16/04/2024

Acerca del Estado, el poder político y el Estado dependiente

Por

 Jaime Osorio

Introducción

 

 El Estado a inicios del siglo XXI se encuentra interpelado. Desde muy diversas corrientes y sobre problemas diversos el Estado vuelve a ser discutido, poniendo en entredicho su condición de clase, o su centralidad en materia de poder, su papel estratégico en las transformaciones de la sociedad, su persistencia en medio de la globalización, sus límites, su acceso a través del aparato de Estado para construir “vías democráticas al socialismo”, sus contradicciones y su crisis.

Todo lo que se diga y cómo se caracterice al Estado tiene consecuencias directas en la política, en la (in)definición de una estrategia frente al poder, en la idea de su transformación y en la organización. De allí la importancia y la necesidad de su análisis.

 

En lo que sigue atenderemos algunos puntos fundamentales, referidos a la relación Estado-poder político-revolución. Esto implica acotar sus límites. No por ampliar la noción de Estado lo terminamos enfrentando en cualquier rincón de la vida social y no porque extendamos la noción de poder político ganamos en radicalizar la política.

Al final del texto van algunas notas sobre las particularidades del Estado dependiente, aquel que se hace presente en la región. Aparecen nuevas determinaciones, que se integran a los problemas abordados inicialmente.

 

1.- Sobre Estado y poder político 

 

Al destacar sus principales determinaciones, llamamos Estado a la condensación de relaciones de poder político y dominio, las cuales cuentan con una dimensión que otorgan sentido de comunidad. Estas relaciones –fundamentalmente de clases, pero que no son ajenas a relaciones entre etnias ni de género- atraviesan de muy diversas formas y direcciones todo el entramado de la organización social. Sin embargo ellas presentan nodos  de condensación particulares. Así el Estado es violencia y está atravesado por ésta, pero ella se condensa en leyes, en espacios que amenazan su ejercicio, cuando no en su abierta y visible puesta en práctica. También el Estado genera nodos de sentido de comunidad, como relatos que conformaron la nación, en la respuesta frente a desastres, o en imaginarios de igualdad. 

 

El Estado es la condensación de las correlaciones de fuerzas. Si en la sociedad se desarrollan y actúan diversas clases sociales (y otros agrupamientos) todas ellas buscan el desarrollo de sus intereses. En grados diversos el Estado tiene la particularidad de asumir demandas y posiciones de todas las clases, fracciones y sectores. Pero lo hace desde la impronta que implica la presencia de clases que detentan el poder político y de las que no lo tienen. De esta forma muchos intereses sociales alcanzan expresión en la vida en común, pero con las limitaciones que establecen los intereses de los agrupamientos sociales que dominan.    

 

Para las clases sociales detentar el poder político significa contar con la fuerza social para organizar la vida en común. Esto no es un asunto menor, porque implica generar un tornado en la vida en común donde en lo fundamental todo gira permitiendo resolver los proyectos e intereses de quienes detentan el poder político, de forma que -más allá de recoger y asumir posiciones e intereses de otras clases-, sean sus intereses y proyectos los que prevalezcan.

Los asalariados pueden demandar empleos o mejores salarios. Y es posible que alcancen estos objetivos en tiempos y periodos específicos. Pero lo harán en un contexto en donde la condición del trabajo asalariado persiste y se mantiene. Y eso forma parte de los intereses de otras clases, las que dominan.

 

En tanto se naturalizan estas relaciones sociales y de fuerza el Estado puede proyectarse como una entidad que expresa los intereses de toda la sociedad. El Estado es el centro del poder político,  porque es allí en donde se condensa la fuerza social que organiza la vida en común. Sin Estado no habría manera que ningún proyecto e interés de clases tomara forma y además lograra organizar la vida de otros seres humanos de manera perdurable. Esa centralidad convierte al Estado a su vez en el centro de todo proyecto político que busque modificar y transformar las relaciones que subyacen a la organización de la vida en común y que la hacen posible. No existen atajos que permitan eludir al Estado en este sentido[1].

 

La centralización del poder político en el Estado no impide su proyección hacia todo espacio social y como este espacio se recrea y produce, las relaciones estatales tienen la capacidad de proyectarse hacia todas las nuevas dimensiones que presenta la vida social, como podrían ser hoy el espacio creado por internet y sus dispositivos; los matrimonios igualitarios o la renta de vientres para la gestación asistida.

 

Desde el punto de vista de los problemas que debe enfrentar la transformación del actual orden societal, la centralización del poder político en el Estado capitalista implica que necesariamente, en algún momento de los enfrentamientos sociales, las relaciones de fuerza y sus cosificaciones centralizadas deben ser destruidas.

Esto implica comprender las particularidades del Estado capitalista, que no estamos por ejemplo frente al Estado feudal, una entidad atomizada y descentralizado en diversos núcleos de poder, lo que hacía posible su destrucción por etapas, como aconteció con la larga marcha de Mao Tse-Tung en China.

 

El Estado capitalista se extiende, pero es un haz de relaciones de poder político que reclaman condensación y centralización[2]. Si requiriéramos de una imagen para graficar lo señalado, no es a la red de pescadores, con cuadrículas homogéneas a la que debiéramos recurrir, sino a una telaraña, con radios abiertos a todo espacio, pero que arrancan y se condensan en un centro[3]

 

Las dimensiones de las relaciones sociales que conforman Estado presentan pesos constituyentes diferenciados. La relaciones de poder y dominio que definen las formas y modos de organización de la vida en común son más determinantes que la dimensión de dichas relaciones en tanto creación de sentido de comunidad. Por ello, aunque esta última dimensión se vea mermada o debilitada, ello no implica dilución del Estado[4]. A lo más se presentará un cambio en la forma de gobierno según la terminología clásica, en donde las dimensiones de autoritarismo prevalecerán por sobre las consensuales.

 

La fetichización del Estado

 

Si algo caracteriza al Estado capitalista es que las relaciones de poder y dominio son fetichizadas, lo que impide que dichas relaciones aparezcan como tales, y se reconstruya la ficción de un mundo de hombres libres e iguales, al tiempo que el Estado gana presencia como una entidad abstracta. Con ello la burguesía encuentra solución a un problema nada menor: su promesa civilizatoria de construir un mundo de hombres libres e iguales.

 

Esta fetichización tiene su origen en el hecho que en la sociedad capitalista el dinero opera como forma del valor, lo que permite que los productos del trabajo de productores privados e independientes sólo sean posibles de ser intercambiados por ese medio, una entidad abstracta -(¿qué es un billete, sino un pedazo de papel? ¿qué es una tarjeta de crédito, sino un pedazo de plástico?)- que obscurece las relaciones entre seres humanos y la lógica del valor que busca valorizarse, imponiéndose  y dominandolas relaciones entre los miembros de la sociedad.

Al igual que el dinero, expresión de la forma-valor, el Estado también se constituye en una abstracción, fetichizada, que se encumbra por encima de la sociedad y que pareciera rompercon la atomización y separación de sus miembros, creando un imaginario ficticio de comunidad[5].

 

Con el desarrollo del capitalismo las actividades económicas ganan espacio y presencia en la vida social. Pero la lógica del capital proyecta esta creciente presencia como autonomía de la economía frente a la política, proceso que se ve reforzada para cuando estas dimensiones se constituyen en saberes disciplinarios, en donde se recrea el imaginario de un mundo de hombres libres e iguales y se constituye al individuo como la unidad básica desde la cual pensar la vida en sociedad.

 

Para una tal economía, no-política, son hombres libres quienes llevan a cabo los intercambios en el mercado, en apariencia sin coacción alguna, en tanto en la política,no-económica,[6] son individuos iguales quienes dan vida al Estado como autoridad que protege a la comunidad (presente en el relato contractualista), ficción que gana fuerza con la reconfiguración del ciudadano y el avance del sufragio, procedimiento donde cada individuo deposita sólo un voto, igual al de los otros ciudadanos, sin importar si unos son dueños de empresas y otros sólo empleados asalariados de las mismas empresas[7].

 

La ruptura entre economía y política permite que desaparezcan las relaciones de explotación y las de poder y dominio. Pero las relaciones sociales de explotación, aún fetichizadas en el dinero, actúan en la generación de comunidad. Para el caso del dinero García Linera sostiene que “permite el intercambio de productos (…) y con ello facilita la realización del valor de uso de los productos concretos del trabajo humano (lo que) se plasma en la (…) satisfacción de necesidades de otros seres humanos”. Y agrega, “no cabe duda de que esta es una función de sociabilidad, de comunidad”[8].

Ya hemos visto por otra parte que las relaciones de poder y dominio del Estado, en su fetichización, se proyectan también como gestoras de comunidad (ilusoria): cada cabeza un voto, igualdad política, toma de decisiones sobre la vida en común.

 

Todo esto nos permite entender por qué el Estado no aparece como condensación de poder político y dominio, ya que desde la fetichización de sus relaciones económico/políticas desaparecen la explotación, el poder y el dominio y ello favorece justamente la construcción de imaginarios de comunidad. En otras palabras, hay un sentido de comunidad que proviene justamente de la marcha de las relaciones de poder y dominio,en tanto se revierten en lo contrario, favoreciendo “el mundo encantado, invertido y puesto de cabeza” que el capital reclama[9].  A su vez, por la vía de las políticas sociales el Estado es un gran generador de consensos, lo que aunado a lo anterior cuestiona la idea del Estado sólo como poder y coerción sin más.

 

Si un día con otro, y a pesar que se debilite el sentido de comunidad, se reproducen las relaciones sociales que organizan la relación capital-trabajo; se mantiene y reproduce la producción y apropiación de plusvalía; se sostiene la explotación; el capital sigue encontrando espacios para su valorización, tendremos que reconocer que en esa vida social sigue imperando una organización de la vida en común bajo formas específicas que benefician a algunas clases sociales y perjudican a otras. En otras palabras, que siguen operando y reproduciéndose relaciones de poder político y de dominio. Es decir que sigue existiendo Estado. Y que es muy posible que sus formas (cómo se ejerce el poder) se vayan modificando.

 

Las relaciones sociales de producción imperantes en el capitalismo permiten a su vez que estas relaciones se reproduzcan cotidianamente y ello tiene consecuencias en la reproducción de las relaciones de poder y de dominio y sus dimensiones de generar sentido de comunidad. En tanto el salario cubre el equivalente a un día del valor de la fuerza de trabajo[10], ello propicia que el asalariado vuelva a presentarse a trabajar al día siguiente, para poder apropiarse de un nuevo día de salario y de medios de vida. Y esto tiene como correlato el incremento del capital. De esta forma la propia reproducción del capital reproduce un día con otro a trabajadores y capitalistas, los cuales se encuentran cada día en disposición de entablar contratos de trabajo.

 

De esta forma hay una suerte de inmanencia en la vida social en el capitalismo que apunta a la reproducción de las relaciones sociales de producción, de las clases sociales y de las relaciones de poder y dominio. En tanto se estas condiciones se constituyen como un orden natural: “así se trabaja y así se resuelve la subsistencia”, las relaciones sociales de poder político y de dominio del Estado no tienen necesidad de hacerse manifiestas y operan como una suerte de determinación general para que la rutina de los contratos capital/trabajo y de la producción y la reproducción del capital se realicen con fluidez y sin perturbaciones. Esto permite que el Estado capitalista no aparezca comprometido en el día a día con la explotación ni con el fortalecimiento y reproducción del capital, todo lo cual incrementa su ficción como entidad neutra en términos clasistas y situado por encima de la sociedad.

 

Estado y sociedad civil: asimilaciones  y distinciones

 

Si el Estado es el centro del poder político, ello no implica desconocer que en el dominio y en la gestación del sentido de comunidad operan otras relaciones y entidades, las instituciones de la sociedad civil, escuelas, iglesias, medios de comunicación (tradicionales y las nuevas redes sociales desde internet),  entre las más importantes, generadoras de valores e interpretaciones de la vida social.

 

Estas instituciones,  articuladas con el Estado, dan vida al sistema de dominación, entendido como el conjunto de relaciones y procesos por medio de las cuales las clases que dominan buscan perpetuar el orden social imperante, por la vía de internalizar sus valores y de pretender, con mayor o menor éxito, que la sociedad y el mundo sean interpretados de acuerdo a sus puntos de vista.En otras palabras, las relaciones que otorgan sentido de comunidad, y que emanan del Estado mismo, se ven reforzadas por la acción de entidades que no son Estado en sentido estricto[11].

Para destacar el relevante papel de aquellas instituciones en la dominación no es necesario asumirlas como instancias del Estado, como ocurre en la propuesta de Louis Althusser y de Nicos Poulantzas, que las denominan “aparatos ideológicos de Estado[12],  o en la versión neogramsciana que lleva a hablar de “Estado ampliado”[13],  o en la formulación de Gramsci, quien señala que el “Estado es igual a sociedad política más sociedad civil, vale decir hegemonía revestida de coerción”[14].

 

Estas formulaciones generan más problemas teóricos y políticos que los que pretende resolver. Primero porque diluyen la centralidad del Estado en materia de poder político; segundo, porque se pierde  la especificidad del Estado y del poder político.

 

Si se asume que el poder político reposa en el Estado y las instituciones de la sociedad civil mencionadas, se abre espacio para que cualquier cambio de fuerzas relevante en el seno de las instituciones de la sociedad civil sea interpretado como cambios en materia de poder, generalmente asumidos como pérdida de poder político por las clases dominantes y como acumulación de poder político por las clases dominadas.

 

La extensión del Estado hacia la sociedad civil supone que las relaciones de poder político están homogéneamente distribuidas entre el Estado y la sociedad civil, por lo que avanzar en la sociedad civil lleva implícita la idea de que se está resolviendo por ese medio el problema del poder. En otras palabras, se asume que los avances hacia la hegemonía ideológica (dirección) es sinónimo de poder político.

 

Pero si algo caracteriza a las instituciones de la sociedad civil, bajo formas democráticas,  es que permiten espaciosas posiciones  contrarias a los intereses de quienes dominan. No es extraño que pueda circular prensa opositora y que surjan programas de radio críticos a los proyectos hegemónicos, o que se mantengan cátedras y se impartan materias contrarias al punto de vista de las clases dominantes[15]. Esta permisividad no se presenta de manera común a nivel del aparato de Estado, por más que la conformación de gobiernos populares en el siglo XXI en América Latina nos aparezca como algo rutinario. Por el contrario, en la historia política no sólo regional, son procesos excepcionales. Y será menos posible a nivel del Estado mismo, en tanto posiciones de clase antagónicas[16].

 

La idea que subyace en estas interpretaciones es que considera que alcanzar el poder político es un proceso semejante al de rebanar una pieza de jamón, lo que permitiría, por acumulación de fuerza ideológicay de posiciones en el aparato, llegar a un punto en donde el jamón (léase, el poder político) pasa a manos de los dominados de manera gradual y casi imperceptible para los dominantes, algo así como una “revolución sin revolución”, al decir de Žižek [17]. La idea camina en sentido contrario a lo señalado sobre la centralidad del poder político en el Estado capitalista y su no fragmentación.

 

En una derivación de los supuestos que hacen de la sociedad civil una entidad estatal, aparece a su vez el privilegio de la “guerra de posiciones”,entendida principalmente como avances en la toma o copamiento de posiciones en la sociedad civil (asumida como Estado) y en el aparato de Estado (entendido también como Estado), lo que llevaría a la larga a “ganar” el Estado y con ello el poder. 

 

El Estado capitalista es una entidad que permite asumir posiciones de las clases dominadas. Pero en tanto clases dominadas[18]. Por tanto no es un territorio, espacio o relación que pueda ser sorprendido por fuerzas constituyentes de otro poder de clases. En definitiva, un asunto es la permisividad de la sociedad civil para incorporar posiciones contrarias al poder. Pero esa permisividad ya no es tal cuando se habla de posiciones en el Estado. Esto es más factible en el aparato de Estado. Pero como luego veremos, obedece a la tendencia que lleva a las clases dominantes a dejar la administración del aparato en manos de otras clases, como fórmula para encubrir el dominio que lleva a cabo.

 

En la misma línea de sobredimensionar la sociedad civil se ubica la noción del Estado como “hegemonía revestida de coerción”, en donde finalmente se asume que es la sociedad civil el elemento determinante del poder político, el cual es protegido (revestido) por la coerción, actividad que se supone propia del Estado. Sería más preciso invertir la fórmula anterior y señalar que el Estado es primordialmente coerción/consenso revestido de consenso, con lo cual estaríamos más cerca de la noción de “sistema de dominación”,  y lo más importante, en donde el Estado manifiesta su preeminencia en materia de poder político y dominio, sin estar en las primeras “trincheras”, como sugiere la formulación antes señalada[19].

 

En todo los procesos revolucionarios conocidos se han gestados procesos de doble poder y desde el campo popular ese nuevo poder, germen de un nuevo Estado, que emerge junto alas relaciones de poder que serán destruidas, refiere a soviets, ejércitos rebeldes, consejos obreros, esto es a entidades que portan y sintetizan fuerza social constituyente de nuevas relaciones sociales. No es que no puedan surgir nuevas formas de una nueva sociedad civil, como otras formas de enseñanza, de comunicación, de relaciones entre géneros, pero no tienen la significación en materia de poder político de entidades como las anteriores.

 

Por todo lo señalado es pertinente enfatizar que entre la sociedad civil y el Estado no existe una línea de continuidad en materia de poder político. Hablamos en unas y otras de poderes cualitativamente diferenciados. El Estado, en tanto relaciones de poder político condensadas es el que tiene la capacidad de organizar la vida en común de formas específicas, en función de intereses particulares de clases, tarea que no  pueden llevar a cabo las instituciones de la sociedad civil, abocadas de manera predominante a labores referidas a educar en los valores dominantes y desde allí lograr consentimiento de los dominados.

 

En términos metafóricos podríamos señalar que no es ascendiendo en posiciones en la sociedad civil que de pronto ya estamos en los peldaños de ascenso en el Estado. Porque  entre una y otra escalera hay una ruptura llamada revolución, que implica ruptura de relaciones sociales de poder y dominio[20]. Existe por tanto más ruptura que continuidad en materia de poder político entre el Estado y la sociedad civil.

 

La debilidad de las relaciones que generan sentido de comunidad desde el Estado puede ser compensada con la acción de las instancias de la sociedad civil. Pero las relaciones de poder político no pueden ser derivadas hacia la sociedad civil. Y si algunas de sus instituciones (escuelas, iglesias, medios de comunicación) las asumieran, terminarían constituyéndose en Estado. 

 

2.-El hiato entre Estado y aparato de Estado: claves para pensar los gobiernos populares

 

El aparato de Estado es primordialmente la cosificación de las relaciones sociales que constituyen al Estado. El aparato de Estado se constituye de instituciones, como el Banco Central, el Parlamento, el Poder Ejecutivo, con sus Secretarías de Estado, la Corte Suprema de Justicia, Tribunales, Ministerios Públicos, las Fuerzas Armadas, la policía, el sistema penitenciario, sus cárceles, las empresas estatales, etc., todas ellas jerarquizadas. 

 

También forma parte del aparato de Estado el personal que labora en esas instituciones. Este personal también se encuentra jerarquizado, y llamamos clase reinante a aquel que ocupa las posiciones más altas o de mayor jerarquía dentro del aparato, como Presidente, secretario de Estado, directores  y otros altos funcionarios de ministerios o del Banco Central, los altos mandos militares, jueces de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades de la Cámara de diputados y de la Cámara de senadores.

 

Por último,  tenemos en el aparato de Estado el cuerpo constitucional, las leyes y normas prevalecientes.

Si el Estado es el centro del poder político, donde son los intereses de las clases dominantes los que prevalecen en cómo se organiza la vida en común, el aparato de Estado es la instancia que administra ese poder, por lo que su quehacer en general está determinado por los intereses que prevalecen en el Estado. La distinción entre clases dominantes y clase reinante es fundamental.

 

Si esto lo referimos a la sociedad mexicana, nos permite señalar que los Slim, Azcárraga, Larrea, Salinas Pliego, Aramburu, etc., (o para la sociedad brasileña, los Odebrecht, los dueños de O Globo o Folha de Sao Paulo) forman parte de las clases dominantes, es decir de aquellasque detentan el poder político, y que tiene un peso específico en organizar la vida en común de acuerdo a sus intereses, en tanto los Salinas de Gortari, Fox, Calderón y Peña Nieto en México(o Cardoso, Lula Da Silva, Rouseff y Temer en Brasil)  han sido la cabeza de la clase reinante en los últimos decenios. Un error común y nada insignificante es señalar a los presidentes de la república y demás altos funcionarios del aparato de Estado como los que detentan el poder. No es difícil percibir el error a que conduce una tal confusión provocada por la fetichización del Estado por el capital, propiciando que se perciba la vida social de manera distorsionada y opaca.

 

Para las clases dominantes en el capitalismo dejar la administración del aparato de Estado en manos de otras clases les permite alimentar la ficción de un Estado neutro socialmente y ocultar su carácter de clase. Por ello son más bien excepcionales las situaciones en donde presidentes o primeros ministros son directamente miembros de las clases dominantes. En fechas recientes empresarios como Mauricio Macri o Donald Trump han llegado a la presidencia de Argentina y Estados Unidos. Pero estos casos constituyen excepciones que sólo  confirman la regla arriba señalada.

Si el Estado es el centro del poder político, ese poder no está en juego en cualquier consulta electoral, ni siquiera en aquellas que definen el cargo principal dentro del aparato de Estado, sea presidente, o primer ministro. Lo que se resuelve en aquellas consultas es definir el personal que ocupará posiciones relevantes en el aparato de Estado. En otras palabras, no es el poder político lo que está en disputa aún en consultas electorales relevantes. Sólo está en juego el personal y las fuerzas políticas que administrarán ese poder político.

 

Si los relevos se realizan entre partidos y personeros de partidos que representan intereses de las clases dominantes, ello provocará reacomodos en el seno del bloque en el poder[21]. Si son fuerzas y personeros que en grados diversos buscan cambiar el orden imperante, esto puede expresar cambios potenciales en las correlaciones de fuerza entre las clases fundamentales, que deberán ser validados en la gestión de esos gobiernos. El que esas modificaciones en las correlaciones de fuerza entre las clases fundamentales tome un rumbo rupturista o sólo reformista, por ejemplo, estará marcado por los proyectos en marcha y cómo la propia gestión del nuevo gobierno se orienta hacia una u otra meta.

 

En estos dos últimos párrafos se encuentra el espacio teórico para explicar la conformación de gobiernos populares, de particular relevancia en la región desde inicios del nuevo siglo y, al mismo tiempo, los límites a los que se enfrentan, en tanto se posicionan en un aparato que responde a intereses estatales específicos. El aparato de Estado no constituye una botella vacía y transparente, que asumirá el color del líquido que la llene, como han formulado las diversas corrientes reformistas, sino que es un territorio cargado de intereses de clases, con laberintos y trampas que buscarán empantanar los proyectos de fuerzas sociales y políticas que rechazan o cuestionan el orden existente.  

 

Los gobiernos populares: un enclave en el aparato de Estado burgués

No es un asunto irrelevante que personeros de partidos políticos y/o de movimientos sociales que se plantean modificar, o incluso poner fin a la organización capitalista, triunfen en elecciones y alcancen a ocupar posiciones relevantes dentro del aparato de Estado. Esto genera problemas no sólo al aparato, sino también al Estado mismo, porque parte importante del quehacer que requieren las relaciones de poder político y dominio se realizan a través del aparato.

 

Una interpretación recurrente en situaciones como la antes señalada es afirmar que no sólo se ganó las elecciones y los cargos en juego, sea presidente, diputados, senadores, etc., sino que se da por sentado que se ganó el poder políticoo parte de él. Desde esas consideraciones se explica el sentido de propuestas como iniciar la construcción del socialismo[22]. Pero entre el capitalismo e iniciar la construcción del socialismo media un problema nada irrelevante llamado revolución y el establecimiento de un nuevo poder político.

 

En una versión que morigera la anterior se señala que en las elecciones no se ha ganado el poder político, sino posiciones importantes para avanzar en ese sentido. Pero avanzar puede ser entendido como proseguir realizando cambios, muchos de ellos importantes, para lo cual es necesario seguir ganando elecciones para mantener o incrementar los cargosy las posiciones alcanzadas, lo que en algún momento tendrá como consecuencia que la relación de fuerzas se modifique a favor de los dominados y en perjuicio de los dominadores, resolviéndose ahora sí el quiénes detentan el poder[23].

 

En un recuento de los puntos centrales que permitieron en Bolivia que el “punto de bifurcación” se solucionara  en favor de “las fuerzas revolucionarias”, García Linera señala la derrota vía elecciones, en agosto del 2008, del revocatorio de mandato de Evo Morales aprobado por el Senado; la derrota de la escalada golpista, entre agosto y septiembre del 2008, concebida como “victoria militar del pueblo”. Por último, la aprobación de la nueva Constitución por la vía de un referéndum en enero de 2009. El hilo conductor de la exposición es que con estos hitos se ha consolidado “un nuevo bloque de poder” con lo que se cerró “el ciclo de la crisis estatal en Bolivia”[24].

 

García Linera señala la necesidad de entender la revolución como proceso, lo que creo nadie discutirá, pero en ese proceso necesariamente ocurrirá el quiebre del antiguo Estado, la derrota de las clases dominantes, la derrota o desintegración de los antiguos aparatos armados y la conformación de un nuevo ejército, como pueblo en armas, asuntos que en el recuento de García Linera no aparecen o aparecen con serias confusiones.

 

Así, por ejemplo, el “punto de bifurcación”, entendido como “momento de confrontación desnuda y medición de fuerzas donde “se reconstituye el viejo bloque de poder conservador, o bien se acaba el empate catastrófico y se consolida un nuevo bloque de poder”[25], ubicado en el proceso boliviano en la derrota de la derecha golpista en septiembre de 2008 y asumida como “victoria militar del pueblo”, como hemos visto, García Linera señala que el triunfo de las fuerzas revolucionarias se logró por un proceso de “movilización social general (de todas las fuerzas que tenía el Partido (MAS), el campesino, el movimiento indígena, el movimiento cooperativista, barrios, ponchos rojos, ponchos verdes, productores de hoja de coca, del Chapare, de los   Yungas” y por “el respeto institucional de las Fuerzas Armadas”[26].

 

¿Cómo se produjo el cambio de las Fuerzas Armadas bolivianas, expresión de la violencia concentrada del Estado capitalista, en una institución que ahora opera con otro sentido de clase? La respuesta de García Linera es de una enorme ingenuidad teórica y política: en una “articulación institucional cultivada por el presidente Evo en la redefinición de una nueva función de las Fueras Armadas en democracia”. Allí descansa “el respeto institucional de las Fuerzas Armadas” (bolivianas), y como bien agrega, no al proyecto revolucionario, sino “en defensa de la democracia[27].

La idea se formula también más tarde, aunque sin referencia a las Fuerzas Armadas en particular. Así García Linera sostiene que “en medio de una insurgencia social por fuera del Estado, y por dentro de las propias estructuras institucionales del Estado, se tiene que derrotar al viejo poder decadente, atravesando (…) (el) punto de bifurcación”[28].

 

Nadie puede desvalorizar la relevancia de los momentos antes señalados, así como la fuerza social alcanzada que han permitido poner fin a la “descolonización del Estado” y reconocer en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas; la nacionalización de los hidrocarburos; la conformación de una asamblea Constituyente; la nacionalización de las empresas de telecomunicaciones y de otras empresas. Pero todo esto, más los triunfos electorales y los triunfos antigolpistas, distan mucho de haber resuelto el problema del poder en Bolivia, que el “punto de bifurcación”(o triunfo de la revolución) se haya producido y además que se haya  inclinado hacia las fuerzas revolucionarias[29].

En esto era más claro el vicepresidente en años anteriores, cuando señalaba que en Bolivia se buscaba construir un “capitalismo andino-amazónico”, teniendo como base un “proceso de redistribución pactada del poder”[30].

 

En las confusiones entre Estado y aparato de Estado se han enredado los llamados gobiernos populares de Venezuela y Bolivia, y han perdido un tiempo precioso del punto de vista de la fuerza social con la que contaron cuando ascendieron al aparato de Estado, y que pudieron incrementar en la lógica de resolver qué intereses sociales y qué proyectos organizan la vida en común, en definitiva, qué poder político se impone.

 

En el caso de Venezuela se han producido a mediados de 2017 cambios de gran importancia. En medio de una larga agudización de la ofensiva opositora en el plano local e internacional durante la primera mitad de 2017, el llamado a elecciones y la posterior conformación de la Asamblea Nacional  Constituyentese convirtieron en un revulsivo político que reanimó a las fuerzas populares y al propio gobierno, por largo tiempo a la defensiva y en desarticulación, permitiéndoles retomar nuevamente la iniciativa política[31]. La injerencia y las amenazas del gobierno de los Estados Unidos se han incrementado, alentando la reorganización antiimperialista y nacionalista. El nuevo impulso ha llevado a radicalizar el proceso y a desarticular los principales centros y cabezas de la ofensiva opositora interna.

 

La particular impronta nacionalista en las Fuerzas Armadas venezolanas, y el hecho que el comandante Hugo Chávez fuera miembro de las mismas, son algunos elementos que explican el respeto institucional que las Fuerzas Armadas manifiestan a la fecha al gobierno de Nicolás Maduro. En ese cuadro se ha realizado la convocatoria y puesta en marcha de la Asamblea Nacional Constituyente, la destitución de la Fiscal General y restar atribuciones a la Asamblea Nacional, en donde se habían atrincherado institucionalmente las fuerzas opositoras. 

 

Es relevante ganar procesos electorales por fuerzas críticas al capital cuando ello sea posible, pero sin perder de vista que en una estrategia de poder son muy altas las probabilidades que incluso lo ganado deberá ser arrasado por la fuerza social en su paso a convertirse en fuerza social constituyente, la que puede verse alentada y potenciada desde las posiciones alcanzadas dentro del aparato de Estado, pero que sin duda lo deberán rebasar, si es el capitalismo y sus relaciones los que se buscan superar. La contención de los movimientos sociales en Venezuela y Bolivia, al ajustar sus movilizaciones y auge a las coyunturas electorales o cuando la ofensiva reaccionaria los rebasa, no deja de ser un problema en la perspectiva de radicalizar los procesos.

 

Breve intermezzo sobre gobiernos populares y la necesidad de quiebres institucionales

Los principales teóricos y políticos que dieron vida a la “vía chilena al socialismo” -y que alcanzó su mayor logro en el triunfo y ascenso al gobierno de Salvador Allende (1970-1973)-, sostuvieron la idea de que era posible ir modificando el aparato de Estado y el Estado por un camino que respetara la institucionalidad vigente, realizando cambios apoyados en la fuerza otorgada por consecutivos triunfos electorales, otra forma de realizar la revolución sin revolución. No puede decirse que no se avanzó y mucho en organización, reparto de tierras, empresas intervenidas, expropiación al capital extranjero de las minas de cobre, etc. Pero el golpe militar de 1973 puso de manifiesto que si las fuerzas populares querían avanzar hacia un nuevo poder bajo caminos institucionales, las clases dominantes y las Fuerzas Armadas estaban dispuestas a “sacrificar” su respeto a las normas institucionales con el fin de impedir ese avance y proseguir detentando el poder.

 

No dejó de tener razón el presidente Salvador Allende cuando en sus últimos mensajes por radio, ya avanzado el golpe militar y poco antes de su muerte, llamó a los trabajadores, pobladores y estudiantes a no dejarse masacrar, con miles de uniformados posicionados en calles y centros de trabajo. 

 

Pero hubo coyunturas en el proceso chileno en donde el avance que implicó contar con un gobierno popular y que se fijaba como meta llegar al socialismo alcanzó puntos culminantes en materia de fuerza social disponible, de desorganización de los sectores dominantes y de confusión en el seno de las Fuerzas Armadas y carabineros, y que abría a su vez el punto en donde el quiebre institucional imperante era no sólo necesario, sino posible, dilema al que se enfrenta cualquier proceso de transformación con perspectivas socialistas que alcanza posiciones sustanciales en el aparato de Estado.

 

Uno de esos momentos se produjo en julio de 1973, cuando el día 29 de ese mes un sector militar de un regimiento de blindados, intenta llevar a cabo una asonada, con tanques en las calles, llegando incluso a la casa de gobierno, La Moneda, con el objetivo de alentar un golpe militar, el llamado “tanquetazo”.  La acción no logra atraer mayores fuerzas militares ni civiles, ni el apoyo de los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y los militares golpistas son sometidos por otros sectores y cuerpos militares.

 

Como respuesta a esta asonada, el gobierno, las centrales sindicales y los partidos políticos que conformaban a la Unidad Popular convocan a una gran concentración en el centro de Santiago para expresar su rechazo a la acción golpista. Multitudinarias marchas de obreros, empleados públicos y del sector privado, campesinos, estudiantes, trabajadores de la limpieza con sus camiones, dueñas de casa, pobladores, enardecidas llenaron las calles de Santiago y del resto de las principales ciudades del país.

 

Teniendo a la vista la enorme fuerza social disponible, ese fue el momento de poner de manifiesto la complicidad de los partidos de la derecha chilena y de la Democracia Cristiana en la fracasada asonada militar y de llamar al desafuero y a la destitución de sus parlamentarios. Fue el momento a su vez de denunciar a las organizaciones empresariales coludidas o solidarias con la acción militar y de decretar el paso de sus empresas y bancos al sector social de la economía; de poner en entredicho a los mandos militares directos de los golpistas, por su incapacidad de mantener el respeto institucional de sus tropas, destituyéndolos; de llamar a la población a ocupar calles y sitios de trabajo hasta no limpiar las instituciones de potenciales golpistas, o bien decretar su cierre; de convocar a la población a la conformación de la Asamblea del Pueblo propuesta desde julio de 1972 por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una Constituyente para definir la reorganización de la vida en común sobre nuevas bases.

 

Esa fue una particular coyuntura porque las Fuerzas Armadas se encontraban cuestionadas y además en desorganización, por una operación que tomó forma desde su interior y que sorprendió a los altos mandos. El general Carlos Prats, un militar institucional y leal al gobierno de Allende no había aún renunciado a la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que hará hasta agosto de ese año, por lo que el general Augusto Pinochet, que se convertirá en uno de los cabecillas del golpe de septiembre aún no contaba con la fuerza y coordinación del sector militar golpista. Y fue un momento para grandes decisiones porque los sectores populares fueron remecidos con el intento golpista y manifestaron su disposición a convocatorias que les otorgaron mayores responsabilidades en la marcha y defensa del proceso.

 

Además en las elecciones legislativas de marzo de 1973, tres meses antes del intento golpista, las organizaciones políticas que daban vida a la Unidad Popular habían logrado el 43 por ciento de la votación nacional, lo que denotaba el elevado apoyo con que contaba el gobierno, y que puso alto a los intentos de un “golpe institucional”, que sería apoyado por el Congreso con la mayoría de parlamentarios que esperaban alcanzar, por el Poder Judicial, y por contingentes civiles filofacistas que ya operaban como fuerzas paramilitares.

 

Nada de lo anterior se puso en marcha. Por el contrario, tras el “tanquetazo” se inicia la puesta en marcha de la Ley de Control de Armas, aprobada en octubre de 1972 por el Congreso, con allanamientos militares sobre poblaciones, fábricas y organizaciones populares en busca de armas. Con ello no sólo no se golpeó a los poderes e instituciones que ya mostraban sus límites para sostener un proceso de transformación institucional, sino que además se les otorgó mayores poderes, con la consiguiente desmoralización de los sectores populares.

 

La respuesta popular también habría sido de otra envergadura si se hubiera alentado desde el gobierno y desde fuera las iniciativas organizativas y de acción que los sectores populares fueron generando en el curso del proceso, como comandos comunales, articulación de sindicatos y trabajadores en cordones industriales, formas de organización de campesinos e indígenas para recuperar tierras expropiadas, organizaciones de pobladores y sectores pobres urbanos y populares en general para enfrentar el desabastecimiento y el mercado negro, incipientes formas de defensa armada en muy diversos sectores y organizaciones populares.

 

Alentar y favorecer todos estos brotes organizativos y de acción reclamaban que los partidos y las autoridades de gobierno no se jugaran todas las cartas a una sólo forma de resolver el conflicto de clases, las formas institucionales. La lucha de clases no es un duelo entre caballeros, en donde de manera previa eligen el arma con la cual se enfrentarán. Se tiene que prever los posibles escenarios y uno de ellos es que haya que actuar con otra ley, y no con la establecida.

 

Lo otro es sólo amarrarse de manos de manera previa, jugando todas las probabilidades a una sola opción.     

El final es una historia conocida. El presidente se suicida en el palacio de gobierno, mientras aviones militares bombardean La Moneda y corredores industriales. Pinochet y demás comandantes en jefe de las diversas ramas de las Fueras Armadas se constituyen en Junta Militar, la que gobierna por 16 años, hasta 1989. Así se puso fin al proyecto de revolución institucional que propició miles de muertos y desaparecidos.

 

Las nuevas propuestas sobre  “vías democráticas al socialismo”, como la planteada por García Linera en Bolivia, podrían hacer un mínimo balance de la experiencia del gobierno de Salvador Allende, y de los nudos políticos que esa experiencia puso de manifiesto. Al fin y al cabo ese proceso actuó desde una estrategia cercana, sino similar, la de una ruta institucional y democrática al socialismo.

 

Problemas no contemplados en las propuestas de “vías democráticas al socialismo”

El capitalismo presenta una serie de particularidades que limitan, cuando no liquidan la propuesta de “vías democráticas al socialismo”, a lo menos en las condiciones actuales de correlaciones de fuerza a nivel mundial. La primera remite a las relaciones sociales de producción, las que en el capitalismo juegan un papel central en la reproducción de esta organización social, por lo que de ellas sólo se genera como resultado, por más que se agudicen, sólo capital y trabajo. Esto no acontece por ejemplo en las relaciones del señor con los siervos en el feudalismo. Si la explotación se agudiza, donde el señor reclama mayores tributos, puede propiciar que los siervos abandonen las tierras y busquen refugio y formas de subsistencia en las incipientes ciudades. Es decir, la agudización de la explotación permite romper con las relaciones sociales. Esto no acontece de ninguna manera sustantiva en el capitalismo.

 

En el feudalismo no son las relaciones sociales de producción el elemento fundamental en la reproducción de ese orden social, sino que son elementos ideológicos, religiosos y culturales los que operan de manera prioritaria en aquella reproducción.

 

Justamente por esa razón es posible que en el seno del feudalismo las relaciones sociales feudales se puedan descomponer y permitan la generación y posterior expansión de relaciones sociales cada vez más plenamente capitalistas, en donde se genere capital, lo que permitirá a la burguesía, llegado un determinado momento, a plantearse su incorporación al régimen de dominio imperante y más tarde a reclamar y luchar por la hegemonía del Estado.

 

Es a partir de la fuerza que la burguesía gana como parte de ese proceso, unido al hecho que al igual que las antiguas clases dominantes, también es una clase explotadora, en donde reposa la posibilidad que entre la nueva clase que se hará dominante, la burguesía, y las antiguas, los señores, la nobleza, el alto clero, se puedan establecer acuerdos y alianzas, y que la transición del feudalismo al capitalismo no asume necesariamente formas propias a una guerra entre clases. Desde esta perspectiva, no es la revolución francesa el modelo de las revoluciones burguesas, sino, por el contrario, la revolución inglesa.

 

En el capitalismo no existe posibilidad alguna de que emerjan en su seno relaciones socialistas, lo que limita, desde este terreno, el empoderamiento previo a la revolución de la clase revolucionaria.

Pero en tanto el proletariado trae consigo un proyecto societal en donde desaparecerán la explotación y el dominio de clases, las posibilidades de alianzas y acuerdos con las viejas clases dominantes son prácticamente nulos. El proletariado es la negación del proyecto burgués. Esto provoca que las posibilidades de transiciones democráticas al socialismo sean reducidas, sino es que nulas. Es posible que arribemos a un punto de avances de la revolución mundial en donde la burguesía se encuentra acorralada en espacios determinados y abandone el enfrentamiento, en su lógica de defensa de su poder y privilegios a cualquier precio.

 

Nada de lo anterior puede interpretarse, como ya le hemos indicado en puntos anteriores, como una negación de la lucha en el campo institucional en el capitalismo. No existen espacio y formas de lucha negadas en aras de acumular fuerzas. Sólo se busca establecer las determinaciones y los límites a los cuales esas luchas se enfrentan en el actual orden de cosas.

 

3.- Determinaciones del Estado dependiente

 

A lo señalado en los puntos anteriores, que hacen al Estado capitalista en general, cabe señalar algunas particularidades del Estado dependiente.

 

3.1: En el seno del sistema interestatal mundial, el Estado dependiente es un Estado subsoberano. Esto significa en lo inmediato un poder estatal subordinado a otros poderes estatales.También implica la presencia de un poder que opera descentrado respecto a la   sociedad en la que se constituye, alentando modalidades de reproducción que culminan en  mercados exteriores. Esta condición no significa sin embargo que el Estado no cuente con el poder político para definir y organizar la vida en común hacia el interior de la organización social en la que actúa y opera. Lo anterior implica romper con la ecuación de la ciencia política tradicional que supone Estado es igual a soberanía. Esta formulación desconoce la heterogeneidad económica y estatal que el capitalismo conforma a nivel del sistema mundial. A su vez implica romper con la idea que carencias en materia de soberanía suponen incapacidades para el ejercicio del poder político por parte de las clases dominantes locales. 

 

3.2: En el plano económico en el sistema mundial operan mecanismos de transferencia de valor (de ganancias por inversiones, de intereses por deuda, etc.) de unas a otras economías y que dan forma a capitalismos desarrollados y capitalismos dependientes. Cuando dichas transferencias se producen por mayores o menores composiciones orgánicas, y por ende de productividad, tecnología y conocimientos, hablamos de intercambio desigual. Las modalidades de inserción en el mercado mundial y de reproducción del capital que se generan alientan que el capital en el mundo subdesarrollado y dependiente tenga condiciones para apropiarse de parte del fondo de consumo de los trabajadores y de vida y transferirlos al fondo de acumulación del capital. A esta modalidad particular de explotación se le denomina superexplotación, la cual se ve posibilitada por la presencia de enormes contingentes de población excedente, generados por la propia dinámica de la acumulación.

 

3.3:  El predominio de la superexplotación bajo diversas formas agudiza los conflictos sociales, y debilita las relaciones que generan sentido de comunidad. Esta es una de las principales razones que provoca que en la historia política de los Estados latinoamericanos tiendan a predominar formas autoritarias de muy diverso signo, y de las dificultades de aquellos de asentarse de manera más perdurable en formas democráticas[32]. No es falta de desarrollo político el por qué esto acontece, sino es expresión de la formas particulares de reproducción del capitalismo dependiente.

 

3.4: En una economía sustentada en la expoliación de condiciones de vida básicos para el grueso de su población y sometida por sus clases dominantes hegemónicas a procesos de despojo de valor hacia las economías desarrolladas, se deriva una agudización de los conflictos sociales y de la lucha de clases, con mayor fuerza por el desarrollo pleno de las clases sociales del capitalismo y de sus enfrentamientos. En estas condiciones el Estado dependiente tiende a convertirse en un eslabón débil de la cadena de dominación mundial del capital y a poner de manifiesto de manera permanente la actualidad de la revolución[33].

 

3.5: La agudización de los conflictos sociales en el capitalismo dependiente y la agudización de la superexplotación tienen como consecuencias en que el Estado de derecho y el peso de la ley sean socavados y se apliquen a discreción. Las leyes no escritas tienen un peso significativo en la vida social. Las instituciones del Estado a su vez manifiestan fragilidad, pero no por inmadurez, sino por las particularidades que presenta la imbricación de lo económico y lo político.Todo lo anterior es necesario para sostener la condición subsoberana en el sistema interestatal, las particulares formas de explotación en el plano local y las transferencias de valor. 

 

3.6: Ante la inestabilidad de las instituciones, tendencialmente frágiles, alimentada también  por la débil legitimidad de las autoridades, emerge la tendencia a nivel del aparato de Estado de otorgar a la clase reinante mayores espacios de acción y decisión. Es en este cuadro que operan en el Estado dependiente las condiciones para la regular emergencia de mandos autoritarios y de gobiernos encabezados por caciques y/o caudillos políticos.

 

3.7: La inexistencia de estructuras productivas complejas y la temprana monopolización de la economía en sus muy diversos sectores, propicia en las economías dependientes el rápido surgimiento de sectores del gran capital que pasan a predominar en la economía y en el Estado, provocando que en el bloque en el poder prevalezca la subordinación del resto de capitales a los sectores y fracciones hegemónicas, más que a disputas y conflictos entre estos sectores que se dejen sentir con fuerza en el Estado y en la sociedad, no sólo por el reparto de la ganancia sino en torno a los proyectos económicos en marcha[34]. Este proceso se ha visto reforzado tras el masivo ingreso del capital extranjero a la industria local desde los años cincuenta del siglo XX, y se ha reforzado en el siglo XXI con las alianzas del gran capital local con el capital extranjero tras la emergencia de segmentos y eslabones productivos de cadenas globales, con la expansión del capital financiero por el conjunto del sistema y con importantes inversiones foráneas en el sector primario.

 

3.8: Ante el peso de patrones de reproducción de capital volcados a los mercados exteriores en la historia económica regional, prevalece en el capitalismo dependiente una suerte de esquizofrenia social en las clases dominantes de la región, en donde ante la necesidad de estar abiertas a los mercados exteriores y limitar medidas proteccionistas, operan defendiendo posiciones liberales en lo económico, sosteniendo sin embargo posiciones conservadoras en el terreno político y social. Esto, que ya se expresa en la segunda mitad del siglo XIX, sigue presentándose con fuerza desde el último tercio del siglo XX a nuestros días, con gobiernos de derecha en el campo político y liberales en lo económico, como ocurre desde las dictaduras militares. El surgimiento de gobiernos populares y progresistas en el siglo XXI morigeró esta tendencia, la que vuelve a ganar vida tras la derrota electoral de estos gobiernos (con Mauricio Macri en Argentina) o la instauración de golpes blandos (y la entronización de Michel Temer en Brasil).

 

 

Jaime Osorio es Profesor/investigador del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM-Xochimilco

josorio&correo.xoc.uam.mx

Este artículo fue enviado especialmente por el autor para su publicación en Herramienta.

 

Bibliografía

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Žižek, Slavoj , Repetir Lenin, Akal, Madrid, 2004.

 

 

 

 

[1] .- La formulación que sostiene lo contrario y que ganó mayor visibilidad en la región en tiempos recientes es el libro de John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy. Ediciones Herramienta/Universidad Autónoma de Puebla, Buenos Aires, 2002.     

[2] .- De aquí lo errónea de la idea de “desintegración” o de “fragmentación” del Estado capitalista. Véase de Rhina Roux, “El Príncipe fragmentado. Liberalización, desregulación y fragmentación estatal”, en Veredas n. 20, México, Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco, primer semestre de 2010, pp. 73-96.

[3] .- Esta es una de las razones que explican la centralización de la organización política..

[4] .- Sólo desde una lectura que sobrevalore la dimensión de comunidad del Estado, relegando y subvalorando las relaciones de poder político y dominio  puede sostenerse lo anterior. Véase de Gerardo Ávalos, “México; nudo poder y disolución del Estado”, en Veredas n. 20, México, Departamento de Relaciones Sociales, UAM-Xochimilco, primer semestre de 2010, pp. 97-119. 

[5] .- Existen diversos estudios sobre el Estado que asumen la forma-valor como elemento clave para su comprensión. Véase por ejemplo de Álvaro García Linera, “El Estado y la vía democrática al socialismo”, en Nueva Sociedad n. 259, septiembre-octubre de 2015.”. “La forma dinero –formula García Linera- tiene (…) la misma lógica constitutiva que la forma Estado”, por lo que “la lógica de las formas del valor y del fetichismo de las mercancías (…) (son) la profunda lógica que también da lugar a la forma Estado y a su fetichización”. (pp. 150-152). Véase también de Gerardo Ávalos Tenorio su libro La estatalidad en transformación. México, Itaca/UAM, 2015.

[6] .- Retomo aquí la idea de Avalos Tenorio: “que la economía se manifieste como como no-política, para que la política se manifieste como no económica”, en G. Ávalos y J. Hirsch, La política del capital, México, UAM-Xochimilco, 2007., p. 57.

[7] .- El tema lo hemos desarrollado en el artículo “La ruptura entre economía y política en el mundo del capital”, incluido en la segunda edición del libro El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder, Fondo de Cultura Económica, México, 2016. (Existe versión en portugués de este libro, editado por Expresión Popular).

[8] .- García Linera, Op. cit.,p. 151.

[9] .-Carlos Marx, El capital, México, Fondo de Cultura Económica, t. III, séptima reimpresión, 1973, p 768.

[10] .- Es un supuesto que no alcanza realidad en el capitalismo dependiente y para diversas franjas de trabajadores del mundo desarrollado. 

[11] .- En situaciones específicas el aparato de Estado puede integrarlas, como ocurre cuando los medios de comunicación quedan supeditados directamente al gobierno. Pero esto no es la norma, a lo menos en la democracia liberal.      

[12] .- Véase de Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Comité de Publicaciones de los Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, 1974. De Nicos Poulantzas véase Estado, poder y socialismo, Siglo XXI editores, México, 1979. 

[13] .- Véase de Lucio Oliver, El Estado ampliado en Brasil y México, México, UNAM, 2009.   

[14] .- Véase de Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, Juan Pablos Editor, México, 1975, pág. 165. Subrayado J.O.

[15] .- Esta permisividad desaparece mientras más autoritaria sea la forma de gobierno imperante.

[16] .- El Estado puede asumir formas de organización sindical, o partidos “de izquierda”, pero los primeros sólo son reconocidos en tanto organizaciones de vendedores de fuerza de trabajo, y los segundos en tanto se comprometen a respetar el Estado de derecho y que no atentarán contra él.

[17] .- Véase, Repetir Lenin, Akal, Madrid, 2004, pp. 10-11.

[18] .- Véase lo ya dicho en nota n. 16.

[19] .- Asuntos como la reproducción cotidiana de las relaciones sociales de producción, sin la “presencia” visible del Estado ni del poder, hablan más bien del “Estado como coerción y consenso, revestido de consenso”.

[20] .- Ya hemos señalado a su vez el error de suponer que –siguiendo con la metáfora- ascendiendo por el Estado capitalista, éste irá cambiando de contenido de clase mientras más alto lleguemos. En todos los casos lo que se elude es el tema de la revolución.

[21] .- Es decir, en la articulación/confrontación de las distintas clases, fracciones y sectores de las clases dominantes, según los grados de fuerza social que disponen en momentos históricos particulares, en donde algunas fracciones y/o sectores se constituirán en los hegemónicos en el bloque, lo que indica que es en torno a sus proyectos que se articulan y confrontan el resto de fracciones y sectores dominantes. Véase nuestro libro El Estado en el centro de la mundialización, Op. cit.,cap. I.

[22] .- Esto fue lo que se planteó en Venezuela en los tiempos en que gobernaba el comandante Hugo Chávez: construir el “socialismo del siglo XXI” se constituyó en una meta del proceso.  Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, lo señala así:: “está claro que esta construcción del Estado que estamos haciendo hoy (…) no es la modernización clásica (…) sino que su tránsito es evidentemente al socialismo”.  En Conferencia magistral de Álvaro García Linera: “La construcción del Estado”, Facultad de Derecho UBA, 9 de abril de 2010. En http://cidac.filo.uba.ar/conferencia-magistral-de-alvaro-garcia-linera.. Consultado el 31 de mayo de 2016     

[23] .- García Linera es uno de los principales voceros de esta formulación en tiempos recientes. Véase su artículo “El Estado y la vía democrática al socialismo”, en Nueva Sociedad n. 259,  Buenos Aires, septiembre-octubre de 2015. Ya en 2010 García Linera había señalado que “lo que estamos haciendo (…) como horizonte de nuestro accionar político, es encontrar una vía democrática a la construcción de un socialismo de raíces indígenas, que llamamos socialismo comunitario”. En Conferencia magistral de Álvaro García Linera: “La construcción del Estado”,Op. cit.(Subrayado J.O.)

[24] .- Véase Conferencia magistral de Álvaro García Linera: “La construcción del Estado”, Facultad de Derecho UBA, 9 de abril de 2010. En http://cidac.filo.uba.ar/conferencia-magistral-de-alvaro-garcia-linera.. Consultado el 31 de mayo de 2016.

[25] .- Conferencia magistral de Álvaro García Linera: “La construcción del Estado”, Facultad de Derecho UBA, 9 de abril de 2010. En http://cidac.filo.uba.ar/conferencia-magistral-de-alvaro-garcia-linera. Op. cit.

[26] .- Conferencia magistral de Álvaro García Linera: “La construcción del Estado”. Op. cit.

[27] .- Conferencia magistral de Álvaro García Linera: “La construcción del Estado”, Op. cit. (Subrayado JO).

Bajo el gobierno de Salvador Allende, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, el general Carlos Prats, desarmó a militares golpistas, bajándolos de los tanques en que se encontraban enfrente de la casa de gobierno, en julio de 1973. A los dos meses, en septiembre de ese año, las “institucionales” Fuerzas Armadas chilenas realizaron el golpe militar que entronizó la dictadura del general Augusto Pinochet, quien había sucedido a Prats en la Comandancia del Ejército. Muchos en esos años, como ahora parece hacerlo García Linera, creyeron que el brazo armado del Estado podía disciplinarse a la institucionalidad vigente. Hay un punto (¿de bifurcación?) donde la agudización de los enfrentamientos sociales, si no hay más salidas, obliga a la intervención militar, salvo que el proceso no sea tan radical y no requiera de mayores agudizaciones.         

[28] .- Véase su artículo “El Estado y la vía democrática al socialismo”, Op cit., pág. 158.

[29] .- En un artículo periodístico titulado “La Revolución Rusa, según García Linera”, Página 12, Argentina, 22 de junio de 2017, Emir Sader también sostiene que el “punto de bifurcación” en Bolivia fue la derrota del “golpe de Estado cívico-prefectural de septiembre de 2008”. En https://www.pagina12.com.ar/45597-larevolucion-rusa-segun-garcia-linera

[30] .- García Linera, “Las reformas pactadas” (entrevista por José Natanson), en Nueva Sociedad n. 209, Buenos Aires, mayo-junio de 2007, pág. 165.

[31] .- Señalo lo anterior el 16 de octubre de 2017, fecha en la que se anuncia que el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) en el gobierno ha ganado 17 de las 23 gubernaturas que se encontraban en disputa en las elecciones del 15 de octubre.

[32] .- Lo anterior implica cuestionar ideas referidas a que el autoritarismo presente en la región se deba a deficiencias de cultura política.

[33] .- El tema lo he desarrollado en el libro Explotación redoblada y actualidad de la revoluciónRefundación societal, rearticulación popular y nuevo autoritarismo. UAM/Itaca, México, 2009.

[34] .- En Argentina y Brasil es posible percibir en la historia reciente conflictos relevantes entre fracciones y sectores del capital local por el reparto de la ganancia o por proyectos económicos enfrentados, entre sectores industriales y sectores ligados a la producción primaria para la exportación.

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