23/11/2024
Por Bonefeld Werner , ,
I
El propósito del "gobierno militar es proteger el bienestar de los gobernados" - está "inspirado por consideraciones humanitarias" (Friedrich, 1968, Pág. 547).
Hacia fines del siglo XIX, el coautor del Manifiesto Comunista de Marx, Friedrich Engels, pareció distanciarse de la idea memorable del Manifiesto de que el estado capitalista es el comité ejecutivo de la burguesía En su Prefacio a la edición inglesa del volumen I de El capital, Engels (1886/|1983, pág. 17) observaba que en Inglaterra las condiciones eran tales que "la revolución social podría hacerse por ... medios legales".
De este modo, sugería que dadas las condiciones adecuadas, el socialismo podía lograrse por medio de la lucha democrático-parlamentaria y que esta lucha es capaz de transformar al estado en un instrumento, por así decir, del comité ejecutivo del proletariado. Esta opinión presupone que el estado es fundamentalmente imparcial con respecto a los intereses sociales antagónicos y que el propósito del estado, en sí indeterminado, depende del equilibrio de fuerzas de las clases. Es así que se presume que el estado existe para la ley y la ley es lo que las mayorías parlamentarias determina que lo sea. Sobre la base de estos presupuestos, la implementación del socialismo requeriría el logro de una mayoría parlamentaria socialista que frente a la consternación burguesa decrete al socialismo con un acto legislativo.
Unos 13 años después del enunciado de Engels sobre la vía parlamentaria hacia el socialismo, Rosa Luxemburg sostuvo que la democracia no es algo neutral sino que fundamentalmente es una democracia liberal. En épocas de crisis, decía, su carácter y propósito liberal se protegerá a todas costas, incluyendo la suspensión del gobierno democrático. Por una parte, argumentaba, que "el parlamentarismo servía para expresar, dentro de la organización del estado, los intereses de toda la sociedad" (Luxemburg, 1899/1989, pág. 47). Por otra parte, sin embargo, "el estado presente no es la ‘sociedad’ que representa a la ‘emergente clase trabajadora’ El mismo es representativo de la sociedad capitalista. Es un estado clasista" (ibíd., pág 41). Y esto significa que lo que el parlamentarismo expresa en su forma de representante de toda la sociedad "es una sociedad capitalista, es decir, una sociedad en la cual predominan los intereses capitalistas. En esta sociedad, las instituciones representativas, democráticas en cuanto a su forma, son en su contenido instrumento de los intereses de la clase gobernante. Esto se manifiesta de un modo tangible en el hecho de que en cuanto la democracia muestre una tendencia a negar su carácter clasista y se transforma en un instrumento de los intereses reales de la población, las formas democráticas son sacrificadas por la burguesía y por los representantes del estado"(Ibíd., pág. 47).
La noción cínica de Friedrich de que el gobierno militar protege el bienestar de los gobernados expresa de todas maneras la verdad obvia de que el estado burgués es la organización política de la sociedad burguesa. Reconoce los intereses de clase burgueses como intereses humanos universales. Como decía Milton Friedmann, el estado es "fundamental tanto como un foro para determinar las ‘reglas del juego’ como un árbitro para interpretar y hacer cumplir las reglas que se han decidido" (1962, pág. 15). Es decir que "la organización de la actividad económica mediante un intercambio voluntario, presupone de que hemos hecho posible a través del gobierno que se mantengan la ley y el orden para impedir la coerción de un individuo por otro, para lograr el cumplimiento de los contratos realizados voluntariamente, la definición de lo que significan los derechos de propiedad, la interpretación y el cumplimiento de estos derechos y la existencia de un marco monetario’ (pág. 27). El estado debe "promover la competencia" (pág. 34), hacer por el mercado lo que el mercado "no puede hacer solo" y debe "determinar, arbitrar y hacer cumplir las reglas del juego" (pág. 27). Así concluye que los liberales "deben emplear canales políticos para reconciliar las diferencias" porque el estado es la organización que proporciona los medios "por los cuales nosotros podemos modificar dichas reglas" (Friedmann, 1962, pág 23, resaltado mío). Sin embargo, ¿qué pasaría si ellos trastocan las reglas? En condiciones de insurrección e insubordinación, "la ley necesita ser quebrada a fin de preservarla" (Rossiter, 1948, pág. 12). Es decir que la tan alabada capacidad de la democracia deliberativa para reconciliar las diferencias debe ser preservada por la fuerza de la ley. En lugar del gobierno por la ley, la fuerza de la violencia legal se desencadena para volver a imponer un orden social que permita el gobierno de la ley. . El resto del presente trabajo se concentra en este punto.
II
Ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia y menos que nada el sacrificio transitorio de la democracia misma (Rossiter, 1948, pág. 314).
Toda constitución liberal incluye la posibilidad real de que los antagonismos de clase entre el capital y el trabajo se reproduzcan dentro del estado, es decir de la institución misma que está encargada de codificar y reglamentar los intereses burgueses como intereses humanos universales. La "contradicción fundamental" del gobierno parlamentario constitucional "consiste en lo siguiente: mediante el sufragio universal, otorga la posesión del poder político a las clases cuya esclavitud social debe eternizar: al proletariado, a los campesinos, a los pequeños burgueses. Y a la clase cuyo viejo poder social sanciona, a la burguesía, la priva de las garantías políticas de este poder. Encierra su dominación política en el marco de unas condiciones democráticas que en todo momento son un factor para la victoria de las clases enemigas y ponen en peligro los fundamentos mismos de la sociedad burguesa. Exige de los unos que no avancen, pasando de la emancipación política a la social; y de los otros que no retrocedan, pasando de la restauración social a la política" (Marx, 1978, pág. 79). La operación efectiva del estado como estado burgués, descansa entonces sobre su independencia de la sociedad. Es esta independencia de la sociedad lo que le permite al estado ser "un guardián fuerte y neutral del interés público" afirmando "su autoridad frente a los grupos de interés que presionan sobre el gobierno y claman por el reconocimiento de sus necesidades particulares" (Friedrich, 1955, pág. 512). Más importante aún es que la independencia de la sociedad se necesita para cercenar las aspiraciones democráticas de las masas, restringiéndolas a una base liberal. Por lo tanto la democracia sin trabas de las masas "llevará eventualmente a la guerra de las clases" (Nicholls, 1984, pág. 170). Aparece así la necesidad de proteger y preservar el gobierno de la ley por medio de su - transitoria - suspensión. Como dice Rossiter (1948, pág. 6, 303), "las rebeliones" no pueden suprimirse por medio de "mandatos judiciales". La represión demanda una fuerza concentrada que es la que se emplea "en nombre de la libertad" (ibíd., pág. 7).
El punto de vista de Rossiter expresa una opinión común. Según Locke (1946, pág. 82), es prerrogativa del estado "actuar discrecionalmente de acuerdo con el bien común, sin la prescripción de la ley y a veces incluso en contra de ella". Machiavelli (1970, pág. 196) observaba que "las repúblicas que, cuando aparece un peligro inminente, no pueden recurrir ni a la dictadura ni a alguna forma de autoridad análoga a ésta, serán siempre arruinadas cuando severas desgracias caigan sobre ella". También Rousseau (1968, pág. 171) argumentaba que "la voluntad general es indudable... que el estado no debe perecer". En la definición de Schmitt de lo político como la relación entre enemigos o bien en lenguaje marxista, los antagonismos de clase entre capital y trabajo, el estado es propiamente un estado a condición de que reconozca al enemigo (de clase) y organice sus políticas de acuerdo con este criterio. El estado tiene "el monopolio de la decisión última" acerca de si contener al enemigo sobre la base del gobierno de la ley es efectivo o si (transitoriamente) se requiere su suspensión para restaurar el orden social por medio de la fuerza. Como él lo veía, "no existe norma legal que se pueda aplicar al caos. El orden debe establecerse para que las normas legales sean efectivas" (Schmitt, 1922, pág. 20). Haya orden o desorden, si se aplica el gobierno de la ley o si es necesario volver a imponérsela a la sociedad por medio de la fuerza (la fuerza de la ley sin el gobierno de la ley) es una cuestión de discernimiento; no de la ley sino de una decisión soberana. Toda ley es "de situación" y su validez depende de una fuerza de coerción extra-legal. Esta fuerza gobierna, de hecho, a través y por encima de la ley. "Soberano es quien decide el estado de emergencia" (ibíd., pág. 11). Si se aplica el gobierno de la ley o si es necesario "quebrarlo" a fin de preservarlo no es entonces una cuestión de leyes, sino de un juicio soberano frente al enemigo (de clase). La necesidad tiene cara de hereje.
Schmitt formuló la consigna de que el estado no debe perecer en condiciones de incursión democrática de las masas en la homogeneidad de las relaciones entre el estado burgués y sus electores burgueses. Como la concebía Schmitt, la democracia depende de la homogeneidad fundamental entre los gobernantes y los gobernados. En pocas palabras, esto es posible solamente a condición de que sea una democracia de "amigos". La materialización de la clase obrera como sujeto democrático de las masas al principio del último siglo, destruyó esa homogeneidad y permitió el atrincheramiento del enemigo (la clase) dentro de la institución que codifica y regula su subordinación al capital. Schmitt argumentaba que el estado (de Weimar) se había convertido en presa de los intereses sociales antagónicos, necesitando que los "amigos" reafirmasen la independencia de estado y sociedad por medio de un gobierno de emergencia. El análisis de Schmitt sobre los males de Weimar estaba ampliamente compartido[1] y su demanda de una "economía libre y un estado fuerte" (Schmitt, 1932) era también la demanda del neoliberalismo (cf. Rüstow, 1932). Al igual que Schmitt, los neoliberales de fines de la década de 1920 y comienzos de la de 1930, criticaban "al liberalismo clásico" por ceder frente a la amenaza proletaria. "La respuesta a los tumultos" no es laissez faire (Peacock y Willgerodt, 1989, pág. 6).[2]
La demanda neoliberal de un estado fuerte es una demanda para limitar al estado. "Más allá de su esfera propia, el gobierno no debería tener ningún poder, pero dentro de su esfera debería tener todo el poder posible" (Benjamin Constant, citado en Röpke, 1949, pág 28). El estado fuerte interviene en la sociedad para eliminar "el poder privado de la economía" (Böhm, en Haselbach, 1991, pág. 92). Como lo concebía Hayek (1944), el estado liberal es un estado intervencionista: interviene para facilitar la competencia. Es decir que "el sistema económico exige una policía de mercado con fuerte autoridad estatal para su protección y mantenimiento" (Rüstow, 1942, pág. 289). El estado neoliberal gobierna pues "para ‘planificar’ el mecanismo de libres precios", como decía Balogh (1950) en su evaluación de las reformas neoliberales en la Alemania de postguerra. El libre mecanismo de los precios es una especie de "plebiscito continuo de los consumidores" (Röpke, citado por Peacock y Willgerodt 1989, pág. 64), cuyo funcionamiento requiere de un estado fuerte para impedir "la coerción y la violencia" (Hayek, 1972, pág 66). Su deber primordial es el de "impedir la coerción privada" de parte del trabajo sindicalizado (ibíd., pág. 87). En suma, "el liberalismo no demandaba debilidad del estado, sino sólo la libertad para el desarrollo económico bajo protección del estado". Dicha protección "exige un estado fuerte" (Rüstow, 1932, pág. 68). El estado fuerte es un "estado como corresponde: por encima de la economía, más allá y por encima de partes interesadas" (Rüstow, 1963, pág. 258). El estado fuerte es "el estado intervencionista liberal del mercado".
Por el contrario, el estado débil no está por encima y más allá de la sociedad. En cambio es arrastrado hacia la sociedad y por eso se ha convertido en la presa de intereses sociales antagónicos. Esta "socialización" del estado socava su independencia y por lo tanto pone en peligro su carácter burgués. En lugar de un gobierno había algo que los neoliberales de la década de 1970 llamaban "ingobernabilidad". El estado ingobernable es un estado de "cantidad pura" (véase Schmitt), incapaz de distinguir entre el amigo burgués y el enemigo de la clase trabajadora y por lo tanto incapaz de hacer cumplir las reglas de la propiedad privada. En lugar de eliminar "el poder privado" de la economía, atacando las relaciones de clase atrincheradas y desregulando los mercados de trabajo, los costos económicos de la democracia aumentan (cf. Brittan, 1977) y la "lamentable debilidad" del estado (cf. Friedrich, 1955, pág 512) es tan fuerte que se lo comienza a ver como "una suerte de compañía de seguros de responsabilidad ilimitada, en el negocio de asegurar a todas las personas, en todo momento, contra cualquier riesgo concebible" (King, 1976, pág. 12).
¿Qué hacer cuando el gobierno ya no gobierna a la sociedad sino que se ha convertido en su presa? De acuerdo, entre otros, con Rossiter, Friedrich y Hayek, el estado debe gobernar y tal vez necesitando de una dictadura que "termine con la crisis y restaure los tiempos normales" (Rossiter, 1948, pág. 7). La dictadura es "una forma temporaria de organización del estado para restaurar la autoridad legítima, una vez que se termina la emergencia para el estado" (Röpke, 1942, pág. 146). De acuerdo con Friedrich (1968, pág. 558), cuando un "gobierno constitucional" no puede manejar situaciones de emergencia, la solución sólo puede encontrarse "convirtiéndolo en una dictadura". Como sugiere Hayek (citado en Cristi, 1998, pág. 168), "la dictadura puede imponerse limitaciones y una dictadura que impone estos límites puede tener políticas mucho más liberales que una asamblea democrática que ignora estos límites". No sorprende pues que Hayek acepte el concepto de soberanía de Schmitt: "soberanía es aquella que decide sobre las excepciones" y le conceda "cierta razonabilidad" (Hayek, 1979, pàg. 125). Una dictadura que se impone límites y que por lo tanto facilite la libertad del mercado restringiendo las aspiraciones democráticas de las masas sobre una base liberal y que así desregula las relaciones de clase atrincheradas, en un intento de lograr la "erradicación completa de todo el desorden de los mercados y la eliminación del poder privado de la economía" (Böhm, en Haselbach, 1991, pág. 92), es una dictadura "que no debería causar alarma". No debería causar alarma porque es "constitucional" (Rossiter, 1948, pág. 4). Es decir que una dictadura constitucional no es "una contradictio en terminis" sino "la prueba fehaciente del constitucionalismo" (Friedrich, 1968, pág. 580).[3]
El apoyo de Hayek a las dictaduras como un medio de asegurar el estado liberal frente a las aspiraciones democráticas de las masas, es adecuado. Los gobiernos deben gobernar: su no acatamiento debe convertirse en acatamiento y el orden debe ser restaurado. "En épocas anormales" puede no haber democracia (Rossiter, 1948, pág. 8). La ley no se puede aplicar al caos - la ley presupone el orden; las rebeliones no se resuelven con debates parlamentarios sino que exigen una "acción" decidida. Para que la ley exista debe imponerse el orden. El gobierno de la ley presupone la fuerza de la ley, es decir que la violencia es un poder de imponer la ley y un poder para preservarla (cf. Benjamin, 1965).
III
La dialéctica interna de la sociedad civil... la motoriza... hasta empujarla
más allá de sus propios límites (Hegel, 1967, pág. 151).
De acuerdo con Immanuel Kant, el carácter antagónico de la sociedad exige una forma política específica para que su conducta sea civil. Kant no concebía al antagonismo social como un antagonismo de clase. Su concepto del antagonismo era premoderno. Para él, los antagonismos sociales comprendían las relaciones de competencia entre distintas ramas de la producción y especialmente la competencia entre pequeños productores de bienes. Como él lo concebía, el antagonismo estaba inmerso en la "sociabilidad insocial de los hombres que se agrupan en la sociedad, asociado a la resistencia continua que constantemente amenaza destruir a la sociedad" (Kant, 1971, pág 44). El estado aparece aquí como una fuerza cohesiva. Regula el carácter no social de la sociedad para asegurar su sociabilidad esencial .
El concepto de Kant sobre el estado descansa sobre la afirmación del antagonismo social en forma de intereses burgueses reconciliables y no con la forma de intereses de clase irreconciliables. Los intereses privados "no son sociales", por lo tanto demandan una cohesión en la base de las leyes. Así lo decía él, "el gran problema para la especie humana, la solución que su carácter le obliga a buscar, es la de lograr una sociedad civil que pueda administrar universalmente a la justicia". El tema era el establecimiento de una "constitución civil perfectamente justa" (ibíd., pág 47) de modo que "las capacidades innatas... de antagonismos en la sociedad" se pudieran resolver sobre la base de "un orden social gobernado por la ley" (ibíd., pág 44). En términos actuales, la necesidad del estado se produce para Kant a partir de intereses individuales en competencia y él mantenía que el estado debía retener su independencia de estos intereses, de modo de asegurar una conducta civil. De modo que el estado se concibe como una forma necesaria de resolver los conflictos, ya que codifica los derechos de propiedad y reglamenta el uso de la fuerza. Según Kant, entonces, el estado debe representar el interés general por encima y en contra de reclamos en conflicto y de relaciones entre intereses privados. Una sociedad basada exclusivamente en el egoísmo es imposible.
Hegel fue el primer pensador importante que comprendió el carácter antagónico de la sociedad burguesa. Para él, el antagonismo social es el de clase. Para Hegel, la condición fundamental de la sociedad burguesa ya no es la relación de competencia entre pequeños productores de bienes. La sociedad burguesa es concebida como una sociedad de clases.[4]
Su teoría sobre el estado difiere de la de Kant, ya que el reconocimiento de la presencia antagónica del trabajo dentro y en contra de la sociedad burguesa, hace imposible la reconciliación sobre la base de un interés común. La sociedad de clases es una sociedad dividida por intereses irreconciliables. Por necesidad, el estado es un estado de clase. Por eso ya no se supone que sea necesario (el estado) como una institución de interés general más allá y en contra de los intereses privados que entran en competencia. En cambio es necesario a fin de sancionar el gobierno de la propiedad privada en contra "de los pobres". Su propósito es contener al trabajo dentro de los límites de la sociedad burguesa.
Hegel desarrolla la necesidad del estado a partir de la dinámica interna de la sociedad burguesa. En su Filosofía de la Ley, introduce por primera vez la noción de dependencia general: una persona está esencialmente relacionada con otras personas, cada una encuentra su satisfacción por medio de los otros y esta relación recíproca significa que la satisfacción de las necesidades comprende un sistema universal de dependencias mutuas (pág. 122-29). Existe pues una división del trabajo y de la satisfacción de necesidades por medio del intercambio. En lo que respecta al estado, su propósito aquí es la "protección de la propiedad a través de la administración de la justicia" (pág. 126). Sin embargo, aunque importante, "el movimiento infinitamente complejo, entrecruzado, de producción recíproca e intercambio, y la multiplicidad igualmente infinita de medios allí empleados" va más allá de la división de la sociedad en individuos individualizados o, como se diría hoy en día, el individuo del mercado. Es decir que la división del trabajo cristaliza "en un sistema al cual los individuos son asignados; en otras palabras, en la división de clases" (ibíd., pág. 130-31). Estas divisiones son de índole antagónica y el desarrollo de la sociedad burguesa la lleva a su polarización y por lo tanto a la división en clases antagónicas (pág. 150). Según Hegel, la polarización de la sociedad en dos clases opuestas es una necesidad innata de la sociedad burguesa. Pertenece a su dinámica constitutiva. De acuerdo con él, la economía de mercado "desemboca en la dependencia y miseria de la clase atada al (trabajo)". La dependencia y la miseria también están implícitas en la "incapacidad de sentir y disfrutar una libertad más amplia y especialmente de los beneficios intelectuales de la sociedad civil" (ibíd., pág. 149-50).
Parecería que la sociedad civil sólo es civil a condición de que la clase trabajadora esté excluida de ella. Sin embargo, la exclusión no es posible por el simple hecho de que la expansión reproductiva de la sociedad burguesa desemboca "en la creación de una chusma de indigentes" y la "concentración de riquezas desproporcionadas en unas pocas manos" (ibíd., pág. 150). ¿Qué hacer "cuando las masas empiezan a sumergirse en la pobreza" y comienzan a rebelarse (ibíd., pág. 150)? Se rechaza la redistribución de la riqueza, ya que esto "violentaría el principio de la sociedad civil" (ibíd.). También sostiene que lo que hoy en día se llama una política de pleno empleo es contraria a la lógica de la sociedad civil. Más que resolver el problema, estas medidas de integración social intensificarían el problema que ostensiblemente están llamadas a resolver (cf. ibíd.). Por eso, "a pesar del exceso de riquezas, la sociedad civil no es bastante rica, es decir que sus propios recursos son insuficientes para detener la pobreza excesiva y la creación de una chusma indigente" (ibíd.). No existe ninguna respuesta económica a la polarización de la sociedad. En realidad "la dialéctica intrínseca de la sociedad civil... la lleva... a superar sus propios límites" (ibíd., pág 151). ¿Cómo mantener a raya a los pobres y así guardar el antagonismo de clase dentro de los límites de su forma burguesa? Para Hegel, sólo existe una respuesta política. Él le encarga al estado la tarea de frenar el antagonismo de clase.
Recapitulando, la dinámica de la sociedad burguesa crea la polarización de la sociedad y la divide en clases antagónicas. La defensa del "rico contra el pobre" es una tarea política. "El intervencionismo" en función de medidas que garanticen el bienestar y el empleo es contrario a la lógica de la sociedad burguesa y sólo servirán para empeorar las cosas. El intervencionismo ha de estar en conformidad con la sociedad burguesa, como lo formulara Röpke (1934, pág. 50) más tarde: "El intervencionismo" debe estar en armonía con las "tendencias naturales del mercado". El freno al antagonismo de clase puede progresar por medios éticos, que impliquen que, independientemente de las condiciones, somos todos miembros del mismo acervo nacional, afirmando los intereses de clase burgueses como intereses nacionales y universales. ¿Cuáles son entonces los intereses de la clase obrera? El aspecto ético de la sociedad única debería llevar, según Müller-Armack (citado en Haselbach, 1991, pág. 155), a la incorporación del mecanismo del mercado "dentro de un estilo de vida integral". Refrenar esto, también puede hacerse por medios coercitivos que reemplacen la zanahoria por el garrote. En cualquier caso, el garrote se aplica, ya sea directamente o escondido dentro de la zanahoria. Walter Benjamin (1965, pág 84) decía: "la tradición del oprimido nos enseña que el ‘estado de emergencia’ en el cual vivimos, no es la excepción, sino la regla. Debemos llegar a una concepción de la historia acorde con esta idea".
La concepción hegeliana de la sociedad civil confirma la crítica de Benjamin acerca de su carácter opresivo. Según Hegel, la sociedad civil es egoísta, competitiva y antagónica y la gran riqueza se acumula en unos pocos, a costa de los muchos, condenando a las masas a la pobreza. La sociedad civil necesita de la autoridad del estado para impedir que explote bajo el peso de sus propias contradicciones. Hegel describió a la sociedad civil en los siguientes términos: "(el individuo) está sujeto a la completa confusión y azar del todo. Una masa de la población está condenada al trabajo alienante, insalubre e inseguro de las fábricas, talleres, minas, etc. Ramas enteras de la industria que sostienen a una gran masa de la población, de pronto desaparecen porque cambia la modalidad o porque los valores de sus productos disminuyen debido a nuevos inventos en otros países, o por los motivos que fueran. De este modo, grandes contingentes son abandonados a una pobreza irremediable. El conflicto entre una vasta riqueza y una pobreza también vasta se materializa; una pobreza incapaz de mejorar sus condiciones. La riqueza se convierte en un poder predominante" (Hegel, 1932, pág. 232), fomentando el odio y el resentimiento. La integración de la sociedad civil se ve como el establecimiento de un "movimiento vivo de los muertos. Este sistema se mueve para todos lados de un modo ciego y elemental y como en un animal salvaje, exige un control fuerte y permanente" (ibíd., pág. 240). En pocas palabras, necesita de un estado fuerte y capaz para lograr una conducta "civil" y lo consigue conteniendo a los "pobres" dentro de los límites de la sociedad burguesa. De hecho, la cohesión política de la sociedad civil podría progresar por medio de "guerras exitosas" que "pudieran frenar el descontento interno y consolidar el poder del estado nacional" (Hegel, 1967, pág. 210). La sustitución que hace Marx de la sociedad civil por una sociedad burguesa es por lo tanto muy conducente: el obrero "libre" es tan sujeto abstracto de sus derechos como el dueño de los medios de producción. La separación de los trabajadores de los medios de producción asume una forma de libertad que está focalizada sobre el contrato de trabajo. Este contrato es la forma fundamental de todas las relaciones en una sociedad "civil", ya que relaciona la libertad con la explotación.
IV
No existe normal legal que pueda aplicarse al caos. Para que las normas legales sean efectivas, debe establecerse el orden (Carl Schmitt, 1922, pág. 20)
La reconciliación de los propietarios individuales de bienes sobre la base de la ley y el orden no es problemática dado que su relación se basa en la premisa de reconocer los derechos de propiedad. Sin embargo, en tanto que el conflicto sobre los derechos de la propiedad asume una forma antagónica, la resolución de los conflictos cambia de carácter. Ahora el énfasis se pone en la imposición de un orden como condición previa al gobierno de la ley. La clase trabajadora, como bien lo decía Clarke, "siempre es el objeto del poder estatal. El poder judicial del estado respalda la apropiación del trabajo sin equivalentes por la clase capitalista, mientras que impide a la clase obrera utilizar su poder colectivo para afirmar su derecho sobre el producto de su trabajo" (Clarke, 1991, pág. 198). Es decir que, siguiendo a Clarke, la codificación de la relación entre capitalista y trabajador como sujetos a un intercambio igual y libre, se contradice con el contenido de este intercambio. Una vez firmado el contrato salarial, el trabajo en la fábrica es lo que manda. El reconocimiento del trabajador como un ciudadano igual no sólo confina los términos del intercambio dentro de los límites de los derechos de propiedad. También subordina la clase obrera al capital: el reconocimiento de que el capital y el trabajo son socios libres e iguales en el intercambio, implica la garantía substancial de la explotación.
La esperanza de Engels de que la representación democrática de la clase obrera pudiera llevar a una transición pacífica al socialismo por medio de decretos parlamentarios, intentaaprovechar una oportunidad que realmente no está ahí. Dicho por Clarke (1991, pág. 187), "la propiedad capitalista no se funda sobre la ley o sobre un supuesto monopolio de estado del control de la violencia, sino en las relaciones sociales capitalistas de producción". Es decir que la representación parlamentaria tiende a traducir la demanda de empleo y de servicios sociales en una política de crecimiento económico, es decir, en una presión sobre el estado para facilitar el aumento de la tasa de acumulación. Asi lo señala Clarke, "el desarrollo de la representatividad parlamentaria para la clase obrera, si bien ofrece un gran campo de acción para mejorar las condiciones materiales de ciertos sectores de la clase trabajadora, lejos de ser una expresión de la fuerza colectiva de los trabajadores, se convierte en un medio por el cual se la divide, se la desmoviliza y se la desmoraliza" (Clarke, 1991, pág. 200).[5]
La gran calamidad para el capital y para su estado no es la incorporación (como representantes) de la clase trabajadora en el sistema de la democracia liberal. Como lo señalara Schumpeter (1992): la democracia liberal debe sernos grata porque es el mejor mecanismo que se ha inventado para asegurar la circulación de las elites por medios pacíficos, es decir, por medio de elecciones competitivas. Para el capital y su estado, el gran peligro es la democratización de la sociedad. Una democratización así, amenaza la separación burguesa entre economía y estado. La lucha de la clase obrera por el control democrático sobre los medios de producción y la perpetuación de la resistencia por medio de manifestaciones continuas de las masas, cuestiona los límites de lo "económico" y de lo "político" y esto sucede porque "reconoce y organiza sus ‘forces propres’[6] como fuerzas sociales" (Marx, 1964, pág. 370). La lucha por la autodeterminación democrática de la sociedad socava la separación de estado y sociedad y por lo tanto, disuelve al estado como categoría independiente. En vista de este peligro, la demanda liberal de una economía libre y un estado fuerte se traslada por así decir desde el atril a las barracas y allí exige la acción de la policía. "El gobierno constitucional debe modificarse temporariamente al punto que sea necesario para superar el peligro y restaurar las condiciones normales" (Rossiter, 1948, pág. 5). Para que las relaciones sociales capitalistas estén "protegidas nuevamente por un estado ilustrado" (Nicholls, 2000, pág. 169), "se hace inevitable una dirección más o menos autoritaria del estado" (Röpke, 1942, pág. 246). En resumen, las insurrecciones, como dice Friedrich (1968, pág. 580) "crean un estado de emergencia que exige el establecimiento de una dictadura constitucional". La clase trabajadora es así considerada responsable de su propia persecución. La necesidad no conoce la decencia: tiene cara de hereje. Sólo exige el uso de la fuerza.
La ley de la necesidad es la ley de la violencia: impone el orden con la fuerza de la ley, de modo que la ley pueda nuevamente aplicarse, una vez finalizada la emergencia. Como dice Rossiter (1948, pág. 11) "la ley está hecha para el estado, no el estado para la ley". En el caso de que las circunstancias "sean tales que hay que elegir entre las dos, habrá que sacrificar la ley y no el estado" (ibíd., citando a Barthélemy). Por lo tanto, a fin de preservar la ley de la propiedad privada, debe suspenderse el gobierno de la ley de modo de que "no sea destruida en forma permanente" (ibíd., pág 8, 12)Lo que se necesita pues, no es "piadosas aspiraciones, sino el uso de la fuerza honesta y organizada" (Wolf, 2001). El uso de la fuerza no sólo implica "más gobierno y menos libertad" (Rossiter, 1949, pág. 6). También implica la concentración del poder en las manos del ejecutivo. Frente a la democratización de la sociedad, "la acción del ejecutivo debe ser liberada de la parálisis de las restricciones constitucionales" (Rossiter, 1948, pág. 290). En épocas de necesidad, deben superarse "las ineficiencias inherentes a la doctrina de la subdivisión del poder" y "el poder debe concentrarse en las manos de un solo hombre" (Rossiter, 1948, pág. 288, 289) que gobierne liberado "del sistema normal de limitaciones constitucionales y legales" (ibíd., pág. 290). Las "medidas extraordinarias para sostener al estado" (Friedrich, 1968, pág. 560), desde la ley marcial al estado de emergencia, desde la restricción de las libertades civiles hasta una dictadura constitucional o policíaca total, no implican solamente un reforzamiento temporal del estado donde "el gobierno tendrá más poder y la gente menos derechos" (Rossiter, 1949, pág. 5). También implica la ley de la necesidad y eso significa que los ojos de la tan mentada estatua de la libertad deben ser vendados, de modo tal de que su inocencia no esté comprometida por las "acciones" tomadas para preservar la justicia, la libertad y el gobierno de la ley.
El objetivo de la dictadura es la de "restaurar completamente el status quo ante bellum"(Rossiter, 1948, pág. 7). Pero como lo confiesa Friedrich (1948, pág. 570) no existen "garantías institucionales para asegurar que los poderes de emergencia se usen con el propósito de salvaguardar a la institución". El peligro reside en que la dictadura se puede volver "totalitaria", o bien, en palabras de Schmitt, en lugar de una dictadura policial como la que se desea, asume el carácter de una dictadura soberana. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo evitar a los Hitler? ¿Cómo asegurarse de que la dictadura sea en nombre de la libertad (!) , como aquella de Pinochet en Chile que Hayek tanto ponderaba? (véase Cristi, 1998, pág. 168). De acuerdo con Friedrich (1968, pág. 580) se necesita un dictador benevolente: la dictadura debe estar "en las manos de personas que pueden comprender la índole de la situación revolucionaria en el mundo y podrán apreciar los límites de la fuerza cuando se trata de conflictos de este tipo" Como dice Rossiter (1948, pág. 314), el poder no necesariamente es malo. (El poder) podría "llegar a ser responsable. Los gobiernos fuertes pueden ser democráticos y las dictaduras pueden ser constitucionales". Sin embargo, "ninguna democracia" emerge de la dictadura sin cambios y algunas "dictaduras se pusieron en contra de lo que justamente debían defender" ( ibíd., pág. 13). Por lo tanto, no hay certezas. Entonces, "¿cómo podemos lograr una acción efectiva y vigorosa del gobierno a la vez que se limita el poder de los órganos gubernamentales para impedir la aparición de una concentración despótica del poder?" (Friedrich, 1968, pág. 581). Para Friedrich esto es una "paradoja lógica" que sólo puede ser resuelta en la práctica. Frente a la insurrección y a la insubordinación no existen alternativas para la defensa dictatorial de la "libertad" (burguesa). Como dice Rossiter, "cualquiera fuesen los territorios prohibidos de la libertad, las necesidades de una crisis pueden obligar a los dirigentes de un gobierno constitucional a irse. Así que tendrán que irse o permitir la destrucción del estado y de la libertad" (pág. 290). En verdad, "la libertad es el premio" (Friedrich, 1968, pág. 581).
Conclusión
Casi no pasa un día sin noticias sobre la guerra contra el terror, relatos de más y más víctimas, ataques sobre la población, alertas de seguridad y muchas otras restricciones de las libertades civiles. El juicio crítico parece haber abandonado a este mundo atribulado. La guerra se define como un mecanismo para lograr la paz; las libertades están ostensiblemente restringidas a fin de proteger a la libertad, al engaño y a la propaganda que han irrumpido en el escenario de una política teatral. Disfrazada de libre albedrío y de valores democráticos, todos proclaman la vieja sabiduría de las tiranías: los que no están con nosotros, están en contra nuestro, y este es un medio para defender el libre albedrío y la democracia. La tortura y la desaparición de personas en prisiones cuya existencia (parafraseando a Donald Rumsfeld) son conocidas sin conocer, se han convertido en medios aceptables de la defensa de aquellos valores y normas que deberían proteger contra la tortura y la prisión sin causa y permitirnos procesos legales, acceso a abogados, etc. Además existe el homicidio calculado de gente por bombardeos suicidas, secuestros y decapitaciones, asesinatos, etc.
También es preocupante el aumento de la pobreza en todo el mundo. De acuerdo con Martin Wolf, la brecha en el nivel promedio de vida entre países ricos y pobres, ha aumentado de una proporción de 10 a 1 hace un siglo, a 75 a 1. Bajo las condiciones actuales de globalización "fácilmente podría ser de 150 a 1" en otros 50 años (Wolf, 2004). Sin embargo, el aumento de la brecha entre pobres y ricos no es simplemente una cuestión de que el mundo está dividido en países pobres y países ricos. Poblaciones enteras "existen" por debajo de los niveles de subsistencia, no sólo en el supuesto Tercer Mundo, sino también en los ricos países capitalistas. Estimaciones recientes sugieren que unos 33 millones de personas viven debajo de la línea de la pobreza en los Estados Unidos, es decir, en el país más rico del mundo (Vulliamy, 2003). Un país que de acuerdo con la Jueza de la Corte Suprema Sandra Day O'Connor, designada por Reagan (2006) descansa "sobre el filo de una dictadura".
Martin Wolf (2004) ha sostenido que el éxito de la globalización necesita estados más fuertes. En esencia, la demanda de Wolf de estados más fuertes para facilitar la operación del mercado libre equivale a una contrarrevolución preventiva contra los pobres y miserables. La dinámica de la nueva economía estaba sostenida por tres elementos: el enorme aumento de la deuda interna, especialmente en los Estados Unidos, una increíble transferencia de recursos en forma de pago de intereses de países deudores a los bancos de Occidente, especialmente a los de Estados Unidos, y el keynesianismo militar. Esto es, un aumento en los gastos de guerra para subsidiar el complejo militar-industrial y eternizar el auge basado en el crédito de la década de 1990 a escala global. La otra parte de la demanda de acción por parte de Wolf, es una economía mundial dependiente y dominada por una montaña de deudas. La deuda implica una política de endeudamiento y la insistencia de Wolf de que una economía libre y un estado fuerte tienen que ir juntos, es muy apropiada. La premisa de una política de endeudamiento es la continua acumulación de "máquinas humanas" en las pirámides de la acumulación. Su ciega avidez de saqueo, exige una fuerza de coerción organizada para sostener la enorme hipoteca a futuro sobre la explotación de los obreros en la actualidad.
El terrorismo, como lo indica Soros (2003) no sólo proporcionó una legitimación ideal sino también, el enemigo ideal para la protección coercitiva sin trabas de un mercado libre inmerso en deudas enormes "porque es invisible y nunca va a desaparecer". Los ciudadanos endeudados se han convertido en una garantía contra todo riesgo. ¿Y la clase trabajadora? Se convierte en un recurso explotable, ensalzado como recurso militar. Como sujeto democrático, se lo obliga sistemáticamente a trabajar más por menos, intentando asegurar "el sistema más efectivo para crear riquezas que la humanidad haya ideado jamás" como el Financial Times (24 de diciembre de 1993) caracterizaba la globalización a fines de la severa recesión de comienzos de la década de 1990. Al estrecharse la legislación contra el terror en todo el mundo, la demanda no es sólo de que la gente se ajuste al orden constitucional. La obediencia a la ley, el orden y la constitución no son suficientes... además ahora hay que amarlos. Es por esta razón tan sencilla que Agnoli (2003) señalaba en otro contexto de que todos aquellos que amablemente son tolerados como ciudadanos también son sistemáticamente mantenidos bajo control como potenciales garantes contra cualquier riesgo. En conclusión, "el estado de excepción... se ha convertido en la regla" (cf. Benjamin, 1965, pag. 84).
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Artículo enviado especialmente por el autor para su publicación en Herramienta. La traducción del inglés es una gentileza de Sibila Seibert. Revisión de Francisco T. Sobrino.
Profesor en el Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de York, Reino Unido. Habitual colaborador de nuestra revista.
[1] El análisis que hace Schmitt de la crisis de la República de Weimar fue aceptado no sólo por autores neoliberales, tales como Böhm, Eucken, Müller-Armack, Rüstow y Röpke, sino también por Neumann y Kirchheimer (cf. Haselbach, 1991; véase también Tribe, 1995). En lo que Neumann y Schmitt diferían era en la manera de resolver la crisis. Schmitt y los neoliberales alemanes favorecían una resolución por medio de una dictadura policíaca, liderada por von Papen que era conservador. La brecha entre Schmitt y los neoliberales se produjo con la dictadura nazi. Algunos neoliberales la rechazaron como una dictadura soberana, mientras que Schmitt no perdió tiempo en asumir el rol de filósofo jurídico del nazismo. Röpke y Rüstow emigraron, Eucken y Böhm se quedaron y eligieron, como se decía entonces, "'un exilio interior". Müller-Armack también se quedó. El siempre había defendido al hombre fuerte y veía en el fascismo italiano un modelo para resolver la crisis. A fines de la década de 1920 y principios de 1930, Schmitt y los neoliberales alemanes realimentaban sus análisis; el vocabulario y los conceptos eran intercambiables. Después de la segunda guerra mundial, hubo una gran ambigüedad con respecto a Schmitt y los esfuerzos por cortar lazos con él, fueron innumerables. Hayek, por ejemplo, rechazó a Schmitt in toto, denunciándolo como "el principal teórico nazi del totalitarismo" (1944, pág. 187), reconociendo, sin embargo, que Schmitt "probablemente entendía el carácter de esta forma de gobierno mejor que otra gente" (1979, pág. 194). Aceptaba la distinción que Schmitt hacía entre democracia y liberalismo y señalaba que los análisis de Schmitt eran "muy eruditos y perceptivos" (1960, pág. 485). Para la relación entre Schmitt y Hayek, véase Cristi (1998) y Scheuermann (1999). Para la conexión entre Schmitt y los neoliberales alemanes véase Haselbach (1991). Tambien Nicholls (2000) que alaba la descripción de Rüstow de un estado fuerte como "un mojón en la prehistoria de la economía social de mercado" (pág. 48) pero se olvida de mencionar el acuerdo explícito de Rüstow con las ideas de Schmitt sobre la economía libre y el estado fuerte.
[2] Frente a la transformación democrática de las masas y las tensas relaciones de clase, los neoliberales de principios de los años treinta criticaron al liberalismo clásico como una "filosofía deísta", debido a su doctrina de la "mano invisible". Decían que el capitalismo no era el resultado de la "razón divina" sino que estaba hecha por el hombre y que debía ser protegida contra la amenaza proletaria. Para que el libre mercado pudiese operar, se necesita un "marco extra económico de condiciones morales, políticas, legales e institucionales, conscientemente planificadas y administradas, sin las cuales el sistema de mercado capitalista no puede funcionar" (Röpke, 1942, pág. 67, 68).
[3] Los conceptos de Friedrich y de Rossiter sobre una dictadura constitucional se derivan de la dictadura policíaca de Schmitt. A pesar de su obvia deuda con Schmitt, no lo reconocen. Igual que Hayek, intentan distanciarse de él (Friedrich, 1968, pág 664; Rossiter, 1948, pág 14), pero no pueden desconocerlo
[4] Hay quienes podrían objetar el uso de la sociedad burguesa en este contexto e insistir en el uso de la sociedad civil. Sin embargo, hay que recordar lo dicho por Hegel. "En esta sociedad, los individuos no son ciudadanos, sino que son burgueses" (cf. Art. 89 de la Filosofía de la Ley de Heidelberg, 1817/18, publicada por primera vez en 1983 por Suhrkamp, Frankfurt). En alemán "sociedad civil" es Zivilgesellschaft o zivile Gesellschaft y no "buergerliche Gesellshaft" que se traduce como "sociedad burguesa".
[5] La profundización de este tema va más allá de los alcances del presente trabajo. Véase, sin embargo, a Agnoli (1990). Clarke (1991), London (1978).
[6] En francés. Significa "las propias fuerzas" N. del T.