Por otro lado, el fracaso, hasta el presente, de los EE.UU. y de Europa en la implementación de las políticas armamentistas en Afganistán, Irak y Libia, más la grave situación que atraviesa Siria, demostraron las limitaciones que tiene el poderío militar imperialista en la ejecución permanente de políticas beligerantes clásicas. Estás políticas están tratando de ser sustituidas, parcialmente, por la geoeconomía. Pero, las potencias dominantes no descuidan ni la venta de armas ni el involucramiento en las zonas altamente conflictivas, que son el producto de la herencia colonial. Con los ataques realizados por la OTAN más Rusia en Siria, provocan, con la utilización de drones y misiles, decenas de miles de muertos civiles y enormes destrozos. Asimismo, ha cobrado una gran importancia estratégica, la actuación de los megaconsorcios de la electrónica y la informática como IBM o Microsoft, los líderes de la llamada nueva economía, que asisten civil y militarmente en las zonas en conflicto. Suscriben contratos fabulosos con el Departamento de Defensa de los EE.UU., contando con la financiación del Citigroup, Goldman Sachs Group Inc. y J.P. Morgan Chase & Co. Los mega consorcios se posicionan para este negocio y compiten duramente entre ellos para obtener los contratos para la reconstrucción de las zonas destruidas, y posteriormente beneficiarse con los recursos incautados.
De esta forma, EE.UU. y Europa apuestan crecientemente a proyectos comerciales como instrumentos estratégicos que le permitirían ordenar el sistema internacional de acuerdo con sus intereses, ampliando en escala planetaria las zonas de libre comercio y la preservación de las empresas multinacionales de los posibles intentos de realizar cambios en la política interna de los países. Si estos planes resultaran exitosos, no obturarían el potencial de la intervención militar que seguiría existiendo por la presencia omnipresente del complejo militar-industrial estadounidense, pero esta se ubicaría en un plano menos preponderante.
Pero el intento de restablecer la ley unilateral del capital, no preanuncia una nueva fase de expansión. Por el contrario, producirá una espiral de estancamiento en la medida que la búsqueda de la máxima rentabilidad provoca, si no encuentra obstáculos sociales importantes, la profundización de la desigualdad en la distribución de los ingresos, según la ley de la pauperización de Marx. Esta desigualdad reproduce a su vez la crisis, es decir, ocasiona una sobreproducción creciente de mercancías que no encuentra salida dentro del sistema económico capitalista. Detrás del discurso neoliberal, se esconden políticas coherentes de gestión de la crisis, cuyo único objetivo es el de crear colocaciones financieras altamente rentables. La financiarización resulta ser la expresión más acabada de esta gestión.
Los acuerdos llevarían a una creciente regionalización del comercio internacional, tal como sucedió tras la Gran Depresión de 1929, llegando a una partición del orden mundial capitalista. Aumentaría sobremanera, con estos tratados, la libertad económica, con el aumento significativo del poder de las grandes empresas y la desregulación de los mercados, rebajando en forma drástica los niveles de protección social y medioambiental. Disminuiría, por otra parte, la capacidad de los gobiernos de los países periféricos para poder legislar en beneficio de los trabajadores, limitando aún más su poder, para beneficiar al sector empresarial.
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión
Uno de los dos acuerdos en discusión es el tratado entre la UE y los EE.UU., llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, (en ingles Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP); es una propuesta de tratado de libre comercio (TLC) entre la UE y los EE.UU., que se encuentra actualmente en un proceso de negociación. La filtración del anteproyecto reveló que el tratado no admitiría que los gobiernos participantes puedan aprobar leyes para la regulación de los sectores económicos estratégicos, como la banca, los seguros, los servicios postales o las telecomunicaciones. El tratado permitiría la libre circulación de los capitales impidiendo los controles estatales, que son un instrumento político decisivo para contrarrestar los flujos desestabilizadores del dinero especulativo. Además, establecería, entre otras cosas, cuotas para la circulación de los trabajadores y prohibiría a los países miembros la erradicación de los productos financieros de alto riesgo. Los EE.UU. consideran esta asociación como un complemento del Acuerdo Estratégico Transpacífico.
Tratado de Libre Comercio Multilateral Transpacífico
El otro acuerdo en debate es el Tratado de Libre Comercio Multilateral Transpacífico TISA (TPP por sus siglas en inglés), que congrega a once países de la cuenca del Pacífico y algunos observadores, como Uruguay y Argentina. Lograron, finalmente, luego de seis años, cerrar este acuerdo el 5 de octubre de 2015, incluyendo a EE.UU., Japón, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Es un acuerdo con un profundo carácter geopolítico, que creará la mayor área de libre comercio en el mundo, con el cual los países centrales, a pesar que el tratado no colmó todas sus expectativas, buscarán acrecentar su hegemonía dentro de un nuevo escenario global. Tiende a supervisar y acelerar la cooperación intergubernamental, que lograría la integración económica entre la UE y los EE.UU., más Japón, reflejando el 40% de la economía mundial, controlando el mayor stock de inversiones del planeta.
El convenio incluye la eliminación de los aranceles para la mayor parte del comercio de bienes entre sus miembros, así como compromisos de apertura en el comercio de servicios, inversión y contratación pública. Regula el flujo de capitales y establece tribunales privados que dan cobertura a las empresas transnacionales Además, contiene disposiciones sobre materias que hasta ahora no han sido reguladas por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como el comercio digital, las empresas estatales, el medio ambiente, la coherencia regulatoria, la protección de la propiedad intelectual en internet y diversos aspectos medioambientales.
Mientras se discuten estos tratados, las posibilidades de crecimiento en la UE quedaron empañadas bajo la sombra de la austeridad, el arraigo de corrientes nacionalistas de derecha y el decadente estado de la socialdemocracia. Las dos corrientes que prevalecen en la UE: liberales-conservadoras y socialdemócratas, atraviesan un período de escasa legitimidad política, ya que a ambas se las asocia con la austeridad y la transformación del Estado de Bienestar en un Estado liberal, totalmente enfrentado a la fuerza laboral.
En las últimas elecciones y por primera vez en la historia de la UE, un nítido arco gris hizo su aparición en el Parlamento europeo a través de la irrupción de movimientos de extrema derecha, eurofóbicos, euroescépticos y populistas. En suma, las extremas derechas del viejo continente ganaron una enorme legitimidad, especialmente en el este de Europa, donde la abstención electoral alcanzó porcentajes elevados. Sumada esta situación a los varios fracasos en la Ronda de Doha, hizo que la Unión Europea (UE) diera marcha atrás con el multilateralismo, comenzando a elaborar una red de amplios acuerdos bilaterales y regionales. Estos acuerdos son dirigidos hacia los países periféricos y también hacia países industrializados como Japón, Canadá y los EE.UU. Su política comercial ha pasado así a ser un instrumento de ofensiva que le permitiría exportar sus productos a un enorme mercado transatlántico, reorganizando sus cadenas productivas a nivel planetario.
De este modo, en un mundo post multilateralismo se enfrentarían entre sí los bloque de potencias comerciales competidoras, que intentarían incorporar a terceros estados, lo que llevaría a la agudización de la crisis económica. China, ante esta situación sostiene que el acuerdo TTIP puede llevar a una Guerra Fría en materia de comercio y ya ha comenzado a negociar un acuerdo regional con Australia, Corea del Sur, la India e, incluso Japón, y a impulsar una zona de libre comercio con el resto de los BRICS, (que se encuentran muy deteriorados económica y políticamente), tratando de reducir la preponderancia del dólar como moneda de reserva mundial.
En 2012, el stock de inversiones mutuas acumuladas entre los EE.UU. y la UE ascendía a € 2,8 billones, convirtiendo a la relación comercial entre estos bloques en la más importante del mundo. (Informe del High Level Working Group, 2013). Por la filtración de estas tratativas, pudo saberse que este acuerdo incluye 26 capítulos que buscan regular un gran número de temáticas, que van desde el comercio hasta el dominio de las patentes medicinales que impedirá el ingreso de versiones genéricas al mercado, hasta la regulación del mercado del trabajo. Además, permitiría levantar las barreras comerciales entre las economías ribereñas del pacífico, acentuando la dominación imperialista. En el capítulo de “inversiones” da a los inversores extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos en tribunales privados internacionales, cuando consideren que las regulaciones gubernamentales contravienen los términos del TPP.
Precisamente, el primer paro general que la Central de los Trabajadores, PIT-CNT de Uruguay le realizó a Tabaré incluye, entre sus puntos de lucha, el rechazo a este acuerdo, donde participaba secretamente el Uruguay y que contempla el libre acceso de las transnacionales a los mercados de los servicios, sin limitaciones de ningún tipo. Ante este enérgico rechazo, el Plenario del Frente Amplio impulsó el abandono del Uruguay del TISA. Pero el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, sigue analizando la posibilidad de ingreso a la Alianza Transpacífico, sosteniendo que Uruguay “es un país con perfil exportador y, por lo tanto, internacionalista” (NODAL).
Estos convenios se fundan en la lógica exclusiva del capital y en la pretensión de que corresponde a los trabajadores y a los pueblos realizar el esfuerzo que permitiría superar la crisis, sacrificando las históricas conquistas sociales, para tratar de solucionar la etapa crítica por la que atraviesa el sistema. Asimismo los convenios resultan polarizantes, produciendo la sobreexpansión imperial y una desigualdad creciente entre quienes integran estos acuerdos. Garantizan la legalización de privilegios y los convierte en derechos absolutos para las empresas multinacionales. Con su ratificación por parte de los órganos legislativos de cada país, estos tratados se convertirán en ley con mayor jerarquía jurídica que toda otra legislación local.
De cualquier forma, por el sesgo recesivo que caracteriza el actual contexto económico internacional, que impide que tanto el comercio como la producción recuperen el dinamismo que exhibían previamente al estallido de la crisis en 2008 y 2009, los países centrales, siguiendo la lógica de la globalización capitalista, impulsan estos acuerdos comerciales, que redundarán exclusivamente en su propio beneficio, dado que tendrán el mayor impacto en las poblaciones de la periferia. Además, tratan de imponer las instancias políticas e ideológicas a sus necesidades. El crecimiento del capitalismo mundial no se anuncia como un proceso fácil y es sabido que, sin dicho crecimiento, entrará en los próximos años en una crisis más profunda, donde los nubarrones macroeconómicos, la crisis de las deudas y los problemas ambientales se multiplicarán seriamente.