precios, de la importancia de la dependencia, de las modificaciones del contexto «cultural». La expansión de productos sintéticos -nuevos cócteles químicos- es considerable y su uso sustituye en parte el de las drogas naturales; extractos de plantas transformados por medio de productos químicos se mezclan a veces con estos, y la distinción entre lo que es medicamento (y en consecuencia lícito porque responde a una prescripción facultativa) y lo que no lo es no es siempre fácil, sobre todo si estos productos ayudan a mejorar records como los de velocidad o resistencia. La profesionalización del deporte y su mercantilización a ultranza llevan naturalmente al dopaje de los deportistas. La droga forma parte entonces de la reproducción de la fuerza de trabajo de los deportistas. La vigorosa entrada de estos productos es reveladora de profundos problemas de sociedad,[2] pero también de las dificultades que se encuentran para definir lo que es droga y lo que es medicamento,[3] de los límites y a veces de la arbitrariedad de lo legal. Viejo problema con el que se tropezó una y otra vez durante las discusiones internacionales sobre la legalización o no del opio a fines del siglo pasado y a principios de este,[4] pero nuevo problema al tratarse de productos sintéticos, mal definidos en cuanto a sus efectos a medio y largo plazo sobre la salud de quienes prueban múltiples cócteles de composición más o menos misteriosa.

La medición es imperfecta principalmente porque se trata de productos cuya producción, transformación y comercialización es ilícita, y su valoración, como veremos, a menudo folclórica. Valoración ardua, más aún cuando las formas de organización del comercio, en sus diferentes estadios, se insertan en un conjunto de actividades informales que le sirven de soporte y revisten el aspecto de redes móviles, versátiles, lejos de la imagen que da la prensa cuando menciona a tal o cual cártel. Paradójicamente, se puede obtener una apreciación o, más exactamente, un cuadro macroeconómico creíble de la producción de drogas y de su valor. Es más problemática en cambio la evaluación de los montos repatriados directamente atribuibles a estas actividades criminales.

Es trabajoso delimitar y valorar el comportamiento de los traficantes. La creciente apertura de las economías, tanto en lo que concierne al intercambio de mercancías como a los movimientos de capitales, facilita la exportación de productos ilícitos, y aparentemente vuelve el blanqueo de capitales más fácil, pero paradójicamente aumenta su coste, como veremos. La profunda crisis de numerosas economías ex socialistas en «transición hacia el capitalismo» o de las ayer llamadas emergentes, el mantenimiento de ciertas regiones asiáticas -países, como Birmania, o regiones que agrupan a varios países- en una cuasi autarquía con excepción de su ilícito comercio, tiende a multiplicar la oferta en el mismo momento en que la demanda, en algunos de los más importantes países desarrollados, tiende a estabilizarse o a retroceder y se diversifica hacia productos sintéticos, mientras la eficacia de la represión pareciera aumentar en lo que se refiera a las incautaciones.

Más difícil de evaluar es el comportamiento cuando se trata de estimar la amplitud del dinero repatriado a los países de producción. ¿A partir de qué nivel de la cadena de comercialización (mayorista, semimayorista, al por menor) se puede considerar que cesa este proceder? Espinosa cuestión, cuando se conocen los factores de multiplicación de los precios, especialmente elevados entre el precio en la producción, el mayorista durante el embarque, a su llegada, el semimayorista, la venta al por menor (véase anteriormente).[5] ¿Cuánto hay de arbitrario en la hipótesis de que los precios a partir de los que se debe evaluar la posible repatriación de los traficantes colombianos son los de la venta al por mayor en el caso de la cocaína, o los de salida en el caso de la heroína? En fin, más allá de esta cuestión ¿cuál es el fundamento de tal repatriación?

Las técnicas de blanqueo, por más sofisticadas que sean, no pueden eludir la pregunta esencial, la del carácter de este dinero. ¿Qué legitima la posesión de importantes sumas de dinero limpio? La respuesta a esta pregunta es fundamental y traza los límites de la búsqueda de notabilidad de los traficantes. En la medida en que en numerosos países con legislación laxa parece más sencillo «legitimar el dinero limpio» cuando es utilizado en actividades como la construcción, la especulación inmobiliaria o la compra de terrenos, se comprende la preferencia de los traficantes por estas actividades y estos países, pero también su dificultad para transformarse en «burgueses industriales».

El objeto de este artículo es esbozar los problemas planteados por la producción y comercialización de los productos ilícitos «naturales», y después presentar las diferentes técnicas que permiten repatriar el dinero sucio y blanquearlo, apreciar desde un punto de vista macroeconómico la importancia de estas repatriaciones y, por fin, analizar el compartimiento de los empresarios mafiosos.

 

 

Lo menos que se puede decir es que la valoración de las drogas producidas y consumidas se lleva a cabo con una información imperfecta. El observador no dispone de datos fiables; el productor, el traficante, el consumidor, ignoran a su vez, en diverso grado, los datos macroeconómicos del mercado. Utilizar cálculos de probabilidades es problemático, solo pueden tener un grado de credibilidad satisfactorio horquillas de precios; de la producción, que sepamos, no se ha sacado provecho de la teoría de juegos;[6] hoy por hoy, las técnicas de la economía industrial que tratan de delimitar el comportamiento de la información imperfecta (como las de la incertidumbre moral o de la selección adversa) ayudan poco: ¡hasta tal punto la información es imperfecta y difícil de hacer la verificación a posteriori para volver a valorar los comportamientos! Probablemente la aproximación más creíble consiste en entrecruzar la información y la valoración obtenidas río arriba (la producción y la transformación) y río abajo (el consumo). Es la que adoptaremos, pues es la única que hace coherentes los resultados obtenidos por el lado de la oferta.

El análisis río arriba consiste en hacer una serie de valoraciones. Tomemos el caso de la cocaína, posiblemente el más estudiado en la bibliografía. Se puede estimar la cantidad de hectáreas consagradas al cultivo de hoja de coca seleccionando los países susceptibles de producirla (principalmente los países andinos: Perú, Bolivia, Colombia, y también Ecuador, a los que probablemente habría que añadir otros países cuya oferta era relativamente marginal hasta ahora). Normalmente se valoran los rendimientos por hectárea, que son diferentes según la fertilidad de la tierra, los abonos utilizados y, por último, las modificaciones climáticas[7]. Se obtiene un cuadro de las cantidades producidas, a la que conviene sustraer el consumo local de hojas de coca, importante en Perú y en Bolivia. Una vez deducido dicho consumo, se obtiene una cantidad de hojas cuya transformación en «pasta», y después en «base», constituyen las etapas, relativamente sencillas, del proceso de transformación. Prosigue con el añadido de diversos productos químicos en los laboratorios y finaliza con el clorhidrato de cocaína, es decir, la cocaína. En el cuadro 1 se da una estimación de la producción de hojas en cada uno de los países andinos productores. Para evaluar mejor el cálculo de la conversión de hojas en cocaína se ha supuesto que solo un 80 % de estas son transformadas en el país de origen, para tomar en cuenta el consumo local. Estos factores de conversión, diferentes según la calidad de las hojas, se estiman para Perú en 334 (miles de toneladas)/1 (tonelada), para Bolivia en 373/1, y por último, para Colombia, en 500/1.

 

 

 

Fuente: Steiner, obra citada, p. 27.

 

Pero la hipótesis simplificadora que identifica el lugar de cultivo de hojas y de transformación en cocaína, necesaria para tener en cuenta diferentes factores de conversión, no se corresponde con la realidad. La transformación no se localiza en los lugares de producción. Un país domina claramente a los otros: Colombia. Las organizaciones criminales colombianas importan de Bolivia y de Perú la base, la cual, añadida a la producida en Colombia, se transforma en cocaína y se exporta, principalmente a Estados Unidos. La división del trabajo entre países que producen materias primas sin transformarlas en cocaína y el que opera esta transformación tiende, sin embargo, a cambiar. Se considera, por ejemplo, que la participación de Bolivia se incrementó estos últimos años, puesto que habría transformado algo más de un tercio de su base en cocaína en el año 1990, cuando esta cifra era de solo el 7 % en 1986, a la vez que acrecentaba de forma considerable su propia producción de base[8] y desarrollaba sus exportaciones hacia Brasil[9]. Se estima que en 1990 Bolivia exportaba 114 toneladas de base y 61 de cocaína; Perú, 360 y 40, respectivamente; y Colombia, aproximadamente el setenta por ciento de la cocaína producida en todo el mundo, es decir, 455 toneladas.

Para conocer el valor de la cocaína exportada hay que multiplicar la cantidad neta[10] producida por un precio, o un cuadro de precios. Hay diferentes precios a considerar: el precio mayorista en el momento del embarque, el de llegada al país consumidor, el precio semimayorista y el minorista. La hipótesis fijada es que Colombia controla el transporte y que, en consecuencia, hay que considerar el precio mayorista a la llegada para deducir la cantidad de dinero que podría repatriarse, una vez blanqueado. Hipótesis no muy sólida por dos razones: la primera es que una porción de las actividades criminales en los países de destino es parte de las redes colombianas y, por consiguiente, su participación en la cadena de la producción al consumo final no se limita a la transformación y transporte; la segunda es que una parte importante del transporte se hace mediante la creciente participación de las redes criminales mexicanas[11], mayor a medida que cambian las rutas. Sea como fuere, admitiendo esta hipótesis, la posible repatriación puede calcularse anualmente entrecruzándola con los procedimientos que se cree la hacen posible (contrabando, sobre y subfacturación, etcétera,. que analizaremos posteriormente), teniendo en cuenta a la vez las variaciones de la oferta y las muy grandes variaciones orientadas claramente a la baja de los precios mayoristas (estos ascendían de media a algo más de cincuenta mil dólares por kilo en 1981, y descendieron ligeramente por debajo de los diez mil dólares en 1994, tras haber pasado por una depresión en 1991[12] [Rocha (1998), citado por Thoumi, p. 155].

Las cifras obtenidas una vez deducidas las incautaciones internacionales, solo son sostenibles si la estimación sobre la oferta se aproxima a la efectuada sobre la demanda. La credibilidad del resultado reposa, por consiguiente, sobre la comparación entre la producción y el consumo estimados. Queda, pues, por valorar el consumo.

 

 

 

(1) Suponiendo que Estados Unidos represente el 90 % del mercado mundial.

(2) Suponiendo que Colombia suministra el 75 % del total.

Fuente: Steiner (1997), p. 24 (para la producción, cálculos del autor; para el consumo, datos suministrados por la ONDCP).

 

Una forma simple pero engañosa de calcularlo consiste en multiplicar por diez las cantidades incautadas, que son conocidas. Sin embargo, esta aproximación es poco creíble: el consumo parece muy elevado y supera de lejos las más altas estimaciones de producción. Otra forma de proceder es investigar distinguiendo los consumidores ocasionales de los adictos. Una vez conocido el gasto total y dividido por un cuadro de precios al por menor, se obtiene el consumo en volumen, que puede compararse entonces con el deducido por las estimaciones hechas de la oferta. Se obtendría así, para Estados Unidos, un consumo de entre 224 toneladas (estimación baja) a 311 (estimación alta) en 1988, es decir, una cifra bastante más pequeña que la extraída por The Economist en 1989 de los trabajos del subcomité del Senado norteamericano, que valoraba el tráfico mundial de drogas en unos quinientos mil millones de dólares (trescientos mil en Estados Unidos), un tercio de cocaína, es decir, cien mil millones de dólares, cifra que provenía de un cálculo -calificado como pintoresco por Steiner- hecho por la revista Fortune, sin que se conociese la metodología empleada. Esta valoración es citada a menudo por la prensa y por los investigadores, incluso en estudios serios pero que se preocupan poco por las consecuencias macroeconómicas de tal valoración [FMI, de Maillard (1998)[13]]. Dividido por el precio al por mayor vigente entonces (alrededor de cuatro mil dólares por kilo), el consumo habría sido de dos mil quinientas toneladas, y dividido por el precio al por menor, de ochocientas toneladas... Sea como fuere, después de un auge en 1989, el consumo disminuye para situarse entre 224 toneladas y 283 toneladas en 1993.

Cuando se tiene en cuenta el consumo de otros países y se añaden las incautaciones, se obtiene una valoración de las exportaciones mundiales: una media de 571 toneladas de 1988 a 1993 (véase el cuadro 2). Si se considera que las exportaciones colombianas corresponden al 75 % de las mundiales, estimación ligeramente más baja que la de Rementeria (véase posteriormente), se obtiene el monto de las exportaciones de este país, es decir, la producción neta de los consumos locales. Si esta valoración se corresponde con la obtenida a partir del análisis de la oferta hecho precedentemente, se puede pensar que es globalmente pertinente, y este es el caso. El consumo mundial medio de cocaína, desde 1988 a 1993, se sitúa en torno a doscientas sesenta y cinco toneladas, y las incautaciones en alrededor de doscientas noventa y cuatro. Las exportaciones totales son, pues, de 571 toneladas de media en el período. La producción media estimada sobre el mismo periodo es de 628 toneladas según Steiner (véase el cuadro 1). La diferencia entre los dos cálculos es, pues, de aproximadamente un diez por ciento, lo que es poco y en ciertos años muy poco (por ejemplo en 1989), pero importante en otros (sobre todo en 1990). La diferencia de media sería inferior si se hubiera tomado la estimación alta del consumo y no la media entre las dos estimaciones. Los dos cálculos (de producción y consumo) parecen por consiguiente creíbles porque son coherentes entre ellos.

De esta estimación se pueden sacar dos conclusiones. La primera: el consumo de cocaína tiende a bajar en Estados Unidos; además, el precio baja fuertemente. La valoración del volumen del negocio de cocaína, ya sea al por mayor o al por menor, está muy por debajo de la que se encuentra en la prensa. La segunda: las incautaciones están en un nivel muy alto, muy superior al que normalmente se estima, ya que rondarían de media el noventa por ciento del consumo mundial, o sea, algo menos del cincuenta por ciento de la producción mundial. Quitar importancia a las incautaciones torna incoherente el cruce de datos de la oferta y la demanda y lleva a sobrestimar el consumo, o bien a subestimar la producción, o a las dos cosas. Estamos lejos de las estimaciones «pintorescas» que se anuncian en todas partes, a menudo por organismos oficiales cuyo objetivo pareciera ser más justificar la lucha contra la criminalidad que la exposición científica de la economía de la droga.

 

 

Las estimaciones sobre la repatriación son complicadas por dos motivos: el primero atañe a las motivaciones para repatriar capitales; el segundo, al blanqueo propiamente dicho y a las diferentes técnicas que se utilizan. El análisis se centrará en Colombia, principal productor mundial de cocaína, reciente productor de heroína y lugar de exportación ilegal de estos productos, a los que conviene añadir la marihuana y las esmeraldas. La ampliación al conjunto de las drogas y al tráfico de esmeraldas se explica por la dificultad de atribuir a tal o cual actividad criminal el origen de las transferencias de dinero «sucias».

Las motivaciones para la repatriación son difíciles de discernir. ¿Por qué una organización criminal colombiana puede tener interés en repatriar capitales de Estados Unidos a Colombia? Podría perfectamente dejar una parte substancial de sus beneficios en bancos norteamericanos, o de otros sitios, una vez blanqueados. Sugerir el nacionalismo de los mafiosos colombianos es de corto alcance, aunque juegue algún papel (como ocurre con los asesinos relacionados al tráfico, impregnados de religión, que se santiguan antes de cometer sus actos y dan gracias a Dios por el éxito de sus operaciones). Hay otro argumento que parece más pertinente: el blanqueo es algo más que un conjunto de técnicas para transformar el dinero «sucio», es decir, para hacerle cambiar de forma. Debe proceder asimismo a un cambio de «fase», según la expresión de un financiero del cártel de Cali (F. Jurado) recogida por Maillard (1998, p. 92): es decir, dar al dinero un estatus y volverlo, así, honorable. Dicho de otra manera, no basta con blanquear el dinero sucio, falta aún que la adquisición de capitales ya «limpios» tenga una justificación plausible. En esto reside la gran dificultad. Puede parecer que la proximidad geográfica disminuye los costes de transacción y que se haga así más fácil dar la condición de dinero limpio a los capitales repatriados. La búsqueda de este cambio de condición explicaría en parte la repatriación. Veremos más adelante que no basta con dar a los mafiosos «títulos de nobleza», que la conversión de estos en notables es problemática y vuelve aleatoria su transformación en empresarios ordinarios al cabo de una generación. En todo caso, la búsqueda de un estatus honorable para el dinero blanqueado y repatriado influye sobre la elección de la técnica utilizada para el blanqueo. Como el blanqueo-repatriación no siempre consigue dar un estatus al dinero, este sigue recorridos particulares: se invierte en el negocio inmobiliario, en la ganadería, y las finanzas especulativas. Más allá de las facilidades geográficas -un sector informal importante, capacidad para eludir la ley y extensión de la corrupción-, para otorgar estatus al dinero blanqueado estas inversiones entroncan con el reciclaje-blanqueo.

El objeto de esta parte no es exponer ampliamente las múltiples formas de repatriar y blanquear el dinero sucio; esto ya se hizo, y en general bien, en otros sitios [los informes del GAFI, bajo la dirección de Kopp (1995), de Maillard (1998), Dupuy (1998), Thoumi (bajo su dirección, 1997), Geffray (1996 y 1998)]. Se trata de algo menos técnico y más inductivo, ya que se trata de mostrar que estas técnicas imponen un tipo de comportamiento particular, el que posteriormente dificultará la conversión en notables de algunos mafiosos, limitará su campo de inversión a actividades de apoyo al blanqueo (hotelería, restaurantes, salas de juego…), especulativas (ganadería, construcción inmobiliaria, títulos que se cotizan en bolsa) y desarrollará su consumo de prestigio.

Las técnicas utilizadas son numerosas y evolucionan con el tiempo, a medida que cambia la reglamentación. La particularidad del blanqueo, en este caso, es que incluye la transformación de una moneda en otra, en este caso el dólar (divisa fuerte) en una moneda local (divisa débil). Por eso conviene distinguir lo que podríamos llamar la repatriación-blanqueo del reciclaje-blanqueo. Los dos movimientos pueden, desde luego, cruzarse, y alimentarse mútuamente, pero los problemas planteados por cada uno de ellos son diferentes.

Las técnicas más sencillas para la repatriación-blanqueo consisten en enviar billetes de cien dólares por correo de residentes colombianos en Estados Unidos a su familia, o en llevar a cabo giros bancarios que se limitan al máximo autorizado por la legislación vigente[14], o bien en utilizar «mulas» que transportan dólares a la vuelta, tras haber «tragado» saquitos de cocaína a la ida. Las sumas transferidas o transportadas de esta forma son considerables, aunque modestas en atención a la holgura de los beneficios; son técnicas todavía artesanales[15]. Cuando existe un control de cambios, como hasta no hace mucho tiempo, puede utilizarse la técnica del clearing [compensación]. Consiste en suministrar divisas a un no residente que desee hacer turismo en Estados Unidos, a cambio de la contrapartida en un país latinoamericano. El clearing puede utilizarse, asimismo, cuando el deseo de los industriales de colocar capitales ilegalmente fuera del país se encuentra con el de las organizaciones criminales por repatriar una parte de sus ganancias. En este caso, por la amplitud de las sumas en juego, es necesario un blanqueo previo en Estados Unidos. Estas técnicas pueden ser sofisticadas, y seguir siendo artesanales, cuando se toma en consideración el tipo de cambio, oficial o paralelo, el tipo de interés doméstico y extranjero y sus respectivas evoluciones (por eso, por otra parte, se puede en parte valorar la extensión de estos movimientos por la evolución del diferencial de tasas [Urrutia y Ponton, 1993]).

Quedan tres grandes vías de repatriación-blanqueo: el contrabando, la sobre y subfacturación de mercancías en la exportación e importación y la utilización de mercados financieros internacionales.

La subfacturación de las importaciones es interesante de analizar porque pone en juego varios factores: por un lado, para ser efectiva necesita una amplia red de complicidad pues se trata de manipular los precios y por tanto las empresas, a fin de blanquear dinero sucio. Por otro lado, hace intervenir un arbitraje clásico entre los diferentes tipos de cambio. Demos un ejemplo: en periodo de control de cambios en general se observa la coexistencia entre dos tipos de cambio, el oficial y el paralelo. La amplitud de los fondos transferidos, a causa de las actividades que estudiamos, ha llevado en Colombia a una situación paradójica: el tipo de cambio paralelo estuvo devaluado con relación al oficial durante largos periodos. Las transferencias de fondos pasaban a ser relativamente menos rentables que el uso de la subfacturación, porque se practicaba con el tipo de cambio oficial[16]. Por el contrario, la subfacturación permitía adquirir más en monedas locales por cada dólar «lavado». Añadamos, por último, aunque no podemos presentarlo en el marco de este artículo, que se han hecho estimaciones que ligan los movimientos del diferencial de tipos de interés y la subfacturación (Steiner, p. 72 y ss.).

Las sumas transferidas a través de manipulaciones de precios han sido cuantiosas. Su valoración, por supuesto aproximada, es bastante fiable. Consiste en comparar los precios declarados por las sociedades que exportan en Colombia y los precios que se anuncian para las importaciones, corrigiéndolos con un coeficiente rectificador que tenga en cuenta el precio FOB, el precio CIF y los retrasos. Las sumas transferidas, aunque fluctúen y a veces tengan valoraciones distintas según los autores, alcanzan, de vez en cuando, niveles muy elevados (con un pico de más de mil setecientos millones de dólares en Colombia en 1992 [CID, p. 28]). Basta con que los tipos de cambio y de interés actúen de manera dispar para que la sobrefacturación reemplace a la subfacturación (en 1993, 1994) como medio de blanquear los narcodólares, pero la amplitud de las sumas transferidas por esta vía es más reducida y sus secuencias, más raras.

 

 

 

Fuente: CID, o. cit. p. 28. La metodología del CID es la misma que la de Steiner y Rodríguez.

 

Puede parecer paradójico que el contrabando juegue todavía un papel importante, cuando con la liberalización de las economías que se produce desde hace unos diez de años se abren las fronteras. Desde luego, podría tratar de explicarse por los diferenciales en el tipo de imposición indirecta, sobre todo en el alcohol y los cigarrillos. Pero el argumento es insuficiente, habida cuenta de la extensión del contrabando y de la diversificación de su oferta. La razón esencial es que el blanqueo de narcodólares con este mecanismo cuesta relativamente menos caro. Las condiciones de un funcionamiento eficaz por esta vía son sencillas: hace falta, primero, la existencia de un sector informal importante sobre todo en actividades comerciales; y luego, que exista una zona libre. Este es el caso de Colón en Panamá. Organizaciones criminales compran mercancías en la zona libre, las pagan en efectivo o en dinero «poco blanqueado», utilizan a veces cartas de crédito (al ser los controles menos importantes, o inexistentes, en las zonas libres). A continuación, estas mercancías se transfieren por medio del contrabando a Colombia, donde se venden en tiendas especiales, que se llaman los San Andrés (J. I. González, en este mismo número de la revista), nombre de una isla colombiana. El blanqueo, pues, transita por una actividad de contrabando y por un comercio ilegal que está lejos de ser marginal: los San Andrés constituyen una verdadera red, formada a veces por supermercados en los que se encuentran productos muy variados con precios competitivos (CID, 1997). Las sumas blanqueadas son importantes: alrededor de mil trescientos millones de dólares en 1993 y 1994, o sea, mucho más que en 1991 (327 millones) y 1992 (634 millones)[17].

Quedan, por último, los mercados financieros internacionales. De Maillard (1998) mostró cómo la desregulación de estos mercados ha permitido una expansión de las finanzas criminales. Se practican cada vez más las técnicas de sobre y subfacturación utilizadas a gran escala, el paso de una a otra cuenta utilizando los centros off shore, las prácticas secretistas o de doble contabilidad de ciertos bancos, las colocaciones a muy corto plazo en productos de gran riesgo por la necesidad de dar un estatus al dinero recibido para después, por último, repatriarlo[18].

La utilización del conjunto de estas técnicas tiene un coste creciente. Se hubiera podido pensar que la liberalización financiera y la extensión de los lugares off shore, el desarrollo de bolsas emergentes, etcétera,  bajaría el coste de estas transacciones. Ocurrió lo contrario. Indudablemente, lo complejo y sofisticado de los productos financieros permite el tránsito de capitales de manera especialmente opaca, y así blanquearlos e incluso darles un estatus, pero el conjunto de las operaciones tiene un elevado coste. Los observadores coinciden en reconocer que el coste del blanqueo habría pasado de el 5 u 8 % a mediados de los años ochenta al 15 ó 20 % a fines de los años noventa (Steiner, pp. 38-39).

 

 

1. La valoración macroeconómica de la repatriación es complicada por las razones que citamos, pero también porque el dinero sucio repatriado y blanqueado no se reduce al de la droga. En general, las organizaciones internacionales consideran que la mitad del dinero blanqueado proviene del tráfico de drogas ilícitas. En ciertos países, este porcentaje es aún menor: el juego, las armas y sobre todo la prostitución son responsables de la gran mayoría de las operaciones de blanqueo. Según los datos reunidos por G. Fabre (1998, p. 77 y ss.), el tráfico de armas, el proxenetismo, el contrabando de hidrocarburos, el juego clandestino, el tráfico de mano de obra y el narcotráfico proporcionarían entre 23.000 y 32.000 millones de dólares por año a Tailandia, o sea, un monto equivalente al presupuesto del Estado. El narcotráfico se valoraría en 1.000 millones de dólares y constituiría, así, una actividad menor. Por el contrario, en Colombia, parece natural pensar que el dinero blanqueado proviene principalmente de la droga. Y así es, pero sería sin embargo un error creer que el narcotráfico constituye el único componente de este blanqueo. Colombia produce esmeraldas y vende una gran parte de ellas clandestinamente (Guillelmet, 1998)[19].Guillelmet estima el comercio ilícito de gemas en Colombia en aproximadamente un 10 % del valor de las exportaciones -cifra probablemente inferior entre los años 1993 y 1995-, o sea, entre 700 y 800 millones de dólares.

Si se limita el blanqueo al narcotráfico, la valoración de las cantidades pasa por un simple cálculo, cuyos términos empero tienen un margen de error más o menos importante. Los ingresos brutos son el resultado de las cantidades exportadas efectivamente -es decir, netas después de incautaciones- por el precio al por mayor medio estimado, o sea, 17.600 dólares por kilo en 1990. Hay que sustraer a este ingreso bruto el conjunto de los costes ocasionados por esta actividad. El enfoque de Steiner (ob. cit., p. 38 y ss.) es interesante: se basa en una separación de los costes y los ingresos. Consiste en sustraer de los ingresos brutos los costes de transformación, de corrupción y de transporte, y el ingreso neto obtenido servirá para pagar a los campesinos, a los trabajadores y a los exportadores colombianos. Por esta razón, vamos a presentar este enfoque brevemente. El coste del transporte de la base desde Bolivia y Perú, regiones productoras, es de 100 dólares por kilo, y los que corresponden al transporte de la cocaína desde Colombia a Estados Unidos sería de 3.000 dólares por kilo, cuyo 50 % sería pagado directamente en efectivo. Se considera que el coste del transporte con destino a Europa sería un 30 % más alto. Si se ponderan los destinos en función de la importancia de los mercados, se obtendría un coste medio del transporte de la cocaína de 3.100 dólares por kilo. La transformación de la base en cocaína se realiza gracias a la utilización de productos químicos, cuyo coste puede estimarse en 200 dólares por kilo de cocaína producida (algunos cálculos consideran sumas superiores). El dinero sucio debe blanquearse. Ya hemos apuntado que el coste de esta operación creció fuertemente desde los años ochenta hasta nuestros días. Se lo considera entre un 15 y un 20 % de las sumas a blanquear. Steiner prefiere la cantidad del 10 % hasta 1989 y del 20 % de los ingresos netos desde entonces. Por último, se pueden añadir al conjunto de los costes 500 dólares por kilo de cocaína, que representarían las sumas vertidas para corromper, comprar silencios, etc.

Como ya indicamos, el precio al por mayor aproximado del kilo de cocaína era de 1.700 dólares. Al por menor, el precio crecía de media hasta los 130.000 dólares, mientras que el kilo de base (expresado en equivalencia HCL*) era de 500 dólares en Perú y de 700 en Bolivia, o sea, de 600 dólares de media. El conjunto de los costes de transporte (dentro de la zona de los Andes y hacia Estados Unidos), transformación, corrupción y blanqueo se elevan a 6.800 dólares por kilo, o sea, algo menos del 40 % de los ingresos brutos por kilogramo. El 60 % restante servirá para financiar el pago a los campesinos, a los químicos y al conjunto de mafiosos colombianos implicados en el tráfico de cocaína al por mayor. Las mafias mexicanas, que hacen transitar una parte substancial de la cocaína (entre el 50 y el 70 %, según estimaciones oficiales en 1996) reciben una parte importante de lo que se contabiliza como gastos de transporte. Las sumas percibidas en esta operación serán blanqueadas por estas organizaciones criminales y, en consecuencia, no se contabilizan dentro del blanqueo de las mafias colombianas. Por eso, la creciente participación de los mexicanos en el cocatráfico, y el pago de una parte importante directamente al contado, probablemente amputa los ingresos netos de los colombianos que antes estimamos, al aumentar la parte del coste de los transportes y al disminuir correlativamente la de los exportadores colombianos. El cálculo de los ingresos netos de los colombianos está, pues, probablemente sobrevalorado, más aún cuando en la actualidad una parte creciente de la base se transforma en Bolivia y pasa por nuevas rutas, sobre todo brasileñas (Geffray, 1997 y 1998). Sea como fuere, los ingresos netos blanqueados y obtenidos de esta manera habrían sido, de media, entre 1987 y 1995, de 1.638 millones de dólares, con un mínimo de 1.200 en 1994 y un máximo de 2.500 en 1989.

Se añaden a estos ingresos netos los obtenidos con la producción exportada de marihuana y de la reciente heroína (con la hipótesis, para esta última, de que son los precios al por mayor en el momento del embarque los que se toman en consideración), y se obtienen, aproximadamente, dos mil quinientos millones de dólares, a los que convendría añadir las sumas blanqueadas obtenidas con el tráfico ilícito de esmeraldas, o sea, entre 600 y 700 millones de dólares netos de gastos de blanqueo. Fuera de las esmeraldas, se estiman los resultados que figuran en el siguiente cuadro:

 

 

* H. Gómez y M. Santa María (1994): La economía subterránea en Colombia, citado por Steiner.

** R. Rocha (en Thoumi, o. cit.).

Fuente: Steiner, o. cit., p. 48.

 

Las sumas blanqueadas son considerables. Si se las relaciona con las exportaciones oficiales, alcanzan proporciones significativas: el 35 % en 1992, el 34 % en 1993, el 27 % en 1994 y el 24% en 1995 solamente para el blanqueo del narcotráfico. La tendencia es, desde luego, decreciente por la apertura de la economía y el muy fuerte aumento de las exportaciones a partir de 1994, pero sigue siendo muy elevada. Por ello, es evidente que, desde un punto de vista estrictamente macroeconómico, este aflujo de dólares, bajo las diversas formas que toma el blanqueo, no deja de tener influencia, de manera general, sobre la actividad económica. Se puede pensar, por ejemplo, que, al igual que la renta, puede provocar un dutch desease, es decir, elevar el tipo de cambio, participar en la destrucción de partes enteras de la economía, a falta de competitividad por la diferenciación de los precios relativos entre los sectores expuestos y los protegidos. Sin embargo, esta evolución no está inscrita necesariamente en la lógica de esta narcoactividad (Salama, 1994). Es problemático definir como renta al cultivo, transformación y exportación de drogas ilícitas, en la medida en que se trata, por una parte, de actividades reproducibles, a diferencia del «oro negro», por ejemplo; y por otra, de actividades privadas ilegales sobre las cuales el Estado, por definición, no puede recaudar impuestos. El único paralelo que se puede hacer con la renta es que los ingresos que provienen de esta ilícita actividad no dependen del trabajo, sino de una prohibición. Como para la renta minera, el enriquecimiento no es producto de la capacidad de explotar de manera eficaz la fuerza de trabajo, sino de la posibilidad de inscribirse en el circuito de la renta. Dicho esto, las cuantiosas sumas extraídas de esta actividad podrían provocar una apreciación de la moneda nacional. Algo que se pudo constatar en los años ochenta en Colombia, cuando se apreció el tipo de cambio paralelo con relación al oficial, a diferencia de lo que se observaba por entonces en la mayor parte de las economías latinoamericanas. A la inversa, la reciente evolución de los tipos de cambio de los países andinos no se orienta hacia una apreciación, antes al contrario, numerosos países han debido devaluar por el contagio de la crisis asiático-rusa de 1997-1998. En efecto, varios factores pueden contrapesar las posibles consecuencias de un aflujo de narcodólares: una balanza comercial fuertemente deficitaria por el desarme aduanero, un desequilibrio creciente de la balanza de la cuenta corriente por los desembolsos provocados por el servicio de la deuda y los dividendos, un déficit presupuestario[20]. Dicho esto, se pueden plantear una serie de reservas.

 

2. Las cifras presentadas se basan en hipótesis discutibles. Primero, se supone que el conjunto de los ingresos netos se repatría -lo que puede no ser el caso- y se sobrestima así el blanqueo-repatriación. También, que las organizaciones criminales colombianas no están presentes en las redes de distribución en Estados Unidos, lo que no es el caso, y se subestima el valor del blanqueo-repatriación.

Comparar las sumas blanqueadas por el narcotráfico con las exportaciones, y preguntar a continuación por los posibles efectos de tipo dutch desease, parece llevar a un callejón sin salida por dos motivos: el primero es de orden estadístico, el segundo se sitúa en el terreno de los comportamientos. Las exportaciones no se rectifican: dicho de otra manera, llevan la huella de las técnicas utilizadas para blanquear el dinero. Lo mismo ocurre con las transferencias y en general con los movimientos de capitales. Los comportamientos están influidos por las técnicas utilizadas para el reciclaje y a partir de entonces es difícil concebir la transformación de empresas mafiosas en empresas ordinarias. Vamos a ver estos dos puntos.

El blanqueo afecta a los componentes de la balanza de pagos, puesto que consiste en utilizar las importaciones, las exportaciones, las transferencias y los movimientos de capitales. La balanza de pagos puede escribirse de esta manera:

 

∆R = (X - M + Ynx + Trx) + Ck +eo

 

donde ∆R corresponde a la variación de las reservas, X a las exportaciones, M a las importaciones, Ynx a los ingresos netos de los servicios, Trx a las transferencias netas (siendo el conjunto la balanza de cuentas corrientes), Ck a la cuenta capital, y eo a los errores y omisiones.

Los ajustes a efectuar en la balanza de cuenta corriente pueden representarse de esta manera:

 

Acc = Mc -Xc + Trx’ +Ynx’

 

donde Acc corresponde a los capitales ocultos en cuenta corriente, Mc y Xc al contrabando por el lado de las importaciones y de las exportaciones, Trx’ y Ynx’ a los capitales declarados como transferencias netas y como ingresos netos de servicios. Siguiendo la presentación de Rocha (en Thoumi, o. cit.), el contrabando puede definirse aquí como la suma de las subfacturaciones (contrabando técnico) y del contrabando (físico). Tendríamos así: Mc = -M’ + Km y Xc = X’ - Kx, donde Kx y Km representan al contrabando físico[21] y M’ y X’ la sub y sobrefacturación de las importaciones y de las exportaciones (el signo indica la sub o la sobrefacturación).

Se puede entonces presentar la variación de las reservas de la manera siguiente:

 

∆R = (X -Xc) - (M -Mc) + (Ynx -Ynx’) + (Trx -Trx’) + (Ck + Acc) + eo,

 

que puede escribirse:

 

∆R = (X-X’) - (M +Mc) + Ynx + (Trx - Trx’) + (Ck + Acc) + eo

 

En total, entre 1980 y 1994 los capitales ocultos en la balanza de cuenta corriente se elevarían a cerca de diecisiete mil millones de dólares, de los que un poco más de ocho mil para el conjunto del contrabando, repartiéndose este último, más o menos por partes iguales, entre la subfacturación y el contrabando abierto, llamado físico, según Rocha.

Esta exposición se centra en las técnicas sofisticadas, pero artesanales, que presentamos nosotros. Insiste en los capitales ocultos en la balanza de cuenta corriente y omite presentar los movimientos de los narcocapitales que no recurren a la subfacturación, al contrabando, a los servicios y a las transferencias. Más exactamente, con la liberalización financiera, esta vía, aunque costosa, se utiliza cada vez más y habría que descomponer Ck en dos partes: una, la de los movimientos ordinarios (Ck*); la otra, la de los movimientos excesivos (Ck**). Podríamos entonces escribir la siguiente ecuación de la balanza de pagos:

 

FF = BC (Yw, TCR, Y) + BK ( i-i*), en donde BC representa la balanza de cuentas corrientes y BK la del capital. Yw es la renta mundial, TCR el tipo de cambio, Y la renta nacional, e i-i* el diferencial de los tipos de interés con el extranjero. Cuanto más aumenta la renta mundial, más crecen las exportaciones y se incrementan las transferencias del extranjero; la relación es igualmente positiva con las variaciones del cambio cuando se deprecia la moneda. A la inversa, el aumento de la renta nacional trae aparejado un incremento de las importaciones. Por último, el diferencial del tipo de interés en favor del país huésped suscita entradas de capitales. Esta formalización extremadamente simple puede adaptarse a las particularidades de la economía de la droga de esta forma:

 

FF’ = BC (Yw, ITCR, Y, i + p - i* ) + BK (i +  - i*)

 

en la cual  representa la proporción de la economía criminal que repatría sus capitales, ya sea por la vía de la cuenta corriente, ya sea por la de la cuenta capital, e ITCR el nuevo tipo de cambio tras el flujo de divisas. La representación de los equilibrios en los tres mercados de bienes, moneda y balanza de pagos muestra que el tipo de cambio debería apreciarse, la oferta de moneda aumentar tras la entrada de divisas y los precios acompañar el proceso, salvo que se decida una política de esterilización de la moneda con el fin de contrapesar los efectos inflacionistas, pero con el peligro de que el aumento necesario de los tipos de interés para captar el excedente monetario provoque entradas de capital crecientes. Pero, tal y como ya lo pusimos de relieve, el conjunto de estos efectos secundarios no puede evidentemente apreciarse más que con la ayuda de hipótesis así de restrictivas. Por diversas razones, el desequilibrio interno entre inversión y ahorro, excedente o déficit presupuestario, puede variar, y oponerse a o, por el contrario, acentuar los movimientos de precios —nivel general de los precios y diferencial entre sectores expuestos y protegidos— y de cambios. Los efectos directos de la afluencia de narcodólares sobre el PIB, su estructuración entre actividades expuestas y protegidas, los precios específicos de cada país según el estado de su balanza de pagos, el insuficiente ahorro con relación a la inversión de los residentes, el déficit o no del presupuesto y, desde luego, su nivel de desarrollo industrial, conviene estudiarlos caso por caso; sin embargo, con hipótesis diferentes a las de los modelos de dutch desease, la ausencia de pleno empleo, los factores de producción, la existencia de una firme economía informal, la apropiación privativa e ilegal de los beneficios de esta actividad y la imposibilidad de gravarla por parte del Gobierno. La influencia de esta entrada de divisas y su conversión en moneda local, aunque específica, no es desdeñable, pero sería un error trasplantar las consecuencias sacadas de un modelo cuyas hipótesis no parecen convenir a los casos estudiados. Por eso, conviene estudiar los efectos indirectos de estas entradas de dinero. Pueden ser comprendidos a partir de un análisis del comportamiento de los empresarios mafiosos.

 

 

Esta última parte no pretende tratar por entero este problema, sino trazar algunas pistas. La cuestión esencial es saber si las organizaciones mafiosas pueden comportarse como empresas ordinarias o si, por el contrario, quedan marcadas profundamente por sus orígenes. No se puede responder a esta pregunta de manera simple. Conviene tomar en cuenta varios factores: qué lugar ocupan estas organizaciones en el organigrama, el ordenamiento de sus ramificaciones bajo forma de redes o de cárteles, las técnicas de blanqueo-reciclaje; por ultimo, el peso del pasado, es decir, el factor tiempo, no en su dimensión futura, sino pretérita.

Los dos primeros factores son importantes. En la bibliografía, se encuentran a menudo referencias a la dimensión relativamente débil de las organizaciones criminales y a su articulación en redes. La actividad productiva tiene una dimensión reducida porque es poco susceptible de economías de escala, tanto en el cultivo de la adormidera o de la hoja de coca como de su transformación. Por ello, la dimensión de las empresas dependerá menos de la búsqueda de estas economías de escala que de la máxima reducción de riesgos (Cartier Bresson, 1997). Esta dimensión no es la misma si se sitúa en el nivel de la producción, de la transformación, de la venta al por mayor o, por último, de la venta al por menor. Podemos pensar que si las organizaciones criminales buscan integrar la producción, la transformación y la venta al por mayor no tendrán ni la misma dimensión, ni la misma organización en forma de red que las que, al comprar los productos ilícitos al por mayor, los revenden a continuación siguiendo una cadena de intermediarios hasta llegar al consumidor final. Ni los problemas materiales encontrados, ni la información sobre el riesgo, ni, finalmente, la posibilidad de soslayarlo por medio de la corrupción son idénticos. Todavía queda que estas organizaciones son evidentemente inestables, pues los contratos acordados pueden dar lugar al engaño sin que pueda mediar una instancia neutra; que la mercancía es en parte (substancial) incautada; y que la jerarquía criminal puede ser desmantelada (Agencia Reuter, cit. en Cartier Bresson, p. 79). Pero estos riesgos son diferentes según el lugar que se ocupe en las ramificaciones. La integración de arriba abajo sin que las organizaciones lleguen hasta la fase de la venta al por menor contribuye a una dimensión importante, pero los riesgos que se corren y la poca flexibilidad de una gran organización llevan, a su vez, a limitarla y a estructurarla en forma de red. Se puede suponer que en los países latinoamericanos las organizaciones criminales practican una integración en forma de ocho: en la base está la organización y el encuadramiento de los campesinos bajo contrato que producen la materia prima; a continuación, más reducida, la transformación, que está bajo control de la organización criminal propiamente dicha. Esta vende la droga al por mayor, blanquea las divisas, y después las recicla. Una base amplia: los campesinos; una cúspide también ancha: los minoristas, y en medio, un nudo: la organización criminal. Estas actividades diferentes están totalmente separadas y enlazadas entre ellas por la presencia del responsable de la organización mafiosa y de sus asesores (Rocha, cit. en Thoumi, p. 163).

El blanqueo-reciclaje es una actividad muy importante de estas organizaciones. No se la debe confundir con la del blanqueo-repatriación, aunque a veces puedan solaparse, incluso confundirse. El reciclaje se ve facilitado, por lo general, por la existencia de un Estado débil, cuya Administración y otros aparatos del Estado son fuertemente sensibles a la corrupción, y por la existencia de una firme economía informal que, a diferencia del narcotráfico, produce ilegalmente bienes y servicios cuya producción y consumo no están prohibidos. La existencia de esta economía informal, la constitución de un Estado marcado por su reciente pasado (el papel jugado por la violencia, la exclusión, la débil ciudadanía efectiva), permiten la ampliación de los márgenes de lo ilegal-legal (Rivelois, 1999) y autorizan con ello el desarrollo de actividades ilícitas.

Los gastos de los narcotraficantes son en mayor o menor cantidad generadores de empleos y de riqueza. La importancia de sus efectos sobre el crecimiento depende de múltiples factores: si se trata de gastos suntuarios o directamente especulativos, como la compra de terrenos, los efectos sobre la creación de riqueza son débiles, si no nulos. Si se trata de gastos en el sector de la construcción, los efectos de arrastre pueden ser importantes y fuente de actividades productivas nuevas gracias a la ampliación de mercados emergentes. Los efectos indirectos sobre el empleo y la creación de riqueza dependen, pues, a la vez de la parte invertida en los gastos de los narcotraficantes y del sitio donde estas inversiones se efectúan. Los gastos más especulativos son generadores de pocos empleos, salvo en el sector de la construcción; los que lo son menos pueden participar de la creación de empleos en función de la importancia de la inversión, de las técnicas utilizadas y, sobre todo, de los posibles efectos de arrastre.

El reciclaje se lleva a cabo principalmente en ciertos sectores (Castelli, 1999), como el turismo (restaurantes, hotelería, casinos), porque puede permitir futuros blanqueos; en la especulación financiera y la compra de terrenos (porque la reglamentación sobre el origen de los fondos es generalmente más laxa y el poseedor de dinero blanqueado puede reciclarlo y encontrar así una posición para este dinero que le hace correr pocos riesgos de investigación sobre el origen de dichos fondos); en la industria farmacéutica (porque permite adquirir sin demasiado riesgo los productos químicos necesarios para transformar la materia prima); en empresas situadas en sectores con grandes posibilidades ya sea de falsificar las cuentas (que permitan la sub y sobrefacturación), ya sea de asentar doble contabilidad, o de establecerse en actividades de servicios (bancos, sociedades bursátiles).

La panoplia de empresas en el límite de la actividad directamente ilícita tiene entonces dos lógicas: una, la de la clásica reproducción de capital; otra, de blanqueo y reciclaje. Estas dos actividades son hasta cierto punto complementarias y sería equivocado pensar que la primera puede sustituir íntegramente a la otra, porque se apoyan sobre dos formas opuestas de resolver los conflictos: la ley y la violencia. Al no poder coexistir de manera duradera sin que una desfigure a la otra, o la empresa abandona su régimen mafioso o lo conserva y la ley sufre de gangrena en su aplicación por la violencia de la corrupción o directamente física.

El peso del pasado no es neutro. Sería un error pensar que los comportamientos se imponen solo por la optimización a la hora de elegir un objetivo futuro (J.-C. Dupuy, 1997). El error pasado no puede tratarse como un «coste irrecuperable» que convendría aceptar para sacar el mejor provecho a las opciones que apuntan a un futuro posible. Impregnan los comportamientos e influyen, pues, sobre las decisiones que se efectúan, como si se tratara de «amortizar» el pasado error[22]. Esta observación sobre la racionalidad intenta explicar que, cuando el enriquecimiento proviene de una actividad de renta ilícita y de su capacidad para inscribirse en el circuito de esta renta, es muy difícil abandonar este maná en provecho de un beneficio menos lucrativo, que proceda de la organización y explotación de la fuerza de trabajo, es decir, de la ganancia. De igual modo, es muy difícil ver a largo plazo en la elección de sus inversiones[23]. El “error” tiende a repetirse y lo ilegal a imponerse sobre lo legal, transformando a las empresas en empresas mafiosas y haciendo difícil que los criminales puedan convertirse en notables dentro de una generación.

 

 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, es posible una valoración fiable del tráfico de cocaína a pesar de que nos movamos en una economía cuya información es, cuando menos, imperfecta. Las técnicas más sencillas consisten en confirmar la valoración de la producción y del consumo. Esta apreciación es posible porque Estados Unidos es el principal consumidor y Colombia el principal productor de cocaína. Sería mucho más difícil de realizar si no estuviéramos en presencia de esta particularidad. Entonces, la fiabilidad de esta estimación reposa, en gran medida, solo sobre la valoración de la producción. Podría confirmarse con las valoraciones hechas de la repatriación. Los cálculos macroeconómicos descansan desde luego sobre hipótesis a veces concentradas (porque no tienen en cuenta la presencia de filiales colombianas en el comercio semimayorista y al por menor y el creciente papel de las organizaciones criminales mexicanas parece descuidado, así como el impacto de las nuevas rutas argentinas y brasileñas en la cifra de negocios controlados por las organizaciones criminales colombianas); pero, a pesar de estas dificultades e insuficiencias, esta valoración macroeconómica es relativamente fiable en la medida en que coincide con la que se obtiene a partir del cálculo de las diferentes técnicas utilizadas para repatriar y blanquear el dinero sacado de las actividades criminales. Es interesante subrayar hasta qué punto estos cálculos difieren de las valoraciones hechas «con un fin político» para justificar tal o cual medida de represalias, cuando no son difundidas para legitimar y defender el presupuesto de las organizaciones encargadas de luchar contra este ilícito tráfico.

 

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