Revueltas populares en Ecuador y la Argentina: los pueblos necesitan mirarse y reconocerse.

Algunos autores (Miranda[1] y Benítez) se han referido a aquel levantamiento de enero de 2000 como a un ensayo de rebelión social que cuestiona al poder y propone la asunción de fuerzas populares a ser gobierno. En efecto fue un ensayo, pero en este trabajo se plantea mirarlo preferentemente como un ensayo de constitución de un bloque popular y de construcción de un proyecto contrahegemónico, intento que tuvo varios aciertos y muchos errores, pero que marca un momento de ruptura con el quehacer político predominante en el continente, esboza algunos de los escenarios particulares del nuevo momento de desprestigio del neoliberalismo, de una crisis económica que se expande, del surgimiento de nuevos actores sociales, de empobrecimiento y exclusión masivos, y que enfrentó desafíos que superaban las condiciones históricas concretas en las cuales se desenvolvió; es precisamente este carácter “aperturador” el que permite extraer algunas lecciones para el proceso social latinoamericano.

El análisis debe mirar más allá de los específicos días de enero de 2000, y asumirlo como un período más extenso de seis años, desde noviembre de 1995[2] hasta febrero de 2001[3], pero cuyo núcleo de conflicto se concentró en un arco de tiempo de once meses, desde inicios de marzo de 1999, con la quiebra del Banco del Progreso, hasta fines de enero del siguiente año, con el derrocamiento de Mahuad.

Acontecimientos que marcaron este período de auge de la lucha popular, de una población que gana protagonismo y hace suyo un quehacer político distinto, en las manifestaciones, en las calles, gente común que habla y quiere actuar sobre los destinos del país, a la par que se tornan muy visibles las lacras del sistema: corrupción, explotación, dependencia.

Surgen nuevos actores sociales, vuelven a escena los viejos luchadores, nuevas formas de participación popular se hacen presentes, también las tradicionales, existe una crisis de la hegemonía “de los de arriba” y emergen los sujetos de una contrahegemonía, se vislumbran aspectos esenciales de una voluntad colectiva cohesionadora de un nuevo bloque, pero todavía falta; se configura un escenario distinto, mas aún las herramientas, los discursos, las formas de actuar y prever los acontecimientos son embrionarias, en ocasiones hasta ingenuas, y, por lo menos en el Ecuador de 2000, los acontecimientos superaron la capacidad de dirección social y política, permitiendo el reacomodo de las fuerzas, la recuperación del control por parte de los círculos gobernantes que impusieron un paquete más complejo de sometimiento: la dolarización.

En este sentido puede resultar trascendente presentar una visión crítica sobre los sucesos de los levantamientos ecuatorianos en esta etapa histórica. En el presente artículo se pone el acento en la retrospectiva del arco de tiempo de ofensiva popular, esos once meses.

Se plantea interpretar como un subperíodo con características propias aquel que transcurre entre marzo de 1999 y enero de 2000. Son once meses en los cuales se evidencia una crisis de hegemonía, el aislamiento total del gobierno de Mahuad, fraccionamientos al interior del bloque dominante, fisuras en las Fuerzas Armadas, consolidación temporal de un bloque popular, difusión de un programa de cuestionamiento a las instituciones gubernamentales constituidas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y fortalecimiento de la propuesta de un gobierno de transición sustentado en las organizaciones sociales y parlamento popular.

 

 

Veamos algunos de los detalles que permiten establecer paralelos entre esta situación ecuatoriana en 1999 y la argentina de fines de 2001.

 Quito, julio 14 de 1999: los moradores de los barrios del sur de la ciudad, en la mayor parte gente humilde, comerciantes informales, madres de familia, se toman el acceso de la Panamericana. Uno de los dirigentes barriales proclama: “Esperaremos aquí hasta que lleguen los compañeros indígenas de Latacunga”[4]; los gases lacrimógenos que lanza la policía parecieran no sólo incapaces de amedrentar al pueblo levantado, sino unirlos y fortalecerlos. Hacia las seis de la tarde empiezan a llegar los primeros grupos indígenas que vienen marchando desde las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, relativamente cercanas a la capital. Han recorrido aproximadamente unos 200 kilómetros y evadido varios cercos militares; son recibidos como héroes, la población les brinda agua y pan y algunos les ofrecen posada a aquellos que apenas una década atrás aún eran despreciados y vilipendiados. En la calle uno de sus dirigentes proclama: “Lluchsi Jamil, no quieres atender nuestros pedidos, ¡te vas afuera!”. El país vive su peor crisis en más de cien años; en el mes de marzo el gobierno de Mahuad decretó el congelamiento de las cuentas bancarias, y la inflación se proyecta a un 80% anual.

Buenos Aires, diciembre 28 de 2001: “Durante la marcha del 28, cientos de vecinos de la Capital bajaron de sus edificios para repartir jarras de agua fresca a los piqueteros que caminaron varios kilómetros; otros, sobre todo mujeres, les llevaron naranjas, ciruelas y sándwiches caseros”[5]; en la Argentina se vive una de las peores crisis económicas y políticas, cinco presidentes acaban de turnarse en el mando del gobierno, la quiebra del modelo neoliberal es evidente. El periodista concluye: “no fue, sin embargo, la crisis económica la que promovió la unidad entre caceroleros y piqueteros. La crisis creó la oportunidad, pero fue la movilización social la que cerró las heridas”.

 

 

Uno de los logros de estas rebeliones sociales de confrontación al neoliberalismo es que cambia la percepción de los pueblos, dejando hacia atrás, y con energía, los tiempos de inmovilismo social y de desesperanza impuestos ideológicamente luego del ’89, y abre vertiginosamente tiempos de cambio, de volver a tomar confianza en la participación directa. Ahora, en ocasiones, eso nos toma de sorpresa, acostumbrados como estuvimos a tiempos de pesadumbre, de avances lentos, de reacciones sociales medidas y controlables, donde el bloque de poder se siente invencible.

En estos momentos de crisis de hegemonía, de fracturas en el bloque dominante, de esfuerzos por construir un bloque popular, las fuerzas sociales cambian, se reacomodan rápidamente, la población agudiza su percepción de la política, los propios actos desesperados de gobiernos arrinconados tornan evidentes comportamientos corruptos, o descaradamente represivos, o abiertamente a favor de un puñado de oligarcas o banqueros. Son tiempos de aprendizaje social y político, y de pronto la memoria histórica de las luchas populares pretéritas, que parecían olvidadas, vuelven a flote, y las voluntades colectivas de participación, de estar dispuestos a opinar, a tomar posicionamientos, decisiones, a movilizarse, cobran bríos, se envalentonan. Son días maravillosos, y nada está expresamente pre-escrito; reclama de inventiva, pero también se expresa todo aquel acumulado que individuos, asociaciones, colectivos, movimientos y partidos desarrollaron durante el tiempo inmediatamente pretérito.

Otro logro de estas rebeliones sociales es que remueven las propias formas del quehacer político. Quedan evidentes las formas mafiosas predominantes en las formas institucionalizadas, la reducción al parlamentarismo o a la acción estrecha de los cabildeos, ahora denominados “lobbies”. 

Un proceso social masivo, que compromete a varios sectores, capas y clases sociales, que fraccionó a una de las instituciones pilares del Estado, que obligó a las clases dominantes a reconocer un país distinto a aquel dibujado en sus discursos y que en un momento determinado estableció una situación, parafraseando las expresiones del ajedrez, de “jaque” al poder constituido.

Son tiempos que ponen a prueba los discursos y a las prácticas construidos y son tiempos que reclaman tener los ojos y la mente abiertos a los nuevos procesos, a los nuevos actores, a las nuevas circunstancias. Ahora, en esta alborada del siglo XXI, estos tiempos de cambio son todavía cortos, pero los escenarios los obligan a ser ensayos de los nuevos momentos, y requieren ser aprehendidos en todas sus complejidades y sin caer en glorificaciones ligeras.

 

 

Retornando a la frase del periodista de Brecha: la crisis dio la oportunidad pero la movilización social fue la determinante, vale relativizarla. En verdad es un movimiento muy dialéctico, de ida y vuelta constante. Mas aún cuando la crisis económica devela la esencia del mercado capitalista librado a su libre albedrío, es una maquinaria depredadora que destruye a su paso la fuerza de trabajo y la naturaleza. La burguesía presionada no oculta sus pretensiones de que sea toda la población la que cargue sobre sus espaldas la crisis por ella generada, ellos extraen de los ahorros congelados, “acorralados” dirían hoy en Argentina, y de lo poco que queda en manos del Estado, los fondos para reflotar sus empresas y sus bancos. Son asaltos descarados en perjuicio de todo el pueblo.

A ello se suma el evidente contubernio de las instituciones estatales, y ahora sumados los organismos internacionales. Allí están el Ministerio de Economía, Banco Central, Corporación Financiera Nacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, ligados para garantizar y proteger ese atraco. En el caso ecuatoriano, el salvataje bancario, en el período que estamos relatando, tuvo un costo de 12.000 millones de dólares; comparados con un presupuesto estatal del año 2000 para educación es cuarenta veces mayor (frente a 300 millones), cien veces el presupuesto para salud (frente a 120 millones), ciento treinta veces el presupuesto para desarrollo agropecuario (frente a 92 millones de dólares).[6]

Lo elemental que provoca un escenario como ese es la rebeldía y la rabia colectivas, la gente sale a las calles, a protestar, a demandar justicia, como una demostración de que aún están vivos y tienen dignidad para defender sus derechos básicos.

La crisis en la legitimidad de instituciones como el Congreso Nacional, como la Corte Suprema de Justicia, de la propia Presidencia de la República, tiene esta base. La crisis de la representatividad de los diputados, de los jueces, de los magistrados, de los ministros, está en su abierto contubernio, a veces incluso en la descarada participación directa, en el atraco de los fondos públicos que quedan.

Todo esto configura una crisis de hegemonía, porque los sectores subalternos que dieron alguna base a los gobiernos de Abdalá Bucaram, en 1996, los pequeños comerciantes, los informales, los habitantes de los barrios urbano-marginales; o de Jamil Mahuad en 1998, las capas medias, los empleados estatales y privados, los agricultores, los repudian y se cambian, aunque sea temporalmente, hacia el otro lado, para intentar fortalecer otro bloque.

Pero además, esta crisis muestra la podredumbre característica de los círculos políticos criados por el neoliberalismo, gente con sus billeteras y su corazón en la metrópli imperialista, lanzados a la corrupción y al atraco, como lo establece Moreano: “La crisis de hegemonía implica crisis de la conducción ética de un país: entra en disputa el sentido de la identidad de la nación y de su proyecto histórico”[7].

Entonces se provoca un fenómeno centrífugo al interno del bloque dominante, son despedidos hacia fuera sectores nacionalistas de las fuerzas armadas, cuadros administrativos y profesionales honestos, capas medias que se ven amenazadas en sus recursos, empleados públicos.

 

Apreciar las culturas de resistencia, las raíces de nuestros pueblos

 

La particularidad del proceso ecuatoriano en el período de análisis es que el núcleo del bloque de oposición popular estuvo constituido por el movimiento indígena y un discurso de crítica al neoliberalismo con énfasis en las formas de opresión étnicas y racistas, eso le marcó en potencialidades y limitaciones. A la par, la riqueza de esta experiencia se encuentra en que estos acontecimientos marcaron el paso, como lo ha esbozado Breilh[8], del modelo de construcción de contrahegemonía desde lo corporativo-gremialista hacia un embrionario y experimental modelo identitario-multicultural.

Cabe detenerse en la hipótesis planteada. Hasta mediados de los años 80, la centralidad de la movilización popular estuvo en los sindicatos y gremios laborales, su visión programática estaba fuertemente incidida por una lectura economicista y determinista de las ideas socialistas, sus banderas giraban en torno a propuestas reivindicativas del trabajador fabril y un conjunto de estatizaciones y nacionalizaciones, con un discurso fuertemente cargado de lucha de clases y antiimperialismo. A partir de la década de los 90, con la trascendencia del levantamiento indígena del Inti Raymi, que incorporó a las reivindicaciones económicas, que sí las tenía y básicamente referidas a aspiraciones sobre la tenencia de la tierra, las reivindicaciones de la plurinacionalidad y multiculturalidad abrieron un debate profundo sobre la trascendencia y el rol de los pueblos indios en la sociedad ecuatoriana. De alguna manera, una idea similar es dibujada por Dávalos: “El levantamiento indígena del ’90 implicó un cambio en el discurso y la aparición de un nuevo lenguaje en el debate político, aquel que hablaba de la identidad y del carácter plurinacional”[9] .

Como lo recuerda Moreano: “las identidades étnico-culturales son formas simbólicas en que cuajan y se cruzan complejos intereses sociales y de clase”[10], su potencialidad estuvo en poner sobre el tapete, en plena época de globalización, sobre la base de la capacidad de movilización de los pueblos y nacionalidades indias, la historia de un actor social colectivo que resistió quinientos años de opresión y oprobio, que levanta la trascendencia de sus culturas, de sus concepciones de mundo, de su cosmovisión, de su organización comunitaria.

Esa interpelación estremeció a la sociedad ecuatoriana, pues “el problema del indio es también el problema del mestizo”, y rompió con las estrechas lecturas economicistas de las clases populares en el Ecuador, que en su comprensión del mundo están también atravesadas por la confrontación entre la cultura occidental positivista dominante y las culturas ancestrales andinas.

A la abierta interpelación a la sociedad blanca-occidental, se articuló la resistencia a la aplicación del modelo neoliberal, especialmente desde los sectores sindicales de las empresas estatales, y la oposición de la población ante las privatizaciones de las empresas de las áreas energéticas y de la seguridad social; a ello se debe sumar que a mediados del ’99 hubo el desplazamiento político de las capas medias afectadas seriamente en sus intereses económicos, lo cual dejó sin base social al gobierno de la democracia cristiana; junto a ellos, una serie de pequeños propietarios: taxistas, camioneros, pequeños comerciantes, vendedores informales que eran afectados directamente por la expropiación de los ahorros a favor de un puñado de grandes banqueros.

 

 

Un factor que azuzó a las clases populares a optar por salidas de avanzada, de ganar iniciativa, de arriesgar propuestas, de empezar a construir alianzas en desmedro de los círculos de control de las clases dominantes, fue la evidencia de la fragilidad del poder de las oligarquías y la podredumbre en sus líderes, es ahí donde una perspectiva de poder empieza a aparecer viable, a condición de percibir la fortaleza que le otorga su organización y cohesión.

Quizás el error más grande que cometieron ciertas fracciones oligárquicas en el Ecuador fue haber optado en 1997 por la vía de la amplia movilización de masas para precipitar el derrocamiento del gobierno de Abdalá Bucaram. Allí, por primera vez en los tiempos contemporáneos (un proceso similar se produjo en 1944 con la destitución de Arroyo del Río), las masas superaron los límites impuestos y comprendieron que con cohesión y decisión era posible destituir presidentes y botar gobiernos.

 

Aprendida la lección, cuando el gobierno de Mahuad empezó a arrinconar a las clases populares, a expropiarlas a favor de la oligarquía bancaria, volvió a la memoria los acontecimientos todavía frescos de la destitución de Bucaram.

La expresión ya citada de un dirigente de base del movimiento indígena de la provincia de Tungurahua –“Lluchsi Jamil, no quieres atender nuestros pedidos: ¡te vas afuera!” – refleja mejor que nada ese salto hacia ser un sujeto político colectivo, que tiene características muy valiosas: “lo que marca el carácter alternativo de los pueblos indígenas es: i) una concepción del mundo andina que es un acumulado de quinientos años; ii) su poder desde la comunidad es una organización que tiene como núcleo un funcionamiento territorial y eso le permite desde la comunidad actuar como una organización que enfrenta al Estado. Es una respuesta ya no sólo gremial, sino una respuesta que confronta desde su propio punto de partida al Estado; iii) la constitución de un sujeto histórico”.[11]

Aquí residió la gran diferencia entre las propuestas del actual movimiento indígena ecuatoriano en 2000 del Movimiento Zapatista que proclamó en 1994: “no queremos el poder”, y que le da una proyección insospechada.

En noviembre de 1999, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador toma la iniciativa, lanza la consigna de la destitución del presidente y convoca a la constitución de parlamentos populares. En torno a esta consigna se van agrupando varios sectores que en sí configuran un inicial bloque popular: movimientos obreros, movimientos ecologistas y de mujeres, fracciones nacionalistas de las Fuerzas Armadas, movimiento de iglesia de los pobres, capas medias empobrecidas. Luego, los acontecimientos se desenvuelven vertiginosamente, esto da paso al levantamiento del 21 de enero de 2000, el apoyo de fracciones militares se visibiliza y se constituye por unas pocas horas la Junta de Salvación Nacional, pero en la madrugada del 22 de enero el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas designa un nuevo gobierno en la persona del vicepresidente Gustavo Noboa, quien reafirma su programa económico en torno a la dolarización. 

 

Volver a reflexionar sobre estos levantamientos ecuatorianos en el marco de una agitada situación social en Latinoamérica, con un ambiente de rebelión social en la Argentina, con una conflictiva situación en Venezuela, con un aceleramiento de la aplicación del Plan Colombia, no tendría mayor sentido sino para volver a mirarlos con la intención de descifrar algunas de las limitaciones, que den paso a lecciones amplias, en esta re-lectura de acontecimientos cargados de enorme significación para todo el continente.

A lo largo del texto se han esbozado algunas hipótesis: i) el movimiento indígena al convertirse en el núcleo fuerte del bloque de oposición aportó enormes potencialidades, pero tenía límites muy serios[12], uno de ellos que su cuerpo teórico, afirmado en las concepciones del mundo de las culturas ancestrales andinas es muy sólido en las fases de resistencia, pero se mostró débil frente a un contexto de liderazgo de un bloque popular en un escenario de crisis de hegemonía; ii) los levantamientos populares se ubicaron en una etapa de transición de los modelos de concebir la construcción contrahegemónica y de un bloque popular, que en el pasado giró en torno a un eje gremialista-corporativo, y que intuimos podría avanzar hacia un eje emancipador-intercultural-crítico, en una perspectiva socialista; iii) el eje de este ensayo insurreccional estuvo en un discurso identitario y de crítica limitada del neoliberalismo, que aportó a la agitación y difusión de las consignas planteadas pero no resolvió la deficiencia cardinal: la confrontación en el nivel político, de la temática del poder, en un contexto nacional, con los capitales transnacionales y la globalización.

Esta última deficiencia, que por cierto no es sólo del movimiento indígena ecuatoriano sino de toda la izquierda latinoamericana, y que es uno de los ejes a los cuales organizaciones, núcleos de intelectuales, revistas, niveles de base y de dirección, debemos darle el mayor acento, pero que lamentablemente está muy relegado.

Cabe sustentar tres afirmaciones planteadas. Por un lado, aquello de las fronteras de un bloque sustentado en un discurso identitario[13], y por otro, los límites de una crítica parcial al neoliberalismo, y que además no son temas exclusivos de preocupación del movimiento popular ecuatoriano, sino del continente.

Sostengo que la ubicación de esas limitaciones del movimiento indígena y de sus aliados, especialmente la fracción de militares nacionalistas, en el Parlamento de los Pueblos, en lo que configuró un ensayo de bloque popular, al cual en los hechos se unieron las otras fuerzas, se evidencian en el nivel político, en los planos que posibiliten la superación del restringido cuestionamiento del Estado, cuestionamiento sólo desde la demanda de igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, para dar el salto a un cuestionamiento de las superestructuras complejas, generando las condiciones de asumir un plano universal de representación de los intereses populares y de su confrontación con los intereses del bloque dominante.

Así cabe recordar las comprensiones gramscianas[14] del nivel político, según las cuales se pueden distinguir tres niveles: i) nivel económico-corporativo, ii) nivel solidario de modificación y reforma, y iii) nivel político, en el cual “los cuerpos ideológicos germinados precedentemente entran en confrontación, situando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no en el plano corporativo sino en el plano universal”.

Los acontecimientos del 21 de enero, y también los posteriores; el propio levantamiento de febrero de 2001, que de hecho tenía un horizonte menor, y otros eventos recientes   tuvieron limitaciones en el “cuestionamiento de las superestructuras complejas”, de cómo romper, o aislar, o por lo menos obstaculizar los mecanismos de la sociedad política y sociedad civil dependientes del bloque dominante, permitiéndoles recuperarse rápidamente; además, en la propia predisposición de extender y ampliar las fuerzas convocadas y ponerlas en acción en un nivel nacional, más allá de determinados pronunciamientos de destacamentos militares.

 

Es posible observar simplicidad, reduccionismo, en aspectos clave como la comprensión sobre las diferencias y límites de las instituciones de gobierno frente a las estructuras estatales, de los verdaderos niveles donde se configura el poder de la burguesía, de las articulaciones que unen a los poderes criollos con las instancias de poder imperialistas, del rol de instancias de poder decisivas como los grandes medios de comunicación, las cúpulas de las fuerzas armadas y de la iglesia católica.

Limitaciones en la aplicación de la participación democrática y organización comunitaria, para extenderla a todos los rincones, dar espacios más francos a las iniciativas en localidades y parroquias, abrir en toda su extensión el abanico de la presencia popular directa, para ir a la acción directa del brazo de todos los demás explotados, oprimidos y excluidos.

La falta de precisión política en las propuestas económicas del gobierno de salvación nacional, que rápidamente atrajeran a los sectores sociales indecisos y apuntaran al núcleo del modelo neoliberal, permitiendo un bloque más amplio y participativo real.

En verdad, en las horas decisivas, el levantamiento quedó absorbido por la toma de los edificios del Congreso Nacional por los sectores indígenas y militares insurrectos, la instalación en el mismo del Parlamento de los Pueblos y la proclama de la Junta de Salvación Nacional. Y fueron las propias deliberaciones de los representantes en el Parlamento de los Pueblos, en esos momentos cruciales, los que develaron los límites de sus actores: mientras en la sala de sesiones se repetían una y otra vez las proclamas ya anunciadas, se caía en las frases hechas, se autoenclaustraba esa instancia de poder popular, en verdad no ejercía ese poder respecto de los sectores sociales sobre los cuales influía.

En definitiva, la visión, la perspectiva del accionar en el nivel político de la dirección del levantamiento era limitada, y cayó en las redes del aparato estatal, que sometido a situación de “jaque”, reaccionaba rabiosamente. Desde Washington se amenazaba con un cerco, desde las Cámaras de la Producción del Guayas se amenazaba con un proceso de fragmentación del país –“jamás seremos gobernados por un indio”– exclamaban, los voceros de la burguesía quiteña llamaban a sus huestes a las calles, los grandes medios de comunicación silenciaban los acontecimientos y daban tribuna a los voceros de la oligarquía.

Estas limitaciones esbozadas de ninguna manera quitan trascendencia al proceso social y político que vivió el Ecuador en el período analizado; al contrario, ayudan a delinear aspectos decisivos sobre los cuales trabajar para una presencia más sólida y percibir los tiempos políticos e históricos que requiere la construcción de un bloque popular en nuestros países en los tiempos presentes. 

Para finalizar, tanto la crisis ecuatoriana y los levantamientos populares que provocan (1999-2000) como la crisis argentina y los cacerolazos y otras formas de rebelión social (2001-2002) que producen, cada una con sus peculiaridades y con dimensiones distintas, evidencian que en la estructura se presentan contradicciones, que han llegado a su madurez. Frente a ellas existen las fuerzas políticas operantes que se esfuerzan para la conservación de la estructura, por sanarla, dentro de ciertos límites.

Estamos ante la presencia, vivimos en medio, de lo que Gramsci denominó “fenómenos orgánicos”, que están dando lugar y que permiten a mentes y teorías no dogmáticas la elaboración de “una crítica histórico-social que afecta a las grandes agrupaciones, más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente”.

Paso clave en esta perspectiva es la recuperación de la comprensión integral de los sujetos sociales, incorporando una perspectiva unificadora de clase social-genero-etnia, y también una comprensión totalizadora del bloque popular, sin visiones reducidas, sean estas identitarias, economicistas o nacionalistas, que han aquejado a buena parte de las luchas populares en Latinoamérica. Esto se puede alcanzar desde la comprensión cabal de las conexiones estructura-superestructura.

Uno de los mecanismos clave para dicha elaboración crítica-histórica-social es precisamente “el estudio de las oleadas (políticas, sociales y económicas) de diversa oscilación, que permiten reconstruir las relaciones entre estructura y superestructura, y entre el desarrollo del movimiento orgánico y el de coyuntura”.[15]

Desde las enseñanzas que nos presentan los levantamientos populares, la consolidación del sujeto social indígena, en el Ecuador, y también los debates recientes sobre las ciencias políticas y la cultura, se van esbozando teorías muy interesantes, como aquellas sistematizadas por Breilh a favor de una “construcción emancipadora intersubjetiva”[16], que sería “una superación dialéctica de la construcción emancipadora convencional de la izquierda mestiza, que ha sido en gran medida monocultural”, superación dialéctica que significa que “así como reconocemos nosotros/as el valor de nuestras historias de lucha, de las expresiones emancipadoras de nuestro pensamiento y de la práctica de nuestras organizaciones, asimismo debemos hacerlo con las de los/as otros/as”.

Eso requiere, siguiendo con las propuestas de Breilh, “un relato que sea unificador sin ser dominador y que pueda orientar discursos emancipadores complementarios, para lo cual no debe incorporar verdades dogmáticas, sino la narrativa de la equidad, los derechos y las libertades colectivos e integrales”.

 

---