21/11/2024
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Introducción
Hacia finales de julio de 2006 tres trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata eran "desvinculados" de su lugar de trabajo. Esta situación no era nueva. Otros dos trabajadores habían sido echados poco tiempo antes del Consejo de la Mujer y la Dirección de Control Urbano.
Sin embargo, el despido de los empleados contratados en Desarrollo Social desató un importante conflicto en el que terminaron involucrados funcionarios municipales, los gremios de trabajadores municipales (en particular, ATE y UPCN) y organizaciones sociales de la región (en particular, las enroladas en el Frente Popular Darío Santillán, FPDS).
En este artículo analizamos la dinámica de ese conflicto, reflexionando sobre la forma y naturaleza de la acción colectiva. Nos interesa resaltar el lugar que tuvieron las organizaciones, en particular ATE y el FPDS, en la articulación de la lucha. Mientras ATE actuó a la manera de una tradicional organización de trabajadores ocupados, desactivando la lucha, el FPDS mostró las potencialidades y límites de una nueva forma organizativa multisectorial. Por otra parte, debatimos la articulación que se produjo entre las condiciones subjetivas y objetivas a la hora de dar cuenta de las modalidades, características y tiempos de la lucha de los trabajadores. Por último, intentamos pensar, a partir de esta experiencia concreta, el problema de clase como sujeto colectivo, múltiple y plural que se constituye en la lucha y no como objetividad preconstituida.
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La experiencia de la lucha
La desvinculación de los trabajadores mencionados no fue un simple despido. En realidad, ellos eran parte de los cerca de 4.000 trabajadores municipales en la ciudad de La Plata que se encuentran trabajando bajo formas de contratación precarias.[1]
En la municipalidad de La Plata, cerca del 85% de los empleados trabajan bajo regímenes laborales de alta inestabilidad: entre otros, principalmente mensualizados o contratados. El primer régimen supone un contrato anual que se renueva mes a mes de manera automática; los trabajadores cuentan con horas extras, movilidad, viáticos, pueden sacar días por enfermedad, tienen salario familiar, vacaciones, etc. En el caso de los contratados, sus contratos vencen cada tres meses y los trabajadores bajo ese régimen carecen de los beneficios antes mencionados.[2] Si bien estos regímenes laborales son aplicados indiscriminadamente, violan abiertamente la legislación que establece que los trabajadores con más de 12 meses de contrato deben ser pasados a planta permanente (artículo 7, ley 11.757).
El despido de los trabajadores que desató el conflicto abierto se produjo luego de varios meses de conflictos parciales por la baja de algunos contratos en diferentes áreas de la municipalidad. Desde marzo de 2006 los trabajadores contratados de la Dirección de Control Urbano habían comenzado a movilizarse por el pase a planta permanente y mejores condiciones laborales. Luego comenzaron a movilizarse los trabajadores contratados del Zoológico y Paseo del Bosque y más tarde los del Parque Ecológico y el área de Desarrollo Social.[3]
Desde agosto de 2006 los trabajadores que habían sido despedidos recientemente encararon el reclamo por "…la inmediata reincorporación al trabajo de los 5 trabajadores despedidos, el pase a planta permanente de los compañeros que superan los 12 meses de contrato y un salario básico que supere la canasta de $850".[4] Esa era la demanda que expresaban los trabajadores cesanteados. Claro está, materializaba un arco amplio de reivindicaciones que superaba la mera reincorporación de los trabajadores despedidos, detonante concreto de las movilizaciones. De alguna manera, intentaban convocar al resto de los trabajadores municipales a luchar colectivamente para superar un conjunto de condiciones estructurales que afectaban a la mayoría de ellos. Los trabajadores cesanteados intuían que "cuando las instituciones reúnen a la gente en situaciones estructuradas de manera parecida, es probable que los individuos sientan que sus quejas privadas son compartidas colectivamente y pueden resolverse también colectivamente de la misma forma" (Eckstein, 2001: 48).
El conflicto se manifestó bajo una multiplicidad de formas. El repertorio de la acción colectiva (Auyero, 2002) incluyó: cuatro movilizaciones frente a la Municipalidad, una Olla Popular (28 de septiembre), un "Escrache al Trabajo Precario" (24 de agosto), dos volanteadas en las sesiones del Consejo Deliberante de la Municipalidad, campaña de recolección de firmas en la calle, tres jornadas de radio abierta en la puerta del Palacio Municipal, dos cortes de calle frente al Banco Municipal de La Plata (Av. 7 y 49) el día de cobro. Además, realizaron numerosas volanteadas, pintadas y pegatinas de carteles en varios sitios de la ciudad y lugares de trabajo.[5] Estas manifestaciones eran las formas que asumió la acción colectiva de los trabajadores e implican una redefinición del espacio público (Scribano, 2002: 80). A través de estas "acciones puntuales fugaces", donde se "condensa y reproduce la identidad de los actores en conflicto" los trabajadores cesanteados buscaron obtener visibilidad social ("instalar" su problemática) intentando dar la pelea en la "batalla por la apropiación de sentido".
En estas manifestaciones participaron activamente numerosas organizaciones sociales y políticas locales. Entre ellas se encontraban la agrupación de trabajadores ocupados La Fragua (en el Frente Popular Darío Santillán, FPDS), las agrupaciones estudiantiles en el FPDS, la Federación Universitaria de La Plata (FULP), el Movimiento Intersindical Clasista (MIC) y miembros de otras organizaciones territoriales, culturales y de desocupados.[6] Cabe señalar que dos de los trabajadores despedidos a finales de julio de 2006 se habían integrado recientemente a La Fragua en el FPDS.[7]
A la lucha para "instalar" el tema en la comunidad se sumó el intento por involucrar a los gremios de trabajadores municipales en la defensa de los trabajadores despedidos. En un primer momento los trabajadores despedidos se habían afiliado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), buscando cierta cobertura legal y apoyo. El respaldo del gremio fue efectivo durante buena parte del conflicto; en agosto la conducción de ATE señalaba que "el gremio continuará la lucha hasta el final"[8].
Según los propios trabajadores cesanteados "ATE durante casi todo el conflicto se puso la lucha al hombro y, con grandes errores, fue el sustento económico indiscutible de las movilizaciones".[9] Sin embargo, ese apoyo se diluyó en la medida en que se aproximaban las elecciones dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y que parte de los trabajadores despedidos se encontraban enrolados, a través de La Fragua, en el MIC que encabezaba listas de oposición a la conducción dentro de la CTA.[10] Luego de las elecciones de la CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado abandonó definitivamente la defensa de los trabajadores despedidos.[11]
"La lucha continuó por diferentes caminos, en la calle y también en los escritorios"[12]. Los trabajadores cesanteados buscaron la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, quien exhortó al Municipio a reincorporarlos. Asimismo, los trabajadores consiguieron que el Consejo Deliberante repudiara los despidos por unanimidad; el proyecto de reincorporación quedaría, sin embargo, "cajoneado"[13].
La respuesta de las autoridades municipales frente al conflicto fue variando con el tiempo. En un comienzo, el municipio abrió el diálogo con los trabajadores despedidos prometiendo la "reubicación" de los mismos a partir de septiembre; sin embargo, se negaba a firmar un acuerdo por escrito.[14] Los funcionarios designados para la negociación buscaron dilatar una resolución con el objetivo de diluir el conflicto en el tiempo. Señalaban los trabajadores cesanteados que "el objetivo era dilatar, creían que de alguna manera esto se iba a desinflar y por otro lado querían dividir el espíritu de grupo que se formó".[15] Sin embargo, progresivamente la voluntad de diálogo se fue cortando y comenzaron a producirse amenazas a quienes protestaban o se solidarizaban con los trabajadores cesanteados.[16]
Luego de las elecciones de la CTA, ya sin el "paraguas" de ATE, con un debilitamiento generalizado del apoyo al conflicto, el mismo se "desinfló". Los trabajadores no lograron ser reincorporados pero, significativamente, el Municipio detuvo los despidos y comenzó el pase progresivo a planta permanente de una parte importante de los trabajadores precarizados.
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La precariedad como forma de las relaciones laborales en el siglo XXI
El conflicto que acabamos de presentar se produjo en el marco de elevados niveles de precariedad en la inserción laboral de los trabajadores municipales. Ese es el marco estructural a partir del cual pueden comprenderse las características que asumió la disputa por la reincorporación de los trabajadores cesanteados y el pase a planta permanente del resto de los trabajadores precarizados.
La precarización del empleo es la forma que asume en el capitalismo el trabajo asalariado a comienzos del siglo XXI. En el ámbito de la ciudad de La Plata, a comienzos de 2006 el mercado de trabajo presentaba los siguientes rasgos estructurales: la tasa de desocupación llegaba al 12,8% de la población económicamente activa, los asalariados mejor pagos ganaban 17,6 veces más que los asalariados peor pagos, al menos el 30% de los hogares no alcanzaban la línea de la pobreza, más del 70% de los hogares tenían ingresos que no cubrían la canasta familiar y casi el 38% de los asalariados carecía de descuentos jubilatorios.[17]
En ese marco, ¿qué lugar juega el Estado, en este caso el Estado municipal? Partimos de interpretar que el Estado es una forma social, es decir una forma objetivada de expresión de las relaciones sociales en el capitalismo (Holloway, 2004: 92).[18]
Por ser una forma social capitalista, el Estado tiende a reproducir los patrones de organización de esa sociedad. Por un lado, replica en su estructura la separación del trabajo de sus medios (de producción y reproducción). De la misma manera que en la típica empresa capitalista donde el trabajador es sistemáticamente separado del producto de su trabajo enfrentando al capital como un agente externo (el producto de su trabajo se le contrapone como capital), el trabajador estatal (municipal) enfrenta a sus condiciones de producción (el propio Estado) como poder ajeno que lo domina. Esto implica, entre otras cosas, la verticalización de las relaciones de trabajo y la tendencia a la división entre el trabajo intelectual (de concepción de las tareas) del trabajo manual (de ejecución). Por otro lado, las condiciones de trabajo en el propio Estado reflejan la evolución de las condiciones laborales en el conjunto de la sociedad. La precarización de las condiciones de trabajo en la totalidad de las empresas capitalistas se reproduce en la estructura del Estado en todos sus niveles.
El Estado (municipal) se presenta como un actor "por fuera" de las relaciones de clase, cuando en realidad tiende a reproducirlas. En tanto su reproducción como estructura estatal supone la reproducción ampliada del capital en el espacio local, tiende a actuar para producir las condiciones materiales para ello (promoción de los negocios, producción de infraestructura, control del conflicto social, etc.). Por otro lado, eso supone a su vez la separación de quienes trabajan en el Estado del propio Estado como forma social. La relación de subordinación de los trabajadores frente a la institución estatal es la única manera de que éste pueda cumplir con sus funciones en la sociedad capitalista. En tanto esta relación es cuestionada por los trabajadores o los mismos "vecinos", el Estado municipal comienza a mostrar la contradicción entre las necesidades de reproducción de las clases subalternas y los intereses de los sectores dominantes.[19]
De esta manera, las instancias municipales del Estado han acompañado las tendencias generales del capitalismo doméstico. El deterioro en las condiciones generales de trabajo y, en particular, de contratación ha tenido importantes efectos sobre la estructura política de la clase trabajadora al interior del aparato municipal.[20]
En efecto, el cambio en las condiciones de contratación hacia formas de asalariado precarizado (que incluyen contratos laborales precarios y formas de trabajo terciarizadas) se ha traducido en una debilidad estructural del conjunto de los trabajadores ocupados en la municipalidad de La Plata. La mayor debilidad se expresa en parte en las dificultades que muestran los trabajadores a través de sus organizaciones (en general, los sindicatos) para enfrentar la transformación regresiva de las condiciones de empleo y reproducción social del trabajo.
La amenaza del despido o la posibilidad de no renovación del contrato de trabajo son elementos clave para comprender las razones de la limitada respuesta del conjunto de los trabajadores del municipio frente a los despidos. Si bien el agravio que se manifiesta en las pobres condiciones de trabajo y las magras remuneraciones es permanente, las posibilidades de cuestionarlas son limitadas por el gran riesgo que implica la organizar de los trabajadores. Por descontentos e insatisfechos que estén con las características de su trabajo y sus ingresos, el marco en que trabajan reduce las posibilidades de un desafío colectivo (Eckstein, 2001: 23). Por ese motivo, las expresiones de rebelión o resistencia tienden a permanecer latentes, veladas o manifiestas bajo formas de resistencia cotidiana, en particular en el caso de los trabajadores estatales reduciendo la intensidad del trabajo, trabajando a desgano, etcétera.[21] La condición de debilidad que explícitamente expresa el contrato laboral precario se manifiesta concretamente en la unilateralidad total con que los superiores al interior del municipio pueden decidir la terminación del contrato.
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De la alienación a la organización
El despido de los tres trabajadores del área de Desarrollo Social no ocurrió en el vacío. Se produjo precisamente porque ellos, junto con otros compañeros de trabajo, habían comenzado a organizarse para reclamar por su precaria situación laboral y las formas y modalidades de organización del trabajo.[22]
Pocas semanas antes de que se produjeran los despidos que desataron el conflicto, un conjunto de trabajadores del área de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata había comenzado a reunirse para discutir las características de sus tareas y la posibilidad de modificarlas. Fundamentalmente, estos jóvenes trabajadores habían comenzado a cuestionar las condiciones en las que realizaban su actividad (actuaban como una suerte de "operadores comunitarios" estatales). Comenzaron a rechazar los límites que se les imponían a la posibilidad de repensar la forma concreta del trabajo que desarrollaban a la vez que cuestionaron la incongruencia entre la política social del municipio en teoría y la manera en que ellos (los trabajadores del área) efectivamente debían desarrollarla con los pocos medios que tenían a su disposición. "Inicialmente creamos un espacio para poder pensar y charlar lo que nos pasaba en relación al trabajo con la gente de los barrios y las contradicciones que esto [nos] generaba", señalaron los trabajadores despedidos que pertenecían a La Fragua[23]. Esas contradicciones surgían en parte de las dificultades que encontraban para llevar adelante las tareas encomendadas: había problemas en la entrega de alimentos, los talleres que se organizaban se realizaban de manera discontinua, los lugares de trabajo no tenían baño, etcétera.
De esas reflexiones sobre las características concretas del trabajo, los trabajadores pasaron rápidamente a discutir y cuestionar las precarias condiciones de trabajo. Se estaba constituyendo rápidamente una red de conflictos, es decir un espacio de antagonismo producto de la "diversidad de valorizaciones que tienen dos o más agentes sobre un bien que evalúan como importante" (Scribano, 2002: 76). Fue a partir de ese momento que comenzaron a crearse las condiciones subjetivas que condujeron a los despidos y al conflicto por las reincorporaciones.
El cuestionamiento de los trabajadores de la modalidad de trabajo implicaba en los hechos una descalificación de la jerarquía preestablecida (una descalificación a la actividad de los jefes y supervisores) y un rechazo de la alienación que esa jerarquía reflejaba. Sus planteos cuestionaban la separación real que había entre la definición de la política social (trabajo intelectual) y la forma en que ella se ejecutaba (trabajo "manual"). Por otra parte, el cuestionamiento a las condiciones de contratación implicaba un rechazo a la contradicción real que existía entre un discurso oficial de combate al empleo en negro y condiciones de empleo calamitosas que ellos sufrían.
Los trabajadores rápidamente decidieron concretar su afiliación sindical con el fin de cubrirse frente a posibles represalias. Decidieron agremiarse bajo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Ese "era el gremio que más nos cerraba".[24] La alternativa de la no afiliación y la organización bajo la figura de "autoconvocados" fue discutida por los trabajadores pero descartada, pues evaluaron que necesitaban una mayor cobertura jurídica. Mientras estaban en proceso de elección de un delegado para el gremio, se producen los despidos.
El inicio de las reuniones entre los trabajadores provocó un revuelo entre los directivos del área de Desarrollo Social. Estas reuniones se constituyeron en las primeras acciones en que comenzaba a concentrarse la disputa de intereses y valoraciones que constituirían y reorientarían la red de conflictos; eran las primeras "expresiones" del conflicto (Scribano, 2002: 79).
Si bien los superiores se manifestaban a través de un discurso "paternalista" y "participacionista", la organización de los trabajadores fue visualizada como una "traición".[25] La decisión de afiliarse al gremio fue lo que determinó el quiebre definitivo de la relación "afectiva" con los superiores. Junto a los despidos de los tres trabajadores más activos, los directores aplicaron un discurso que buscó conseguir la moderación en el resto de los trabajadores del área, con veladas amenazas. Comenzaban a sucederse los distintos "episodios" del conflicto pues empezaba a evidenciarse "la red conflictual en términos de posiciones antagónicas y de la constitución y visibilidad identitaria" (Scribano, 2002: 80).
Junto a la precariedad de la situación de los trabajadores que no habían sido despedidos, las amenazas de los directores actuaron como un freno a su participación activa en defensa de sus compañeros. "El hecho de los despidos nos cambia el eje de discusión y los objetivos. Ahora lo prioritario era la reincorporación… si era difícil comenzar a construir algo ahora, desde el lugar del despedido, era casi imposible que se sumen compañeros".[26]
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De la lucha y las nuevas formas de acción colectiva y organización
Si bien los trabajadores cesanteados y organizados eran pocos, consiguieron orquestar un arco de actividades de elevado impacto en la sociedad (que incluyeron, como señalamos, algunas movilizaciones importantes). Esto tuvo como correlato la imposibilidad de parte de las autoridades de negarse, en un principio, a conversar con los trabajadores. Esta situación marca una cierta contradicción con la debilidad estructural que enfrentaban los trabajadores cesanteados y sus compañeros. Esta contradicción puede ser aprehendida teniendo en cuenta los cambios que se han producido en la composición política de la clase trabajadora en los últimos años.
El concepto de composición de clase hace referencia a la articulación de las estructuras de poder al interior de la clase trabajadora (Cleaver, 1992). Esa composición se ve alterada por las transformaciones que se producen en la estructura de clases y por las modificaciones en las formas organizativas de la clase obrera. La descomposición y recomposición política de la clase trabajadora hace referencia a las transformaciones en las formas en que se manifiesta la voluntad organizativa de la clase y su capacidad de acción. Mientras la forma-sindicato (en particular, el sindicato por rama o sector) se constituyó en el eje articulador del poder obrero durante buena parte del siglo veinte, los últimos 30 años han dado cuenta del surgimiento de nuevas formas de organización del poder del trabajo.
Un ejemplo de eso es, en el caso que analizamos, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Esta organización articula en su seno un conjunto de organizaciones políticas y sociales muy variadas: organizaciones de trabajadores desocupados, organizaciones estudiantiles, organizaciones de trabajadores ocupados, etcétera.[27] Esta organización surge como un desarrollo y expresión de la nueva forma que ha asumido la clase trabajadora en la actualidad. Frente a la fragmentación y precarización de las modalidades de contratación, el incremento en el desempleo de larga duración, el aumento del trabajo informal, etcétera, las viejas formas organizativas de los trabajadores (como los sindicatos, ATE o UPCN por ejemplo) se presentan como formas con limitada capacidad de respuesta frente a situaciones conflictivas.
Por un lado, frente a la creciente precarización laboral, una buena parte de los trabajadores quedan fuera del ámbito de incumbencia formal del sindicato (los trabajadores terciarizados, los trabajadores informales, los trabajadores que bajo la forma de una cooperativa realizan tareas para el Estado o para una empresa, por supuesto los trabajadores despedidos, etc.). Por otra parte, la forma sindicato se ha convertido en una figura para-estatal. En lugar de reflejar la auto-organización de los trabajadores, actúa más como forma objetivada para la administración, canalización y contención del conflicto que como instrumento de lucha de la clase trabajadora.
No es casual que en el caso del conflicto por el despido de estos trabajadores municipales, la militancia de algunos de ellos en el FPDS (en particular, en La Fragua) haya sido un elemento importante en el desarrollo de la lucha. Fueron estos trabajadores quienes buscaron movilizar al resto de sus compañeros despedidos, estableciendo contacto con ellos, acercándose a las asambleas de trabajadores de otras delegaciones municipales (como el Parque Ecológico, o el Zoológico).
La decisión de afiliarse al sindicato ATE tuvo que ver con la decisión táctica de aprovechar la estructura sindical para la lucha. Como ya señalamos, efectivamente el sindicato aportó recursos (en particular, económicos) para sostener el conflicto durante una etapa.[28]
Sin embargo, la lógica de funcionamiento y organización de ATE condujo a dificultades en relación al conflicto y a la defensa de los trabajadores despedidos. Por un lado, el sindicato trabaja con una estructura de delegados que no han surgido de la elección directa de sus compañeros de trabajo sino que han sido elegidos por el gremio en función de su activismo.[29] Esto limita la capacidad de movilización de las bases de la organización sindical. Lo que sucede es que los delegados de los trabajadores antes que ser representantes de sus compañeros de trabajo, referentes y voceros, se ven transformados en representantes de la organización sindical frente al resto de los trabajadores.[30] De esta manera, la organización sindical que debería actuar como forma que expresa el contenido de las reivindicaciones de los trabajadores termina siendo una forma que los oprime y domina, limitando en lugar de potenciar su capacidad de organización y lucha.[31] Lo que ocurre es que la forma sindicato como proceso de abstracción real termina por "dominar y estabilizar lo político sobre la base de la enajenación" (Tischler, 2004: 110). "La conciencia de clase aparece como atributo de la forma, la cual somete al contenido… de forma tal que la institucionalización de la lucha de clases sustituye la auto-organización y la auto-determinación de los trabajadores" (Tischler, 2004: 110).
En segundo lugar, dado que el sindicato ve a los activistas como potenciales miembros de la organización (es decir, potenciales militantes de la lista oficialista, Lista Verde en ATE y CTA) más allá de los conflictos puntuales, juega un papel muy importante el que estos activistas no sean o no sean vistos como integrantes de otras corrientes políticas o líneas internas dentro del sindicato. En efecto, en una primera instancia, los trabajadores despedidos miembros en La Fragua sintieron la necesidad de ocultar su pertenencia a esa organización.[32] En ese ínterin fueron testigos de comentarios despectivos (comúnmente conocido como "macartismo") de los dirigentes de ATE hacia los militantes de otras corrientes de trabajadores, en particular el Movimiento Intersindical Clasista (MIC) en el cual La Fragua participa. Como consecuencia, la relación entre los trabajadores despedidos y el gremio se fue deteriorando en la media en que se fueron aclarando los posicionamientos al interior de las corrientes políticas.
Señalábamos antes la importancia que tuvo el cambio en la composición política de la clase trabajadora para dar cuenta de las características que asumió el conflicto. En efecto, en las distintas movilizaciones y actividades que se llevaron adelante en reclamo por la reincorporación de los trabajadores despedidos hubo una importante participación de los militantes del FPDS. Si bien el sindicato aportó recursos económicos para sostener las radios abiertas, imprimir volantes, etcétera, no podía, por las limitaciones antes mencionadas, garantizar la movilización de sus "representados".[33] Por el contrario, una importante cantidad de miembros del FPDS participaron activamente del conflicto a pesar de no formar parte directamente en el mismo. El FPDS aportó a los trabajadores cesanteados un marco identitario dentro del cual sostener su propia lucha, teniendo en cuenta que la identidad (colectiva) puede ser entendida como la "posibilidad limitada pero abierta (…) capacidad determinada por los otros en una relación de búsqueda de sentido" (Scribano, 2002: 72).
Por otro lado, mientras mayoritariamente los propios trabajadores de la municipalidad no participaron activamente de las protestas (por las condiciones estructurales ya mencionadas, por el bajo grado de politización, por la actitud de los gremios, etc.), participantes de organizaciones que en principio no tenían nada en juego en este conflicto apostaron de manera significativa a él. El carácter multisectorial de una organización como el FPDS le da la posibilidad de aportar sus capacidades organizativas y de lucha a conflictos diversos.
Algunos planteos de Melucci nos permiten explicar el lugar y el papel que tuvo el FPDS en la construcción de la acción colectiva motorizada por los trabajadores despedidos. Dice Melucci que "los movimientos sociales son sistemas de acción en el sentido de que cuentan con estructuras: la unidad y continuidad de la acción no serían posibles sin la integración e interdependencia de individuos y grupos" (Melucci, 1999: 37). Sin ese aporte de "estructuras" hubiera sido muy difícil para los trabajadores despedidos haber encarado el conjunto de acciones de protesta.
¿Clase: lucha de clases?
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El conjunto del análisis nos conduce a una cuestión central: la cuestión de la clase. Hemos tenido como presupuesto elemental del análisis que el conflicto analizado fue una disputa atravesada por lineamientos de clase. Fue una lucha de un sector de la clase trabajadora.
Obviamente, el planteo que hacemos no supone que la clase obrera, la clase de los trabajadores, sea un conjunto medianamente homogéneo de individuos que se encuentran en una determinada posición estructural. En este sentido compartimos la precaución de Vilas, quien señala que "el riesgo de este tipo de propuestas es que, en la mejor tradición funcionalista, pueden terminarse reconociendo tantas clases como conjuntos sociales se definan; el concepto de clase pierde precisión" (Vilas, 1995: 73).
Por el contrario, siguiendo a Gunn, nosotros no partimos de la idea de que "las clases, como entidades pre-establecidas, entren en lucha" (Gunn, 2004: 20). Más bien, entendemos que, de alguna manera, "la lucha de clases es la propia clase". La clase "no es un objeto sino el sujeto que lucha contra su reducción a objeto" (Tischler, 2004: 114). En la situación aquí discutida, los trabajadores se constituyeron en actor colectivo al dar su batalla por negar su "objetividad" como mera fuerza de trabajo (hoy ocupada, mañana desocupada).
La propia red de conflictos que se manifestó en el Municipio platense a partir de los despidos de tres trabajadores es lo que constituyó el conflicto como conflicto de clases. Contra las concepciones que separan la posición "objetiva" de la clase (en sí) de su potencial histórico (para sí), pensamos el mundo como una construcción humana (Bonefeld, 2004: 64). Por lo tanto, la propia acción de estos trabajadores (como actores de clase) para violentar las llamadas "condiciones objetivas" (la modalidad de trabajo, el contenido del mismo, las condiciones de contratación, etc.) implica que ellos se constituían como clase "en sí" y "para sí" simultáneamente, en el mismo acto de rechazar la objetividad de las formas sociales, al momento de organizarse contra-y-más-allá de esas formas. Los trabajadores despedidos niegan la objetividad capital (bajo la forma estatal) al enfrentar colectivamente el despido, mientras simultáneamente luchan por construir una forma organizativa para la lucha que supere al sindicato en su forma instituida.
No es posible separar la génesis de la existencia de la clase (Bonefeld, 2004: 64). Tal como sostiene Melucci, un movimiento social es una construcción social. "[Los movimientos sociales] no son simplemente consecuencias de crisis o disfunciones, más que una expresión de creencias, la acción colectiva es ‘construida’ gracias a una inversión organizativa" (Melucci, 1999: 37). "La subjetividad es al mismo tiempo una construcción y una existencia, es una tensión permanente entre descubrimiento y permanencia" (Scribano, 2002: 71-72).
Al rechazar el derecho del Estado municipal de despedirlos sin causa (o, si se quiere, a despedirlos por intentar rechazar la alienación del trabajo), el accionar de los trabajadores constituyó un intento de negar el precepto fundacional del capital como relación social: "la separación del trabajo de los medios de producción" (Bonefeld, 2004: 46). De allí que fuera rechazado sin más por las autoridades del municipio. La mera crítica-práctica de las formas sociales constituidas (al Estado como forma del capital, a sus prácticas de gestión, etc.) ponen en evidencia su carácter antagónico y fetichista. Es así que el conflicto no tiene lugar después de que la subordinación (de los trabajadores al capital) ha sido establecida, después de que las formas sociales han sido constituidas, sino que el conflicto es una batalla en torno a la subordinación de la práctica social (Holloway, 2004: 78).
Los trabajadores en conflicto abierto, aun luego de ser despedidos, continuaron disputando esas formas constituidas, "objetivas". En lugar de aceptar el desempleo "sin chistar", como un elemento "natural" del funcionamiento de la sociedad capitalista, lo rechazaron. Con su lucha dejaron en claro que "la constitución de [las] formas [sociales] es en sí misma lucha de clases" (Holloway, 2004: 79). Como sugiere Tischler "la lucha de clases apunta a la libertad y no a la dominación. Lo que unifica al colectivo de los explotados y dominados es la lucha contra las condiciones que niegan su libertad" (Tischler, 2004: 115-116). Libertad para definir su hacer (en el trabajo y fuera de él), libertad para definir su hacer vital.[34] Podemos señalar entonces que mientras que la existencia social del capitalismo se halla vinculada al hecho de "que la fuerza de trabajo no devenga clase obrera, sujeto social alternativo, sino individuos" (Bilbao, 1993: 11, citado por Vilas, 1995: 76), los trabajadores despedidos por la Municipalidad de La Plata rechazaron ser tan sólo fuerza de trabajo constituyéndose por un instante en clase trabajadora.
En esos "instantes", momentos que cortan la duración de la dominación y suspenden la cotidianeidad basada en la fragmentación de una objetividad reificada, allí se produce una nueva subjetividad, "la cual tiene afirmaciones en su práctica inmediata (expresada en un lenguaje disruptivo, en nuevos conceptos, en ensayos de organización) pero es primordialmente negativa. Su sentido es la lucha contra las diversas formas de dominación" (Tischler, 2004: 114-115). Al reclamar su derecho a discutir la forma y contenido de su hacer y reclamar contra el despido arbitrario (que es la esencia de la forma de dominación capitalista), los trabajadores cesanteados expresan un rechazo frontal a las modalidades de gestión de la sociedad.
La clase se constituye en la lucha y por medio de ella. La lucha de clase se expresa, en el conflicto aquí analizado, en tanto el colectivo que se constituye (los trabajadores despedidos, la Fragua, el FPDS, otras organizaciones) actúa a los fines de rechazar, traspasar y "hacer estallar la forma apariencial de la objetividad social". En ese "instante", la clase es "condensación de la insubordinación de la materialidad de la existencia humana en acto" (Tischler, 2004: 113). Los trabajadores, como colectivo, como clase, rechazan la objetividad del trabajo asalariado, objetividad que presupondría la aceptación pasiva del despido y la vuelta al mercado de trabajo (el regreso al ejército de reserva).
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Síntesis y conclusiones
El presente texto buscar analizar un proceso de lucha específico: la batalla de un conjunto de trabajadores municipales contra el despido arbitrario. Lo interesante de este conflicto es que se originó en la voluntad de algunos trabajadores de organizarse para modificar sus condiciones materiales ("objetivas" y "subjetivas") de producción. Un incipiente rechazo a la separación entre la concepción de las políticas sociales "desde arriba" y a las condiciones de trabajo precarias se convirtió, para los gerentes del gobierno municipal, en un cuestionamiento demasiado grande a la mediación estatal de la relación capital.
El conflicto en torno a la reincorporación de los trabajadores tuvo, en particular, la intervención activa de una organización política no sindical (el FPDS). Esta organización buscó actuar como forma o estructura para la lucha. No lo logró en su totalidad. En efecto, los trabajadores en lucha mantuvieron una relación ambivalente en relación con el sindicato ATE. Esa ambigüedad conspiró de alguna forma a aprovechar las potencialidades de los recursos organizativos disponibles. Por otra parte, la lucha de los trabajadores despedidos dejó en evidencia los límites de la forma-sindicato como organización para la lucha y expresión del contenido de la misma; mostró también la potencialidad de la articulación multi-sectorial del conflicto social.
El conflicto no alcanzó sus objetivos pues los trabajadores no fueron reincorporados. Y, sin embargo, a su fin la Municipalidad de La Plata había comenzado un proceso de progresivo pase a planta permanente de los trabajadores contratados. Durante noviembre de 2006, el gremio UPCN que había estado al margen del conflicto, realizó una movilización importante buscando capitalizar lo que podría entenderse como uno de los principales logros de las movilizaciones de los despedidos.
Por otro lado, si bien los trabajadores cesanteados no fueron reincorporados, el conflicto dejó un saldo en lo organizativo y en lo subjetivo importante. "Lo más importante de lo que quedó fue la muestra de la multisectorialidad del Frente expresada en la lucha en la calle. Estudiantes y desocupados apoyando la lucha de los ocupados… movilizaciones, ollas populares, volanteadas, escraches, sostenidos por estudiantes y desocupados en solidaridad con los trabajadores ocupados… También quedó la certeza de profundizar en el análisis de la precarización, ya que ésta implica la construcción de nuevas estrategias, de nuevas armas para que la lucha sea fértil"[35].
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Referencias bibliográficas
Auyero, Javier (2002), La Protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática, Buenos Aires, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.
Bilbao, Andrés (1993), Obreros y ciudadanos. La des-estructuración de la clase obrera, Madrid, Editorial Trotta.
Bonefeld, Werner (2004), "Clase y constitución", en Holloway, John (comp.), Clase=Lucha. Antagonismo social y marxismo crítico, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Herramienta / Univesidad Autónoma de Puebla (México).
Cleaver, Harry (1992), "The inversion of class perspective in Marxian theory: From valorisation to self-valorization" en Bonefeld, Werner, Gunn, Richard y Psychopedis, Kosmas (ed.), Open Marxism, volumen II, Londres, Pluto Press.
Documento 1: Trabajadores de la Municipalidad de La Plata, Comunicado de Prensa, 3 de agosto de 2006. (www.argentina.indymedia.org: 1 de febrero de 2007).
Documento 2: "Protestas por despidos en la Municipalidad de La Plata", Prensa De Frente, 4 de agosto de 2006. (www.prensadefrente.org: 1 de febrero de 2007).
Documento 3: "Balance de una lucha de La Fragua. Una lucha del FPDS contra la precarización laboral en la Municipalidad de La Plata", documento interno, Agrupación de trabajadores La Fragua, Frente Popular Darío Santillán, enero de 2007.
Documento 4: "La Plata, capital provincial del trabajo precario", Prensa De Frente, 28 de agosto de 2006. (www.prensadefrente.org: 1 de febrero de 2007).
Documento 5: "Escrache a los despidos y el trabajo precario", Prensa De Frente, 29 de septiembre de 2006. (www.prensadefrente.org: 1 de febrero de 2007).
Documento 6: "Cronología de una lucha" , documento interno, Agrupación de trabajadores La Fragua, Frente Popular Darío Santillán, febrero de 2007.
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* Agradezco todos los comentarios y aportes recibidos, en particular de Melina, Lucas y Diego (compañeros de La Fragua), a borradores de este texto que espero pueda servir para la reflexión colectiva, mayo de 2007
[1] Fuente: Documento 5.
[2] Documento 1.
[3] Documento 2.
[4] Documento 1.
[5] Documento 3.
[6] Documento 3.
[7] Su acercamiento a La Fragua se produjo luego de que por varios meses habían participado de la Red de Comercio Justo, un proyecto de distribución de las producciones de los emprendimientos productivos gestionados desde el FPDS en la zona sur del Gran Buenos Aires y el área de La Plata-Berisso-Ensenada.
[8] Documento 4.
[9] Documento 3.
[10] La Fragua participa en la conformación del Movimiento Intersindical Clasista. En las elecciones de la CTA, realizadas el 9 de noviembre de 2006, el MIC participó con una lista opositora a nivel de la Provincia de Buenos Aires.
[11] "Se borró olímpicamente llegado el momento de las elecciones de la CTA" (Documento 3).
[12] Documento 3.
[13] Revista La Fragua (2006)
[14] Documento 4.
[15] Documento 5.
[16] Documento 3.
[17] Fuente: Estimación propia sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Primer semestre, 2006.
[18] Aclaramos que no buscamos hacer aquí una discusión en detalle de la forma-estado. Sólo nos interesa marcar algunos rasgos que son de utilidad para comprender el conflicto analizado.
[19] En la ciudad de La Plata se aprecian estas contradicciones en, por ejemplo, la política municipal de promoción de la construcción de edificios ("torres") en el centro de la ciudad en lugar de atacar el problema de la vivienda y la infraestructura urbana a partir de políticas de desarrollo de la periferia de la ciudad (que carece de infraestructura básica, medios de transporte colectivos, etc.).
[20] Estos cambios han producido efectos propios más allá de los cambios en la situación estructural del mercado de trabajo en el Gran La Plata.
[21] Estas manifestaciones del "rechazo al trabajo" alienado son más factibles en el trabajo en el sector público que en el sector privado, donde los mecanismos de control y dominación están más desarrollados.
[22] Documento 3.
[23] Documento 6.
[24] Documento 6.
[25] Documento 3.
[26] Documento 6.
[27] Una de esas organizaciones es La Fragua, un incipiente colectivo de trabajadores al cual pertenecían dos de los trabajadores despedidos a finales de julio de 2006.
[28] Pero no sólo recursos económicos aportó el sindicato. Dirigentes del gremio encabezaron las negociaciones con el municipio y el Ministerio de Trabajo por la reincorporación de los trabajadores despedidos.
[29] La gran mayoría de los delegados de los trabajadores municipales en ATE habían sido elegidos por el gremio ("se habían convertido en delegado a partir de la decisión de la gente de ATE"; Documento 6) y no porque eran representantes de sus compañeros de trabajo elegidos en asamblea o por algún otro mecanismo de participación y decisión colectiva de base.
[30] De esa manera, los trabajadores ven al delegado sindical como "funcionario" que debe resolver cuestiones cotidianas de carácter administrativo tales como problemas en las liquidaciones de viáticos, distribuir material de la obra social sindical, etcétera.
[31] Esta situación se ve agravada en el caso de un gremio altamente burocratizado como UPCN.
[32] Documento 3.
[33] Que, por otro lado, eran muy pocos. Los afiliados a ATE en la Municipalidad de La Plata son unos 250 trabajadores de un total de aproximadamente 5.000.
[34] El hacer en el trabajo es típicamente un "hacer enajenado", alienado. Los trabajadores fueron despedidos por su incipiente rechazo a esa forma de hacer heterónomo.
[35] Documento 3.