Reflexiones sobre socialismo y democracia: el caso Cuba.

 

En un trabajo reciente,[2] Antonino Infranca afirmaba:

 

El embargo norteamericano contribuye a reducir no sólo el nivel de vida, sino también la evolución democrática de la isla. Es cierto que Castro está intentando abrir lentamente su régimen a los capitales occidentales y está democratizándolo, permitiendo elecciones con más candidatos. (...)

De tal forma, los EE.UU. no colaboran con el surgimiento de una verdadera alternativa democrática en Cuba y la izquierda latinoamericana, a gusto o sin él, debe apoyar a Fidel Castro. Así, la resistencia de Cuba es la lucha de todo el continente por la propia emancipación y toda la izquierda latinoamericana está comprometida con ésta porque es evidente que los EE.UU., si bien insisten sobre los derechos civiles y políticos, olvidan los derechos materiales de los cubanos.[3]

 

En estos párrafos el autor refleja, a nuestro entender, con sus aciertos y errores, la posición hacia Cuba por parte de un considerable segmento de la izquierda latinoamericana y sus intelectuales. El presente trabajo aspira a aportar a una reflexión colectiva sobre este tema, y el problema más general de la aparentemente conflictiva relación entre socialismo y democracia.

La sanción de la Constitución y el primer Congreso del Partido Comunista Cubano (1975) tuvieron lugar durante lo que se ha conocido como “el período de la institucionalización”, ubicado a grandes rasgos entre 1971 y 1986.[4] Este período también se caracterizó por el de la alineación política con la URSS y la integración de Cuba al mercado del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), integrado por la Unión Soviética y su esfera de influencia.

El carácter del Partido Comunista Cubano (PCC) como fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista; fue sancionado constitucionalmente (Art. 5). Al mismo tiempo, en el Art. 4, se estableció que todo el poder pertenece al pueblo trabajador que lo ejerce por medio de las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, o bien directamente.

 

El mismo Fidel Castro tuvo su propia “institucionalización”: fue nombrado primer secretario del Comité Central del PC, presidente del Consejo de Estado, presidente del Consejo de Ministros y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Las Asambleas del Poder Popular, de acuerdo a Fidel, darían a las masas el poder de decidir sobre muchos problemas que existen a todo nivel, en las ciudades y en el campo (...) Esto implica el desarrollo de una nueva sociedad y de principios genuinamente democráticos, reemplazando los hábitos administrativos de trabajo de los primeros años de la Revolución. Debemos reemplazar a los métodos administrativos, que corren el riesgo de volverse burocráticos, por métodos democráticos.[5]

 

De alguna manera, el discurso oficial comenzó a revertir la teoría en boga en la década del ‘60, de la cual el Che Guevara había sido un alto exponente, respecto a las fuentes de la burocratización de la revolución. El Che planteaba que la creación de instituciones formales de gobierno acarreaba el peligro de la burocratización. Por el contrario, en la década del 70, el acento pasó a estar puesto en la afirmación de que la burocracia crecía en ausencia de canales que permitieran al pueblo tener cada vez más participación en las decisiones que afectaban a sus vidas.[6]

 

En el ámbito municipal, los delegados eran elegidos por votación secreta entre más de dos (y hasta 8) candidatos. Éstos eran nominados en reuniones de vecinos organizadas por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). El PCC no nominaba oficialmente candidatos, pues sus miembros lo hacían en carácter personal. Sin embargo, la descentralización del poder que implicaba la elección en el ámbito municipal contrastaba con la centralización en los escalones superiores del sistema. La elección de los miembros de las Asambleas Provinciales y Nacional no era hecha directamente por las bases, sino por los delegados de las Asambleas Municipales, sobre candidatos propuestos por comités formados por los funcionarios del Partido y de las “organizaciones de masas”, controladas también por el Partido. En la Constitución de 1976, estas organizaciones tenían un status especial y eran nombradas específicamente en el Art. 7 de la siguiente manera:

 

El Estado socialista cubano reconoce, protege y estimula a las organizaciones sociales y de masas, como la Central de Trabajadores de Cuba (...) los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Unión de Pioneros de Cuba.

 

Así, pues, si bien el 55% de los diputados a la Asamblea Nacional debían ser delegados de las Asambleas Municipales, el 45% restante provenía de orígenes distintos del mandato popular, e incluían a Fidel y a todo el gobierno central. A través de este ambiguo mecanismo se institucionalizaba la superposición del Partido Comunista (la proximidad entre las fechas del Primer Congreso del PCC y la puesta en marcha del Poder Popular no se debió a una mera coincidencia) y la nueva estructura estatal. Así, las estadísticas reflejaban que un 75% de los delegados municipales elegidos cada dos años y medio eran miembros del Partido y los diputados nacionales, elegidos cada cinco años, miembros del Partido y de la Juventud Comunista prácticamente en el 100% de los casos.

Raúl Castro explicó detalladamente cómo se articulaba la relación entre “la fuerza dirigente superior de la sociedad” y “el poder perteneciente al pueblo trabajador, ejercido por medio de las Asambleas del Poder Popular”:

 

El Partido deberá utilizar como vía principal para asegurar que sus orientaciones y criterios sean puestos en práctica por los órganos del Poder Popular la labor de los militantes que forman parte de dichos órganos, como delegados o como miembros de sus comités ejecutivos. Los militantes del Partido “cualquiera sea el lugar donde trabajen y el cargo que ocupen están obligados a cumplir y a aplicar las decisiones del Partido, y a convencer (no a imponer ni obligar) a los no militantes de la justeza de esas decisiones y de la necesidad de cumplirlas”. Si luego de agotado el uso de todos los métodos y recursos que son propios de su actividad y de sus relaciones con las demás instituciones, el organismo dirigente del Partido en una instancia dada (la municipal, por ejemplo) no logra que los órganos de Poder Popular de esa instancia sigan una recomendación u orientación que considere importante, debe dirigirse a la instancia inmediata superior del Partido (la regional en este caso) para que ésta discuta el asunto con la instancia regional del Poder Popular; si ésta tampoco estuviese de acuerdo con el Partido, el organismo partidista de dirección regional (si la cuestión tiene la suficiente envergadura), deberá dirigirse a la instancia provincial de dirección del Partido para que ésta discuta el problema con la instancia provincial del Poder Popular. En el supuesto caso (que no es lógico que se dé en la práctica) de que tampoco a este nivel hubiese acuerdo, el asunto se elevaría a la Comisión Nacional de Constitución de los Órganos del Poder Popular en Matanzas y, en última instancia, al Buró Político y al Consejo de Ministros.[7]

 

Ciertamente, “no es lógico que se dé en la práctica” un supuesto caso tan extremo, ya que, si nos atenemos a las estadísticas de la composición política de los delegados municipales y diputados nacionales citada más arriba, no es lógico que alguien discuta consigo mismo; al menos, por mucho tiempo.

El funcionamiento de las Asambleas incluye la obligación de reuniones periódicas de “rendición de cuentas” de los delegados hacia sus electores, y la posibilidad por parte de éstos de llegar a la revocación de mandatos. De acuerdo al Art.102 de la Constitución, las Asambleas del Poder Popular estaban investidas de la más alta autoridad para el ejercicio de las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas. (...) ejercen gobierno y (...) dirigen entidades económicas, de producción y de servicios que les están directamente subordinadas y desarrollan las actividades requeridas para satisfacer necesidades (...) de la colectividad del territorio a que se extiende la jurisdicción de cada una.

 

No obstante, cuando las asambleas locales del Poder Popular trataron de paliar los graves problemas derivados de la crisis de la vivienda, por citar una de las cuestiones más sentidas por los cubanos en esa década, terminaban chocando con la falta de recursos y de control real sobre los organismos centrales del Estado, que tenían otras prioridades fijadas en niveles que no respondían a las bases. Evidentemente, la “subordinación” que constitucionalmente dichos organismos debían al poder popular, no iba más allá de las páginas bienintencionadas de la carta magna. A su vez, importantes rubros quedaban excluidos de la discusión y decisión del Poder Popular: la política exterior y la política económico-social, por ejemplo.

Estas falencias del “sistema más democrático del mundo” terminaron siendo percibidas por todo el pueblo. De acuerdo a una serie de encuestas publicadas por la revista Bohemia en julio de 1990, un 40% de los entrevistados sentía que no jugaba ningún rol en el gobierno del país, y no tenía confianza en su delegado local. El 50% afirmaba que sus delegados no tenían autoridad para resolver los problemas con los que se enfrentaban y que eran considerados como poco más que mensajeros entre el pueblo y una administración central sobre la que no tenían ningún control efectivo. Las asambleas de rendición de cuentas hacia las bases por parte de los delegados también sufrieron bajas en las concurrencias. De porcentajes muy altos de concurrencias en los primeros años, bajaron a un 50-60% a fines de la década del 90, reflejando la creciente desconfianza hacia la eficacia de la institución del Poder Popular.

Estos problemas se reflejaron tempranamente en la misma Asamblea Nacional, en sus sesiones de junio de 1978, a los dos años de vida de la nueva institución. En los acalorados debates de esos días subyacía la conciencia de que el grado de participación y el interés en el Poder Popular había disminuido dramáticamente. Ante la afirmación de que había “falta de interés e iniciativa” por parte de los delegados de la base en el ámbito municipal, éstos respondieron vehementemente que el problema se debía a la falta de recursos con que contaban para responder a las demandas populares. Sobre todo con el problema de la vivienda. Ante la exigencia de satisfacer estas demandas, Fidel Castro respondió que "todo el rosario de quejas" se debía al subdesarrollo, que primero se debía construir el socialismo, para lo cual había un camino ya planificado, y que ni la dirección ni la naturaleza de ese camino serían materia de debate:

 

No podemos simplemente hacer cosas porque el electorado dice que es lo mejor, que es bueno, realmente hermoso. Hay muchas cosas hermosas en el mundo que tienen que esperar para ser realizadas. Incuestionablemente hay un plan anual de trabajo, construcción, y cuando se hace este plan, los deseos del electorado no pueden ser tomados en cuenta... Las estadísticas y las necesidades concretas serán las que determinen dónde debe ser construido un hospital.[8]

 

Fidel continuó enfatizando que los delegados debían diferenciar a qué llamaban “problemas subjetivos y objetivos”. Los problemas objetivos quedaban fuera del campo de las resoluciones del Poder Popular: sólo podían resolverse mediante el desarrollo, y la asignación de los recursos a invertir para el desarrollo económico eran facultad de los organismos centrales. Entonces, el Poder Popular debía concentrarse en la solución de los problemas descriptos como “subjetivos”, o sea, los que tenían que ver fundamentalmente con la naturaleza y la provisión de los servicios. 

Esta concepción sobre la capacidad del “centro” para decidir lo mejor o más conveniente para la población siguió siendo un elemento clave de continuidad entre la gestión gubernamental “sin instituciones formales” en la década del 60 y la “participativa” de la década del 70.

 

 

La caída del Muro de Berlín en 1989, el posterior colapso soviético y la disolución del Comecon en 1991, sumados al endurecimiento del bloqueo yanqui, pusieron a Cuba al borde de la catástrofe. Ello obligó al gobierno a llevar adelante la política del “período especial en tiempos de paz”. Fueron tomadas urgentes medidas para procurar el autoabastecimiento de alimentos, la movilización militar del “trabajo voluntario”, el racionamiento generalizado, la descentralización de la gestión en las fábricas y las granjas estatales, recortes drásticos en el consumo de petróleo y otras fuentes energéticas, estímulos al turismo y la biotecnología, promoción de la inversión de capitales extranjeros en todos los ámbitos productivos, una participación militar creciente en la gestión económica y la despenalización de la tenencia de dólares por parte de la población.

En cuanto al funcionamiento del Poder Popular que, como hemos visto, estaba formalmente revestido de cualidades como las recomendadas por los clásicos del marxismo, tal como las interpretaba la dirección cubana –a saber, la fusión del poder ejecutivo y el legislativo, la revocabilidad inmediata de los elegidos, los delegados electos continuaban trabajando y cobraban salarios de trabajadores– no logró su objetivo fundamental: erradicar la burocratización (tal como la entendía dicha dirección, reducida a una cuestión cuantitativa). Al respecto, el mismo Fidel Castro reconocía lo siguiente:

 

 En 1973 había 90.000 empleados administrativos en el país, y para 1984, la cifra subió a 250.000.[9]

 

 Tiempo antes de la caída del muro, ya había comenzado la campaña de “Rectificación de errores”. Se procedió al desmantelamiento de los mecanismos económicos copiados de la URSS y al “revival” de las motivaciones de la década del 60: el voluntarismo, la capacidad de las masas para lograr lo aparentemente imposible y la vuelta al pensamiento del Che. El llamado al Tercer Congreso del PCC en marzo de 1990 fue acompañado por la condenación de “la búsqueda irreal de la unanimidad, que a menudo es falsa, mecánica y formal”, y la necesidad de una “discusión democrática en el Partido y la Revolución, como parte de la búsqueda de soluciones”. A pesar del carácter positivo de este reconocimiento al admitir que las prácticas anteriores (a marzo de 1990, o sea, a 31 años de la asunción del poder y a 14 años de vigencia del Poder Popular) habían sido antidemocráticas, nuevamente era notable el hecho de que toda iniciativa democratizadora seguía partiendo, en los hechos, de la cumbre del régimen, o sea del mismo Fidel Castro.

 En las casi 90.000 reuniones de discusión previas al Tercer Congreso del Partido (de acuerdo a la información oficial) se reflejó, en alguna medida, la envergadura de los problemas. Abundaron las quejas sobre ineficacias ridículas, procedimientos burocráticos y duras críticas a las instituciones que supuestamente serían los medios por los que el pueblo participaría en la toma de decisiones que afectaban a sus vidas. En cierto modo, recordaban a las críticas que siguieron al fracaso de la cosecha de los 10 millones de toneladas de azúcar de 1970. También fue similar la respuesta que se proponía como solución: la descentralización. Pero justamente la descentralización fue lo que se había tratado de poner en práctica a través de la institucionalización del Poder Popular, con el resultado que entonces se criticaba tan vivamente. Es evidente que la descentralización no es sinónimo de democratización, como la dirección pretendía hacer creer.

Hubo reformas, dentro de ciertos límites: se instituyó el procedimiento del voto secreto para la elección de autoridades partidarias, se renovó drásticamente el Comité Central (en un 53%), incorporando miembros más jóvenes, y se eliminó al ateísmo como requisito para ser miembro del Partido.

Este movimiento se reforzó con los cambios a la Constitución cubana propuestos por el PCC y adoptados por la Asamblea Nacional en julio de 1992. A pesar de la importancia de los cambios constitucionales, no se convocó a referéndum, como establecía la propia Carta Magna, porque “el gobierno no se podía dar el lujo de paralizar el país”.

En la nueva Constitución se suprimieron las referencias a una imaginaria “dictadura del proletariado” y la pertenencia a una “comunidad socialista” ya inexistente, y se dejó de identificar por su nombre a las organizaciones de masas. No obstante, Cuba siguió siendo un Estado unipartidista. Se creó la institución del Consejo Nacional de Defensa que se encargaría de “dirigir a la nación en condiciones de estado de guerra, o de movilización general, o de emergencia”. La tendencia a concentrar todo el poder en la persona de Fidel Castro se acentuó aún más: como presidente, encabeza al nuevo Consejo.

Respecto al Poder Popular, hubo cambios sustanciales. En primer lugar, los delegados provinciales y nacionales también serían elegidos por el voto popular directo. Sin embargo, la forma en que la Ley Electoral de noviembre de 1992 reglamentaba esta decisión limitaba considerablemente su contenido democrático. Los candidatos para las asambleas provinciales y nacionales no serían nominados por la base, como en el caso de los candidatos municipales. Antes bien, serían propuestos por las "comisiones de candidaturas", integradas por las "organizaciones de masas" y dirigidas por la Central de Trabajadores de Cuba. Como ya hemos dicho, todas estas organizaciones de masas se hallaban dirigidas por el PCC. De la lista así propuesta, las distintas asambleas municipales armarían la lista definitiva, seleccionando la cantidad exacta de candidatos que se requiriesen para llenar los puestos vacantes. En consecuencia, el derecho del elector a elegir directamente estaba limitado a poder votar por el total de los candidatos, por sólo algunos de ellos, o por ninguno. A su vez, cada candidato debía superar el 50% de los votos para ser elegido.

De esta manera, las recomendaciones del Cuarto Congreso del PCC para las elecciones directas por la base de los delegados y diputados de las Asambleas Provincial y Nacional del Poder Popular habían sido manipuladas en un sistema que canalizaba la elección a través de controles que, en realidad, terminaban negando el carácter democrático y directo del proceso electoral.

En consecuencia, el hecho de que el Partido como tal dejara de participar en la nominación de los candidatos para las Asambleas Nacional y provincial, no eliminaba el virtual entrelazamiento entre el Partido y el Poder Popular, fuente de la principal ambigüedad y, a la vez, principal factor que socava la legitimidad y autoridad de dicho poder como una institución democrática genuina. La fusión entre el Partido y el Estado se encontraba en la base de esta ambigüedad, reflejada en que a medida que se escalaba en los niveles del Poder Popular la participación de los miembros del Partido crecía hasta virtualmente el 100%.

 

 

En el amplio espectro de los defensores de la Revolución Cubana (para hablar con mayor precisión, diremos del régimen posrevolucionario cubano), hay quienes comparan el sistema del Poder Popular con el vigente en los países con sistemas democráticos burgueses. En esta comparación, los últimos, por supuesto, no salen bien parados. Como bien sabemos, la democracia burguesa da igualdad de oportunidades sólo en el papel, pues las candidaturas quedan prácticamente reducidas al alcance de los políticos profesionales, los que a su vez dependen de quienes les financian sus campañas, y por lo tanto los ricos tienen muchísima mayor voz y voto que los trabajadores. A este hecho le podemos agregar la corrupción, el uso desvergonzado de la demagogia y la mentira en las campañas, la compra-venta de votos y otros rasgos que en nuestra Argentina conocemos demasiado bien. La alternancia en el gobierno entre los partidos políticos termina siendo una alternancia entre los distintos encargados de llevar adelante una misma política, favorable a las grandes corporaciones comerciales, industriales y financieras.

Siguiendo esta argumentación, en cambio, en Cuba, si bien hay un sistema unipartidista, el PCC “no es un partido electoral”. No nombra ni apoya oficialmente a ningún candidato para los puestos. No hace las leyes ni elige al jefe de Estado, pues estos roles son jugados por la Asamblea Nacional elegida por el pueblo, y para ser miembro de la misma no se requiere carnet del partido. Es verdad que la mayoría de los delegados también son miembros del PCC, pero también lo es que hay muchos de ellos que no lo son. Además, el partido no está abierto para cualquiera. Cerca de un 15% de la población adulta son afiliados al PCC, su ingreso es seleccionado en un proceso que incluye entrevistas con compañeros de trabajo y vecinos, deben ser ciudadanos modelos, fuertes defensores de la revolución, buenos trabajadores, queridos y respetados por sus compañeros y vecinos, haber tenido participación y roles de dirección en algún organismo de masas, ser buenos esposos y padres de familia, con un comportamiento intachable, que no hayan cometido abuso de alcohol, entre otras consideraciones. De esta manera, el partido es visto como la vanguardia de la revolución y tiene una enorme influencia, pero su autoridad es moral, no legal.

De acuerdo con esta línea argumental, resulta irónico que en los países capitalistas se afirme que Cuba no protege los derechos políticos, pues en realidad en Cuba se está desarrollando un sistema que está deliberadamente diseñado para asegurar que el derecho a votar que tiene el pueblo no sea manipulado en un proceso controlado por los ricos.

Para citar un ejemplo, tomemos el caso de la prensa. Se suele decir que en Cuba el Estado controla los periódicos. En verdad, la propiedad privada de estos medios está prohibida, pero son hechos por distintas organizaciones sociales: el PCC, federaciones de trabajadores, pequeños agricultores, asociaciones de estudiantes, etcétera. En cambio, en EE.UU. y en el resto del mundo capitalista, los principales periódicos y demás medios de comunicación masiva son propiedad de las grandes corporaciones y grupos económicos. Así, en Cuba, hay un sistema que propugna el principio de la libertad de prensa a un nivel más avanzado que lo que ocurre en los países capitalistas, donde para la gran mayoría de los trabajadores es sólo un derecho abstracto.

Esta manera de presentar la realidad cubana, si bien es acertada respecto a la crítica de la situación de los países capitalistas, lleva a cometer los mismos errores en que caían, hasta hace algo más de una década, los defensores del llamado "socialismo realmente existente" (aunque más adecuado sería llamarlo "socialismo realmente imaginario"). Esta línea argumental parte de la aceptación de la retórica oficial en forma totalmente acrítica. Los dirigentes de las organizaciones de masas son en su totalidad miembros del PCC, por lo tanto, el peso del partido en las comisiones electorales es abrumador, sino total. En la vida cotidiana es una práctica aceptada que las “sugerencias” del PCC sean obedecidas, aunque esto se haga de manera informal pues no está “establecido por la constitución”, de modo que los candidatos propuestos por el partido son, en definitiva, los elegidos. Ser miembro del partido es un requisito ineludible para todo cargo de cierta responsabilidad. En este sentido no hay represión, conspiración, ni rol formal escrito del PCC, sólo se trata de una práctica establecida y legitimada por 40 años de dominación y control político.

Con respecto a la libertad de prensa, sabemos muy bien quiénes son los que disfrutan de ese derecho en las “democracias”. Sin embargo, en los principales medios de comunicación de Cuba, prácticamente no hay espacio para opiniones críticas a las medidas del gobierno. Éste es un hecho reconocido durante los últimos años por intelectuales y militantes cubanos revolucionarios, en artículos editados en publicaciones nuevas y de poco tiraje, como Acuario, Temas y Contracorriente.

En los últimos años parece observarse una apertura con la aparición de espacios libres en los medios académicos y universitarios, pero al mismo tiempo continúa la represión a los intelectuales comunistas y revolucionarios que se alejan del pensamiento vigente en la cumbre del partido, como ocurrió con el ataque público y la posterior dispersión de los investigadores del Centro de Estudios sobre América (CEA) en 1996, por haber cometido el error de enfocar su estudio crítico a los problemas de la propia Cuba.

Existe otro tipo de defensa incondicional del régimen posrevolucionario cubano, que cae en un error muy extendido entre la izquierda: la distinción –a menudo, la contraposición– entre democracia formal y democracia sustancial, o de contenido. En la primera se gozaría de derechos políticos, y en la segunda, de derechos materiales. Esta distinción puede ser útil en la medida en que identifiquemos y critiquemos como “democracias formales” a aquellos regímenes que pretenden ser democráticos por el sólo hecho de hacer uso de ciertos mecanismos formales, aunque en los hechos carezcan de todo contenido democrático significativo debido a la desigualdad social, o la vigencia de restricciones que terminan viciando los principios democráticos, como es el caso de los estados burgueses que hemos analizado anteriormente.

Pero de allí no se desprende que pueda existir una democracia sustancial o de contenido (con rasgos verdaderamente igualitarios), que no sea también formal. Por ejemplo, la Comuna de París había establecido un mecanismo formal de elección y revocatoria de los delegados. En forma parecida, los soviets rusos (hasta que comenzaron a perder su carácter democrático por las medidas adoptadas en la guerra civil) habían establecido mecanismos formales de representatividad y elecciones de sus delegados cada tres meses.[10] Suponer que la democracia formal puede ser ignorada en aras de la democracia sustancial o de contenido, significa pensar que la masa de la población puede, de alguna manera, tener dirigentes “democráticos” sin el derecho a votar por otros y sin protección para la opinión de las minorías. En esta lógica de pensamiento, el régimen posrevolucionario de Castro, aunque no fuera formalmente democrático, sí lo sería en su contenido. Es decir que, a pesar de que el pueblo cubano carece totalmente de un poder político independiente, de algún modo, gracias a la benevolencia de sus dirigentes, goza de una democracia sustancial, muy superior a la de los explotados en los países capitalistas.

Para los defensores incondicionales del régimen cubano aún habría otro motivo para justificar la restricción de los derechos políticos en la isla; es decir, para no permitir la existencia de otros partidos o corrientes políticas, e incluso condenar penalmente a quienes se atrevan a publicar posiciones opositoras. Este motivo es la formidable presión de su poderoso vecino: el imperialismo yanqui. Las libertades democráticas podrían ser rápidamente aprovechadas por el gobierno de EE.UU. y sus agentes para atacar al régimen posrevolucionario desde una cabecera de playa política. Como dijera Fidel en la época de la perestroika,

 

Nosotros no estamos en el Mar Negro, sino en el Caribe. No a 90 millas de Odessa, sino a 90 millas de Miami.[11]

 

Sin embargo, aparte de la geografía, como producto de su propia historia, Cuba tenía otra diferencia con la URSS y sus estados satélites, que contaba y aún hoy cuenta a su favor, como es el hecho de haber realizado una revolución antiimperialista y anticapitalista con innegable apoyo popular, que sigue manteniendo en gran medida.

No es posible estimar la verdadera magnitud de ese apoyo, debido al control y manipulación gubernamental de la información, pero aceptemos, por un momento, las cifras oficiales de la última elección de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con un 98% de asistencia y un 95% de aprobación de la lista única completa, en la que Fidel y su hermano Raúl lograron más del 99% de los votos. Ese apoyo abrumador de la población podría contrabalancear generosamente cualquier presión foránea que quisiera atacar al régimen a través de medios políticos.

 

 

El argumento de la defensa del “régimen socialista” fue utilizado para aplastar los levantamientos de Hungría en 1956, la primavera de Praga en 1968 y las movilizaciones de Solidarnosc en Polonia en 1981, por citar algunos de los hitos más importantes. Sin embargo, llegó la década del 90, cayeron los “regímenes socialistas” como fichas de dominó y la restauración capitalista entró de la mano de grandes sectores de la nomenclatura estatal, que hasta el día anterior estaba al frente de dichos regímenes, con los antiguos burócratas transformados ahora en nuevos burgueses.

Claramente, la situación actual de Cuba no es ésa. Salvando importantes diferencias, hoy su régimen se asemeja más al de China o el de Vietnam. La pregunta es, entonces, ¿qué tipo de régimen es el cubano?

 

En primer lugar, cabría una distinción. Coincidimos con la socióloga Marifeli Pérez-Stable cuando afirma lo siguiente:

 

A pesar de mi convencimiento de que sociológicamente la categoría de revolución no es aplicable a la Cuba actual, no se pueden ignorar tres realidades: primero, los gobernantes cubanos son básicamente revolucionarios de 1959; segundo, lo alcanzado durante la revolución y el socialismo hace que un porcentaje importante de la población mantenga una apuesta psicológica-emocional por 'la revolución'; y tercero, revolución y nación han estado íntimamente ligadas.[12]

 

No podríamos hablar de fechas exactas, pero ubicaríamos el fin de la Revolución Cubana como tal, aproximadamente hacia fines de la década de 1960. Lo que siguió fue la consolidación de un régimen posrevolucionario que en un trabajo anterior hemos calificado de bonapartista.[13]

Verdaderamente, las realidades que la socióloga no puede ignorar llevan, en el caso de Cuba, a la confusión entre los conceptos de revolución y socialismo. No obstante, discrepamos con la autora en cuanto a la calificación de socialista del régimen posrevolucionario. Luego de las experiencias de la última década, resulta más necesario que nunca hacer una aclaración sobre el significado del socialismo y, en este sentido, analizar si puede calificarse de socialistas, tanto a los regímenes que sucumbieron arrastrados por la caída del muro de Berlín, como a los sobrevivientes.

Para ello debemos remontarnos a la Revolución Rusa de 1917, primer y único caso de revolución obrera socialista triunfante. Los acontecimientos posteriores, como el agotamiento en la guerra civil de la clase obrera urbana y su vanguardia, el atraso secular del país con una población mayoritariamente campesina, el aislamiento de la URSS en medio de un cerco internacional hostil, el fracaso de la revolución europea, la aparición de capas sociales relativamente privilegiadas, la burocratización del partido y la presión de las viejas estructuras estatales heredadas del zarismo, condujeron a un régimen posrevolucionario donde las medidas, en un primer momento excepcionales, de dominación y control aplicadas por el Partido Bolchevique se transformaron en permanentes. Así, la dictadura del proletariado, definida por Marx como “el proletariado erigido como clase dominante, devino en una dictadura del partido único, cuya culminación, no sin traumas y dramáticos conflictos que incluyeron la liquidación física de la misma dirección bolchevique que había encabezado la revolución, fue el estalinismo.

Los primeros pasos adoptados, como la nacionalización de la tierra y los medios de producción y el monopolio estatal del comercio exterior, que debían ser seguidos de otras medidas tendientes a la verdadera socialización de la estructura productiva, como el creciente control de la producción y la distribución por parte de los trabajadores autoorganizados, quedaron congelados. Esto dio lugar a la erección y consolidación de un Estado crecientemente divorciado del resto de la sociedad, con rasgos cada vez más totalitarios. Sin embargo, esta evolución fue enmascarada permanentemente con las banderas del socialismo, cuyas ideas fueron vaciadas, ritualizadas y transformadas en una ideología justificadora del dominio burocrático. De esta forma, se consolidó el “Estado socialista”, fórmula que creemos que habría llenado de pavor al propio Marx, pero que, sin embargo, utilizaron los marxistas de todo el mundo como algo natural y acorde a “la doctrina marxista”.

 

En su simplificación extrema, “la doctrina” afirmaba que el Estado era sólo una superestructura jurídica y política que se levantaba sobre la estructura económica de la sociedad, de acuerdo a la apresurada lectura de un célebre texto, tantas veces citado como vapuleado[14]. El Estado, entonces, sólo podía ser un Estado burgués o un Estado obrero; no cabían híbridos. Salvo para algunas voces aisladas, la URSS y los estados que luego se formaron por su influencia o a su semejanza, eran Estados obreros. Los marxistas críticos, con distintos matices, sólo agregaban a sus definiciones (¡perdón! Hay muchos que aún agregan) diferentes grados de degeneración o deformación, debido al dominio burocrático de dichos estados.

Sin embargo, es sabido que el plan de Carlos Marx para su obra sobre El capital incluía un punto sobre el Estado. Así, por ejemplo, en el "Cuaderno II" presenta uno de sus bosquejos del plan de investigación, en el cual el Estado era sólo una de las seis partes de su investigación:

 

Concepto general de capital... Después del capital habría que ocuparse de la propiedad de la tierra. Tras ésta, del trabajo asalariado... Luego el Estado... El Estado volcado al exterior: colonias. Comercio exterior... Por último, el mercado mundial.[15]

 

Marx no pudo completar su plan, y el del Estado fue uno de los puntos que no llegó a desarrollar. No obstante, a lo largo de su obra, las referencias al Estado no escasean. En su obra teórica, antes que la alegoría de una infraestructura como el suelo, o una superestructura como la casa y el techo (como reza “la doctrina>” antes descripta), utilizaba la Metáfora del círculo: un punto de la circunferencia determina a otro, pero es por su parte determinado, aunque cada tipo de determinación sea diferente.[16]

 

Podemos suponer, aunque sólo suponer, que si el Estado era una de las seis partes en que se dividía su trabajo sobre El capital, evidentemente Marx no consideraba al Estado como una mera superestructura. Lamentablemente, no llegó a desarrollar este tema. Probablemente, en su desarrollo habríamos aprendido mucho sobre las mutuas determinaciones entre el Estado y el capital; quién sabe, incluso, llegar a entender cómo una determinada estructura estatal surgida de una revolución anticapitalista podía llegar a generar, en ciertas condiciones de autonomía respecto a la sociedad de la cual emanaba, formas de explotación y alienación inéditas, íntimamente emparentadas a esa relación social que es el capital. Dentro de ese camino hipotético, comprenderíamos mejor cómo se articulan las restauraciones capitalistas con los “estados socialistas”. Y dentro de esa visión general, nos ayudaría a comprender mejor un caso especial del “socialismo realmente imaginario”. Nos referimos al Estado y la sociedad que surgieron de la Revolución Cubana. Queda pendiente para los marxistas de hoy este menudo trabajo. 

 

Esta ponencia fue presentada en el taller sobre “Experiencias del Socialismo en el Siglo XX”. Pudimos discutir la misma con dos de los delegados cubanos presentes, Isabel Monal, directora de la publicación Marx Ahora, y Eddy Jiménez, profesor de la Universidad de La Habana, además de otros participantes del VI Encuentro de Revistas.

No obstante el hecho de que ambos expresaron argumentos y objeciones que manifestaban su desacuerdo sobre el contenido general y las conclusiones de nuestras reflexiones, pensamos que el debate continúa desarrollándose. Nos referimos a una polémica que nada tiene que ver con las maniobras diplomáticas contra Cuba por parte del imperialismo yanqui y sus gobiernos lacayos, en el marco de los organismos internacionales en relación con el tema de los “derechos humanos”.

Para nosotros, el debate sobre socialismo y democracia forma parte de una discusión que tiene alcances programáticos, y que debe partir desde el punto de vista de la sociedad humana, o la humanidad socializada. En este sentido, nos parece gratamente auspiciosa la aparición en Internet, a principios del corriente año, de una “revista electrónica” mensual: Cuba Siglo XXI (www.cubaxxi.f2s.com), en la que destacados intelectuales de la isla hacen aportes en el terreno político, económico y social.

En la mencionada publicación pudimos comprobar que los temas abordados en nuestra ponencia también son objeto de estudio y discusión en los ámbitos académicos cubanos. A continuación nos limitaremos a transcribir algunos fragmentos extraídos de dicha página que, a nuestro entender y más allá de las divergencias, reflejan una búsqueda compartida. Deberíamos asumir este hecho, reiteramos que a nuestro criterio es auspicioso, como un desafío hacia el futuro desarrollo de un debate abierto, de cara a las problemáticas que nos plantea el siglo XXI. Marta Harnecker[17]

Ésta es la historia y el contexto en que nace el partido único en Cuba. Está bien, podrán decir ustedes, ésa es la historia, pero ¿por qué hoy, cuando la dirección cubana sostiene que Fidel tiene el inmenso apoyo de la población, no se permite la creación de otros partidos? Estimo que la siguiente comparación puede ayudar a comprender el rechazo cubano al multipartidismo: ¿por qué fue tan importante para el futuro de Cuba desbaratar los planes que tenía el imperialismo con la invasión de Playa Girón? Porque era fundamental impedir que se estableciese una cabeza de playa contrarrevolucionaria que permitiera instalar en territorio cubano un gobierno provisional, que recibiría de inmediato todo el apoyo de los Estados Unidos para reconquistar, desde allí, el resto del territorio. De la misma manera, permitir la creación en Cuba de otros partidos políticos, en estos momentos en que la correlación de fuerzas mundial es desfavorable al socialismo, significaría aceptar en territorio nacional una cabeza de playa política que serviría para la penetración, por ese canal, de toda la propaganda política y recursos de la contrarrevolución instalada en Miami y del propio gobierno de los Estados Unidos. Sería un absurdo que después de cuarenta años de desarrollo independiente y soberano, los cubanos, en aras de satisfacer las demandas de algunos sectores autoproclamados “demócratas consecuentes”, cedieran ese espacio a la contrarrevolución en forma gratuita. Sería una enorme ingenuidad política. La historia tiene bastante con la ingenuidad política de Gorbachov, como para repetir ese error que llevó al desastre al campo socialista.

Quiero aclarar, sin embargo, que estoy hablando de la actual situación en la que vive el país. Si estas condiciones cambiaran, si cambiara la correlación de fuerzas a nivel mundial, si el imperialismo llegase a aceptar una necesaria convivencia con regímenes que no comparten su sistema de gobierno ni su concepción del mundo, esta situación podría variar.Si dentro de un tiempo, en otra correlación mundial de fuerzas, las masas cubanas pidieran la formación de otros partidos, pienso que la dirección cubana no se opondría a que se discutiese esta cuestión. Pero nadie que tenga un mínimo de representatividad está pidiendo hoy que se forme otro partido en Cuba. Ahora bien, pienso que ese partido único, que se inspira en las concepciones martianas del Partido de la Nación Cubana, hoy no puede ser pensado como un partido obrero-campesino exclusivamente, sino como un partido de todos los trabajadores, lo que significa tener en cuenta expresamente a ese amplio sector de profesionales y técnicos formados por la revolución durante estos cuarenta años. Es fundamental que se creen espacios de participación política específicos para estos sectores, para que todo su potencial intelectual pueda encontrar canales de expresión que les permitan contribuir con sus ideas e iniciativas a los grandes desafíos que hoy tieneplanteada la revolución.[18]

Debemos recordar, por otra parte, que Marx y Engels, en su desarrollo de la teoría del Estado, se adentraron en cuestiones muy interesantes y significativas relacionadas con la autonomía relativa del Estado, la cual, en ciertas circunstancias históricas, podía desembocar en situaciones tan extremas que provocaran que, por un determinado período, el Estado llegara a independizarse del resto de la sociedad (sociedad civil), incluso de la propia clase dominante, de cuyo control se hubiese escapado temporalmente. Marx y Engels señalaron estas situaciones respecto a ciertos momentos concretos de la historia, y uno de ellos se refiere a cuando, dada cierta circunstancia, la burocracia (este cuerpo profesional de la cuestión pública) podía actuar con desproporcionada independencia de la clase dominante. Precisamente, los recientes acontecimientos de Europa del Este parecen indicar que ni siquiera el socialismo está exento de que la conjugación de determinadas condiciones conduzcan al grueso de la sociedad a considerar los estados como algo ajeno y separado de sus intereses. Es decir que se trataría del peligro de una “reunificación” (ni éste ni otros términos similares empleados en esta intervención se encuentran expresamente en Marx) entre sociedad civil y Estado, en la cual las relaciones establecidas entre ambos fueran asimétricas y condujeran, en consecuencia, a hegemonismos antidemocráticos. Obviamente, no es cuestión de llevar esta idea más allá de su verdadera dimensión para convertirla, falsamente, en la causa del derrumbe. Pero ella sí nos permite entender más claramente cómo, más allá de las manipulaciones, la percepción de grandes masas que se sintieron cercenadas del Estado (cuyos intereses supuestamente este último representaba) reflejaron hasta cierto punto una situación real. Y para ello esta experiencia también forma parte del arsenal de enseñanza del que pueden sacar provecho todas las experiencias socialistas presentes y futuras.

Y podría agregarse, haciendo una especie de paréntesis en esta exposición, que uno de los elementos fundamentales de la supervivencia y solidez del proceso cubano radica precisamente en que el Estado no se “tragó” a la sociedad civil y que la dinámica de la “reunificación” no ha dejado de estar presente; lo que no excluye discernir que una más profunda conciencia de la problemática pudiera facilitar la profundización y perfeccionamiento de dicha dinámica.[20]

El trabajo en el sistema del Poder Popular es históricamente “poco atractivo”, porque ha sido siempre un medio con pocos recursos, relativamente pocas posibilidades de enfrentar los problemas que se presentan y, por si ello fuera poco, las condiciones de trabajo en ese medio siempre han sido inferiores a las existentes en otros organismos pertenecientes al llamado sistema de la Administración Central del Estado. (...) De hecho, la práctica muestra que el poder real, el “gobierno”, sigue en buena medida sin ejercerlo la Asamblea, que ahora lo ejerce el Consejo de la Administración, situación conceptualmente peor aún que cuando la suplantación de funciones la hacía el Comité Ejecutivo. (...) La eliminación de los comités ejecutivos no ha dado aún la respuesta que se esperaba en lo concerniente al fortalecimiento del papel de las asambleas locales. De tal modo, en lo referente a la esencia democrática de nuestro sistema, no ha propiciado un avance significativo y sí un cierto retroceso relativo. (...)

En lo que respecta a la elaboración y aprobación de las candidaturas, la sustitución formal de la presidencia del Partido por la de la Central de Trabajadores de Cuba, y la no integración del Partido en la comisión, no es un elemento de fondo en ampliar la participación popular, en una sociedad como la nuestra en la que la autoridad del Partido es reconocida. (...) La elección popular directa, precedida del intercambio candidatos-electores, paso formal de ampliación cualitativa de la participación popular, crea unas expectativas que, de no ser satisfechas posteriormente en la práctica, convierten el paso en su contrario. (...) El Comité Ejecutivo se concebía para representar a la Asamblea, no para suplantarla, como refleja la obligatoriedad de rendir cuenta de su gestión periódicamente y de que sus acuerdos de alcance general debían ser ratificados por la Asamblea (ver las “Normas Reglamentarias”). Pero la práctica convirtió esta subordinación y limitación de poder en algo formal.[22]

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